Por Flavia Campeis (*) y Hagar Blau Makaroff
HUMANOS
Rosario, Argentina
¿Dónde Está Paula? es una serie podcast sobre la historia de Paula Perassi, una mujer de 33 años, embarazada, que desapareció el 18 de septiembre de 2011 en San Lorenzo.
En este podcast están las voces de las y los protagonistas de un caso que puso de manifiesto el entramado de poder y corrupción en pleno Cordón Industrial del sur de la provincia de Santa Fe, Argentina.
El trabajo recibió la declaración de Interés Municipal por parte del Concejo de la ciudad de Rosario, de Interés Provincial por la Cámara de Diputados de Santa Fe y también fue declarado de interés por la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe.
La primera temporada cuenta con cinco episodios y este 2022 se emitirá la segunda temporada que continuará recorriendo más de diez años de investigación.
La historia del caso
Desde hace 10 años en San Lorenzo -una ciudad de 50 mil habitantes del la provincia de Santa Fe, ubicada en el centro de la Argentina- una mujer embarazada está desaparecida.
El domingo 18 de septiembre de 2011 a las 20.46 Paula Perassi recibió un llamado en su celular, habló 31 segundos, cortó, salió de su casa y nunca regresó.
Lo único que se sabe de esa última escena en su domicilio de calle Entre Ríos 799, en pleno centro de la ciudad, es lo que declaró su concubino Rodolfo Ortiz de Elguea: que esa noche después de cenar con sus dos hijos, Lucas de 6 años y Agustín de 2, Paula le dijo que iba a buscar la tarea escolar de uno de los chicos a la casa de una mujer llamada Natalia, agarró una cartera pequeña en la que llevaba solo las llaves y se fue. Una hora después, a las 22, Alicia, la madre de Paula la llamó y el celular ya estaba apagado.
Paula tenía 33 años y convivía con Rodolfo, el padre de sus hijos, pero estaban separados desde hacía algunos meses y dormían en distintas habitaciones. Cuando Rodolfo se despertó a la madrugada vio que las ventanas del comedor estaban levantadas y nadie las había bajado, buscó a Paula en la habitación de Lucas, pero ella no estaba.
Según declaró en el juicio que se hizo en 2019, llamó al celular de Paula insistentemente y como no atendió, también llamó al hospital para ver si había habido algún accidente y a la policía.
Llamó a Paula aproximadamente cada 5 minutos desde las 4 de la madrugada de ese lunes 19 de septiembre y así lo hizo durante todo el día. A la tarde, cuando la familia vio que Paula no volvía para ir a buscar a su hijo a la escuela como hacía todos los días, decidió hacer la denuncia.
En la madrugada del 20 de septiembre, un amigo de la familia Perassi, Gabriel Strumia le dijo a Alberto, el padre de Paula, que había recibido un mensaje que sería de ella y decía: “Desde hoy estoy sola. Nadie más me molesta. Perdón, sos muy bueno. Estoy llegando a San Juan. Porfi no lo comentes”.
Ese mensaje no estaba firmado y tampoco llegó desde el número de celular de Paula, sino de otro número que la familia no conocía y luego se supo que era un teléfono que Paula usaba para comunicarse con Strumia.
A los dos días de la desaparición, Alberto, pidió el listado de llamadas del teléfono de su hija y allí la policía encontró que en las últimas semanas la joven tenía una gran cantidad de llamadas con el amigo de su padre, Gabriel Strumia.
Así, Strumia se convirtió en el primer demorado por la causa, fue interrogado por la policía y liberado a las 24 horas por orden del juez de instrucción de San Lorenzo, Eduardo Filocco, por no encontrar pruebas.
En esos primeros días, se estableció que el llamado que hizo salir a Paula de su casa se realizó desde un locutorio, o cabina telefónica, ubicado a la vuelta de su casa. Cuando la policía llegó al lugar para ver si había cámaras de seguridad y así identificar a quién la había llamado, ya era tarde: las cámaras de seguridad se borraban al quinto día y fueron el día 11.
Así comenzó un largo camino en el que la investigación no avanzaba, donde Alberto Perassi comenzó a ser la cara visible de la lucha por saber qué pasó con su hija, con un juez que dijo que “Paula era una loquita que ya iba a volver” y una desaparición que seguía figurando en la Justicia como “solicitud de paradero”, como si se hubiera ido por su propia voluntad. Ante la falta de respuestas Alberto decidió encadenarse en los tribunales sanlorencinos y lo hizo varias veces.
Detenciones
A fines de 2012, un año después, quedó detenido Gabriel Strumia. Esto fue a partir de que se valoraran los chats que Paula mantenía vía Facebook con un hombre de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires que era amigo de Strumia, llamado José Luis Freijomil. Paula le contó días antes de desaparecer que estaba embarazada, que ese hijo era de Strumia, con quien mantenían una relación sentimental y que el hombre pretendía que ella abortara, pero ella no quería, porque tenía miedo.
Por esos chats y por las miles de llamadas que hubo entre Paula y Strumia las semanas antes a la desaparición, el hombre quedó detenido en septiembre de 2012 e imputado por homicidio. A la semana, quedó detenido un empleado suyo y mano derecha, Darío Antonio Díaz, porque hubo testigos que declararon que la tarde que desapareció Paula vieron a los dos hombres en un bar de una localidad vecina, Timbúes. Pero en diciembre de ese año, tres meses después, ambos quedaron en libertad.
La causa permaneció paralizada, Alberto Perassi recibió amenazas, debió usar chaleco antibalas y tener seguridad privada en la puerta de su casa y hubo movilizaciones que cada vez se hicieron más multitudinarias, la sociedad de San Lorenzo y toda la región comenzó a hacerse eco del reclamo y cada vez más organizaciones acompañaban a la familia.
Recién tres años y medio después hubo novedades, con una hipótesis que decía que a Paula le habían hecho un aborto contra su voluntad y que en esa práctica había muerto, en abril de 2015 quedaron detenidas 9 personas, que son las que llegaron a juicio en 2019.
Se trata de Gabriel Strumia, principal sospechoso por mantener un vínculo sentimental con Paula; su esposa, Roxana Michl; Mirta Rusñisky, acusada de realizar el aborto; Darío Antonio Díaz, empleado de Strumia; y los cinco policías de la Unidad Regional XVII acusados de entorpecer la investigación: el Jefe de Agrupación Cuerpos, Daniel Puyol; El jefe de Agrupación de Unidades Especiales, Jorge Krenz y los oficiales Gabriel Godoy, Aldo Gómez y María José Galtelli.
Todos ellos llegaron al juicio detenidos, los civiles en la cárcel y los policías con prisión domiciliaria. La causa fue caratulada como "privación ilegítima de la libertad agravada, aborto sin consentimiento seguido de muerte”. Además, a raíz de lo ocurrido durante la investigación policial, se completó la caratula con “falsedad ideológica de instrumento público y encubrimiento agravado”.
El extenso juicio se realizó en el Centro de Justicia Penal de Rosario entre marzo y abril de 2019, declararon 72 testigos y el Tribunal presidido por la jueza Griselda Strólogo, Mariel Minetti y Álvaro Campos, dejó a todos en libertad en un fallo que fue masivamente repudiado por la familia y las organizaciones sociales que salieron espontáneamente a las calles de San Lorenzo a abrazar a Alberto y Alicia, los padres de Paula y a exigir justicia.
Esa controvertida sentencia fue revisada en noviembre de 2019 por los camaristas Gustavo Salvador, Javier Beltramone y Carolina Hernández, quienes mantuvieron las absoluciones de siete de los acusados y condenaron a dos de ellos: a 17 años de cárcel a Strumia y a 7 a Michl por el delito de privación ilegítima de la libertad coactiva por tratarse de una mujer embarazada.
Ambos continuaron en libertad por no estar firme el fallo, hasta que, en 2020, en plena pandemia, se revisaron las condenas y los camaristas Bibiana Alonso, Gabriela Sansó y José Luis Mascali confirmaron las condenas para ambos y ordenaron la prisión inmediata.
Por eso, el matrimonio que pasó todas las instancias de juicio tomados de la mano está en la cárcel desde el 30 de diciembre de 2020. En febrero de 2022, Roxana Michl quedó en libertad condicional, debido a que se cumplieron las dos terceras partes de su condena.
Búsqueda
El primer encargado de las búsquedas fue el propio Alberto Perassi, quien salió muchas veces en soledad atrás de alguna pista o teoría. Recorrió calles, campos, fue por el río para ver si Paula estaba abajo de una barranca, rompió a mazazos un tambor lleno de cemento, buscó, buscó y nada.
Luego se sumó un pilar fundamental en la búsqueda, Juan Nóbile, quien es integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense, es reconocido por dedicarse a la búsqueda de personas desaparecidas en todo el mundo y participa de la búsqueda de Paula cada vez que hay un indicio.
Fue él el encargado de dirigir los trabajos realizados en una cava en Puerto General San Martín, en el límite con Timbúes, donde en 2015, durante más de 6 meses, se realizaron excavaciones para saber si allí habían tirado el cuerpo de Paula.
Los resultados fueron negativos. También trabajó en otros predios donde la buscó con diferentes tecnologías y la última búsqueda grande fue en un campo en Luis Palacios, donde un testigo declaró que la podrían haber escondido. Allí tampoco se encontró nada.
Palabras de padre y madre
Alicia y Alberto, padres de Paula y símbolos de la lucha en reclamo de justicia. Cuando se le pregunta a Alberto qué significa para él que haya justicia dice: “encontrar los huesos de Paula, ahí va a haber justicia. Ahora hay dos personas presas, pero no sabemos lo que pasó, dónde está el cuerpo, sí sabemos quiénes fueron porque no están presos porque sí, están presos porque son ellos”.
Alicia, hizo una reflexión sobre el décimo aniversario que se cumplió en 2021 y una súplica: “estamos en el 2021 estamos como si fuera el primer día, sin saber dónde está ella, qué hicieron con ella. Lo único que me gustaría antes de morirme es saber qué hicieron con mi hija, que me digan, qué hicieron, en qué lugar está, para poderme ir tranquila sabiendo dónde está mi hija”.
Puesta en escena
Este podcast cuenta con presentaciones en vivo en diferentes teatros y espacios culturales que se desarrollan dentro de lo que se llama Periodismo Performático, donde se hace una puesta en escena, con narración en vivo de los episodios, la banda sonora que realizó la musicalización original tocando en el lugar y actores representando textos, todo con rigor periodístico, dentro de la no-ficción.
Episodio 1: Una desaparecida
El 18 de septiembre de 2011 Paula Perassi salió de su casa en la ciudad de San Lorenzo, en el sur de la provincia de Santa Fe, Argentina, y no volvió. Su concubino declaró que lo último que ella le dijo es que iba a buscar la tarea escolar de uno de sus hijos. La familia se entera de la noticia y empieza a pensar posibilidades sobre dónde pudo haber ido.
Link a Spotify:
https://open.spotify.com/episode/1E3OgyqKmK4QNutE5QrReF?si=84a1a289c2a44cb6
Episodio 2: La fotografía
Alberto Perassi fue a la casa de su amigo Gabriel Strumia para preguntarle una dirección donde pudo haber ido su hija, pero ahí nunca llegó. Paula sigue sin regresar. El amigo de Alberto les alcanza una foto muy particular para que hagan la denuncia. Llega un mensaje enigmático y la policía empieza a investigar. Descubren algo muy específico que Paula buscó en Internet.
Link a Spotify:
https://open.spotify.com/episode/6hWUjVXWwKD1IUqX41mLUS?si=97714d8494a1406b
Episodio 3: Un detenido
Un listado de llamadas es clave para dar con un primer sospechoso por la desaparición de Paula.
Link a Spotify:
https://open.spotify.com/episode/6Av95EXdMyei4nqkoI8zGX?si=509a49c8683841bb
Episodio 4: El locutorio
La desaparición de Paula Perassi es investigada como una "averiguación de paradero". Después de confirmar que estaba embarazada al momento de desaparecer, continúan las tareas para saber quién hizo la última llamada que ella atendió. Comienzan a aparecer interrogantes sobre el accionar de la policía y la justicia.
Link a Spotify:
ttps://open.spotify.com/episode/6Xyh4QcXMOyp1YPhIxpAyg?si=3c65ae937c6349b2
Episodio 5: Los chats
Tres meses antes de desaparecer Paula agrega a un nuevo amigo a Facebook. Los chats que mantenía con José Luis Freijomil, el mejor amigo de Gabriel Strumia, son claves para conocer sus últimos días.
Link a Spotify:
https://open.spotify.com/episode/4G0fT16k2gS4cFmCa8Ylgk?si=c2765d16fd1649f3
Equipo de producción:
Producción, investigación, dirección, entrevistas y guión: Flavia Campeis y Hagar Blau Makaroff
Asesores de guión: José Matteucci y Martin Parodi.
Narradora: Flavia Campeis.
Edición de sonido: Francisco Matteucci.
Música original: Julieta Sciasci, José y Francisco Matteucci.
HUMANOS
Rosario, Argentina
¿Dónde Está Paula? es una serie podcast sobre la historia de Paula Perassi, una mujer de 33 años, embarazada, que desapareció el 18 de septiembre de 2011 en San Lorenzo.
En este podcast están las voces de las y los protagonistas de un caso que puso de manifiesto el entramado de poder y corrupción en pleno Cordón Industrial del sur de la provincia de Santa Fe, Argentina.
El trabajo recibió la declaración de Interés Municipal por parte del Concejo de la ciudad de Rosario, de Interés Provincial por la Cámara de Diputados de Santa Fe y también fue declarado de interés por la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe.
La primera temporada cuenta con cinco episodios y este 2022 se emitirá la segunda temporada que continuará recorriendo más de diez años de investigación.
La historia del caso
Desde hace 10 años en San Lorenzo -una ciudad de 50 mil habitantes del la provincia de Santa Fe, ubicada en el centro de la Argentina- una mujer embarazada está desaparecida.
El domingo 18 de septiembre de 2011 a las 20.46 Paula Perassi recibió un llamado en su celular, habló 31 segundos, cortó, salió de su casa y nunca regresó.
Lo único que se sabe de esa última escena en su domicilio de calle Entre Ríos 799, en pleno centro de la ciudad, es lo que declaró su concubino Rodolfo Ortiz de Elguea: que esa noche después de cenar con sus dos hijos, Lucas de 6 años y Agustín de 2, Paula le dijo que iba a buscar la tarea escolar de uno de los chicos a la casa de una mujer llamada Natalia, agarró una cartera pequeña en la que llevaba solo las llaves y se fue. Una hora después, a las 22, Alicia, la madre de Paula la llamó y el celular ya estaba apagado.
Paula tenía 33 años y convivía con Rodolfo, el padre de sus hijos, pero estaban separados desde hacía algunos meses y dormían en distintas habitaciones. Cuando Rodolfo se despertó a la madrugada vio que las ventanas del comedor estaban levantadas y nadie las había bajado, buscó a Paula en la habitación de Lucas, pero ella no estaba.
Según declaró en el juicio que se hizo en 2019, llamó al celular de Paula insistentemente y como no atendió, también llamó al hospital para ver si había habido algún accidente y a la policía.
Llamó a Paula aproximadamente cada 5 minutos desde las 4 de la madrugada de ese lunes 19 de septiembre y así lo hizo durante todo el día. A la tarde, cuando la familia vio que Paula no volvía para ir a buscar a su hijo a la escuela como hacía todos los días, decidió hacer la denuncia.
En la madrugada del 20 de septiembre, un amigo de la familia Perassi, Gabriel Strumia le dijo a Alberto, el padre de Paula, que había recibido un mensaje que sería de ella y decía: “Desde hoy estoy sola. Nadie más me molesta. Perdón, sos muy bueno. Estoy llegando a San Juan. Porfi no lo comentes”.
Ese mensaje no estaba firmado y tampoco llegó desde el número de celular de Paula, sino de otro número que la familia no conocía y luego se supo que era un teléfono que Paula usaba para comunicarse con Strumia.
A los dos días de la desaparición, Alberto, pidió el listado de llamadas del teléfono de su hija y allí la policía encontró que en las últimas semanas la joven tenía una gran cantidad de llamadas con el amigo de su padre, Gabriel Strumia.
Así, Strumia se convirtió en el primer demorado por la causa, fue interrogado por la policía y liberado a las 24 horas por orden del juez de instrucción de San Lorenzo, Eduardo Filocco, por no encontrar pruebas.
En esos primeros días, se estableció que el llamado que hizo salir a Paula de su casa se realizó desde un locutorio, o cabina telefónica, ubicado a la vuelta de su casa. Cuando la policía llegó al lugar para ver si había cámaras de seguridad y así identificar a quién la había llamado, ya era tarde: las cámaras de seguridad se borraban al quinto día y fueron el día 11.
Así comenzó un largo camino en el que la investigación no avanzaba, donde Alberto Perassi comenzó a ser la cara visible de la lucha por saber qué pasó con su hija, con un juez que dijo que “Paula era una loquita que ya iba a volver” y una desaparición que seguía figurando en la Justicia como “solicitud de paradero”, como si se hubiera ido por su propia voluntad. Ante la falta de respuestas Alberto decidió encadenarse en los tribunales sanlorencinos y lo hizo varias veces.
Detenciones
A fines de 2012, un año después, quedó detenido Gabriel Strumia. Esto fue a partir de que se valoraran los chats que Paula mantenía vía Facebook con un hombre de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires que era amigo de Strumia, llamado José Luis Freijomil. Paula le contó días antes de desaparecer que estaba embarazada, que ese hijo era de Strumia, con quien mantenían una relación sentimental y que el hombre pretendía que ella abortara, pero ella no quería, porque tenía miedo.
Por esos chats y por las miles de llamadas que hubo entre Paula y Strumia las semanas antes a la desaparición, el hombre quedó detenido en septiembre de 2012 e imputado por homicidio. A la semana, quedó detenido un empleado suyo y mano derecha, Darío Antonio Díaz, porque hubo testigos que declararon que la tarde que desapareció Paula vieron a los dos hombres en un bar de una localidad vecina, Timbúes. Pero en diciembre de ese año, tres meses después, ambos quedaron en libertad.
La causa permaneció paralizada, Alberto Perassi recibió amenazas, debió usar chaleco antibalas y tener seguridad privada en la puerta de su casa y hubo movilizaciones que cada vez se hicieron más multitudinarias, la sociedad de San Lorenzo y toda la región comenzó a hacerse eco del reclamo y cada vez más organizaciones acompañaban a la familia.
Recién tres años y medio después hubo novedades, con una hipótesis que decía que a Paula le habían hecho un aborto contra su voluntad y que en esa práctica había muerto, en abril de 2015 quedaron detenidas 9 personas, que son las que llegaron a juicio en 2019.
Se trata de Gabriel Strumia, principal sospechoso por mantener un vínculo sentimental con Paula; su esposa, Roxana Michl; Mirta Rusñisky, acusada de realizar el aborto; Darío Antonio Díaz, empleado de Strumia; y los cinco policías de la Unidad Regional XVII acusados de entorpecer la investigación: el Jefe de Agrupación Cuerpos, Daniel Puyol; El jefe de Agrupación de Unidades Especiales, Jorge Krenz y los oficiales Gabriel Godoy, Aldo Gómez y María José Galtelli.
Todos ellos llegaron al juicio detenidos, los civiles en la cárcel y los policías con prisión domiciliaria. La causa fue caratulada como "privación ilegítima de la libertad agravada, aborto sin consentimiento seguido de muerte”. Además, a raíz de lo ocurrido durante la investigación policial, se completó la caratula con “falsedad ideológica de instrumento público y encubrimiento agravado”.
El extenso juicio se realizó en el Centro de Justicia Penal de Rosario entre marzo y abril de 2019, declararon 72 testigos y el Tribunal presidido por la jueza Griselda Strólogo, Mariel Minetti y Álvaro Campos, dejó a todos en libertad en un fallo que fue masivamente repudiado por la familia y las organizaciones sociales que salieron espontáneamente a las calles de San Lorenzo a abrazar a Alberto y Alicia, los padres de Paula y a exigir justicia.
Esa controvertida sentencia fue revisada en noviembre de 2019 por los camaristas Gustavo Salvador, Javier Beltramone y Carolina Hernández, quienes mantuvieron las absoluciones de siete de los acusados y condenaron a dos de ellos: a 17 años de cárcel a Strumia y a 7 a Michl por el delito de privación ilegítima de la libertad coactiva por tratarse de una mujer embarazada.
Ambos continuaron en libertad por no estar firme el fallo, hasta que, en 2020, en plena pandemia, se revisaron las condenas y los camaristas Bibiana Alonso, Gabriela Sansó y José Luis Mascali confirmaron las condenas para ambos y ordenaron la prisión inmediata.
Por eso, el matrimonio que pasó todas las instancias de juicio tomados de la mano está en la cárcel desde el 30 de diciembre de 2020. En febrero de 2022, Roxana Michl quedó en libertad condicional, debido a que se cumplieron las dos terceras partes de su condena.
Búsqueda
El primer encargado de las búsquedas fue el propio Alberto Perassi, quien salió muchas veces en soledad atrás de alguna pista o teoría. Recorrió calles, campos, fue por el río para ver si Paula estaba abajo de una barranca, rompió a mazazos un tambor lleno de cemento, buscó, buscó y nada.
Luego se sumó un pilar fundamental en la búsqueda, Juan Nóbile, quien es integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense, es reconocido por dedicarse a la búsqueda de personas desaparecidas en todo el mundo y participa de la búsqueda de Paula cada vez que hay un indicio.
Fue él el encargado de dirigir los trabajos realizados en una cava en Puerto General San Martín, en el límite con Timbúes, donde en 2015, durante más de 6 meses, se realizaron excavaciones para saber si allí habían tirado el cuerpo de Paula.
Los resultados fueron negativos. También trabajó en otros predios donde la buscó con diferentes tecnologías y la última búsqueda grande fue en un campo en Luis Palacios, donde un testigo declaró que la podrían haber escondido. Allí tampoco se encontró nada.
Palabras de padre y madre
Alicia y Alberto, padres de Paula y símbolos de la lucha en reclamo de justicia. Cuando se le pregunta a Alberto qué significa para él que haya justicia dice: “encontrar los huesos de Paula, ahí va a haber justicia. Ahora hay dos personas presas, pero no sabemos lo que pasó, dónde está el cuerpo, sí sabemos quiénes fueron porque no están presos porque sí, están presos porque son ellos”.
Alicia, hizo una reflexión sobre el décimo aniversario que se cumplió en 2021 y una súplica: “estamos en el 2021 estamos como si fuera el primer día, sin saber dónde está ella, qué hicieron con ella. Lo único que me gustaría antes de morirme es saber qué hicieron con mi hija, que me digan, qué hicieron, en qué lugar está, para poderme ir tranquila sabiendo dónde está mi hija”.
Puesta en escena
Este podcast cuenta con presentaciones en vivo en diferentes teatros y espacios culturales que se desarrollan dentro de lo que se llama Periodismo Performático, donde se hace una puesta en escena, con narración en vivo de los episodios, la banda sonora que realizó la musicalización original tocando en el lugar y actores representando textos, todo con rigor periodístico, dentro de la no-ficción.
Episodio 1: Una desaparecida
El 18 de septiembre de 2011 Paula Perassi salió de su casa en la ciudad de San Lorenzo, en el sur de la provincia de Santa Fe, Argentina, y no volvió. Su concubino declaró que lo último que ella le dijo es que iba a buscar la tarea escolar de uno de sus hijos. La familia se entera de la noticia y empieza a pensar posibilidades sobre dónde pudo haber ido.
Link a Spotify:
https://open.spotify.com/episode/1E3OgyqKmK4QNutE5QrReF?si=84a1a289c2a44cb6
Episodio 2: La fotografía
Alberto Perassi fue a la casa de su amigo Gabriel Strumia para preguntarle una dirección donde pudo haber ido su hija, pero ahí nunca llegó. Paula sigue sin regresar. El amigo de Alberto les alcanza una foto muy particular para que hagan la denuncia. Llega un mensaje enigmático y la policía empieza a investigar. Descubren algo muy específico que Paula buscó en Internet.
Link a Spotify:
https://open.spotify.com/episode/6hWUjVXWwKD1IUqX41mLUS?si=97714d8494a1406b
Episodio 3: Un detenido
Un listado de llamadas es clave para dar con un primer sospechoso por la desaparición de Paula.
Link a Spotify:
https://open.spotify.com/episode/6Av95EXdMyei4nqkoI8zGX?si=509a49c8683841bb
Episodio 4: El locutorio
La desaparición de Paula Perassi es investigada como una "averiguación de paradero". Después de confirmar que estaba embarazada al momento de desaparecer, continúan las tareas para saber quién hizo la última llamada que ella atendió. Comienzan a aparecer interrogantes sobre el accionar de la policía y la justicia.
Link a Spotify:
ttps://open.spotify.com/episode/6Xyh4QcXMOyp1YPhIxpAyg?si=3c65ae937c6349b2
Episodio 5: Los chats
Tres meses antes de desaparecer Paula agrega a un nuevo amigo a Facebook. Los chats que mantenía con José Luis Freijomil, el mejor amigo de Gabriel Strumia, son claves para conocer sus últimos días.
Link a Spotify:
https://open.spotify.com/episode/4G0fT16k2gS4cFmCa8Ylgk?si=c2765d16fd1649f3
Equipo de producción:
Producción, investigación, dirección, entrevistas y guión: Flavia Campeis y Hagar Blau Makaroff
Asesores de guión: José Matteucci y Martin Parodi.
Narradora: Flavia Campeis.
Edición de sonido: Francisco Matteucci.
Música original: Julieta Sciasci, José y Francisco Matteucci.
Argentina
"EL PRESIDENTE DE ECUADOR ES UN TRAIDOR": CORREA
Rafael Correa fue declarado Doctor Honoris Causa por una universidad pública de Argentina.
Por Flavia Campeis (*)
Integrante HUMANOS
Rosario, Argentina
En momentos en que la Corte Nacional de Justicia de Ecuador aceptó la petición de la Fiscalía General, de solicitar a la Interpol el arresto y extradición del expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, tras haber desoído la medida cautelar de presentarse en Quito, el exmandatario en su reciente visita a Argentina, llamó al actual presidente de Ecuador, quien fuera de su línea política, como un “traidor”.
El ex presidente de Ecuador, quien estuvo en la ciudad de Rosario donde dialogó con la prensa y disertó ante miles de jóvenes estudiantes, fue declarado Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Rosario.
Esta universidad pública, es una de las casas de estudio más reconocidas del país, es gratuita como todas las universidades públicas de Argentina y con ingreso libre para todos los estudiantes tanto nacionales como de otros países.
Fue esta Universidad la anfitriona en donde el ex mandatario ecuatorioano Rafael Correa, brindó una conferencia de prensa y dio dos charlas extensas y multitudinarias en las que fue ovacionado.
El broche de oro para cerrar su visita a la ciudad natal del Che Guevara, fue en el predio de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, donde terminó su discurso cantando canciones conocidas por todos, ante los miles de espectadores.
Correa fue consultado sobre la situación actual de América Latina y dijo: "ha cambiado la dirección política de muchos gobiernos. Algunos de manera legítima, como aquí en Argentina, donde la derecha accedió al poder de forma democrática, pero lo de Brasil es impresentable y América Latina mira para otro lado" y aseguró: “hay un retroceso muy grande”.
En ese sentido, se refirió al cambio de rumbo político en Argentina, tras los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner y la llegada en 2015 de un gobierno más cercano a la derecha y vinculado a los sectores empresariales más poderosos del país, con Mauricio Macri en la presidencia.
Cuando lo consultaron por su compatriota, el asesor del gobierno de Macri, Duran Barba, el ecuatoriano dijo: "pido disculpas por eso a los argentinos" y añadió: “es un descarado, lo que está pasando en Ecuador es por él. Él tiene su libro en el que dice descaradamente que somos simios emocionales, que el show es más importante que la realidad, que el rol de los medios para distorsionar esa realidad es clave y que al adversario político hay que destrozarlo. Eso es lo que están haciendo en Ecuador y me temo que aquí también”.
Tras recibir el título de Doctor Honoris Causa, Correa se manifestó completamente agradecido y afirmó que se siente honrado, ya que él “por cuestiones familiares” está viviendo en Bélgica, por lo cual se siente “reconfortado por ser valorado en Argentina con quienes, durante su gestión como presidente ecuatoriano se han hecho muchas cosas en conjunto, como los sueños de Patria Grande, primero con Néstor, luego Cristina”.
Entre sus palabras dirigidas a la multitud que lo ovacionó de pie dijo: “la mejor forma de liberarnos del imperio del capital es la integración”, refiriéndose a la necesidad de unidad de América Latina y dijo a los jóvenes: “la Patria Grande ya no es un sueño de nuestros libertadores, sino la mejor, y la segunda posibilidad, de alcanzar nuestra definitiva independencia”.
Uno de los momentos más emotivos fue cuando una de las madres de Plaza de Mayo de la ciudad de Rosario, Chiche Mazza, le entregó el pañuelo que identifica la lucha de esas madres en la búsqueda de sus hijos desaparecidos durante la dictadura y el ex presidente de Ecuador lo recibió muy emocionado.
El político, economista y catedrático, que fue tres veces presidente de su país, sostuvo que en la política de la región: “hay un retroceso muy grande y la gente mira para otro lado ante lo que está pasando, que es terrible. Parece que depende de quién haga las cosas para determinar si son buenas o malas”.
Además aseveró que los gobiernos de derecha “están llevando adelante un inmenso plan Cóndor. Ya no necesitan botas sino poder judicial y medios de comunicación para comprometer a gobiernos populares, como ocurrió en Brasil o como en Ecuador durante mi mandato. Enfrentamos a una nueva clase de derecha, más articulada. No respetan la democracia y tampoco respetan la vida. Tienen los medios de comunicación bajo su ala y así se manejan. Llámenlo como quieran. No están las botas militares de los 70 pero hay otras herramientas que se le parecen mucho, como la judicialización de la política”.
Sobre el actual presidente de Ecuador, quien fuera de su línea política, Correa no dudo en llamarlo “traidor” y dijo: “es increíble todas las tonterías que dice, hace diez meses hablaba de mí como el ‘mejor presidente de la historia de Ecuador’, ‘el mejor ecuatoriano de todos los tiempos’, calificaba nuestro gobierno como grandioso, y ahora me acusa de ladrón, autoritario e incluso de que pretendí su fracaso”.
En su paso por el país del sur, Correa también se refirió a su amigo el ex presidente de Brasil, Luis Inácio Lula Da Silva y dijo: "Lula preso es un héroe, muerto es un mártir, libre es presidente".
Al concluir, no dudó en manifestarse esperanzado: “son épocas duras, aunque estamos mejores que en los 90 en América Latina, creo que nuestros pueblos responderán y recuperaremos terreno. Que nos roben todo, menos la ilusión” y cerró con una contundente reflexión, citando a Eloy Alfaro, ex presidente ecuatoriano: “cuando más oscura es la noche, más cerca está el amanecer”.
(*) Flavia Campeis, actualmente trabaja en Periódico Síntesis de la ciudad de San Lorenzo desde hace más de diez años y coordina la radio comunitaria Fm Poriajhú de Capitán Bermúdez. Es corresponsal del informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco) y realiza colaboraciones con distintos medios nacionales y de América Latina.
"EL PRESIDENTE DE ECUADOR ES UN TRAIDOR": CORREA
Rafael Correa fue declarado Doctor Honoris Causa por una universidad pública de Argentina.
Por Flavia Campeis (*)
Integrante HUMANOS
Rosario, Argentina
En momentos en que la Corte Nacional de Justicia de Ecuador aceptó la petición de la Fiscalía General, de solicitar a la Interpol el arresto y extradición del expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, tras haber desoído la medida cautelar de presentarse en Quito, el exmandatario en su reciente visita a Argentina, llamó al actual presidente de Ecuador, quien fuera de su línea política, como un “traidor”.
El ex presidente de Ecuador, quien estuvo en la ciudad de Rosario donde dialogó con la prensa y disertó ante miles de jóvenes estudiantes, fue declarado Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Rosario.
Esta universidad pública, es una de las casas de estudio más reconocidas del país, es gratuita como todas las universidades públicas de Argentina y con ingreso libre para todos los estudiantes tanto nacionales como de otros países.
Fue esta Universidad la anfitriona en donde el ex mandatario ecuatorioano Rafael Correa, brindó una conferencia de prensa y dio dos charlas extensas y multitudinarias en las que fue ovacionado.
El broche de oro para cerrar su visita a la ciudad natal del Che Guevara, fue en el predio de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, donde terminó su discurso cantando canciones conocidas por todos, ante los miles de espectadores.
Correa fue consultado sobre la situación actual de América Latina y dijo: "ha cambiado la dirección política de muchos gobiernos. Algunos de manera legítima, como aquí en Argentina, donde la derecha accedió al poder de forma democrática, pero lo de Brasil es impresentable y América Latina mira para otro lado" y aseguró: “hay un retroceso muy grande”.
En ese sentido, se refirió al cambio de rumbo político en Argentina, tras los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner y la llegada en 2015 de un gobierno más cercano a la derecha y vinculado a los sectores empresariales más poderosos del país, con Mauricio Macri en la presidencia.
Cuando lo consultaron por su compatriota, el asesor del gobierno de Macri, Duran Barba, el ecuatoriano dijo: "pido disculpas por eso a los argentinos" y añadió: “es un descarado, lo que está pasando en Ecuador es por él. Él tiene su libro en el que dice descaradamente que somos simios emocionales, que el show es más importante que la realidad, que el rol de los medios para distorsionar esa realidad es clave y que al adversario político hay que destrozarlo. Eso es lo que están haciendo en Ecuador y me temo que aquí también”.
Tras recibir el título de Doctor Honoris Causa, Correa se manifestó completamente agradecido y afirmó que se siente honrado, ya que él “por cuestiones familiares” está viviendo en Bélgica, por lo cual se siente “reconfortado por ser valorado en Argentina con quienes, durante su gestión como presidente ecuatoriano se han hecho muchas cosas en conjunto, como los sueños de Patria Grande, primero con Néstor, luego Cristina”.
Entre sus palabras dirigidas a la multitud que lo ovacionó de pie dijo: “la mejor forma de liberarnos del imperio del capital es la integración”, refiriéndose a la necesidad de unidad de América Latina y dijo a los jóvenes: “la Patria Grande ya no es un sueño de nuestros libertadores, sino la mejor, y la segunda posibilidad, de alcanzar nuestra definitiva independencia”.
Uno de los momentos más emotivos fue cuando una de las madres de Plaza de Mayo de la ciudad de Rosario, Chiche Mazza, le entregó el pañuelo que identifica la lucha de esas madres en la búsqueda de sus hijos desaparecidos durante la dictadura y el ex presidente de Ecuador lo recibió muy emocionado.
El político, economista y catedrático, que fue tres veces presidente de su país, sostuvo que en la política de la región: “hay un retroceso muy grande y la gente mira para otro lado ante lo que está pasando, que es terrible. Parece que depende de quién haga las cosas para determinar si son buenas o malas”.
Además aseveró que los gobiernos de derecha “están llevando adelante un inmenso plan Cóndor. Ya no necesitan botas sino poder judicial y medios de comunicación para comprometer a gobiernos populares, como ocurrió en Brasil o como en Ecuador durante mi mandato. Enfrentamos a una nueva clase de derecha, más articulada. No respetan la democracia y tampoco respetan la vida. Tienen los medios de comunicación bajo su ala y así se manejan. Llámenlo como quieran. No están las botas militares de los 70 pero hay otras herramientas que se le parecen mucho, como la judicialización de la política”.
Sobre el actual presidente de Ecuador, quien fuera de su línea política, Correa no dudo en llamarlo “traidor” y dijo: “es increíble todas las tonterías que dice, hace diez meses hablaba de mí como el ‘mejor presidente de la historia de Ecuador’, ‘el mejor ecuatoriano de todos los tiempos’, calificaba nuestro gobierno como grandioso, y ahora me acusa de ladrón, autoritario e incluso de que pretendí su fracaso”.
En su paso por el país del sur, Correa también se refirió a su amigo el ex presidente de Brasil, Luis Inácio Lula Da Silva y dijo: "Lula preso es un héroe, muerto es un mártir, libre es presidente".
Al concluir, no dudó en manifestarse esperanzado: “son épocas duras, aunque estamos mejores que en los 90 en América Latina, creo que nuestros pueblos responderán y recuperaremos terreno. Que nos roben todo, menos la ilusión” y cerró con una contundente reflexión, citando a Eloy Alfaro, ex presidente ecuatoriano: “cuando más oscura es la noche, más cerca está el amanecer”.
(*) Flavia Campeis, actualmente trabaja en Periódico Síntesis de la ciudad de San Lorenzo desde hace más de diez años y coordina la radio comunitaria Fm Poriajhú de Capitán Bermúdez. Es corresponsal del informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco) y realiza colaboraciones con distintos medios nacionales y de América Latina.
Venezuela
LOS RIVALES DE MADURO
Por Juan Francisco Alonso
Integrante HUMANOS
Caracas
En Venezuela para aspirar a la Presidencia de la República más que estudios y credenciales hay que tener antecedentes penales o prontuario. Al menos esta es la conclusión a la que se arriba luego de escudriñar en el pasado de quienes aspiran a sustituir a Nicolás Maduro en las cuestionadas elecciones fijadas para el próximo 20 de mayo y observar que cuatro de los cinco adversarios del actual mandatario han tenido o tienen cuentas con la justicia de ese país.
Pese a que cada uno se presenta como la única opción para sacar a la primera reserva petrolera del mundo de la grave crisis social y económica que atraviesa, -pese a que todos están vinculados con el chavismo- el exgobernador del estado Lara, Henry Falcón; el pastor evangélico Javier Alejandro Bertucci, el empresario Luis Alejandro Ratti; y el general (r) Francisco Visconti tienen algo en común, sus nombres figuran en los registros de la Fiscalía y del Poder Judicial.
De los cuatro abanderados el caso más llamativo es el de Falcón. El otrora aliado del fallecido Hugo Chávez y quien en 2008 se separó de él, para posteriormente incorporarse a las filas de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), tiene seis averiguaciones abiertas, según la información suministrada desde el despacho ahora dirigido por el fiscal general provisorio, Tarek William Saab.
La mayoría de esas investigaciones datan del año 2011 y están relacionadas con los presuntos hechos de corrupción ocurridos durante las gestiones de Falcón como Alcalde de la ciudad de Barquisimeto, la cuarta ciudad del más poblada del país y ubicada a unos 360 kilómetros al oeste de Caracas; y luego como Gobernador del estado Lara.
Entre los procesos que penden sobre el candidato, cuya decisión de postularse a la Presidencia le costó su expulsión de la MUD, la cual decidió no participar en los comicios por considerar que no hay garantías de que los resultados sean transparentes, están algunos relacionados con la entrega a dedo de contratos para la construcción de escuelas, desvío de fondos para la ejecución de planes para combatir enfermedades como el cólera y por los retrasos en la ejecución de otras como el sistema de transporte masivo de Barquisimeto (una copia del Transmilenio de Bogotá), por el cual aunque salieron de las arcas públicas casi 380 millones de dólares de manera anticipada no estuvo listo en tiempo planificado. Este proyecto terminó siendo concluido por el Gobierno central en 2013.
Por este último caso Chávez pidió el procesamiento de Falcón y en 2012 el Parlamento entonces controlado por sus adeptos lo declaró responsable de irregularidades administrativas.
Sin embargo, ni la justicia ni la Contraloría, el organismo encargado de velar por el buen uso de los fondos públicos en Venezuela, actuaron contra él. La actitud de esta última instancia contrasta con la que asumió contra el dos veces excandidato presidencial y exgobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, al que el año pasado lo inhabilitó para el ejercicio de cargos públicos durante 15 años, sin necesidad de juicio.
“Estas averiguaciones fueron abiertas en represalia a la decisión de Falcón de romper con el Gobierno”, replicaron fuentes cercanas al candidato, quienes negaron que las mismas tengan sustento.
Hasta condenados
Pese a que Falcón es quien más procesos tiene pendientes, por lo menos ninguno lo ha obligado a sentarse en el banquillo de los acusados como ya le ocurrió a otros dos candidatos: El pastor Javier Alejandro Bertucci y al empresario Luis Alejandro Ratti.
El primero fue enjuiciado y declarado culpable del delito de contrabando de “materiales estratégicos” por un tribunal de Carabobo, a unos 150 kilómetros al oeste de Caracas, en 2013.
Dos años antes un camión de una empresa de propiedad de Bertucci (Tecnopetrol), la cual tenía contratos con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), fue detenido por la Guardia Nacional (policía militarizada) con 2.500 toneladas métricas de diésel, el cual presuntamente sería enviado ilegalmente a República Dominicana.
A pesar de esta decisión el ahora candidato no terminó tras las rejas, porque semanas después un juzgado superior anuló el dictamen, por considerarlo sin “fundamento” y ordenó la repetición del juicio, lo cual no ha ocurrido. Tres años después la Fiscalía volvió a poner sus ojos sobre él porque apareció mencionado con los “Panamá Papers”, por presuntamente tener cuentas en paraísos fiscales.
Por su parte, Ratti también terminó ante un juez en 2007 y ante él se declaró culpable del delito de estafa, de acuerdo con los archivos judiciales.
El general retirado Francisco Visconti, también otrora aliado de Chávez, aunque en la actualidad no tiene asuntos pendientes con la justicia los llegó a tener, porque en 1992 fue uno de los oficiales que encabezó la segunda intentona golpista que el fallecido mandatario coordinó.
Tras el fracaso de esa asonada, la cual dejó decenas de muertos y fallecidos, Visconti se exiló en Perú y en 1994 volvió a Venezuela, donde permaneció arrestado unas semanas hasta que el entonces presidente Rafael Caldera le sobreseyó la causa.
Protegido
El presidente y aspirante a la reelección, Nicolás Maduro, no tiene abierta ninguna causa judicial, sin embargo no porque no haya méritos sino por el cargo que ostenta y la protección que él le da.
La Constitución venezolana, en su artículo 266, establece que cualquier intento por procesar al Jefe del Estado debe ser aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), organismo que de sus 32 miembros 29 en la actualidad simpatizan abiertamente con el Gobierno.
Hasta ahora el mandatario ha sido mencionado en las investigaciones del caso Odebrecht que se llevan en Brasil, donde una delatora aseguró que Maduro le entregó en 2012 11 millones de dólares en efectivo para pagar el diseño de la última campaña electoral en la participó Chávez y que esos fondos salieron de la constructora, la cual tenía millonarios contratos en Venezuela.
Mientras la ahora exilada Luisa Ortega Díaz estuvo al frente de la Fiscalía, hasta agosto pasado, en las investigaciones que su despacho realizó por el caso Odebrecht apuntaban hacia Maduro y su entorno. No obstante, esta línea de investigación fue interrumpida por su cuestionada remoción por parte de la Asamblea Nacional Constituyente y su sustitución por Saab.
Más recientemente el mandatario ha sido denunciado en la Corte Penal Internacional por Ortega Díaz por cometer crímenes de lesa humanidad. Denuncia que amplió apenas la semana pasada.
Para la directora de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, el que el grueso de los candidatos tengan o hayan tenido problemas con la justicia es otro síntoma de lo anómalo de los próximos comicios.
“El país se merece otros candidatos, pero en estas elecciones que no son aceptadas por nadie en el mundo civilizado los buenos candidatos no se han postulado (…) Las personas con ciertas credenciales quieren unas elecciones con unas mínimas condiciones y ahora no están dadas esas condiciones”, afirmó, aunque dejó en claro la politización de la justicia hace imposible determinar la certeza o no de los señalamientos contra los abanderados.
“Con esta justicia que tenemos nunca sabremos si esas causas son ciertas o no”, remató.
Pero como toda regla tiene su excepción, El empresario Reinaldo Quijada, a quien algunos vinculan al oficialismo también, es el único que no tiene averiguaciones ni ha sido enjuiciado.
LOS RIVALES DE MADURO
Por Juan Francisco Alonso
Integrante HUMANOS
Caracas
En Venezuela para aspirar a la Presidencia de la República más que estudios y credenciales hay que tener antecedentes penales o prontuario. Al menos esta es la conclusión a la que se arriba luego de escudriñar en el pasado de quienes aspiran a sustituir a Nicolás Maduro en las cuestionadas elecciones fijadas para el próximo 20 de mayo y observar que cuatro de los cinco adversarios del actual mandatario han tenido o tienen cuentas con la justicia de ese país.
Pese a que cada uno se presenta como la única opción para sacar a la primera reserva petrolera del mundo de la grave crisis social y económica que atraviesa, -pese a que todos están vinculados con el chavismo- el exgobernador del estado Lara, Henry Falcón; el pastor evangélico Javier Alejandro Bertucci, el empresario Luis Alejandro Ratti; y el general (r) Francisco Visconti tienen algo en común, sus nombres figuran en los registros de la Fiscalía y del Poder Judicial.
De los cuatro abanderados el caso más llamativo es el de Falcón. El otrora aliado del fallecido Hugo Chávez y quien en 2008 se separó de él, para posteriormente incorporarse a las filas de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), tiene seis averiguaciones abiertas, según la información suministrada desde el despacho ahora dirigido por el fiscal general provisorio, Tarek William Saab.
La mayoría de esas investigaciones datan del año 2011 y están relacionadas con los presuntos hechos de corrupción ocurridos durante las gestiones de Falcón como Alcalde de la ciudad de Barquisimeto, la cuarta ciudad del más poblada del país y ubicada a unos 360 kilómetros al oeste de Caracas; y luego como Gobernador del estado Lara.
Entre los procesos que penden sobre el candidato, cuya decisión de postularse a la Presidencia le costó su expulsión de la MUD, la cual decidió no participar en los comicios por considerar que no hay garantías de que los resultados sean transparentes, están algunos relacionados con la entrega a dedo de contratos para la construcción de escuelas, desvío de fondos para la ejecución de planes para combatir enfermedades como el cólera y por los retrasos en la ejecución de otras como el sistema de transporte masivo de Barquisimeto (una copia del Transmilenio de Bogotá), por el cual aunque salieron de las arcas públicas casi 380 millones de dólares de manera anticipada no estuvo listo en tiempo planificado. Este proyecto terminó siendo concluido por el Gobierno central en 2013.
Por este último caso Chávez pidió el procesamiento de Falcón y en 2012 el Parlamento entonces controlado por sus adeptos lo declaró responsable de irregularidades administrativas.
Sin embargo, ni la justicia ni la Contraloría, el organismo encargado de velar por el buen uso de los fondos públicos en Venezuela, actuaron contra él. La actitud de esta última instancia contrasta con la que asumió contra el dos veces excandidato presidencial y exgobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, al que el año pasado lo inhabilitó para el ejercicio de cargos públicos durante 15 años, sin necesidad de juicio.
“Estas averiguaciones fueron abiertas en represalia a la decisión de Falcón de romper con el Gobierno”, replicaron fuentes cercanas al candidato, quienes negaron que las mismas tengan sustento.
Hasta condenados
Pese a que Falcón es quien más procesos tiene pendientes, por lo menos ninguno lo ha obligado a sentarse en el banquillo de los acusados como ya le ocurrió a otros dos candidatos: El pastor Javier Alejandro Bertucci y al empresario Luis Alejandro Ratti.
El primero fue enjuiciado y declarado culpable del delito de contrabando de “materiales estratégicos” por un tribunal de Carabobo, a unos 150 kilómetros al oeste de Caracas, en 2013.
Dos años antes un camión de una empresa de propiedad de Bertucci (Tecnopetrol), la cual tenía contratos con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), fue detenido por la Guardia Nacional (policía militarizada) con 2.500 toneladas métricas de diésel, el cual presuntamente sería enviado ilegalmente a República Dominicana.
A pesar de esta decisión el ahora candidato no terminó tras las rejas, porque semanas después un juzgado superior anuló el dictamen, por considerarlo sin “fundamento” y ordenó la repetición del juicio, lo cual no ha ocurrido. Tres años después la Fiscalía volvió a poner sus ojos sobre él porque apareció mencionado con los “Panamá Papers”, por presuntamente tener cuentas en paraísos fiscales.
Por su parte, Ratti también terminó ante un juez en 2007 y ante él se declaró culpable del delito de estafa, de acuerdo con los archivos judiciales.
El general retirado Francisco Visconti, también otrora aliado de Chávez, aunque en la actualidad no tiene asuntos pendientes con la justicia los llegó a tener, porque en 1992 fue uno de los oficiales que encabezó la segunda intentona golpista que el fallecido mandatario coordinó.
Tras el fracaso de esa asonada, la cual dejó decenas de muertos y fallecidos, Visconti se exiló en Perú y en 1994 volvió a Venezuela, donde permaneció arrestado unas semanas hasta que el entonces presidente Rafael Caldera le sobreseyó la causa.
Protegido
El presidente y aspirante a la reelección, Nicolás Maduro, no tiene abierta ninguna causa judicial, sin embargo no porque no haya méritos sino por el cargo que ostenta y la protección que él le da.
La Constitución venezolana, en su artículo 266, establece que cualquier intento por procesar al Jefe del Estado debe ser aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), organismo que de sus 32 miembros 29 en la actualidad simpatizan abiertamente con el Gobierno.
Hasta ahora el mandatario ha sido mencionado en las investigaciones del caso Odebrecht que se llevan en Brasil, donde una delatora aseguró que Maduro le entregó en 2012 11 millones de dólares en efectivo para pagar el diseño de la última campaña electoral en la participó Chávez y que esos fondos salieron de la constructora, la cual tenía millonarios contratos en Venezuela.
Mientras la ahora exilada Luisa Ortega Díaz estuvo al frente de la Fiscalía, hasta agosto pasado, en las investigaciones que su despacho realizó por el caso Odebrecht apuntaban hacia Maduro y su entorno. No obstante, esta línea de investigación fue interrumpida por su cuestionada remoción por parte de la Asamblea Nacional Constituyente y su sustitución por Saab.
Más recientemente el mandatario ha sido denunciado en la Corte Penal Internacional por Ortega Díaz por cometer crímenes de lesa humanidad. Denuncia que amplió apenas la semana pasada.
Para la directora de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, el que el grueso de los candidatos tengan o hayan tenido problemas con la justicia es otro síntoma de lo anómalo de los próximos comicios.
“El país se merece otros candidatos, pero en estas elecciones que no son aceptadas por nadie en el mundo civilizado los buenos candidatos no se han postulado (…) Las personas con ciertas credenciales quieren unas elecciones con unas mínimas condiciones y ahora no están dadas esas condiciones”, afirmó, aunque dejó en claro la politización de la justicia hace imposible determinar la certeza o no de los señalamientos contra los abanderados.
“Con esta justicia que tenemos nunca sabremos si esas causas son ciertas o no”, remató.
Pero como toda regla tiene su excepción, El empresario Reinaldo Quijada, a quien algunos vinculan al oficialismo también, es el único que no tiene averiguaciones ni ha sido enjuiciado.
ES SANTIAGO, SOMOS SANTIAGO
Por Flavia Campeis (*)
Integrante HUMANOS
Rosario, Argentina
Es Santiago. Tant@s somos Santiago. Y este nudo en el pecho de un pueblo que tiembla ante las injusticias es Santiago, y este cielo gris que poco se parece a la primavera y ese río que llora es Santiago.
Somos los que te preguntamos desde el primer día, somos los que nos avergonzamos de los que te callaron, de los que no te buscaron y de los que prohibieron hablar de vos en las escuelas.
Somos él porque tantas veces podríamos haber sido él, porque todos podemos ser él con este Estado que reprime y mira para otro lado. Porque defendemos nuestras ideas, queremos un mundo mejor, más justo, donde quepamos todos y todas. Como Santiago.
Hoy nos confirmaron la peor sospecha que nos atormentó más de dos meses. “Es Santiago”, dijo Sergio Maldonado, su hermano, este viernes ante la prensa y con una fuerza que debió construir en estos 81 días de tener a su hermano menor desaparecido.
Lo reconocieron por los tatuajes, tres días después de que Prefectura lo hallara en el Río Chubut, en plena Patagonia, en el agua, entre ramas de árboles. Con la particularidad de que ese lugar había sido rastrillado tres veces y es 300 metros río arriba de donde se lo vio por última vez cuando Gendarmería Nacional reprimió a la comunidad Mapuche el 1 de agosto pasado en territorio ancestral de esa comunidad, hoy propiedad de Luciano Benetton.
En la televisión, dos diarios y las radios se publicaron todo tipo de informaciones falsas, desviando la investigación hacia otro lado y con eso a la opinión pública. Aseguraron que lo habían visto en diferentes provincias del país, que había estado en una peluquería donde se cortó las rastas para pasar desapercibido, que había una ciudad donde todos se parecían a él, que había sido asesinado por un puestero o por, como ellos los llamaron: “terroristas” Mapuches.
Hasta una candidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Elisa Carrió, quien en las elecciones primarias de agosto pasado sacó más del 50 por ciento de los votos, dijo que había un 20 por ciento de posibilidades de que Santiago estuviera en Chile.
Cuando lo encontraron, y trascendió que el cuerpo no estaba en avanzado estado de descomposición ella misma dijo: “es como Walt Disney”, faltando el respeto al dolor de una familia, de un pueblo.
Y el presidente Mauricio Macri durante dos meses habló poco del tema y eligió hacerlo con Bono de U2, y la Ministra de Seguridad dijo que no iban a “tirar a ningún gendarme por la ventana”, defendiendo a la fuerza de seguridad que dirige y la cual estuvo bajo sospecha desde el primer día, por declaraciones de testigos de la represión al pueblo Mapuche.
La causa caratulada como desaparición forzada, hoy tiene un cuerpo y el cuerpo permitirá conocer qué le hicieron. Para eso, los peritos aseguran que llevará alrededor de un mes para determinar lo ocurrido con Santiago Maldonado.
El Estado continúa en la mira y el accionar represivo de Gendarmería es la principal sospecha ante la muerte del joven artesano y tatuador de 28 años que aquel primero de agosto estaba acompañando los reclamos de la comunidad Mapuche Pu Lof en Resistencia en el Departamento de Cushamen, en Chubut, en plena Patagonia Argentina cuando se desató la represión.
Ciento de miles de personas salimos a las calles a preguntar por él durante estos dos meses, pero aquella pregunta ¿Dónde está Santiago? ya se pudo conocer, con la peor de las respuestas posibles. Pero ahora, el pueblo argentino quiere saber ¿Qué pasó? Y sobre todo ¿Dónde está la Justicia y quiénes son los responsables?
En Argentina, hoy muchos somos Santiago, porque tenemos sueños y no renunciamos a ellos.
(*) Flavia Campeis, actualmente trabaja en Periódico Síntesis de la ciudad de San Lorenzo desde hace más de diez años y coordina la radio comunitaria Fm Poriajhú de Capitán Bermúdez. Es corresponsal del informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco) y realiza colaboraciones con distintos medios nacionales y de América Latina.
Por Flavia Campeis (*)
Integrante HUMANOS
Rosario, Argentina
Es Santiago. Tant@s somos Santiago. Y este nudo en el pecho de un pueblo que tiembla ante las injusticias es Santiago, y este cielo gris que poco se parece a la primavera y ese río que llora es Santiago.
Somos los que te preguntamos desde el primer día, somos los que nos avergonzamos de los que te callaron, de los que no te buscaron y de los que prohibieron hablar de vos en las escuelas.
Somos él porque tantas veces podríamos haber sido él, porque todos podemos ser él con este Estado que reprime y mira para otro lado. Porque defendemos nuestras ideas, queremos un mundo mejor, más justo, donde quepamos todos y todas. Como Santiago.
Hoy nos confirmaron la peor sospecha que nos atormentó más de dos meses. “Es Santiago”, dijo Sergio Maldonado, su hermano, este viernes ante la prensa y con una fuerza que debió construir en estos 81 días de tener a su hermano menor desaparecido.
Lo reconocieron por los tatuajes, tres días después de que Prefectura lo hallara en el Río Chubut, en plena Patagonia, en el agua, entre ramas de árboles. Con la particularidad de que ese lugar había sido rastrillado tres veces y es 300 metros río arriba de donde se lo vio por última vez cuando Gendarmería Nacional reprimió a la comunidad Mapuche el 1 de agosto pasado en territorio ancestral de esa comunidad, hoy propiedad de Luciano Benetton.
En la televisión, dos diarios y las radios se publicaron todo tipo de informaciones falsas, desviando la investigación hacia otro lado y con eso a la opinión pública. Aseguraron que lo habían visto en diferentes provincias del país, que había estado en una peluquería donde se cortó las rastas para pasar desapercibido, que había una ciudad donde todos se parecían a él, que había sido asesinado por un puestero o por, como ellos los llamaron: “terroristas” Mapuches.
Hasta una candidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Elisa Carrió, quien en las elecciones primarias de agosto pasado sacó más del 50 por ciento de los votos, dijo que había un 20 por ciento de posibilidades de que Santiago estuviera en Chile.
Cuando lo encontraron, y trascendió que el cuerpo no estaba en avanzado estado de descomposición ella misma dijo: “es como Walt Disney”, faltando el respeto al dolor de una familia, de un pueblo.
Y el presidente Mauricio Macri durante dos meses habló poco del tema y eligió hacerlo con Bono de U2, y la Ministra de Seguridad dijo que no iban a “tirar a ningún gendarme por la ventana”, defendiendo a la fuerza de seguridad que dirige y la cual estuvo bajo sospecha desde el primer día, por declaraciones de testigos de la represión al pueblo Mapuche.
La causa caratulada como desaparición forzada, hoy tiene un cuerpo y el cuerpo permitirá conocer qué le hicieron. Para eso, los peritos aseguran que llevará alrededor de un mes para determinar lo ocurrido con Santiago Maldonado.
El Estado continúa en la mira y el accionar represivo de Gendarmería es la principal sospecha ante la muerte del joven artesano y tatuador de 28 años que aquel primero de agosto estaba acompañando los reclamos de la comunidad Mapuche Pu Lof en Resistencia en el Departamento de Cushamen, en Chubut, en plena Patagonia Argentina cuando se desató la represión.
Ciento de miles de personas salimos a las calles a preguntar por él durante estos dos meses, pero aquella pregunta ¿Dónde está Santiago? ya se pudo conocer, con la peor de las respuestas posibles. Pero ahora, el pueblo argentino quiere saber ¿Qué pasó? Y sobre todo ¿Dónde está la Justicia y quiénes son los responsables?
En Argentina, hoy muchos somos Santiago, porque tenemos sueños y no renunciamos a ellos.
(*) Flavia Campeis, actualmente trabaja en Periódico Síntesis de la ciudad de San Lorenzo desde hace más de diez años y coordina la radio comunitaria Fm Poriajhú de Capitán Bermúdez. Es corresponsal del informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco) y realiza colaboraciones con distintos medios nacionales y de América Latina.
¿DÓNDE ESTÁ SANTIAGO MALDONADO?
Por Flavia Campeis (*)
Integrante HUMANOS
Rosario, Argentina
Santiago Maldonado se encuentra desaparecido desde el primero de agosto de 2017 y al cumplirse más de un mes, se realizaron multitudinarias movilizaciones en las principales ciudades de Argentina para exigir su aparición con vida y respuestas desde el Estado.
Se trata de un joven artesano de 28 años de edad, a quien se lo vio por última vez cuando estaba acompañando el reclamo de la comunidad Mapuche Pu Lof en Resistencia, en el Departamento de Cushamen, en Chubut, en plena Patagonia. Allí, el pasado primero de agosto se produjo la represión de Gendarmería Nacional y testigos aseguran que vieron cuando Santiago fue detenido y subido a un vehículo de esa fuerza de seguridad. Desde ese día no se sabe nada de él.
El caso generó gran movilización en todo el país y el epicentro de los reclamos fue el pasado viernes primero de septiembre, cuando se cumplió un mes de no saber nada del joven.
Más de 250 mil personas se manifestaron en la emblemática Plaza de Mayo en la Capital Federal, donde su familia encabezó un acto junto a organismos de Derechos Humanos. También decenas de miles de personas se movilizaron en diferentes localidades, a lo largo y lo ancho de toda la Argentina.
Entre los principales pedidos que fueron levantados en carteles estuvieron: “Aparición con vida de Santiago”, “Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos”, “Renuncia de la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich”, “El Estado es responsable” y “Nunca más”.
Las movilizaciones fueron multitudinarias, diferentes partidos políticos, organizaciones sociales y sindicales, docentes, estudiantes, adultos, adolescentes y niños se lanzaron a las calles, levantando la foto de Santiago Maldonado, y preguntándose qué pasó con él y dónde está.
Como viene sucediendo desde el primer día, en muchas oportunidades se intenta distorsionar la información y la masiva movilización pretendió ser desvirtuada por algunos medios de comunicación que solo eligieron cubrir la actitud de un pequeño número de personas que realizó actos vandálicos que terminaron en una feroz represión policial. Desde algunos sectores se pone en duda el accionar de esos grupos, por ser funcionales al gobierno.
Aún con gran parte del pueblo movilizado, el presidente de Mauricio Macri no da ninguna respuesta sobre el caso y la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, niega la participación de Gendarmería en la desaparición del joven.
Reclamos
Si bien Santiago Maldonado no es Mapuche, el primero de agosto estaba acompañando los reclamos de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) por la liberación de un líder de la comunidad detenido ilegalmente y en reivindicación de las tierras que les pertenecen históricamente.
El pueblo Mapuche habita el sur del continente desde hace siglos, en la zona que actualmente conforman los países de Argentina y Chile. Desde hace mucho tiempo vienen exigiendo la restitución de sus territorios, los cuales en gran parte están desde los años 90 en manos de terratenientes extranjeros, en su mayoría de la firma Benetton, grupo italiano que posee más de 800 mil hectáreas dedicadas a la cría de ovejas, de donde salen las lanas que llegan a Europa.
Aquel día las fuerzas nacionales de seguridad entraron sin orden judicial a esos predios, reprimieron, quemaron y saquearon las pertenencias de la comunidad originaria, detuvieron a tres personas sin motivos y Santiago desapareció. Testigos aseguran que estaba a orillas del río Chubut cuando fue apresado por los gendarmes y subido a un Unimog, que es una camioneta de Gendarmería.
Su desaparición, además de generar gran movilización, volvió a poner de manifiesto la criminalización y discriminación que viene sufriendo la comunidad Mapuche desde hace tiempo. A eso también contribuyó la cobertura de muchos medios hegemónicos, intentando desviar la información de lo que realmente pasó con Santiago, criminalizando el reclamo y hasta poniendo en duda la ideología del joven.
La Causa
Mientras la Ministra de Seguridad de la Nación niega la responsabilidad de la Gendarmería Nacional, a veinte días de la desaparición, el caso fue caratulado por la Justicia como “desaparición forzada”, por lo cual el Estado está en el centro de la investigación, como lo requieren los organismos de Derechos Humanos y la familia de Santiago.
Las cientos de miles de personas movilizadas en todo el país y las redes sociales colmadas con su nombre son una muestra de lo que el caso significa hoy por hoy en la Argentina.
Sin embargo, el propio gobierno argentino niega responsabilidad en la desaparición, encubriendo el accionar de la Gendarmería, culpando a la familia de la víctima y revelando información confidencial sobre testigos importantes. Incluso, desde Nación, se dispuso una línea telefónica donde denunciar a docentes y escuelas que tratasen este tema con sus alumnos.
Mientras tanto, Argentina se sigue preguntando ¿Dónde está Santiago Maldonado?
(*) Flavia Campeis, actualmente trabaja en Periódico Síntesis de la ciudad de San Lorenzo desde hace más de diez años y coordina la radio comunitaria Fm Poriajhú de Capitán Bermúdez. Es corresponsal del informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco) y realiza colaboraciones con distintos medios nacionales y de América Latina.
Por Flavia Campeis (*)
Integrante HUMANOS
Rosario, Argentina
Santiago Maldonado se encuentra desaparecido desde el primero de agosto de 2017 y al cumplirse más de un mes, se realizaron multitudinarias movilizaciones en las principales ciudades de Argentina para exigir su aparición con vida y respuestas desde el Estado.
Se trata de un joven artesano de 28 años de edad, a quien se lo vio por última vez cuando estaba acompañando el reclamo de la comunidad Mapuche Pu Lof en Resistencia, en el Departamento de Cushamen, en Chubut, en plena Patagonia. Allí, el pasado primero de agosto se produjo la represión de Gendarmería Nacional y testigos aseguran que vieron cuando Santiago fue detenido y subido a un vehículo de esa fuerza de seguridad. Desde ese día no se sabe nada de él.
El caso generó gran movilización en todo el país y el epicentro de los reclamos fue el pasado viernes primero de septiembre, cuando se cumplió un mes de no saber nada del joven.
Más de 250 mil personas se manifestaron en la emblemática Plaza de Mayo en la Capital Federal, donde su familia encabezó un acto junto a organismos de Derechos Humanos. También decenas de miles de personas se movilizaron en diferentes localidades, a lo largo y lo ancho de toda la Argentina.
Entre los principales pedidos que fueron levantados en carteles estuvieron: “Aparición con vida de Santiago”, “Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos”, “Renuncia de la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich”, “El Estado es responsable” y “Nunca más”.
Las movilizaciones fueron multitudinarias, diferentes partidos políticos, organizaciones sociales y sindicales, docentes, estudiantes, adultos, adolescentes y niños se lanzaron a las calles, levantando la foto de Santiago Maldonado, y preguntándose qué pasó con él y dónde está.
Como viene sucediendo desde el primer día, en muchas oportunidades se intenta distorsionar la información y la masiva movilización pretendió ser desvirtuada por algunos medios de comunicación que solo eligieron cubrir la actitud de un pequeño número de personas que realizó actos vandálicos que terminaron en una feroz represión policial. Desde algunos sectores se pone en duda el accionar de esos grupos, por ser funcionales al gobierno.
Aún con gran parte del pueblo movilizado, el presidente de Mauricio Macri no da ninguna respuesta sobre el caso y la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, niega la participación de Gendarmería en la desaparición del joven.
Reclamos
Si bien Santiago Maldonado no es Mapuche, el primero de agosto estaba acompañando los reclamos de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) por la liberación de un líder de la comunidad detenido ilegalmente y en reivindicación de las tierras que les pertenecen históricamente.
El pueblo Mapuche habita el sur del continente desde hace siglos, en la zona que actualmente conforman los países de Argentina y Chile. Desde hace mucho tiempo vienen exigiendo la restitución de sus territorios, los cuales en gran parte están desde los años 90 en manos de terratenientes extranjeros, en su mayoría de la firma Benetton, grupo italiano que posee más de 800 mil hectáreas dedicadas a la cría de ovejas, de donde salen las lanas que llegan a Europa.
Aquel día las fuerzas nacionales de seguridad entraron sin orden judicial a esos predios, reprimieron, quemaron y saquearon las pertenencias de la comunidad originaria, detuvieron a tres personas sin motivos y Santiago desapareció. Testigos aseguran que estaba a orillas del río Chubut cuando fue apresado por los gendarmes y subido a un Unimog, que es una camioneta de Gendarmería.
Su desaparición, además de generar gran movilización, volvió a poner de manifiesto la criminalización y discriminación que viene sufriendo la comunidad Mapuche desde hace tiempo. A eso también contribuyó la cobertura de muchos medios hegemónicos, intentando desviar la información de lo que realmente pasó con Santiago, criminalizando el reclamo y hasta poniendo en duda la ideología del joven.
La Causa
Mientras la Ministra de Seguridad de la Nación niega la responsabilidad de la Gendarmería Nacional, a veinte días de la desaparición, el caso fue caratulado por la Justicia como “desaparición forzada”, por lo cual el Estado está en el centro de la investigación, como lo requieren los organismos de Derechos Humanos y la familia de Santiago.
Las cientos de miles de personas movilizadas en todo el país y las redes sociales colmadas con su nombre son una muestra de lo que el caso significa hoy por hoy en la Argentina.
Sin embargo, el propio gobierno argentino niega responsabilidad en la desaparición, encubriendo el accionar de la Gendarmería, culpando a la familia de la víctima y revelando información confidencial sobre testigos importantes. Incluso, desde Nación, se dispuso una línea telefónica donde denunciar a docentes y escuelas que tratasen este tema con sus alumnos.
Mientras tanto, Argentina se sigue preguntando ¿Dónde está Santiago Maldonado?
(*) Flavia Campeis, actualmente trabaja en Periódico Síntesis de la ciudad de San Lorenzo desde hace más de diez años y coordina la radio comunitaria Fm Poriajhú de Capitán Bermúdez. Es corresponsal del informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco) y realiza colaboraciones con distintos medios nacionales y de América Latina.
"NI UNA MENOS, VIVAS NOS QUEREMOS"
El país donde el machismo mata a una mujer por día.
Por Flavia Campeis (*)
Integrante HUMANOS
Argentina
En Argentina una mujer es asesinada por día y en lo que va del 2017 ya se cometieron 133 femicidios.
En este adverso contexto, el tres de junio se convirtió en una fecha emblemática para el país y por tercera vez en esa fecha, mujeres, pero también hombres, salieron a la calle a gritar “Ni una menos, vivas nos queremos”.
Lo hicieron en multitud, a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Niñas, adolescentes, adultas, ancianas decidieron salir a las calles. Desde Jujuy a Tierra del Fuego y desde Mendoza a Buenos Aires, hubo alrededor de cien manifestaciones en diferentes ciudades y pueblos, en todos los puntos cardinales.
La manifestación más numerosa fue en la Capital Federal, en Buenos Aires, donde se marchó desde el Congreso Nacional hasta la Plaza de Mayo, tradicional lugar de las luchas populares.
La primera expresión de esta consigna había sido el tres de junio de 2015, cuando las mujeres salieron a la calle a decir basta, luego del hartazgo de muertes de mujeres en manos de hombres, y tras enterarse del femicidio de la adolescente Kiara Páez, en manos de su novio en la provincia de Santa Fe.
Fue la primera expresión, pero no la última. Porque en Argentina, las cifras de femicidios cada vez son más altas. En los primeros cinco meses de 2017 se han registrado 133 casos de asesinatos a mujeres, según lo informó la organización no gubernamental Movimiento de Mujeres de la Matria Latinoaméricana (MuMaLá), ya que no hay cifras oficiales en materia de violencia de género en el país.
Los números crecen y la indignación convertida en lucha también. Fue por eso que todas las expresiones que hubo en el país del “Ni Una Menos” fueron multitudinarias. Además de marchar, hubo muestras artísticas, talleres, recitales y actividades para concientizar y luchar contra la violencia machista.
Entre los reclamos principales estuvieron exigir al Estado medidas urgentes para la prevención de la violencia de género, penas fuertes para los femicidas, implementación de la ley de Educación Sexual Integral, libertad de Milagros Sala (presa política), derecho a la interrupción legal del embarazo, cupo laboral trans, basta de ajuste, entre otros, que tienen como eje abolir el machismo y lograr la igualdad de derechos.
Cabe señalar que en todo el territorio nacional existe una Línea telefónica gratuita, el número 144, que funciona las 24 horas y los 365 días del año, para realizar denuncias por violencia de género. Aún con esta línea preventiva, en el 2016 se cometieron 254 femicidios, donde en el 25 por ciento de los casos las víctimas habían realizado una denuncia previa y, sin embargo, no obtuvieron la protección suficiente, por lo que se considera al Estado responsable de estos hechos.
Miles de banderas, carteles, remeras y cuerpos pintados con las consignas: “Ni una menos”, “Vivas nos queremos”, “Basta de violencia machista”, “Basta de matarnos”, “Libertad a Milagro Sala” y tantos pedidos más, estuvieron en la calle el frío sábado 3 de junio. Fueron gritos que se plasmaron en papel y también en la piel, para exigir que ser mujer ya no cueste vida.
(*) Flavia Campeis, actualmente trabaja en Periódico Síntesis de la ciudad de San Lorenzo desde hace más de diez años y coordina la radio comunitaria Fm Poriajhú de Capitán Bermúdez. Es corresponsal del informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco) y realiza colaboraciones con distintos medios nacionales y de América Latina.
El país donde el machismo mata a una mujer por día.
Por Flavia Campeis (*)
Integrante HUMANOS
Argentina
En Argentina una mujer es asesinada por día y en lo que va del 2017 ya se cometieron 133 femicidios.
En este adverso contexto, el tres de junio se convirtió en una fecha emblemática para el país y por tercera vez en esa fecha, mujeres, pero también hombres, salieron a la calle a gritar “Ni una menos, vivas nos queremos”.
Lo hicieron en multitud, a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Niñas, adolescentes, adultas, ancianas decidieron salir a las calles. Desde Jujuy a Tierra del Fuego y desde Mendoza a Buenos Aires, hubo alrededor de cien manifestaciones en diferentes ciudades y pueblos, en todos los puntos cardinales.
La manifestación más numerosa fue en la Capital Federal, en Buenos Aires, donde se marchó desde el Congreso Nacional hasta la Plaza de Mayo, tradicional lugar de las luchas populares.
La primera expresión de esta consigna había sido el tres de junio de 2015, cuando las mujeres salieron a la calle a decir basta, luego del hartazgo de muertes de mujeres en manos de hombres, y tras enterarse del femicidio de la adolescente Kiara Páez, en manos de su novio en la provincia de Santa Fe.
Fue la primera expresión, pero no la última. Porque en Argentina, las cifras de femicidios cada vez son más altas. En los primeros cinco meses de 2017 se han registrado 133 casos de asesinatos a mujeres, según lo informó la organización no gubernamental Movimiento de Mujeres de la Matria Latinoaméricana (MuMaLá), ya que no hay cifras oficiales en materia de violencia de género en el país.
Los números crecen y la indignación convertida en lucha también. Fue por eso que todas las expresiones que hubo en el país del “Ni Una Menos” fueron multitudinarias. Además de marchar, hubo muestras artísticas, talleres, recitales y actividades para concientizar y luchar contra la violencia machista.
Entre los reclamos principales estuvieron exigir al Estado medidas urgentes para la prevención de la violencia de género, penas fuertes para los femicidas, implementación de la ley de Educación Sexual Integral, libertad de Milagros Sala (presa política), derecho a la interrupción legal del embarazo, cupo laboral trans, basta de ajuste, entre otros, que tienen como eje abolir el machismo y lograr la igualdad de derechos.
Cabe señalar que en todo el territorio nacional existe una Línea telefónica gratuita, el número 144, que funciona las 24 horas y los 365 días del año, para realizar denuncias por violencia de género. Aún con esta línea preventiva, en el 2016 se cometieron 254 femicidios, donde en el 25 por ciento de los casos las víctimas habían realizado una denuncia previa y, sin embargo, no obtuvieron la protección suficiente, por lo que se considera al Estado responsable de estos hechos.
Miles de banderas, carteles, remeras y cuerpos pintados con las consignas: “Ni una menos”, “Vivas nos queremos”, “Basta de violencia machista”, “Basta de matarnos”, “Libertad a Milagro Sala” y tantos pedidos más, estuvieron en la calle el frío sábado 3 de junio. Fueron gritos que se plasmaron en papel y también en la piel, para exigir que ser mujer ya no cueste vida.
(*) Flavia Campeis, actualmente trabaja en Periódico Síntesis de la ciudad de San Lorenzo desde hace más de diez años y coordina la radio comunitaria Fm Poriajhú de Capitán Bermúdez. Es corresponsal del informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco) y realiza colaboraciones con distintos medios nacionales y de América Latina.
FISCALÍA INSTA A MADURO A CONVOCAR ELECCIONES (*)
Ortega Díaz invita al presidente a retomar el diálogo para evitar que se dispare la conflictividad en las calles del país.
Por Juan Francisco Alonso
Integrante HUMANOS
Caracas
Aunque aseguró que no busca enfrentarse a él, la fiscala general de la República, Luisa Ortega Díaz, se está volviendo en un obstáculo cada vez más molesto para el plan de reformar la Constitución de Nicolás Maduro.
La funcionaria, otrora considerada como uno de los brazos ejecutores de la persecución judicial a la disidencia, le pidió a mandatario no insistir la convocatoria de una Constituyente, sin antes consultarle a los electores si están de acuerdo con esa iniciativa, en un referendo.
«Me gustaría que echara para atrás esta Constituyente, que le pidiera al Consejo Nacional Electoral (CNE) que adelantara las elecciones regionales y que siga insistiendo en el diálogo, porque eso es importante, que llame a un diálogo sincero. El tema de la paz nunca se agota, el tema del diálogo nunca se agota», soltó Ortega Díaz, en una entrevista en la que reiteró que la iniciativa es inconstitucional, porque viola el principio de progresividad de los derechos humanos.
Las palabras de Ortega Díaz se produjeron apenas 24 horas después de que acudiera al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que rectificara su fallo avalando los planes de Maduro.
«Con la sentencia parece que volvemos o fue renovada la extinta democracia representativa. ¡Volvimos a [la derogada Constitución de] 1961!», aseguró.
Divisiones internas crecientes
La acción judicial de la fiscala general, la primera en contra de una iniciativa gubernamental, forzó a Maduro a prometer que los cambios que haga la Constituyente serán sometidos a las urnas, algo que algunos de sus colaboradores habían descartado antes.
Las críticas de Ortega ha puesto en evidencia el calado de las divisiones en el chavismo por cómo Maduro ha pretendido sortear la actual crisis política que estalló a finales de marzo, luego de los cuestionamientos que ella lanzó contra los fallos del Supremo, controlado por el oficialismo, que en la práctica liquidaron al Parlamento dominado por la oposición y que tienen en el punto de mira a los críticos.
El domingo pasado, la ex defensora del Pueblo Gabriela Ramírez, también cuestionó los planes presidenciales. «Ninguna Asamblea puede catalogarse como Constituyente si primero no bebe de la soberanía popular. Es impensable elegir a esos miembros si todo el pueblo no aprobó antes cuáles serán los términos y condiciones de esa elección. Y luego esos señores deberán volver a someter a la aprobación popular el producto de su labor», dijo.
Estrechos ex colaboradores de Hugo Chávez, como Miguel Rodríguez Torres, exjefe de los servicios de inteligencias; o Héctor Navarro, exministro de Educación, también fustigaron el plan.
(*) ESTE ARTICULO FUE ESCRITO PARA LA VOZ DE GALICIA
SE DISPARA LA REPRESIÓN
El crimen y las explicaciones que las autoridades han venido dando, tratando de responsabilizar a opositores
(*) En medio de lágrimas que no permitieron a muchos cantar el himno nacional fue sepultado el estudiante Juan Pablo Pernalete, una de las últimas víctimas de la represión a la ola de protestas opositoras en Venezuela que ya cumple un mes y que parece estar lejos de su fin.
El Cementerio del Este de Caracas se convirtió en escenario de una manifestación más contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Líderes opositores como Henrique Capriles, el presidente del Parlamento, Julio Borges; y varios diputados y alcaldes acompañaron a las decenas de jóvenes que estuvieron junto a la familia del asesinado.
Entre aplausos y gritos de «libertad» o «el pueblo unido jamás será vencido» fue despedido el féretro que llevaba los restos de Pernalete, muerto el miércoles cuando participaba en una marcha y donde se presume que un militar le disparó directo al pecho una bomba lacrimógena.
El crimen y las explicaciones que las autoridades han venido dando, tratando de responsabilizar a opositores encargar el asesinato para achacárselo al Ejecutivo, han provocado una ola de indignación que llevó a la oposición a retomar las calles y sumarse a la movilización que dirigentes estudiantiles de las principales universidades públicas y privadas de Caracas convocaron ayer para homenajear a los 29 fallecidos de la represión oficial, que no ha parado de endurecerse, con numerosos detenidos en todos los rincones del país.
Retienen a Tintori
El pasado viernes 28 de abril los antichavistas decidieron congregarse ante las cárceles donde hay presos políticos. Al tratar de llegar a la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, donde está recluido Leopoldo López, su esposa y madre, Lilian Tintori y Antonieta Mendoza, respectivamente, fueron retenidas durante unos minutos por efectivos de la Guardia Nacional.
«No nos dejan ver a Leopoldo López ni el día de su cumpleaños», denunciaron.El hartazgo de las autoridades por las protestas sigue en ascenso y prueba de ello es que en las últimas horas tres gobernadores, todos chavistas, han dictado decretos prohibiéndolas.
Estas decisiones fueron rechazadas por el primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, que pidió a los ciudadanos desacatarlas por inconstitucionales. «Gobernador que saque decreto, población que se declare en desobediencia civil», declaró.
Mientras, para eludir la presión internacional, Nicolás Maduro optó por apartarse de la Organización de Estados Americanos tras constatar que en el organismo hay una mayoría de países determinada a presionarle para que cumpla el calendario electoral y libere a los políticos presos.
(*) ESTE ARTICULO FUE ESCRITO PARA LA VOZ DE GALICIA
DÍA A DÍA MUEREN PERSONAS POR LA DELINCUENCIA EN VENEZUELA
En Ginebra, Suiza, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, evalúo la situación
"Más rápido se coge a un mentiroso que a un cojo".
En el Gobierno venezolano parecen no haber escuchado jamás este refrán, pues durante el II Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, realizado en Ginebra, Suiza, algunos de los funcionarios realizaron unas afirmaciones que no solo van a contracorriente de la realidad, sino que además desdicen a otras realizadas por otras autoridades hace meses o incluso semanas.
Así por ejemplo el viceministro del Interior, Hanthony Rafael Coello, aseguró ayer al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que el número de muertes por culpa del hampa en el país viene cayendo.
“La tasa de homicidios en el período 2012 a 2015 ha experimentado una tendencia a la baja, según el Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana en 2012 estaba en 55 homicidios por cada 100 mil mientras que en 2015 se situó en 51 por cada 100 mil habitantes, siendo la mayoría ajustes de cuentas”, dijo el funcionario al responder a los más de 20 países que expresaron su preocupación por el alto número de personas que día a día pierden la vida a manos de delincuentes.
Los datos aportados por Coello no se compadecen con los que en julio del año pasado dio la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, al Comité de Derechos Humanos de la misma ONU, a la que le reconoció que el índice de homicidios en 2014 cerró en 62 por cada 100.000 habitantes. Por su parte, en mayo de este año la jefa del Ministerio Público admitió que el número de muertes causadas por la violencia criminal podría ser superior al de 2015, cuando llegó a 17.776, pues reveló que 4.696 venezolanos fueron asesinados en el primer trimestre de 2016, cifra que es 6,8 % superior a la del mismo período del año pasado, cuando se registraron 4.393 homicidios.
La ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, también dejó a propios y extraños boquiabiertos al afirmar que los 5 millardos de bolívares que su despacho ha gastado en construir nuevas cárceles, cuyo número no precisó; y en reparar las existentes "nos ha permitido erradicar el hacinamiento y disminuir significativamente la violencia carcelaria".
"Venezuela ha cumplido con creces los compromisos asumidos en el primer EPU", sentenció, obviando que en el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, hace unas semanas denunció que en los calabozos policiales hay más de 30 mil detenidos, de los cuales unos 3 mil son condenados; es decir que obligatoriamente deberían estar en una prisión.
¿Promesas realizables?
Pese a que estudios como la Encuesta de Condiciones de Vida (Enconvi) aseguran que la pobreza se ha duplicado en los últimos años, las autoridades que acudieron al Consejo de Derechos Humanos aseguraron que trabajan para acabar la pobreza extrema en menos de tres años.
"Vamos a erradicar la pobreza extrema en 2019", afirmó la ministra de la Mujer, Blanca Eeckhout.
Las promesas parecen no haber convencido a los miembros de la instancia con sede en Ginebra (Suiza), pues 14 países expresaron su preocupación por la escasez de alimentos y medicinas que sufre el país; y algunos como Suecia, expresó su preocupación porque la situación degenere en una “hambruna” y por ello instó al Ejecutivo a tomar cartas en el asunto, para sobre todo proteger a los niños, no sin antes advertir de que los efectos sobre ellos pueden “volverse irreversibles”.
La Fundación Bengoa ha advertido que la déficit nutricional de los más pequeños ha pasado en estos meses del 12,6% al 22,5%.
Por su parte, la ministra de la Salud, Luisana Melo, aseveró que su despacho “garantiza de forma totalmente gratuita 230 medicamentos de alto costo, beneficiando a 780 mil personas”, entre las cuales destacó los 63 mil enfermos con el VIH-SIDA.
A lo largo de 2016 en Caracas se han registrado numerosas protestas de personas que padecen alguna dolencia para reclamar su derecho a la salud.
Otros asuntos
Las restricciones a la libertad de expresión, las amenazas contra los periodistas y medios de comunicación fue el asunto que más alarma generó, pues de los 103 países que participaron en la evaluación de Venezuela más de 30 solicitaron tomar medidas para asegurarle a los ciudadanos acceder a información y permitirle a los comunicadores ejercer su labor sin restricciones.
“La libertad de expresión en Venezuela se garantiza plenamente", soltó el viceministro de Comunicación Internacional, William Castillo, quien agregó: "En Venezuela ni un solo periodista o miembro de organización no gubernamental detenido o sometido a proceso judicial en razón de su actividad judicial".
El caso de los directivos de los diarios El Nacional y Tal Cual, a los que el diputado Diosdado Cabello demandó por replicar informaciones aparecidas en medios de Estados Unidos sobre sus supuestos nexos con el narcotráfico, es distinto, porque ellos están procesados "por difamación e injuria".
Sin embargo, el funcionario omitió los casos de los periodistas Hernán Lugo, Sofía Nederr y Javier Ignacio Mayorca, de El Nacional, demandados por el actual diputado del PSUV, Hugo Carvajal. Castillo tampoco considero violaciones a la libertad de expresión los procesos que los columnistas Carlos Genatios y Laureano Márquez enfrentan o enfrentaron.
La liberación de los presos políticos, los ataques contra los defensores de Derechos Humanos y el control que el Gobierno ejerce sobre la justicia fueron otros de los asuntos por los que los miembros de la ONU expresaron su preocupación.
Ortega Díaz invita al presidente a retomar el diálogo para evitar que se dispare la conflictividad en las calles del país.
Por Juan Francisco Alonso
Integrante HUMANOS
Caracas
Aunque aseguró que no busca enfrentarse a él, la fiscala general de la República, Luisa Ortega Díaz, se está volviendo en un obstáculo cada vez más molesto para el plan de reformar la Constitución de Nicolás Maduro.
La funcionaria, otrora considerada como uno de los brazos ejecutores de la persecución judicial a la disidencia, le pidió a mandatario no insistir la convocatoria de una Constituyente, sin antes consultarle a los electores si están de acuerdo con esa iniciativa, en un referendo.
«Me gustaría que echara para atrás esta Constituyente, que le pidiera al Consejo Nacional Electoral (CNE) que adelantara las elecciones regionales y que siga insistiendo en el diálogo, porque eso es importante, que llame a un diálogo sincero. El tema de la paz nunca se agota, el tema del diálogo nunca se agota», soltó Ortega Díaz, en una entrevista en la que reiteró que la iniciativa es inconstitucional, porque viola el principio de progresividad de los derechos humanos.
Las palabras de Ortega Díaz se produjeron apenas 24 horas después de que acudiera al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que rectificara su fallo avalando los planes de Maduro.
«Con la sentencia parece que volvemos o fue renovada la extinta democracia representativa. ¡Volvimos a [la derogada Constitución de] 1961!», aseguró.
Divisiones internas crecientes
La acción judicial de la fiscala general, la primera en contra de una iniciativa gubernamental, forzó a Maduro a prometer que los cambios que haga la Constituyente serán sometidos a las urnas, algo que algunos de sus colaboradores habían descartado antes.
Las críticas de Ortega ha puesto en evidencia el calado de las divisiones en el chavismo por cómo Maduro ha pretendido sortear la actual crisis política que estalló a finales de marzo, luego de los cuestionamientos que ella lanzó contra los fallos del Supremo, controlado por el oficialismo, que en la práctica liquidaron al Parlamento dominado por la oposición y que tienen en el punto de mira a los críticos.
El domingo pasado, la ex defensora del Pueblo Gabriela Ramírez, también cuestionó los planes presidenciales. «Ninguna Asamblea puede catalogarse como Constituyente si primero no bebe de la soberanía popular. Es impensable elegir a esos miembros si todo el pueblo no aprobó antes cuáles serán los términos y condiciones de esa elección. Y luego esos señores deberán volver a someter a la aprobación popular el producto de su labor», dijo.
Estrechos ex colaboradores de Hugo Chávez, como Miguel Rodríguez Torres, exjefe de los servicios de inteligencias; o Héctor Navarro, exministro de Educación, también fustigaron el plan.
(*) ESTE ARTICULO FUE ESCRITO PARA LA VOZ DE GALICIA
SE DISPARA LA REPRESIÓN
El crimen y las explicaciones que las autoridades han venido dando, tratando de responsabilizar a opositores
(*) En medio de lágrimas que no permitieron a muchos cantar el himno nacional fue sepultado el estudiante Juan Pablo Pernalete, una de las últimas víctimas de la represión a la ola de protestas opositoras en Venezuela que ya cumple un mes y que parece estar lejos de su fin.
El Cementerio del Este de Caracas se convirtió en escenario de una manifestación más contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Líderes opositores como Henrique Capriles, el presidente del Parlamento, Julio Borges; y varios diputados y alcaldes acompañaron a las decenas de jóvenes que estuvieron junto a la familia del asesinado.
Entre aplausos y gritos de «libertad» o «el pueblo unido jamás será vencido» fue despedido el féretro que llevaba los restos de Pernalete, muerto el miércoles cuando participaba en una marcha y donde se presume que un militar le disparó directo al pecho una bomba lacrimógena.
El crimen y las explicaciones que las autoridades han venido dando, tratando de responsabilizar a opositores encargar el asesinato para achacárselo al Ejecutivo, han provocado una ola de indignación que llevó a la oposición a retomar las calles y sumarse a la movilización que dirigentes estudiantiles de las principales universidades públicas y privadas de Caracas convocaron ayer para homenajear a los 29 fallecidos de la represión oficial, que no ha parado de endurecerse, con numerosos detenidos en todos los rincones del país.
Retienen a Tintori
El pasado viernes 28 de abril los antichavistas decidieron congregarse ante las cárceles donde hay presos políticos. Al tratar de llegar a la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, donde está recluido Leopoldo López, su esposa y madre, Lilian Tintori y Antonieta Mendoza, respectivamente, fueron retenidas durante unos minutos por efectivos de la Guardia Nacional.
«No nos dejan ver a Leopoldo López ni el día de su cumpleaños», denunciaron.El hartazgo de las autoridades por las protestas sigue en ascenso y prueba de ello es que en las últimas horas tres gobernadores, todos chavistas, han dictado decretos prohibiéndolas.
Estas decisiones fueron rechazadas por el primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, que pidió a los ciudadanos desacatarlas por inconstitucionales. «Gobernador que saque decreto, población que se declare en desobediencia civil», declaró.
Mientras, para eludir la presión internacional, Nicolás Maduro optó por apartarse de la Organización de Estados Americanos tras constatar que en el organismo hay una mayoría de países determinada a presionarle para que cumpla el calendario electoral y libere a los políticos presos.
(*) ESTE ARTICULO FUE ESCRITO PARA LA VOZ DE GALICIA
DÍA A DÍA MUEREN PERSONAS POR LA DELINCUENCIA EN VENEZUELA
En Ginebra, Suiza, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, evalúo la situación
"Más rápido se coge a un mentiroso que a un cojo".
En el Gobierno venezolano parecen no haber escuchado jamás este refrán, pues durante el II Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, realizado en Ginebra, Suiza, algunos de los funcionarios realizaron unas afirmaciones que no solo van a contracorriente de la realidad, sino que además desdicen a otras realizadas por otras autoridades hace meses o incluso semanas.
Así por ejemplo el viceministro del Interior, Hanthony Rafael Coello, aseguró ayer al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que el número de muertes por culpa del hampa en el país viene cayendo.
“La tasa de homicidios en el período 2012 a 2015 ha experimentado una tendencia a la baja, según el Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana en 2012 estaba en 55 homicidios por cada 100 mil mientras que en 2015 se situó en 51 por cada 100 mil habitantes, siendo la mayoría ajustes de cuentas”, dijo el funcionario al responder a los más de 20 países que expresaron su preocupación por el alto número de personas que día a día pierden la vida a manos de delincuentes.
Los datos aportados por Coello no se compadecen con los que en julio del año pasado dio la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, al Comité de Derechos Humanos de la misma ONU, a la que le reconoció que el índice de homicidios en 2014 cerró en 62 por cada 100.000 habitantes. Por su parte, en mayo de este año la jefa del Ministerio Público admitió que el número de muertes causadas por la violencia criminal podría ser superior al de 2015, cuando llegó a 17.776, pues reveló que 4.696 venezolanos fueron asesinados en el primer trimestre de 2016, cifra que es 6,8 % superior a la del mismo período del año pasado, cuando se registraron 4.393 homicidios.
La ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, también dejó a propios y extraños boquiabiertos al afirmar que los 5 millardos de bolívares que su despacho ha gastado en construir nuevas cárceles, cuyo número no precisó; y en reparar las existentes "nos ha permitido erradicar el hacinamiento y disminuir significativamente la violencia carcelaria".
"Venezuela ha cumplido con creces los compromisos asumidos en el primer EPU", sentenció, obviando que en el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, hace unas semanas denunció que en los calabozos policiales hay más de 30 mil detenidos, de los cuales unos 3 mil son condenados; es decir que obligatoriamente deberían estar en una prisión.
¿Promesas realizables?
Pese a que estudios como la Encuesta de Condiciones de Vida (Enconvi) aseguran que la pobreza se ha duplicado en los últimos años, las autoridades que acudieron al Consejo de Derechos Humanos aseguraron que trabajan para acabar la pobreza extrema en menos de tres años.
"Vamos a erradicar la pobreza extrema en 2019", afirmó la ministra de la Mujer, Blanca Eeckhout.
Las promesas parecen no haber convencido a los miembros de la instancia con sede en Ginebra (Suiza), pues 14 países expresaron su preocupación por la escasez de alimentos y medicinas que sufre el país; y algunos como Suecia, expresó su preocupación porque la situación degenere en una “hambruna” y por ello instó al Ejecutivo a tomar cartas en el asunto, para sobre todo proteger a los niños, no sin antes advertir de que los efectos sobre ellos pueden “volverse irreversibles”.
La Fundación Bengoa ha advertido que la déficit nutricional de los más pequeños ha pasado en estos meses del 12,6% al 22,5%.
Por su parte, la ministra de la Salud, Luisana Melo, aseveró que su despacho “garantiza de forma totalmente gratuita 230 medicamentos de alto costo, beneficiando a 780 mil personas”, entre las cuales destacó los 63 mil enfermos con el VIH-SIDA.
A lo largo de 2016 en Caracas se han registrado numerosas protestas de personas que padecen alguna dolencia para reclamar su derecho a la salud.
Otros asuntos
Las restricciones a la libertad de expresión, las amenazas contra los periodistas y medios de comunicación fue el asunto que más alarma generó, pues de los 103 países que participaron en la evaluación de Venezuela más de 30 solicitaron tomar medidas para asegurarle a los ciudadanos acceder a información y permitirle a los comunicadores ejercer su labor sin restricciones.
“La libertad de expresión en Venezuela se garantiza plenamente", soltó el viceministro de Comunicación Internacional, William Castillo, quien agregó: "En Venezuela ni un solo periodista o miembro de organización no gubernamental detenido o sometido a proceso judicial en razón de su actividad judicial".
El caso de los directivos de los diarios El Nacional y Tal Cual, a los que el diputado Diosdado Cabello demandó por replicar informaciones aparecidas en medios de Estados Unidos sobre sus supuestos nexos con el narcotráfico, es distinto, porque ellos están procesados "por difamación e injuria".
Sin embargo, el funcionario omitió los casos de los periodistas Hernán Lugo, Sofía Nederr y Javier Ignacio Mayorca, de El Nacional, demandados por el actual diputado del PSUV, Hugo Carvajal. Castillo tampoco considero violaciones a la libertad de expresión los procesos que los columnistas Carlos Genatios y Laureano Márquez enfrentan o enfrentaron.
La liberación de los presos políticos, los ataques contra los defensores de Derechos Humanos y el control que el Gobierno ejerce sobre la justicia fueron otros de los asuntos por los que los miembros de la ONU expresaron su preocupación.
CINCO AÑOS DE ATAQUES Y CLAUSURA DE MEDIOS EN ECUADOR
Por Wilson Medardo Cabrera
Integrante HUMANOS
Ciudad Macas, Ecuador
El domingo 3 de abril se conmemora la brutal arremetida del gobierno de Rafael Correa Delgado, Presidente de Ecuador, no solo contra radio LA VOZ DE LA ESMERALDA ORIENTAL CANELA 103.7, sino en su propósito de neutralizar, clausurar y perseguir medios de comunicación radial y televisiva, en actos ejecutados de forma arbitraria de un gobierno prepotente y abusivo.
El gobierno de Rafael Correa, que inició su mandato el 15 de enero del 2007 (es decir en el poder por más de nueve años en Ecuador), desde su inicio atacó y persiguió a medios de comunicación y periodistas de este país.
Los ataques a Teleamazonas, Ecuavisa, El Comercio, El Universo, Expreso, Revista Vistazo, como también a destacados periodistas como: Jorge Ortiz, Carlos Vera, Emilio Palacio, Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, por difundir y demostrar con trabajos periodísticos de investigación, hechos que evidenciaban irregularidades en este gobierno, no fue lo único, sino que igualmente destruyó y neutralizó medios en varias provincias.
Así sucedió el domingo 3 de abril del 2011, cuando la estación de radio LA VOZ DE LA ESMERALDA ORIENTAL CANELA 103.7 fue sacada del aire de manera arbitraria, mientras se encontraba en proceso de renovación de su frecuencia.
Según informes de los organismos competentes, se había cumplido plenamente por parte del concesionario Wilson Medardo Cabrera Riera, un severo crítico de hechos de presunta corrupción de funcionarios de la administración gubernamental de Correa en su provincia, como fue el caso del Ministro de Deportes, Raúl Carrión y varios asesores de esa cartera de Estado, involucrados en el denominado escándalo “COME CHEQUES”, tras negociados en la construcción de obras deportivas que quedaron inconclusas en Macas.
Fue el 3 de abril del 2011 a las 10:30, cuando la radio cumplía con su programación regular, que funcionarios del Ministerio de Gobierno, acompañados de técnicos de la Superintendencia de Telecomunicaciones de Cuenca, junto a varios elementos de la Policía Nacional Ecuatoriana, destruyeron de manera brutal las instalaciones de la estación radial en los cerros Kílamo, frente a Macas; Patuca y Limón Indanza.
Fue tal la arremetida implementada, que todos los sistemas radiales, fueron cortados con cierras y machetes y de manera electrónica, destruidos en los interiores de las casetas, los transmisores de la radio. Pero no satisfechos con esa acción brutal, el lunes 4 de abril del 2011, apenas 24 horas después, con más de un centenar de policías, los mismos funcionarios del Ministerio de Gobierno, encabezados por Fabián Brito Mancero, de la Superintendencia de Telecomunicaciones, arremetieron con el poder represivo del gobierno, las oficinas de la radio para substraerse los equipos de cabinas y enlaces, que no se encontraban funcionando, pues la radio había sido neutralizada con anterioridad por las mismas instancias del gobierno.
Todas estas acciones del poder estatal, se realizó a pesar de que se cumplían plenamente con recursos legales, a los que como concesionario tenía derecho y previamente estaban interpuestos en el Tribunal Contencioso Administrativo.
La Voz de la Esmeralda Oriental Canela 103.7 de Macas, Morona Santiago, es la primera radio clausurada por el gobierno de Rafael Correa Delgado, en Ecuador; como así lo define Fundamedios, organismo no gubernamental que realiza su labor de monitoreo sobre Libertad de Expresión y lo que sucede con los medios de comunicación en este país sudamericano.
Dicha ONG, interpuso una serie de argumentos, tras una investigación realizada sobre la situación de nuestro medio, incluso logró incorporar la presencia de su representante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Cidh, ante la Relatoría de Libertad de Expresión, previsto para el 23 de octubre del 2011.
Sin embargo, ante esa probabilidad, el gobierno con intervención de instancias de la Policía Nacional, impidieron la salida del país al representante del medio, vulnerando una vez más sus derechos y advirtiendo un poder dictatorial contra medios y periodistas, que a futuro fue empeorando en Ecuador, como está demostrado con las acciones judiciales emprendidas contra Diario El Universo, Directores, Editores, igualmente por el caso “Gran Hermano” los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita.
Pero eso no fue todo, la persecución del gobierno al Representante de radio La Voz de la Esmeralda Oriental Canela 103.7, también fue vía cadenas nacionales, ridiculizando de manera infame su trayectoria e implementando acciones judiciales penales, con el argumento que la operación de la estación era “clandestina”.
Algo que a pesar que la justicia actúa baja disposiciones del poder ejecutivo en esta nación, no pudieron sino reconocer por medio de un Tribunal Penal del Consejo de la Judicatura en Macas, que lo que habían realizado los funcionarios y entidades del gobierno, fue un total atropello a toda norma jurídica, técnica y humana, como así se desprende y se entiende en la Sentencia emitida el 20 de noviembre del 2014, que declara la inocencia del ilegalmente imputado concesionario de la radio Wilson Medardo Cabrera Riera; disposición judicial, que hasta el momento no cumple el gobierno a través de la reemplazante entidad de la Superintendencia de Telecomunicaciones, denominada Arcotel, conformada para sepultar todos los abusos y clausuras de medios, que superan más de dos docenas hasta el momento.
Pero en este caso el objetivo del gobierno no fue únicamente neutralizar a este medio por crítico a la acción gubernamental, también fue por su seguimiento a casos de persecución a líderes indígenas, igualmente a su afán de poner en marcha explotación de recursos no renovables como la minería a gran escala en zonas de población nativa; sus compromisos con empresarios privados interesados en la ejecución de proyectos hidroeléctricos, sin beneficio para los pobladores en las áreas de influencia; o sea tras los atropellos, habría un poder económico y político, que está confabulado no solo en el ataque a este medio de comunicación sino otros en Macas, como es el caso canal público Telesangay y radios y televisoras de Loja, del concesionario Ramiro Cueva, quien igualmente de manera brutal, fue atacado y neutralizado sus medios radial y televisivo.
Integrante HUMANOS
Ciudad Macas, Ecuador
El domingo 3 de abril se conmemora la brutal arremetida del gobierno de Rafael Correa Delgado, Presidente de Ecuador, no solo contra radio LA VOZ DE LA ESMERALDA ORIENTAL CANELA 103.7, sino en su propósito de neutralizar, clausurar y perseguir medios de comunicación radial y televisiva, en actos ejecutados de forma arbitraria de un gobierno prepotente y abusivo.
El gobierno de Rafael Correa, que inició su mandato el 15 de enero del 2007 (es decir en el poder por más de nueve años en Ecuador), desde su inicio atacó y persiguió a medios de comunicación y periodistas de este país.
Los ataques a Teleamazonas, Ecuavisa, El Comercio, El Universo, Expreso, Revista Vistazo, como también a destacados periodistas como: Jorge Ortiz, Carlos Vera, Emilio Palacio, Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, por difundir y demostrar con trabajos periodísticos de investigación, hechos que evidenciaban irregularidades en este gobierno, no fue lo único, sino que igualmente destruyó y neutralizó medios en varias provincias.
Así sucedió el domingo 3 de abril del 2011, cuando la estación de radio LA VOZ DE LA ESMERALDA ORIENTAL CANELA 103.7 fue sacada del aire de manera arbitraria, mientras se encontraba en proceso de renovación de su frecuencia.
Según informes de los organismos competentes, se había cumplido plenamente por parte del concesionario Wilson Medardo Cabrera Riera, un severo crítico de hechos de presunta corrupción de funcionarios de la administración gubernamental de Correa en su provincia, como fue el caso del Ministro de Deportes, Raúl Carrión y varios asesores de esa cartera de Estado, involucrados en el denominado escándalo “COME CHEQUES”, tras negociados en la construcción de obras deportivas que quedaron inconclusas en Macas.
Fue el 3 de abril del 2011 a las 10:30, cuando la radio cumplía con su programación regular, que funcionarios del Ministerio de Gobierno, acompañados de técnicos de la Superintendencia de Telecomunicaciones de Cuenca, junto a varios elementos de la Policía Nacional Ecuatoriana, destruyeron de manera brutal las instalaciones de la estación radial en los cerros Kílamo, frente a Macas; Patuca y Limón Indanza.
Fue tal la arremetida implementada, que todos los sistemas radiales, fueron cortados con cierras y machetes y de manera electrónica, destruidos en los interiores de las casetas, los transmisores de la radio. Pero no satisfechos con esa acción brutal, el lunes 4 de abril del 2011, apenas 24 horas después, con más de un centenar de policías, los mismos funcionarios del Ministerio de Gobierno, encabezados por Fabián Brito Mancero, de la Superintendencia de Telecomunicaciones, arremetieron con el poder represivo del gobierno, las oficinas de la radio para substraerse los equipos de cabinas y enlaces, que no se encontraban funcionando, pues la radio había sido neutralizada con anterioridad por las mismas instancias del gobierno.
Todas estas acciones del poder estatal, se realizó a pesar de que se cumplían plenamente con recursos legales, a los que como concesionario tenía derecho y previamente estaban interpuestos en el Tribunal Contencioso Administrativo.
La Voz de la Esmeralda Oriental Canela 103.7 de Macas, Morona Santiago, es la primera radio clausurada por el gobierno de Rafael Correa Delgado, en Ecuador; como así lo define Fundamedios, organismo no gubernamental que realiza su labor de monitoreo sobre Libertad de Expresión y lo que sucede con los medios de comunicación en este país sudamericano.
Dicha ONG, interpuso una serie de argumentos, tras una investigación realizada sobre la situación de nuestro medio, incluso logró incorporar la presencia de su representante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Cidh, ante la Relatoría de Libertad de Expresión, previsto para el 23 de octubre del 2011.
Sin embargo, ante esa probabilidad, el gobierno con intervención de instancias de la Policía Nacional, impidieron la salida del país al representante del medio, vulnerando una vez más sus derechos y advirtiendo un poder dictatorial contra medios y periodistas, que a futuro fue empeorando en Ecuador, como está demostrado con las acciones judiciales emprendidas contra Diario El Universo, Directores, Editores, igualmente por el caso “Gran Hermano” los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita.
Pero eso no fue todo, la persecución del gobierno al Representante de radio La Voz de la Esmeralda Oriental Canela 103.7, también fue vía cadenas nacionales, ridiculizando de manera infame su trayectoria e implementando acciones judiciales penales, con el argumento que la operación de la estación era “clandestina”.
Algo que a pesar que la justicia actúa baja disposiciones del poder ejecutivo en esta nación, no pudieron sino reconocer por medio de un Tribunal Penal del Consejo de la Judicatura en Macas, que lo que habían realizado los funcionarios y entidades del gobierno, fue un total atropello a toda norma jurídica, técnica y humana, como así se desprende y se entiende en la Sentencia emitida el 20 de noviembre del 2014, que declara la inocencia del ilegalmente imputado concesionario de la radio Wilson Medardo Cabrera Riera; disposición judicial, que hasta el momento no cumple el gobierno a través de la reemplazante entidad de la Superintendencia de Telecomunicaciones, denominada Arcotel, conformada para sepultar todos los abusos y clausuras de medios, que superan más de dos docenas hasta el momento.
Pero en este caso el objetivo del gobierno no fue únicamente neutralizar a este medio por crítico a la acción gubernamental, también fue por su seguimiento a casos de persecución a líderes indígenas, igualmente a su afán de poner en marcha explotación de recursos no renovables como la minería a gran escala en zonas de población nativa; sus compromisos con empresarios privados interesados en la ejecución de proyectos hidroeléctricos, sin beneficio para los pobladores en las áreas de influencia; o sea tras los atropellos, habría un poder económico y político, que está confabulado no solo en el ataque a este medio de comunicación sino otros en Macas, como es el caso canal público Telesangay y radios y televisoras de Loja, del concesionario Ramiro Cueva, quien igualmente de manera brutal, fue atacado y neutralizado sus medios radial y televisivo.
CRISIS COLOMBO VENEZOLANA
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Por Ximena Cabrera Minotta
Integrante HUMANOS
Cali, Colombia
En promedio cada 8 horas llegan 34 personas a Cali, al sur de Colombia por crisis en la frontera con Venezuela; último registro: 343 víctimas atendidas.
Lo confieso: entrevistar a los colombianos expulsados de Venezuela y a los hijos de ese país que han llegado a la Capital del Valle, debido a la crisis en la frontera desatada por cuenta del presidente Nicolás Maduro, ha sido hasta ahora, de los hechos más dolorosos que he vivido en mis escasos seis años de experiencia como periodista.
Cabe precisar que el Mandatario Maduro instaló militares en la frontera binacional de Paraguachón para impedir el paso de una nación a otra. La localidad en mención, pertenece a Maicao, Venezuela y se encuentra ubicada en el Departamento de La Guajira, al norte de Colombia. Es decir, se encuentra al margen de la frontera con Venezuela y es donde culmina laTransversal del Caribe.1
Y esa decisión de Maduro, tristemente me ha dado la oportunidad de conocer algunas de las desgarradoras historias que se escuchan en la oficina de Atención y Orientación al Desplazado, U.A.O., que pertenece a la Asesoría de Paz de Cali. Es en este lugar ubicado al norte de la ciudad, desde hace dos semanas, contando diez días laborales (de lunes a viernes) y en una jornada de ocho horas continuas, se atienden en promedio a 34 personas, entre colombianos y venezolanos, quienes llegan a buscar una solución de vida.
Las cifras que representan dramas familiares, se entregaron reciente por el asesor de paz de Cali, Felipe Montoya:
“Los venezolanos y colombianos que han llegado a Cali durante las últimas dos semanas, afirman en sus declaraciones que lo han hecho de forma voluntaria, por amenazas o deportación, debido a la crisis en la frontera y que cuentan con familiares en la ciudad. En total hemos atendido a 343 personas, de las cuales 184 son mujeres y 65 de ellas son niñas. 159 son hombres y 48 de ellos, niños. Es decir, que tenemos a 113 menores de edad”. Afirmó el funcionario.
Sin desconocer la dimensión de las cifras, también soy consciente que me faltará mucho por vivir desde la profesión que reconozco, me he enamorado más desde mi actual trabajo. Soy la comunicadora de la Asesoría de Paz. Pero, la verdad, escuchar y ver el rostro de quienes han sido víctimas de la persecución mientras me contaban con lágrimas en sus ojos como debieron pasar trochas; caminar 12 horas; entregar a sus hijos venezolanos a desconocidos para sacarlos de Venezuela, fue muy duro.
Aunque trataba de no titubear y ser lo más prudente con mis preguntas para que tanto venezolanos como colombianos no se fueran a sentir más lastimados de lo que ya estaban, me resultó muy complejo. Y, lo preocupante, es que parecen vivir un viacrucis interminable. La razón: el Gobierno Nacional no había dado la ruta de atención para esta población al momento de mis entrevistas, tal como sucede para hoy, martes 22 de septiembre.
Por supuesto, en los días anteriores a mis entrevistas, había leído noticias, visto las frías imágenes en los medios de comunicación y escuchado testimonios radiales, pero no había tenido a mi lado a esas personas que infortunadamente, aún son protagonistas de un capitulo de miedo, persecución y desesperanza.
Y aunque no es fácil de admitir, por momentos creí perder el control de lo que estaba escuchando y viendo en el lugar, donde hace un mes quedaba mi lugar de trabajo y ahora funciona la U.A.O., que pertenece a la Asesoría de Paz. Suspendí muchas veces las entrevistas, esquivé la mirada, apreté fuerte con mis manos el lapicero mientras tomaba los apuntes y me aferraba a mi celular para grabar sus testimonios. Todo esto lo hice para no llorar con ellos o llenarme de rabia, porque sabía que ninguna de mis decisiones cambiaría la vida de los desterrados. Por eso, mejor les decía mientras tomaba sus manos: Dios l@ bendig @ y recuerde que Él aprieta pero no ahorca. Muchas gracias por compartirme su historia.
Algunas de ellas, la de Pedro. Un padre colombiano que entregó en los límites de la frontera a su hija venezolana a una desconocida, también oriunda de ese país, para que ella ayudara a ingresar a su pequeña al Combinado Patrio, atravesando una trocha:
“Yo no podía traerla porque la guardia venezolana decía que los niños venezolanos les pertenecen. A esa señora que yo no conocía, le pagué con la ropa y unos bolsos que mi esposa tenía”. Me dijo Pedro, mientras esperaba que lo atendieran en la U.A.O.
Por fortuna, él volvió a tener en brazos a su pequeña pero desconoce su panorama laboral en Cali.
“Yo lo único que quiero es ponerme a trabajar y salir adelante. Yo en Venezuela atendía un hotel”: Me contó Pedro mientras fruncía el ceño para contener las lagrimas en sus ojos enrojecidos.
Otro de los desalentadores casos es el de Hugo, un colombiano con nacionalidad venezolana, quien prefirió guardar su identidad completa por temor a más atrocidades:
“Por miedo me vine de Venezuela porque Maduro bloqueo mis cuentas y ya no tengo como ayudar a mi familia”.
También, conocí el drama de José Rodil Dugarte, un venezolano casado con una caleña, quien aseguró: “la persecución en mi país nos llevó a viajar a Cali. Es la factura de hace unos años”. Dijo Dugarte, padre de tres niñas de 1, 4 y 13 años, llegó con su familia desde el pasado 19 de julio.
“Ahora es que se está viendo todo pero las cosas venían muy mal desde hace mucho tiempo. Por eso, decidimos venirnos. Yo era abogado en mi país pero las puertas se me empezaron a cerrar desde que firmé cuando se interpuso un referendo revocatorio contra Hugo Chávez. Eso fue hace unos años, no recuerdo bien. Además, durante 5 años intenté sacarle papeles a mi esposa colombiana pero no fue posible”.
La otra historia que conocí fue la de una venezolana casada con un colombiano de profesión carpintero, madre de 3 hijos que llegó por primera vez a Cali y dejó su casa en Valencia, ubicada a 12 horas de la frontera por temor a ser expulsados.
Información de contexto: atención a las personas por la crisis fronteriza
Es importante tener en cuenta que el municipio de Cali fue el primero y hasta el momento, el único, que hizo presencia en la frontera y ofrece en la ciudad los servicios del Estado, es decir, asistencia humanitaria, en la U.A.O., bajo la figura de población vulnerable.
“A las personas que han llegado las hemos orientado como si fueran víctimas del conflicto en relación a los servicios de formación en el SENA, que en el momento nos está ayudando con cursos básicos de cocina, panadería, marroquinería y calzado; además de las ofertas de empleabilidad que nos llega a la Asesoría para la población vulnerable; vinculación al sistema de educación cuando son menores entre los 5 y 17 años, y a jardines infantiles del ICBF, a través de su programa de 0 a siempre”. Señaló el asesor de paz, Felipe Montoya.
Además, conforme al funcionario quien viajó a Cúcuta para conocer la situación en la frontera, el panorama es desalentador. “Hay albergues de familias desintegradas, otras que permanecen unidas pero con la indecisión de aguantar el calvario en Venezuela o regresarse a Cali a emprender una nueva vida. Viajé para conocer un reporte real de la situación y ayudar a los caleños que querían retornar”.
Finalmente, Montoya enfatizó que por el momento y mientras llega la directriz del Gobierno Nacional, no se dispondrán de albergues, porque esa medida no ofrecería condiciones de dignidad y que por fortuna, las persona que han llegado se han instalado en casa de sus familiares.
Fotos: Natalia Hoyos, profesional de la Asesoría de Paz de la Alcaldía de Cali, Colombia
Integrante HUMANOS
Cali, Colombia
En promedio cada 8 horas llegan 34 personas a Cali, al sur de Colombia por crisis en la frontera con Venezuela; último registro: 343 víctimas atendidas.
Lo confieso: entrevistar a los colombianos expulsados de Venezuela y a los hijos de ese país que han llegado a la Capital del Valle, debido a la crisis en la frontera desatada por cuenta del presidente Nicolás Maduro, ha sido hasta ahora, de los hechos más dolorosos que he vivido en mis escasos seis años de experiencia como periodista.
Cabe precisar que el Mandatario Maduro instaló militares en la frontera binacional de Paraguachón para impedir el paso de una nación a otra. La localidad en mención, pertenece a Maicao, Venezuela y se encuentra ubicada en el Departamento de La Guajira, al norte de Colombia. Es decir, se encuentra al margen de la frontera con Venezuela y es donde culmina laTransversal del Caribe.1
Y esa decisión de Maduro, tristemente me ha dado la oportunidad de conocer algunas de las desgarradoras historias que se escuchan en la oficina de Atención y Orientación al Desplazado, U.A.O., que pertenece a la Asesoría de Paz de Cali. Es en este lugar ubicado al norte de la ciudad, desde hace dos semanas, contando diez días laborales (de lunes a viernes) y en una jornada de ocho horas continuas, se atienden en promedio a 34 personas, entre colombianos y venezolanos, quienes llegan a buscar una solución de vida.
Las cifras que representan dramas familiares, se entregaron reciente por el asesor de paz de Cali, Felipe Montoya:
“Los venezolanos y colombianos que han llegado a Cali durante las últimas dos semanas, afirman en sus declaraciones que lo han hecho de forma voluntaria, por amenazas o deportación, debido a la crisis en la frontera y que cuentan con familiares en la ciudad. En total hemos atendido a 343 personas, de las cuales 184 son mujeres y 65 de ellas son niñas. 159 son hombres y 48 de ellos, niños. Es decir, que tenemos a 113 menores de edad”. Afirmó el funcionario.
Sin desconocer la dimensión de las cifras, también soy consciente que me faltará mucho por vivir desde la profesión que reconozco, me he enamorado más desde mi actual trabajo. Soy la comunicadora de la Asesoría de Paz. Pero, la verdad, escuchar y ver el rostro de quienes han sido víctimas de la persecución mientras me contaban con lágrimas en sus ojos como debieron pasar trochas; caminar 12 horas; entregar a sus hijos venezolanos a desconocidos para sacarlos de Venezuela, fue muy duro.
Aunque trataba de no titubear y ser lo más prudente con mis preguntas para que tanto venezolanos como colombianos no se fueran a sentir más lastimados de lo que ya estaban, me resultó muy complejo. Y, lo preocupante, es que parecen vivir un viacrucis interminable. La razón: el Gobierno Nacional no había dado la ruta de atención para esta población al momento de mis entrevistas, tal como sucede para hoy, martes 22 de septiembre.
Por supuesto, en los días anteriores a mis entrevistas, había leído noticias, visto las frías imágenes en los medios de comunicación y escuchado testimonios radiales, pero no había tenido a mi lado a esas personas que infortunadamente, aún son protagonistas de un capitulo de miedo, persecución y desesperanza.
Y aunque no es fácil de admitir, por momentos creí perder el control de lo que estaba escuchando y viendo en el lugar, donde hace un mes quedaba mi lugar de trabajo y ahora funciona la U.A.O., que pertenece a la Asesoría de Paz. Suspendí muchas veces las entrevistas, esquivé la mirada, apreté fuerte con mis manos el lapicero mientras tomaba los apuntes y me aferraba a mi celular para grabar sus testimonios. Todo esto lo hice para no llorar con ellos o llenarme de rabia, porque sabía que ninguna de mis decisiones cambiaría la vida de los desterrados. Por eso, mejor les decía mientras tomaba sus manos: Dios l@ bendig @ y recuerde que Él aprieta pero no ahorca. Muchas gracias por compartirme su historia.
Algunas de ellas, la de Pedro. Un padre colombiano que entregó en los límites de la frontera a su hija venezolana a una desconocida, también oriunda de ese país, para que ella ayudara a ingresar a su pequeña al Combinado Patrio, atravesando una trocha:
“Yo no podía traerla porque la guardia venezolana decía que los niños venezolanos les pertenecen. A esa señora que yo no conocía, le pagué con la ropa y unos bolsos que mi esposa tenía”. Me dijo Pedro, mientras esperaba que lo atendieran en la U.A.O.
Por fortuna, él volvió a tener en brazos a su pequeña pero desconoce su panorama laboral en Cali.
“Yo lo único que quiero es ponerme a trabajar y salir adelante. Yo en Venezuela atendía un hotel”: Me contó Pedro mientras fruncía el ceño para contener las lagrimas en sus ojos enrojecidos.
Otro de los desalentadores casos es el de Hugo, un colombiano con nacionalidad venezolana, quien prefirió guardar su identidad completa por temor a más atrocidades:
“Por miedo me vine de Venezuela porque Maduro bloqueo mis cuentas y ya no tengo como ayudar a mi familia”.
También, conocí el drama de José Rodil Dugarte, un venezolano casado con una caleña, quien aseguró: “la persecución en mi país nos llevó a viajar a Cali. Es la factura de hace unos años”. Dijo Dugarte, padre de tres niñas de 1, 4 y 13 años, llegó con su familia desde el pasado 19 de julio.
“Ahora es que se está viendo todo pero las cosas venían muy mal desde hace mucho tiempo. Por eso, decidimos venirnos. Yo era abogado en mi país pero las puertas se me empezaron a cerrar desde que firmé cuando se interpuso un referendo revocatorio contra Hugo Chávez. Eso fue hace unos años, no recuerdo bien. Además, durante 5 años intenté sacarle papeles a mi esposa colombiana pero no fue posible”.
La otra historia que conocí fue la de una venezolana casada con un colombiano de profesión carpintero, madre de 3 hijos que llegó por primera vez a Cali y dejó su casa en Valencia, ubicada a 12 horas de la frontera por temor a ser expulsados.
Información de contexto: atención a las personas por la crisis fronteriza
Es importante tener en cuenta que el municipio de Cali fue el primero y hasta el momento, el único, que hizo presencia en la frontera y ofrece en la ciudad los servicios del Estado, es decir, asistencia humanitaria, en la U.A.O., bajo la figura de población vulnerable.
“A las personas que han llegado las hemos orientado como si fueran víctimas del conflicto en relación a los servicios de formación en el SENA, que en el momento nos está ayudando con cursos básicos de cocina, panadería, marroquinería y calzado; además de las ofertas de empleabilidad que nos llega a la Asesoría para la población vulnerable; vinculación al sistema de educación cuando son menores entre los 5 y 17 años, y a jardines infantiles del ICBF, a través de su programa de 0 a siempre”. Señaló el asesor de paz, Felipe Montoya.
Además, conforme al funcionario quien viajó a Cúcuta para conocer la situación en la frontera, el panorama es desalentador. “Hay albergues de familias desintegradas, otras que permanecen unidas pero con la indecisión de aguantar el calvario en Venezuela o regresarse a Cali a emprender una nueva vida. Viajé para conocer un reporte real de la situación y ayudar a los caleños que querían retornar”.
Finalmente, Montoya enfatizó que por el momento y mientras llega la directriz del Gobierno Nacional, no se dispondrán de albergues, porque esa medida no ofrecería condiciones de dignidad y que por fortuna, las persona que han llegado se han instalado en casa de sus familiares.
Fotos: Natalia Hoyos, profesional de la Asesoría de Paz de la Alcaldía de Cali, Colombia
LA PRENSA VOLVERÁ A LA CALLE
Por Juan Francisco Alonso
Integrante HUMANOS
Caracas, Venezuela
"A la tercera va la vencida". Así dice el refrán y guiados por ello desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) llamaron, ya no sólo a los comunicadores, sino todos los venezolanos a marchar el próximo 18 de febrero para conseguir que las autoridades entreguen las divisas necesarias para importar el papel para los diarios y evitar que sigan cerrando.
La nueva movilización, la cual partirá desde la sede de la Defensoría del Pueblo, en la plaza Morelos de Caracas; y llegará hasta donde la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, tiene su despacho, en la avenida Universidad, es la respuesta al silencio de las autoridades.
Ayer ni Alejandro Fleming ni ningún subalterno suyo en el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) atendió a los manifestantes ni a una representación de ellos para darles una explicación sobre la situación de las divisas.
Para el secretario general del SNTP, Marcos Ruiz, calificó de "cobardía" la actitud del funcionario y agregó: "Él sabía que veníamos para solucionar los casos más urgentes y a que nos presentara un balance sobre la situación general de los diarios; y por eso la prensa sigue en la calle y volveremos a marchar el martes que viene. No volveremos a nuestras casas hasta que no tengamos respuesta".
En horas de la tarde, Fleming en declaraciones a la estatal Venezolana de Televisión (VTV), calificó de "política" la protesta y aunque no dijo qué pasará con las peticiones para los diarios soltó: "Garantizamos el acceso a las divisas a los sectores productivos que de verdad trabajan para la construcción de una economía sana".
En paz y acompañados
Bajo las consignas de "sin papel no hay empleo" y "con censura hay dictadura", los periodistas y empleados de una docena de diarios nacionales y regionales marcharon en paz desde la plaza Venezuela hasta Los Chaguáramos, donde están las oficinas del Cencoex.
Aunque la movilización se desarrolló sin incidentes, no estuvo exenta de problemas. El inicio de la caminata se vio demorado debido a que un cordón de la Policía Nacional impidió el paso por la calle que comunica a Plaza Venezuela con los estadios de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Aunque no hubo explicación en esa área está la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
No obstante, esto no impidió que los manifestantes cumplieran su cometido, pero modificando la ruta de la marcha.
No solo periodistas, fotógrafos, empleados administrativos y directivos de medios impresos participaron en la acción. También se dejaron ver estudiantes universitarios de distintas casas así como dirigentes políticos como la diputada María Corina Machado, el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma; o el exalcalde de Chacao, Leopoldo López.
"Estoy aquí por ti (en referencia a este reportero), por Belkis (una lectora de diarios que se sumó a la movilización) y por todos los venezolanos que tenemos que entender que esto va más allá de 30 mil empleos. El Gobierno quiere demoler la República y para ello es necesario silenciar a los medios", afirmó la legisladora.
Activistas de organizaciones como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic) también participaron.
"Estamos aquí porque la libertad de expresión es fundamental para las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, porque sin medios no podemos dar a conocer nuestros casos. Los medios han sido un apoyo fundamental en nuestra lucha para que haya justicia", afirmó Iris Medina, una de las fundadoras de Cofavic y cuyo esposo fue asesinado durante los hechos del Caracazo dentro de su casa.
Integrante HUMANOS
Caracas, Venezuela
"A la tercera va la vencida". Así dice el refrán y guiados por ello desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) llamaron, ya no sólo a los comunicadores, sino todos los venezolanos a marchar el próximo 18 de febrero para conseguir que las autoridades entreguen las divisas necesarias para importar el papel para los diarios y evitar que sigan cerrando.
La nueva movilización, la cual partirá desde la sede de la Defensoría del Pueblo, en la plaza Morelos de Caracas; y llegará hasta donde la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, tiene su despacho, en la avenida Universidad, es la respuesta al silencio de las autoridades.
Ayer ni Alejandro Fleming ni ningún subalterno suyo en el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) atendió a los manifestantes ni a una representación de ellos para darles una explicación sobre la situación de las divisas.
Para el secretario general del SNTP, Marcos Ruiz, calificó de "cobardía" la actitud del funcionario y agregó: "Él sabía que veníamos para solucionar los casos más urgentes y a que nos presentara un balance sobre la situación general de los diarios; y por eso la prensa sigue en la calle y volveremos a marchar el martes que viene. No volveremos a nuestras casas hasta que no tengamos respuesta".
En horas de la tarde, Fleming en declaraciones a la estatal Venezolana de Televisión (VTV), calificó de "política" la protesta y aunque no dijo qué pasará con las peticiones para los diarios soltó: "Garantizamos el acceso a las divisas a los sectores productivos que de verdad trabajan para la construcción de una economía sana".
En paz y acompañados
Bajo las consignas de "sin papel no hay empleo" y "con censura hay dictadura", los periodistas y empleados de una docena de diarios nacionales y regionales marcharon en paz desde la plaza Venezuela hasta Los Chaguáramos, donde están las oficinas del Cencoex.
Aunque la movilización se desarrolló sin incidentes, no estuvo exenta de problemas. El inicio de la caminata se vio demorado debido a que un cordón de la Policía Nacional impidió el paso por la calle que comunica a Plaza Venezuela con los estadios de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Aunque no hubo explicación en esa área está la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
No obstante, esto no impidió que los manifestantes cumplieran su cometido, pero modificando la ruta de la marcha.
No solo periodistas, fotógrafos, empleados administrativos y directivos de medios impresos participaron en la acción. También se dejaron ver estudiantes universitarios de distintas casas así como dirigentes políticos como la diputada María Corina Machado, el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma; o el exalcalde de Chacao, Leopoldo López.
"Estoy aquí por ti (en referencia a este reportero), por Belkis (una lectora de diarios que se sumó a la movilización) y por todos los venezolanos que tenemos que entender que esto va más allá de 30 mil empleos. El Gobierno quiere demoler la República y para ello es necesario silenciar a los medios", afirmó la legisladora.
Activistas de organizaciones como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic) también participaron.
"Estamos aquí porque la libertad de expresión es fundamental para las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, porque sin medios no podemos dar a conocer nuestros casos. Los medios han sido un apoyo fundamental en nuestra lucha para que haya justicia", afirmó Iris Medina, una de las fundadoras de Cofavic y cuyo esposo fue asesinado durante los hechos del Caracazo dentro de su casa.
OBISPOS LAMENTAN QUE LA VIOLENCIA HAGA SUFRIR A TANTOS
Por Juan Francisco Alonso
Integrante HUMANOS
Caracas, Venezuela
En el 2013 un total de 24.763 venezolanos perdieron su vida a manos de delincuentes que trataron de asaltarlos, secuestrarlos o simplemente que fueron contratados para tal fin.
"La insatisfacción del pueblo es grande, puesto que el Gobierno no ha logrado revertir los problemas sociales que más le afectan".
Esta advertencia a las autoridades la lanzó el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), monseñor Diego Padrón, al exigir a las autoridades redoblar sus esfuerzos por frenar la violencia criminal que azota al país.
"2013 no ha terminado satisfactoriamente ni el 2014 se asoma con buena cara. El país vive en la incertidumbre y con miedo", afirmó el también Arzobispo de Cumaná, quien agregó: "2013 ha sido un año particularmente violento, aún reconociendo el plan de seguridad del Gobierno Nacional (Plan Patria Segura), el índice de homicidios de Venezuela es porcentualmente superior al de los países de la región".
Al ser consultado sobre el asesinato de la ex Miss Venezuela y actriz Mónica Spear y su ex esposo, el empresario Henry Thomas Berry, el prelado lamentó que la mayoría de los venezolanos hayan sido víctimas de la inseguridad.
"Son más bien pocas las familias que no tienen un dolor grande por la muerte de un hijo, un esposo o un familiar. La violencia sigue siendo un problema fundamental y principal", se quejó.
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) el año pasado 24.763 venezolanos perdieron su vida a manos de delincuentes que trataron de asaltarlos, secuestrarlos o simplemente que fueron contratados para tal fin. Estas cifras colocan al país entre los cinco más peligrosos del mundo, superado sólo por Honduras, El Salvador, Costa de Marfil y Jamaica.
Otros problemas
Pero la violencia no fue el único problema que sufre el país al que Padrón le prestó atención en su discurso, pues también se refirió a la situación económica.
"En el año que acaba de terminar creció la escasez de alimentos en forma alarmante y hasta risiblemente trágica. Creció también el precio de los recursos básicos alimentarios y de cualquier otra índole que más necesita la población", señaló.
Tras recordar que en 2013 se mantuvieron las persistentes fallas eléctricas, el Presidente de la CEV alertó: "La acumulación de estos problemas, que no hacen distinción entre los ciudadanos, crea un creciente malestar social que se refleja en estados de tensión, descontento e incomodidad e incluso en trastornos o desequilibrios psíquicos".
Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) en el primer semestre de 2013 se registraron en el país 1.687 protestas y manifestaciones, es decir nueve diarias en promedio.
Integrante HUMANOS
Caracas, Venezuela
En el 2013 un total de 24.763 venezolanos perdieron su vida a manos de delincuentes que trataron de asaltarlos, secuestrarlos o simplemente que fueron contratados para tal fin.
"La insatisfacción del pueblo es grande, puesto que el Gobierno no ha logrado revertir los problemas sociales que más le afectan".
Esta advertencia a las autoridades la lanzó el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), monseñor Diego Padrón, al exigir a las autoridades redoblar sus esfuerzos por frenar la violencia criminal que azota al país.
"2013 no ha terminado satisfactoriamente ni el 2014 se asoma con buena cara. El país vive en la incertidumbre y con miedo", afirmó el también Arzobispo de Cumaná, quien agregó: "2013 ha sido un año particularmente violento, aún reconociendo el plan de seguridad del Gobierno Nacional (Plan Patria Segura), el índice de homicidios de Venezuela es porcentualmente superior al de los países de la región".
Al ser consultado sobre el asesinato de la ex Miss Venezuela y actriz Mónica Spear y su ex esposo, el empresario Henry Thomas Berry, el prelado lamentó que la mayoría de los venezolanos hayan sido víctimas de la inseguridad.
"Son más bien pocas las familias que no tienen un dolor grande por la muerte de un hijo, un esposo o un familiar. La violencia sigue siendo un problema fundamental y principal", se quejó.
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) el año pasado 24.763 venezolanos perdieron su vida a manos de delincuentes que trataron de asaltarlos, secuestrarlos o simplemente que fueron contratados para tal fin. Estas cifras colocan al país entre los cinco más peligrosos del mundo, superado sólo por Honduras, El Salvador, Costa de Marfil y Jamaica.
Otros problemas
Pero la violencia no fue el único problema que sufre el país al que Padrón le prestó atención en su discurso, pues también se refirió a la situación económica.
"En el año que acaba de terminar creció la escasez de alimentos en forma alarmante y hasta risiblemente trágica. Creció también el precio de los recursos básicos alimentarios y de cualquier otra índole que más necesita la población", señaló.
Tras recordar que en 2013 se mantuvieron las persistentes fallas eléctricas, el Presidente de la CEV alertó: "La acumulación de estos problemas, que no hacen distinción entre los ciudadanos, crea un creciente malestar social que se refleja en estados de tensión, descontento e incomodidad e incluso en trastornos o desequilibrios psíquicos".
Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) en el primer semestre de 2013 se registraron en el país 1.687 protestas y manifestaciones, es decir nueve diarias en promedio.
DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION EN VENEZUELA
Por Juan Francisco Alonso
Integrante HUMANOS
Caracas, Venezuela
“No van a lograr callar a ‘El Nacional’, tendrían que venir aquí con una tanqueta”. Así de contundente se mostró Miguel Henrique Otero, editor del diario venezolano, durante el brindis por el aniversario 70 del rotativo. Hacía clara alusión a la medida judicial de congelación de bienes y cuentas que le fue impuesta, y que ha tildado como otro ataque contra la libre circulación de ideas e informaciones en su país.
La acción contra Otero, aunque novedosa, se suma a la larga lista de procesos judiciales y administrativos que funcionarios o ex funcionarios han iniciado contra periodistas y medios en los últimos años. Espacio Público, una ONG dedicada a velar por el derecho a la libertad de expresión en Venezuela, ha contabilizado que 44 comunicadores y empresas periodísticas han sido demandados, enjuiciados o multados desde el 2002 hasta el 2012. Con los casos registrados este año, la cifra llega a 50.
“El bloqueo de las cuentas bancarias a directivos de me- dios es algo no visto. Segura- mente las autoridades han visto que genera un menor costo político y que la sociedad la tolera más que los juicios por difamación o injuria, que las multas o simplemente el cierre de medios como los que vimos en el 2007 con el caso de Radio Caracas Televisión (RCTV) y en el 2010 con las 32 emisoras radiales. Es un mecanismo sofisticado para golpear y ablandar a los medios”, afirma el director de Espacio Público, Carlos Correa. En su opinión, en Venezuela “hay un patrón de hostigamiento sistemático a los medios”.
En similares términos se pronuncia el presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Tinedo Guía, quien expresó su profunda preocupación “por el uso de la justicia para entorpecer la labor de los periodistas”.
Un año más difícil
Correa estima que el 2013 va por el camino de convertirse en uno de los peores años para ejercer el periodismo en Venezuela. “Estamos viendo un repunte de acciones contra comunicadores y medios como el que se registró luego del referendo revocatorio presidencial del 2004”, señala.
De hecho, en lo que va del 2013 dos periodistas han sido demandados por un gobernador oficialista por difamación e injuria; asimismo, días antes de la medida contra el máximo directivo de “El Nacional” los tribunales, a solicitud del chavismo, congelaron las cuentas del presidente del semanario “6to Poder”, Leocenis García, a quien acusaron de legitimar ca- pitales mediante esa empresa. Hoy García se encuentra bajo detención preventiva.
También se conoció la noticia de que un tribunal admitió la demanda que un empresario vinculado al chavismo –actualmente encarcelado por corrupción– interpuso contra el editor del diario regional “Correo del Caroní”, David Natera, justamente por publicar información sobre las investigaciones de sus presuntos delitos. El dictamen prohíbe al medio seguir dando cobertura al caso.
Meses atrás a Globovisión la Comisión Nacional de Tele- comunicaciones (Conatel) le abrió un procedimiento administrativo –el décimo en una década–, por una falla que ocurrió al momento de retransmitir un discurso del presidente Nicolás Maduro; y durante las exequias de Hugo Chávez una ciudadana fue detenida por enviar, vía Twitter, unos mensajes redactados en los que se ponía en duda que el cadáver del mandatario estuviera en la capilla ardiente colocada en la Academia Militar.
Por Juan Francisco Alonso
Integrante HUMANOS
Caracas, Venezuela
“No van a lograr callar a ‘El Nacional’, tendrían que venir aquí con una tanqueta”. Así de contundente se mostró Miguel Henrique Otero, editor del diario venezolano, durante el brindis por el aniversario 70 del rotativo. Hacía clara alusión a la medida judicial de congelación de bienes y cuentas que le fue impuesta, y que ha tildado como otro ataque contra la libre circulación de ideas e informaciones en su país.
La acción contra Otero, aunque novedosa, se suma a la larga lista de procesos judiciales y administrativos que funcionarios o ex funcionarios han iniciado contra periodistas y medios en los últimos años. Espacio Público, una ONG dedicada a velar por el derecho a la libertad de expresión en Venezuela, ha contabilizado que 44 comunicadores y empresas periodísticas han sido demandados, enjuiciados o multados desde el 2002 hasta el 2012. Con los casos registrados este año, la cifra llega a 50.
“El bloqueo de las cuentas bancarias a directivos de me- dios es algo no visto. Segura- mente las autoridades han visto que genera un menor costo político y que la sociedad la tolera más que los juicios por difamación o injuria, que las multas o simplemente el cierre de medios como los que vimos en el 2007 con el caso de Radio Caracas Televisión (RCTV) y en el 2010 con las 32 emisoras radiales. Es un mecanismo sofisticado para golpear y ablandar a los medios”, afirma el director de Espacio Público, Carlos Correa. En su opinión, en Venezuela “hay un patrón de hostigamiento sistemático a los medios”.
En similares términos se pronuncia el presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Tinedo Guía, quien expresó su profunda preocupación “por el uso de la justicia para entorpecer la labor de los periodistas”.
Un año más difícil
Correa estima que el 2013 va por el camino de convertirse en uno de los peores años para ejercer el periodismo en Venezuela. “Estamos viendo un repunte de acciones contra comunicadores y medios como el que se registró luego del referendo revocatorio presidencial del 2004”, señala.
De hecho, en lo que va del 2013 dos periodistas han sido demandados por un gobernador oficialista por difamación e injuria; asimismo, días antes de la medida contra el máximo directivo de “El Nacional” los tribunales, a solicitud del chavismo, congelaron las cuentas del presidente del semanario “6to Poder”, Leocenis García, a quien acusaron de legitimar ca- pitales mediante esa empresa. Hoy García se encuentra bajo detención preventiva.
También se conoció la noticia de que un tribunal admitió la demanda que un empresario vinculado al chavismo –actualmente encarcelado por corrupción– interpuso contra el editor del diario regional “Correo del Caroní”, David Natera, justamente por publicar información sobre las investigaciones de sus presuntos delitos. El dictamen prohíbe al medio seguir dando cobertura al caso.
Meses atrás a Globovisión la Comisión Nacional de Tele- comunicaciones (Conatel) le abrió un procedimiento administrativo –el décimo en una década–, por una falla que ocurrió al momento de retransmitir un discurso del presidente Nicolás Maduro; y durante las exequias de Hugo Chávez una ciudadana fue detenida por enviar, vía Twitter, unos mensajes redactados en los que se ponía en duda que el cadáver del mandatario estuviera en la capilla ardiente colocada en la Academia Militar.
UNA DÉCADA DE CENSURA JUDICIAL CONTRA LA PRENSA
Por Juan Francisco Alonso
Integrante HUMANOS
Caracas, Venezuela
La decisión de un tribunal de niños de Caracas de multar y, además, prohibir al diario venezolano “El Nacional” publicar “imágenes de contenido violento, donde aparezcan armas, agresiones físicas sangrientas y cadáveres desnudos”, so pretexto de que es un atentado contra el derecho de los menores a un desarrollo sano, a primera vista, viola el artículo 57 de la Constitución, el cual garantiza la libertad de expresión “sin que pueda establecerse censura”.
No obstante, este dictamen es solo el más reciente de una larga lista de fallos que han ve- nido dictando los jueces en la última década, precisamente, con el fin de impedir la difusión de determinados contenidos, obviando lo que estable- ce la Carta Magna y también la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que Venezuela dejará de ser signatario el próximo mes.
El primer paso lo dio el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cuando en el 2003 estableció que las decisiones de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos se aplicarán en el país “siempre que ellas no contraríen” la Constitución; e inmediata- mente rechazó acatar la resolución de la Corte de San José para derogar los delitos de vilipendio o desacato, tan usados para censurar o promover la autocensura en la región.
Sin embargo, no fue sino hasta tres años después (2006) cuando un juez se atrevió a prohibir a los medios reseñar un tema. Florencio Silano, quien instruía la causa del asesinato en el 2004 de un fiscal, ordenó a todos los diarios, televisoras y radios del país abstenerse de publicar informaciones sobre Giovanny Vásquez, considerado por la fiscalía como su testigo estrella. Los medios venían poniendo en duda la fiabilidad del personaje, pues había estado preso en Colombia justo en la misma época en que dijo haber participado en las reuniones en las que se planificó la muerte del funcionario, pero el juez aseguró que la medida buscaba evitar que se entorpecieran las averiguaciones.
La decisión generó revuelo y fue revocada meses después. Sin embargo, ello no supuso un giro en la actitud del Poder Judicial frente a la libertad de ex- presión. Así, en el 2007, el TSJ prohibió a dos diarios regionales publicar fotos de accidentes de tránsito o crímenes, alegan- do que las mismas afectaban psicológicamente a los lectores y “dejan en un segundo plano la nota informativa”.
Como los diarios hicieron caso omiso a la orden, el máximo juzgado les impuso multas en el 2012 y, además, les ordenó dedicar una página a “la información cultural y educativa, dirigida a fomentar la creación, producción y difusión de actividades educativas, libros, publicaciones, obras artísticas y producciones audiovisuales”.
El año pasado se registró otro caso. La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, pidió a los tribunales que ordenaran a los medios abstenerse de difundir denuncias sobre la calidad del agua del país, a menos que tuvieran informes técnicos que las sustenten, por considerar que dichos señalamientos buscan generar zozobra.
En estos últimos años, so- lamente en una ocasión el TSJ anuló una orden de este tipo, aun cuando en sus fallos insiste en que la censura previa a los medios está proscrita en la Constitución.
Para el catedrático en derechos humanos, Andrés Cañizales, el caso de “El Nacional” y los otros mencionados pone en evidencia que “el Poder Judicial opera como un brazo del Gobierno y silencia todo aquello que este no quiere que se diga”.
“EL NACIONAL” APELARÁ
“Están tratando de silenciarnos”
Apenas conoció la condena con- tra su periódico, el editor de “El Nacional”, Miguel Henrique Otero, anunció que apelarán el fallo, que no dudó en calificar de “inconstitucional”.
El periodista sostiene que esta nueva acción, la cual se suma a la congelación de sus bienes ordena- da hace dos semanas, demuestra la angustia que representa para el presidente Nicolás Maduro el referido diario, que ayer lució en su web el logo con un sello de “censurado”.
“Aparecerán más cosas, el Gobierno está desesperado tratando de silenciarnos”, afirmó el editor. Y agregó: “El objetivo es censurarnos, callarnos; tratar de que no se digan las cosas que están pasando”.
Por Juan Francisco Alonso
Integrante HUMANOS
Caracas, Venezuela
La decisión de un tribunal de niños de Caracas de multar y, además, prohibir al diario venezolano “El Nacional” publicar “imágenes de contenido violento, donde aparezcan armas, agresiones físicas sangrientas y cadáveres desnudos”, so pretexto de que es un atentado contra el derecho de los menores a un desarrollo sano, a primera vista, viola el artículo 57 de la Constitución, el cual garantiza la libertad de expresión “sin que pueda establecerse censura”.
No obstante, este dictamen es solo el más reciente de una larga lista de fallos que han ve- nido dictando los jueces en la última década, precisamente, con el fin de impedir la difusión de determinados contenidos, obviando lo que estable- ce la Carta Magna y también la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que Venezuela dejará de ser signatario el próximo mes.
El primer paso lo dio el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cuando en el 2003 estableció que las decisiones de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos se aplicarán en el país “siempre que ellas no contraríen” la Constitución; e inmediata- mente rechazó acatar la resolución de la Corte de San José para derogar los delitos de vilipendio o desacato, tan usados para censurar o promover la autocensura en la región.
Sin embargo, no fue sino hasta tres años después (2006) cuando un juez se atrevió a prohibir a los medios reseñar un tema. Florencio Silano, quien instruía la causa del asesinato en el 2004 de un fiscal, ordenó a todos los diarios, televisoras y radios del país abstenerse de publicar informaciones sobre Giovanny Vásquez, considerado por la fiscalía como su testigo estrella. Los medios venían poniendo en duda la fiabilidad del personaje, pues había estado preso en Colombia justo en la misma época en que dijo haber participado en las reuniones en las que se planificó la muerte del funcionario, pero el juez aseguró que la medida buscaba evitar que se entorpecieran las averiguaciones.
La decisión generó revuelo y fue revocada meses después. Sin embargo, ello no supuso un giro en la actitud del Poder Judicial frente a la libertad de ex- presión. Así, en el 2007, el TSJ prohibió a dos diarios regionales publicar fotos de accidentes de tránsito o crímenes, alegan- do que las mismas afectaban psicológicamente a los lectores y “dejan en un segundo plano la nota informativa”.
Como los diarios hicieron caso omiso a la orden, el máximo juzgado les impuso multas en el 2012 y, además, les ordenó dedicar una página a “la información cultural y educativa, dirigida a fomentar la creación, producción y difusión de actividades educativas, libros, publicaciones, obras artísticas y producciones audiovisuales”.
El año pasado se registró otro caso. La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, pidió a los tribunales que ordenaran a los medios abstenerse de difundir denuncias sobre la calidad del agua del país, a menos que tuvieran informes técnicos que las sustenten, por considerar que dichos señalamientos buscan generar zozobra.
En estos últimos años, so- lamente en una ocasión el TSJ anuló una orden de este tipo, aun cuando en sus fallos insiste en que la censura previa a los medios está proscrita en la Constitución.
Para el catedrático en derechos humanos, Andrés Cañizales, el caso de “El Nacional” y los otros mencionados pone en evidencia que “el Poder Judicial opera como un brazo del Gobierno y silencia todo aquello que este no quiere que se diga”.
“EL NACIONAL” APELARÁ
“Están tratando de silenciarnos”
Apenas conoció la condena con- tra su periódico, el editor de “El Nacional”, Miguel Henrique Otero, anunció que apelarán el fallo, que no dudó en calificar de “inconstitucional”.
El periodista sostiene que esta nueva acción, la cual se suma a la congelación de sus bienes ordena- da hace dos semanas, demuestra la angustia que representa para el presidente Nicolás Maduro el referido diario, que ayer lució en su web el logo con un sello de “censurado”.
“Aparecerán más cosas, el Gobierno está desesperado tratando de silenciarnos”, afirmó el editor. Y agregó: “El objetivo es censurarnos, callarnos; tratar de que no se digan las cosas que están pasando”.
ARTE UNE A MUJERES CON HIJOS MIGRANTES
Por Henia Prado Hernández
Integrante HUMANOS
México
TLAXCALA.- Oficialmente, el motivo del viaje de un grupo de mujeres tlaxcaltecas a Estados Unidos es difundir la cultura mexicana; sin embargo, lo que en realidad las entusiasma es reencontrarse con sus hijos, migrantes indocumentados a quienes hace años no abrazan.
Se trata de madres de familia de la comunidad San Francisco Tetlanohcan, quienes guiadas por el Centro de Atención de la Familia Migrante e Indígena (Cafami) han desarrollado habilidades artísticas que las han llevado de gira al extranjero.
El proyecto se gestó hace 11 años cuando un grupo de universitarios llegó a la localidad para desarrollar trabajo comunitario.
En esta comunidad indígena de unos 10 mil habitantes, los jóvenes abrieron Casa Tequitiles, nombre de origen náhuatl que en español significa "Casa de Todos los Barrios", en donde impartían talleres de recuperación de identidad, desarrollo de proyectos productivos y comunicación.
Su intervención dejó al descubierto la problemática que provocaba la migración.
"En Tlaxcala son migraciones relativamente recientes, de los años 80 y 90 que tienen una fuerte característica indígena.
"En esos años las señoras estaban preocupadas por la distancia de sus hijos que estaban en Estados Unidos, el silencio, la separación, la desaparición de muchos de ellos", dijo Marco Castillo, presidente de la Asamblea Popular de Familias Migrantes (Apofam).
Ante las condiciones económicas, los hombres de la comunidad han tenido que migrar a Estados Unidos; de hecho, se calcula que cerca del 30 o 40 por ciento de los habitantes de la comunidad tiene al menos un familiar en aquel país, la mayoría en los estados de Nueva York, Connecticut y California.
"Es un periodo en que las mujeres tienen que tomar las riendas del tema porque los hombres están migrando", resaltó Castillo.
Debido a este fenómeno, Casa Tequitiles se convirtió en Cafami e inició un nuevo proceso.
Ahí, las mujeres se dedicaron a recuperar la memoria histórica de su pueblo y la dignidad de sus tradiciones a través del arte.
En 2008 llegó la primera invitación para acudir a una gira en Connecticut, posteriormente hubo otras en 2010 y 2012.
Para reencontrarse con sus hijos, las mujeres dividieron su día entre ensayos, labores domésticas, la crianza de otros hijos y actividades que les remuneraran económicamente para mantener a su familia y costearse el viaje.
"El primer grupo que viajó llevó el Carnaval de Tlaxcala, con la particularidad de que las mujeres hacían las veces de hombres con la intención de resaltar la ausencia de los hombres, también se recuperaron los platillos tradicionales, la lengua náhuatl.
"Unas 60 familias se han reencontrado con sus familiares, dos cosas han sido claves: la organización de la gente y el hablar un lenguaje institucional, de formalidad, ni una persona se ha quedado en Estados Unidos, eso da cuenta de que la gente lo que quiere es ver a sus familiares y es un mito falso que a todos los que se les da visa se quieren quedar", enfatizó Castillo.
En Cafami las mujeres están organizadas en colectivos de teatro y de plantas medicinales.
En este último elaboran cremas, shampoo, jabones y otros productos con hierbas; además, atraen a talleristas que las enseñan a bordar, reciclar, elaborar muñecas y cocinas ecológicas.
"Lo que ha sucedido es un referente de algo que sucede en nuestro país, lo primero es el profundo amor de las mujeres y la profunda vocación familiar que tienen por ver a sus familiares, por recuperar la integración, han sido capaces de entregar todo, todo.
"Hay mujeres que después de ver a sus familiares y regresar a sus comunidades desafortunadamente fallecen, eso no como consecuencia de la experiencia, sino porque llevaban muchos años esperándolos.
"Nuestro país está muy afectado por este tema, pues el impacto de la migración forzada puede hacer de esas familias separadas condición de violencia, de tensiones y sin la familia la comunidad se viene abajo", sostuvo Castillo.
'Solamente Dios sabe si ustedes regresarán'
Henia Prado
TLAXCALA.- Cuando tres de sus siete hijos emigraron a Estados Unidos, Silvestra Cuapio no sólo se sintió morir de tristeza, sino también de culpabilidad al haberlos procreado en medio de una pobreza que los obligó a irse.
"Es lo más duro. Yo les dije: 'un día ustedes se van, tienen hora y fecha de salía, sólo Dios sabe si ustedes regresarán y me encuentren porque el destino y la situación tan difícil que está no sé si los vuelva a ver'. Lo más difícil fue la separación.
"Me sentaba a comer y decía: 'no sé si mi hijo ya comió'. El que se fue primero tenía 15 años y yo decía 'Es un niño'. A lo mejor es mi culpa porque haber tenido tantos hijos, a lo mejor por eso la necesidad de irse", expresa.
Silvestra es una mujer robusta y de carácter firme que en hora y media es capaz de hacer 10 kilos de tortillas a mano.
En 2003 el primero de sus hijos decidió probar suerte en ese país. En 2008 y 2010 partieron otros dos de sus hijos.
Con el tiempo, la esperanza de un reencuentro se hizo más remota, hasta que un grupo de jóvenes la invitó a formar parte del Centro de Atención de la Familia Migrante (Cafami).
"Lo que más anhelaba era verlos. Eso me hizo ir a las reuniones. Yo trabajaba haciendo tortillas, a veces ni comía, sólo agarraba dos tortillas para el camino y llegaba llorando porque se me hacía tarde. Ya se había ido un grupo de mujeres a Estados Unidos y eso me animó porque dije 'si yo tengo la oportunidad de ver a mis hijos un día, no lo voy a desaprovechar'.
"Puede que pasen dos o tres años, pero no se va a ser tiempo perdido, sino ganado, yo voy a ir y no me importa todo lo que estoy sufriendo".
Silvestra se incorporó a los talleres y practicó decenas de veces sus diálogos en la obra "Sueños Perdidos", hasta que en 2010, invitaron a ella y sus compañeras a visitar Connecticut.
"¡Pude ver a mis hijos!", refiere con emoción.
Además, Silvestra afirma que las actividades la ayudaron a encontrar en ella a otra mujer.
"A veces uno dice es que yo no sirvo para otra cosa, pero he comprobado que realmente no es así, sino que tengo la capacidad para hacer muchas y lo que me gusta, para darme un tiempo para mí porque uno nunca se da tiempo para uno misma y pude compartir mis ideas con mis compañeras".
'Yo no sabía lo que era la migración'
Henia Prado
TLAXCALA.- "Yo no sabía qué era la migración hasta el momento en que mi hijo me dijo que se iba a Estados Unidos. En ese momento supe que no iba a regresar nunca, que lo iba a perder".
De 65 años de edad, Lucía es una de las mujeres que habita en la comunidad indígena San Francisco Tetlanohcan.
A principios de los 90 enviudó y quedó a cargo de cinco hijos; tres estudiaban la educación básica y dos aún eran de brazos.
Con la venta de plantas, antojitos, ropa, zapatos y haciendo labores domésticas en el DF, la mujer sostuvo por un tiempo a la familia hasta que su único hijo hombre le dijo que partiría hacia EU.
Así, el 18 de junio de 1995, con ahorros de su madre y dinero prestado, su hijo Eduardo abandonó la comunidad, llegó a la frontera, cruzó el desierto y entró al extranjero como "un pordiosero", relata Lucía.
Al principio, la discriminación y el no hablar el idioma le cerraron las puertas laborales.
"Él maldecía el país, y decía 'dónde quiera me rechazan, no me quieren recibir porque no hablo inglés'. Lloramos un año y dijo: 'déjame trabajar para mi vuelo, yo ya me voy de este pinche país'".
La frase no se ha hecho realidad y tres años después, su hija Elsa también emigró.
Lejos de sus hijos, Lucía aceptó participar en las pláticas y obras de teatro en Cafami.
Varias veces estuvo a punto de desertar, hasta que un día les llegó la noticia, en 2008, de que se presentarían en EU.
"El pretexto mayor era ir a ver a los hijos y no importaría lo que hiciéramos o lo que nos mandaran a hacer, no me importó. Yo estaba mal de las rodillas, pero mal, no podía caminar, pues le juro que se me quitó el dolor para bailar, para brincar, para echarle ganas porque iba a ver a mis hijos. No me importaba si se me rompía la rodilla de coraje y de felicidad", expresa Lucía.
El viaje le permitió convivir con sus hijos y conocer a su nieta de un año de edad.
"Llegué al aeropuerto John F. Kennedy y cuando salí allí estaba mi hija (...). Todo estuvo muy bonito. Me gusta aquel país sólo porque voy a ver a mis hijos. Que dicen, vamos a Manhattan, vamos a la Estatua de la Libertad, vamos a San Patricio, ¡pues vamos!, con tal de estar con ellos".
Por Henia Prado Hernández
Integrante HUMANOS
México
TLAXCALA.- Oficialmente, el motivo del viaje de un grupo de mujeres tlaxcaltecas a Estados Unidos es difundir la cultura mexicana; sin embargo, lo que en realidad las entusiasma es reencontrarse con sus hijos, migrantes indocumentados a quienes hace años no abrazan.
Se trata de madres de familia de la comunidad San Francisco Tetlanohcan, quienes guiadas por el Centro de Atención de la Familia Migrante e Indígena (Cafami) han desarrollado habilidades artísticas que las han llevado de gira al extranjero.
El proyecto se gestó hace 11 años cuando un grupo de universitarios llegó a la localidad para desarrollar trabajo comunitario.
En esta comunidad indígena de unos 10 mil habitantes, los jóvenes abrieron Casa Tequitiles, nombre de origen náhuatl que en español significa "Casa de Todos los Barrios", en donde impartían talleres de recuperación de identidad, desarrollo de proyectos productivos y comunicación.
Su intervención dejó al descubierto la problemática que provocaba la migración.
"En Tlaxcala son migraciones relativamente recientes, de los años 80 y 90 que tienen una fuerte característica indígena.
"En esos años las señoras estaban preocupadas por la distancia de sus hijos que estaban en Estados Unidos, el silencio, la separación, la desaparición de muchos de ellos", dijo Marco Castillo, presidente de la Asamblea Popular de Familias Migrantes (Apofam).
Ante las condiciones económicas, los hombres de la comunidad han tenido que migrar a Estados Unidos; de hecho, se calcula que cerca del 30 o 40 por ciento de los habitantes de la comunidad tiene al menos un familiar en aquel país, la mayoría en los estados de Nueva York, Connecticut y California.
"Es un periodo en que las mujeres tienen que tomar las riendas del tema porque los hombres están migrando", resaltó Castillo.
Debido a este fenómeno, Casa Tequitiles se convirtió en Cafami e inició un nuevo proceso.
Ahí, las mujeres se dedicaron a recuperar la memoria histórica de su pueblo y la dignidad de sus tradiciones a través del arte.
En 2008 llegó la primera invitación para acudir a una gira en Connecticut, posteriormente hubo otras en 2010 y 2012.
Para reencontrarse con sus hijos, las mujeres dividieron su día entre ensayos, labores domésticas, la crianza de otros hijos y actividades que les remuneraran económicamente para mantener a su familia y costearse el viaje.
"El primer grupo que viajó llevó el Carnaval de Tlaxcala, con la particularidad de que las mujeres hacían las veces de hombres con la intención de resaltar la ausencia de los hombres, también se recuperaron los platillos tradicionales, la lengua náhuatl.
"Unas 60 familias se han reencontrado con sus familiares, dos cosas han sido claves: la organización de la gente y el hablar un lenguaje institucional, de formalidad, ni una persona se ha quedado en Estados Unidos, eso da cuenta de que la gente lo que quiere es ver a sus familiares y es un mito falso que a todos los que se les da visa se quieren quedar", enfatizó Castillo.
En Cafami las mujeres están organizadas en colectivos de teatro y de plantas medicinales.
En este último elaboran cremas, shampoo, jabones y otros productos con hierbas; además, atraen a talleristas que las enseñan a bordar, reciclar, elaborar muñecas y cocinas ecológicas.
"Lo que ha sucedido es un referente de algo que sucede en nuestro país, lo primero es el profundo amor de las mujeres y la profunda vocación familiar que tienen por ver a sus familiares, por recuperar la integración, han sido capaces de entregar todo, todo.
"Hay mujeres que después de ver a sus familiares y regresar a sus comunidades desafortunadamente fallecen, eso no como consecuencia de la experiencia, sino porque llevaban muchos años esperándolos.
"Nuestro país está muy afectado por este tema, pues el impacto de la migración forzada puede hacer de esas familias separadas condición de violencia, de tensiones y sin la familia la comunidad se viene abajo", sostuvo Castillo.
'Solamente Dios sabe si ustedes regresarán'
Henia Prado
TLAXCALA.- Cuando tres de sus siete hijos emigraron a Estados Unidos, Silvestra Cuapio no sólo se sintió morir de tristeza, sino también de culpabilidad al haberlos procreado en medio de una pobreza que los obligó a irse.
"Es lo más duro. Yo les dije: 'un día ustedes se van, tienen hora y fecha de salía, sólo Dios sabe si ustedes regresarán y me encuentren porque el destino y la situación tan difícil que está no sé si los vuelva a ver'. Lo más difícil fue la separación.
"Me sentaba a comer y decía: 'no sé si mi hijo ya comió'. El que se fue primero tenía 15 años y yo decía 'Es un niño'. A lo mejor es mi culpa porque haber tenido tantos hijos, a lo mejor por eso la necesidad de irse", expresa.
Silvestra es una mujer robusta y de carácter firme que en hora y media es capaz de hacer 10 kilos de tortillas a mano.
En 2003 el primero de sus hijos decidió probar suerte en ese país. En 2008 y 2010 partieron otros dos de sus hijos.
Con el tiempo, la esperanza de un reencuentro se hizo más remota, hasta que un grupo de jóvenes la invitó a formar parte del Centro de Atención de la Familia Migrante (Cafami).
"Lo que más anhelaba era verlos. Eso me hizo ir a las reuniones. Yo trabajaba haciendo tortillas, a veces ni comía, sólo agarraba dos tortillas para el camino y llegaba llorando porque se me hacía tarde. Ya se había ido un grupo de mujeres a Estados Unidos y eso me animó porque dije 'si yo tengo la oportunidad de ver a mis hijos un día, no lo voy a desaprovechar'.
"Puede que pasen dos o tres años, pero no se va a ser tiempo perdido, sino ganado, yo voy a ir y no me importa todo lo que estoy sufriendo".
Silvestra se incorporó a los talleres y practicó decenas de veces sus diálogos en la obra "Sueños Perdidos", hasta que en 2010, invitaron a ella y sus compañeras a visitar Connecticut.
"¡Pude ver a mis hijos!", refiere con emoción.
Además, Silvestra afirma que las actividades la ayudaron a encontrar en ella a otra mujer.
"A veces uno dice es que yo no sirvo para otra cosa, pero he comprobado que realmente no es así, sino que tengo la capacidad para hacer muchas y lo que me gusta, para darme un tiempo para mí porque uno nunca se da tiempo para uno misma y pude compartir mis ideas con mis compañeras".
'Yo no sabía lo que era la migración'
Henia Prado
TLAXCALA.- "Yo no sabía qué era la migración hasta el momento en que mi hijo me dijo que se iba a Estados Unidos. En ese momento supe que no iba a regresar nunca, que lo iba a perder".
De 65 años de edad, Lucía es una de las mujeres que habita en la comunidad indígena San Francisco Tetlanohcan.
A principios de los 90 enviudó y quedó a cargo de cinco hijos; tres estudiaban la educación básica y dos aún eran de brazos.
Con la venta de plantas, antojitos, ropa, zapatos y haciendo labores domésticas en el DF, la mujer sostuvo por un tiempo a la familia hasta que su único hijo hombre le dijo que partiría hacia EU.
Así, el 18 de junio de 1995, con ahorros de su madre y dinero prestado, su hijo Eduardo abandonó la comunidad, llegó a la frontera, cruzó el desierto y entró al extranjero como "un pordiosero", relata Lucía.
Al principio, la discriminación y el no hablar el idioma le cerraron las puertas laborales.
"Él maldecía el país, y decía 'dónde quiera me rechazan, no me quieren recibir porque no hablo inglés'. Lloramos un año y dijo: 'déjame trabajar para mi vuelo, yo ya me voy de este pinche país'".
La frase no se ha hecho realidad y tres años después, su hija Elsa también emigró.
Lejos de sus hijos, Lucía aceptó participar en las pláticas y obras de teatro en Cafami.
Varias veces estuvo a punto de desertar, hasta que un día les llegó la noticia, en 2008, de que se presentarían en EU.
"El pretexto mayor era ir a ver a los hijos y no importaría lo que hiciéramos o lo que nos mandaran a hacer, no me importó. Yo estaba mal de las rodillas, pero mal, no podía caminar, pues le juro que se me quitó el dolor para bailar, para brincar, para echarle ganas porque iba a ver a mis hijos. No me importaba si se me rompía la rodilla de coraje y de felicidad", expresa Lucía.
El viaje le permitió convivir con sus hijos y conocer a su nieta de un año de edad.
"Llegué al aeropuerto John F. Kennedy y cuando salí allí estaba mi hija (...). Todo estuvo muy bonito. Me gusta aquel país sólo porque voy a ver a mis hijos. Que dicen, vamos a Manhattan, vamos a la Estatua de la Libertad, vamos a San Patricio, ¡pues vamos!, con tal de estar con ellos".
VIVEN POR AÑOS EN ESTADOS UNIDOS Y SUFREN DEPORTACIÓN
Por Henia Prado Hernández
Integrante HUMANOS
México
TIJUANA.- En las ciudades mexicanas colindantes con Estados Unidos hay mujeres acechando el territorio extranjero, no con el sueño del resto de los migrantes de mejorar su economía, sino con la determinación de recuperar a sus hijos.
"Voy a tratar de volver a pasar porque cuando uno tiene esa desesperación de estar con sus hijos ya no le interesa lo que le hagan, lo que le interesa es estar con ellos", dice Lourdes, originaria de Zacatecas cuyos tres hijos de 27, 24 y 18 años de edad, nacieron en Estados Unidos y permanecen en aquella nación.
La mujer ha sido detenida varias veces en el cruce con documentos falsos y juzgada por dos cortes en Texas, una de las cuales le impuso un castigo de 40 años fuera de la nación antes de solicitar algún tipo de visado.
De acuerdo con cifras de El Colegio de la Frontera Norte, anualmente cerca de 400 mil personas son repatriadas de Estados Unidos. Se estima que el 10 por ciento son mujeres, la mayoría madres de familia.
Para ellas el muro, los más de 17 mil agentes fronterizos, las cámaras de vigilancia que detectan movimiento y temperatura y los aviones no tripulados que sobrevuelan los 3 mil 152 kilómetros de la línea divisoria representan un abismo para ver los primeros pasos de sus hijos, curar sus enfermedades, ayudarles en las tareas, compartir las graduaciones universitarias y hasta para ver el nacimiento de sus nietos.
Del lado mexicano ellas sólo están ocupadas en conseguir el mejor precio de un coyote para reunificar su familia.
María Galván, coordinadora de la casa para mujeres migrantes Madre Asunta, en Tijuana, ha visto evolucionar el paso de las mujeres hacia el país vecino desde los años 80.
"En esos años eran mujeres que venían solas del sur de nuestra República para intentar llegar a Estados Unidos porque habían dejado a sus papás, eran madres solteras o querían construir una casita. Algunas de ellas llegaban embarazadas porque en ese entonces el tener un hijo en Estados Unidos era sinónimo de 'ya no te voy a sacar'", comenta.
"Cuando cae la crisis tremenda en nuestro país empezamos a ver llegar a familias enteras, papás, mamás e hijos cruzar la frontera, pero para entonces ya la frontera estaba mucho más resguardada y se volvían más vulnerables al cruzar, porque lo intentaban por el desierto y la montaña.
"Ahora el perfil de los migrantes ya no es gente del sur que llega intentando cruzar a Estados Unidos a buscar un mejor trabajo. Es gente que viene de Estados Unidos después de haber vivido por 20 o 30 años. Son deportados".
A las deportaciones, dice María, se suman aquellas madres que tuvieron que salir por una emergencia de la nación del norte y de regreso, a diferencia de tiempos pasados, se toparon con una frontera blindada.
"El drama de esta situación es la separación familiar. Ellas llegan en estado de shock a nuestra institución: muchas de ellas no duermen, lloran todos los días, están desesperadas, están angustiadas por ver 'cómo le voy a hacer para reunirme con mis hijos'", apunta Galván.
Adriana salió de EU para ver morir a su madre en Acapulco. De vuelta en la frontera con papeles falsos para llegar a Los Ángeles, donde están sus tres hijos, fue detenida por agentes migratorios.
Pasó varios meses encerrada en cárceles, la juzgaron tres veces y la última impartidora de justicia, dice, se "apiadó" de ella y la expulsó sin imponerle castigo.
La urgencia por reunirse con sus hijos radica en que el mayor tiene cáncer en el labio y la más pequeña padece asma.
"No estoy aquí por gusto, si no me regreso a mi país es porque desafortunadamente tengo tres hijos nacidos acá y uno está enfermo", argumentó Adriana a la agente de migración que la cuidaba en la cárcel.
La casa Madre Asunta recibe mensualmente de 100 a 120 mujeres mexicanas y centroamericanas. El 90 por ciento o más dejaron a sus hijos en EU.
Las que tuvieron suerte encontraron en Tijuana el único lugar donde reciben alimentos, ropa, asistencia legal, psicológica y espiritual para sobrellevar la separación. El resto están condenadas a la indigencia o a los abusos de las autoridades.
Para ellas la encrucijada entre dos países aumenta porque los niños no quieren regresar a la tierra de sus padres.
"Aquellas que los dejaron con algún familiar o vecinos saben que si se los piden se los van a traer, pero si los niños son adolescentes no los van a traer porque ellos no quieren venirse. Ellos dicen 'este es mi país, yo aquí me voy a quedar, yo no voy a ir a un país donde no es el mío, aquí está mi casa, mi escuela, mis amigos'", explica la trabajadora social.
"Hay algunos que sí le hacen caso a la mamá y se vienen con ella, pero en tres meses las tenemos de regreso porque los niños no se acostumbraron a vivir en un país que no es de ello , un país que no tiene el modus vivendi que tenía allá y deciden regresar".
Como Adriana y sus tres hijos, quienes le demandan cruzar a EU, pues además de la enfermedad de dos de ellos, la ocasión que visitaron México no les gustó el país.
"Pasamos muchas necesidades, vieron la diferencia de allá y no se acostumbraron y quieren que me vaya para allá, pero no se cuando vamos a estar juntos otra vez", lamenta la mujer.
Frena burocracia la reunificación
Reforma
La separación familiar de migrantes indocumentadas por deportación o detención, tiene en ocasiones un final aún más drástico: la adopción de sus hijos por ciudadanos estadounidenses.
Los rígidos requisitos de las cortes, las trampas legales y el descobijo de las autoridades mexicanas hacia sus ciudadanos han convertido casi en un imposible la reunificación familiar.
Daniel Bribiesca, abogado que asesora a mujeres en la Casa Madre Asunta, afirma que los casos más difíciles son los de aquellas cuyos hijos tienen la nacionalidad estadounidense.
Si los pequeños no tienen más familiares en aquel país, explica, el Estado los asegura y pueden ser recuperados sólo mediante un trámite de reunificación familiar en el cual el connacional debe acreditar que tiene trabajo, casa y además cumplir con un programa de terapias.
"Te pueden mandar a hacer un estudio socioeconómico y a tomar siete clases, pero nada más puedes estudiar dos clases al mismo tiempo. Lo mínimo que te piden son 12 sesiones, es una sesión por semana, entonces si te dieron seis clases vas a ocupar seis meses", detalla.
"El DIF es quien programa las terapias y muchas veces hay cupo lleno y tienen que esperar. Hay terapias que tienen costo, como las terapias individuales de 200 pesos y son semanales. La última que se realizó con terapias individuales fueron de 50 sesiones, es decir un año".
Las mujeres son instruidas sobre temas de violencia doméstica, abuso de menores, drogas, y alcohol y en determinados casos les aplican el antidoping.
Si el menor es mexicano, el Consulado puede hacer la entrega del pequeño a las familias. Sin embargo, sólo responde bajo una petición, es decir, las mamás que no se enteraron del programa de repatriación de hijos -que son la mayoría- quedan sin acceso a dicha posibilidad.
Respecto de los menores con otra nacionalidad, la mujeres hacen una petición de reunificación ante la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), la cual pide auxilio al Consulado del condado donde está el niño o la niña y el caso llega a la corte, en donde se designan dos abogados, uno que defiende los intereses del pequeño y otro el de los padres.
"La trampa que hay es que el niño está en un proceso paralelo, porque mientra sus padres están en las terapias, una familia en Estados Unidos lo cuida y si ellos también cumplen con los requisitos de la corte, se quedan al menor", advierte el abogado.
Por Henia Prado Hernández
Integrante HUMANOS
México
TIJUANA.- En las ciudades mexicanas colindantes con Estados Unidos hay mujeres acechando el territorio extranjero, no con el sueño del resto de los migrantes de mejorar su economía, sino con la determinación de recuperar a sus hijos.
"Voy a tratar de volver a pasar porque cuando uno tiene esa desesperación de estar con sus hijos ya no le interesa lo que le hagan, lo que le interesa es estar con ellos", dice Lourdes, originaria de Zacatecas cuyos tres hijos de 27, 24 y 18 años de edad, nacieron en Estados Unidos y permanecen en aquella nación.
La mujer ha sido detenida varias veces en el cruce con documentos falsos y juzgada por dos cortes en Texas, una de las cuales le impuso un castigo de 40 años fuera de la nación antes de solicitar algún tipo de visado.
De acuerdo con cifras de El Colegio de la Frontera Norte, anualmente cerca de 400 mil personas son repatriadas de Estados Unidos. Se estima que el 10 por ciento son mujeres, la mayoría madres de familia.
Para ellas el muro, los más de 17 mil agentes fronterizos, las cámaras de vigilancia que detectan movimiento y temperatura y los aviones no tripulados que sobrevuelan los 3 mil 152 kilómetros de la línea divisoria representan un abismo para ver los primeros pasos de sus hijos, curar sus enfermedades, ayudarles en las tareas, compartir las graduaciones universitarias y hasta para ver el nacimiento de sus nietos.
Del lado mexicano ellas sólo están ocupadas en conseguir el mejor precio de un coyote para reunificar su familia.
María Galván, coordinadora de la casa para mujeres migrantes Madre Asunta, en Tijuana, ha visto evolucionar el paso de las mujeres hacia el país vecino desde los años 80.
"En esos años eran mujeres que venían solas del sur de nuestra República para intentar llegar a Estados Unidos porque habían dejado a sus papás, eran madres solteras o querían construir una casita. Algunas de ellas llegaban embarazadas porque en ese entonces el tener un hijo en Estados Unidos era sinónimo de 'ya no te voy a sacar'", comenta.
"Cuando cae la crisis tremenda en nuestro país empezamos a ver llegar a familias enteras, papás, mamás e hijos cruzar la frontera, pero para entonces ya la frontera estaba mucho más resguardada y se volvían más vulnerables al cruzar, porque lo intentaban por el desierto y la montaña.
"Ahora el perfil de los migrantes ya no es gente del sur que llega intentando cruzar a Estados Unidos a buscar un mejor trabajo. Es gente que viene de Estados Unidos después de haber vivido por 20 o 30 años. Son deportados".
A las deportaciones, dice María, se suman aquellas madres que tuvieron que salir por una emergencia de la nación del norte y de regreso, a diferencia de tiempos pasados, se toparon con una frontera blindada.
"El drama de esta situación es la separación familiar. Ellas llegan en estado de shock a nuestra institución: muchas de ellas no duermen, lloran todos los días, están desesperadas, están angustiadas por ver 'cómo le voy a hacer para reunirme con mis hijos'", apunta Galván.
Adriana salió de EU para ver morir a su madre en Acapulco. De vuelta en la frontera con papeles falsos para llegar a Los Ángeles, donde están sus tres hijos, fue detenida por agentes migratorios.
Pasó varios meses encerrada en cárceles, la juzgaron tres veces y la última impartidora de justicia, dice, se "apiadó" de ella y la expulsó sin imponerle castigo.
La urgencia por reunirse con sus hijos radica en que el mayor tiene cáncer en el labio y la más pequeña padece asma.
"No estoy aquí por gusto, si no me regreso a mi país es porque desafortunadamente tengo tres hijos nacidos acá y uno está enfermo", argumentó Adriana a la agente de migración que la cuidaba en la cárcel.
La casa Madre Asunta recibe mensualmente de 100 a 120 mujeres mexicanas y centroamericanas. El 90 por ciento o más dejaron a sus hijos en EU.
Las que tuvieron suerte encontraron en Tijuana el único lugar donde reciben alimentos, ropa, asistencia legal, psicológica y espiritual para sobrellevar la separación. El resto están condenadas a la indigencia o a los abusos de las autoridades.
Para ellas la encrucijada entre dos países aumenta porque los niños no quieren regresar a la tierra de sus padres.
"Aquellas que los dejaron con algún familiar o vecinos saben que si se los piden se los van a traer, pero si los niños son adolescentes no los van a traer porque ellos no quieren venirse. Ellos dicen 'este es mi país, yo aquí me voy a quedar, yo no voy a ir a un país donde no es el mío, aquí está mi casa, mi escuela, mis amigos'", explica la trabajadora social.
"Hay algunos que sí le hacen caso a la mamá y se vienen con ella, pero en tres meses las tenemos de regreso porque los niños no se acostumbraron a vivir en un país que no es de ello , un país que no tiene el modus vivendi que tenía allá y deciden regresar".
Como Adriana y sus tres hijos, quienes le demandan cruzar a EU, pues además de la enfermedad de dos de ellos, la ocasión que visitaron México no les gustó el país.
"Pasamos muchas necesidades, vieron la diferencia de allá y no se acostumbraron y quieren que me vaya para allá, pero no se cuando vamos a estar juntos otra vez", lamenta la mujer.
Frena burocracia la reunificación
Reforma
La separación familiar de migrantes indocumentadas por deportación o detención, tiene en ocasiones un final aún más drástico: la adopción de sus hijos por ciudadanos estadounidenses.
Los rígidos requisitos de las cortes, las trampas legales y el descobijo de las autoridades mexicanas hacia sus ciudadanos han convertido casi en un imposible la reunificación familiar.
Daniel Bribiesca, abogado que asesora a mujeres en la Casa Madre Asunta, afirma que los casos más difíciles son los de aquellas cuyos hijos tienen la nacionalidad estadounidense.
Si los pequeños no tienen más familiares en aquel país, explica, el Estado los asegura y pueden ser recuperados sólo mediante un trámite de reunificación familiar en el cual el connacional debe acreditar que tiene trabajo, casa y además cumplir con un programa de terapias.
"Te pueden mandar a hacer un estudio socioeconómico y a tomar siete clases, pero nada más puedes estudiar dos clases al mismo tiempo. Lo mínimo que te piden son 12 sesiones, es una sesión por semana, entonces si te dieron seis clases vas a ocupar seis meses", detalla.
"El DIF es quien programa las terapias y muchas veces hay cupo lleno y tienen que esperar. Hay terapias que tienen costo, como las terapias individuales de 200 pesos y son semanales. La última que se realizó con terapias individuales fueron de 50 sesiones, es decir un año".
Las mujeres son instruidas sobre temas de violencia doméstica, abuso de menores, drogas, y alcohol y en determinados casos les aplican el antidoping.
Si el menor es mexicano, el Consulado puede hacer la entrega del pequeño a las familias. Sin embargo, sólo responde bajo una petición, es decir, las mamás que no se enteraron del programa de repatriación de hijos -que son la mayoría- quedan sin acceso a dicha posibilidad.
Respecto de los menores con otra nacionalidad, la mujeres hacen una petición de reunificación ante la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), la cual pide auxilio al Consulado del condado donde está el niño o la niña y el caso llega a la corte, en donde se designan dos abogados, uno que defiende los intereses del pequeño y otro el de los padres.
"La trampa que hay es que el niño está en un proceso paralelo, porque mientra sus padres están en las terapias, una familia en Estados Unidos lo cuida y si ellos también cumplen con los requisitos de la corte, se quedan al menor", advierte el abogado.
Sufren migrantes "limbo" en la frontera
Por Henia Prado Hernández
Integrante HUMANOS
México
TIJUANA.- Desde "El Bordo" sólo basta una mirada para estar en Estados Unidos.
Aquí, a unos metros de la línea fronteriza, el cauce del río Tijuana es el hogar de unas 3 o 4 mil personas que alguna vez fueron migrantes y quienes al ser deportados quedaron varados en la indigencia y la adicción a las drogas.
Es el limbo entre la miseria y la riqueza que anhelan en el otro lado.
De acuerdo con organizaciones civiles, Tijuana recibe el 20 o 30 por ciento de las 400 mil personas que en promedio son expulsadas anualmente del vecino país, lo mismo mexicanos y centroamericanos que se resisten a regresar a sus lugares de origen. Dejan de ser migrantes y se convierten en residentes.
"Hay gente que tiene aquí dos o tres años, porque no han podido pasar. Son migrantes deportados que llegaron con la esperanza de poder cruzar, hacen la lucha, y por eso para ellos es más fácil quedarse aquí porque 'la línea' está cerca, pero caen en depresión y es cuando empieza la droga y el alcohol y muchos ya se quedan allí", explica Micaela Saucedo, directora de Casa Refugio Elvira.
Poblanos, michoacanos, guerrerenses y de cualquier estado del País confluyen en el llamado "El Bordo", que se extiende a lo largo de 4.5 kilómetros.
Las aguas negras del canal, la basura y la poca vegetación son elementos que rodean las viviendas de cartón construidas debajo de la tierra por nacionales y extranjeros para sobrellevar la estancia en la frontera. Viven como topos, atrapados por las drogas y con enfermedades de transmisión sexual.
El hogar de Miguel y Guadalupe es un túnel de 2 metros de ancho por 1.5 de altura que da a las puertas del canal y se encuentra en total oscuridad. En él hay una cama, con cortinas y sábanas, y una estancia decorada con imágenes pornográficas y un espejo.
Él es originario de Puebla y llegó a Tijuana con su esposa y dos hijos hace 10 años. Ella es madre de dos varones y una niña.
"Es una vida normal como la de afuera, pero diferente, yo tenía todo y lo perdí, aquí somos uno mismo, aquí nadie es más ni menos, aquí nos defendemos, ayudamos y apoyamos", argumenta Miguel, quien a las 11 de la mañana va despertando.
"Tengo tres hijos, pero están con mi mamá, no los veo, pues la calle me gusta más", dice Guadalupe, quien apenas pronuncia palabras a causa de la droga.
La jornada en "El Bordo" inicia a las cuatro de la mañana, cuando la mayoría acude a la garita de San Ysidro. Entre centenares de automovilistas formados para ingresar a EU, los indigentes buscan limpiar carros o ayudar en la venta a comerciantes.
Otros trabajan en el mercado: limpian frutas y verduras, separan basura, reciclan, "talonean" a la gente o roban a transeúntes.
La comida está asegurada gracias al apoyo de albergues u organizaciones civiles por tanto, las ganancias del trabajo son para inyectarse heroína o consumir mariguana y cristal. Más del 90 por ciento son adictos.
"La situación aquí está muy difícil porque nos está aventando ex presidiarios que son miembros de pandillas y aquí el programa se agrava más. Antes recibíamos al trabajador del campo o de una maquiladora, ahora nos están aventando de las prisiones y aquí el Gobierno no les ofrece un trabajo, una vivienda, un dinero para regresarse a su lugar de origen", advierte la activista Micaela Saucedo.
José habita en "El Bordo". Tiene los pies "cocidos" por mojarse en el agua contaminada y no quitarse los zapatos en días por temor a los operativos sorpresivos de la Policía.
Vivió en Coronado, California, con su hermana, su esposo y sus cuatro sobrinos. Salió de EU por un accidente automovilístico y su adicción al alcohol. Ahora vende chicles y limpia carros en Tijuana. Al día se inyecta, al menos, dos dosis de heroína.
Alfonso Barajas también habita en los "pozos" o "ñongos", construcciones bajo tierra elaboradas con desechos y a las cuáles se les adaptan respiraderos. Fue deportado hace ocho meses pese a que contrajo matrimonio con una estadounidense y tiene un hijo.
Él comparte habitación con "El Abuelo", un hombre tatuado de 83 años quien residió en Miami y Los Ángeles.
Desde ahí sólo hay que caminar unos 50 metros para llegar al tan anhelado vecino del norte.
Testimonio
'En 5 días andas como los demás'
TIJUANA.- Para Jesús Méndez, originario de Colima, quienes habitan en "El Bordo", en Tijuana, son absorbidos por la ciudad.
El hombre asegura que cada migrante que pisa este lugar no sólo desafía a la Patrulla Fronteriza de EU, sino tambien a fuerzas como la delincuencia, las drogas y la Policía local.
"A mí me da como cierta lástima, tristeza por los deportados, por lo que viven. Ellos piensan que se van a topar con una ciudad fácil aquí, pero no se dan cuenta que realmente la ciudad los absorbe si no se ponen listos, si no saben acomodarse a tiempo o huir de aquí, más si tienen una raíz de alcoholismo, ya te quedaste porque te absorbe.
"Dices 'soy deportado, voy a conseguir trabajo', pero como no tienen papeles, en cinco días andas como un drogadicto, alcohólico. En cinco días empiezas a vivir como todos los demás", señaló.
Jesús vivió en Estados Unidos de manera legal, pero fue deportado y luego la policía le robó sus documentos.
Con la experiencia de vivir en "El Bordo" desde hace más de una década, explica que los delitos de la ciudad son pagados por los indigentes.
"Inventan un delito. Hasta los policías dicen 'Oye, a ti ¿dónde te agarré?'. Ya ni se acuerdan. Te preguntan tus datos y después te inventan un delito. Hay unos cinco que son clásicos: área conflictiva, molestar gente, actos que inducen a los vicios, y se los llevan", explicó.
Entrevistado afuera del Desayunador Salesiano "Padre Chava", donde al día dan de comer gratis a mil 500 migrantes e indigentes de Tijuana, Jesús afirma que ya perdió la cuenta de las veces que ha sido detenido.
"Te dan unos cachetadones, golpes a todo lo que da. Me ha tocado no una, sino muchas veces", relató.
"La otra vez hubo un compa que lo esposaron entre dos policías y lo colgaron, y con el movimiento de un péndulo pegaba con su cara con el cemento y tienen cicatrices. Yo ya soy cliente de ellos", agregó.
En el límite
A unos metros de la línea fronteriza que divide a México de EU, migrantes deportados se han refugiado en "El Bordo".
Se estima que hasta 4 mil personas forman parte de esta comunidad de migrantes que no ha podido regresar a sus lugares de origen.
Todos los días acuden al puente de San Ysidro para limpiar autos. Lo que ganan es para comprar drogas.
Como Guadalupe, decenas de personas viven en construcciones bajo tierra elaboradas con desechos.
Por Henia Prado Hernández
Integrante HUMANOS
México
TIJUANA.- Desde "El Bordo" sólo basta una mirada para estar en Estados Unidos.
Aquí, a unos metros de la línea fronteriza, el cauce del río Tijuana es el hogar de unas 3 o 4 mil personas que alguna vez fueron migrantes y quienes al ser deportados quedaron varados en la indigencia y la adicción a las drogas.
Es el limbo entre la miseria y la riqueza que anhelan en el otro lado.
De acuerdo con organizaciones civiles, Tijuana recibe el 20 o 30 por ciento de las 400 mil personas que en promedio son expulsadas anualmente del vecino país, lo mismo mexicanos y centroamericanos que se resisten a regresar a sus lugares de origen. Dejan de ser migrantes y se convierten en residentes.
"Hay gente que tiene aquí dos o tres años, porque no han podido pasar. Son migrantes deportados que llegaron con la esperanza de poder cruzar, hacen la lucha, y por eso para ellos es más fácil quedarse aquí porque 'la línea' está cerca, pero caen en depresión y es cuando empieza la droga y el alcohol y muchos ya se quedan allí", explica Micaela Saucedo, directora de Casa Refugio Elvira.
Poblanos, michoacanos, guerrerenses y de cualquier estado del País confluyen en el llamado "El Bordo", que se extiende a lo largo de 4.5 kilómetros.
Las aguas negras del canal, la basura y la poca vegetación son elementos que rodean las viviendas de cartón construidas debajo de la tierra por nacionales y extranjeros para sobrellevar la estancia en la frontera. Viven como topos, atrapados por las drogas y con enfermedades de transmisión sexual.
El hogar de Miguel y Guadalupe es un túnel de 2 metros de ancho por 1.5 de altura que da a las puertas del canal y se encuentra en total oscuridad. En él hay una cama, con cortinas y sábanas, y una estancia decorada con imágenes pornográficas y un espejo.
Él es originario de Puebla y llegó a Tijuana con su esposa y dos hijos hace 10 años. Ella es madre de dos varones y una niña.
"Es una vida normal como la de afuera, pero diferente, yo tenía todo y lo perdí, aquí somos uno mismo, aquí nadie es más ni menos, aquí nos defendemos, ayudamos y apoyamos", argumenta Miguel, quien a las 11 de la mañana va despertando.
"Tengo tres hijos, pero están con mi mamá, no los veo, pues la calle me gusta más", dice Guadalupe, quien apenas pronuncia palabras a causa de la droga.
La jornada en "El Bordo" inicia a las cuatro de la mañana, cuando la mayoría acude a la garita de San Ysidro. Entre centenares de automovilistas formados para ingresar a EU, los indigentes buscan limpiar carros o ayudar en la venta a comerciantes.
Otros trabajan en el mercado: limpian frutas y verduras, separan basura, reciclan, "talonean" a la gente o roban a transeúntes.
La comida está asegurada gracias al apoyo de albergues u organizaciones civiles por tanto, las ganancias del trabajo son para inyectarse heroína o consumir mariguana y cristal. Más del 90 por ciento son adictos.
"La situación aquí está muy difícil porque nos está aventando ex presidiarios que son miembros de pandillas y aquí el programa se agrava más. Antes recibíamos al trabajador del campo o de una maquiladora, ahora nos están aventando de las prisiones y aquí el Gobierno no les ofrece un trabajo, una vivienda, un dinero para regresarse a su lugar de origen", advierte la activista Micaela Saucedo.
José habita en "El Bordo". Tiene los pies "cocidos" por mojarse en el agua contaminada y no quitarse los zapatos en días por temor a los operativos sorpresivos de la Policía.
Vivió en Coronado, California, con su hermana, su esposo y sus cuatro sobrinos. Salió de EU por un accidente automovilístico y su adicción al alcohol. Ahora vende chicles y limpia carros en Tijuana. Al día se inyecta, al menos, dos dosis de heroína.
Alfonso Barajas también habita en los "pozos" o "ñongos", construcciones bajo tierra elaboradas con desechos y a las cuáles se les adaptan respiraderos. Fue deportado hace ocho meses pese a que contrajo matrimonio con una estadounidense y tiene un hijo.
Él comparte habitación con "El Abuelo", un hombre tatuado de 83 años quien residió en Miami y Los Ángeles.
Desde ahí sólo hay que caminar unos 50 metros para llegar al tan anhelado vecino del norte.
Testimonio
'En 5 días andas como los demás'
TIJUANA.- Para Jesús Méndez, originario de Colima, quienes habitan en "El Bordo", en Tijuana, son absorbidos por la ciudad.
El hombre asegura que cada migrante que pisa este lugar no sólo desafía a la Patrulla Fronteriza de EU, sino tambien a fuerzas como la delincuencia, las drogas y la Policía local.
"A mí me da como cierta lástima, tristeza por los deportados, por lo que viven. Ellos piensan que se van a topar con una ciudad fácil aquí, pero no se dan cuenta que realmente la ciudad los absorbe si no se ponen listos, si no saben acomodarse a tiempo o huir de aquí, más si tienen una raíz de alcoholismo, ya te quedaste porque te absorbe.
"Dices 'soy deportado, voy a conseguir trabajo', pero como no tienen papeles, en cinco días andas como un drogadicto, alcohólico. En cinco días empiezas a vivir como todos los demás", señaló.
Jesús vivió en Estados Unidos de manera legal, pero fue deportado y luego la policía le robó sus documentos.
Con la experiencia de vivir en "El Bordo" desde hace más de una década, explica que los delitos de la ciudad son pagados por los indigentes.
"Inventan un delito. Hasta los policías dicen 'Oye, a ti ¿dónde te agarré?'. Ya ni se acuerdan. Te preguntan tus datos y después te inventan un delito. Hay unos cinco que son clásicos: área conflictiva, molestar gente, actos que inducen a los vicios, y se los llevan", explicó.
Entrevistado afuera del Desayunador Salesiano "Padre Chava", donde al día dan de comer gratis a mil 500 migrantes e indigentes de Tijuana, Jesús afirma que ya perdió la cuenta de las veces que ha sido detenido.
"Te dan unos cachetadones, golpes a todo lo que da. Me ha tocado no una, sino muchas veces", relató.
"La otra vez hubo un compa que lo esposaron entre dos policías y lo colgaron, y con el movimiento de un péndulo pegaba con su cara con el cemento y tienen cicatrices. Yo ya soy cliente de ellos", agregó.
En el límite
A unos metros de la línea fronteriza que divide a México de EU, migrantes deportados se han refugiado en "El Bordo".
Se estima que hasta 4 mil personas forman parte de esta comunidad de migrantes que no ha podido regresar a sus lugares de origen.
Todos los días acuden al puente de San Ysidro para limpiar autos. Lo que ganan es para comprar drogas.
Como Guadalupe, decenas de personas viven en construcciones bajo tierra elaboradas con desechos.
''La Policía viene y quema las cosas''
Por Henia Prado Hernández
Integrante HUMANOS
México
Un trabajo periodístico adelantado en Tijuana, Baja California, sobre los migrantes que viven en la frontera y la serie de abusos y precariedades que sufren.
TIJUANA.- Laura López incumplió una orden administrativa en Estados Unidos. El precio que tuvo que pagar por ello fue muy elevado: dejar desamparados a sus seis hijos hace año y medio tras ser expulsada de esa nación.
Hoy, esta mujer es una indigente más que vive en la canalización del Río Tijuana, en Baja California, la cual es conocida como "El Bordo".
Sus hijos, ante el nulo apoyo de autoridades mexicanas, fueron dados en adopción a familias del país vecino.
"Estoy aquí porque me deportaron hace año y medio, y mis cuatro niños y dos niñas se quedaron allá. El gobierno estadounidense me los quitó. Pedí ayuda aquí, pero no me la dieron. Nunca me ayudaron", afirmó la mujer.
Laura vivió durante 18 años en el Condado de Orange, California. Ahí se ganaba el sustento limpiando casas.
Un día, una patrulla la detuvo por manejar con aliento alcohólico y le impuso la sanción de realizar trabajo comunitario.
En ese entonces, según argumenta, los niños tenían sólo 10, 9, 8, 7, 6 y 5 años de edad, por ello, Laura no podía dejarlos solos en casa y tuvo que desobedecer el mandato que le había sido impuesto.
Como consecuencia, el gobierno estadounidense la arrestó y deportó.
"Tengo una hermana en Colorado, pero perdí su dirección. Me dijeron que para que los adoptaran tenía que tener un familiar con una casa que no tuviera riesgos para niños, pero no había quien.
"He intentado cruzar como cuatro veces por el cerro, por Tecate, y me han regresado por Matamoros.
"Está bien difícil porque oí comentarios de mujeres abusadas. Aquí en México he buscado trabajo, pero no me dan porque no tengo identificación", afirmó.
Laura, vestida sólo con una playera y un pantalón de mezclilla ennegrecidos por la falta de limpieza, se ve forzada a vivir con otros migrantes e indigentes adictos en lo que fuera el lecho del Río Tijuana, hoy reducido a un incipiente flujo de aguas verdosas llenas de basura.
Durante el día, ayuda a los comerciantes que ofrecen sus productos en "la línea". Esa es la única manera que ha encontrado para ganarse todos los días un poco de dinero y comer.
Por las noches, regresa a un bajopuente para guarecerse y dormir.
La nostalgia por estar lejos de sus hijos la envuelve a cada momento, y ésta se suma a la preocupación diaria por el acoso constante de los policías.
"Es demasiado difícil. Hay muertos o luego la policía seguido viene y me queman las cosas. Hay muchos abusos. Luego uno va caminando, lo detienen y, si le pregunta uno que por qué, lo detienen. Dicen que por no hacer nada".
En medio del llanto, Laura dice haber perdido ya toda esperanza de recuperar a sus hijos, pues no tiene dinero suficiente para volver a intentar cruzar del otro lado.
"Son como 2 mil 800 dólares por el cerro y, por la línea, como 2 mil, depende, pero no tengo dinero".
'Todos los días ando buscando cómo entrar'
Este año, Adrián ha intentado cruzar de ilegal la frontera norte de México cuatro veces. Todos han sido fracasos.
Además, ha sido secuestrado por el crimen organizado, golpeado y asaltado.
Sin embargo, aún después de vivir este viacrucis, en la garita de El Chaparral, en Tijuana, Baja California, -recién llegado de su última deportación-, asegura estar dispuesto a arriesgarse una vez más.
Su único aliciente es lograr reunirse de nuevo con su familia, que se encuentra en Sacramento, California.
El joven, cuyo nombre real es omitido, llevaba ya 15 años viviendo en Estados Unidos, donde se casó y procreó dos hijas.
"Tienen que matarme esos desgraciados pa´no irme, los de deportación. No me importa lo que pase, pero yo tengo mi familia allá, mis hijas".
Adrián y su padre emigraron de indocumentados a Estados Unidos hace 15 años a consecuencia de las condiciones económicas precarias que prevalecían en su hogar, en Guadalajara, Jalisco.
El trabajo más reciente que este joven logró conseguir fue como empleado de limpieza de albercas, hasta que un día lo deportaron a causa de un problema doméstico.
"Mi esposa, ya ve las americanas cómo son. Estábamos discutiendo y le dije: '¿Sabes qué? Ahí nos vemos'. Y me dijo: 'No corras, quédate'. Me subí al carro. Fue una discusión y me 'pusieron'", explicó.
"Me han agarrado cuatro veces. La segunda vez me deportaron a Matamoros, Tamaulipas. Allá me secuestró el mentado Cártel del Golfo. Como no les di dinero, me golpearon, me querían pasar a fuerza.
"Yo le dije: 'No señor, yo no necesito de sus servicios', entonces me dice: 'Entonces le vas a tener que hablar a tu familia porque vamos a pasarte. Querían mil dólares y les dije: 'No les voy a dar ni un peso partido a la mitad y hágale como tenga que hacerle'", narró.
Adrián fue atado a un poste para golpearlo brutalmente con un palo, luego fue llevado a Rey-
nosa, donde los delincuentes lo obligaron a darle de comer a otros migrantes.
"Como pude me aventé al río y de allí me agarró la migración otra vez y me tuvieron 156 días en Zapata, Texas. Me aventaron a Laredo y como pude me vine aquí (a Tijuana), y hace 15 días me aventé por la línea y me les pelé otra vez.
"Todos los días me la paso caminando en El Bordo buscando la manera de entrar, ayer ya había llegado a las puertas que se abren y me agarraron", narró entre sollozos.
Repatrian a convictos sin avisar a México
TIJUANA.- La expulsión de migrantes convictos en Estados Unidos a México para quitar presión a las cárceles de California ha aumentado la criminalidad en la frontera norte, especialmente en Tijuana, acusó el Gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna.
El funcionario explicó que las deportaciones se efectúan durante las madrugadas, sin previo aviso a la autoridad mexicana ni intercambio de información sobre los antecedentes penales de los indocumentados.
"Las deportaciones son de madrugada y todos los ex carcelados de California, los deportados ex carcelados, vienen para acá. (Lo que quiero es) la lista y toda la información biométrica para poder tomar esa información y correr la base de datos de estas personas deben algo en México. Hemos estado insiste e insiste", señaló.
Datos del Instituto Nacional de Migración (INM) señalan que, de los 13 puntos fronterizos, Tijuana recibe entre 20 y 30 por ciento de las más de 400 mil deportaciones anuales.
El DIF municipal indica que, en 2012, de los 118 mil 538 cruces en Baja California, 50 por ciento ocurrió en esta localidad.
"Nuestra cooperación es de buena vecindad, de buena cooperación. No queremos que Tijuana y Mexicali sean los puntos por los que se esté deportando.
"¿Qué pasa con Monterrey, Chihuahua, Nuevo Laredo? Ah bueno, pues los deportan por donde está menos peligroso. ¿Y todo este problema que se está generando? Tenemos que seguir insistiendo para que nos den información a tiempo", reclamó el Gobernador.
Para 2013, el promedio mensual de repatriados es de 4 mil 200, pero no hay cifras sobre cuántos estuvieron presos y por qué delitos.
La Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de Justicia de
Baja California aprehendió a 96 personas en lo que va de 2013.
De ellos, 23 son deportados que participaron en 15 homicidios.
Al respecto, el Procurador Rommel Romero explicó que la falta de información sobre los ex convictos hace que no puedan darles seguimiento y varios son reclutados por bandas de narcotraficantes.
Por Henia Prado Hernández
Integrante HUMANOS
México
Un trabajo periodístico adelantado en Tijuana, Baja California, sobre los migrantes que viven en la frontera y la serie de abusos y precariedades que sufren.
TIJUANA.- Laura López incumplió una orden administrativa en Estados Unidos. El precio que tuvo que pagar por ello fue muy elevado: dejar desamparados a sus seis hijos hace año y medio tras ser expulsada de esa nación.
Hoy, esta mujer es una indigente más que vive en la canalización del Río Tijuana, en Baja California, la cual es conocida como "El Bordo".
Sus hijos, ante el nulo apoyo de autoridades mexicanas, fueron dados en adopción a familias del país vecino.
"Estoy aquí porque me deportaron hace año y medio, y mis cuatro niños y dos niñas se quedaron allá. El gobierno estadounidense me los quitó. Pedí ayuda aquí, pero no me la dieron. Nunca me ayudaron", afirmó la mujer.
Laura vivió durante 18 años en el Condado de Orange, California. Ahí se ganaba el sustento limpiando casas.
Un día, una patrulla la detuvo por manejar con aliento alcohólico y le impuso la sanción de realizar trabajo comunitario.
En ese entonces, según argumenta, los niños tenían sólo 10, 9, 8, 7, 6 y 5 años de edad, por ello, Laura no podía dejarlos solos en casa y tuvo que desobedecer el mandato que le había sido impuesto.
Como consecuencia, el gobierno estadounidense la arrestó y deportó.
"Tengo una hermana en Colorado, pero perdí su dirección. Me dijeron que para que los adoptaran tenía que tener un familiar con una casa que no tuviera riesgos para niños, pero no había quien.
"He intentado cruzar como cuatro veces por el cerro, por Tecate, y me han regresado por Matamoros.
"Está bien difícil porque oí comentarios de mujeres abusadas. Aquí en México he buscado trabajo, pero no me dan porque no tengo identificación", afirmó.
Laura, vestida sólo con una playera y un pantalón de mezclilla ennegrecidos por la falta de limpieza, se ve forzada a vivir con otros migrantes e indigentes adictos en lo que fuera el lecho del Río Tijuana, hoy reducido a un incipiente flujo de aguas verdosas llenas de basura.
Durante el día, ayuda a los comerciantes que ofrecen sus productos en "la línea". Esa es la única manera que ha encontrado para ganarse todos los días un poco de dinero y comer.
Por las noches, regresa a un bajopuente para guarecerse y dormir.
La nostalgia por estar lejos de sus hijos la envuelve a cada momento, y ésta se suma a la preocupación diaria por el acoso constante de los policías.
"Es demasiado difícil. Hay muertos o luego la policía seguido viene y me queman las cosas. Hay muchos abusos. Luego uno va caminando, lo detienen y, si le pregunta uno que por qué, lo detienen. Dicen que por no hacer nada".
En medio del llanto, Laura dice haber perdido ya toda esperanza de recuperar a sus hijos, pues no tiene dinero suficiente para volver a intentar cruzar del otro lado.
"Son como 2 mil 800 dólares por el cerro y, por la línea, como 2 mil, depende, pero no tengo dinero".
'Todos los días ando buscando cómo entrar'
Este año, Adrián ha intentado cruzar de ilegal la frontera norte de México cuatro veces. Todos han sido fracasos.
Además, ha sido secuestrado por el crimen organizado, golpeado y asaltado.
Sin embargo, aún después de vivir este viacrucis, en la garita de El Chaparral, en Tijuana, Baja California, -recién llegado de su última deportación-, asegura estar dispuesto a arriesgarse una vez más.
Su único aliciente es lograr reunirse de nuevo con su familia, que se encuentra en Sacramento, California.
El joven, cuyo nombre real es omitido, llevaba ya 15 años viviendo en Estados Unidos, donde se casó y procreó dos hijas.
"Tienen que matarme esos desgraciados pa´no irme, los de deportación. No me importa lo que pase, pero yo tengo mi familia allá, mis hijas".
Adrián y su padre emigraron de indocumentados a Estados Unidos hace 15 años a consecuencia de las condiciones económicas precarias que prevalecían en su hogar, en Guadalajara, Jalisco.
El trabajo más reciente que este joven logró conseguir fue como empleado de limpieza de albercas, hasta que un día lo deportaron a causa de un problema doméstico.
"Mi esposa, ya ve las americanas cómo son. Estábamos discutiendo y le dije: '¿Sabes qué? Ahí nos vemos'. Y me dijo: 'No corras, quédate'. Me subí al carro. Fue una discusión y me 'pusieron'", explicó.
"Me han agarrado cuatro veces. La segunda vez me deportaron a Matamoros, Tamaulipas. Allá me secuestró el mentado Cártel del Golfo. Como no les di dinero, me golpearon, me querían pasar a fuerza.
"Yo le dije: 'No señor, yo no necesito de sus servicios', entonces me dice: 'Entonces le vas a tener que hablar a tu familia porque vamos a pasarte. Querían mil dólares y les dije: 'No les voy a dar ni un peso partido a la mitad y hágale como tenga que hacerle'", narró.
Adrián fue atado a un poste para golpearlo brutalmente con un palo, luego fue llevado a Rey-
nosa, donde los delincuentes lo obligaron a darle de comer a otros migrantes.
"Como pude me aventé al río y de allí me agarró la migración otra vez y me tuvieron 156 días en Zapata, Texas. Me aventaron a Laredo y como pude me vine aquí (a Tijuana), y hace 15 días me aventé por la línea y me les pelé otra vez.
"Todos los días me la paso caminando en El Bordo buscando la manera de entrar, ayer ya había llegado a las puertas que se abren y me agarraron", narró entre sollozos.
Repatrian a convictos sin avisar a México
TIJUANA.- La expulsión de migrantes convictos en Estados Unidos a México para quitar presión a las cárceles de California ha aumentado la criminalidad en la frontera norte, especialmente en Tijuana, acusó el Gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna.
El funcionario explicó que las deportaciones se efectúan durante las madrugadas, sin previo aviso a la autoridad mexicana ni intercambio de información sobre los antecedentes penales de los indocumentados.
"Las deportaciones son de madrugada y todos los ex carcelados de California, los deportados ex carcelados, vienen para acá. (Lo que quiero es) la lista y toda la información biométrica para poder tomar esa información y correr la base de datos de estas personas deben algo en México. Hemos estado insiste e insiste", señaló.
Datos del Instituto Nacional de Migración (INM) señalan que, de los 13 puntos fronterizos, Tijuana recibe entre 20 y 30 por ciento de las más de 400 mil deportaciones anuales.
El DIF municipal indica que, en 2012, de los 118 mil 538 cruces en Baja California, 50 por ciento ocurrió en esta localidad.
"Nuestra cooperación es de buena vecindad, de buena cooperación. No queremos que Tijuana y Mexicali sean los puntos por los que se esté deportando.
"¿Qué pasa con Monterrey, Chihuahua, Nuevo Laredo? Ah bueno, pues los deportan por donde está menos peligroso. ¿Y todo este problema que se está generando? Tenemos que seguir insistiendo para que nos den información a tiempo", reclamó el Gobernador.
Para 2013, el promedio mensual de repatriados es de 4 mil 200, pero no hay cifras sobre cuántos estuvieron presos y por qué delitos.
La Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de Justicia de
Baja California aprehendió a 96 personas en lo que va de 2013.
De ellos, 23 son deportados que participaron en 15 homicidios.
Al respecto, el Procurador Rommel Romero explicó que la falta de información sobre los ex convictos hace que no puedan darles seguimiento y varios son reclutados por bandas de narcotraficantes.
Viven por años en Estados Unidos y sufren deportación
Por Henia Prado Hernández
Integrante HUMANOS
México
TIJUANA.- La persecución y criminalización de migrantes durante la presidencia de Barack Obama ha modificado el perfil de las deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos.
Ahora, la mayoría de expulsiones a México son de personas que tenían años de vivir en EU y no fueron detenidas en la colindancia de ambos países, reporta un análisis de El Colegio de la Frontera Norte (Colef).
Según la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (Emif Norte), en 1995, el 83.7 por ciento de personas devueltas a nuestro País tenía menos de un día en territorio estadounidense, es decir, fueron capturadas al cruzar a EU sin papeles. Sólo 5.1 por ciento tenía más de un año de residencia.
Al paso del tiempo, la proporción cambió.
En 2000 fue de 74.3 por ciento por 5.6; en 2005, de 59.2 por 5.7; en 2010 fue de 38.6 por 27.2.
Para 2011, las cifras se habían invertido: el 24.1 por ciento eran personas devueltas en la frontera y 46.5 tenía más de un año en EU.
El año pasado, los números llegaron a 14.9 contra 33.3.
"Cuando Estados Unidos quería mano de obra barata, la obtuvo fácilmente de México y Centroamérica, y no hubo problemas para cruzar. A partir de 2001, con los atentados, pero sobre todo en la Presidencia de Obama, empieza a funcionar un gran aparato del interior de Estados Unidos y empiezan a detener a muchos migrantes.
"Ya no nada más cruzando, sino en sus hogares, lugares de empleo, en la calle porque violaron las leyes de tránsito. Empieza un proceso de deportación masiva como nunca antes visto, y Obama viene a México a decir que gracias a los migrantes Estados Unidos es un país próspero, pero, por el otro lado, los está deportando y separando familias", criticó René Zenteno, investigador del Colef.
En el año 2002 fue creado el Departamento de Seguridad Interna, se reestructuró el Servicio de Inmigración, surgió la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que potencializó la verificación y el control migratorios.
La Patrulla Fronteriza, con 3 mil 555 agentes en 1992, aumentó en 2010 a 17 mil 535 elementos.
Entre 2008 y 2011 se amplió y reforzó el muro fronterizo.
A partir de 2007 comenzaron expulsiones expeditas desde el interior, redadas selectivas y deportaciones de migrantes irregulares que terminan con condenas penales o infracciones administrativas.
Una encuesta aplicada a 5 mil 80 individuos que llegaron a la Casa del Migrante en Tijuana exhibe que 16 por ciento tenía de 2 a 5 años de residir en EU; 19 por ciento, de 6 a 10 años, y 25 por ciento 11 o más años.
Para Rafael Alarcón, también investigador del Colef, las autoridades de ese país utilizan la criminalización para expulsar a los migrantes.
"Ya no son las deportaciones de la frontera, sino del interior, a través de programa el 287(g) y la Ley de Migración, que faculta a entrenar policías estatales y locales como agentes de migración. Por otro lado, el programa de Comunidades Seguras, que es donde se identifica a personas que están en las cárceles para saber cuáles son indocumentados, y el día de su liberación, son tomados por el ICE y deportados", detalló el académico.
El ICE identifica tres categorías de "criminales": la 1, que abarca a personas arrestadas por delitos de drogas graves, homicidio, violación sexual, robo con violencia y secuestro; la 2, convictos por delitos de drogas leves, contra la propiedad, intención de robar, fraude o lavado de dinero, y la 3, de ofensas menores.
"La Secretaría de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) hizo un estudio en 2010 sobre la población que tenían para conocer la peligrosidad de los criminales en cuestión. Sólo el 9 por ciento estaba en el nivel 1, en el nivel 2 estaba el 44 por ciento, y el resto pertenecía al nivel 3, lo cual demostraba que los programas, que los recursos, se estaban enfocando a personas que no ponían en riesgo al público", enfatizó Alarcón.
Por Henia Prado Hernández
Integrante HUMANOS
México
TIJUANA.- La persecución y criminalización de migrantes durante la presidencia de Barack Obama ha modificado el perfil de las deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos.
Ahora, la mayoría de expulsiones a México son de personas que tenían años de vivir en EU y no fueron detenidas en la colindancia de ambos países, reporta un análisis de El Colegio de la Frontera Norte (Colef).
Según la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (Emif Norte), en 1995, el 83.7 por ciento de personas devueltas a nuestro País tenía menos de un día en territorio estadounidense, es decir, fueron capturadas al cruzar a EU sin papeles. Sólo 5.1 por ciento tenía más de un año de residencia.
Al paso del tiempo, la proporción cambió.
En 2000 fue de 74.3 por ciento por 5.6; en 2005, de 59.2 por 5.7; en 2010 fue de 38.6 por 27.2.
Para 2011, las cifras se habían invertido: el 24.1 por ciento eran personas devueltas en la frontera y 46.5 tenía más de un año en EU.
El año pasado, los números llegaron a 14.9 contra 33.3.
"Cuando Estados Unidos quería mano de obra barata, la obtuvo fácilmente de México y Centroamérica, y no hubo problemas para cruzar. A partir de 2001, con los atentados, pero sobre todo en la Presidencia de Obama, empieza a funcionar un gran aparato del interior de Estados Unidos y empiezan a detener a muchos migrantes.
"Ya no nada más cruzando, sino en sus hogares, lugares de empleo, en la calle porque violaron las leyes de tránsito. Empieza un proceso de deportación masiva como nunca antes visto, y Obama viene a México a decir que gracias a los migrantes Estados Unidos es un país próspero, pero, por el otro lado, los está deportando y separando familias", criticó René Zenteno, investigador del Colef.
En el año 2002 fue creado el Departamento de Seguridad Interna, se reestructuró el Servicio de Inmigración, surgió la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que potencializó la verificación y el control migratorios.
La Patrulla Fronteriza, con 3 mil 555 agentes en 1992, aumentó en 2010 a 17 mil 535 elementos.
Entre 2008 y 2011 se amplió y reforzó el muro fronterizo.
A partir de 2007 comenzaron expulsiones expeditas desde el interior, redadas selectivas y deportaciones de migrantes irregulares que terminan con condenas penales o infracciones administrativas.
Una encuesta aplicada a 5 mil 80 individuos que llegaron a la Casa del Migrante en Tijuana exhibe que 16 por ciento tenía de 2 a 5 años de residir en EU; 19 por ciento, de 6 a 10 años, y 25 por ciento 11 o más años.
Para Rafael Alarcón, también investigador del Colef, las autoridades de ese país utilizan la criminalización para expulsar a los migrantes.
"Ya no son las deportaciones de la frontera, sino del interior, a través de programa el 287(g) y la Ley de Migración, que faculta a entrenar policías estatales y locales como agentes de migración. Por otro lado, el programa de Comunidades Seguras, que es donde se identifica a personas que están en las cárceles para saber cuáles son indocumentados, y el día de su liberación, son tomados por el ICE y deportados", detalló el académico.
El ICE identifica tres categorías de "criminales": la 1, que abarca a personas arrestadas por delitos de drogas graves, homicidio, violación sexual, robo con violencia y secuestro; la 2, convictos por delitos de drogas leves, contra la propiedad, intención de robar, fraude o lavado de dinero, y la 3, de ofensas menores.
"La Secretaría de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) hizo un estudio en 2010 sobre la población que tenían para conocer la peligrosidad de los criminales en cuestión. Sólo el 9 por ciento estaba en el nivel 1, en el nivel 2 estaba el 44 por ciento, y el resto pertenecía al nivel 3, lo cual demostraba que los programas, que los recursos, se estaban enfocando a personas que no ponían en riesgo al público", enfatizó Alarcón.
Adoptan convenciones contra la discriminación
La Antigua, Guatemala
La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saluda la adopción de la "Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial, y formas conexas de intolerancia" y la "Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia", por parte de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), reunida en Guatemala.
La Relatoría, que formó parte del Grupo de Trabajo de la OEA encargado de elaborar estas convenciones, saluda el voto en la Asamblea General de la OEA como histórico, y un paso significativo hacia la eliminación del racismo y todas las formas de discriminación en el hemisferio, en el trabajo conjunto para llevar justicia e igualdad a todas las personas, independientemente de su raza o etnicidad.
La Comisión reconoce a la delegación de Antigua y Barbuda, bajo cuyo liderazgo concluyeron exitosamente las negociaciones de las Convenciones.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
La Antigua, Guatemala
La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saluda la adopción de la "Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial, y formas conexas de intolerancia" y la "Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia", por parte de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), reunida en Guatemala.
La Relatoría, que formó parte del Grupo de Trabajo de la OEA encargado de elaborar estas convenciones, saluda el voto en la Asamblea General de la OEA como histórico, y un paso significativo hacia la eliminación del racismo y todas las formas de discriminación en el hemisferio, en el trabajo conjunto para llevar justicia e igualdad a todas las personas, independientemente de su raza o etnicidad.
La Comisión reconoce a la delegación de Antigua y Barbuda, bajo cuyo liderazgo concluyeron exitosamente las negociaciones de las Convenciones.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
PIDE LA ONU ABOLIR ARRAIGADO EN MÉXICO
Por Henia Prado Hernández
Integrante HUMANOS
México
El Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) urgió al Estado mexicano a abolir la figura del arraigo y lo instó a aprobar una ley general sobre desapariciones forzadas.
En sus observaciones, el grupo de expertos planteó su preocupación por denuncias de actos de tortura y malos tratos en contra de personas privadas de libertad en virtud de órdenes de arraigo, algunas de ellas cumplidas en instalaciones militares.
"A pesar de lo recomendado (por el CAT) en sus anteriores observaciones finales, el Estado parte elevó a rango constitucional la figura del arraigo en 2008, estando también regulada por algunas entidades federativas, como el estado de Jalisco", indica.
"El Comité constata la ineficacia del recurso de amparo frente al internamiento en régimen de arraigo. Constata también que dicho régimen ha propiciado la utilización como prueba de confesiones presuntamente obtenidas bajo tortura", alerta.
Por ello, insiste, a la luz de lo establecido en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, reitera su recomendación de que el Estado parte elimine la detención mediante arraigo de la legislación y la práctica, tanto a nivel federal como estatal.
Destaca el establecimiento de garantías constitucionales sobre la inadmisibilidad de los elementos de prueba obtenidos con vulneración de los derechos fundamentales, pero lamenta que ciertos tribunales continúen aceptando confesiones presuntamente obtenidas bajo coacción o tortura en aplicación del principio de "inmediatez procesal".
"El Comité considera que el caso de Israel Arzate Meléndez resulta paradigmático para ilustrar la persistencia de esas prácticas incluso en aquellas jurisdicciones en las que ya ha sido implantado el nuevo sistema de justicia penal", apunta.
De acuerdo con el CAT, la falta de tipificación adecuada de la tortura en los códigos penales locales y federales y en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura deriva en impunidad y en la nula reparación del daño para las víctimas.
Según datos aportados por autoridades mexicanas al Comité, se han dictado únicamente seis sentencias por tortura desde 2005.
Integrante HUMANOS
México
El Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) urgió al Estado mexicano a abolir la figura del arraigo y lo instó a aprobar una ley general sobre desapariciones forzadas.
En sus observaciones, el grupo de expertos planteó su preocupación por denuncias de actos de tortura y malos tratos en contra de personas privadas de libertad en virtud de órdenes de arraigo, algunas de ellas cumplidas en instalaciones militares.
"A pesar de lo recomendado (por el CAT) en sus anteriores observaciones finales, el Estado parte elevó a rango constitucional la figura del arraigo en 2008, estando también regulada por algunas entidades federativas, como el estado de Jalisco", indica.
"El Comité constata la ineficacia del recurso de amparo frente al internamiento en régimen de arraigo. Constata también que dicho régimen ha propiciado la utilización como prueba de confesiones presuntamente obtenidas bajo tortura", alerta.
Por ello, insiste, a la luz de lo establecido en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, reitera su recomendación de que el Estado parte elimine la detención mediante arraigo de la legislación y la práctica, tanto a nivel federal como estatal.
Destaca el establecimiento de garantías constitucionales sobre la inadmisibilidad de los elementos de prueba obtenidos con vulneración de los derechos fundamentales, pero lamenta que ciertos tribunales continúen aceptando confesiones presuntamente obtenidas bajo coacción o tortura en aplicación del principio de "inmediatez procesal".
"El Comité considera que el caso de Israel Arzate Meléndez resulta paradigmático para ilustrar la persistencia de esas prácticas incluso en aquellas jurisdicciones en las que ya ha sido implantado el nuevo sistema de justicia penal", apunta.
De acuerdo con el CAT, la falta de tipificación adecuada de la tortura en los códigos penales locales y federales y en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura deriva en impunidad y en la nula reparación del daño para las víctimas.
Según datos aportados por autoridades mexicanas al Comité, se han dictado únicamente seis sentencias por tortura desde 2005.
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FALLO HISTÓRICO CONTRA RÍOS MONTT
Por Amilcar Avila
Integrante HUMANOS
Guatemala
El lunes 28 de enero de 2013 pasó a la historia de Guatemala cuando el titular del juzgado Primero B de Mayor Riesgo, Miguel Gálvez, resolvió enviar a juicio al ex jefe de Estado, Efraín Ríos Montt, por los delitos de genocidio y deberes contra de la humanidad por el genocidio de mil 771 indígenas de la etnia maya ixil durante 1982 y 1983. En el mismos proceso también se abrió debate por los mismos delitos contra el general retirado José Rodríguez, miembro de la cúpula de Ríos Montt.
Con esa resolución Ríos Montt fue el primer exjefe de Estado en ser procesado por las matazas ocurridos durante el conflicto armado interno entre 1960 y 1996 que dejaron más de 250 mil víctimas, entre fallecidos y desaparecidos.
Los abogados defensores del exjefe de Estado no comparten ese argumento. “Solo buscan prejudicar a nuestro cliente. Nunca he visto que un tribunal adelante los juicios, lo común es que se retrasen. Todo esto se debe a las presiones a nivel internacional”, explicó Danilo Rodríguez.
El 11 de mayo de 2013 es una fecha que pasará a la historia de Guatemala: 29 años, nueve meses y tres días después de ser apartado del poder, el anciano José Efraín Ríos Montt, el hombre que gobernó este país centroamericano con mano de hierro entre el 23 de marzo de 1982 y el 9 de agosto de 1983, vio el amanecer desde una celda. El general de la Biblia y la espada es el reo número 19 del cuartel de Matamoros, habilitado como cárcel para prisioneros vulnerables, aquellos que es necesario mantener lejos de los centros penitenciarios comunes.
Organizaciones y activistas de los derechos humanos y familiares de las víctimas aplaudieron la decisión histórica. De hecho, el dia de la resolución quemaron cohetillos afuera de la Torre de Tribunales e instalaron un altar con ofrendar, flores e incienso.
El exgeneral Ríos Montt llegó al poder luego de un golpe de Estado en 1982 y durante el perido que estuvo al frente ocurrieron distintas operaciones militares dejando múltiples violaciones sexuales y el desplazamiento de miles de indígenas.
Por Amilcar Avila
Integrante HUMANOS
Guatemala
El lunes 28 de enero de 2013 pasó a la historia de Guatemala cuando el titular del juzgado Primero B de Mayor Riesgo, Miguel Gálvez, resolvió enviar a juicio al ex jefe de Estado, Efraín Ríos Montt, por los delitos de genocidio y deberes contra de la humanidad por el genocidio de mil 771 indígenas de la etnia maya ixil durante 1982 y 1983. En el mismos proceso también se abrió debate por los mismos delitos contra el general retirado José Rodríguez, miembro de la cúpula de Ríos Montt.
Con esa resolución Ríos Montt fue el primer exjefe de Estado en ser procesado por las matazas ocurridos durante el conflicto armado interno entre 1960 y 1996 que dejaron más de 250 mil víctimas, entre fallecidos y desaparecidos.
Los abogados defensores del exjefe de Estado no comparten ese argumento. “Solo buscan prejudicar a nuestro cliente. Nunca he visto que un tribunal adelante los juicios, lo común es que se retrasen. Todo esto se debe a las presiones a nivel internacional”, explicó Danilo Rodríguez.
El 11 de mayo de 2013 es una fecha que pasará a la historia de Guatemala: 29 años, nueve meses y tres días después de ser apartado del poder, el anciano José Efraín Ríos Montt, el hombre que gobernó este país centroamericano con mano de hierro entre el 23 de marzo de 1982 y el 9 de agosto de 1983, vio el amanecer desde una celda. El general de la Biblia y la espada es el reo número 19 del cuartel de Matamoros, habilitado como cárcel para prisioneros vulnerables, aquellos que es necesario mantener lejos de los centros penitenciarios comunes.
Organizaciones y activistas de los derechos humanos y familiares de las víctimas aplaudieron la decisión histórica. De hecho, el dia de la resolución quemaron cohetillos afuera de la Torre de Tribunales e instalaron un altar con ofrendar, flores e incienso.
El exgeneral Ríos Montt llegó al poder luego de un golpe de Estado en 1982 y durante el perido que estuvo al frente ocurrieron distintas operaciones militares dejando múltiples violaciones sexuales y el desplazamiento de miles de indígenas.
