PERÚ
SEGURIDAD EN EMERGENCIA
En medio de una crisis política, el Perú lucha contra la inseguridad ciudadana
que mantiene en zozobra a la población
que mantiene en zozobra a la población
Por: Karla Velezmoro (*) y Sonia Tello
Integrante HUMANOS
Fotos: Víctor Mallqui
Recostado en su cama y con el torso al descubierto, Alan Aquino señalaba con su dedo índice cada una de las marcas que los tres impactos de bala le dejaron en su cuerpo.
“No sabía cuántas balas me había caído. Recién al mes me enteré que eran tres: la que me cayó en la columna, esta que me dañó el pulmón y esta otra que me rozó el hígado”, dijo.
Así fue el primer encuentro que sostuvimos con Alan Cooper Aquino Puga a tan solo un año del ataque delincuencial que sufrió el 21 de octubre del 2012. Hoy, diez años después, nos recibe en esa misma casa en que lo vimos convaleciente.
“Recuerdo que yo estaba consciente. Todos gritaban: ¡traigan una ambulancia! Pero nadie hacía nada. Hasta que vino mi hermano y me cargó. Me dijo: tranquilo, todo va a estar bien”.
Aquella madrugada, mientras Alan era trasladado a una clínica, su cuñado Angelo Miranda, otra de las víctimas, moría desangrado en plena avenida de San Juan de Lurigancho, uno de los distritos más populosos del Perú y que acaba de ser declarado en estado de emergencia debido a los atentados perpetrados por extorsionadores.
“Yo ya no podía ni respirar. Era como si estuviera debajo del agua. Sentía los ojos pesados. El cuerpo me quemaba. Eso que dicen que ves pasar tu vida como una película, es cierto. Pensé que eran mis últimos momentos. Sentí que me estaba yendo”.
Hoy, Alan tiene 34 años y puede evocar lo que pasó sin el sufrimiento que lo invadía los primeros años por haber quedado parapléjico. Recuerda que aquel día celebraban en una discoteca el cumpleaños de su hermana Elizabeth, que estaba embarazada de cinco meses, cuando dos sujetos intentaron robarles, al reclamarles se armó un trifulca y a todos los retiraron del local. Ya en el frontis de la discoteca, Alan y su cuñado Ángelo fueron baleados por estos mismos sujetos que regresaron en moto minutos después.
En las imágenes de las cámaras de vigilancia se aprecia a Ángelo tapando con su mano la herida del estómago que sangraba profusamente. En vano, intentó tomar un taxi. Cuadras más adelante terminaría desplomándose.
A diferencia de Ángelo, Alan sobrevivió. Pero no fue fácil.
“Fueron momentos muy dolorosos”, recuerda mientras se desplaza en su silla semideportiva por los diferentes ambientes de su casa: dormitorio, cocina y el baño, todos adaptados a su actual condición.
“Después del intento de asalto, yo me tuve que reinventar. Tuve que aprender a convertir las adversidades en oportunidades”.
Integrante HUMANOS
Fotos: Víctor Mallqui
Recostado en su cama y con el torso al descubierto, Alan Aquino señalaba con su dedo índice cada una de las marcas que los tres impactos de bala le dejaron en su cuerpo.
“No sabía cuántas balas me había caído. Recién al mes me enteré que eran tres: la que me cayó en la columna, esta que me dañó el pulmón y esta otra que me rozó el hígado”, dijo.
Así fue el primer encuentro que sostuvimos con Alan Cooper Aquino Puga a tan solo un año del ataque delincuencial que sufrió el 21 de octubre del 2012. Hoy, diez años después, nos recibe en esa misma casa en que lo vimos convaleciente.
“Recuerdo que yo estaba consciente. Todos gritaban: ¡traigan una ambulancia! Pero nadie hacía nada. Hasta que vino mi hermano y me cargó. Me dijo: tranquilo, todo va a estar bien”.
Aquella madrugada, mientras Alan era trasladado a una clínica, su cuñado Angelo Miranda, otra de las víctimas, moría desangrado en plena avenida de San Juan de Lurigancho, uno de los distritos más populosos del Perú y que acaba de ser declarado en estado de emergencia debido a los atentados perpetrados por extorsionadores.
“Yo ya no podía ni respirar. Era como si estuviera debajo del agua. Sentía los ojos pesados. El cuerpo me quemaba. Eso que dicen que ves pasar tu vida como una película, es cierto. Pensé que eran mis últimos momentos. Sentí que me estaba yendo”.
Hoy, Alan tiene 34 años y puede evocar lo que pasó sin el sufrimiento que lo invadía los primeros años por haber quedado parapléjico. Recuerda que aquel día celebraban en una discoteca el cumpleaños de su hermana Elizabeth, que estaba embarazada de cinco meses, cuando dos sujetos intentaron robarles, al reclamarles se armó un trifulca y a todos los retiraron del local. Ya en el frontis de la discoteca, Alan y su cuñado Ángelo fueron baleados por estos mismos sujetos que regresaron en moto minutos después.
En las imágenes de las cámaras de vigilancia se aprecia a Ángelo tapando con su mano la herida del estómago que sangraba profusamente. En vano, intentó tomar un taxi. Cuadras más adelante terminaría desplomándose.
A diferencia de Ángelo, Alan sobrevivió. Pero no fue fácil.
“Fueron momentos muy dolorosos”, recuerda mientras se desplaza en su silla semideportiva por los diferentes ambientes de su casa: dormitorio, cocina y el baño, todos adaptados a su actual condición.
“Después del intento de asalto, yo me tuve que reinventar. Tuve que aprender a convertir las adversidades en oportunidades”.
UN LEÓN ATADO
Diariamente, Alan debe enfrentar una realidad hostil, sortear obstáculos como cuando tiene que trasladarse de un lugar a otro en una ciudad que no está preparada para convivir con las personas con discapacidad. Sin embargo, para él, la barrera más grande que tienen que afrontar las personas con discapacidad es la actitudinal, la que proviene de los ciudadanos que no respetan sus derechos y de funcionarios públicos que tampoco cumplen con su labor de velar por ellos, a pesar de tener ese encargo.
“Ante este dolor que yo he sufrido como persona con discapacidad, yo decido convertirme en un activista que defiende y promueve nuestros derechos”, comenta a Alan, quien fundó ASPROD PERÚ, un asociación que ha logrado reconocimientos al sacar adelante proyectos como ¨Vida digna”, Miss WheelChair y el primer Club de fútbol adaptado, entre otros.
“Yo me siento como un león atado porque quisiera hacer mucho más, pero no pierdo el optimismo de que así será”.
La vida de Alan cambió. Es un ejemplo de resiliencia.
“Yo nunca obtuve justicia. Los que me hicieron esto a mí y a mi cuñado andan por ahí libres: Por eso yo lucho por los derechos de la gente para que no les pase lo que a mí. Hoy, en el 2023, se vive más en peligro aquí y en Latinoamérica”.
Y es que han pasado diez años del ataque delincuencia que sufrió Alan y lo que no ha cambiado y más bien se ha agudizado es el problema de la inseguridad en su distrito.
Según una reciente encuesta de IPSOS, el 47% de los habitantes de San Juan de Lurigancho aseguran haber sido víctimas de algún delito en el último año.
De acuerdo al sistema de Registro de Denuncias Policiales, San Juan de Lurigancho es el distrito con mayor número de robos en el país: 5.931 denuncias.
Pero son las extorsiones y el alto nivel de violencia de las amenazas para cobrar cupos de las bandas organizadas lo que ha llevado a San Juan De Lurigancho a ser uno de los distritos declarados en estado de emergencia.
“Los asaltos están creando más discapacidad. La Policía necesita contar con mayores herramientas para combatir la delincuencia”, concluye Alan, quien forma parte de las más de millón 200 mil personas que viven en ese distrito.
“Ante este dolor que yo he sufrido como persona con discapacidad, yo decido convertirme en un activista que defiende y promueve nuestros derechos”, comenta a Alan, quien fundó ASPROD PERÚ, un asociación que ha logrado reconocimientos al sacar adelante proyectos como ¨Vida digna”, Miss WheelChair y el primer Club de fútbol adaptado, entre otros.
“Yo me siento como un león atado porque quisiera hacer mucho más, pero no pierdo el optimismo de que así será”.
La vida de Alan cambió. Es un ejemplo de resiliencia.
“Yo nunca obtuve justicia. Los que me hicieron esto a mí y a mi cuñado andan por ahí libres: Por eso yo lucho por los derechos de la gente para que no les pase lo que a mí. Hoy, en el 2023, se vive más en peligro aquí y en Latinoamérica”.
Y es que han pasado diez años del ataque delincuencia que sufrió Alan y lo que no ha cambiado y más bien se ha agudizado es el problema de la inseguridad en su distrito.
Según una reciente encuesta de IPSOS, el 47% de los habitantes de San Juan de Lurigancho aseguran haber sido víctimas de algún delito en el último año.
De acuerdo al sistema de Registro de Denuncias Policiales, San Juan de Lurigancho es el distrito con mayor número de robos en el país: 5.931 denuncias.
Pero son las extorsiones y el alto nivel de violencia de las amenazas para cobrar cupos de las bandas organizadas lo que ha llevado a San Juan De Lurigancho a ser uno de los distritos declarados en estado de emergencia.
“Los asaltos están creando más discapacidad. La Policía necesita contar con mayores herramientas para combatir la delincuencia”, concluye Alan, quien forma parte de las más de millón 200 mil personas que viven en ese distrito.
LA VIOLENCIA Y EXTORSIÓN QUE ACECHAN A LOS PERUANOS
¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS?
¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS?
“Ya te cagas… si no me pagas 300 mil soles (cerca 80 mil dólares) tú y tu familia entera van a morir. Tienes una oportunidad más. Levanta el fono…”
Este es el mensaje que "Los Cómplices de la Cumbia" recibieron en un sobre manila en el que también había cinco balas. Inmediatamente, denunciaron ante la Policía y por unas semanas decidieron mantener perfil bajo. Pero, al notar que las amenazas cesaron, esta banda muy popular en el cono sur de Lima programó su retorno anunciando una presentación en la discoteca Xanders de San Juan de Lurigancho. Sin embargo, su tan esperado regreso no ocurriría.
Viernes 15 de septiembre, 8 de la noche, grupos de jóvenes caminaban por el frontis de la discoteca cuando, de pronto, detonó una granada en la puerta del local. La onda expansiva del explosivo dejó 15 heridos, tres de ellos de gravedad.
“Yo me encuentro muy asustado. Yo no le hago daño a nadie. Soy joven. A mí solo me gusta cantar y compartir con el público”, declaró a la prensa Sergio Romero, Chechito, cantante de la agrupación de cumbia, quien reveló a la Policía que desde hace más de un mes reciben amenazas.
Este hecho fue el detonante para que tres días después el gobierno decidiera declarar en emergencia por 60 días no solo San Juan de Lurigancho sino también San Martín de Porres y seis localidades de la ciudad norteña de Sullana en Piura, medida que fue prorrogada.
Pero no son solo los artistas blanco de extorsiones, los pequeños negocios también.
El presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choy, informó que el 60% de sus más de 22 mil asociados han sido víctima de extorsionadores, cobradores de cupos y prestamistas que utilizan la modalidad conocida como ‘gota a gota’. Es más, precisó que de cada diez bodegueros, uno decidió cerrar su negocio por temor a las amenazas.
Y es que las cifras son alarmantes: en lo que va del año se han registrado cerca de 13 mil denuncias de extorsión, según la Policía Peruana.
Aún con la declaratoria de emergencia, los actos delincuenciales no han cesado. En San Juan de Lurigancho, el 25 de septiembre pasado, policías de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) lograron desactivar una granada que dejaron en el frontis de una pequeña bodega.
El 24 de octubre, un sujeto lanzó su mochila al techo de la vivienda de una anciana al ser perseguido por la Policía. Afortunadamente, la granada no explotó. El 26 de octubre, detonaron una granada de guerra en un taller de confecciones de peluches. Y los casos continúan.
Lo más preocupante es que algunas de estas bandas están utilizando menores de edad para realizar las extorsiones. Esta situación quedó evidenciada con la captura de un adolescente de 14 años como integrante de la organización criminal Los Malditos de Huáscar que opera en San Juan de Lurigancho.
Pero las extorsiones no son exclusivas de los distritos declarados en emergencia. Cansados de ser extorsionados por delincuentes venezolanos, el pasado 30 de octubre, un grupo de mototaxistas peruanos que trabaja en La Parada (mercado mayorista de Lima) quemó la moto de un presunto extorsionador.
Protagonizaron protestas
Los mototaxistas expresaron su frustración por tener que pagar entre uno y dos soles diarios a los extorsionadores (menos de un dólar), por lo que decidieron enfrentarse a ellos.
Dos días después, el 1 de noviembre, en redes sociales se viralizó un video en donde aparecen un grupo de encapuchado empuñando armas lanzando el siguiente mensaje: "Si vuelven atentar contra la vida de algún otro venezolano trabajador, aplicaremos lo mismo, mataremos peruanos trabajadores para que se den cuenta de que esa no es la solución. No habrá paz para los peruanos que apoyen la xenofobia. Comenzaremos a matar a todos los motorizados peruanos que estén en los paraderos de La Victoria, Gamarra, 28, y cualquier otro distrito que se preste. Esperamos que se normalice la situación con los venezolanos trabajadores. Estamos en Perú. Atentamente: Los Gallegos".
Esta amenaza fue difundida a través de los medios de comunicación, lo que ocasionó alarma en la población.
Cabe precisar que Los Gallegos es una facción de la organización criminal El Tren de Aragua que opera en varios países de la región.
A estos episodios se suman los robos comunes, sobre todo, de celulares. Según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), cada hora, se roban en promedio, 200 equipos móviles a nivel nacional. Hasta los escolares son blanco de estos robos.
A pesar del estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, un adolescente fue acuchillado por la espalda para robarle su celular cerca a su colegio. Los padres de familia protestaron en el frontis de la escuela por la inseguridad en la zona.
Los peruanos consideran que el principal problema que tiene el país es la inseguridad ciudadana y la delincuencia. Y es que el Perú lidera junto a Ecuador el ranking de percepción de criminalidad en Latinoamérica, según un reciente estudio de opinión de CID GALLUP.
De acuerdo con este informe internacional, el 87% de los peruanos encuestados siente que la criminalidad está en alza. Y si hablamos ya no de percepción sino de cifras oficiales, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 28,1% de la población peruana que vive en zonas urbanas fue víctima de algún hecho delictivo durante el semestre de marzo a septiembre de este año.
Sin embargo, es altamente probable que la cifra sea mucho más elevada, pues se sabe que no todos denuncian los robos.
Este es el mensaje que "Los Cómplices de la Cumbia" recibieron en un sobre manila en el que también había cinco balas. Inmediatamente, denunciaron ante la Policía y por unas semanas decidieron mantener perfil bajo. Pero, al notar que las amenazas cesaron, esta banda muy popular en el cono sur de Lima programó su retorno anunciando una presentación en la discoteca Xanders de San Juan de Lurigancho. Sin embargo, su tan esperado regreso no ocurriría.
Viernes 15 de septiembre, 8 de la noche, grupos de jóvenes caminaban por el frontis de la discoteca cuando, de pronto, detonó una granada en la puerta del local. La onda expansiva del explosivo dejó 15 heridos, tres de ellos de gravedad.
“Yo me encuentro muy asustado. Yo no le hago daño a nadie. Soy joven. A mí solo me gusta cantar y compartir con el público”, declaró a la prensa Sergio Romero, Chechito, cantante de la agrupación de cumbia, quien reveló a la Policía que desde hace más de un mes reciben amenazas.
Este hecho fue el detonante para que tres días después el gobierno decidiera declarar en emergencia por 60 días no solo San Juan de Lurigancho sino también San Martín de Porres y seis localidades de la ciudad norteña de Sullana en Piura, medida que fue prorrogada.
Pero no son solo los artistas blanco de extorsiones, los pequeños negocios también.
El presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choy, informó que el 60% de sus más de 22 mil asociados han sido víctima de extorsionadores, cobradores de cupos y prestamistas que utilizan la modalidad conocida como ‘gota a gota’. Es más, precisó que de cada diez bodegueros, uno decidió cerrar su negocio por temor a las amenazas.
Y es que las cifras son alarmantes: en lo que va del año se han registrado cerca de 13 mil denuncias de extorsión, según la Policía Peruana.
Aún con la declaratoria de emergencia, los actos delincuenciales no han cesado. En San Juan de Lurigancho, el 25 de septiembre pasado, policías de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) lograron desactivar una granada que dejaron en el frontis de una pequeña bodega.
El 24 de octubre, un sujeto lanzó su mochila al techo de la vivienda de una anciana al ser perseguido por la Policía. Afortunadamente, la granada no explotó. El 26 de octubre, detonaron una granada de guerra en un taller de confecciones de peluches. Y los casos continúan.
Lo más preocupante es que algunas de estas bandas están utilizando menores de edad para realizar las extorsiones. Esta situación quedó evidenciada con la captura de un adolescente de 14 años como integrante de la organización criminal Los Malditos de Huáscar que opera en San Juan de Lurigancho.
Pero las extorsiones no son exclusivas de los distritos declarados en emergencia. Cansados de ser extorsionados por delincuentes venezolanos, el pasado 30 de octubre, un grupo de mototaxistas peruanos que trabaja en La Parada (mercado mayorista de Lima) quemó la moto de un presunto extorsionador.
Protagonizaron protestas
Los mototaxistas expresaron su frustración por tener que pagar entre uno y dos soles diarios a los extorsionadores (menos de un dólar), por lo que decidieron enfrentarse a ellos.
Dos días después, el 1 de noviembre, en redes sociales se viralizó un video en donde aparecen un grupo de encapuchado empuñando armas lanzando el siguiente mensaje: "Si vuelven atentar contra la vida de algún otro venezolano trabajador, aplicaremos lo mismo, mataremos peruanos trabajadores para que se den cuenta de que esa no es la solución. No habrá paz para los peruanos que apoyen la xenofobia. Comenzaremos a matar a todos los motorizados peruanos que estén en los paraderos de La Victoria, Gamarra, 28, y cualquier otro distrito que se preste. Esperamos que se normalice la situación con los venezolanos trabajadores. Estamos en Perú. Atentamente: Los Gallegos".
Esta amenaza fue difundida a través de los medios de comunicación, lo que ocasionó alarma en la población.
Cabe precisar que Los Gallegos es una facción de la organización criminal El Tren de Aragua que opera en varios países de la región.
A estos episodios se suman los robos comunes, sobre todo, de celulares. Según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), cada hora, se roban en promedio, 200 equipos móviles a nivel nacional. Hasta los escolares son blanco de estos robos.
A pesar del estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, un adolescente fue acuchillado por la espalda para robarle su celular cerca a su colegio. Los padres de familia protestaron en el frontis de la escuela por la inseguridad en la zona.
Los peruanos consideran que el principal problema que tiene el país es la inseguridad ciudadana y la delincuencia. Y es que el Perú lidera junto a Ecuador el ranking de percepción de criminalidad en Latinoamérica, según un reciente estudio de opinión de CID GALLUP.
De acuerdo con este informe internacional, el 87% de los peruanos encuestados siente que la criminalidad está en alza. Y si hablamos ya no de percepción sino de cifras oficiales, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 28,1% de la población peruana que vive en zonas urbanas fue víctima de algún hecho delictivo durante el semestre de marzo a septiembre de este año.
Sin embargo, es altamente probable que la cifra sea mucho más elevada, pues se sabe que no todos denuncian los robos.
LA DEMOCRACIA PERUANA, EN JUEGO
LA OLEADA DE VIOLENCIA Y EXTORSIÓN
HA POPULARIZADO LOS DISCURSOS RADICALES
LA OLEADA DE VIOLENCIA Y EXTORSIÓN
HA POPULARIZADO LOS DISCURSOS RADICALES
Tendido en la camilla de una clínica, Jaime Villanueva, asesor de la Fiscalía de la Nación del Perú, fue notificado de la resolución judicial que ordenaba su detención preliminar para ser investigado por delito de tráfico de influencias al presuntamente pactar en las votaciones del Congreso para la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos y el intento de remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
De nada le valió internarse por un dolor lumbar, Villanueva fue arrestado y llevado a la Prefectura de Lima. Una vez más el Perú estaba inmerso en una nueva crisis política.
La corrupción desplazaba así de las portadas a la inseguridad ciudadana. Al menos por esos días en los que ya no se habló solo de eso, sino también de la denuncia que -a modo de reacción- presentó inmediatamente la Fiscal de la Nación contra la presidenta Dina Boluarte y su presidente del Consejo de Ministros, entre otros, por la muertes ocurridas durante las protestas de diciembre de 2022 y enero 2023.
Sin embargo, esta decisión no pudo evitar el tremendo escándalo que provocó que la Fiscal de la Nación finalmente fuera separada del cargo. Pero aún hay más: una resolución del Tribunal Constitucional puso en libertad al expresidente Alberto Fujimori, fallo que ha generado opiniones divididas y la protesta de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Y es que en el Perú, la institucionalidad es frágil. En los últimos cinco años han gobernado el país seis presidentes: Pedro Pablo Kukzynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte, actual jefa de Estado y la primera mujer en ocupar este cargo.
En una reciente encuesta de CPI, las cifras revelan que el 84% de la población desaprueba la gestión de Boluarte y el 90% la del Congreso de la República.
Bajo este panorama político, el actual gobierno pretende lidiar con una delincuencia organizada que cada día gana más terreno y que no se intimida ante las medidas de excepción, como las declaratorias de estado de emergencia, con tal de lograr su objetivo: cobrar cupos.
“Hay que reforzar a la Policía con capacitación, con bienes y servicios. Le estamos diciendo refuercen sus unidades de inteligencia para que desarticulen estas bandas sean peruanas o extranjeras porque la lucha por los territorios es lo que está ocasionando todo este problema”, afirmó Alberto Huertas, Defensor del Pueblo Adjunto
Sin embargo, en lo que va de este gobierno ya son cuatro los titulares en el Ministerio del Interior lo que dificulta un enfrentamiento eficaz contra la delincuencia común y organizada.
El 15 de noviembre pasado, el Congreso de la República censuró al Ministro del Interior, general Vicente Romero, al considerar “una manifiesta incapacidad de liderazgo e idoneidad" para el ejercicio del cargo”. Y es que el Parlamento consideró que no hay resultados del plan que ha puesto en marcha el gobierno para combatir la delincuencia común y el crimen organizado.
Del mismo parecer es la Defensoría del Pueblo que, a un mes de haberse dispuesto el estado de emergencia en algunos distritos, se pronunció que la medida era insuficiente.
“No solo es relevante la implementación de estrategias destinadas al control, represión y sanción del delito, como el incremento de penas; sino que, además, es imprescindible apostar por políticas públicas eficientes a mediano y largo plazo, atendiendo los factores y las causas que favorecen la violencia y la criminalidad en el país”, puntualizó en su comunicado.
De nada le valió internarse por un dolor lumbar, Villanueva fue arrestado y llevado a la Prefectura de Lima. Una vez más el Perú estaba inmerso en una nueva crisis política.
La corrupción desplazaba así de las portadas a la inseguridad ciudadana. Al menos por esos días en los que ya no se habló solo de eso, sino también de la denuncia que -a modo de reacción- presentó inmediatamente la Fiscal de la Nación contra la presidenta Dina Boluarte y su presidente del Consejo de Ministros, entre otros, por la muertes ocurridas durante las protestas de diciembre de 2022 y enero 2023.
Sin embargo, esta decisión no pudo evitar el tremendo escándalo que provocó que la Fiscal de la Nación finalmente fuera separada del cargo. Pero aún hay más: una resolución del Tribunal Constitucional puso en libertad al expresidente Alberto Fujimori, fallo que ha generado opiniones divididas y la protesta de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Y es que en el Perú, la institucionalidad es frágil. En los últimos cinco años han gobernado el país seis presidentes: Pedro Pablo Kukzynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte, actual jefa de Estado y la primera mujer en ocupar este cargo.
En una reciente encuesta de CPI, las cifras revelan que el 84% de la población desaprueba la gestión de Boluarte y el 90% la del Congreso de la República.
Bajo este panorama político, el actual gobierno pretende lidiar con una delincuencia organizada que cada día gana más terreno y que no se intimida ante las medidas de excepción, como las declaratorias de estado de emergencia, con tal de lograr su objetivo: cobrar cupos.
“Hay que reforzar a la Policía con capacitación, con bienes y servicios. Le estamos diciendo refuercen sus unidades de inteligencia para que desarticulen estas bandas sean peruanas o extranjeras porque la lucha por los territorios es lo que está ocasionando todo este problema”, afirmó Alberto Huertas, Defensor del Pueblo Adjunto
Sin embargo, en lo que va de este gobierno ya son cuatro los titulares en el Ministerio del Interior lo que dificulta un enfrentamiento eficaz contra la delincuencia común y organizada.
El 15 de noviembre pasado, el Congreso de la República censuró al Ministro del Interior, general Vicente Romero, al considerar “una manifiesta incapacidad de liderazgo e idoneidad" para el ejercicio del cargo”. Y es que el Parlamento consideró que no hay resultados del plan que ha puesto en marcha el gobierno para combatir la delincuencia común y el crimen organizado.
Del mismo parecer es la Defensoría del Pueblo que, a un mes de haberse dispuesto el estado de emergencia en algunos distritos, se pronunció que la medida era insuficiente.
“No solo es relevante la implementación de estrategias destinadas al control, represión y sanción del delito, como el incremento de penas; sino que, además, es imprescindible apostar por políticas públicas eficientes a mediano y largo plazo, atendiendo los factores y las causas que favorecen la violencia y la criminalidad en el país”, puntualizó en su comunicado.
A LO BUKELE…
Si en El Salvador existe un “Plan Bukele”, aquí en el Perú tenemos el “Plan Boluarte”. Y es que ante las voces que sugerían implementar el Plan Bukele en el Perú, al actual gobierno no se le ocurrió mejor idea que bautizar su plan de seguridad con el apellido de la presidenta.
“Aquí no habrá un plan Bukele, habrá un Plan Boluarte, hacer lo que mejor hayan hecho otros gobiernos. El señor Bukele ha hecho dos cosas, que los policías suban a los buses a cuidar a la ciudadanía y programas de fomento de deporte en zonas donde se recuperaron de la delincuencia”, expuso el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola ante el Congreso de la República. Luego, advertiría que dicho plan había sido preparado “con la Constitución en la mano” a modo de enfatizar que la propuesta garantiza el respeto a los derechos humanos.
El debate sobre una posible implementación del Plan Bukele en el Perú llegó a tal nivel, que días antes del anuncio de Otárola, el propio presidente salvadoreño publicó un tuit en el que colgó una encuesta que, finalmente, mostró como resultado que el 93% de los que participaron en el sondeo estaban de acuerdo con la aplicación de ese plan.
Y es que en el Perú, el 40% de los ciudadanos consideran que la delincuencia y la falta de seguridad es el problema más importante que enfrentan, según el del Instituto de Estadística e Informática.
Estas demandas por una solución y la preocupación por el avance de la delincuencia motivaron a un grupo de alcaldes a reunirse y formar convenios con sus pares de El Salvador como es el caso del representante de la alcaldía del puerto más importante del Perú, El Callao.
Este clamor de los peruanos por frenar la delincuencia promueve voces, sobre todo de los gobiernos locales, de adoptar medidas que simulan un efecto de mano dura. Ya se aprobó una ley sobre legítima defensa que ha encendido las alertas.
El Instituto de Democracia y Derechos Humanos (Idehpucp) de la Pontificia Universidad Católica del Perú ha calificado la norma de infectiva y peligrosa tal y como la propuesta del municipio limeño que busca crear la figura penal del terrorismo urbano.
Y mientras se anuncia la entrega de patrulleros a la Policía, la presidenta Dina Boluarte asegura que su gobierno trabaja sin descanso para brindar seguridad a todos los peruanos intentado así dejar atrás aquella frase que aún resuena en los peruanos: “El Perú ahora es un país que está en paz y en calma” que ante las críticas tuvo que rectificar aclarando que ella no está en las nubes.
(*) Karla Velezmoro Periodista peruana, podcaster y docente universitaria. Máster en Creación de Guiones Audiovisuales por la Universidad de La Rioja de España.
Cronista del Libro Crímenes en Lima 2. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Becaria del Curso de posgrado La Nueva Radio por el Instituto Internacional de Periodismo José Martí de Cuba.
Fue redactora de los diarios Correo y Gestión, reportera en CPN-Radio y de Cuarto Poder de América Televisión.
Se desempeñó como directora del proyecto de podcasts del medio digital de investigación periodística Convoca. A<
Actualmente forma parte del equipo de producción del pódcast Repensar el futuro de RPP auspiciado por el Banco Mundial.
Cronista del Libro Crímenes en Lima 2. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Becaria del Curso de posgrado La Nueva Radio por el Instituto Internacional de Periodismo José Martí de Cuba.
Fue redactora de los diarios Correo y Gestión, reportera en CPN-Radio y de Cuarto Poder de América Televisión.
Se desempeñó como directora del proyecto de podcasts del medio digital de investigación periodística Convoca. A<
Actualmente forma parte del equipo de producción del pódcast Repensar el futuro de RPP auspiciado por el Banco Mundial.