EL SALVADOR
EL DRAMA DE LOS DESAPARECIDOS
UNA MIRADA A LAS CIFRAS Y EL DRAMA QUE CONSUME A MUCHAS FAMILIAS
UNA MIRADA A LAS CIFRAS Y EL DRAMA QUE CONSUME A MUCHAS FAMILIAS
En este relato desgarrador, exploramos cómo la angustia
ha impulsado a estas valientes familias a asumir el control de la situación,
lanzándose a una odisea emocional en busca de respuestas por cuenta propia.
A medida que las instituciones gubernamentales muestran una preocupante
falta de acción, las organizaciones sociales se unen en un llamado urgente de ayuda internacional.
La angustia de las familias los lleva a buscar a sus desaparecidos por su propia cuenta, mientras que organizaciones sociales buscan ayuda internacional ante la tibia actuación de las instituciones de gobierno.
ha impulsado a estas valientes familias a asumir el control de la situación,
lanzándose a una odisea emocional en busca de respuestas por cuenta propia.
A medida que las instituciones gubernamentales muestran una preocupante
falta de acción, las organizaciones sociales se unen en un llamado urgente de ayuda internacional.
La angustia de las familias los lleva a buscar a sus desaparecidos por su propia cuenta, mientras que organizaciones sociales buscan ayuda internacional ante la tibia actuación de las instituciones de gobierno.
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Por: Nancy Hernández (*)
Integrante HUMANOS
“Brother, apúrese pues”, se oye a lo lejos mientras Ronal Galicia enviaba una nota de voz por Whatsapp a sus familiares. Esas fueron las últimas palabras registradas del joven militar de 22 años, quien un sábado 3 de agosto de 2019 salió a “departir” con supuestos compañeros de una brigada especial de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), tras salir de licencia.
Según parte del reporte de investigación Galicia, salió a eso de las 4:00 p.m., junto a cuatro conocidos a un bar cercano, desde donde posteriormente se trasladó a otro bar popular de la capital, San Salvador, lugar que abandonó a las 7:19 p.m., desde ese momento no se supo nada de él.
En agosto de 2023, Ronal cumplió cuatro años de desaparecido. El joven mandó el audio a una familiar, quien notificó a la madre de este al día siguiente.
Tras conocer el contenido del audio, a la 1:00 p.m. del siguiente día, sus padres Rodrigo Galicia y María Zetino de Galicia, residentes del cantón Pushtan, del municipio de Nahuizalco en el departamento de Sonsonate, al occidente de El Salvador, partieron desesperadamente en busca de su hijo, quien ya no respondía su celular.
María aún lamenta que sus familiares no la buscaran en el momento para comentarle sobre el perturbador mensaje.
“Ella (cuñada) no me puedo venir a avisar en el momento en que él había salido, no me vinieron a avisar y ella me llamó un día domingo y me dijo -mira ya llegó el sipote (persona que está en la niñez), Ronal salió ayer y andaba tomando con sus amigos- ese día a la una y media nos vestimos, fuimos a la brigada y nos dijeron que ya había salido. En el audio él le había dicho que no sabía si iba a salir vivo de donde estaba. Nosotros no entendemos por qué no me vinieron a avisar, vivimos como a dos cuadras”, señaló la madre.
Ante la falta de noticias y tras una búsqueda angustiante, decidieron interponer la denuncia el lunes 5 de agosto de ese año en una delegación policial de la capital.
Las dificultades que atraviesan familias de las zonas rurales del país obligan a adolescentes a abandonar sus estudios para trabajar y ayudar económicamente a sus familias. A los 14 años, Ronal aprendió carpintería, oficio con el que ganaban $5 al día con lo que aportaba a los gastos de su familia, pero anhelaba cumplir 18 años para ingresar a la Fuerza Armada y obtener más ingresos.
“A veces son las necesidades de un trabajo lo que los hace separarse de uno, sienten la necesidad de ganar, se van y no sabe uno lo que pueda pasar, pero siempre Dios nos da la fortaleza, nos anima para seguir adelante aún en las dificultades que podemos tener”, comentó doña María.
Desde ese momento y hasta la actualidad, los esposos Galicia no han obtenido respuesta alguna sobre el paradero de su hijo. “Yo tengo una inconformidad respecto a la Fiscalía porque en algunas acciones veo que han actuado un poco mal, no han sido responsables respecto a la necesidad y el derecho de nosotros”, dijo don Rodrigo.
Y agregó: “un fiscal se burló de mí y me dijo -por mí puede venir todos los días yo tengo mi salario- en vez de presentar una palabra de motivación le ponen más carga de dolor a uno. Yo no estoy conforme con el trabajo de la Fiscalía”, prosiguió resquebrajado el angustiado padre.
El caso de Ronal Galicia es uno de los 732 casos de desaparecidos que oficialmente registró la Policía en 2019, de acuerdo con datos recogidos por el medio local, La Prensa Gráfica. En ese año, en El Salvador hubo 2,390 muertes violentas y 732 desapariciones registradas de forma oficial.
Cabe destacar que en 2022 la Policía registró 306 casos de desaparecidos, menos de la mitad de los 732 de 2019. El discurso oficial indica que este es el resultado del régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022 y que continúa vigente como parte de la estrategia gubernamental de seguridad Plan Control Territorial en su denominada "guerra contra las pandillas".
Como antecedente y debido al rompimiento de un pacto gobierno-pandillas, según una investigación periodística, entre los días 25 y 27 de marzo de 2022 se registró una alza de homicidios que dejó como saldo 87 muertes, siendo el sábado 26 de marzo con 62 homicidios el más letal, convirtiéndose en el día con el mayor número de asesinatos desde que se tiene registro en la materia.
Mientras que entre enero y agosto de este 2023, la Policía registró 292 denuncias de personas desaparecidas, de los cuales 130 casos, el 45% siguen activos, a estos se le suman casos como el de Ronal, pendientes de resolución desde 2019.
Pero este modelo de seguridad, de acuerdo con un consolidado de organizaciones de la sociedad civil que vela por los derechos humanos en el país, ha permitido migrar de la represión pandilleril a la militar, puesto que ha generado detenciones arbitrarias, casos de tortura, malos tratos y desapariciones de corta duración.
Dichas organizaciones reportaron 5,775 denuncias por casos de personas que sufrieron violaciones de derechos humanos.
También se ha verificado la muerte de 193 personas bajo custodia estatal, de los cuales 4 personas fueron ubicadas en fosas comunes, según el pronunciamiento en el documento: “La CIDH examinó a El Salvador por las desapariciones”, con fecha del pasado 9 de noviembre.
Entre las organizaciones que encabezan la gesta destacan Azul Originario, el Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Genérica (AMATE), Cristosal, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, Servicio Social Pasionista (SSPAS) y la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDHEU).
De igual manera, y contrario al discurso oficial, durante la actual gestión gubernamental persisten las desapariciones y se han producido desapariciones de corta duración atribuibles a agentes estatales. Entre 2019 y junio de 2022 se estima que las denuncias ascendieron a 6,443 denuncias, de las cuales, 2,397, equivalentes al 37.20%, pueden ser casos activos, según datos de las organizaciones firmantes.
“Las organizaciones de derechos humanos reiteramos nuestro firme compromiso con las víctimas de desaparición y con sus familiares que les buscan. Les acompañaremos en sus esfuerzos por encontrar a las personas desaparecidas en El Salvador y promover el acceso a la justicia, pues es necesario que el Estado asuma la responsabilidad de llevar ante los tribunales a sus perpetradores para obtener verdad, justicia y reparación integral”, afirma el comunicado conjunto.
Mientras que la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) contabiliza 2,170 personas desaparecidas en El Salvador en la actual administración.
“Las autoridades reportan una disminución sensible en el tema de desaparición, pero hay dificultad para poder corroborar con fuentes alternativas. La información está restringida”, señaló el director de acceso a la justicia de FESPAD, Héctor Carrillo.
Para Idalia Zepeda, abogada de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU) y quien brinda asesoría a familias de personas desaparecidas, la falta de interés de la Fiscalía por actuar de oficio, ha llevado a buscar alternativas internacionales para hacer justicia.
“No hay transparencia, se cierran las puertas de solicitudes de información, entonces quizás por eso las organizaciones recurrimos a organismo internacionales que tienen competencia tanto política como jurídica, en este caso El Salvador no ha suscrito las dos convenciones, una del sistema de la OEA y otro de la ONU sobre el tema de desapariciones. Suscribirlas abriría muchas puertas para las organizaciones y las familias”, dijo.
La situación en El Salvador es compleja, según Zepeda, puesto que la institucionalización es débil y no logra responder a las necesidades de las familias que buscan a sus desaparecidos por cualquier causa, esta situación, según la especialista, mina las aspiraciones democráticas de un país.
“No hay una institución especializada en el tema, no hay una política estatal, no hay presupuesto suficiente. Tenemos una carencia de un registro público y moderno, no hay banco de ADN, no hay una medicina legal que ayude porque al atender a la población reconoce que sus cámaras están deterioradas y que no pueden tener los cuerpos sin vida ahí porque entran en descomposición rápido y los tienen que enterrar en cementerios públicos. No tienen fotocopidoras o impresora a colores donde una familia puede identificar la ropa que tenían sus familiares según los colores”, señaló.
La activista de derechos humanos confirma el testimonio de don Rodrigo Galicia´, quien afirma que un fiscal le sonrió y le dijo-por mí puede venir todos los días yo tengo mi salario- al afirmar que “no hay personal ni profesional, ni técnicamente, tampoco con empatía, seguridad o enfoque de derechos humanos.
Todo esto vienen a deteriorar más la institucionalidad del Estado o la relación que el Estado tiene con la población porque se convierte en una población abandonada, desatendida porque no es lo mismo que alguien vaya a denunciar un delito que ya fue cometido o delitos complejos como asesinatos o violación que una desaparición”, dijo.
Don Rodrigo es ejemplo de la situación de un familiar con desaparecidos en el país. “Yo me lamento y pienso qué más puedo hacer, yo lo he buscado a mi hijo en todo El Salvador, en Medicina Legal, hospitales y delegaciones, pero hasta ahorita ninguna pista; nos hemos rebuscado para ver qué información conseguimos, pero no obtenemos nada. Un año y medio que no sabemos de la investigación”, lamentó el afectado.
La familia Galicia afirma que ya agotó todos los medios posibles para dar con el paradero de su hijo Ronal. Ellos afirman que lo único que buscan es esclarecer los hechos y que se les devuelva la paz y tranquilidad que se les arrebató aquel agosto de 2019.
“Pido al señor fiscal general (Rodolfo Delgado), que vea que nosotros tenemos derecho a que ellos trabajen por el dolor que nos está quitando la alegría que con humildad y sencillez les pedimos a ellos y principalmente al señor presidente de la república (Nayib Bukele), que trabajen y nos den una respuesta lo más pronto posible. También hemos hecho solicitudes de audiencia para enviarle al señor presidente, al ministro de defensa (Gustavo Villatoro) al señor fiscal, pero no nos atienden”, lamentó el padre.
Sobre la reducción de desaparecidos que ronda más del 50 %, según datos oficiales, Rodrigo Galicia afirma que es una estrategia política.
“Pues desde mi forma de pensar es una estrategia de campaña de ellos y está bien, pero desconozco que no haya desapariciones, pero solo aquel padre y madre de familia que le han sucedido estas duras situaciones siente en su corazón la sinceridad del dolor cuando se pierde un hijo.
Leyes que nos favorezcan como nosotros los pobres quisiéramos no hay porque si lo hubiera como dice el Gobierno tuviera amor por el que sufre”, dijo el ciudadano.
La búsqueda de los Galicia es compartida por otros salvadoreños que abogan por respuestas ante las autoridades competentes.
“Personas como yo hay miles, por ejemplo, este amigo que vive ahí en Nahuizalco (un pueblo vecino) va para seis años su hijo que desapareció trabajando en la Fuerza Armada y no le han dado una respuesta”, concluyó Rodrigo Galicia.
Integrante HUMANOS
“Brother, apúrese pues”, se oye a lo lejos mientras Ronal Galicia enviaba una nota de voz por Whatsapp a sus familiares. Esas fueron las últimas palabras registradas del joven militar de 22 años, quien un sábado 3 de agosto de 2019 salió a “departir” con supuestos compañeros de una brigada especial de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), tras salir de licencia.
Según parte del reporte de investigación Galicia, salió a eso de las 4:00 p.m., junto a cuatro conocidos a un bar cercano, desde donde posteriormente se trasladó a otro bar popular de la capital, San Salvador, lugar que abandonó a las 7:19 p.m., desde ese momento no se supo nada de él.
En agosto de 2023, Ronal cumplió cuatro años de desaparecido. El joven mandó el audio a una familiar, quien notificó a la madre de este al día siguiente.
Tras conocer el contenido del audio, a la 1:00 p.m. del siguiente día, sus padres Rodrigo Galicia y María Zetino de Galicia, residentes del cantón Pushtan, del municipio de Nahuizalco en el departamento de Sonsonate, al occidente de El Salvador, partieron desesperadamente en busca de su hijo, quien ya no respondía su celular.
María aún lamenta que sus familiares no la buscaran en el momento para comentarle sobre el perturbador mensaje.
“Ella (cuñada) no me puedo venir a avisar en el momento en que él había salido, no me vinieron a avisar y ella me llamó un día domingo y me dijo -mira ya llegó el sipote (persona que está en la niñez), Ronal salió ayer y andaba tomando con sus amigos- ese día a la una y media nos vestimos, fuimos a la brigada y nos dijeron que ya había salido. En el audio él le había dicho que no sabía si iba a salir vivo de donde estaba. Nosotros no entendemos por qué no me vinieron a avisar, vivimos como a dos cuadras”, señaló la madre.
Ante la falta de noticias y tras una búsqueda angustiante, decidieron interponer la denuncia el lunes 5 de agosto de ese año en una delegación policial de la capital.
Las dificultades que atraviesan familias de las zonas rurales del país obligan a adolescentes a abandonar sus estudios para trabajar y ayudar económicamente a sus familias. A los 14 años, Ronal aprendió carpintería, oficio con el que ganaban $5 al día con lo que aportaba a los gastos de su familia, pero anhelaba cumplir 18 años para ingresar a la Fuerza Armada y obtener más ingresos.
“A veces son las necesidades de un trabajo lo que los hace separarse de uno, sienten la necesidad de ganar, se van y no sabe uno lo que pueda pasar, pero siempre Dios nos da la fortaleza, nos anima para seguir adelante aún en las dificultades que podemos tener”, comentó doña María.
Desde ese momento y hasta la actualidad, los esposos Galicia no han obtenido respuesta alguna sobre el paradero de su hijo. “Yo tengo una inconformidad respecto a la Fiscalía porque en algunas acciones veo que han actuado un poco mal, no han sido responsables respecto a la necesidad y el derecho de nosotros”, dijo don Rodrigo.
Y agregó: “un fiscal se burló de mí y me dijo -por mí puede venir todos los días yo tengo mi salario- en vez de presentar una palabra de motivación le ponen más carga de dolor a uno. Yo no estoy conforme con el trabajo de la Fiscalía”, prosiguió resquebrajado el angustiado padre.
El caso de Ronal Galicia es uno de los 732 casos de desaparecidos que oficialmente registró la Policía en 2019, de acuerdo con datos recogidos por el medio local, La Prensa Gráfica. En ese año, en El Salvador hubo 2,390 muertes violentas y 732 desapariciones registradas de forma oficial.
Cabe destacar que en 2022 la Policía registró 306 casos de desaparecidos, menos de la mitad de los 732 de 2019. El discurso oficial indica que este es el resultado del régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022 y que continúa vigente como parte de la estrategia gubernamental de seguridad Plan Control Territorial en su denominada "guerra contra las pandillas".
Como antecedente y debido al rompimiento de un pacto gobierno-pandillas, según una investigación periodística, entre los días 25 y 27 de marzo de 2022 se registró una alza de homicidios que dejó como saldo 87 muertes, siendo el sábado 26 de marzo con 62 homicidios el más letal, convirtiéndose en el día con el mayor número de asesinatos desde que se tiene registro en la materia.
Mientras que entre enero y agosto de este 2023, la Policía registró 292 denuncias de personas desaparecidas, de los cuales 130 casos, el 45% siguen activos, a estos se le suman casos como el de Ronal, pendientes de resolución desde 2019.
Pero este modelo de seguridad, de acuerdo con un consolidado de organizaciones de la sociedad civil que vela por los derechos humanos en el país, ha permitido migrar de la represión pandilleril a la militar, puesto que ha generado detenciones arbitrarias, casos de tortura, malos tratos y desapariciones de corta duración.
Dichas organizaciones reportaron 5,775 denuncias por casos de personas que sufrieron violaciones de derechos humanos.
También se ha verificado la muerte de 193 personas bajo custodia estatal, de los cuales 4 personas fueron ubicadas en fosas comunes, según el pronunciamiento en el documento: “La CIDH examinó a El Salvador por las desapariciones”, con fecha del pasado 9 de noviembre.
Entre las organizaciones que encabezan la gesta destacan Azul Originario, el Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Genérica (AMATE), Cristosal, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, Servicio Social Pasionista (SSPAS) y la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDHEU).
De igual manera, y contrario al discurso oficial, durante la actual gestión gubernamental persisten las desapariciones y se han producido desapariciones de corta duración atribuibles a agentes estatales. Entre 2019 y junio de 2022 se estima que las denuncias ascendieron a 6,443 denuncias, de las cuales, 2,397, equivalentes al 37.20%, pueden ser casos activos, según datos de las organizaciones firmantes.
“Las organizaciones de derechos humanos reiteramos nuestro firme compromiso con las víctimas de desaparición y con sus familiares que les buscan. Les acompañaremos en sus esfuerzos por encontrar a las personas desaparecidas en El Salvador y promover el acceso a la justicia, pues es necesario que el Estado asuma la responsabilidad de llevar ante los tribunales a sus perpetradores para obtener verdad, justicia y reparación integral”, afirma el comunicado conjunto.
Mientras que la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) contabiliza 2,170 personas desaparecidas en El Salvador en la actual administración.
“Las autoridades reportan una disminución sensible en el tema de desaparición, pero hay dificultad para poder corroborar con fuentes alternativas. La información está restringida”, señaló el director de acceso a la justicia de FESPAD, Héctor Carrillo.
Para Idalia Zepeda, abogada de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU) y quien brinda asesoría a familias de personas desaparecidas, la falta de interés de la Fiscalía por actuar de oficio, ha llevado a buscar alternativas internacionales para hacer justicia.
“No hay transparencia, se cierran las puertas de solicitudes de información, entonces quizás por eso las organizaciones recurrimos a organismo internacionales que tienen competencia tanto política como jurídica, en este caso El Salvador no ha suscrito las dos convenciones, una del sistema de la OEA y otro de la ONU sobre el tema de desapariciones. Suscribirlas abriría muchas puertas para las organizaciones y las familias”, dijo.
La situación en El Salvador es compleja, según Zepeda, puesto que la institucionalización es débil y no logra responder a las necesidades de las familias que buscan a sus desaparecidos por cualquier causa, esta situación, según la especialista, mina las aspiraciones democráticas de un país.
“No hay una institución especializada en el tema, no hay una política estatal, no hay presupuesto suficiente. Tenemos una carencia de un registro público y moderno, no hay banco de ADN, no hay una medicina legal que ayude porque al atender a la población reconoce que sus cámaras están deterioradas y que no pueden tener los cuerpos sin vida ahí porque entran en descomposición rápido y los tienen que enterrar en cementerios públicos. No tienen fotocopidoras o impresora a colores donde una familia puede identificar la ropa que tenían sus familiares según los colores”, señaló.
La activista de derechos humanos confirma el testimonio de don Rodrigo Galicia´, quien afirma que un fiscal le sonrió y le dijo-por mí puede venir todos los días yo tengo mi salario- al afirmar que “no hay personal ni profesional, ni técnicamente, tampoco con empatía, seguridad o enfoque de derechos humanos.
Todo esto vienen a deteriorar más la institucionalidad del Estado o la relación que el Estado tiene con la población porque se convierte en una población abandonada, desatendida porque no es lo mismo que alguien vaya a denunciar un delito que ya fue cometido o delitos complejos como asesinatos o violación que una desaparición”, dijo.
Don Rodrigo es ejemplo de la situación de un familiar con desaparecidos en el país. “Yo me lamento y pienso qué más puedo hacer, yo lo he buscado a mi hijo en todo El Salvador, en Medicina Legal, hospitales y delegaciones, pero hasta ahorita ninguna pista; nos hemos rebuscado para ver qué información conseguimos, pero no obtenemos nada. Un año y medio que no sabemos de la investigación”, lamentó el afectado.
La familia Galicia afirma que ya agotó todos los medios posibles para dar con el paradero de su hijo Ronal. Ellos afirman que lo único que buscan es esclarecer los hechos y que se les devuelva la paz y tranquilidad que se les arrebató aquel agosto de 2019.
“Pido al señor fiscal general (Rodolfo Delgado), que vea que nosotros tenemos derecho a que ellos trabajen por el dolor que nos está quitando la alegría que con humildad y sencillez les pedimos a ellos y principalmente al señor presidente de la república (Nayib Bukele), que trabajen y nos den una respuesta lo más pronto posible. También hemos hecho solicitudes de audiencia para enviarle al señor presidente, al ministro de defensa (Gustavo Villatoro) al señor fiscal, pero no nos atienden”, lamentó el padre.
Sobre la reducción de desaparecidos que ronda más del 50 %, según datos oficiales, Rodrigo Galicia afirma que es una estrategia política.
“Pues desde mi forma de pensar es una estrategia de campaña de ellos y está bien, pero desconozco que no haya desapariciones, pero solo aquel padre y madre de familia que le han sucedido estas duras situaciones siente en su corazón la sinceridad del dolor cuando se pierde un hijo.
Leyes que nos favorezcan como nosotros los pobres quisiéramos no hay porque si lo hubiera como dice el Gobierno tuviera amor por el que sufre”, dijo el ciudadano.
La búsqueda de los Galicia es compartida por otros salvadoreños que abogan por respuestas ante las autoridades competentes.
“Personas como yo hay miles, por ejemplo, este amigo que vive ahí en Nahuizalco (un pueblo vecino) va para seis años su hijo que desapareció trabajando en la Fuerza Armada y no le han dado una respuesta”, concluyó Rodrigo Galicia.
INFORME PNUD
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mapa homicidios de 2010 a 2022
desagregación por edad
desagregación por sexo
desagregación por tipo de arma
ranking de homicidios por departamentos
ranking de homicidios por municipios
incidencia total de todos los delitos
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EL SALVADOR FEMINICIDIOS, HOMICIDIOS, SUICIDIOS, DELITOS SEXUALES, DESAPARECIDOS, LESIONES, SECUESTROS, EXTORSIONES, HURTOS Y ROBOS |
INFORMACIÓN RECOPILADA POR EL PROYECTO INFOSEGURA,
PARTE DEL HUB REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DEL PNUD, CON EL APOYO DE LA USAID
PARTE DEL HUB REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DEL PNUD, CON EL APOYO DE LA USAID
(*) Nancy Hernández Periodista y comunicadora salvadoreña radicada en El Salvador. Actualmente es directora de operaciones de la consultora Comunicaciones Integrales.
Trabajó en El Diario de Hoy (EDH) como periodista web y de prensa escrita. Sus investigaciones están enfocadas en temas de salud, educación, violencia, violencia de género, migración, derechos humanos, cultura, política y economía.
Cuenta con experiencia en el análisis y procesamiento de datos, así como productos multimedia, social media y comunicación institucional. Nancy ha trabajado en medios digitales, en radio y consultoras de comunicación.
Está acreditada por la organización Riesgo Cruzado, también es miembro de la International Women's Media Foundation y Ciclos de Actualización para Periodistas.
Se graduó de la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
Trabajó en El Diario de Hoy (EDH) como periodista web y de prensa escrita. Sus investigaciones están enfocadas en temas de salud, educación, violencia, violencia de género, migración, derechos humanos, cultura, política y economía.
Cuenta con experiencia en el análisis y procesamiento de datos, así como productos multimedia, social media y comunicación institucional. Nancy ha trabajado en medios digitales, en radio y consultoras de comunicación.
Está acreditada por la organización Riesgo Cruzado, también es miembro de la International Women's Media Foundation y Ciclos de Actualización para Periodistas.
Se graduó de la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.