ABORTO EN EL SALVADOR
MUERTES, CRIMINALIZACIÓN Y REVICTIMIZACIÓN
MUERTES, CRIMINALIZACIÓN Y REVICTIMIZACIÓN
El caso Beatriz versus El Salvador podría ser la esperanza para miles de mujeres que son criminalizadas o mueren por emergencias obstétricas
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Hace diez años, Beatriz empezó una lucha que hasta la fecha sigue vigente y se ha convertido en la bandera de organizaciones feministas, activistas, defensores de derechos humanos, reproductivos y sexuales de las mujeres.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), llevó a cabo el 22 y 23 de marzo la audiencia sobre “Beatriz y otros vs. el Estado de El Salvador”, relacionada a la prohibición absoluta del aborto que impera en la actualidad en el país centroamericano. Todo empezó en 2013 cuando Beatriz, una joven de 20 años, pidió la interrupción de su embarazo por el riesgo que implicaba para su salud, pues padecía de lupus eritematoso sistémico, una enfermedad en la que el sistema inmunitario ataca los tejidos sanos del cuerpo, su salud estaba deteriorada y los médicos diagnosticaron inviabilidad del feto fuera de la vida intrauterina, debido a un cuadro de anencefalia. Sin embargo, el Estado salvadoreño no emitió resolución a favor de Beatriz y ella permaneció 81 días hospitalizada hasta que le fue practicada una cesárea, el feto anencefálico falleció cinco horas después. |
defensoras y activistas feministas llevan 10 años acompañando a la familia de Beatriz en el proceso.
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En este escenario, El Salvador viola el Art. 65. de la Constitución de la República que reza “La salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento. El Estado determinará la política nacional de salud y controlará y supervisará su aplicación”.
La joven murió en 2017, después de un accidente de tránsito y ser ingresada en un hospital de la zona oriental del país donde adquirió una bacteria que le provocó la muerte. La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador ha señalado en más de una vez que debido al embarazo el estado de salud de Beatriz quedó aún más deteriorado, factor que facilitó complicaciones en ese momento.
Ahora, su nombre sigue resonando dentro y fuera del país más pequeño de Centroamérica, cuya sociedad y actores políticos se rigen por el conservadurismo, religiosidad y machismo, aspectos que pasan factura a niñas y mujeres que son revictimizadas y a quienes se les vulneran derechos tan esenciales como la vida, educación, acceso a métodos anticonceptivos o educación integral.
En la audiencia pública de la IDH, las organizaciones colitigantes del caso presentaron testimonios, peritajes médicos y prueba documental que expusieron cómo se agravó la situación de riesgo para la vida, la salud física y mental de Beatriz al no haberse practicado la interrupción cuando el personal médico que la atendió, lo recomendó y cómo está situación constituyó una forma de tortura para la joven, según explicó Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador.
La joven murió en 2017, después de un accidente de tránsito y ser ingresada en un hospital de la zona oriental del país donde adquirió una bacteria que le provocó la muerte. La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador ha señalado en más de una vez que debido al embarazo el estado de salud de Beatriz quedó aún más deteriorado, factor que facilitó complicaciones en ese momento.
Ahora, su nombre sigue resonando dentro y fuera del país más pequeño de Centroamérica, cuya sociedad y actores políticos se rigen por el conservadurismo, religiosidad y machismo, aspectos que pasan factura a niñas y mujeres que son revictimizadas y a quienes se les vulneran derechos tan esenciales como la vida, educación, acceso a métodos anticonceptivos o educación integral.
En la audiencia pública de la IDH, las organizaciones colitigantes del caso presentaron testimonios, peritajes médicos y prueba documental que expusieron cómo se agravó la situación de riesgo para la vida, la salud física y mental de Beatriz al no haberse practicado la interrupción cuando el personal médico que la atendió, lo recomendó y cómo está situación constituyó una forma de tortura para la joven, según explicó Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador.
el 8 de marzo integrantes de diferentes organizaciones salieron a marchar en apoyo a la familia de Beatriz y su caso.
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La activista explicó que en la jurisprudencia de la Corte, para que exista tortura, es necesario demostrar la existencia de cuatro elementos que están presentes en este caso: intencionalidad, sufrimiento grave, un fin y participación de agentes estatales. |
“Hay pruebas que muestran que, en efecto a Beatriz se le dio un tratamiento inadecuado al retardarle, prolongarle y negarle el acceso a la interrupción del embarazo y cómo eso implicó también un acto de tortura”, detalló en una entrevista con este medio.
“Beatriz no recibió el tratamiento unánimemente recomendado por los médicos que la atendían, porque El Salvador no permite el aborto en ninguna circunstancia. La prohibición sigue atentando contra la salud, la vida y la dignidad de las mujeres”, agregó.
Herrera considera que la audiencia en sí misma es un acto de reparación para la familia de Beatriz, por el sufrimiento causado y un acto que puede abrir la posibilidad de generar cambios para que los estados aseguren los derechos de las mujeres, adolescentes y las niñas embarazadas.
En los alegatos presentados a la Corte, las organizaciones solicitaron que se ordene al Estado salvadoreño que repare integralmente a la familia de Beatriz por las violaciones sufridas, que genere las condiciones jurídicas para asegurar el acceso a los servicios de aborto seguro, de conformidad con las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que la penalización del aborto no tenga efectos jurídicos, al menos cuando sean casos que arriesgan la vida de la persona gestante, entendiendo que el aborto sea permitido y garantizado.
“Beatriz no recibió el tratamiento unánimemente recomendado por los médicos que la atendían, porque El Salvador no permite el aborto en ninguna circunstancia. La prohibición sigue atentando contra la salud, la vida y la dignidad de las mujeres”, agregó.
Herrera considera que la audiencia en sí misma es un acto de reparación para la familia de Beatriz, por el sufrimiento causado y un acto que puede abrir la posibilidad de generar cambios para que los estados aseguren los derechos de las mujeres, adolescentes y las niñas embarazadas.
En los alegatos presentados a la Corte, las organizaciones solicitaron que se ordene al Estado salvadoreño que repare integralmente a la familia de Beatriz por las violaciones sufridas, que genere las condiciones jurídicas para asegurar el acceso a los servicios de aborto seguro, de conformidad con las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que la penalización del aborto no tenga efectos jurídicos, al menos cuando sean casos que arriesgan la vida de la persona gestante, entendiendo que el aborto sea permitido y garantizado.
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También solicitaron mandar al Estado a adoptar leyes y políticas públicas integrales para garantizar que el acceso al aborto sea efectivo en la práctica, de acuerdo con las directrices de la OMS y finalmente, que se elaboren Guías de Práctica Clínica que aseguren el acceso a los métodos de diagnóstico y tratamiento en los casos que se requiera practicar un aborto. “Lo que estamos pidiendo es eliminar la criminalización absoluta del aborto para que las mujeres puedan resguardar sus vidas y su salud”, declaró Gisela de León, representante de Incidencia del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en la audiencia pública. |
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Gobierno salvadoreño: Despenalizar el aborto sería un error
La defensa del estado salvadoreño estaba formada por el funcionario Conan Castro, secretario Jurídico de la presidencia de El Salvador, quien no declaró, a pesar de ser la máxima autoridad de la comitiva. En su lugar, intervino Juana Acosta, abogada y asesora, quien catalogó como “error” la despenalización del aborto porque se generaría un “acceso libre al aborto en cualquier momento de la gestación”.
Aseguró que en este caso, los médicos trabajaron para salvar ambas vidas porque eran dos seres humanos con los mismos derechos y negó que la vida de Beatriz corriera peligro, ya que su estado de salud estaba controlado y la cesárea practicada evitó mayores complicaciones.
Detalló que el aborto implica “una conducta dolosa” y que “cuando la intención buscada directamente es destruir al no nacido o buscar su muerte, ahí se concreta la causal penal”.
La abogada y asesora Ana María Hidalgo, a través de la Convención Americana de Derechos Humanos argumentó que tanto Beatriz como el feto son considerados "seres humanos sin distinción".
Detalló que el derecho a la vida es intrínseco de todo ser humano, por tanto, el feto tenía derecho a la vida.
"Este caso involucra a dos seres humanos, y por lo tanto dos personas titulares de los derechos convencionales, Beatriz y su hija", expresó.
Sin embargo, es necesario destacar que el producto era inviable porque dado su condición de anencefalia, no tenía posibilidades de vida fuera del útero.
La defensa del estado salvadoreño estaba formada por el funcionario Conan Castro, secretario Jurídico de la presidencia de El Salvador, quien no declaró, a pesar de ser la máxima autoridad de la comitiva. En su lugar, intervino Juana Acosta, abogada y asesora, quien catalogó como “error” la despenalización del aborto porque se generaría un “acceso libre al aborto en cualquier momento de la gestación”.
Aseguró que en este caso, los médicos trabajaron para salvar ambas vidas porque eran dos seres humanos con los mismos derechos y negó que la vida de Beatriz corriera peligro, ya que su estado de salud estaba controlado y la cesárea practicada evitó mayores complicaciones.
Detalló que el aborto implica “una conducta dolosa” y que “cuando la intención buscada directamente es destruir al no nacido o buscar su muerte, ahí se concreta la causal penal”.
La abogada y asesora Ana María Hidalgo, a través de la Convención Americana de Derechos Humanos argumentó que tanto Beatriz como el feto son considerados "seres humanos sin distinción".
Detalló que el derecho a la vida es intrínseco de todo ser humano, por tanto, el feto tenía derecho a la vida.
"Este caso involucra a dos seres humanos, y por lo tanto dos personas titulares de los derechos convencionales, Beatriz y su hija", expresó.
Sin embargo, es necesario destacar que el producto era inviable porque dado su condición de anencefalia, no tenía posibilidades de vida fuera del útero.
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Diez años de lucha
La Comisión IDH en su informe de fondo emitido en 2022, determinó que la República de El Salvador fue responsable de vulnerar los derechos de la vida, integridad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley, protección judicial y derecho a la salud de Beatriz. Además, recomendó al Estado salvadoreño hacer modificaciones legislativas que permitieran a las mujeres abortar de forma segura, por lo menos en determinadas causas. También, garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y que ésta fuera efectiva para no generar inconvenientes a la hora de la práctica. Otro aspecto es que, mientras no hubiesen modificaciones legales, no debían juzgarse, recriminalizar ni aplicarse delitos relacionados con el aborto a féminas y en los procesos que estaban en curso, tomar medidas que estuvieran acorde a estandares internacionales que no vulneraran los derechos establecidos en tratados internacionales. Para Edith Elizondo, de la Asociación de Mujeres Ixchel, la resolución de la IDH puede marcar un precedente y contribuir a flexibilizar el marco legal actual. “El caso de Beatriz habla específicamente de acceso al aborto, esta condena va a ser muy importante en materia de las mujeres, marca un precedente. Ella (Beatriz) sí quería tener acceso al aborto porque el bebé no era viable, no tenían las condiciones y por su enfermedad corría peligro su vida”, explicó. Aseguró que la resolución de la Corte puede contribuir a una flexibilizacion sobre la penalización del aborto. La audiencia es histórica porque es primera vez que la Corte Interamericana, enfoca su atención en un tema de aborto, donde el Estado es el principal violador y vulnerador de derechos de mujeres. |
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Similar opinó Herrera argumentando que no se puede ni debe seguir exponiendo la salud de las mujeres.
“Esperamos que la Corte establezca con claridad eso, que no puede seguir negando a las mujeres la intervención del embarazo en determinadas circunstancias.
En El Salvador prácticamente hay una penalización absoluta y una negación de los derechos de las mujeres como sujetos de derechos, las mujeres somos convertidas en objetos reproductivos y eso (la resolución) va a marcar un precedente para toda la región” expresó Herrera.
Vulneración a niñas, adolescentes y mujeres
Herrera explicó que la despenalización del aborto busca que las mujeres no expongan su vida con una interrupción insegura o el suicidio, puesto que dado los altos número de embarazos en niñas y adolescentes, los casos son frecuentes porque el Estado no proporciona alternativas seguras.
“Hay suicidios de adolescentes embarazadas, que se enfrentan a situaciones de angustia, en El Salvador hay muchos embarazos impuestos también como resultado de hechos de violencia sexual entonces estas adolescentes, estas niñas no tienen ninguna alternativa. En este momento el Estado no ofrece opciones y por eso algunas recurren al envenenamiento”, manifestó.
El país no permite la interrupción del embarazo por ninguna causa, las mujeres pueden morir por embarazos riesgosos o no viables, las niñas de 10 años que quedan en gestación por abuso sexual tampoco tienen el derecho a decidir, aunque su cuerpo no esté en las condiciones de albergar un feto o su vida corra peligro.
En El Salvador, niñas de 10 a 14 años usan métodos anticonceptivos para no quedar embarazadas. Según los datos del Ministerio de Salud, proporcionados a través de la Oficina de Acceso a la Información, 593 niñas de ese rango de edad estaban activas usando inyecciones, pastillas, preservativos, capuchones cervicales, dispositivo intrauterino, intradérmico o naturales en 2022.
Esto, a pesar que el Código Penal de El Salvador, en su artículo 159, determina que toda relación sexual con un menor de 15 años es delito y tiene una pena de 14 a 20 años de prisión.
Organizaciones sociales nacionales, internacionales y gubernamentales expresan su preocupación por el alto número de embarazos en niñas y adolescentes, sin embargo, es un fenómeno que en la sociedad salvadoreña se normaliza.
La prevención y educación sexual para niños y adolescentes sigue siendo un tabú, hasta llegar al punto de suspender un programa educativo que abordó el tema de orientación sexual dirigido a niños de octavo grado de educación básica.
Pero eso no es todo, en 2022 fue suspendido a petición de 13 organizaciones provida y religiosas el documental Fly So Far (Nuestra Libertad), a pesar de estar autorizado por el Gobierno a través de la Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión.
Las organizaciones amenazaron a los cines con denunciarlos por apología del delito si exhibían el documental que aborda temas de derechos reproductivos y sexuales a través de la historia de Teodora Vazquez, salvadoreña condenada a 30 años de cárcel por sufrir una emergencia obstétrica y cuya pena fue conmutada en 2018. Teodora ahora es una activista de los derechos de las mujeres que han sido condenadas y criminalizadas por emergencias obstétricas, abortos espontáneos y son conocidas en El Salvador y el mundo como Las17+. Este movimiento busca liberar a las mujeres cuyos derechos de presunción de inocencia y una defensa efectiva han sido vulnerados.
El Centro para la Igualdad de la Mujer, con sede en Estados Unidos, registra que en las últimas décadas, al menos 180 mujeres salvadoreñas han sido procesadas o encarceladas en el país, procesadas por el delito de aborto o asesinato agravado como lo tipifica la ley actual.
En los últimos años, los casos de mujeres procesadas y condenadas por emergencias obtétricas, abortos espontáneos, ha surgido con frecuencia. Grupos de la sociedad civil, organizaciones feministas y de derechos humanos, se han pronunciado por ellas ante el Estado salvadoreño, grupos provida y organismo internacionales. Pero hasta la fecha, la aprobación del aborto en El Salvador sigue siendo una utopía y para los grupos conservadores, un abominable pecado y delito.
El Salvador es uno de los países con las leyes más duras contra el aborto, pues prohibe todo tipo de interrupciones, sin importar que esté en riesgo la vida de la madre, si es producto de una violación, incesto o menor de edad.
Este país centroamericano figura junto a Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Haití, como los únicos países de Latinoamérica que contemplan prohibiciones sin excepciones del embarazo.
En octubre de 2021 la Asamblea Legislativa rechazó una moción para reformar la ley, obtuvo 73 votos en contra, esto de 84 diputados. La iniciativa es la cuarta que se presenta desde 1998, año en que fue aprobada la ley actual. Antes de 1998, el aborto era considerado delito, pero permitía excepciones entre ellas las emergencias ginecológicas o malformaciones fetales:
“Decreto 270, Código Penal de 1973: El artículo 169 del Código Penal establece que el aborto no será punible cuando, con el consentimiento de la mujer - o, en caso de que esta sea menor, incapaz o estuviere imposibilitada de dar el consentimiento, de su representante legal, pariente cercano o cónyuge - y previo dictamen médico, tenga el propósito de salvar la vida de la madre, si para ello no hubiere otro medio; en caso de que el embarazo sea consecuencia de un delito de violación o estupro; y cuando se lo hace para evitar una deformidad previsible grave producto de la concepción”, consignaba el documento.
Después de la última reforma, el aborto quedó prohibido en su totalidad y convierte a El Salvador en uno de los pocos países con leyes tan drasticas sobre el tema:
El Decreto 1.030, Código Penal de 1997 establece que el aborto es penalizado en todas las circunstancias y las personas que participen en la acción también serán procesadas con prisión de 2 a 8 años si es con el consentimiento de la mujer, de lo contrario las condenas rondarán 4 a 10 años. También estipula que para el personal médico que participe en un aborto, las sanciones de prisión serán de 5 a 12 años y se inhabilitará del ejercicio.
Elizondo considera que en materia de derecho, El Salvador ha dado retrocesos durante el gobierno de Nayib Bukele y los pequeños avances que se habían tenido en la defensa de derechos humanos, se están ignorando. Además, el impacto negativo afecta más a las minorías.
“En vez de avanzar en materia de derechos, vamos retrocediendo y este retroceso a quién afecta más es a los grupos minoritarios que han vivido situaciones de vulnerabilidad históricamente. Entre esos grupos están las mujeres y aún más fuertes las mujeres jóvenes, adolescentes y las niñas”, detalló.
Para la activista feminista, quien desde 2012 se apropió de la lucha y defensa de los derechos de mujeres, es inevitable no hablar sobre maternidad forzada y el derecho a decidir cuando se hace referencia a los embarazos en adolescentes, pues son una situación de desigualdad y violación sistemática de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres. Considera que esta es una de las razones por las que el aborto debería de ser aprobado en El Salvador.
“Muchas veces los embarazos en adolescentes de 14 y 15 años, son producto de relaciones con personas adultas, con personas arriba de los 28 años, desde ahí estamos viendo toda una violación sistemática a los derechos de esta niña y adolescente.
En el caso de las niñas, todas son productos de abusos sexuales o de relaciones de poder con personas adultas. Es alarmante esa situación y estas niñas no tienen ni siquiera la opción de poder decidir si quieren o no quieren ser madres y solo ven cómo son trucados muchos sueños, muchos proyectos de vida”, detalló.
Herrera explicó que la despenalización del aborto busca que las mujeres no expongan su vida con una interrupción insegura o el suicidio, puesto que dado los altos número de embarazos en niñas y adolescentes, los casos son frecuentes porque el Estado no proporciona alternativas seguras.
“Hay suicidios de adolescentes embarazadas, que se enfrentan a situaciones de angustia, en El Salvador hay muchos embarazos impuestos también como resultado de hechos de violencia sexual entonces estas adolescentes, estas niñas no tienen ninguna alternativa. En este momento el Estado no ofrece opciones y por eso algunas recurren al envenenamiento”, manifestó.
El país no permite la interrupción del embarazo por ninguna causa, las mujeres pueden morir por embarazos riesgosos o no viables, las niñas de 10 años que quedan en gestación por abuso sexual tampoco tienen el derecho a decidir, aunque su cuerpo no esté en las condiciones de albergar un feto o su vida corra peligro.
En El Salvador, niñas de 10 a 14 años usan métodos anticonceptivos para no quedar embarazadas. Según los datos del Ministerio de Salud, proporcionados a través de la Oficina de Acceso a la Información, 593 niñas de ese rango de edad estaban activas usando inyecciones, pastillas, preservativos, capuchones cervicales, dispositivo intrauterino, intradérmico o naturales en 2022.
Esto, a pesar que el Código Penal de El Salvador, en su artículo 159, determina que toda relación sexual con un menor de 15 años es delito y tiene una pena de 14 a 20 años de prisión.
Organizaciones sociales nacionales, internacionales y gubernamentales expresan su preocupación por el alto número de embarazos en niñas y adolescentes, sin embargo, es un fenómeno que en la sociedad salvadoreña se normaliza.
La prevención y educación sexual para niños y adolescentes sigue siendo un tabú, hasta llegar al punto de suspender un programa educativo que abordó el tema de orientación sexual dirigido a niños de octavo grado de educación básica.
Pero eso no es todo, en 2022 fue suspendido a petición de 13 organizaciones provida y religiosas el documental Fly So Far (Nuestra Libertad), a pesar de estar autorizado por el Gobierno a través de la Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión.
Las organizaciones amenazaron a los cines con denunciarlos por apología del delito si exhibían el documental que aborda temas de derechos reproductivos y sexuales a través de la historia de Teodora Vazquez, salvadoreña condenada a 30 años de cárcel por sufrir una emergencia obstétrica y cuya pena fue conmutada en 2018. Teodora ahora es una activista de los derechos de las mujeres que han sido condenadas y criminalizadas por emergencias obstétricas, abortos espontáneos y son conocidas en El Salvador y el mundo como Las17+. Este movimiento busca liberar a las mujeres cuyos derechos de presunción de inocencia y una defensa efectiva han sido vulnerados.
El Centro para la Igualdad de la Mujer, con sede en Estados Unidos, registra que en las últimas décadas, al menos 180 mujeres salvadoreñas han sido procesadas o encarceladas en el país, procesadas por el delito de aborto o asesinato agravado como lo tipifica la ley actual.
En los últimos años, los casos de mujeres procesadas y condenadas por emergencias obtétricas, abortos espontáneos, ha surgido con frecuencia. Grupos de la sociedad civil, organizaciones feministas y de derechos humanos, se han pronunciado por ellas ante el Estado salvadoreño, grupos provida y organismo internacionales. Pero hasta la fecha, la aprobación del aborto en El Salvador sigue siendo una utopía y para los grupos conservadores, un abominable pecado y delito.
El Salvador es uno de los países con las leyes más duras contra el aborto, pues prohibe todo tipo de interrupciones, sin importar que esté en riesgo la vida de la madre, si es producto de una violación, incesto o menor de edad.
Este país centroamericano figura junto a Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Haití, como los únicos países de Latinoamérica que contemplan prohibiciones sin excepciones del embarazo.
En octubre de 2021 la Asamblea Legislativa rechazó una moción para reformar la ley, obtuvo 73 votos en contra, esto de 84 diputados. La iniciativa es la cuarta que se presenta desde 1998, año en que fue aprobada la ley actual. Antes de 1998, el aborto era considerado delito, pero permitía excepciones entre ellas las emergencias ginecológicas o malformaciones fetales:
“Decreto 270, Código Penal de 1973: El artículo 169 del Código Penal establece que el aborto no será punible cuando, con el consentimiento de la mujer - o, en caso de que esta sea menor, incapaz o estuviere imposibilitada de dar el consentimiento, de su representante legal, pariente cercano o cónyuge - y previo dictamen médico, tenga el propósito de salvar la vida de la madre, si para ello no hubiere otro medio; en caso de que el embarazo sea consecuencia de un delito de violación o estupro; y cuando se lo hace para evitar una deformidad previsible grave producto de la concepción”, consignaba el documento.
Después de la última reforma, el aborto quedó prohibido en su totalidad y convierte a El Salvador en uno de los pocos países con leyes tan drasticas sobre el tema:
El Decreto 1.030, Código Penal de 1997 establece que el aborto es penalizado en todas las circunstancias y las personas que participen en la acción también serán procesadas con prisión de 2 a 8 años si es con el consentimiento de la mujer, de lo contrario las condenas rondarán 4 a 10 años. También estipula que para el personal médico que participe en un aborto, las sanciones de prisión serán de 5 a 12 años y se inhabilitará del ejercicio.
Elizondo considera que en materia de derecho, El Salvador ha dado retrocesos durante el gobierno de Nayib Bukele y los pequeños avances que se habían tenido en la defensa de derechos humanos, se están ignorando. Además, el impacto negativo afecta más a las minorías.
“En vez de avanzar en materia de derechos, vamos retrocediendo y este retroceso a quién afecta más es a los grupos minoritarios que han vivido situaciones de vulnerabilidad históricamente. Entre esos grupos están las mujeres y aún más fuertes las mujeres jóvenes, adolescentes y las niñas”, detalló.
Para la activista feminista, quien desde 2012 se apropió de la lucha y defensa de los derechos de mujeres, es inevitable no hablar sobre maternidad forzada y el derecho a decidir cuando se hace referencia a los embarazos en adolescentes, pues son una situación de desigualdad y violación sistemática de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres. Considera que esta es una de las razones por las que el aborto debería de ser aprobado en El Salvador.
“Muchas veces los embarazos en adolescentes de 14 y 15 años, son producto de relaciones con personas adultas, con personas arriba de los 28 años, desde ahí estamos viendo toda una violación sistemática a los derechos de esta niña y adolescente.
En el caso de las niñas, todas son productos de abusos sexuales o de relaciones de poder con personas adultas. Es alarmante esa situación y estas niñas no tienen ni siquiera la opción de poder decidir si quieren o no quieren ser madres y solo ven cómo son trucados muchos sueños, muchos proyectos de vida”, detalló.
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El aborto, una cuesta arriba
y posturas encontradas Respecto al tema de aborto hay posturas encontradas porque otras organizaciones que trabajan con la defensa de derechos de las mujeres y empoderamiento femenino, consideran que el derecho a la interrupcón no es la solución, sino apostarle a la prevención de embarazos a través de la educación sexual y métodos anticonceptivos. De este pensar es Mirna Hernández, quien es parte de la Red Nacional de Mujeres Indígenas y asegura que en las comunidades se puede trabajar en la prevención de embarazos para evitar el aborto y que este, quizás, podría considerarse solo en casos extremos, cuando la vida de la madre corre peligro, o el feto no tiene posibilidad de vivir. “En las comunidades rurales trabajamos y luchamos para evitar los embarazos a temprana edad porque las niñas no disfrutan su juventud, sus sueños se ven truncados. La capacitación y educación sexual ayuda mucho a los jóvenes, debe fortalecerse. No creo que la aprobación del aborto sea la solución, la solución es la educación”, dijo. Ella asegura que, fuera de la concepción religiosa, es el hecho de acabar con una vida que “no tiene la culpa de nada”. Sin embargo, considera que podría evaluarse el aborto como una opción, cuando son niñas las embarazadas o sus vidas corren riesgo, siempre y cuando se tenga en cuenta que no toda gestación será riesgosa. Al respecto, Betty Eliza Pérez, representante del equipo del Consejo Coordinador Nacional Indigena Salvadoreño (CCNIS), que llevan años trabajando por los derechos de la población indígena, comentó que no definen postura sobre el aborto, esto a pesar de un alto índice de embarazos en niñas y adolescentes indigenas. “Ese es un tema que no lo hemos debatido, pero es un tema bastante complicado de abordar por todo lo que es nuestra cosmovisión, el respeto a la madre tierra, sus recursos naturales y el respeto a la vida. En ese sentido, más bien debemos buscar mecanismos para prevenir los embarazos”, dijo. |
La Segunda Encuesta de Violencia contra las mujeres Indígenas del CCNIS, reveló que el 24% de mujeres indigenas entrevistadas, asegura haber experimentado violencia obstétrica en su periodo de gestación y hora de parto.
Elizondo asegura que en El Salvador, la religión y los grupos conservadores tienen bastante influencia en la población y decisiones políticas, esta es la razón principal de la prohibición absoluta del aborto, aspecto que desde su perpectiva es cuestionable porque en el afan de defender el derecho a la vida, vulneran el mismo.
“No tenemos funcionarios que le apuesten a estos temas, seguimos siendo un país muy conservador y muy moralista. Nuestra Constitución dice que somos un Estado laico, aún hay mucho, mucho poder de las iglesias en nuestro país y este sesgo no permite que las mujeres tengamos acceso a los derechos humanos universales. En una sociedad como la nuestra, es más fácil ver iglesias que ver escuelas. Está muy, muy fuerte el tema de los fundamentalismos religiosos, muy arraigados y eso no nos permite ver más allá de las situaciones que ponen en riesgo la vida de las mujeres”, detalló.
Al respecto, Herrera consideró que desde la perspectiva religiosa se debe de reevaluar y respetar, porque las creencias son del ámbito de la iglesia, pero no deben de marcar o influir en las políticas públicas o leyes, cuya razón de ser es el bienestar de toda la ciudadanía, por tanto no deben de estar influenciadas a creencias.
“Las iglesias como otras organizaciones sociales, tienen derecho a tratar de incluir y van a hacerlo, pero creo que es importante afirmar que el Estado, las políticas públicas y las leyes tienen que ver con toda la ciudadanía y en ese sentido no estar supeditadas a creencias religiosas.
Las creencias religiosas son del ámbito religioso, del ámbito de la Iglesia y está bien que la gente las tenga, pero eso no debe marcar lo que es común para la sociedad porque El Salvador es un estado laico y hay que lograr que eso se respete”.
Para el teólogo salvadoreño Ricardo Martínez, el aborto es un homicidio porque “a pesar de ser una persona no nacida, desde el momento que está fecundado hay vida en el interior de la madre”. No obstante, asegura que en ocasiones, cuando la vida de la mujer corre peligro, el aborto puede ser la única solución o la más factible.
“En esos casos debería de quedar a decisión de la madre, el padre o familia de la mujer si se aborta o no, porque se está jugando con la vida de una persona ya nacida y se está poniendo en riesgo la vida de esa persona. En ese caso sí consideraría necesario el aborto o practicable” aclaró.
Para Martínez, en este caso se deben de evaluar aspectos como los impactos emocionales y psicológicos que puede tener el niño si la mamá muere por o durante el parto.
“Las dos decisiones causan dolor, pero quizás es más llevadera la pérdida de alguien que aún no conoces, a alguien que sí conoces, en este caso la mujer. Creo que es más difícil afrontar la pérdida de un ser querido que ha pasado tiempo con vos y que ya no vas a poder ver, a alguien que todavía no conoces”, argumentó.
Aseguró que en el caso de optar por salvar la vida de la mujer, es de suma importancia dar el acompañamiento que necesite a nivel emocional, psicológico, físico y médico para llevar a cabo el luto.
Martínez tiene 40 años, se graduó de la licenciatura de teología en 2021 del Colegio Bautista de Teología de El Salvador, institución que pertenece al Tabernaculo Bautista, iglesia cristiana evangélica que tiene amplia cobertura e influencia en El Salvador.
Para él, una de las apuestas como país debe de ser la reeducación sexual desde una perspectiva integral y en paralelo a la planificación familiar a través de los métodos anticonceptivos, capacitaciones que deben de implementarse desde la educación básica. Apostar por abordar el tema sin tabú en escuelas, hogares, lugares de convivencia social, incluso desde las iglesias, pues debe de aprovecharse el espacio teniendo en cuenta que son un factor fundamental de la sociedad salvadoreña.
Otro punto que destacó Martinez es la falta de fundamento bíblico para considerar la planificación o métodos anticonceptivos como pecado, sobre todo porque si se lleva una vida sexualmente activa, se debe ser responsable consigo mismo y la pareja. Manifestó que las iglesias transgreden el mensaje de la biblia y no hay ningún argumento que apoye esa teoría.
“La biblia no menciona nada respecto a los métodos anticonceptivos. Hay religiones o iglesias que conciben como pecado el estar planificando por el mandato que Dios dio de ir, reproducirse y poblar la Tierra. En la actualidad no podemos estar diciendo eso porque estamos hasta sobrepoblados. Hay familias que no usan métodos anticonceptivos por cumplir con una doctrina de hombre, no la de Dios”, detalla.
En el caso del aborto o la razón por la que los creyentes no están de acuerdo, está basada en la biblia, pero no en religiones, asegura. La justificación biblica para no aceptar el aborto es porque la biblia establece que “el único dador y el único que puede quitar la vida es Dios, todos tenemos un proceso”, explicó.
Martínez no está a favor de la aprobación del aborto, tampoco considera que pueda aplicarse en caso de abusos sexuales o menores de edad. La única excepción que puede considerar es la antes expuesta, que una de las dos partes corra peligro.
En El Salvador se carece de estadísticas relacionadas a abortos, condenas o criminalización por emergencias obtétricas e incluso de embarazos en niñas y adolescentes, este último porque el subregistro es amplio y los últimos datos que se tienen son de 2021.
Katherine Lino, joven feminista, estudiante y organizada, afirmó que la penalización absoluta limita el acceso a datos, sin embargo, mencionó que entre enero de 2005 y diciembre de 2008 se registraron en el país 19,290 abortos, según datos del Ministerio de Salud.
“En 2011, la Organización Mundial de la Salud señaló que el 11 % de mujeres que se sometieron a un aborto ilegal en el país murieron a causa de ello”, agregó la estudiante organizada.
Para Sara García, de Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, tener estadísticas que revelen el riesgo o el número de vidas pérdidas por embarazos riesgosos, es importante para mostrar el impacto que tiene en la población femenina.
“Las cifras es una de las grandes ausencias que ocurren cuando estamos en un país que no reconoce este derecho (interrupción segura) y niega el acceso a la información, pero hay algunas referencias que podemos tomar, por ejemplo, Instituto Guttmacher hizo un análisis para Centroamérica sobre embarazos e interrupciones inseguras, es decir, abortos inseguros y haciendo una estimación se hablaba de 35,000 abortos inseguros en el país”, declaró.
“La realidad del aborto ocurre en lo cotidiano, creo que todas conocemos a una mujer que ha vivido un borto o ha estado en riesgo su vida porque no ha tenido acceso a este servicio”, agregó.
Similar opinó Elizondo, pues asegura que en El Salvador, todos los días, una salvadoreña puede arriesgar su vida exponiendose a abortos clandestinos y este es el resultado de la falta de acceso a la interrupción segura, la revictimización a mujeres empobrecidas o con mayor riesgo de vulneración.
“No hay que negarlo, hay mujeres que abortan en este país, algunas de forma segura otras de forma insegura, o sea, es una realidad que no podemos obviar y decir que no pasa. Las mujeres lo hacen pero tampoco tenemos esa libertad de tener acceso a esa información”, detalló.
Para Elizondo, la ilegalidad del aborto conlleva exponer a la mujer a métodos poco fiables, pagar grandes cantidades de dinero por acceder a ellos, el consumo de médicamentos inseguros y procesos dolorosos. Además, asegura, que resulta curioso que en extractos sociales con recursos económicos no se conozcan de casos de mujeres con emergencias obstétricas o abortos inseguros.
“No hay denuncias del sistema privado por aborto, pareciera que las mujeres que tienen más acceso a recursos económicos ninguna tiene problemas obstétricos, ninguna tiene un aborto espontáneo, ninguna se practica un aborto o provoca un aborto”, finalizó.
Mientras el tema del aborto continúe en poder de gobiernos conservadores en El Salvador, miles de mujeres continuarán viendo vulnerados sus derechos y arriesgando sus vidas.
Elizondo asegura que en El Salvador, la religión y los grupos conservadores tienen bastante influencia en la población y decisiones políticas, esta es la razón principal de la prohibición absoluta del aborto, aspecto que desde su perpectiva es cuestionable porque en el afan de defender el derecho a la vida, vulneran el mismo.
“No tenemos funcionarios que le apuesten a estos temas, seguimos siendo un país muy conservador y muy moralista. Nuestra Constitución dice que somos un Estado laico, aún hay mucho, mucho poder de las iglesias en nuestro país y este sesgo no permite que las mujeres tengamos acceso a los derechos humanos universales. En una sociedad como la nuestra, es más fácil ver iglesias que ver escuelas. Está muy, muy fuerte el tema de los fundamentalismos religiosos, muy arraigados y eso no nos permite ver más allá de las situaciones que ponen en riesgo la vida de las mujeres”, detalló.
Al respecto, Herrera consideró que desde la perspectiva religiosa se debe de reevaluar y respetar, porque las creencias son del ámbito de la iglesia, pero no deben de marcar o influir en las políticas públicas o leyes, cuya razón de ser es el bienestar de toda la ciudadanía, por tanto no deben de estar influenciadas a creencias.
“Las iglesias como otras organizaciones sociales, tienen derecho a tratar de incluir y van a hacerlo, pero creo que es importante afirmar que el Estado, las políticas públicas y las leyes tienen que ver con toda la ciudadanía y en ese sentido no estar supeditadas a creencias religiosas.
Las creencias religiosas son del ámbito religioso, del ámbito de la Iglesia y está bien que la gente las tenga, pero eso no debe marcar lo que es común para la sociedad porque El Salvador es un estado laico y hay que lograr que eso se respete”.
Para el teólogo salvadoreño Ricardo Martínez, el aborto es un homicidio porque “a pesar de ser una persona no nacida, desde el momento que está fecundado hay vida en el interior de la madre”. No obstante, asegura que en ocasiones, cuando la vida de la mujer corre peligro, el aborto puede ser la única solución o la más factible.
“En esos casos debería de quedar a decisión de la madre, el padre o familia de la mujer si se aborta o no, porque se está jugando con la vida de una persona ya nacida y se está poniendo en riesgo la vida de esa persona. En ese caso sí consideraría necesario el aborto o practicable” aclaró.
Para Martínez, en este caso se deben de evaluar aspectos como los impactos emocionales y psicológicos que puede tener el niño si la mamá muere por o durante el parto.
“Las dos decisiones causan dolor, pero quizás es más llevadera la pérdida de alguien que aún no conoces, a alguien que sí conoces, en este caso la mujer. Creo que es más difícil afrontar la pérdida de un ser querido que ha pasado tiempo con vos y que ya no vas a poder ver, a alguien que todavía no conoces”, argumentó.
Aseguró que en el caso de optar por salvar la vida de la mujer, es de suma importancia dar el acompañamiento que necesite a nivel emocional, psicológico, físico y médico para llevar a cabo el luto.
Martínez tiene 40 años, se graduó de la licenciatura de teología en 2021 del Colegio Bautista de Teología de El Salvador, institución que pertenece al Tabernaculo Bautista, iglesia cristiana evangélica que tiene amplia cobertura e influencia en El Salvador.
Para él, una de las apuestas como país debe de ser la reeducación sexual desde una perspectiva integral y en paralelo a la planificación familiar a través de los métodos anticonceptivos, capacitaciones que deben de implementarse desde la educación básica. Apostar por abordar el tema sin tabú en escuelas, hogares, lugares de convivencia social, incluso desde las iglesias, pues debe de aprovecharse el espacio teniendo en cuenta que son un factor fundamental de la sociedad salvadoreña.
Otro punto que destacó Martinez es la falta de fundamento bíblico para considerar la planificación o métodos anticonceptivos como pecado, sobre todo porque si se lleva una vida sexualmente activa, se debe ser responsable consigo mismo y la pareja. Manifestó que las iglesias transgreden el mensaje de la biblia y no hay ningún argumento que apoye esa teoría.
“La biblia no menciona nada respecto a los métodos anticonceptivos. Hay religiones o iglesias que conciben como pecado el estar planificando por el mandato que Dios dio de ir, reproducirse y poblar la Tierra. En la actualidad no podemos estar diciendo eso porque estamos hasta sobrepoblados. Hay familias que no usan métodos anticonceptivos por cumplir con una doctrina de hombre, no la de Dios”, detalla.
En el caso del aborto o la razón por la que los creyentes no están de acuerdo, está basada en la biblia, pero no en religiones, asegura. La justificación biblica para no aceptar el aborto es porque la biblia establece que “el único dador y el único que puede quitar la vida es Dios, todos tenemos un proceso”, explicó.
Martínez no está a favor de la aprobación del aborto, tampoco considera que pueda aplicarse en caso de abusos sexuales o menores de edad. La única excepción que puede considerar es la antes expuesta, que una de las dos partes corra peligro.
En El Salvador se carece de estadísticas relacionadas a abortos, condenas o criminalización por emergencias obtétricas e incluso de embarazos en niñas y adolescentes, este último porque el subregistro es amplio y los últimos datos que se tienen son de 2021.
Katherine Lino, joven feminista, estudiante y organizada, afirmó que la penalización absoluta limita el acceso a datos, sin embargo, mencionó que entre enero de 2005 y diciembre de 2008 se registraron en el país 19,290 abortos, según datos del Ministerio de Salud.
“En 2011, la Organización Mundial de la Salud señaló que el 11 % de mujeres que se sometieron a un aborto ilegal en el país murieron a causa de ello”, agregó la estudiante organizada.
Para Sara García, de Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, tener estadísticas que revelen el riesgo o el número de vidas pérdidas por embarazos riesgosos, es importante para mostrar el impacto que tiene en la población femenina.
“Las cifras es una de las grandes ausencias que ocurren cuando estamos en un país que no reconoce este derecho (interrupción segura) y niega el acceso a la información, pero hay algunas referencias que podemos tomar, por ejemplo, Instituto Guttmacher hizo un análisis para Centroamérica sobre embarazos e interrupciones inseguras, es decir, abortos inseguros y haciendo una estimación se hablaba de 35,000 abortos inseguros en el país”, declaró.
“La realidad del aborto ocurre en lo cotidiano, creo que todas conocemos a una mujer que ha vivido un borto o ha estado en riesgo su vida porque no ha tenido acceso a este servicio”, agregó.
Similar opinó Elizondo, pues asegura que en El Salvador, todos los días, una salvadoreña puede arriesgar su vida exponiendose a abortos clandestinos y este es el resultado de la falta de acceso a la interrupción segura, la revictimización a mujeres empobrecidas o con mayor riesgo de vulneración.
“No hay que negarlo, hay mujeres que abortan en este país, algunas de forma segura otras de forma insegura, o sea, es una realidad que no podemos obviar y decir que no pasa. Las mujeres lo hacen pero tampoco tenemos esa libertad de tener acceso a esa información”, detalló.
Para Elizondo, la ilegalidad del aborto conlleva exponer a la mujer a métodos poco fiables, pagar grandes cantidades de dinero por acceder a ellos, el consumo de médicamentos inseguros y procesos dolorosos. Además, asegura, que resulta curioso que en extractos sociales con recursos económicos no se conozcan de casos de mujeres con emergencias obstétricas o abortos inseguros.
“No hay denuncias del sistema privado por aborto, pareciera que las mujeres que tienen más acceso a recursos económicos ninguna tiene problemas obstétricos, ninguna tiene un aborto espontáneo, ninguna se practica un aborto o provoca un aborto”, finalizó.
Mientras el tema del aborto continúe en poder de gobiernos conservadores en El Salvador, miles de mujeres continuarán viendo vulnerados sus derechos y arriesgando sus vidas.
FRASES
“Hay pruebas que muestran que, en efecto a Beatriz se le dio un tratamiento inadecuado al retardarle, prolongarle y negarle el acceso a la interrupción del embarazo y cómo eso implicó también un acto de tortura”, Morena Herrera.
“Hay suicidios de adolescentes embarazadas, que se enfrentan a situaciones de angustia, en El Salvador hay muchos embarazos impuestos también como resultado de hechos de violencia sexual entonces estas adolescentes, estas niñas no tienen ninguna alternativa. En este momento el Estado no ofrece opciones y por eso algunas recurren al envenenamiento”. Morena Herrera.
“Hay pruebas que muestran que, en efecto a Beatriz se le dio un tratamiento inadecuado al retardarle, prolongarle y negarle el acceso a la interrupción del embarazo y cómo eso implicó también un acto de tortura”, Morena Herrera.
“Hay suicidios de adolescentes embarazadas, que se enfrentan a situaciones de angustia, en El Salvador hay muchos embarazos impuestos también como resultado de hechos de violencia sexual entonces estas adolescentes, estas niñas no tienen ninguna alternativa. En este momento el Estado no ofrece opciones y por eso algunas recurren al envenenamiento”. Morena Herrera.
Esta es una investigación colaborativa realizada por Stanley Luna desde Argentina, Lourdes Ramírez y Daisy Bonilla de En Alta Voz, Honduras, Nancy Hernández, de Gato Encerrado, El Salvador; Mariela Castañón de Nuestras Historias, Guatemala.
Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte del Programa de Salud Reproductiva, Derechos Reproductivos y Justicia en las Américas IWMF.ORG
Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte del Programa de Salud Reproductiva, Derechos Reproductivos y Justicia en las Américas IWMF.ORG
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