COLOMBIANA
ASILO EN
TIEMPOS DE PANDEMIA
Una joven de Buenaventura, Valle del Cauca, nos cuenta como se vive la pandemia en Australia mientras estudia.
Por Ingrid Viafara
Estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
Integrante HUMANOS
Australia
El COVID-19 nos tomó por sorpresa, en cuestión de nada se metió en nuestras cabezas.
Muchos pensaron que esto no demoraría tanto pero mira ya van dos años y no se sabe hasta cuando. Algunos perdieron trabajos, a otros les cambió la vida, pero otros miles de personas han perdido la vida.
No es de negar que a todos nos ha afectado, unos sufren por su salud otros por conseguir un bocado. Pero no digamos mentiras hay dos extremos diferentes: las personas que se encuentran en casa y esas que están ausentes, aquellas que una vez dejaron su patria en busca de mejores oportunidades. Estas viven un martirio sin contar mucho a sus familiares.
Si nos detuvieramos por un momento a pensar, como les ha tocado la pandemia afrontar, a todos esos que se encuentran en tierras ajenas quizás nuestra empatía sería un poco más amena. Ellos no esperan mucho de nosotros solo escuchar nuestra voz, sentir nuestra alegría y de vez en cuando alentarlos cada día.
La realidad es que es triste llegar a casas o cuartos vacíos, algunas veces compartiendo todo con unos desconocidos. Sin nadie que te pregunte como estuvo tu día, alimentándose muy mal o saltándose comidas, porque en el afán del día a día cosas importantes como estas se olvidan.
Pues la vida no es nada fácil cuando se vive en el exterior algunos trasnochan como locos otros reciben humillación, realizando trabajos que nunca harían en su propia nación. Con el fin de conseguir todas las cosas que la vida nunca les brindó. Pues las oportunidades en su país siempre han sido limitadas, y prefieren arriesgarlo todo a seguir viviendo sin nada. Pues aunque suene irónico ganas mas como limpiador en el exterior que como ciudadano en tu país con una profesión.
Es triste el extremo al que hemos llegado, no hay futuro para los niños, ni garantías para el anciano. Por eso es entendible que muchos su patria hayan abandonado. Sin embargo todos soñamos con un país mucho mejor, no importa que nuestros cuerpos estén en el exterior, ni los años que pasan, pues nuestra alma y corazón siempre estarán en casa.
Estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
Integrante HUMANOS
Australia
El COVID-19 nos tomó por sorpresa, en cuestión de nada se metió en nuestras cabezas.
Muchos pensaron que esto no demoraría tanto pero mira ya van dos años y no se sabe hasta cuando. Algunos perdieron trabajos, a otros les cambió la vida, pero otros miles de personas han perdido la vida.
No es de negar que a todos nos ha afectado, unos sufren por su salud otros por conseguir un bocado. Pero no digamos mentiras hay dos extremos diferentes: las personas que se encuentran en casa y esas que están ausentes, aquellas que una vez dejaron su patria en busca de mejores oportunidades. Estas viven un martirio sin contar mucho a sus familiares.
Si nos detuvieramos por un momento a pensar, como les ha tocado la pandemia afrontar, a todos esos que se encuentran en tierras ajenas quizás nuestra empatía sería un poco más amena. Ellos no esperan mucho de nosotros solo escuchar nuestra voz, sentir nuestra alegría y de vez en cuando alentarlos cada día.
La realidad es que es triste llegar a casas o cuartos vacíos, algunas veces compartiendo todo con unos desconocidos. Sin nadie que te pregunte como estuvo tu día, alimentándose muy mal o saltándose comidas, porque en el afán del día a día cosas importantes como estas se olvidan.
Pues la vida no es nada fácil cuando se vive en el exterior algunos trasnochan como locos otros reciben humillación, realizando trabajos que nunca harían en su propia nación. Con el fin de conseguir todas las cosas que la vida nunca les brindó. Pues las oportunidades en su país siempre han sido limitadas, y prefieren arriesgarlo todo a seguir viviendo sin nada. Pues aunque suene irónico ganas mas como limpiador en el exterior que como ciudadano en tu país con una profesión.
Es triste el extremo al que hemos llegado, no hay futuro para los niños, ni garantías para el anciano. Por eso es entendible que muchos su patria hayan abandonado. Sin embargo todos soñamos con un país mucho mejor, no importa que nuestros cuerpos estén en el exterior, ni los años que pasan, pues nuestra alma y corazón siempre estarán en casa.
AÑO CRÍTICO
PARA LA LIBERTAD DE PRENSA
El 9 de febrero Colombia celebró el Día del Periodista, fecha en la cual la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip,reveló que el 2021 se cerró con 700 violaciones a la libertad de prensa, desde agresiones físicas, amenazas, hostigamientos y obstrucciones al trabajo periodístico.
La fuerza pública fue el mayor agresor de la prensa durante las jornadas de manifestaciones sociales que tuvieron lugar durante el Paro Nacional que duro varios meses y se convirtió también en el máximo agresor de todo el 2021.
La Flip sostiene en su informe:
El 2021 marcó un punto de inflexión para el periodismo en Colombia. Durante los primeros meses quedó en evidencia que no existen garantías para cubrir las manifestaciones sociales.
En simultáneo, fue instalada una política de ciberpatrullaje liderada por el Ministerio de Defensa que monitorea el contenido publicado por los usuarios en redes sociales. Para cerrar, las mayorías del Senado y de la Cámara aprobaron un artículo que blindaba a los funcionarios públicos de las investigaciones de la prensa y aumentaba los castigos contra periodistas. Al final, la presión de la sociedad civil hizo efecto y el artículo fue retirado; pero las intenciones de los legisladores quedaron al desnudo.
Nuevamente, afrontamos el asesinato de un periodista, el de Marcos Efraín Montalvo, en Tulúa. Además, se intensificaron problemas globales, como la crisis económica de los medios, agudizada por la pandemia.
Concluimos con un periodismo más débil y con la incertidumbre de cómo, los próximos legisladores y mandatario, entenderán y abordarán estos desafíos. Los funcionarios que resulten electos este año estarán obligados a diseñar un plan que salve el periodismo. De lo contrario, con total seguridad se ahondará en la crisis y la situación para la prensa encontrará más semejanzas con lo que ocurre en Venezuela, Nicaragua o El Salvador.
Con el ánimo de aportar al debate sobre cómo abordar estos asuntos, consultamos a expertos, estudiamos casos internacionales y seguimos de cerca iniciativas impulsadas por la Unesco, las Naciones Unidas y las oficinas de las Relatorías de Libertad de Expresión. El resultado es una serie de propuestas que hacen frente a nueve problemas que amenazan el periodismo.
Esta hoja de ruta es un punto de partida que deberá alimentarse con las ideas de diferentes sectores y reforzarse con debates amplios que permitan profundizar en asuntos como la destinación de recursos públicos para el sostenimiento de los medios. También por supuesto, será necesario encontrar voluntad política para garantizar mayor independencia en el sistema de medios públicos y para evitar la malversación de fondos en la asignación de la publicidad oficial.
Esa intención auténtica de los mandatarios debe estar en sintonía con propuestas que han surgido en diferentes países, y que tienen el ánimo de impulsar que los medios y la información sean considerados un bien público fundamental.
Por supuesto, somos conscientes de que ninguna de estas soluciones resulta infalible, y no existe, por ahora, un antídoto ideal para la crisis. Sin embargo, sí están pensadas para atender cada problema por separado, comprendiendo sus rasgos específicos y sobre todo, para no causar daño a la democracia.
La FLIP, fundada en 1996, ha promovido la defensa y la protección de periodistas en Colombia, para que puedan ejercer su trabajo sin miedo a sufrir represalias.
PARA LA LIBERTAD DE PRENSA
El 9 de febrero Colombia celebró el Día del Periodista, fecha en la cual la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip,reveló que el 2021 se cerró con 700 violaciones a la libertad de prensa, desde agresiones físicas, amenazas, hostigamientos y obstrucciones al trabajo periodístico.
La fuerza pública fue el mayor agresor de la prensa durante las jornadas de manifestaciones sociales que tuvieron lugar durante el Paro Nacional que duro varios meses y se convirtió también en el máximo agresor de todo el 2021.
La Flip sostiene en su informe:
El 2021 marcó un punto de inflexión para el periodismo en Colombia. Durante los primeros meses quedó en evidencia que no existen garantías para cubrir las manifestaciones sociales.
En simultáneo, fue instalada una política de ciberpatrullaje liderada por el Ministerio de Defensa que monitorea el contenido publicado por los usuarios en redes sociales. Para cerrar, las mayorías del Senado y de la Cámara aprobaron un artículo que blindaba a los funcionarios públicos de las investigaciones de la prensa y aumentaba los castigos contra periodistas. Al final, la presión de la sociedad civil hizo efecto y el artículo fue retirado; pero las intenciones de los legisladores quedaron al desnudo.
Nuevamente, afrontamos el asesinato de un periodista, el de Marcos Efraín Montalvo, en Tulúa. Además, se intensificaron problemas globales, como la crisis económica de los medios, agudizada por la pandemia.
Concluimos con un periodismo más débil y con la incertidumbre de cómo, los próximos legisladores y mandatario, entenderán y abordarán estos desafíos. Los funcionarios que resulten electos este año estarán obligados a diseñar un plan que salve el periodismo. De lo contrario, con total seguridad se ahondará en la crisis y la situación para la prensa encontrará más semejanzas con lo que ocurre en Venezuela, Nicaragua o El Salvador.
Con el ánimo de aportar al debate sobre cómo abordar estos asuntos, consultamos a expertos, estudiamos casos internacionales y seguimos de cerca iniciativas impulsadas por la Unesco, las Naciones Unidas y las oficinas de las Relatorías de Libertad de Expresión. El resultado es una serie de propuestas que hacen frente a nueve problemas que amenazan el periodismo.
Esta hoja de ruta es un punto de partida que deberá alimentarse con las ideas de diferentes sectores y reforzarse con debates amplios que permitan profundizar en asuntos como la destinación de recursos públicos para el sostenimiento de los medios. También por supuesto, será necesario encontrar voluntad política para garantizar mayor independencia en el sistema de medios públicos y para evitar la malversación de fondos en la asignación de la publicidad oficial.
Esa intención auténtica de los mandatarios debe estar en sintonía con propuestas que han surgido en diferentes países, y que tienen el ánimo de impulsar que los medios y la información sean considerados un bien público fundamental.
Por supuesto, somos conscientes de que ninguna de estas soluciones resulta infalible, y no existe, por ahora, un antídoto ideal para la crisis. Sin embargo, sí están pensadas para atender cada problema por separado, comprendiendo sus rasgos específicos y sobre todo, para no causar daño a la democracia.
La FLIP, fundada en 1996, ha promovido la defensa y la protección de periodistas en Colombia, para que puedan ejercer su trabajo sin miedo a sufrir represalias.
FRONTERAS QUE SALVAN VIDAS
Especial para HUMANOS
Al menos 524.496 personas han solicitado refugio en los cinco países con los que Colombia tiene fronteras.
Las fronteras han sido para muchas personas en el exilio la posibilidad más real, y los caminos más recurrentes, para buscar protección y salvar sus vidas, las trochas, ríos, montañas, desiertos, puentes y caminos selváticos que marcan los límites territoriales de Colombia con los países fronterizos se han convertido en las vías de acceso más cercanas, rápidas, y en algunos casos, económicamente viables, para salvaguardar la vida.
Sin embargo, la dinámica del desplazamiento transfronterizo entre Colombia y los países de frontera terrestre (Ecuador, Venezuela, Panamá, Perú y Brasil) ha estado marcada por la presencia y extensión del conflicto armado, las violencias ejercidas en estos territorios y el incremento de la securitización y de los controles migratorios como enfoque de la política exterior de cada uno de los países, hace que los tránsitos sean peligrosos e incrementan el riesgo de enfrentar nuevas violencias que en muchos casos perpetúan la victimización, ya que el tránsito hacia el exilio de muchos colombianos, sigue siendo una realidad a pesar de la firma de los acuerdos de paz.
El desplazamiento transfronterizo, a diferencia del desplazamiento forzado interno, tiene características distintas que agudizan la vulneración y el riesgo. Entre ellas están el abandono forzoso de su territorio de residencia y el tránsito hacia el cruce de las fronteras; búsqueda de protección fuera de Colombia ya que por lo general consideran que el Estado colombiano y sus instituciones no se las pueden brindar, asegurar y proteger su vida y/o la de su familia. Y las lógicas de tránsito, generalmente, corresponden a lógicas más locales que suponen una cercanía espacial y cultural, y donde los lugares de asentamiento tienen unas condiciones similares a las condiciones de asentamiento dentro del país.
La Unidad para las Víctimas, en el marco de la política de atención y reparación contemplada en la Ley 1448 de 2011, señala que para 2019 han sido incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV) desde el exterior 25.720 personas , a través de solicitudes de inscripción, que provienen de consulados de varios países. Estos números representan sólo el 5% de las víctimas colombianas que según registros de ACNUR, se encuentran en el exilio, por lo que existe un fuerte subregistro lo cual no permite dar cuenta de la magnitud del fenómeno fuera de las fronteras.
Precisamente, según cifras de ACNUR, al menos 524.496 personas colombianas solicitaron protección internacional para recibir refugio en los cinco países con los que Colombia tiene frontera. La mayoría de estas solicitudes se hicieron en Ecuador (240.901) y Venezuela (200.000), seguido por Panamá (68.000) y en menor medida en Brasil (8.242) y Perú (7.353).
Desde la Comisión de la Verdad, no solo se ha hecho un trabajo de análisis de la realidad en el contexto de frontera, desde el inicio de su mandato, la Comisión de la Verdad emprendió un trabajo para escuchar los testimonios por contar en cada una de las fronteras, con el propósito de dignificar cada relato y, de manera posterior, registrar en el informe de cierre a presentar a finales del año en curso.
De los 1.685 testimonios recopilados, 235 corresponden a los países fronterizos como Ecuador, Panamá, Costa Rica, Brasil y Venezuela. Las estadísticas del Registro Único de Víctimas (RUV) permiten evidenciar cómo la proximidad geográfica es un factor decisivo para las víctimas que han debido huir del conflicto, pues de las 25.720 víctimas registradas en el RUV, 8.185 - es decir casi el 32% del total- se encuentran en Ecuador; el 15.5% en Venezuela (3.985 víctimas registradas), y el 5.5% en Panamá.
Cada relato que tiene en común el hecho de surgir en medio una situación de frontera, tiene sus particularidades y matices diversos, compartidos a través de quienes se han atrevido a traspasar el silencio y a contarlas. Estas historias tienen múltiples patrones de violencia de acuerdo a la caracterización de cada zona: el despojo de tierras, violencia política, expansión de cultivos de uso ilícito y reclutamiento forzado, entre otras, que han afectado y aún hoy, continúan impactando la individualidad de una persona y su entorno familiar, su comunidad o entorno social.
Como ejercicios preparatorios al Encuentro por la Verdad: "Reconocimiento del exilio en las Fronteras con Colombia", se realizarán varios encuentros previos con la población víctima en los países de frontera, que no podrán asistir debido al contexto de la pandemia. Sin embargo, se habilitará esta forma de participación para crear colectivamente mensajes sobre lo que debe ser reconocido sobre la realidad del exilio en los países de las fronteras y los ejes de análisis desde su perspectiva, sus historias y proyectos de vida.
Es importante resaltar que el ejercicio participativo contribuye a la reflexión sobre lo que se quiere que se esclarezca y se reconozca; que acciones hay que profundizar para que no se repitan y de esta manera dar pasos a una mejor convivencia como un motor de transformación. Al igual que hacer un reconocimiento a la decisión, la fortaleza y valentía de haberse animado a participar en el proceso de la Comisión de la Verdad, aportando con sus testimonios de vida, resaltando que estas narraciones son fundamentales para el proceso de construcción de paz en Colombia.
Con el propósito de ponerle un rostro a los hechos, impactos y afrontamientos vividos por miles de colombianas y colombianos, este sábado 27 de febrero se hará el acto de reconocimiento para que la sociedad nacional e internacional, se acerque a esta realidad que no es de tiempo atrás, sino que persiste en las zonas de frontera con Colombia, un contínum de violencias que sobrepasa los límites territoriales, que ha incrementado la crisis de violación de Derechos Humanos e infracciones al DIH de la poblacion víctima del conflicto armado.
El acto de reconocimiento será liderado por el pleno de comisionados y de manera presencial asistirán los comisionados Carlos Martín Beristain y Leyner Palacios.
La agenda tendrá como principal objetivo la participación de las víctimas y sus testimonios, siendo esta la centralidad del encuentro, al igual que el mandato que rige a la Comisión de la Verdad. También contará con la participación de instituciones internacionales aliadas: GIZ - Cooperación Técnica Alemana, FLACSO - Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Sede Ecuador), Misión Scalabriniana, Servicio Jesuita a Refugiados, el Colectivo CERCE/colectivo de exiliados refugiados colombianos en Ecuador, entre otros embajadores/as y agencias de cooperación internacional y organismos multilaterales que respaldan el trabajo de la Comisión.
Este acto solemne se llevará a cabo de manera presencial en la ciudad de Ibarra, Ecuador, teniendo en cuenta las normas de bioseguridad y condiciones de la coyuntura actual debido a la pandemia del coronavirus. A su vez, se habilitará la transmisión vía web a través de la página oficial de la Comisión comisiondelaverdad.co y sus plataformas virtuales:
Facebook: @ComisionVerdadc
YouTube: ComisióndelaVerdad
Especial para HUMANOS
Al menos 524.496 personas han solicitado refugio en los cinco países con los que Colombia tiene fronteras.
Las fronteras han sido para muchas personas en el exilio la posibilidad más real, y los caminos más recurrentes, para buscar protección y salvar sus vidas, las trochas, ríos, montañas, desiertos, puentes y caminos selváticos que marcan los límites territoriales de Colombia con los países fronterizos se han convertido en las vías de acceso más cercanas, rápidas, y en algunos casos, económicamente viables, para salvaguardar la vida.
Sin embargo, la dinámica del desplazamiento transfronterizo entre Colombia y los países de frontera terrestre (Ecuador, Venezuela, Panamá, Perú y Brasil) ha estado marcada por la presencia y extensión del conflicto armado, las violencias ejercidas en estos territorios y el incremento de la securitización y de los controles migratorios como enfoque de la política exterior de cada uno de los países, hace que los tránsitos sean peligrosos e incrementan el riesgo de enfrentar nuevas violencias que en muchos casos perpetúan la victimización, ya que el tránsito hacia el exilio de muchos colombianos, sigue siendo una realidad a pesar de la firma de los acuerdos de paz.
El desplazamiento transfronterizo, a diferencia del desplazamiento forzado interno, tiene características distintas que agudizan la vulneración y el riesgo. Entre ellas están el abandono forzoso de su territorio de residencia y el tránsito hacia el cruce de las fronteras; búsqueda de protección fuera de Colombia ya que por lo general consideran que el Estado colombiano y sus instituciones no se las pueden brindar, asegurar y proteger su vida y/o la de su familia. Y las lógicas de tránsito, generalmente, corresponden a lógicas más locales que suponen una cercanía espacial y cultural, y donde los lugares de asentamiento tienen unas condiciones similares a las condiciones de asentamiento dentro del país.
La Unidad para las Víctimas, en el marco de la política de atención y reparación contemplada en la Ley 1448 de 2011, señala que para 2019 han sido incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV) desde el exterior 25.720 personas , a través de solicitudes de inscripción, que provienen de consulados de varios países. Estos números representan sólo el 5% de las víctimas colombianas que según registros de ACNUR, se encuentran en el exilio, por lo que existe un fuerte subregistro lo cual no permite dar cuenta de la magnitud del fenómeno fuera de las fronteras.
Precisamente, según cifras de ACNUR, al menos 524.496 personas colombianas solicitaron protección internacional para recibir refugio en los cinco países con los que Colombia tiene frontera. La mayoría de estas solicitudes se hicieron en Ecuador (240.901) y Venezuela (200.000), seguido por Panamá (68.000) y en menor medida en Brasil (8.242) y Perú (7.353).
Desde la Comisión de la Verdad, no solo se ha hecho un trabajo de análisis de la realidad en el contexto de frontera, desde el inicio de su mandato, la Comisión de la Verdad emprendió un trabajo para escuchar los testimonios por contar en cada una de las fronteras, con el propósito de dignificar cada relato y, de manera posterior, registrar en el informe de cierre a presentar a finales del año en curso.
De los 1.685 testimonios recopilados, 235 corresponden a los países fronterizos como Ecuador, Panamá, Costa Rica, Brasil y Venezuela. Las estadísticas del Registro Único de Víctimas (RUV) permiten evidenciar cómo la proximidad geográfica es un factor decisivo para las víctimas que han debido huir del conflicto, pues de las 25.720 víctimas registradas en el RUV, 8.185 - es decir casi el 32% del total- se encuentran en Ecuador; el 15.5% en Venezuela (3.985 víctimas registradas), y el 5.5% en Panamá.
Cada relato que tiene en común el hecho de surgir en medio una situación de frontera, tiene sus particularidades y matices diversos, compartidos a través de quienes se han atrevido a traspasar el silencio y a contarlas. Estas historias tienen múltiples patrones de violencia de acuerdo a la caracterización de cada zona: el despojo de tierras, violencia política, expansión de cultivos de uso ilícito y reclutamiento forzado, entre otras, que han afectado y aún hoy, continúan impactando la individualidad de una persona y su entorno familiar, su comunidad o entorno social.
Como ejercicios preparatorios al Encuentro por la Verdad: "Reconocimiento del exilio en las Fronteras con Colombia", se realizarán varios encuentros previos con la población víctima en los países de frontera, que no podrán asistir debido al contexto de la pandemia. Sin embargo, se habilitará esta forma de participación para crear colectivamente mensajes sobre lo que debe ser reconocido sobre la realidad del exilio en los países de las fronteras y los ejes de análisis desde su perspectiva, sus historias y proyectos de vida.
Es importante resaltar que el ejercicio participativo contribuye a la reflexión sobre lo que se quiere que se esclarezca y se reconozca; que acciones hay que profundizar para que no se repitan y de esta manera dar pasos a una mejor convivencia como un motor de transformación. Al igual que hacer un reconocimiento a la decisión, la fortaleza y valentía de haberse animado a participar en el proceso de la Comisión de la Verdad, aportando con sus testimonios de vida, resaltando que estas narraciones son fundamentales para el proceso de construcción de paz en Colombia.
Con el propósito de ponerle un rostro a los hechos, impactos y afrontamientos vividos por miles de colombianas y colombianos, este sábado 27 de febrero se hará el acto de reconocimiento para que la sociedad nacional e internacional, se acerque a esta realidad que no es de tiempo atrás, sino que persiste en las zonas de frontera con Colombia, un contínum de violencias que sobrepasa los límites territoriales, que ha incrementado la crisis de violación de Derechos Humanos e infracciones al DIH de la poblacion víctima del conflicto armado.
El acto de reconocimiento será liderado por el pleno de comisionados y de manera presencial asistirán los comisionados Carlos Martín Beristain y Leyner Palacios.
La agenda tendrá como principal objetivo la participación de las víctimas y sus testimonios, siendo esta la centralidad del encuentro, al igual que el mandato que rige a la Comisión de la Verdad. También contará con la participación de instituciones internacionales aliadas: GIZ - Cooperación Técnica Alemana, FLACSO - Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Sede Ecuador), Misión Scalabriniana, Servicio Jesuita a Refugiados, el Colectivo CERCE/colectivo de exiliados refugiados colombianos en Ecuador, entre otros embajadores/as y agencias de cooperación internacional y organismos multilaterales que respaldan el trabajo de la Comisión.
Este acto solemne se llevará a cabo de manera presencial en la ciudad de Ibarra, Ecuador, teniendo en cuenta las normas de bioseguridad y condiciones de la coyuntura actual debido a la pandemia del coronavirus. A su vez, se habilitará la transmisión vía web a través de la página oficial de la Comisión comisiondelaverdad.co y sus plataformas virtuales:
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BUENAVENTURA SIGUE EN CRISIS HUMANITARIA
Del 30 de enero al 2 de febrero del 2020, la misión humanitaria recorrió los ríos Naya, Yurumangui, Cajambre, Raposo y Calima
Una grave crisis humanitaria, escalamiento del conflicto, y la flagrante violación a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, enfrentan las comunidades que habitan las riveras de cinco ríos de la zona rural del Distrito de Buenaventura, en aguas del Pacífico, en donde se encuentra ubicado el principal puerto marítimo de Colombia.
Así lo determinó la Misión Humanitaria Buenaventura 2020, que verificó la violación de normas internas y protocolos internacionales que garantizan los derechos étnicos territoriales en estos cinco afluentes de la zona rural de este municipio -que hace parte del departamento del Valle del Cauca- y las condiciones de vulnerabilidad a causa del profundización del conflicto a raíz de la presencia del ELN, las Disidencias de las Farc, grupos paramilitares, Armada Nacional, y actores de guerra no identificados que ponen en riesgo la vida de la población civil, generando desplazamiento forzado, confinamiento, desintegración comunitaria y cultural, riesgo de reclutamiento, abuso sexual violento, especialmente a mujeres y niñas.
El informe especial de la misión se presentará ante el comité de justicia transicional el cual se solicitará sea convocado de manera extraordinaria.
1. Durante el recorrido la misión pudo verificar el estado de cosas inconstitucionales que afectan de manera directa los derechos a la educación, la salud, servicios públicos, movilidad y saneamiento básico. La misión pudo comprobar que no existen servicios de agua potable, energía y puestos de salud.
2. La misión logró verificar que existen múltiples obras inconclusas, que afectan de manera sensible el derecho a la educación, a lo largo del recorrido encontró que la infraestructura educativa y de salud se encuentra en estado de abandono.
3. Algunos centros educativos fueron demolidos de manera innecesaria y las obras proyectadas nunca se ejecutaron, obligando a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a ser trasladados a lugares no adecuados como centros de acopio, y casas de familia. La misión advierte que la contratación de docentes no corresponde a las necesidades poblacionales en los 5 ríos, lo cual afecta la estabilidad y calidad educativa, situación de crisis que enfrentan también los hogares de bienestar familiar y las guarderías.
4. La misión constató la alarmante situación de vulneración al derecho a la salud por la proliferación de epidemias y brotes como “la gota gruesa”. Los promotores de salud no tienen garantías para el trabajo y no cuentan con los instrumentos de laboratorio necesarios como microscopios, para hacer exámenes adecuados. Se evidencio que no existe acompañamiento a los médicos tradicionales ni reconocimiento digno a sus saberes.
5. La misión pudo comprobar que la vulneración del derecho a la movilidad expone la vida de la comunidad, principalmente de los adultos mayores, por el mal estado de los muelles veredales; el alto costo de la gasolina; y el robo de las lanchas comunitarias.
6. La misión pudo constatar que los líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de los derechos etnico territoriales y de genero se encuentran en peligro debido a las amenazas, persecución y seguimiento, de igual forma los pescadores artesanales y lancheros han sufrido el robo de lanchas y motores.
7. La misión manifiesta su profunda preocupación por la proliferación de la minería ilegal, y los proyectos de exploración y explotación minera y de generación de energía por medio de hidroeléctricas que ponen en riesgo la vida de las comunidades y produce daños ambientales irreparables.
8. La Misión observó que existe presencia de la Armada Nacional en los centros poblados de las cuencas de los ríos, violando el derecho internacional humanitario y el principio de distinción.
9. Se corroboró que los efectivos de la armada se encontraban en los ríos Naya y Raposo haciendo presencia en las riberas, habitando escuelas, puestos de salud y casas de la comunidad. La comisión recomendó a la Armada Nacional por medio de los organismos de control del Estado y la comunidad internacional el cumplimiento del derecho internacional humanitario.
10. Se logró identificar la preocupación existente de las comunidades ante el incumplimiento de los acuerdos de paz con las Farc y el rompimiento de los diálogos entre el ELN y el Gobierno Colmbiano.
11. La implementación inadecuada del acuerdo de paz ha generado confusión frente a los actores armados presentes en el territorio y propicia nuevos conflictos, no garantiza la seguridad física y jurídica para la reincorporación e impide el tránsito hacia la sustitución de cultivos aumentado el riesgo del micro consumo en niños, jóvenes y adolescentes, siendo vulnerables al reclutamiento forzado.
12. Así mismo la misión pudo constatar que no existen avances en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, y no hay cumplimiento de los acuerdos adquiridos con la comisión étnica para la paz y la defensa de los derechos territoriales.
SOLICITUDES:
1. La misión solicita a los organismos multilaterales de Naciones Unidas, OEA y CICR, en el marco de sus mandatos dar seguimiento y alcance de manera oportuna y pertinente a la situación de violación sistemática de los derechos humanos y DIH, para prevenir que se viole el principio de distinción que protege la vida de la población Civil en los centros poblados de los ríos de Buenaventura.
2. La misión solicita a los organismos de control del Estado realizar seguimiento a la omisión, y silencio administrativo del gobierno colombiano en cabeza de IVAN DUQUE MÁRQUEZ para dar atención a las alertas tempranas y notas de seguimiento emitidas por la Defensoría del Pueblo.
3. Así mismo la misión advierte la importancia de consulta previa, libre e informada, que permita a las comunidades participar de las desiciones que los afectan, tales como la expansión portuaria, los proyectos minero energéticos y las obras de infraestructura.
4. La misión ante las reiteradas denuncias por incumplimiento a la Ley 70, el Auto 05, de las sentencias de la Corte Constitucional en materia de los derechos fundamentales y de los pactos y convenios internacionales solicita al Ministerio Público realizar los procedimientos sancionatorios según la constitución y las leyes.
COMPROMISOS:
1. La Misión Humanitaria Buenaventura 2020, presentará el informe a los expertos de Naciones Unidas sobre derecho a la vida, al agua, educación, alimentación y salud física y mental.
2. La misión presentará una nota de seguimiento a las entidades competentes sobre la protección de líderes, comunidades, pueblos, organizaciones y territorios amenazados con el fin de revisar las medidas para la prevención y protección de la vida y la pervivencia física y cultural. La misión evaluará el cumplimiento de los compromisos de protección individual y colectiva con especial énfasis en la pertinencia de las medidas.
3. La misión trabajará en el seguimiento al cumplimiento de acuerdos locales, regionales y nacionales firmados por el Estado colombiano para impulsar y coadyuvar en las acciones necesarias para solicitar las garantías que permitan la permanencia del pueblo negro en su territorio.
4. La Misión Humanitaria Buenaventura 2020 presentará informe a expertos de ONU, OEA, CIDH y OIT.
5. Solicitará reunión extraordinaria con comité de justicia transicional para presentar informe especial del recorrido a la zona rural de Buenaventura.
La misión estuvo compuesta en calidad de convocantes por el Proceso de Comunidades Negras – PCN, Nomadesc, Codhes la Alcaldía del Distrito Especial de Buenaventura. Se contó con la participación del Programas Somos Defensores, el Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali, la Fundación Paz y Reconciliación oficina pacifico, la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca – Asom, la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca – Aconc, Grupo de Académicos en Defensa del Pacífico, el Consejo Comunitario del Río Naya, el Consejo Comunitario Río Calima, el Consejo Comunitario del Río Cajambre, la Asociación de Territorios Ganados al Mar, Hearth Alliance, Consorcio Mapa, Red de hermandad y solidaridad con Colombia, Mujeres Indígenas y Negras Volviendo Juntas a la Raíz, Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, Guardia Cimarrona, Telepacífico. Como acompañantes asistieron la Defensoría del Pueblo regional pacífico, Mapp OEA, la Procuraduría General de la Nación.
Del 30 de enero al 2 de febrero del 2020, la misión humanitaria recorrió los ríos Naya, Yurumangui, Cajambre, Raposo y Calima
Una grave crisis humanitaria, escalamiento del conflicto, y la flagrante violación a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, enfrentan las comunidades que habitan las riveras de cinco ríos de la zona rural del Distrito de Buenaventura, en aguas del Pacífico, en donde se encuentra ubicado el principal puerto marítimo de Colombia.
Así lo determinó la Misión Humanitaria Buenaventura 2020, que verificó la violación de normas internas y protocolos internacionales que garantizan los derechos étnicos territoriales en estos cinco afluentes de la zona rural de este municipio -que hace parte del departamento del Valle del Cauca- y las condiciones de vulnerabilidad a causa del profundización del conflicto a raíz de la presencia del ELN, las Disidencias de las Farc, grupos paramilitares, Armada Nacional, y actores de guerra no identificados que ponen en riesgo la vida de la población civil, generando desplazamiento forzado, confinamiento, desintegración comunitaria y cultural, riesgo de reclutamiento, abuso sexual violento, especialmente a mujeres y niñas.
El informe especial de la misión se presentará ante el comité de justicia transicional el cual se solicitará sea convocado de manera extraordinaria.
1. Durante el recorrido la misión pudo verificar el estado de cosas inconstitucionales que afectan de manera directa los derechos a la educación, la salud, servicios públicos, movilidad y saneamiento básico. La misión pudo comprobar que no existen servicios de agua potable, energía y puestos de salud.
2. La misión logró verificar que existen múltiples obras inconclusas, que afectan de manera sensible el derecho a la educación, a lo largo del recorrido encontró que la infraestructura educativa y de salud se encuentra en estado de abandono.
3. Algunos centros educativos fueron demolidos de manera innecesaria y las obras proyectadas nunca se ejecutaron, obligando a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a ser trasladados a lugares no adecuados como centros de acopio, y casas de familia. La misión advierte que la contratación de docentes no corresponde a las necesidades poblacionales en los 5 ríos, lo cual afecta la estabilidad y calidad educativa, situación de crisis que enfrentan también los hogares de bienestar familiar y las guarderías.
4. La misión constató la alarmante situación de vulneración al derecho a la salud por la proliferación de epidemias y brotes como “la gota gruesa”. Los promotores de salud no tienen garantías para el trabajo y no cuentan con los instrumentos de laboratorio necesarios como microscopios, para hacer exámenes adecuados. Se evidencio que no existe acompañamiento a los médicos tradicionales ni reconocimiento digno a sus saberes.
5. La misión pudo comprobar que la vulneración del derecho a la movilidad expone la vida de la comunidad, principalmente de los adultos mayores, por el mal estado de los muelles veredales; el alto costo de la gasolina; y el robo de las lanchas comunitarias.
6. La misión pudo constatar que los líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de los derechos etnico territoriales y de genero se encuentran en peligro debido a las amenazas, persecución y seguimiento, de igual forma los pescadores artesanales y lancheros han sufrido el robo de lanchas y motores.
7. La misión manifiesta su profunda preocupación por la proliferación de la minería ilegal, y los proyectos de exploración y explotación minera y de generación de energía por medio de hidroeléctricas que ponen en riesgo la vida de las comunidades y produce daños ambientales irreparables.
8. La Misión observó que existe presencia de la Armada Nacional en los centros poblados de las cuencas de los ríos, violando el derecho internacional humanitario y el principio de distinción.
9. Se corroboró que los efectivos de la armada se encontraban en los ríos Naya y Raposo haciendo presencia en las riberas, habitando escuelas, puestos de salud y casas de la comunidad. La comisión recomendó a la Armada Nacional por medio de los organismos de control del Estado y la comunidad internacional el cumplimiento del derecho internacional humanitario.
10. Se logró identificar la preocupación existente de las comunidades ante el incumplimiento de los acuerdos de paz con las Farc y el rompimiento de los diálogos entre el ELN y el Gobierno Colmbiano.
11. La implementación inadecuada del acuerdo de paz ha generado confusión frente a los actores armados presentes en el territorio y propicia nuevos conflictos, no garantiza la seguridad física y jurídica para la reincorporación e impide el tránsito hacia la sustitución de cultivos aumentado el riesgo del micro consumo en niños, jóvenes y adolescentes, siendo vulnerables al reclutamiento forzado.
12. Así mismo la misión pudo constatar que no existen avances en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, y no hay cumplimiento de los acuerdos adquiridos con la comisión étnica para la paz y la defensa de los derechos territoriales.
SOLICITUDES:
1. La misión solicita a los organismos multilaterales de Naciones Unidas, OEA y CICR, en el marco de sus mandatos dar seguimiento y alcance de manera oportuna y pertinente a la situación de violación sistemática de los derechos humanos y DIH, para prevenir que se viole el principio de distinción que protege la vida de la población Civil en los centros poblados de los ríos de Buenaventura.
2. La misión solicita a los organismos de control del Estado realizar seguimiento a la omisión, y silencio administrativo del gobierno colombiano en cabeza de IVAN DUQUE MÁRQUEZ para dar atención a las alertas tempranas y notas de seguimiento emitidas por la Defensoría del Pueblo.
3. Así mismo la misión advierte la importancia de consulta previa, libre e informada, que permita a las comunidades participar de las desiciones que los afectan, tales como la expansión portuaria, los proyectos minero energéticos y las obras de infraestructura.
4. La misión ante las reiteradas denuncias por incumplimiento a la Ley 70, el Auto 05, de las sentencias de la Corte Constitucional en materia de los derechos fundamentales y de los pactos y convenios internacionales solicita al Ministerio Público realizar los procedimientos sancionatorios según la constitución y las leyes.
COMPROMISOS:
1. La Misión Humanitaria Buenaventura 2020, presentará el informe a los expertos de Naciones Unidas sobre derecho a la vida, al agua, educación, alimentación y salud física y mental.
2. La misión presentará una nota de seguimiento a las entidades competentes sobre la protección de líderes, comunidades, pueblos, organizaciones y territorios amenazados con el fin de revisar las medidas para la prevención y protección de la vida y la pervivencia física y cultural. La misión evaluará el cumplimiento de los compromisos de protección individual y colectiva con especial énfasis en la pertinencia de las medidas.
3. La misión trabajará en el seguimiento al cumplimiento de acuerdos locales, regionales y nacionales firmados por el Estado colombiano para impulsar y coadyuvar en las acciones necesarias para solicitar las garantías que permitan la permanencia del pueblo negro en su territorio.
4. La Misión Humanitaria Buenaventura 2020 presentará informe a expertos de ONU, OEA, CIDH y OIT.
5. Solicitará reunión extraordinaria con comité de justicia transicional para presentar informe especial del recorrido a la zona rural de Buenaventura.
La misión estuvo compuesta en calidad de convocantes por el Proceso de Comunidades Negras – PCN, Nomadesc, Codhes la Alcaldía del Distrito Especial de Buenaventura. Se contó con la participación del Programas Somos Defensores, el Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali, la Fundación Paz y Reconciliación oficina pacifico, la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca – Asom, la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca – Aconc, Grupo de Académicos en Defensa del Pacífico, el Consejo Comunitario del Río Naya, el Consejo Comunitario Río Calima, el Consejo Comunitario del Río Cajambre, la Asociación de Territorios Ganados al Mar, Hearth Alliance, Consorcio Mapa, Red de hermandad y solidaridad con Colombia, Mujeres Indígenas y Negras Volviendo Juntas a la Raíz, Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, Guardia Cimarrona, Telepacífico. Como acompañantes asistieron la Defensoría del Pueblo regional pacífico, Mapp OEA, la Procuraduría General de la Nación.
CASO ASAMBLEA DEL VALLE: TRAGEDIA Y RECONCILIACIÓN
Por Óscar Hembert Moreno Leyva
Licenciado en Historia, diletante director de cine y fotógrafo.
Integrante HUMANOS
Cali, Valle, Colombia
Hace 17 años fueron secuestrados 12 diputados, de los cuales once fueron masacrados por la exguerrilla de lasFarc.
“Es propio de la historia de la naturaleza humana que todo acto ejecutado una vez e inscrito en los anales de la humanidad siga siendo una posibilidad mucho después de que su actualización haya pasado a formar parte de la historia.” Hannah Arendt.
¿Qué puede significar, dignificar a través de la narración de una biografía? Para Hannah Arendt:
“Lo humano se construye en el mundo que ha sido tejido por la sociedad en que nacemos. Se encuentra en las características que compartimos con otros seres humanos y también en nuestras particularidades. Se descifra a través de la labor que emprendemos para solucionar nuestras necesidades vitales, el trabajo que perpetúa nuestra existencia y la acción que nos permite crear un mundo”. Se podría pensar entonces que una biografía contribuye a la dignificación en la medida en que indaga por las relaciones, las particularidades, la labor, el trabajo y la acción que tejieron una existencia".
EL CASO DE LA ASAMBLEA DEL VALLE, libro aquí citado del Centro Nacional de Memoria Histórica, cuenta con más de 700 páginas donde se recopiló durante varios años, un importante material que le rinde tributo a las vidas de los once diputados secuestrados y asesinados por las Farc: Juan Carlos Narváez, Ramiro Echeverry, Jairo Hoyos, Alberto Quintero, Rufino Varela, Nacianceno Orozco, Héctor Fabio Arismendy, Edison Pérez, Francisco Giraldo, Carlos Alberto Barragán y Carlos Alberto Charry; Sigifredo López único diputado sobreviviente de los hechos; también el subintendente Carlos Alberto Cendales, el conductor Walter López y el camarógrafo Héctor Sandoval del Canal de la Television RCN, quienes murieron en medio del secuestro. Es este libro un importante ejercicio para enfrentar la deshumanización que el secuestro dejó en los victimarios, a las víctimas y en una medida a la sociedad.
Le preguntamos al director del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, Darío Acevedo Carmona ¿en qué radica la importancia de este libro y de este homenaje en la Asamblea del Valle:
“Este evento es una conmemoración y un trabajo de la recuperación de la memoria por parte de los equipos del CNMH quienes también realizaron la exposición. Este hecho fue dramático y fue uno de los más dolorosos perpetrados en medio del conflicto armado colombiano, ya que los diputados, representaban y representan una expresión elemental de la democracia colombiana, eran personas que servían a la comunidad y las representaban. Ese ataque fue un golpe directo a la democracia y rescatar la memoria en este proceso, como en muchos hechos por el CNMH, tiene la función de servir de instrumento a la construcción de explicaciones más complejas de carácter académico, en estas intervendrán personal capacitado desde todas las áreas de ciencias sociales, a través de Colciencias, para hacer del proceso más transparente, más ajeno a intervenciones individuales o personales o a orientaciones, incluso de parte nuestra, vamos a trabajar con los protocolos de Colciencias que han sido positivos y que han dado a un enriquecimiento a los diversos problemas del país”.
Esta conmemoración fue organizada y apoyada por el Gobierno Nacional - Centro Nacional de Memoria Histórica, Asamblea Departamental, Gobernación del Valle del Cauca, Alcaldía de Santiago de Cali, Concejo Municipal y el colectivo Somos Buenos Ciudadanos, con el fin de consolidar el Edificio de San Luis como lugar de memoria, nombrando a su vez la calle 9, donde se ubica el edificio, como la “Calle de los 11 Diputados”.
En el acto hubo unas palabras protocolarias por parte de los organizadores y por ultimo se dio apertura a la Galería con la Exposición, ¡Suenan por Ti¡, también se hizo un homenaje al Subintendente de la Policía Nacional Carlos Alberto Cendales Zúñiga, minuto de silencio a cargo de la Banda de Paz de la Policía.
El arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, dio un llamado a la reconciliación durante su intervención en el salón principal:
“Como un principio espiritual y moral, matar nunca, matar jamás, morir siempre…matar jamás será un derecho…víctimas de horrendas de esta cadena de violencia que necesitamos romper y hacer trizas, esa sí, hacer trizas todos los colombianos esta cadena de violencia…cerrando años de ser víctimas y abrir un horizonte para ser ya mensajeros de vida, de reconciliación y paz”.
Juan Sebastián Pérez, hijo Edison Pérez Núñez, dio una placa conmemorativa por parte de todas las familias al único sobreviviente de este hecho, Sigifredo López Tobón, diciéndole:
“Tu vida será siempre un motivo para volver a soñar”.
Sigifredo agradecido y conmovido por el homenaje, hizo un llamado a evitar la polarización, a construir el perdón y buscar la reconciliación por una paz más duradera.
Por último, en un amplio discurso que dejó algunas preguntas, el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acebedo Carmona, dijo:
“El código del derecho internacional humanitario es de obligatorio cumplimiento en medio del conflicto…que consagra no atacar a la población civil…quiere decir que no hay una causa justificadora de esos hechos atroces…esto no puede pasar desapercibido por generaciones presentes y futuras, los malsalveros ataques sufridos por policías, congresistas, diputados, son ataques a democracia al atacar a sus representantes…si llegásemos a aceptar ese punto de vista, estaríamos entregándoles la razón a los criminales y estaríamos negando la naturaleza democrática del régimen político nacional y por ende entregando la bandera moral y ética a quienes lo propiciaron…en este capítulo trágico nuestras fuerzas militares, que siempre han sido investidas para garantizar nuestra seguridad de la ciudadanía, jamás actuaron para defender una tiranía o un dictador, ellas como institución evitaron el colapso del país, que miembros y agentes hayan violado su misión al exagerar el uso de la fuerza para cometer delitos no puede enlodar la institución…creo interpretar todas las víctimas de todos los colores, que una paz mal hecha, una paz sin reparación es una paz que puede conducir a nuevas desgracias… exigir una dosis de justicia no es un acto de venganza.
Cabe la pena resaltar, que casi siempre se mencionan las historias de vida y de sufrimiento por parte de los familiares de los 11 diputados de la Asamblea del Valle, pero pocas veces las del policía y a los dos periodistas de RCN que fueron asesinados ese mismo día, en el libro presentado por el CNMH aporta varias de estas historias de vida que vale la pena citar:
Carlos Alberto Cendales, desde muy niño, deseó ser policía. Sirvió en la institución en distintas responsabilidades. Estuvo cerca en todo momento de su familia y de forma especial de su mamá, doña Jael Zúñiga. Sus compañeros en la institución policial lo recuerdan como buen amigo y comprometido con sus responsabilidades…
Después de los hechos en la Asamblea, diversos medios de comunicación se dirigieron a los Farallones de Cali, a la expectativa de la liberación de algunos de los rehenes. Los periodistas de RCN, sin embargo, quedaron en medio de la confrontación entre la fuerza pública y las Farc. En estos hechos murió el conductor Walter Hayder López López, un caleño trabajador, hijo de una familia de siete hermanos y padre de dos hijos. También murió el camarógrafo Héctor Hernando Sandoval Muñoz apasionado por las imágenes, hijo de una familia de cuatro hermanos y padre de un hijo…
La toma de rehenes en la Asamblea no fue del todo una sorpresa. Meses atrás los diputados habían insistido en reforzar la seguridad del edificio. No eran años fáciles en el sur occidente del país que estaba siendo disputado palmo a palmo por diversos actores armados: paramilitares, guerrillas y narcotraficantes. A esto se sumaba la ruptura del proceso de paz entre el presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y las Farc. La guerrilla había anunciado desde el año 2000 el secuestro de políticos ante la ineficacia de su estrategia de canje de soldados por guerrilleros (CNMH2018).
La filósofa Hannan Arendt, reconocida reportera de la revista The New Yorker por escribir un libro sobre el proceso contra Adolf Eichmann en Jerusalén, dijo "El perdón es la clave para la acción y la libertad."
Por Óscar Hembert Moreno Leyva
Licenciado en Historia, diletante director de cine y fotógrafo.
Integrante HUMANOS
Cali, Valle, Colombia
Hace 17 años fueron secuestrados 12 diputados, de los cuales once fueron masacrados por la exguerrilla de lasFarc.
“Es propio de la historia de la naturaleza humana que todo acto ejecutado una vez e inscrito en los anales de la humanidad siga siendo una posibilidad mucho después de que su actualización haya pasado a formar parte de la historia.” Hannah Arendt.
¿Qué puede significar, dignificar a través de la narración de una biografía? Para Hannah Arendt:
“Lo humano se construye en el mundo que ha sido tejido por la sociedad en que nacemos. Se encuentra en las características que compartimos con otros seres humanos y también en nuestras particularidades. Se descifra a través de la labor que emprendemos para solucionar nuestras necesidades vitales, el trabajo que perpetúa nuestra existencia y la acción que nos permite crear un mundo”. Se podría pensar entonces que una biografía contribuye a la dignificación en la medida en que indaga por las relaciones, las particularidades, la labor, el trabajo y la acción que tejieron una existencia".
EL CASO DE LA ASAMBLEA DEL VALLE, libro aquí citado del Centro Nacional de Memoria Histórica, cuenta con más de 700 páginas donde se recopiló durante varios años, un importante material que le rinde tributo a las vidas de los once diputados secuestrados y asesinados por las Farc: Juan Carlos Narváez, Ramiro Echeverry, Jairo Hoyos, Alberto Quintero, Rufino Varela, Nacianceno Orozco, Héctor Fabio Arismendy, Edison Pérez, Francisco Giraldo, Carlos Alberto Barragán y Carlos Alberto Charry; Sigifredo López único diputado sobreviviente de los hechos; también el subintendente Carlos Alberto Cendales, el conductor Walter López y el camarógrafo Héctor Sandoval del Canal de la Television RCN, quienes murieron en medio del secuestro. Es este libro un importante ejercicio para enfrentar la deshumanización que el secuestro dejó en los victimarios, a las víctimas y en una medida a la sociedad.
Le preguntamos al director del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, Darío Acevedo Carmona ¿en qué radica la importancia de este libro y de este homenaje en la Asamblea del Valle:
“Este evento es una conmemoración y un trabajo de la recuperación de la memoria por parte de los equipos del CNMH quienes también realizaron la exposición. Este hecho fue dramático y fue uno de los más dolorosos perpetrados en medio del conflicto armado colombiano, ya que los diputados, representaban y representan una expresión elemental de la democracia colombiana, eran personas que servían a la comunidad y las representaban. Ese ataque fue un golpe directo a la democracia y rescatar la memoria en este proceso, como en muchos hechos por el CNMH, tiene la función de servir de instrumento a la construcción de explicaciones más complejas de carácter académico, en estas intervendrán personal capacitado desde todas las áreas de ciencias sociales, a través de Colciencias, para hacer del proceso más transparente, más ajeno a intervenciones individuales o personales o a orientaciones, incluso de parte nuestra, vamos a trabajar con los protocolos de Colciencias que han sido positivos y que han dado a un enriquecimiento a los diversos problemas del país”.
Esta conmemoración fue organizada y apoyada por el Gobierno Nacional - Centro Nacional de Memoria Histórica, Asamblea Departamental, Gobernación del Valle del Cauca, Alcaldía de Santiago de Cali, Concejo Municipal y el colectivo Somos Buenos Ciudadanos, con el fin de consolidar el Edificio de San Luis como lugar de memoria, nombrando a su vez la calle 9, donde se ubica el edificio, como la “Calle de los 11 Diputados”.
En el acto hubo unas palabras protocolarias por parte de los organizadores y por ultimo se dio apertura a la Galería con la Exposición, ¡Suenan por Ti¡, también se hizo un homenaje al Subintendente de la Policía Nacional Carlos Alberto Cendales Zúñiga, minuto de silencio a cargo de la Banda de Paz de la Policía.
El arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, dio un llamado a la reconciliación durante su intervención en el salón principal:
“Como un principio espiritual y moral, matar nunca, matar jamás, morir siempre…matar jamás será un derecho…víctimas de horrendas de esta cadena de violencia que necesitamos romper y hacer trizas, esa sí, hacer trizas todos los colombianos esta cadena de violencia…cerrando años de ser víctimas y abrir un horizonte para ser ya mensajeros de vida, de reconciliación y paz”.
Juan Sebastián Pérez, hijo Edison Pérez Núñez, dio una placa conmemorativa por parte de todas las familias al único sobreviviente de este hecho, Sigifredo López Tobón, diciéndole:
“Tu vida será siempre un motivo para volver a soñar”.
Sigifredo agradecido y conmovido por el homenaje, hizo un llamado a evitar la polarización, a construir el perdón y buscar la reconciliación por una paz más duradera.
Por último, en un amplio discurso que dejó algunas preguntas, el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acebedo Carmona, dijo:
“El código del derecho internacional humanitario es de obligatorio cumplimiento en medio del conflicto…que consagra no atacar a la población civil…quiere decir que no hay una causa justificadora de esos hechos atroces…esto no puede pasar desapercibido por generaciones presentes y futuras, los malsalveros ataques sufridos por policías, congresistas, diputados, son ataques a democracia al atacar a sus representantes…si llegásemos a aceptar ese punto de vista, estaríamos entregándoles la razón a los criminales y estaríamos negando la naturaleza democrática del régimen político nacional y por ende entregando la bandera moral y ética a quienes lo propiciaron…en este capítulo trágico nuestras fuerzas militares, que siempre han sido investidas para garantizar nuestra seguridad de la ciudadanía, jamás actuaron para defender una tiranía o un dictador, ellas como institución evitaron el colapso del país, que miembros y agentes hayan violado su misión al exagerar el uso de la fuerza para cometer delitos no puede enlodar la institución…creo interpretar todas las víctimas de todos los colores, que una paz mal hecha, una paz sin reparación es una paz que puede conducir a nuevas desgracias… exigir una dosis de justicia no es un acto de venganza.
Cabe la pena resaltar, que casi siempre se mencionan las historias de vida y de sufrimiento por parte de los familiares de los 11 diputados de la Asamblea del Valle, pero pocas veces las del policía y a los dos periodistas de RCN que fueron asesinados ese mismo día, en el libro presentado por el CNMH aporta varias de estas historias de vida que vale la pena citar:
Carlos Alberto Cendales, desde muy niño, deseó ser policía. Sirvió en la institución en distintas responsabilidades. Estuvo cerca en todo momento de su familia y de forma especial de su mamá, doña Jael Zúñiga. Sus compañeros en la institución policial lo recuerdan como buen amigo y comprometido con sus responsabilidades…
Después de los hechos en la Asamblea, diversos medios de comunicación se dirigieron a los Farallones de Cali, a la expectativa de la liberación de algunos de los rehenes. Los periodistas de RCN, sin embargo, quedaron en medio de la confrontación entre la fuerza pública y las Farc. En estos hechos murió el conductor Walter Hayder López López, un caleño trabajador, hijo de una familia de siete hermanos y padre de dos hijos. También murió el camarógrafo Héctor Hernando Sandoval Muñoz apasionado por las imágenes, hijo de una familia de cuatro hermanos y padre de un hijo…
La toma de rehenes en la Asamblea no fue del todo una sorpresa. Meses atrás los diputados habían insistido en reforzar la seguridad del edificio. No eran años fáciles en el sur occidente del país que estaba siendo disputado palmo a palmo por diversos actores armados: paramilitares, guerrillas y narcotraficantes. A esto se sumaba la ruptura del proceso de paz entre el presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y las Farc. La guerrilla había anunciado desde el año 2000 el secuestro de políticos ante la ineficacia de su estrategia de canje de soldados por guerrilleros (CNMH2018).
La filósofa Hannan Arendt, reconocida reportera de la revista The New Yorker por escribir un libro sobre el proceso contra Adolf Eichmann en Jerusalén, dijo "El perdón es la clave para la acción y la libertad."
“EN COLOMBIA NO SE BUSCAN A LOS DESAPARECIDOS”
Por Juan Carlos Díaz
Integrante HUMANOS
Cali, Colombia
Se dice, pero ninguna fuente oficial lo confirma, que luego de 60 años de una guerra interna en Colombia, las víctimas son 8.5 millones, los desaparecidos son 120 mil, diez mil han sido las ejecuciones extrajudiciales, más de 200 mil los muertos y 6.5 millones de desplazados.
Lo que si es cierto, es que en Colombia realmente no se buscan a los desaparecidos.
Solo en el departamento del Valle del Cauca, el tercero en importancia, luego de Antioquia y Cundinamarca, se habla de más de doce mil las personas desaparecidas.
Recientemente se celebro en esta región del suroccidente del país, el Quinto Encuentro Departamental de Personas Desaparecidas, en donde participaron personas de diferentes municipios del Valle del Cauca.
La Casa Arzobispal, en pleno centro de Cali, capital de este departamento, fue el escenario de la Jornada durante todo el día. Allí Martha Giraldo, representante en esta región de Colombia, del Movimiento de Víctimas de Crimen de Estado, Movice, sostuvo que la actividad buscó que los familiares de las personas desaparecidas, se empoderen en términos de sus derechos, pero sobre todo de los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación Integral.
“Principalmente queremos que se empoderen de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, para que este mecanismo se convierta en una oportunidad y una posibilidad, para aquellas personas que tiene a sus familiares hace 20 o 30 años desaparecidos y así puedan lograr dar ubicación y que el Estado Colombiano busque esas personas para darles una respuesta de tantos años de dolor, angustia, desesperanza e incertidumbre”, recalco Martha Giraldo, quien vivió en carne propia la guerra en su país, luego de que fuera asesinado su padre, en un falso positivo. El Ejército lo presentó como guerrillero. Luego el Estado fue condenado por este hecho.
Para esta líder de los Derechos Humanos en Colombia, el tema de la Desaparición Forzada no es un asunto solo de quienes tienen personas desaparecidas, sino que es un asunto de toda la sociedad colombiana.
“Es importante que todos y todas nos podamos solidarizar y podamos pedir acciones que permitan encontrar a las personas desaparecidas”.
Según Martha Giraldo, solo en el departamento del Valle del Cauca, hay aproximadamente doce mil personas desaparecidas, el cual se da por diferentes motivos.
“Hay múltiples razones por las cuales hoy se desaparecen en Colombia personas. Se ha convertido en una modalidad de crimen y delito para borrar todo tipo de huella y para encubrir muchísimos otros delitos que se cometen contra las personas como narcotráfico, violencia sexual y violencia de genero. Alrededor de la Desaparición Forzada existen otros delitos que le anteceden”, sostuvo.
Según esta líder social, las entidades estatales no se ponen de acuerdo sobre la cifra real de personas desaparecidas.
“Hace un par de años, en un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, se habló de un poco más de 60 mil personas. La Unidad de Victimas habla de cerca de 86 mil y otras entidades hablan de un poco más”.
A pesar de que en Colombia existe una legislación muy avanzada para la búsqueda de personas desaparecidas, a diferencia de otros países en Latinoamérica, no se da aplicación a esa normatividad existente.
“Nosotros creemos que hasta el momento en Colombia no se ha buscado a los desaparecidos. Realmente no se buscan. La esperanza de muchos familiares y del Movimiento de Víctimas de Crimen de Estado, Movice, es que esas personas sean buscadas”, advirtió Martha Giraldo.
Para muchas familias en Colombia, que siguen esperando saber qué pasó con su ser querido ausente, es que el mecanismo de la Unidad de Búsquedas de Personas Desaparecidas, que ahora se esta implementado, pueda dar ubicación a estas personas y finalmente se haga una entrega digna o por lo menos respuesta del paradero de su seres queridos.
“El Universo de víctimas de desaparición forzada en Colombia aún no esta establecido. Lo que buscamos es que la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en un primer momento pueda establecer quienes son los desaparecidos. Cómo y que me todo se va a utilizar”, asegura esperanzada Martha.
El Quinto Encuentro Departamental de Personas Desaparecidas celebrado en Cali, trato de organizar a los familiares para que puedan participar de la nueva institución del Estado Colombiano (la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidos), pero que adicionalmente puedan generar propuestas para la búsqueda de sus seres queridos que desconocen dónde están, si aún están con vida o fueron asesinados.
Por Juan Carlos Díaz
Integrante HUMANOS
Cali, Colombia
Se dice, pero ninguna fuente oficial lo confirma, que luego de 60 años de una guerra interna en Colombia, las víctimas son 8.5 millones, los desaparecidos son 120 mil, diez mil han sido las ejecuciones extrajudiciales, más de 200 mil los muertos y 6.5 millones de desplazados.
Lo que si es cierto, es que en Colombia realmente no se buscan a los desaparecidos.
Solo en el departamento del Valle del Cauca, el tercero en importancia, luego de Antioquia y Cundinamarca, se habla de más de doce mil las personas desaparecidas.
Recientemente se celebro en esta región del suroccidente del país, el Quinto Encuentro Departamental de Personas Desaparecidas, en donde participaron personas de diferentes municipios del Valle del Cauca.
La Casa Arzobispal, en pleno centro de Cali, capital de este departamento, fue el escenario de la Jornada durante todo el día. Allí Martha Giraldo, representante en esta región de Colombia, del Movimiento de Víctimas de Crimen de Estado, Movice, sostuvo que la actividad buscó que los familiares de las personas desaparecidas, se empoderen en términos de sus derechos, pero sobre todo de los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación Integral.
“Principalmente queremos que se empoderen de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, para que este mecanismo se convierta en una oportunidad y una posibilidad, para aquellas personas que tiene a sus familiares hace 20 o 30 años desaparecidos y así puedan lograr dar ubicación y que el Estado Colombiano busque esas personas para darles una respuesta de tantos años de dolor, angustia, desesperanza e incertidumbre”, recalco Martha Giraldo, quien vivió en carne propia la guerra en su país, luego de que fuera asesinado su padre, en un falso positivo. El Ejército lo presentó como guerrillero. Luego el Estado fue condenado por este hecho.
Para esta líder de los Derechos Humanos en Colombia, el tema de la Desaparición Forzada no es un asunto solo de quienes tienen personas desaparecidas, sino que es un asunto de toda la sociedad colombiana.
“Es importante que todos y todas nos podamos solidarizar y podamos pedir acciones que permitan encontrar a las personas desaparecidas”.
Según Martha Giraldo, solo en el departamento del Valle del Cauca, hay aproximadamente doce mil personas desaparecidas, el cual se da por diferentes motivos.
“Hay múltiples razones por las cuales hoy se desaparecen en Colombia personas. Se ha convertido en una modalidad de crimen y delito para borrar todo tipo de huella y para encubrir muchísimos otros delitos que se cometen contra las personas como narcotráfico, violencia sexual y violencia de genero. Alrededor de la Desaparición Forzada existen otros delitos que le anteceden”, sostuvo.
Según esta líder social, las entidades estatales no se ponen de acuerdo sobre la cifra real de personas desaparecidas.
“Hace un par de años, en un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, se habló de un poco más de 60 mil personas. La Unidad de Victimas habla de cerca de 86 mil y otras entidades hablan de un poco más”.
A pesar de que en Colombia existe una legislación muy avanzada para la búsqueda de personas desaparecidas, a diferencia de otros países en Latinoamérica, no se da aplicación a esa normatividad existente.
“Nosotros creemos que hasta el momento en Colombia no se ha buscado a los desaparecidos. Realmente no se buscan. La esperanza de muchos familiares y del Movimiento de Víctimas de Crimen de Estado, Movice, es que esas personas sean buscadas”, advirtió Martha Giraldo.
Para muchas familias en Colombia, que siguen esperando saber qué pasó con su ser querido ausente, es que el mecanismo de la Unidad de Búsquedas de Personas Desaparecidas, que ahora se esta implementado, pueda dar ubicación a estas personas y finalmente se haga una entrega digna o por lo menos respuesta del paradero de su seres queridos.
“El Universo de víctimas de desaparición forzada en Colombia aún no esta establecido. Lo que buscamos es que la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en un primer momento pueda establecer quienes son los desaparecidos. Cómo y que me todo se va a utilizar”, asegura esperanzada Martha.
El Quinto Encuentro Departamental de Personas Desaparecidas celebrado en Cali, trato de organizar a los familiares para que puedan participar de la nueva institución del Estado Colombiano (la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidos), pero que adicionalmente puedan generar propuestas para la búsqueda de sus seres queridos que desconocen dónde están, si aún están con vida o fueron asesinados.
LOS ROSTROS DE LA DESAPARICION EN COLOMBIA
Es el rostro de Lucila Ardila, una mujer afrodescendiente del Puerto de Buenaventura, sobre el mar pacífico colombiano, que el 28 de julio de 2010 vio por última vez a su esposo, Francisco Perea Bello, un experto pescador y padre de cinco hijos. Desde esa fecha se desconoce su paradero.
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70 AÑOS DE LA DECLARACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Por Óscar Hembert Moreno Leyva
Licenciado en Historia, diletante director de cine y fotógrafo.
Integrante HUMANOS
Cali, Valle, Colombia
Durante la conmemoración de los 70 años de la Declaración Universal de los DD.HH., en Cali, la tercera ciudad más importante en Colombia, se llevó a cabo un evento con la participación de Florence Thomas, Albeiro Napoleón, Emelda Jiménez, José Milcíades, Solipsy Navia y Naka Mandinga, con el fin de visibilizar a las organizaciones que han impulsado históricamente las luchas por la defensa de derechos humanos en el suroccidente del país.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, el diez de diciembre de 1948, proclamó los derechos inalienables e inherentes a todos los seres humanos, sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, lugar de nacimiento, ni otra condición.
Desde entonces, se ha conmemorado cada año la firma de este importante documento, y fue el año 2018, el septuagésimo aniversario de la declaración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y para ello la ONU celebró de manera simultánea en distintos países del mundo, ceremonias y conferencias realizadas con un variado número de representantes de casi todas las comunidades de la sociedad que, de alguna manera, han visto vulnerados sus derechos.
La DUDH fue elaborada por representantes de todas las regiones del planeta con distintos antecedentes jurídicos y culturales. Y es a su vez, el documento más traducido del mundo, disponible en más de 500 idiomas.
Setenta años después de su aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿la Declaración Universal de Derechos Humanos, conserva la misma fuerza y pertinencia que tuvo desde el primer día?
Gracias a la DUDH y al compromiso de los Estados Nación se ha cimentado la trasformación de un mundo más justo. Es preciso admitir que, a lo largo de estas siete décadas, muchas promesas aún no se han cumplido cabalmente, pero la DUDH es una prueba de la necesidad universal de fomentar la igualdad, justicia y dignidad humana.
Esta constituye un instrumento para la defensa de los derechos humanos, que inspira y respalda a quienes trabajan para garantizar que todos los pueblos puedan alcanzar la libertad, la igualdad y condiciones dignas de vida.
En Cali se desarrolló el evento en la Cinemateca del Museo La Tertulia, que contó con la asistencia de distintas organizaciones sociales que a su vez participaron de un conversatorio entre siete representantes históricos de la lucha por la defensa de los Derechos Humanos en la región.
Los líderes y lideresas hablaron del papel fundamental de las mujeres en la promoción y defensa de los derechos humanos. También abordaron causas como, los derechos sexuales, el fin de la violencia de género, los derechos de los afrodescendientes, la educación no sexista, la defensa del medio ambiente, y los derechos de los pueblos indígenas.
La primera invitada en abrir el panel fue la académica francesa Florence Thomas, psicóloga con Magíster en Psicología Social de la Universidad de París, profesora vinculada a la Universidad Nacional de Colombia y coordinadora del Grupo Mujer y Sociedad.
“Colombia no se inventó la violencia” Florence comparaba los trágicos episodios vividos en su país natal durante el siglo XX con la situación que vive Colombia tanto por la guerra como también de cuál ha sido el papel de la mujer en nuestro país.
"Hay bastante camino por recorrer, desde la década del 70 se habla de los derechos humanos, pero yo desde que llegué a Colombia, estoy trabajando en los derechos de las humanas. Durante mucho tiempo la DUDH no tuvo enfoque de género, y hoy ha habido cambios gracias a la historia escrita en nuestro cuerpo como mujeres. Gracias a las feministas quienes fueron las primeras en reclamar estos derechos. Soy una feminista que lleva 50 años en Colombia luchando por los derechos de la mujer”.
Florence termina leyendo un manifiesto sobre por qué es y será feminista,
“Nunca he declarado la guerra a los hombres; no declaro la guerra a nadie, cambio la vida: soy feminista. No soy ni amargada ni insatisfecha: me gusta el humor, la risa, pero sé también compartir los duelos de las miles de mujeres víctimas de violencia: soy feminista (…) Ser mujer hoy es romper con los viejos modelos impuestos para nosotras, es no reconocerse en lo ya pensado, es extraviarse”.
Al finalizar Florence siguió la Mayora del Pueblo Yanacona del Resguardo de Pancitará, Emelda Jiménez, quien abrió pidiendo permiso a los espíritus mayores y al territorio, expresando su preocupación sobre la violación constante a los derechos humanos no solo en su territorio sino en todo el país.
“Mirar que cada día nos asesinan una compañera y un compañero, sin embargo, estamos más fuertes. Lo que menos se imagina el gobierno es que si nos matan a un compañero nacerán mil más que harán resistencia. (…) Yo tengo ya mis años ¡y aún estoy aprendiendo a caminar! Porque una cosa es ser orientadora y otra cosa es ser lideresa. Todavía hay mucho por aprender y dar”.
Los crímenes hacia líderes y lideresas indígenas perpetrados por grupos ilegales y también por la violencia estatal, es parte de la denuncia urgente y constante por parte de las ONGs, que estiman un número muy elevado de asesinatos selectivos en distintos pueblos a lo largo y ancho de Colombia. En tan solo dos años de haber firmado el Acuerdo de Paz, la cifra va en aumento, cada 35 horas un líder es asesinado.
Solipsy Navia Plata fue la primera docente colombiana transgénero, y enseña en la Institución Educativa Gabriela Mistral desde el 2016. Solipsy es maestra desde hace 29 años, sin embargo, desde hace 10 años, inició su proceso.
Durante este, hubo varias barreras que echar abajo hasta llegar a ser un ejemplo dentro de la comunidad Lgtbi.
“Yo tengo derecho a querer y que me quieran, a que los niños me expresen su amor. Y no soy la única profesora transgénero en Colombia, pues como yo hay otras que están luchando por la inclusión”.
José Milcíades Sánchez, empleado de la Universidad del Valle, coordinador del Comité de Derechos Humanos del sindicato Sintraunicol, quien lleva más de veinte años defendiendo lo público y reivindicando la movilización y la protesta social, un mérito que le valió en el año 2016 ser uno de los ganadores del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos.
“Este gobierno no quiere aceptar que los asesinatos de los líderes sociales son sistemáticos. A pesar de 70 años de declarados los derechos humanos seguimos reclamando que se respete la vida en este país (…) hemos acompañado tanto las luchas estudiantiles, a los compañeros indígenas como también los movimientos en los barrios más vulnerables de la ciudad, nosotros como defensores de derechos humanos sabemos que aun mismo después de firmado el acuerdo en la habana no debemos ceder ante los presentes y futuros ataques del estado (…) el derecho se exigirá siempre en las calles”.
Naka Mandinga o Jorge Issac Aramburu García, oriundo de Buenaventura, fue candidato a la Cámara de Representantes por Asodeportes logró, con otras fuerzas sociales, que "Colombia fuese reconocido como un país pluriétnico y multicultural. Logramos insertar en la Constitución de 1991, el artículo transitorio 55 en el que se sentaron las bases para que las comunidades negras fuesen reconocidas como un grupo étnico y como sujeto político en el país (…) Las negritudes con nuestros hermanos indígenas compartimos el mayor peso ejercido por el capitalismo. La esclavización fue producto de la acumulación que querían hacer los españoles y hoy seguimos viviendo la misma situación (…) Yo fui bautizado en 1956 con el nombre de Jorge Isaac. Pero cuando me enteré de que mis antepasados habían sido secuestrados al occidente de África, donde quedaba el antiguo reino de los Mandinga, tomé la decisión de cambiarme el nombre a Naka Mandinga. Naka es el nombre de un nigeriano que trabajó mucho por la libertad de su pueblo y el Mandinga es sanguíneo."
A pesar de la poca participación de los ciudadanos en el evento, fue grato oír a los distintos representantes de estas comunidades y entender no solo un poco más de sus historias de vida sino el significado mismo de defender los derechos humanos.
La defensa de un derecho, cualquiera que fuere, es un esfuerzo colectivo de apoyo mutuo que nos ayudará a construir un mejor futuro y así cementar los caminos de la dignidad humana.
Después de 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta continúa siendo vigente y necesaria ya que la cifra de líderes sociales asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz, el 24 noviembre de 2016, no para de aumentar.
Según Idepaz fueron 159 asesinados en el 2017, 226 en el 2018 y en lo que va corrido de este año tanto Idepaz como la Defensoría del Pueblo van más de diez víctimas confirmadas. Más de 430 líderes y lideresas asesinados debe ser una cifra que preocupe no solo en ámbitos institucionales sino colectivos, una cifra que nos debe afectar a todos.
#70DUDH #StandUp4HumanRights #ONU #OnuColombia #EcosistemaMovimientosSociales ONU Colombia Naciones Unidas Derechos Humanos Colombia Asociación Nomadesc Fundación Bochinche YMCA Cali Alianza Francesa de Cali Museo La Tertulia Santamaría Fundación Taller Abierto Movimiento Drag Cali Personeria Municipal de Cali Sintraemcali Emcali Sintraunicol Cali Cut Valle CDRCorporacion Defensoria Regional del Pueblo Cali Valle del Cauca Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Movice Capitulo Valle del Cauca.Pastoral Social Cali
Por Óscar Hembert Moreno Leyva
Licenciado en Historia, diletante director de cine y fotógrafo.
Integrante HUMANOS
Cali, Valle, Colombia
Durante la conmemoración de los 70 años de la Declaración Universal de los DD.HH., en Cali, la tercera ciudad más importante en Colombia, se llevó a cabo un evento con la participación de Florence Thomas, Albeiro Napoleón, Emelda Jiménez, José Milcíades, Solipsy Navia y Naka Mandinga, con el fin de visibilizar a las organizaciones que han impulsado históricamente las luchas por la defensa de derechos humanos en el suroccidente del país.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, el diez de diciembre de 1948, proclamó los derechos inalienables e inherentes a todos los seres humanos, sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, lugar de nacimiento, ni otra condición.
Desde entonces, se ha conmemorado cada año la firma de este importante documento, y fue el año 2018, el septuagésimo aniversario de la declaración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y para ello la ONU celebró de manera simultánea en distintos países del mundo, ceremonias y conferencias realizadas con un variado número de representantes de casi todas las comunidades de la sociedad que, de alguna manera, han visto vulnerados sus derechos.
La DUDH fue elaborada por representantes de todas las regiones del planeta con distintos antecedentes jurídicos y culturales. Y es a su vez, el documento más traducido del mundo, disponible en más de 500 idiomas.
Setenta años después de su aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿la Declaración Universal de Derechos Humanos, conserva la misma fuerza y pertinencia que tuvo desde el primer día?
Gracias a la DUDH y al compromiso de los Estados Nación se ha cimentado la trasformación de un mundo más justo. Es preciso admitir que, a lo largo de estas siete décadas, muchas promesas aún no se han cumplido cabalmente, pero la DUDH es una prueba de la necesidad universal de fomentar la igualdad, justicia y dignidad humana.
Esta constituye un instrumento para la defensa de los derechos humanos, que inspira y respalda a quienes trabajan para garantizar que todos los pueblos puedan alcanzar la libertad, la igualdad y condiciones dignas de vida.
En Cali se desarrolló el evento en la Cinemateca del Museo La Tertulia, que contó con la asistencia de distintas organizaciones sociales que a su vez participaron de un conversatorio entre siete representantes históricos de la lucha por la defensa de los Derechos Humanos en la región.
Los líderes y lideresas hablaron del papel fundamental de las mujeres en la promoción y defensa de los derechos humanos. También abordaron causas como, los derechos sexuales, el fin de la violencia de género, los derechos de los afrodescendientes, la educación no sexista, la defensa del medio ambiente, y los derechos de los pueblos indígenas.
La primera invitada en abrir el panel fue la académica francesa Florence Thomas, psicóloga con Magíster en Psicología Social de la Universidad de París, profesora vinculada a la Universidad Nacional de Colombia y coordinadora del Grupo Mujer y Sociedad.
“Colombia no se inventó la violencia” Florence comparaba los trágicos episodios vividos en su país natal durante el siglo XX con la situación que vive Colombia tanto por la guerra como también de cuál ha sido el papel de la mujer en nuestro país.
"Hay bastante camino por recorrer, desde la década del 70 se habla de los derechos humanos, pero yo desde que llegué a Colombia, estoy trabajando en los derechos de las humanas. Durante mucho tiempo la DUDH no tuvo enfoque de género, y hoy ha habido cambios gracias a la historia escrita en nuestro cuerpo como mujeres. Gracias a las feministas quienes fueron las primeras en reclamar estos derechos. Soy una feminista que lleva 50 años en Colombia luchando por los derechos de la mujer”.
Florence termina leyendo un manifiesto sobre por qué es y será feminista,
“Nunca he declarado la guerra a los hombres; no declaro la guerra a nadie, cambio la vida: soy feminista. No soy ni amargada ni insatisfecha: me gusta el humor, la risa, pero sé también compartir los duelos de las miles de mujeres víctimas de violencia: soy feminista (…) Ser mujer hoy es romper con los viejos modelos impuestos para nosotras, es no reconocerse en lo ya pensado, es extraviarse”.
Al finalizar Florence siguió la Mayora del Pueblo Yanacona del Resguardo de Pancitará, Emelda Jiménez, quien abrió pidiendo permiso a los espíritus mayores y al territorio, expresando su preocupación sobre la violación constante a los derechos humanos no solo en su territorio sino en todo el país.
“Mirar que cada día nos asesinan una compañera y un compañero, sin embargo, estamos más fuertes. Lo que menos se imagina el gobierno es que si nos matan a un compañero nacerán mil más que harán resistencia. (…) Yo tengo ya mis años ¡y aún estoy aprendiendo a caminar! Porque una cosa es ser orientadora y otra cosa es ser lideresa. Todavía hay mucho por aprender y dar”.
Los crímenes hacia líderes y lideresas indígenas perpetrados por grupos ilegales y también por la violencia estatal, es parte de la denuncia urgente y constante por parte de las ONGs, que estiman un número muy elevado de asesinatos selectivos en distintos pueblos a lo largo y ancho de Colombia. En tan solo dos años de haber firmado el Acuerdo de Paz, la cifra va en aumento, cada 35 horas un líder es asesinado.
Solipsy Navia Plata fue la primera docente colombiana transgénero, y enseña en la Institución Educativa Gabriela Mistral desde el 2016. Solipsy es maestra desde hace 29 años, sin embargo, desde hace 10 años, inició su proceso.
Durante este, hubo varias barreras que echar abajo hasta llegar a ser un ejemplo dentro de la comunidad Lgtbi.
“Yo tengo derecho a querer y que me quieran, a que los niños me expresen su amor. Y no soy la única profesora transgénero en Colombia, pues como yo hay otras que están luchando por la inclusión”.
José Milcíades Sánchez, empleado de la Universidad del Valle, coordinador del Comité de Derechos Humanos del sindicato Sintraunicol, quien lleva más de veinte años defendiendo lo público y reivindicando la movilización y la protesta social, un mérito que le valió en el año 2016 ser uno de los ganadores del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos.
“Este gobierno no quiere aceptar que los asesinatos de los líderes sociales son sistemáticos. A pesar de 70 años de declarados los derechos humanos seguimos reclamando que se respete la vida en este país (…) hemos acompañado tanto las luchas estudiantiles, a los compañeros indígenas como también los movimientos en los barrios más vulnerables de la ciudad, nosotros como defensores de derechos humanos sabemos que aun mismo después de firmado el acuerdo en la habana no debemos ceder ante los presentes y futuros ataques del estado (…) el derecho se exigirá siempre en las calles”.
Naka Mandinga o Jorge Issac Aramburu García, oriundo de Buenaventura, fue candidato a la Cámara de Representantes por Asodeportes logró, con otras fuerzas sociales, que "Colombia fuese reconocido como un país pluriétnico y multicultural. Logramos insertar en la Constitución de 1991, el artículo transitorio 55 en el que se sentaron las bases para que las comunidades negras fuesen reconocidas como un grupo étnico y como sujeto político en el país (…) Las negritudes con nuestros hermanos indígenas compartimos el mayor peso ejercido por el capitalismo. La esclavización fue producto de la acumulación que querían hacer los españoles y hoy seguimos viviendo la misma situación (…) Yo fui bautizado en 1956 con el nombre de Jorge Isaac. Pero cuando me enteré de que mis antepasados habían sido secuestrados al occidente de África, donde quedaba el antiguo reino de los Mandinga, tomé la decisión de cambiarme el nombre a Naka Mandinga. Naka es el nombre de un nigeriano que trabajó mucho por la libertad de su pueblo y el Mandinga es sanguíneo."
A pesar de la poca participación de los ciudadanos en el evento, fue grato oír a los distintos representantes de estas comunidades y entender no solo un poco más de sus historias de vida sino el significado mismo de defender los derechos humanos.
La defensa de un derecho, cualquiera que fuere, es un esfuerzo colectivo de apoyo mutuo que nos ayudará a construir un mejor futuro y así cementar los caminos de la dignidad humana.
Después de 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta continúa siendo vigente y necesaria ya que la cifra de líderes sociales asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz, el 24 noviembre de 2016, no para de aumentar.
Según Idepaz fueron 159 asesinados en el 2017, 226 en el 2018 y en lo que va corrido de este año tanto Idepaz como la Defensoría del Pueblo van más de diez víctimas confirmadas. Más de 430 líderes y lideresas asesinados debe ser una cifra que preocupe no solo en ámbitos institucionales sino colectivos, una cifra que nos debe afectar a todos.
#70DUDH #StandUp4HumanRights #ONU #OnuColombia #EcosistemaMovimientosSociales ONU Colombia Naciones Unidas Derechos Humanos Colombia Asociación Nomadesc Fundación Bochinche YMCA Cali Alianza Francesa de Cali Museo La Tertulia Santamaría Fundación Taller Abierto Movimiento Drag Cali Personeria Municipal de Cali Sintraemcali Emcali Sintraunicol Cali Cut Valle CDRCorporacion Defensoria Regional del Pueblo Cali Valle del Cauca Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Movice Capitulo Valle del Cauca.Pastoral Social Cali
NARCOTRÁFICO Y FARC, RETORNAN AL PUTUMAYO
Por Germán de Jesús Arenas
Integrante HUMANOS
Puerto Asís, Putumayo, Colombia
El brutal asesinato de alias "Guara", en zona rural de Orito y la presencia de reconocidos narcotraficantes en el municipio de Puerto Asís, luego de purgar largas condenas en cárceles de máxima seguridad en Estados Unidos y Colombia, encienden las alarmas de las autoridades en el departamento de Putumayo.
A esta situación se suman la presencia de hombres armados y vestidos con prendas militares que se están presentando a las comunidades del bajo Putumayo, como miembros del frente primero de las Farc. En dichas reuniones los ilegales están entregando un manual de convivencia y dictando algunas disposiciones. Esta situación fue confirmada por las mismas comunidades y la red de Derechos Humanos de esta zona.
A la fecha del día de hoy en este departamento al sur de Colombia, en límites fronterizos con los países de Ecuador y Perú, han sido asesinadas 132 personas. Según las mismas autoridades la mayoría de los asesinatos y según las mismas investigaciones obedecen a temas relacionados con el narcotráfico.
Entre los muertos hay varios líderes campesinos que por promover la erradicación manual voluntaria de matas de coca han sido asesinados presuntamente por orden de los narcos.
Según la Unidad Nacional de Protección, UNP, en estos momentos en este territorio hay más de cien personas bajo amenazas de muerte que gozan de un esquema de seguridad en forma colectiva e individual. Se idéntico que habitantes de veredas completas se encuentran amenazadas por el tema de erradicación manual voluntaria en los municipios de Puerto Asís, Valle del Guamuéz y San Miguel.
Se citó el caso de la vereda Alta Santa María del área de Puerto Asís, donde los violentos amenazaron a sus moradores mediante carteleras fijadas en el puesto de salud.
Existe un mapa contextual de la presencia de los armados ilegales en un amplio corredor que cobija a los municipios de Puerto Guzmán, Villa Garzón, Puerto Caicedo y Leguizamo. Otro mapeo es Puerto Asís, Piñuña Blanco, corredor Puerto Vega-Teteye, y San Miguel y un último entre Valle del Guamuéz y Orito.
Este departamento reporta cerca de 30 mil hectáreas con matas de coca sembradas, que se convierten en la principal materia prima para surtir los laboratorios de procesamiento de base de coca que son controlados y operados por las Farc, frente primero y que aducen no ser disidentes sino guerrilleros activos agrupando a hombres del 32 y 48 que hicieron parte del Bloque Sur. Igualmente se cuenta con la banda delincuencia organizada de segundo nivel que entra en alianza con las Farc, para despachar toneladas de coca hacia México, utilizando la ruta del pacifico.
El reclutamiento forzado y bajo engaño de menores y el confinamiento de comunidades indígenas en zonas como Piñuña Blanco, son otros de los fenómenos sociales que se están reflejando en este departamento de 350 mil habitantes.
A pesar del delicado panorama del cual es conocedor las autoridades militares, civiles y los mismos organismos de derechos humanos, no se ha convocado a un Consejo de Seguridad de orden nacional para evaluar la delicada situación.
Hablar del tema con los habitantes y con las mismas autoridades locales es difícil, existe un temor por las posibles retaliaciones que sus declaraciones puedan causar entre los ilegales. Muy tímidamente la red de Derechos Humanos del Putumayo, a través de algunos de sus voceros vienen denunciado algunos hechos.
Reacción
El comando de la sexta División del Ejército con sede en Florencia, Caquetá y que tienen jurisdicción en los tres departamentos de la amazonia colombiana, a través de su comandante Brigadier General, Cesar Augusto Parra, informo en detalle que se ha dispuesto de un total de 30 pelotones de la Cuarta y la Quinta División del Ejército Nacional, en cumplimiento del Plan Diamante y del Plan Gea II, para reforzar las labores de erradicación en los cultivos de uso ilícito en la jurisdicción de la Sexta División con el fin de acelerar los indicadores en la lucha contra el tráfico de estupefacientes en el sur del país.
Negó rotundamente que el frente primero esté operando en el Putumayo, y la presencia de algunos de sus cabecillas, como “Gentil Duarte”, alias “Rodrigo Cadete”. “Mordisco”, entre otros. Sin embargo en días pasados el ejército logro la captura de alias “Jairo 1”, en un municipio del Huila, quién se desempeñaba como cabecilla del Grupo Armado Organizado Residual C-15 y quien lideraba el negocio del narcotráfico en el sur del país en los departamentos de Caquetá y Putumayo. Días después José Martin Ramírez, alias “Miguel” que fue presentado como cabecilla de finanzas de la primera estructura de las Farc, (frente primero) y que venía coordinando extorsiones a persona y autoridades en la zona de la baja bota caucana (Piamonte Cauca y Miraflor) y norte de Putumayo (Puerto Guzmán y Leguizamo).
El alcalde Segundo Julca Ramos, de la población peruana del distrito Putumayo, departamento de Loreto, Perú, manifestó que a mediados de año disidentes de las Farc, frente Oliver Sinesterra, llegaron hasta la plaza de su localidad y repartiendo volantes donde invitaban a los jóvenes de la población a orilla del río Putumayo en frontera con Leguizamo, a que se incorporen a sus filas.
De inmediato el Ejército de ese país fue alertado de la novedad y realizo un despliegue de tropas donde adelantaron operaciones militares para contrarrestar la presencia de las Farc, logrando colocar en huida al departamento de Putumayo, Colombia, a alias “Rodrigo Cadete”, como lo señalo en su momento el presidente del país Inca, Martin Vizcarra.
El director seccional de fiscalía en Putumayo, Colombia, Germán Ordoñez Plata, señalo que en esto momentos sus 17 fiscales entre seccionales y un especializado delegado de la Fiscalía, han logrado identificar responsables en 19 asesinatos de los 132 que van corrido en el 2018. Ordoñez Plata, indico que los 19 casos fueron perpetrados por disidentes del frente 48 de las Farc.
Aclaro que en el caso del asesinato de la profesora Paola Rodríguez Muchavisoy, ocurrida el 1 de septiembre del presente año en la vereda Florida, junto a su esposo Alonso Taicus, obedeció a temas de narcotráfico ya que a 20 metros de su casa había un laboratorio artesanal para la elaboración de pasta de coca de propiedad de los esposos.
Algunas fuentes confidenciales de alta credibilidad señalaron que el cabecilla del frente disidente de las Farc, Oliver Sinesterra, alia “Guacho”, tiene una alta incidencia en el cultivo, elaboración y transporte de toneladas de base de coca desde ete departamento selvático hasta el pacifico para surtir lo carteles mexicanos de la droga como el de Sinaloa.
Por Germán de Jesús Arenas
Integrante HUMANOS
Puerto Asís, Putumayo, Colombia
El brutal asesinato de alias "Guara", en zona rural de Orito y la presencia de reconocidos narcotraficantes en el municipio de Puerto Asís, luego de purgar largas condenas en cárceles de máxima seguridad en Estados Unidos y Colombia, encienden las alarmas de las autoridades en el departamento de Putumayo.
A esta situación se suman la presencia de hombres armados y vestidos con prendas militares que se están presentando a las comunidades del bajo Putumayo, como miembros del frente primero de las Farc. En dichas reuniones los ilegales están entregando un manual de convivencia y dictando algunas disposiciones. Esta situación fue confirmada por las mismas comunidades y la red de Derechos Humanos de esta zona.
A la fecha del día de hoy en este departamento al sur de Colombia, en límites fronterizos con los países de Ecuador y Perú, han sido asesinadas 132 personas. Según las mismas autoridades la mayoría de los asesinatos y según las mismas investigaciones obedecen a temas relacionados con el narcotráfico.
Entre los muertos hay varios líderes campesinos que por promover la erradicación manual voluntaria de matas de coca han sido asesinados presuntamente por orden de los narcos.
Según la Unidad Nacional de Protección, UNP, en estos momentos en este territorio hay más de cien personas bajo amenazas de muerte que gozan de un esquema de seguridad en forma colectiva e individual. Se idéntico que habitantes de veredas completas se encuentran amenazadas por el tema de erradicación manual voluntaria en los municipios de Puerto Asís, Valle del Guamuéz y San Miguel.
Se citó el caso de la vereda Alta Santa María del área de Puerto Asís, donde los violentos amenazaron a sus moradores mediante carteleras fijadas en el puesto de salud.
Existe un mapa contextual de la presencia de los armados ilegales en un amplio corredor que cobija a los municipios de Puerto Guzmán, Villa Garzón, Puerto Caicedo y Leguizamo. Otro mapeo es Puerto Asís, Piñuña Blanco, corredor Puerto Vega-Teteye, y San Miguel y un último entre Valle del Guamuéz y Orito.
Este departamento reporta cerca de 30 mil hectáreas con matas de coca sembradas, que se convierten en la principal materia prima para surtir los laboratorios de procesamiento de base de coca que son controlados y operados por las Farc, frente primero y que aducen no ser disidentes sino guerrilleros activos agrupando a hombres del 32 y 48 que hicieron parte del Bloque Sur. Igualmente se cuenta con la banda delincuencia organizada de segundo nivel que entra en alianza con las Farc, para despachar toneladas de coca hacia México, utilizando la ruta del pacifico.
El reclutamiento forzado y bajo engaño de menores y el confinamiento de comunidades indígenas en zonas como Piñuña Blanco, son otros de los fenómenos sociales que se están reflejando en este departamento de 350 mil habitantes.
A pesar del delicado panorama del cual es conocedor las autoridades militares, civiles y los mismos organismos de derechos humanos, no se ha convocado a un Consejo de Seguridad de orden nacional para evaluar la delicada situación.
Hablar del tema con los habitantes y con las mismas autoridades locales es difícil, existe un temor por las posibles retaliaciones que sus declaraciones puedan causar entre los ilegales. Muy tímidamente la red de Derechos Humanos del Putumayo, a través de algunos de sus voceros vienen denunciado algunos hechos.
Reacción
El comando de la sexta División del Ejército con sede en Florencia, Caquetá y que tienen jurisdicción en los tres departamentos de la amazonia colombiana, a través de su comandante Brigadier General, Cesar Augusto Parra, informo en detalle que se ha dispuesto de un total de 30 pelotones de la Cuarta y la Quinta División del Ejército Nacional, en cumplimiento del Plan Diamante y del Plan Gea II, para reforzar las labores de erradicación en los cultivos de uso ilícito en la jurisdicción de la Sexta División con el fin de acelerar los indicadores en la lucha contra el tráfico de estupefacientes en el sur del país.
Negó rotundamente que el frente primero esté operando en el Putumayo, y la presencia de algunos de sus cabecillas, como “Gentil Duarte”, alias “Rodrigo Cadete”. “Mordisco”, entre otros. Sin embargo en días pasados el ejército logro la captura de alias “Jairo 1”, en un municipio del Huila, quién se desempeñaba como cabecilla del Grupo Armado Organizado Residual C-15 y quien lideraba el negocio del narcotráfico en el sur del país en los departamentos de Caquetá y Putumayo. Días después José Martin Ramírez, alias “Miguel” que fue presentado como cabecilla de finanzas de la primera estructura de las Farc, (frente primero) y que venía coordinando extorsiones a persona y autoridades en la zona de la baja bota caucana (Piamonte Cauca y Miraflor) y norte de Putumayo (Puerto Guzmán y Leguizamo).
El alcalde Segundo Julca Ramos, de la población peruana del distrito Putumayo, departamento de Loreto, Perú, manifestó que a mediados de año disidentes de las Farc, frente Oliver Sinesterra, llegaron hasta la plaza de su localidad y repartiendo volantes donde invitaban a los jóvenes de la población a orilla del río Putumayo en frontera con Leguizamo, a que se incorporen a sus filas.
De inmediato el Ejército de ese país fue alertado de la novedad y realizo un despliegue de tropas donde adelantaron operaciones militares para contrarrestar la presencia de las Farc, logrando colocar en huida al departamento de Putumayo, Colombia, a alias “Rodrigo Cadete”, como lo señalo en su momento el presidente del país Inca, Martin Vizcarra.
El director seccional de fiscalía en Putumayo, Colombia, Germán Ordoñez Plata, señalo que en esto momentos sus 17 fiscales entre seccionales y un especializado delegado de la Fiscalía, han logrado identificar responsables en 19 asesinatos de los 132 que van corrido en el 2018. Ordoñez Plata, indico que los 19 casos fueron perpetrados por disidentes del frente 48 de las Farc.
Aclaro que en el caso del asesinato de la profesora Paola Rodríguez Muchavisoy, ocurrida el 1 de septiembre del presente año en la vereda Florida, junto a su esposo Alonso Taicus, obedeció a temas de narcotráfico ya que a 20 metros de su casa había un laboratorio artesanal para la elaboración de pasta de coca de propiedad de los esposos.
Algunas fuentes confidenciales de alta credibilidad señalaron que el cabecilla del frente disidente de las Farc, Oliver Sinesterra, alia “Guacho”, tiene una alta incidencia en el cultivo, elaboración y transporte de toneladas de base de coca desde ete departamento selvático hasta el pacifico para surtir lo carteles mexicanos de la droga como el de Sinaloa.
EL MAL DE JAI. LA MALDICIÓN QUE ESTÁ MATANDO LOS NIÑOS EMBERA
Por Mario Baos
Integrante HUMANOS
Cali, Valle, Colombia
Instagram: Mario Baos
Twitter: @MarioxBaos
Facebook: Mario Baos
“Estaba muy mal, tenía diarrea, mucho vómito y se terminó de empeorar con la tos, por eso estaba débil. Cuando lo sacamos por la carretera no soportó el trote y apenas íbamos a 15 minutos de camino se nos murió en las manos”, así, casi con lágrimas en los ojos, Abelardo Onomaga recuerda como uno de sus hijos murió en el asentamiento La Dorada, zona rural de El Dovio, departamento del Valle del Cauca, al sur de Colombia.
Era su segundo niño, de la comunidad indígena Embera Chamí, que moría a causa de una aparente desnutrición y el sexto este año que sufrió el mismo final en lo que va corrido del 2018.
Su comunidad hace pare de las seis que hay en el denominado Cañón de Garrapatas, entre los límites del Valle del Cauca y el departamento del Chocó, quienes aseguran que esto se debe a la maldición de ‘Jai’, una especie de hechizo que los hace malditos desde hace varios años.
“Ese mal salió de un ‘Jaibaná’, quien es un tipo de chamán que puede maldecir a toda una población. Creemos que nos hicieron eso y por eso nos estamos muriendo, lo peor es que solo uno de ellos nos puede hacer libres”, cuenta el líder indígena.
Y es que la mortalidad de los niños preocupó a los entes gubernamentales del departamento quienes adelantaron el pasado viernes 20 de julio una reunión extraordinaria con los líderes indígenas de esa comunidad que se encuentra a al menos 10 horas de camino a trocha.
En la reunión se hicieron presentes la Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro; el alcalde del municipio del Dovio, Rodolfo Vidal; la secretaria de salud, María Cristina Lesmes, además de varios representantes de la Personería, Bienestar Familiar, la fuerza pública y la oficina de asuntos étnicos.
Según las versiones entregadas por los indígenas, sumado al mal de ‘Jai’, los niños murieron por la falta de una carretera que les permita salir de manera más rápida a buscar atención médica en el casco urbano.
“El año pasado, para la fecha de junio, denunciamos también que habían muerto otros cinco niños. Necesitamos que nos ayuden a que no nos muramos”, dijo una de las representantes en la reunión.
Ante esto la gobernadora del Valle precisó que es urgente que se haga una brigada de salud en la zona que permita determinar qué tipo de atención requiere esta comunidad Embera, respetando sus creencias, para que así de la mano se logre superar el impase.
“Vamos a llegar a la zona con una brigada de pediatras, médicos y otros profesionales. Acordamos con los líderes que si hay niños muy graves los trasladaremos de inmediato a un centro asistencial”, dijo la mantadaria.
A su vez precisó que se destinarán recursos para atacar el mal que, según ellos, los acosa al precisar que “se destinarán unos recursos para hacer las sesiones de purificación en la zona con los que ellos se sientan mejor”.
Y es que según los gobernadores indígenas cada ritual de purificación tiene un costo de cuatro millones de pesos, un total de 30 millones de pesos si se tienen en cuenta las seis comunidades.
“De ese dinero, diez millones de pesos los va a poner la Alcaldía Municipal y veinte millones de pesos los pondremos desde la Gobernación”, dijo Toro
Según Alex Arturo Gutierrez, gobernador indígena del resguardo Batatá, la falta de recursos había impedido que esto se realizara.
“Es un encuentro cultural, de alrededor de 400 personas con ofrendas florales, donde se contrata a un Jaibaná de otro municipio para que haga la limpieza. Dura dos días y todos deben participar para que así se vaya el mal de nuestros territorios”, dijo.
Es que la ceremonia curativa, conocida como nombre ‘el canto del jai’, se realiza en horas d ela noche, con ofrendas de chicha, panela y maíz, además de totumas, hojas de biao repletas de alimentos.
Por otra parte la gobernadora del departamento precisó que es importante que se cree de manera urgente la vía que comunique con estas pobaciones, por las que le pidió a los secretarios de infraestructura que visiten la zona.
“Estamos hablando de unos 22 kilómetros lineales que deben ser estudiados por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC. Se hará una inversión superior a los mil millones de pesos”, dijo Toro.
También indicó que se harán los oficios necesarios para que el asentamiento de La Dorada sea declarado Resguardo Indígena para que así le lleguen recursos.
Se estima que en la zona hay más de 390 niños, de los cuales 120 hacen parte de un proceso de atención del Instituto de Bienestar Familiar, donde se ha estimado que 65 poseen retrasos en el crecimiento, 11 desnutrición global y cinco desnutrición aguda.
Por Mario Baos
Integrante HUMANOS
Cali, Valle, Colombia
Instagram: Mario Baos
Twitter: @MarioxBaos
Facebook: Mario Baos
“Estaba muy mal, tenía diarrea, mucho vómito y se terminó de empeorar con la tos, por eso estaba débil. Cuando lo sacamos por la carretera no soportó el trote y apenas íbamos a 15 minutos de camino se nos murió en las manos”, así, casi con lágrimas en los ojos, Abelardo Onomaga recuerda como uno de sus hijos murió en el asentamiento La Dorada, zona rural de El Dovio, departamento del Valle del Cauca, al sur de Colombia.
Era su segundo niño, de la comunidad indígena Embera Chamí, que moría a causa de una aparente desnutrición y el sexto este año que sufrió el mismo final en lo que va corrido del 2018.
Su comunidad hace pare de las seis que hay en el denominado Cañón de Garrapatas, entre los límites del Valle del Cauca y el departamento del Chocó, quienes aseguran que esto se debe a la maldición de ‘Jai’, una especie de hechizo que los hace malditos desde hace varios años.
“Ese mal salió de un ‘Jaibaná’, quien es un tipo de chamán que puede maldecir a toda una población. Creemos que nos hicieron eso y por eso nos estamos muriendo, lo peor es que solo uno de ellos nos puede hacer libres”, cuenta el líder indígena.
Y es que la mortalidad de los niños preocupó a los entes gubernamentales del departamento quienes adelantaron el pasado viernes 20 de julio una reunión extraordinaria con los líderes indígenas de esa comunidad que se encuentra a al menos 10 horas de camino a trocha.
En la reunión se hicieron presentes la Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro; el alcalde del municipio del Dovio, Rodolfo Vidal; la secretaria de salud, María Cristina Lesmes, además de varios representantes de la Personería, Bienestar Familiar, la fuerza pública y la oficina de asuntos étnicos.
Según las versiones entregadas por los indígenas, sumado al mal de ‘Jai’, los niños murieron por la falta de una carretera que les permita salir de manera más rápida a buscar atención médica en el casco urbano.
“El año pasado, para la fecha de junio, denunciamos también que habían muerto otros cinco niños. Necesitamos que nos ayuden a que no nos muramos”, dijo una de las representantes en la reunión.
Ante esto la gobernadora del Valle precisó que es urgente que se haga una brigada de salud en la zona que permita determinar qué tipo de atención requiere esta comunidad Embera, respetando sus creencias, para que así de la mano se logre superar el impase.
“Vamos a llegar a la zona con una brigada de pediatras, médicos y otros profesionales. Acordamos con los líderes que si hay niños muy graves los trasladaremos de inmediato a un centro asistencial”, dijo la mantadaria.
A su vez precisó que se destinarán recursos para atacar el mal que, según ellos, los acosa al precisar que “se destinarán unos recursos para hacer las sesiones de purificación en la zona con los que ellos se sientan mejor”.
Y es que según los gobernadores indígenas cada ritual de purificación tiene un costo de cuatro millones de pesos, un total de 30 millones de pesos si se tienen en cuenta las seis comunidades.
“De ese dinero, diez millones de pesos los va a poner la Alcaldía Municipal y veinte millones de pesos los pondremos desde la Gobernación”, dijo Toro
Según Alex Arturo Gutierrez, gobernador indígena del resguardo Batatá, la falta de recursos había impedido que esto se realizara.
“Es un encuentro cultural, de alrededor de 400 personas con ofrendas florales, donde se contrata a un Jaibaná de otro municipio para que haga la limpieza. Dura dos días y todos deben participar para que así se vaya el mal de nuestros territorios”, dijo.
Es que la ceremonia curativa, conocida como nombre ‘el canto del jai’, se realiza en horas d ela noche, con ofrendas de chicha, panela y maíz, además de totumas, hojas de biao repletas de alimentos.
Por otra parte la gobernadora del departamento precisó que es importante que se cree de manera urgente la vía que comunique con estas pobaciones, por las que le pidió a los secretarios de infraestructura que visiten la zona.
“Estamos hablando de unos 22 kilómetros lineales que deben ser estudiados por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC. Se hará una inversión superior a los mil millones de pesos”, dijo Toro.
También indicó que se harán los oficios necesarios para que el asentamiento de La Dorada sea declarado Resguardo Indígena para que así le lleguen recursos.
Se estima que en la zona hay más de 390 niños, de los cuales 120 hacen parte de un proceso de atención del Instituto de Bienestar Familiar, donde se ha estimado que 65 poseen retrasos en el crecimiento, 11 desnutrición global y cinco desnutrición aguda.
NO PARAN LOS ASESINATOS DE LÍDERES SOCIALES
Por Germán de Jesús Arenas
Integrante HUMANOS
Mocoa, Putumayo, Colombia
“Le faltaban cien metros para llegar a la casa”, así dijo María Esperanza Taticuán, esposa de Oswaldo Taquez, líder social asesinado en zona rural del municipio de Orito, en el departamento de Putumayo, ubicado al suroeste de Colombia, en la región Amazonia, limitando al norte con Cauca y Caquetá, al este con Amazonas y al sur con Perú y Ecuador.
La viuda de Taquez, señalo que su esposo venía a caballo cuando fue ultimado a tiro por cuatro sujetos encapuchados y que portaban armas de fuego cortas.
La Mesa Regional de Organizaciones sociales del Putumayo, la baja bota Caucana y Cofania, Jardines de Sucumbios de Ipiales Nariño, Meros, solicitaron a las autoridades que se investigue a fondo y se den con los responsables del asesinato de Oswaldo Taquez, ocurrido en la tarde del pasado 20 de julio a las 5 y 30 de la tarde a pocos metros de su casa en la vereda Remolino, luego de haber participado en una reunión sobre sustitución de cultivos ilícitos en la escuela rural.
Oswaldo Taquez, era parte de la generación de lideres sociales que conoció y aprendió a conseguir condiciones de vida digna en la vida rural, de mano propia y gracias a la movilización social, junto con sus compañeros participo de las grandes movilizaciones desde 2010 para el departamento con la Mesa Regional de Organizaciones sociales del Putumayo, la baja bota Caucana y Cofania, Jardines de Sucumbios de Ipiales Nariño, Meros, siempre estuvo activo y propositivo, consiguiendo electrificación, mejoramiento de vivienda, se organizaban para mejorar caminos veredales, que aunque hoy no eran los mejores, permitieron darle conciencia a él, su familia y comunidad sobre la importancia de organizarse en las juntas de acción comunal, según lo expresado mediante un comunicado la Meros.
Sobrevivir a las múltiples violencias que vivió el sur de Orito, para un dirigente social como Oswaldo, significo movilizarse, no conformarse.
Oswaldo era un dirigente que no sólo estaba socializando con su comunidad el Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos (Pnis), se encontraba fortaleciendo el movimiento cívico y comunal, capacitando a sus colegas, vecinos y amigos en herramientas para la participación con las instituciones, junto con otros presidentes de junta de acción comunal de las veredas en la inspección de Siberia, habían trazado un plan de trabajo para la memoria, la identidad campesina y las garantías respecto de la economía campesina, el modelo de desarrollo y por supuesto la implementación de los acuerdos para una Paz, Estable y Duradera. Sigue rezando el comunicado.
Las comunidades rurales de Orito, en distintos momentos han sentido temor y zozobra respecto de permanecer en el territorio y garantizar su integridad individual y colectiva; conociendo la historia del conflicto armado en la zona, manifiestan que la historia se está repitiendo, con los mismos patrones de control de territorio por las economías ilícitas del año 1997. Las faltas de garantías al goce efectivo de derechos, el acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral siguen siendo el paisaje de impunidad.
Las familias que se acogieron al Pnis, líderes sociales defensores de derechos humanos en la región, manifiestan no tener garantías para acompañar, hacer seguimiento, impulsar, participar voluntariamente del proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito. Pese a la gestión con las autoridades del nivel municipal, departamental y nacional; no se ha activado protocolos con enfoques rurales, étnicos y de género que permitan una política de prevención y protección para la vida digna y la seguridad en todas las dimensiones argumenta la mesa regional.
Por Germán de Jesús Arenas
Integrante HUMANOS
Mocoa, Putumayo, Colombia
“Le faltaban cien metros para llegar a la casa”, así dijo María Esperanza Taticuán, esposa de Oswaldo Taquez, líder social asesinado en zona rural del municipio de Orito, en el departamento de Putumayo, ubicado al suroeste de Colombia, en la región Amazonia, limitando al norte con Cauca y Caquetá, al este con Amazonas y al sur con Perú y Ecuador.
La viuda de Taquez, señalo que su esposo venía a caballo cuando fue ultimado a tiro por cuatro sujetos encapuchados y que portaban armas de fuego cortas.
La Mesa Regional de Organizaciones sociales del Putumayo, la baja bota Caucana y Cofania, Jardines de Sucumbios de Ipiales Nariño, Meros, solicitaron a las autoridades que se investigue a fondo y se den con los responsables del asesinato de Oswaldo Taquez, ocurrido en la tarde del pasado 20 de julio a las 5 y 30 de la tarde a pocos metros de su casa en la vereda Remolino, luego de haber participado en una reunión sobre sustitución de cultivos ilícitos en la escuela rural.
Oswaldo Taquez, era parte de la generación de lideres sociales que conoció y aprendió a conseguir condiciones de vida digna en la vida rural, de mano propia y gracias a la movilización social, junto con sus compañeros participo de las grandes movilizaciones desde 2010 para el departamento con la Mesa Regional de Organizaciones sociales del Putumayo, la baja bota Caucana y Cofania, Jardines de Sucumbios de Ipiales Nariño, Meros, siempre estuvo activo y propositivo, consiguiendo electrificación, mejoramiento de vivienda, se organizaban para mejorar caminos veredales, que aunque hoy no eran los mejores, permitieron darle conciencia a él, su familia y comunidad sobre la importancia de organizarse en las juntas de acción comunal, según lo expresado mediante un comunicado la Meros.
Sobrevivir a las múltiples violencias que vivió el sur de Orito, para un dirigente social como Oswaldo, significo movilizarse, no conformarse.
Oswaldo era un dirigente que no sólo estaba socializando con su comunidad el Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos (Pnis), se encontraba fortaleciendo el movimiento cívico y comunal, capacitando a sus colegas, vecinos y amigos en herramientas para la participación con las instituciones, junto con otros presidentes de junta de acción comunal de las veredas en la inspección de Siberia, habían trazado un plan de trabajo para la memoria, la identidad campesina y las garantías respecto de la economía campesina, el modelo de desarrollo y por supuesto la implementación de los acuerdos para una Paz, Estable y Duradera. Sigue rezando el comunicado.
Las comunidades rurales de Orito, en distintos momentos han sentido temor y zozobra respecto de permanecer en el territorio y garantizar su integridad individual y colectiva; conociendo la historia del conflicto armado en la zona, manifiestan que la historia se está repitiendo, con los mismos patrones de control de territorio por las economías ilícitas del año 1997. Las faltas de garantías al goce efectivo de derechos, el acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral siguen siendo el paisaje de impunidad.
Las familias que se acogieron al Pnis, líderes sociales defensores de derechos humanos en la región, manifiestan no tener garantías para acompañar, hacer seguimiento, impulsar, participar voluntariamente del proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito. Pese a la gestión con las autoridades del nivel municipal, departamental y nacional; no se ha activado protocolos con enfoques rurales, étnicos y de género que permitan una política de prevención y protección para la vida digna y la seguridad en todas las dimensiones argumenta la mesa regional.
AUMENTA AMENAZAS A PERIODISTAS
Muchos de los asesinatos a líderes sociales han venido acompañados de amenazas a los periodistas que los denuncian en las regiones.
La Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, expresó su preocupación por el incremento en el número de amenazas contra periodistas en Colombia.
En los últimos seis meses, muchos reporteros que alternan sus labores con el activismo social han sido víctimas de intimidaciones.
En lo corrido de 2018 la Flip ha registrado un aumento en el número de amenazas contra periodistas con respecto al año anterior. Mientras que para julio de 2017 la Fundación había documentado 65 casos de amenazas, en este 2018 se han reportado 89. Estas cifras acentúan una tendencia preocupante: en los últimos años se ha registrado un aumento considerable en el número de amenazas contra periodistas en Colombia. Mientras que en el año 2015 la Flip documentó 59 casos de amenazas, en 2016 la cifra ascendió a 90 y en 2017 llegó a 129.
Esto sucede en paralelo al aumento en el número de asesinatos a líderes sociales en el país. En lo corrido del año han sido asesinados más de 100 personas en sus territorios. Varios de esos homicidios han sido crímenes contra la libertad de expresión.
La Flip ha reportado los casos de amenaza ante la Unidad Nacional de Protección. Sin embargo, en muchas ocasiones la entidad no ha sido lo suficientemente diligente para atender el riesgo al que están expuestos los reporteros. Paralelo al aumento de las amenazas, la Flip ha registrado con preocupación el desmonte de esquemas de protección de periodistas que se encuentran amenazados y los trámites de casos en la UNP no se están haciendo acordes al nivel de urgencia de la situación.
Casos de periodistas que requieren protección urgente del Estado
Ricardo Ruidíaz es un periodista y activista que ha enfocado sus esfuerzos en denunciar la trata de menores por parte de estructuras al margen de la ley y de visibilizar las amenazas y los asesinatos en contra de líderes sociales en la región del Magdalena Medio. A pesar de que este reportero ha denunciado diez intimidaciones contra su vida solo en el último año, el pasado 18 de junio la UNP decidió disminuir su esquema de protección, hecho que vulnera considerablemente las condiciones de seguridad del reportero.
Situación similar enfrenta la reportera Catalina Vásquez, quien desarrolla su labor periodística y de defensa de los derechos humanos en la Comuna 13 de Medellín. A pesar de que el pasado cinco de julio la Flip solicitó a la Unidad Nacional de Protección medidas de protección por trámite de emergencia para la periodista por los asesinatos de los que han sido víctimas algunas fuentes cercanas a ella en este sector de Medellín, la entidad no ha atendido al llamado de urgencia y Vásquez continúa expuesta al riesgo derivado de sus labores en el territorio.
De igual forma, la periodista Jhanuaria Gómez tuvo que desplazarse del municipio de Segovia, Antioquia, a raíz de las amenazas que estaba recibiendo por el desarrollo de su labor periodística. La reportera se dedica a investigar acciones irregulares alrededor de la actividad minera y hace pedagogía con las comunidades sobre las consecuencias que tiene para el ambiente. Actualmente la reportera se encuentra sin protección por parte de la Unidad Nacional de Protección y su situación de vulnerabilidad es alta.
Otro caso preocupante es el de la periodista Laura Montoya, quien el pasado viernes 6 de julio fue víctima de amenazas a través de una llamada telefónica mientras promovía una manifestación en Mocoa, Putumayo, para rechazar el asesinato de líderes sociales. La Unidad Nacional de Protección tuvo conocimiento de estos hechos y solicitó medidas de protección por trámite de emergencia para proteger a la reportera. Sin embargo, la entidad aún no ha atendido el llamado.
Es importante resaltar, adicionalmente, que en estos tres últimos casos hubo agravantes por razones de género. Gómez recibió una de las amenazas a través de su hija, Vásquez ha sido víctima de insultos y tratos denigrantes y, aunque no hay registro de violencia por razones de género en contra de Montoya, es urgente que la Unidad Nacional de Protección tenga en cuenta estos factores al momento de actuar para procurar la seguridad de estas reporteras y sus familias.
Frente a la situación crítica que enfrenta el país por el asesinato de defensores de derechos humanos y amenazas a periodistas, la Flip expresa su preocupación por la ausencia de acciones efectivas por parte de la Unidad Nacional de Protección para garantizar la protección de quienes se encuentran en riesgo. La Fundación solicita al gobierno nacional redoblar sus esfuerzos con el fin de brindar medidas efectivas para salvaguardar la vida e integridad de quienes ejercen la labor periodística.
Muchos de los asesinatos a líderes sociales han venido acompañados de amenazas a los periodistas que los denuncian en las regiones.
La Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, expresó su preocupación por el incremento en el número de amenazas contra periodistas en Colombia.
En los últimos seis meses, muchos reporteros que alternan sus labores con el activismo social han sido víctimas de intimidaciones.
En lo corrido de 2018 la Flip ha registrado un aumento en el número de amenazas contra periodistas con respecto al año anterior. Mientras que para julio de 2017 la Fundación había documentado 65 casos de amenazas, en este 2018 se han reportado 89. Estas cifras acentúan una tendencia preocupante: en los últimos años se ha registrado un aumento considerable en el número de amenazas contra periodistas en Colombia. Mientras que en el año 2015 la Flip documentó 59 casos de amenazas, en 2016 la cifra ascendió a 90 y en 2017 llegó a 129.
Esto sucede en paralelo al aumento en el número de asesinatos a líderes sociales en el país. En lo corrido del año han sido asesinados más de 100 personas en sus territorios. Varios de esos homicidios han sido crímenes contra la libertad de expresión.
La Flip ha reportado los casos de amenaza ante la Unidad Nacional de Protección. Sin embargo, en muchas ocasiones la entidad no ha sido lo suficientemente diligente para atender el riesgo al que están expuestos los reporteros. Paralelo al aumento de las amenazas, la Flip ha registrado con preocupación el desmonte de esquemas de protección de periodistas que se encuentran amenazados y los trámites de casos en la UNP no se están haciendo acordes al nivel de urgencia de la situación.
Casos de periodistas que requieren protección urgente del Estado
Ricardo Ruidíaz es un periodista y activista que ha enfocado sus esfuerzos en denunciar la trata de menores por parte de estructuras al margen de la ley y de visibilizar las amenazas y los asesinatos en contra de líderes sociales en la región del Magdalena Medio. A pesar de que este reportero ha denunciado diez intimidaciones contra su vida solo en el último año, el pasado 18 de junio la UNP decidió disminuir su esquema de protección, hecho que vulnera considerablemente las condiciones de seguridad del reportero.
Situación similar enfrenta la reportera Catalina Vásquez, quien desarrolla su labor periodística y de defensa de los derechos humanos en la Comuna 13 de Medellín. A pesar de que el pasado cinco de julio la Flip solicitó a la Unidad Nacional de Protección medidas de protección por trámite de emergencia para la periodista por los asesinatos de los que han sido víctimas algunas fuentes cercanas a ella en este sector de Medellín, la entidad no ha atendido al llamado de urgencia y Vásquez continúa expuesta al riesgo derivado de sus labores en el territorio.
De igual forma, la periodista Jhanuaria Gómez tuvo que desplazarse del municipio de Segovia, Antioquia, a raíz de las amenazas que estaba recibiendo por el desarrollo de su labor periodística. La reportera se dedica a investigar acciones irregulares alrededor de la actividad minera y hace pedagogía con las comunidades sobre las consecuencias que tiene para el ambiente. Actualmente la reportera se encuentra sin protección por parte de la Unidad Nacional de Protección y su situación de vulnerabilidad es alta.
Otro caso preocupante es el de la periodista Laura Montoya, quien el pasado viernes 6 de julio fue víctima de amenazas a través de una llamada telefónica mientras promovía una manifestación en Mocoa, Putumayo, para rechazar el asesinato de líderes sociales. La Unidad Nacional de Protección tuvo conocimiento de estos hechos y solicitó medidas de protección por trámite de emergencia para proteger a la reportera. Sin embargo, la entidad aún no ha atendido el llamado.
Es importante resaltar, adicionalmente, que en estos tres últimos casos hubo agravantes por razones de género. Gómez recibió una de las amenazas a través de su hija, Vásquez ha sido víctima de insultos y tratos denigrantes y, aunque no hay registro de violencia por razones de género en contra de Montoya, es urgente que la Unidad Nacional de Protección tenga en cuenta estos factores al momento de actuar para procurar la seguridad de estas reporteras y sus familias.
Frente a la situación crítica que enfrenta el país por el asesinato de defensores de derechos humanos y amenazas a periodistas, la Flip expresa su preocupación por la ausencia de acciones efectivas por parte de la Unidad Nacional de Protección para garantizar la protección de quienes se encuentran en riesgo. La Fundación solicita al gobierno nacional redoblar sus esfuerzos con el fin de brindar medidas efectivas para salvaguardar la vida e integridad de quienes ejercen la labor periodística.
LÍDERES SOCIALES, ¿ASESINADOS POR LÍOS DE FALDAS?
Por Mario Baos
Integrante HUMANOS
Cali, Valle, Colombia
Instagram: Mario Baos
Twitter: @MarioxBaos
Facebook: Mario Baos
Estaba en casa, acompañado de su familia, cuando Islenio Muñoz sintió cómo la sombra de la muerte golpeaba a su puerta la noche del pasado 29 de junio.
Eran hombres encapuchados que, con armas de fuego, irrumpieron su tranquilidad con la violencia de los insultos diciéndole que lo iban a matar, y que era mejor que se fuera del corregimiento Bolo Blanco, zona rural del municipio de Pradera, en el departamento del Valle del Cauca, donde tiene su parcela.
La noche, cargada de terror, no cesó hasta que, en medio de golpes y empujones, el líder fue asaltado por esas mismas personas quienes se le robaron parte de sus ahorros, el pasaporte, la cédula, su celular y otros documentos de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (Astracava), la cual lidera.
Como él son cientos de personas, defensoras de tierras, de derechos humanos, del agua, presidentes de Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, quienes viven con el miedo entre los labios y la mirada, temiendo que las balas silencien la lucha que a diario sostienen para llevar paz y progreso a sus territorios.
Pero, ¿Por qué la muerte tiene que silenciar a los portadores de vida?
Según un informe entregado por la Marcha Patriótica, la Cumbre Agraria y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, solamente en lo corrido del 2018 han sido asesinados cerca de 180 líderes sociales en el país, sin contar los cientos de panfletos amenazantes, firmados por grupos paramilitares, que ya fueron sembrando terror en las montañas donde no alcanzan a llegar los medios de comunicación.
Al parecer, en Colombia, la paz dejó silenciados los fusiles de la exguerrilla de las Farc en algunas zonas, pero agudizó el oído de quienes quieren escuchar el sonido de la sangre correr en aquellos territorios que fueron despojadas de ese conflicto que duró más de 50 años.
Muchos son disidencias de esa organización, otros son grupos paramilitares que nunca se extinguieron, otros son delincuencia común que buscan protagonismo, otros son el ELN, que aunque niega su actuar, hacen parte del conflicto bélico del país, pero sin duda, aquí también tienen participación organizaciones políticas y grupos privados que ven en las luchas sociales una amenaza para sus intereses propios.
Y es que es doloroso que desde que se firmó lo pactado en la Habana, Cuba, en diciembre de 2016, sean 293 personas las asesinadas en Colombia, 293 familias destruidas, 293 comunidades afectadas, 293 ojos que han llorado.
Según Indepaz el departamento donde más han muerto líderes sociales es Cauca con 56 personas, luego le sigue Antioquia con 45, Nariño con 28 y el Valle del Cauca con 23.
Como en una bicicleta todo terreno, la muerte se ha comenzado a pasear por los caminos donde no hay pavimento, ha dejado en cada pedalazo una sensación de dolor. Pero lo que no sabe es que los pies que pedalean esa bicicleta, si se detienen, hacen que se caiga.
El pasado seis de julio miles de personas salieron a las calles y marcharon hasta los principales parques del país a rechazar, precisamente, esa sombra de muerte que ha venido acobijando el territorio nacional, y lo hicieron con velas, miles de luces encendidas como símbolo de unidad que, si nos hubieran visto desde alguna unidad espacia, podríamos haber brillado más que Las Vegas en Estados Unidos.
¿Por qué callar?
En este país alzar la voz no debe ser sinónimo de ataúdes, en este país no solo se puede sentir patriotismo cuando juega la Selección Colombia y mucho menos solo se debe sentir tristeza cuando a esos 22 heroicos muchachos los eliminan de la competencia.
Lo peor es que se nos olvida con los gritos de Gol que muchos de esos jugadores salieron de esas zonas donde hoy continúan matando personas. Los mejores jugadores los pone el Cauca, Antioquia y el Pacífico, donde la desigualdad social es tan latente que se podría decir que el juego con la pelota fue la única salida ante un país que no tiene oportunidades.
Por eso marchó el país, con las velas en las manos, con los ojos aguados y con los pies temblorosos de tanto brincar.
Fueron aproximadamente tres mil personas en Cali (tercera ciudad más importante de Colombia, después e Bogotá y Medellín), sino fueron más, las que se congregaron en los gritos de justicia, se paralizó por un momento el tráfico citadino pero era comprensible. Señoras y señoras, nos están asesinando.
Uno comienza a comprender que lo que dijo Luis Carlos Villegas, ministro de defensa de Colombia, no tiene nada de loco.
Una vez afirmó que los asesinatos a líderes fueron por “líos de faldas”, afirmación que, después de mucho tiempo, comienzo a darle la razón. Faldas de una montaña que se muere por la minería, faldas de una montaña que es explotada por los narcotraficantes para que produzcan coca, faldas de una montaña que es arrasada por las grandes constructoras que quieren levantar edificios, faldas de las montañas que se quedan áridas por culpa de los terratenientes.
¿Hasta cuándo?
Aquí el problema ya no es de izquierda ni de derecha, no es de liberales ni de conservadores, aquí la mayoría tiene las manos untadas de miseria a la hora de robarse la plata que el pueblo suda, aquí la mayoría tiene las manos llenas de sangre cuando firman contratos a sus amaños, aquí la mayoría cuenta con los subsidios para llenarse sus arcas mientras los que los necesitan se mueren sin oportunidades.
No queremos que los muertos queden en silencio, ya bastante sangre se ha derramado, ya bastante hemos llorado en un país que no se alegra sino es por el deporte ya que, lamentablemente, nuestros líderes se hacen los ciegos ante una paleta de colores.
Por Mario Baos
Integrante HUMANOS
Cali, Valle, Colombia
Instagram: Mario Baos
Twitter: @MarioxBaos
Facebook: Mario Baos
Estaba en casa, acompañado de su familia, cuando Islenio Muñoz sintió cómo la sombra de la muerte golpeaba a su puerta la noche del pasado 29 de junio.
Eran hombres encapuchados que, con armas de fuego, irrumpieron su tranquilidad con la violencia de los insultos diciéndole que lo iban a matar, y que era mejor que se fuera del corregimiento Bolo Blanco, zona rural del municipio de Pradera, en el departamento del Valle del Cauca, donde tiene su parcela.
La noche, cargada de terror, no cesó hasta que, en medio de golpes y empujones, el líder fue asaltado por esas mismas personas quienes se le robaron parte de sus ahorros, el pasaporte, la cédula, su celular y otros documentos de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (Astracava), la cual lidera.
Como él son cientos de personas, defensoras de tierras, de derechos humanos, del agua, presidentes de Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, quienes viven con el miedo entre los labios y la mirada, temiendo que las balas silencien la lucha que a diario sostienen para llevar paz y progreso a sus territorios.
Pero, ¿Por qué la muerte tiene que silenciar a los portadores de vida?
Según un informe entregado por la Marcha Patriótica, la Cumbre Agraria y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, solamente en lo corrido del 2018 han sido asesinados cerca de 180 líderes sociales en el país, sin contar los cientos de panfletos amenazantes, firmados por grupos paramilitares, que ya fueron sembrando terror en las montañas donde no alcanzan a llegar los medios de comunicación.
Al parecer, en Colombia, la paz dejó silenciados los fusiles de la exguerrilla de las Farc en algunas zonas, pero agudizó el oído de quienes quieren escuchar el sonido de la sangre correr en aquellos territorios que fueron despojadas de ese conflicto que duró más de 50 años.
Muchos son disidencias de esa organización, otros son grupos paramilitares que nunca se extinguieron, otros son delincuencia común que buscan protagonismo, otros son el ELN, que aunque niega su actuar, hacen parte del conflicto bélico del país, pero sin duda, aquí también tienen participación organizaciones políticas y grupos privados que ven en las luchas sociales una amenaza para sus intereses propios.
Y es que es doloroso que desde que se firmó lo pactado en la Habana, Cuba, en diciembre de 2016, sean 293 personas las asesinadas en Colombia, 293 familias destruidas, 293 comunidades afectadas, 293 ojos que han llorado.
Según Indepaz el departamento donde más han muerto líderes sociales es Cauca con 56 personas, luego le sigue Antioquia con 45, Nariño con 28 y el Valle del Cauca con 23.
Como en una bicicleta todo terreno, la muerte se ha comenzado a pasear por los caminos donde no hay pavimento, ha dejado en cada pedalazo una sensación de dolor. Pero lo que no sabe es que los pies que pedalean esa bicicleta, si se detienen, hacen que se caiga.
El pasado seis de julio miles de personas salieron a las calles y marcharon hasta los principales parques del país a rechazar, precisamente, esa sombra de muerte que ha venido acobijando el territorio nacional, y lo hicieron con velas, miles de luces encendidas como símbolo de unidad que, si nos hubieran visto desde alguna unidad espacia, podríamos haber brillado más que Las Vegas en Estados Unidos.
¿Por qué callar?
En este país alzar la voz no debe ser sinónimo de ataúdes, en este país no solo se puede sentir patriotismo cuando juega la Selección Colombia y mucho menos solo se debe sentir tristeza cuando a esos 22 heroicos muchachos los eliminan de la competencia.
Lo peor es que se nos olvida con los gritos de Gol que muchos de esos jugadores salieron de esas zonas donde hoy continúan matando personas. Los mejores jugadores los pone el Cauca, Antioquia y el Pacífico, donde la desigualdad social es tan latente que se podría decir que el juego con la pelota fue la única salida ante un país que no tiene oportunidades.
Por eso marchó el país, con las velas en las manos, con los ojos aguados y con los pies temblorosos de tanto brincar.
Fueron aproximadamente tres mil personas en Cali (tercera ciudad más importante de Colombia, después e Bogotá y Medellín), sino fueron más, las que se congregaron en los gritos de justicia, se paralizó por un momento el tráfico citadino pero era comprensible. Señoras y señoras, nos están asesinando.
Uno comienza a comprender que lo que dijo Luis Carlos Villegas, ministro de defensa de Colombia, no tiene nada de loco.
Una vez afirmó que los asesinatos a líderes fueron por “líos de faldas”, afirmación que, después de mucho tiempo, comienzo a darle la razón. Faldas de una montaña que se muere por la minería, faldas de una montaña que es explotada por los narcotraficantes para que produzcan coca, faldas de una montaña que es arrasada por las grandes constructoras que quieren levantar edificios, faldas de las montañas que se quedan áridas por culpa de los terratenientes.
¿Hasta cuándo?
Aquí el problema ya no es de izquierda ni de derecha, no es de liberales ni de conservadores, aquí la mayoría tiene las manos untadas de miseria a la hora de robarse la plata que el pueblo suda, aquí la mayoría tiene las manos llenas de sangre cuando firman contratos a sus amaños, aquí la mayoría cuenta con los subsidios para llenarse sus arcas mientras los que los necesitan se mueren sin oportunidades.
No queremos que los muertos queden en silencio, ya bastante sangre se ha derramado, ya bastante hemos llorado en un país que no se alegra sino es por el deporte ya que, lamentablemente, nuestros líderes se hacen los ciegos ante una paleta de colores.
AMENAZAN A PERIODISTA Y LIDER SOCIAL EN PUTUMAYO
Por Germán de Jesús Arenas
Integrante HUMANOS
Mocoa, Putumayo, Colombia
La líder social y periodista "Laura Montoya”, seudónimo que utiliza desde el año 2008 luego que fuese amenazada de muerte por desconocidos en Puerto Asís, por promover la firmaton que en su momento la senadora Gilma Jiménez, realizaba para que se aprobara la pena de muerte a violadores de menores de edad, se encuentra amenaza de muerte.
En esta ocasión manifiesta Montoya, que un hombre la llamo a su teléfono móvil en horas de la noche desde un número privado, donde le manifestaba textualmente: “periodista hp, se calla o le llenamos la boca de plomo”.
Hay que anotar que ella organizo en Mocoa, Putumayo, la Jornada Nacional de Velatón, realizada el pasado seis de julio en todo el páis, en rechazo por los asesinatos y amenazas a líderes sociales en Colombia, en los últimos días.
“Estaba con varios amigos recogiendo las carpas que utilizamos en la Velatón, cuando recibe la llamada de un hombre que con una voz fuerte y palabras soeces me hablaba”, relato Laura Montoya.
A raíz de esta amenaza, la Unidad Nacional de Protección estudia un plan de protección inmediato. Por su parte el comandante de la policía en el Putumayo, coronel Harold Barrera, manifestó que en estos momentos se le está brindando un acompañamiento en seguridad mientras se monta un esquema de seguridad permanente.
La Fundación para la libertad de Prensa Flip, está argumentando el caso para hacerle un acompañamiento a Laura Montoya, como también la Federación Colombiana de Periodistas, Fecolper.
“Por favor no me dejen sola tengo mucho miedo por lo que me pueda pasar a mí y a mi familia”, relato Laura Montoya, al tiempo que culpo de este hecho a los enemigos dela paz o los que no quieren que se diga la verdad sobre la violación de los derechos humanos que vienen ocurriendo en departamento como el Putumayo.
Hay que anotar que “Laura Montoya”, es una de las tantas víctimas de la tragedia de la avalancha de Mocoa del 31 de marzo del 2017, y que hoy viene liderando en la parte social el tema de la reconstrucción de Mocoa, junto con otros líderes, además de eso estuvo haciendo parte de la campaña presidencial de Gustavo Petro, participando en programas radiales donde criticaba y cuestionaba al expresidente y hoy senador, Álvaro Uribe.
Ella ha pedido que se le mantenga en reserva su verdadero nombre por cuestiones de seguridad.
Por Germán de Jesús Arenas
Integrante HUMANOS
Mocoa, Putumayo, Colombia
La líder social y periodista "Laura Montoya”, seudónimo que utiliza desde el año 2008 luego que fuese amenazada de muerte por desconocidos en Puerto Asís, por promover la firmaton que en su momento la senadora Gilma Jiménez, realizaba para que se aprobara la pena de muerte a violadores de menores de edad, se encuentra amenaza de muerte.
En esta ocasión manifiesta Montoya, que un hombre la llamo a su teléfono móvil en horas de la noche desde un número privado, donde le manifestaba textualmente: “periodista hp, se calla o le llenamos la boca de plomo”.
Hay que anotar que ella organizo en Mocoa, Putumayo, la Jornada Nacional de Velatón, realizada el pasado seis de julio en todo el páis, en rechazo por los asesinatos y amenazas a líderes sociales en Colombia, en los últimos días.
“Estaba con varios amigos recogiendo las carpas que utilizamos en la Velatón, cuando recibe la llamada de un hombre que con una voz fuerte y palabras soeces me hablaba”, relato Laura Montoya.
A raíz de esta amenaza, la Unidad Nacional de Protección estudia un plan de protección inmediato. Por su parte el comandante de la policía en el Putumayo, coronel Harold Barrera, manifestó que en estos momentos se le está brindando un acompañamiento en seguridad mientras se monta un esquema de seguridad permanente.
La Fundación para la libertad de Prensa Flip, está argumentando el caso para hacerle un acompañamiento a Laura Montoya, como también la Federación Colombiana de Periodistas, Fecolper.
“Por favor no me dejen sola tengo mucho miedo por lo que me pueda pasar a mí y a mi familia”, relato Laura Montoya, al tiempo que culpo de este hecho a los enemigos dela paz o los que no quieren que se diga la verdad sobre la violación de los derechos humanos que vienen ocurriendo en departamento como el Putumayo.
Hay que anotar que “Laura Montoya”, es una de las tantas víctimas de la tragedia de la avalancha de Mocoa del 31 de marzo del 2017, y que hoy viene liderando en la parte social el tema de la reconstrucción de Mocoa, junto con otros líderes, además de eso estuvo haciendo parte de la campaña presidencial de Gustavo Petro, participando en programas radiales donde criticaba y cuestionaba al expresidente y hoy senador, Álvaro Uribe.
Ella ha pedido que se le mantenga en reserva su verdadero nombre por cuestiones de seguridad.
LAS MUJERES DE LA GUERRA, VOCERAS DE LA PAZ
Angi, Adela y Soraya hacen parte de ese 35% de excombatientes mujeres de las Farc.
Angie
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Adela
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Zoraya
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Victoria Sandino Palmera
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Por Germán de Jesús Arenas
Integrante HUMANOS
Mocoa, Putumayo, Colombia
En la Zona Veredal Transitoria de La Carmelita, en Puerto Asís, Putumayo, viven 378 guerrilleros del Bloque Sur de las Farc. 246 son hombres y 132, mujeres. Angi, Adela y Soraya hacen parte de ese 35 % de excombatientes mujeres. Sus historias hacen parte de ese espiral de violencia y olvido que ha padecido por décadas el sur del país.
Angi es una excombatiente del Bloque Sur de las Farc. Ingresó a este grupo armado cuando tenía 11 años y siempre permaneció en el Frente 32, en el que patrullaba poblaciones del sur de Caquetá y norte del Putumayo. Hoy tiene 28 años.
Ella se considera como una niña de la guerra. Dice que enroló en las filas rebeldes por la falta de oportunidades. No pudo estudiar en su vereda porque no tenían ni escuela y menos profesor.
Nació en un hogar campesino en 1.989 en una vereda de un municipio de Caquetá. No dice en cuál por la seguridad de su familia. Pero sí insiste en afirmar que nunca se ha arrepentido de haber ingresado a las Farc. “Ha sido un lugar donde me han respetado los derechos, donde me han tenido en cuenta para todo. Tenemos los mismos derechos que los hombres. No es cierto que la mujer cuando ingresaba a las Farc, y si era bonita tenía que estar con el mando superior de la unidad como lo han referido los mismos medios de comunicación”, expresa.
En el monte era una guerrillera de fusil. Una combatiente más. En muchas ocasiones sintió la muerte muy cerca. Y recuerda que en el 2005 su campamento fue bombardeado por el enemigo en la zona norte del Putumayo. Allí perdió a tres compañeros. A uno de ellos lo consideraba como un hermano. Ella, solo tenía 16 años en ese momento.
Hoy, sin camuflado y sin fusil, Angi hace parte de la comisión de socialización de los acuerdos de Paz firmados en La Habana, Cuba. Recorre las oficinas de alcaldes, concejales y diputados del Putumayo explicándoles los puntos.
El Bloque Sur conformó hace varios meses una comisión de socialización con 30 guerrilleros. A Angi le fue delegada los municipios el Medio Putumayo, entre ellos su capital: Mocoa.
Apenas termine esta etapa, su meta es ingresar a la universidad a estudiar sociología y en algún momento hacer parte del partido político de las Farc.
Adela
Adela creció en la vereda El Azul, Valle del Guamuéz, Putumayo. Cuando tenía 13 años su familia fue masacrada por los paramilitares. Sus papás y cinco hermanos fueron asesinados, en el 2002. Eran humildes campesinos que vivían del cultivo de matas de coca, pero fueron señalados de colaboradores de las Farc.
“A esa edad la impresión es terrible porque quedé desprotegida. Ahí conocí a las Farc y sencillamente pedí el ingreso”, cuenta.
Al ingresar al Bloque Sur de las Farc casi no sabía ni leer ni escribir. Recuerda que uno de sus profesores fue el comandante José Benito Cabrera, alias Fabián Ramírez, líder histórico de este grupo.
‘Fabián Ramírez’ le impartió instrucción militar: a usar un fusil, a combatir… A los 15 años ya estaba disparando. Adela cuenta que escaló posiciones e iba a llegar a ser comandante de escuadra.
“No fue una guerrilla machista. Mis comandantes valoraban mi comportamiento en las filas. Fui una combatiente con muchas horas de contactos armados y con una gran destreza en el manejo de armamento largo, siempre estuve en las comisiones de orden público al frente del combate”, dice.
Adela cuenta su historia mientras trabaja en la zona veredal. Corta palos de madera para alimentar el fogón donde preparan algunos alimentos para ella y sus camaradas. Las funciones de aseo y ranchería, se las reparten, así como en la guerra.
Hoy sueña con obtener su diploma de bachiller y luego tomar cursos en el Sena en Agricultura en Precisión.
También dice que quiere tener un hijo. “Ya lo hemos planeado con mi pareja”, expresa, mientras hace un gesto de afirmación con su cabeza.
Actualmente diez guerrilleras del Bloque Sur están en embarazo y se han registrado seis nacimientos en los últimos meses. Sus hijos son llamados “Los niños de la paz”.
Zoraya
Zoraya colgó su fusil en medios de osos de peluche, cobertores y teteros. Tomó entre sus brazos a un bebé y le dio pecho. Su niña de cuatro meses es el mejor regalo que le ha dado la vida. Hace 17 años ingresó a la guerrilla de las Farc, cansada del maltrato de su familia: su padrastro la golpeaba y la insultaba, su hermano mayor abusaba sexualmente de ella.
“Cosas que quedaron en el pasado porque hoy mi familia es las Farc donde me lo han dado todo en la vida, hasta esta bella hija”, dice. Sonríe mientras amamanta a su bebé en una de las construcciones de la Zona Veredal de Transición y de Normalización en la vereda La Carmelita Putumayo.
Tiempo atrás, cuando llevaba el fusil terciado y vestía de camuflado, era una guerrillera más. “Fui al combate como cualquier de los hombres que hacían parte de mi frente. Inclusive en un contacto armado con el ejército fui herida en un brazo, gracias a la acción de los camaradas encargados de la salud de los guerrilleros me lograron curar y a los tres meses estaba de nuevo con mi fusil al hombro”, cuenta.
En la guerrilla se tiene una férrea disciplina. Una de las reglas era que las guerrilleras no podían tener hijos y a veces cuando alguna quedaba en embarazo se tenía que hacer un aborto, pero en otras ocasiones se les permitía tener a sus hijos, aunque y a los pocos meses los entregaban a un familiar cercano o a una familia campesina para que los cuidaran.
“Nunca nos quitaron el derecho de ser madres pero sí estábamos advertidas que por el bien de los niños no se podían tener en los campamentos por los combates. Desde hace más de dos años nos informaron que las parejas que quisieran tener sus hijos podían hacerlo sin problema, porque la paz estaba ya cerca”, recuerda Zoraya.
En 1990 la planificación con anticonceptivos se volvió obligatoria dentro de las Farc, según Victoria Sandino, jefe y negociadora de las Farc.
“El aborto fue una práctica que, en las condiciones que estábamos tuvimos que vivir”, señala Sandino.
“Para la mayoría de las mujeres unos de sus principales anhelos es el de ser mamá y acá ese anhelo o mejor ese derecho estaba truncado por la dinámica del conflicto pero hoy ese derecho lo tienen adquirido gracias a la paz”, agrega.
Victoria Sandino Palmera
“En las Farc siempre hubo y habrá igualdad entre guerrilleros y guerrilleras”, afirma Victoria Sandino, una de las negoaciadoras de la guerrilla en la Habana.
La excombatiente -una de las mujeres que más alto llegó en las Farc como integrante del Estado Mayor del Bloque Suroccidente y responsable de organización y relacionamiento en el Comando Central Adán Izquerdo- explica que el tema de género dentro de las filas guerrilleras no fue nada fácil, a pesar que “la guerra los igualaba”.
Cuenta que en 1.964, en sus comienzos, las Farc estaba conformada por 48 hombres y 4 mujeres. Dos de ellas: Georgina Ortiz y Miryam Narváez lograron firmar el primer programa agrario de las Farc. “Desde allí se puede hablar de la igualdad de género”, señala.
Pero el hecho que hombres y mujeres cocinaran “rancharan” en los campamentos no era garantía de una igualdad de género hasta después del año 2.000 cuando la mujer guerrillera logró obtener mayor responsabilidad en el rol del conflicto llevándolas a ocupar cargos como comandantes de frentes y de bloques, como el caso de Erika Moreno y Karina.
Victoria Sandino fue parte de los diálogos de Paz en La Habana Cuba, en abril del 2013, estuvo en la Subcomisión de Genero Su bandera: la igualdad de género. Ahora forma parte de la comisión de la implementación de los acuerdos de paz.
En la décima conferencia nacional guerrillera celebrada en septiembre del 2016 en las sabanas del Yarí Caquetá, Sandino estuvo al frente del grupo que buscaba concretar la participación de las mujeres en instancias de decisión de las Farc ante la transformación de la agrupación guerrillera en partido político. En la fecha de la celebración de la conferencia solo una mujer: Erika Montero, formaba parte del Estado Mayor de las Farc, que contaba, con 31 miembros. Ninguna mujer hacia parte del secretariado.
Victoria Sandino relata que el tema del feminismo dentro de las tropas creó algo de malestar entre los hombres, ya que nunca querían aceptar que las mujeres impusieran sus derechos. Hoy en día entre las farianas existe una sororidad en el tema de feminismo el cual lo describen como una doctrina social favorable a la mujer.
“Esta investigación fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción, la Embajada de Suecia y la Organización para las Migraciones (OIM) para el proyecto CdR/Lab Con Enfoque”.
Fotos: Germán de Jesús Arenas
Integrante HUMANOS
Mocoa, Putumayo, Colombia
En la Zona Veredal Transitoria de La Carmelita, en Puerto Asís, Putumayo, viven 378 guerrilleros del Bloque Sur de las Farc. 246 son hombres y 132, mujeres. Angi, Adela y Soraya hacen parte de ese 35 % de excombatientes mujeres. Sus historias hacen parte de ese espiral de violencia y olvido que ha padecido por décadas el sur del país.
Angi es una excombatiente del Bloque Sur de las Farc. Ingresó a este grupo armado cuando tenía 11 años y siempre permaneció en el Frente 32, en el que patrullaba poblaciones del sur de Caquetá y norte del Putumayo. Hoy tiene 28 años.
Ella se considera como una niña de la guerra. Dice que enroló en las filas rebeldes por la falta de oportunidades. No pudo estudiar en su vereda porque no tenían ni escuela y menos profesor.
Nació en un hogar campesino en 1.989 en una vereda de un municipio de Caquetá. No dice en cuál por la seguridad de su familia. Pero sí insiste en afirmar que nunca se ha arrepentido de haber ingresado a las Farc. “Ha sido un lugar donde me han respetado los derechos, donde me han tenido en cuenta para todo. Tenemos los mismos derechos que los hombres. No es cierto que la mujer cuando ingresaba a las Farc, y si era bonita tenía que estar con el mando superior de la unidad como lo han referido los mismos medios de comunicación”, expresa.
En el monte era una guerrillera de fusil. Una combatiente más. En muchas ocasiones sintió la muerte muy cerca. Y recuerda que en el 2005 su campamento fue bombardeado por el enemigo en la zona norte del Putumayo. Allí perdió a tres compañeros. A uno de ellos lo consideraba como un hermano. Ella, solo tenía 16 años en ese momento.
Hoy, sin camuflado y sin fusil, Angi hace parte de la comisión de socialización de los acuerdos de Paz firmados en La Habana, Cuba. Recorre las oficinas de alcaldes, concejales y diputados del Putumayo explicándoles los puntos.
El Bloque Sur conformó hace varios meses una comisión de socialización con 30 guerrilleros. A Angi le fue delegada los municipios el Medio Putumayo, entre ellos su capital: Mocoa.
Apenas termine esta etapa, su meta es ingresar a la universidad a estudiar sociología y en algún momento hacer parte del partido político de las Farc.
Adela
Adela creció en la vereda El Azul, Valle del Guamuéz, Putumayo. Cuando tenía 13 años su familia fue masacrada por los paramilitares. Sus papás y cinco hermanos fueron asesinados, en el 2002. Eran humildes campesinos que vivían del cultivo de matas de coca, pero fueron señalados de colaboradores de las Farc.
“A esa edad la impresión es terrible porque quedé desprotegida. Ahí conocí a las Farc y sencillamente pedí el ingreso”, cuenta.
Al ingresar al Bloque Sur de las Farc casi no sabía ni leer ni escribir. Recuerda que uno de sus profesores fue el comandante José Benito Cabrera, alias Fabián Ramírez, líder histórico de este grupo.
‘Fabián Ramírez’ le impartió instrucción militar: a usar un fusil, a combatir… A los 15 años ya estaba disparando. Adela cuenta que escaló posiciones e iba a llegar a ser comandante de escuadra.
“No fue una guerrilla machista. Mis comandantes valoraban mi comportamiento en las filas. Fui una combatiente con muchas horas de contactos armados y con una gran destreza en el manejo de armamento largo, siempre estuve en las comisiones de orden público al frente del combate”, dice.
Adela cuenta su historia mientras trabaja en la zona veredal. Corta palos de madera para alimentar el fogón donde preparan algunos alimentos para ella y sus camaradas. Las funciones de aseo y ranchería, se las reparten, así como en la guerra.
Hoy sueña con obtener su diploma de bachiller y luego tomar cursos en el Sena en Agricultura en Precisión.
También dice que quiere tener un hijo. “Ya lo hemos planeado con mi pareja”, expresa, mientras hace un gesto de afirmación con su cabeza.
Actualmente diez guerrilleras del Bloque Sur están en embarazo y se han registrado seis nacimientos en los últimos meses. Sus hijos son llamados “Los niños de la paz”.
Zoraya
Zoraya colgó su fusil en medios de osos de peluche, cobertores y teteros. Tomó entre sus brazos a un bebé y le dio pecho. Su niña de cuatro meses es el mejor regalo que le ha dado la vida. Hace 17 años ingresó a la guerrilla de las Farc, cansada del maltrato de su familia: su padrastro la golpeaba y la insultaba, su hermano mayor abusaba sexualmente de ella.
“Cosas que quedaron en el pasado porque hoy mi familia es las Farc donde me lo han dado todo en la vida, hasta esta bella hija”, dice. Sonríe mientras amamanta a su bebé en una de las construcciones de la Zona Veredal de Transición y de Normalización en la vereda La Carmelita Putumayo.
Tiempo atrás, cuando llevaba el fusil terciado y vestía de camuflado, era una guerrillera más. “Fui al combate como cualquier de los hombres que hacían parte de mi frente. Inclusive en un contacto armado con el ejército fui herida en un brazo, gracias a la acción de los camaradas encargados de la salud de los guerrilleros me lograron curar y a los tres meses estaba de nuevo con mi fusil al hombro”, cuenta.
En la guerrilla se tiene una férrea disciplina. Una de las reglas era que las guerrilleras no podían tener hijos y a veces cuando alguna quedaba en embarazo se tenía que hacer un aborto, pero en otras ocasiones se les permitía tener a sus hijos, aunque y a los pocos meses los entregaban a un familiar cercano o a una familia campesina para que los cuidaran.
“Nunca nos quitaron el derecho de ser madres pero sí estábamos advertidas que por el bien de los niños no se podían tener en los campamentos por los combates. Desde hace más de dos años nos informaron que las parejas que quisieran tener sus hijos podían hacerlo sin problema, porque la paz estaba ya cerca”, recuerda Zoraya.
En 1990 la planificación con anticonceptivos se volvió obligatoria dentro de las Farc, según Victoria Sandino, jefe y negociadora de las Farc.
“El aborto fue una práctica que, en las condiciones que estábamos tuvimos que vivir”, señala Sandino.
“Para la mayoría de las mujeres unos de sus principales anhelos es el de ser mamá y acá ese anhelo o mejor ese derecho estaba truncado por la dinámica del conflicto pero hoy ese derecho lo tienen adquirido gracias a la paz”, agrega.
Victoria Sandino Palmera
“En las Farc siempre hubo y habrá igualdad entre guerrilleros y guerrilleras”, afirma Victoria Sandino, una de las negoaciadoras de la guerrilla en la Habana.
La excombatiente -una de las mujeres que más alto llegó en las Farc como integrante del Estado Mayor del Bloque Suroccidente y responsable de organización y relacionamiento en el Comando Central Adán Izquerdo- explica que el tema de género dentro de las filas guerrilleras no fue nada fácil, a pesar que “la guerra los igualaba”.
Cuenta que en 1.964, en sus comienzos, las Farc estaba conformada por 48 hombres y 4 mujeres. Dos de ellas: Georgina Ortiz y Miryam Narváez lograron firmar el primer programa agrario de las Farc. “Desde allí se puede hablar de la igualdad de género”, señala.
Pero el hecho que hombres y mujeres cocinaran “rancharan” en los campamentos no era garantía de una igualdad de género hasta después del año 2.000 cuando la mujer guerrillera logró obtener mayor responsabilidad en el rol del conflicto llevándolas a ocupar cargos como comandantes de frentes y de bloques, como el caso de Erika Moreno y Karina.
Victoria Sandino fue parte de los diálogos de Paz en La Habana Cuba, en abril del 2013, estuvo en la Subcomisión de Genero Su bandera: la igualdad de género. Ahora forma parte de la comisión de la implementación de los acuerdos de paz.
En la décima conferencia nacional guerrillera celebrada en septiembre del 2016 en las sabanas del Yarí Caquetá, Sandino estuvo al frente del grupo que buscaba concretar la participación de las mujeres en instancias de decisión de las Farc ante la transformación de la agrupación guerrillera en partido político. En la fecha de la celebración de la conferencia solo una mujer: Erika Montero, formaba parte del Estado Mayor de las Farc, que contaba, con 31 miembros. Ninguna mujer hacia parte del secretariado.
Victoria Sandino relata que el tema del feminismo dentro de las tropas creó algo de malestar entre los hombres, ya que nunca querían aceptar que las mujeres impusieran sus derechos. Hoy en día entre las farianas existe una sororidad en el tema de feminismo el cual lo describen como una doctrina social favorable a la mujer.
“Esta investigación fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción, la Embajada de Suecia y la Organización para las Migraciones (OIM) para el proyecto CdR/Lab Con Enfoque”.
Fotos: Germán de Jesús Arenas
BALAS PERDIDAS. SUEÑOS PERDIDOS
Por Juan Carlos Díaz
Integrante HUMANOS
Cali, Colombia
Cardióloga o Veterinaria. Ingeniera Industrial. Abogada. Profesor o Policía.Futbolista, Bombero y Arquitecta, eran los sueños de varios niños, niñas y adolescentes, entre los diez y quince años de edad, que han resultado muertos por las mal llamadas “balas perdidas”, durante enfrentamientos registrados entre pandillas, por ajustes de cuentas y hasta en celebraciones, en barrios de Cali, la tercera ciudad en importancia en Colombia, después de Bogotá y Medellín.
Desde bebes en el vientre de su madre, pasando por niños, niñas y adolescentes, han tenido que padecer en Cali, de una violencia que no les pertenece. Han sido víctimas de las mal llamadas “balas perdidas”, que les han causado su muerte o lesiones de por vida, pese a no hacer parte de ningún tipo de conflicto, pero que habitan o transitan por sectores del oriente, nororiente y ladera de la ciudad, en donde se presentan enfrentamiento entre pandillas, se registran ajustes de cuentas, proliferan las “Fronteras Invisibles” o “Líneas Imaginarias”, y hasta cuando se hacen celebraciones por un partido de fútbol en la vía pública.
Para nadie es un secreto, que América Latina y el Caribe continúa siendo la región más violenta del planeta. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, sostiene que “aunque esta región tiene tan solo un ocho por ciento de la población global, en ella ocurren más del 30% de los homicidios del mundo. Si bien se trata de un problema regional, la falta de seguridad se vive en lo local, en los barrios y en las ciudades de América Latina y el Caribe”.
Esa falta de seguridad sigue ocasionando que los niñas, niños, adolescentes y mujeres permanentemente estén en una situación de mayor vulnerabilidad, como ocurre cuando se encuentran en las calles.
Entre el 2010 y 2016, se presentaron 13 casos de menores muertos (siete niñas y seis niños) por “balas perdidas” en Cali, según la Secretaría de Gobierno Convivencia y Seguridad de la Alcaldía, que estableció que en 2015, la ciudad registró 1.378 homicidios y en 2016 un total de 1.297, lo que representó 81 casos menos.
En los años 2015 y 2016, la Comuna de Cali que registró el mayor número de homicidios fue la 15, conocida como el Distrito de Aguablanca, conformada por los barrios Comuneros I, Mojica, Laureano Gómez, El Retiro, El Vallado, Ciudad Córdoba, Bajos de Ciudad Córdoba o Morichal de Comfandi y Llano Verde, en su mayoría habitada por gente que llego a la ciudad, desplazada de la violencia armada, especialmente del pacífico y el sur de Colombia.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, regional suroccidente, durante 2015 atendió un total de 711 casos por presuntos homicidios en Cali, de los cuales, 5 fueron niñas y 24 niños hasta los 14 años de edad, así como 11 mujeres y 217 jóvenes, entre los 15 y 18 años de edad, para un total de 257 menores muertos en hechos violentos durante ese año.
En el 2016, Medicina Legal en Cali, atendió un total de 571 casos por presuntos homicidios, de los cuales, 4 fueron de niñas y 17 niños hasta los 14 años de edad, así como 5 mujeres y 156 jóvenes, entre los 15 y 18 años de edad, para un total de 182 menores asesinados en el último año.
Cabe anotar, que el Instituto Nacional de Medicina Legal, ubico al Valle del Cauca como el departamento más violento en 2016, incluida la ciudad de Cali.
De acuerdo con las estadísticas suministradas por el Centro de Investigaciones Criminológicas de la Policía Metropolitana de Cali, durante el 2016, el índice de homicidios en la ciudad se redujo en -7% con 90 casos menos frente a los reportes generados en el año 2015 (información cruzada con observatorio de seguridad de la Alcaldía Municipal).
Durante el 2016, la Policía en Cali capturó 8.014 personas por diferentes delitos, se incautó 1.414 armas de fuego y desarticuló 161 estructuras delincuenciales dedicadas al homicidio, al hurto en todas sus modalidades y al microtráfico entre otros, que afectaban la tranquilidad en las diferentes comunas.
El trabajo operativo de la Policía en Cali, a través del programa “Tratamiento Integral de Pandillas” a permitido que sean intervenidas 33 pandillas de las comunas de Cali e impactado 742 Jóvenes.
Actualmente se realiza un trabajo de acercamiento con 20 pandillas. Se espera, en poco tiempo, estén vinculadas a este programa que hasta al momento ha alcanzado resultados como la reducción en homicidios con -181 casos y en lesiones en la modalidad de riñas o conflicto entre pandillas, en comparación con el año 2015.
La Policía Metropolitana de Cali, tiene identificadas 88 pandillas, distribuidas en 8 comunas de la ciudad, especialmente en la zona de ladera y el Distrito de Aguablanca, al oriente de Cali, en donde existen un promedio de 15 a 20 grupos de pandillas juveniles.
El Vicepresidente de Colombia, el general retirado Óscar Naranjo, quien fue Comandante de la Policía Metropolitana de Cali, recientemente dijo que “para fortuna de los caleños por primera vez en 25 años la ciudad está experimentando su tasa más baja de homicidios.
“Una tasa que ciertamente todavía es elevada, de 54 homicidios por 100 mil habitantes, pero la importancia es que después de 25 años estamos regresando a las tasas que realmente nos deben a todos inspirar conseguir”.
De acuerdo a un diagnostico situacional de inseguridad en Cali, de la Personería Municipal, las primeras causas de homicidios de niños, niñas y adolescentes en la ciudad, se deben a enfrentamientos entre pandillas y “balas perdidas”.
El Centro de Recursos para Análisis del Conflicto, Cerac, en su primera investigación sobre el problema de las “balas perdidas” en Colombia, estableció que en 10 años, según los registros de la prensa examinados, murieron al menos mil personas por disparos indiscriminados. Eso implica que cada 4 días hubo al menos una muerte por esta causa.
BALAS PERDIDAS
Se define como: aquella bala disparada intencionalmente, que ocasiona daños letales o no letales a una persona diferente a la que es el objetivo de quien acciona el arma de fuego.
PANDILLA
Una pandilla es un grupo de tres o más miembros, cuyas edades, en su mayoría, están entre los 12 y 28 años, cuyos miembros se dedican a actividades que infringen la ley y cuyo hábitat suele ser un lugar del espacio público del barrio.
“FRONTERAS INVISIBLES” O “LÍNEAS IMAGINARIAS”
Consiste en impedir el paso a un territorio determinado del barrio de una persona sea proveniente de una pandilla o no, estableciendo límites invisibles. Quien sobrepase tal frontera estará sentenciado a perder la vida. Las “fronteras invisibles” además se dan desde los barrios más deprimidos, donde hay conflictos intrafamiliares y pobreza desmesurada, lo que lleva al hurto y al sicariato.
DISPARAR SIN JUSTIFICACION EN COLOMBIA
Entre uno y cinco años de cárcel puede purgar una persona que sea sorprendida por la Policía haciendo disparos al aire con arma de fuego. Las penas están fijadas en la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley 1453 de 2011) que busca, entre otras cosas, que los colombianos usen responsablemente las armas de fuego.
El Artículo 18 de El Artículo 18 de esta norma establece: “Quien teniendo permiso para el porte o tenencia de armas de fuego la dispare sin que obre la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente e inevitable de otra manera, incurrirá en prisión de uno a cinco años, cancelación del permiso de porte y tenencia de dicha arma, y la imposibilidad por 20 años de obtener dicha autorización; siempre que la conducta aquí descrita no constituya delito sancionado con pena mayor”.
- LAS HISTORIAS -
Lizeth y Juan de 16 años de edad, Genith de 15, Daniela de 14, Daniel de 13, Brayan de 11, Ana, Brandon y Valeryn de 10 años, a pesar que nunca se conocieron, no estudiaron ni jugaron juntos, si tuvieron algo en común: murieron por la misma causa: “Balas Perdidas”.
Estas son varias, de las muchas historias de vida, de los niños, niñas y adolescentes, en Cali, que la guerra urbana les ha arrebato sus sueños.
Daniela Lasso de 14 años
“Ella quería ser cardióloga o veterinaria”
Para Flora María Lasso, madre de Daniela Lasso, su hija era una persona llena de sueños, el motor de la casa, era la felicidad y la alegría.
“Era una niña inteligente, que quería salir adelante, que tenía muchos proyectos a nivel personal, educativo y familiar. Era una persona bondadosa. Quería comprarse una casa con un lote grande, para recoger a todos los perros de la calle”, recuerda su madre.
Daniela, a quien le encantaban los fríjoles y el pollo asado, se había convertido en la felicidad de ese hogar, enclavado en la parte alta del municipio de Yumbo, en donde se encuentra el barrio Las Américas y al cual se llega de subir y bajar largas y por estrechas calles de cemento.
“Ella era todo para nosotros. Le daba vida a nuestro hogar. Ella era el ‘bastoncito’ de mi otra hija. Era la que le iba ayudar a salir adelante”.
Daniela Lasso no alcanzó a conocer el mar. Para los primeros días de enero de 2017, antes de su muerte a finales de diciembre de 2016, iba a viajar a la isla de San Andrés como regalo de cumpleaños. Aseguran sus padres que la niña contaba los días para el viaje, pero una “bala perdida”, acabo con ese otro sueño.
Daniela Lasso de 14 años, murió por una bala pérdida el martes 27 de diciembre de 2016, a las afueras de una bodega ubicada en la carrera 2a No. 15B-50, en el barrio Fray Peña, en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca, a las 9:05 PM, cuando se presentó una discusión entre varios hombres que participaban en una fiesta de despedida de una fábrica de confecciones en donde trabajaba la madre de la menor. La persona implicada en disparar no fue detenida. El proceso sigue en investigación.
Lizeth Dayana Castillo Ibarra de 16 años
“Quería estudiar Ingeniería Industrial”
Como una mujer emprendedora, alegre, con una sonrisa a toda hora, detallista, buena estudiante, responsable y que todo lo que se proponía, lo lograba, así la recuerda Ingrid Marcela Castillo, hermana mayor de Lizeth Dayana Castillo Ibarra.
Lizeth, que vivía con sus padres y hermana mayor en el populoso barrio Siloé, en la ladera occidental de Cali, en donde según las autoridades, existen al menos 26 pandillas al servicio de bandas criminales, con al menos 500 jóvenes delinquiendo, siempre decía que iba hacer una profesional pasa sacar a su familia adelante.
“Era una persona muy inteligente. Siempre tuvo un objetivo y siempre sabía para donde iba”. Y así fue. Lizeth resultó becada por el Gobierno Nacional para estudiar en la Universidad Javeriana de Cali, con el programa “Ser Pilo Paga”.
“Conmigo era muy especial. Siempre nos reímos mucho. Ella tenía su cuarto, pero siempre dormíamos juntas porque a mí me daba miedo hacerlo sola. Mi hermana fue el mejor regalo que mi Dios me pudo a ver dado”, asegura Ingrid.
A pesar de que Lizeth no le gustaba estar en la calle y de no estar en las esquinas, una “bala perdida” la busco dentro de su propia casa.
Lizeth Dayana Castillo Ibarra de 16 años, el 13 de noviembre de 2014, fue alcanzada por una “bala perdida” mientras se encontraba al interior de su casa, en la calle 5ta A Oeste No. 43 – 18, en el barrio Siloé, en la ladera de Cali, en un enfrentamiento entre pandillas del sector. El hombre causante de los disparos fue condenado a 35 años de cárcel, Víctor Ordoñez, alias “Cucurro”.
Genith Sinisterra Cumdumy, de 15 años
“Su proyecto de vida era ser una excelente abogada”
Como una niña que no le gusta la injusticia, era califica la pequeña Genith Sinisterra. Su hermano, Dayron Sinisterra, recuerda que ella decía que quería ser abogada porque quería defenderse.
“Tenía buen poder de convencimiento. Sabía lo que quería. Hubiera sido una excelente abogada”, sostiene Dayron.
Genith, que siempre estaba contenta, como la recuerdan en su hogar, al nororiente de Cali, fue calificada como muy buena estudiante y le gustaba vestir bien, como toda niña a esa edad.
Dayron, le quiebra la voz al recordar a Genith como la hermanita que se mantenía saltando, cantando, bailando y su manera de comer.
“Recuerdo más que todo que era muy exigente para comer. Muy delicada. Comía con una singular particularidad: Le gustaba mucho degustar la comida antes de ingerirla. El arroz con pollo era una de sus comidas predilectas”.
Dayron, lamenta aún, no haber podido regalar a su hermanita Genith, la camiseta de la Selección Colombia de Fútbol para el Mundial de Brasil 2014, fecha en la cual murió cuando una “bala perdida”, acabo con su sueño de ser una excelente abogada, en momentos en que aficionados celebraban con disparos el triunfo de Colombia ante Costa de Marfil.
Genith Sinisterra Cumdumy, de 15 años, el 19 de junio de 2014, a las dos de la tarde, fue alcanzada por una “bala perdida” cuando venía del colegio y se dirigía a visitar a su papá, a siete cuadras de su casa, en carrera 1B2 con 26, barrio Petecuy II Etapa, al nororiente de Cali, al parecer durante la celebración del triunfo de la Selección Colombia en el Mundial de Fútbol Brasil 2014. El causante de los disparos no ha sido detenido aún por las autoridades. El proceso sigue abierto.
Daniel Vargas Chávez de 13 años
“El anhelo de él era ser profesor o policía”
Sacar adelante a su abuela, enseñarle las vocales a los niños y escribir a los grandes, ayudar a la gente y tener una hermanita, eran los sueños que tenía Daniel Vargas, un niño de tan solo trece años de edad, que su madre anhela volverlo a tener a su lado, luego de que una “bala perdida” acabará con todo lo que el quería ser cuando grande, hace cerca de tres años.
Marilyn Chávez, madre de Daniel, nunca olvida que era un hijo obediente que no se mantenía en la calle.
“Recuerdo que era buen hijo, buen nieto, buen sobrino y buen compañero. Todo lo extraño. Dios lo quiso así y se me fue antes”.
Daniel, que se comía hasta cuatro platos de arroz con pollo, fue calificado por su mamá como un niño obediente: “Todo lo que yo le digiera el obedecía”.
La madre de Daniel Vargas espera que los que mataron a su hijo paguen con la justicia y con la justicia de Dios.
Daniel Vargas Chávez de 13 años, murió luego de que fuera alcanzado por una “bala perdida” durante una balacera registrada el 22 de agosto de 2014, en el andén de su casa, ubicada en la Diagonal 26 P15 No. 103D – 04, Marroquín Primera Etapa, al oriente de Cali. El proceso sigue abierto.
Ana Victoria Guevara Alegría de 10 años
“Quería ser bombero porque quería salvar vidas”
Haciendo honor a uno de sus apellidos, Ana Victoria Guevara, era Alegría, divertida, juiciosa y estudiosa.
“Le gustaba mucho el boxeo, el fútbol y decía que quería ser bombero”, recuerda con nostalgia su madre Elizabeth Guevara, quien asegura que tenía un corazón muy bonito y era muy pensante para la edad que tenía.
Ana, que casi no le exigía nada a su madre, era la encargada de cuidar a sus dos hermanitos cuando la mamá salía a trabajar.
“Muy bien se portaba. Era muy juiciosa. Muy amorosa. Era una niña muy linda. Era una niña muy especial. No le gustaba mucho la calle”.
Ana Victoria, a pesar de que nunca conoció una estación de bomberos en la ciudad de Cali, ella le decía a su mamá y quien le preguntará, que quería ser Bombero para salvar vidas.
Los últimos momentos que Elizabeth compartió con su hija, antes de que una “bala perdida” le truncará el sueño de ser Bombero, fue jugando a quien corría más. La mamá le ganó, pero Ana Victoria perdió la carrera de la vida.
Ana Victoria Guevara Alegría de 10 años, murió a causa de una “bala perdida” cuando se encontraba al frente de su casa, en la calle 56H No. 47 – 50, barrio Llano Verde, al oriente de Cali, el sábado 25 de abril de 2015, cuando el reloj marcaba las 9 y 30 de la noche, durante un presunto enfrentamiento entre pandillas. El proceso sigue abierto.
Valeryn Quiñonez Cruz de 10 años
“Cuando sea grande voy a ser Policía”
Para Lorena Quiñonez, tía de Valeryn Quiñonez Cruz, la casa está vacía sin ella.
“Ella era mi bastón. Todavía no lo puedo creer que la vida me haya quitado la niña de esta manera”, sostiene Lorena.
La recuerda como una niña muy vanidosa, juiciosa, atenta, juguetona y que le gustaba mucho estudiar.
“A su corta edad ya sabía secar arroz. Era muy alegre y bailaba mucho. Su comida preferida era el pescado”.
Lorena, que aún sueña con ella, sostiene que ella le decía que si no iba a ser Policía cuando grande, iba a ser arquitecta.
“Yo le decía que te estas yendo muy alto y que para eso tenía que estudiar bastante. Cuando venía de la escuela lo primero que hacía era lavar el uniforme, luego hacía las tareas y después se iba a jugar con sus amiguitas”.
Para Lorena, su nieta Valeryn, iba a ser una mujer muy vanidosa porque se mantenía en el espejo mirándose y bailando.
“Ella me dejó mucho recuerdos. La casa está vacía sin ella. Desde que nació, la crie. Dormía con ella”.
Lorena, siempre pensó que era ella la que se iba a morir ir más rápido, nunca se imaginó que era la niña la que le iba a pasar eso.
Valeryn Quiñonez Cruz de 10 años, murió el 16 de marzo de 2016 a las diez de la mañana, por una “bala perdida” cuando se encontraba en un sector conocido como “La Calle del Humo” localizada en el sector de Desepaz, al oriente de Cali, cuando iba a visitar a la madrina, luego de salir de estudiar en el Colegio Santa Isabel de Hungría, en Calimio-Desepaz, donde cursaba tercero de primaria. El proceso sigue abierto.
Brayan José Canizalez, de 11 años
“Cuando grande, quería ser una persona trabajadora”
Brayan José, un niño tímido y buen estudiante, decía que cuando fuera grande, quería ser una persona trabajadora y educada. Una persona de bien. Ser responsable como el hermano y su papá.
Su madre, Jenny Patricia Molina, recuerda que su hijo Brayan era un niño muy respetuoso y muy aplicado.
“En la casa mantenía sus cosas recogidas. Le enseñe a ser una persona muy organizada”.
Para Jenny, no simplemente mataron a un niño, sino que mataron a una persona que iba a ser alguien en la sociedad.
“Me parece una injusticia que quién lo mato todavía este vivo y los conflictos en el barrio siguen igual. Balas perdidas, balaceras y consumo en las esquinas, se ven todavía”.
Jenny Patricia Molina, califica la muerte de su pequeño hijo, Brayan José Canizalez, de 11 años, como una injusticia porque él no tenía nada que ver con los conflictos de la calle.
Brayan José Canizalez, de 11 años, que cursaba sexto grado en el colegio Gabriela Mistral, murió por una “bala pérdida” el primero de noviembre de 2014, después de las nueve de la noche, al parecer disparada por otro menor, cuando se encontraba en la esquina de la carrera 28 entre las transversal 103 y 112, en el barrio Las Orquídeas, en el oriente de Cali. El joven que disparo no ha sido detenido. El proceso sigue abierto.
Juan David Sandoval Zuñiga de 16 años
“Él quería ser cuando grande futbolista”
Como un “pelaito” que no merecía lo que le pasó porque no se metía con nadie, califico Yolemi Sandoval Zuñiga, lo que le sucedió a su hermano Juan David Sandoval, un joven que era muy alegre, que le gustaba mucho jugar fútbol, tatuar y que estaba aprendiendo a estampar buzos.
Juan David no fue un dolor de cabeza para se mamá, buen amigo, buen vecino, juicioso, asegura su hermana Yolemi, quien agrega que era muy buen hermano.
“Él quería ser cuando grande futbolista. Con el combo de sus amiguitos se iban a una casa a ver los partidos del América o cuando jugaba la Selección Colombia”.
Su hermana recuerda que Juan David era muy buen bailarín. El que mejor bailaba en la casa, hasta el punto que los pasos que actualmente sabe la hija de Yolemi, los aprendió de su tío.
Yolemi, que se lo sueña que está alto, dice que es un vacío que no se puede olvidar, que toda la vida va hacer falta, porque es un vacío que uno nunca va poder llenar.
Juan David Sandoval Zuñiga de 16 años, fue alcanzado por una “bala perdida”, que lo hirió el 10 de abril de 2015 en la carrera 28 – 3 frente al número 103 - 126 del barrio Las Orquídeas y diez meses después murió el primero de febrero de 2016, a consecuencia de la herida sufrida. Presentó problemas respiratorios, en la médula y severos problemas en el cerebro que le ocasionaron su muerte. El proceso sigue abierto.
Brandon Mauricio Martínez de 10 años
“Quería jugar en el América”
Zoila María Collazos, abuela de Brando Mauricio, recuerda que antes de resultar herido por una “bala perdida”, Brandon Mauricio de 10 años, era un niño era muy alegre, activo y que jugaba fútbol con sus primitos.
“Ya no le gusta salir al antejardín. Le cogió miedo. Mantiene adentro de la casa. Cambio totalmente la vida de nosotros”, sostiene la abuela de Brandon.
Zoila, que no pierde la fe ni las esperanzas de que su niño se pare de la silla de ruedas en donde se encuentra postrado desde marzo de 2016, recuerda que era un niño sano que no se metía con nadie.
“Yo le digo: papi, vamos para delante. Usted no se puede quedar aquí y mucho menos en esa silla. Ver el niño como era antes y verlo ahora el estado en que quedo. Cambio totalmente la vida de nosotros”.
La abuela de Brando , al recordar el momento de los hechos como algo muy duro, agrega que el fisiatra que lo vio hace tres meses dijo que el niño tenía posibilidad de caminar pero necesitaba mucha terapia.
“Desde el momento que le pasó eso a mi niño, yo se lo entrega al Señor Milagroso de Buga. Yo sé que mi niño se para de ahí. No por ahora, pero se para”.
Brandon Mauricio Martínez de 10 años, resultó herido en el antejardín de su casa durante un atraco a una pareja que movilizaba en una motocicleta, en calle 83B No. 5N-52, barrio Floralia, al nororiente de Cali. Fue herido en el tórax y la espalda. Actualmente estudia en el colegio Fray Luis Ferrer tercero de primaria. La Policía capturó de uno de los delincuentes, identificado como alias “El Burro”, de 21 años.
- LA OTRA CARA DE LAS BALAS PERDIDAS -
Fracturas a nivel familiar que en muchos casos ocasionan que los jóvenes empiecen a delinquir y a consumir drogas ilícitas. La proliferación de armas entre los jóvenes, en gran parte a consecuencia del micro tráfico y la gran oferta laboral ilícita que existe en Cali, son varias de las lecturas que se hacen sobre la situación de violencia que viene afectando no solo a ancianos, adultos y jóvenes, sino a los niños, niñas y adolescentes en la ciudad.
Varias han sido las alertas que han hecho las autoridades de salud de la Ciudad, debido a que cada año en la Morgue de Cali, hay más participación en las necropsias de menores de edad.
Ante este panorama, son varios los procesos que se adelantan en la ciudad, para disminuir este espiral de violencia que viene afectando, especialmente a los menores.
Con fondos de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Cali, presupuestados en el Plan de Desarrollo Municipal de Cali, 2016-2019, Cali Progresa Contigo y ejecutado por la Universidad del Valle, a través del reconocido Instituto Cisalva, e implementado por su equipo técnico en conjunto con la Policía Nacional y su Unidad de Policía Preventiva, adelantan el Programa TIP - Tratamiento Integral a Pandillas: Jóvenes Sin Fronteras.
Este programa, tiene como objetivo general, desarrollar un proceso de integración social y restitución de derechos a los miembros de pandillas juveniles identificadas por la Policía Metropolitana de Cali, dando lugar a un proceso de investigación en el que se midan los alcances del proyecto y los logros del trabajo para sentar las bases de un modelo de atención integral a jóvenes en situación de vulnerabilidad social.
Entre el ocho y el 16 de noviembre de 2016, los primeros quinientos jóvenes entregaron sus compromisos de cambio con la ciudad, sus comunidades, sus familias y consigo mismos.
El proyecto tiene como propósito diseñar e implementar un modelo de atención integral para dicha población en los aspectos psicosocial, de salud, educación, oportunidades laborales, oferta cultural y deportiva.
Este programa, tiene como perspectivas vincular 18 pandillas adicionales promedio anual entre 2017 y 2019, para cubrir la totalidad de 88 grupos identificados y priorizados originalmente por la estrategia TIP de la Policía Metropolitana de Cali
Al anterior programa, se suma la iniciativa ‘Medítele a la Paz’, dirigida a niños, jóvenes y adultos, que busca transformar imaginarios sociales y escenarios de conflictos cotidianos para la construcción de una cultura ciudadana para la paz en el territorio, y promover el respeto por la vida. Está integrado por los programas: ‘La Paz es mi Cuento’, ‘Sumar Paz’ y ‘Yo no parí para la muerte’.
En 2016 Cali fue una de las cinco ciudades finalistas a nivel mundial al Premio por la Paz, organizado por Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, por la iniciativa ‘Medítele a la Paz’. Allí se destacó como una iniciativa innovadora en la prevención y resolución de conflictos, y consolidación de la paz.
Hospital Universitario del Valle
“Lastimosamente hemos tenido niños que son heridos en el vientre materno”, doctor Carlos Jiménez, coordinador de Pediatría.
Instituto de Medicina Legal en Cali
“Cada año en la Morgue, hay más participación en las necropsias de menores de edad”, doctor Jairo Silva, director regional suroccidente.
Fiscalía General de la Nación
“Hay condenados y también personas en juicio por balas perdidas”, doctora Amanda Moreno Ávila, coordinadora de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, Cali.
Brayan Estiben Cuellar, expandillero de 23 años
“El tema de las Balas Perdidas y las Fronteras Invisibles es complicado”
John Estiven Puentes, de 24 años. Expandillero
“Mi vida antes era un sosiego”
Policía Metropolitana de Cali
“A los jóvenes hay que desviarlos de esa gran oferta laboral ilícita que existe en la ciudad”, intendente Rubén Valencia, líder del programa: “Jóvenes sin fronteras”, que desarrollan con la Alcaldía y Cisalva.
Instituto de Investigación y Desarrollo en Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia Social
“La mayoría de historias de esos jóvenes que empiezan a delinquir y a consumir, depende mucho de esas fracturas a nivel familiar”, Lorena Penagos, Trabajadora social Educadora para la vida de Cisalva.
Las armas
“La proliferación de armas entre los jóvenes es en gran parte a consecuencia del micro tráfico”, coronel Germán Ernesto Muñoz Díaz, comandante Distrito 4 de Policía en el Distrito de Aguablanca, oriente de Cali.
- GALERÍA DE FOTOS -
Por Juan Carlos Díaz
Integrante HUMANOS
Cali, Colombia
Cardióloga o Veterinaria. Ingeniera Industrial. Abogada. Profesor o Policía.Futbolista, Bombero y Arquitecta, eran los sueños de varios niños, niñas y adolescentes, entre los diez y quince años de edad, que han resultado muertos por las mal llamadas “balas perdidas”, durante enfrentamientos registrados entre pandillas, por ajustes de cuentas y hasta en celebraciones, en barrios de Cali, la tercera ciudad en importancia en Colombia, después de Bogotá y Medellín.
Desde bebes en el vientre de su madre, pasando por niños, niñas y adolescentes, han tenido que padecer en Cali, de una violencia que no les pertenece. Han sido víctimas de las mal llamadas “balas perdidas”, que les han causado su muerte o lesiones de por vida, pese a no hacer parte de ningún tipo de conflicto, pero que habitan o transitan por sectores del oriente, nororiente y ladera de la ciudad, en donde se presentan enfrentamiento entre pandillas, se registran ajustes de cuentas, proliferan las “Fronteras Invisibles” o “Líneas Imaginarias”, y hasta cuando se hacen celebraciones por un partido de fútbol en la vía pública.
Para nadie es un secreto, que América Latina y el Caribe continúa siendo la región más violenta del planeta. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, sostiene que “aunque esta región tiene tan solo un ocho por ciento de la población global, en ella ocurren más del 30% de los homicidios del mundo. Si bien se trata de un problema regional, la falta de seguridad se vive en lo local, en los barrios y en las ciudades de América Latina y el Caribe”.
Esa falta de seguridad sigue ocasionando que los niñas, niños, adolescentes y mujeres permanentemente estén en una situación de mayor vulnerabilidad, como ocurre cuando se encuentran en las calles.
Entre el 2010 y 2016, se presentaron 13 casos de menores muertos (siete niñas y seis niños) por “balas perdidas” en Cali, según la Secretaría de Gobierno Convivencia y Seguridad de la Alcaldía, que estableció que en 2015, la ciudad registró 1.378 homicidios y en 2016 un total de 1.297, lo que representó 81 casos menos.
En los años 2015 y 2016, la Comuna de Cali que registró el mayor número de homicidios fue la 15, conocida como el Distrito de Aguablanca, conformada por los barrios Comuneros I, Mojica, Laureano Gómez, El Retiro, El Vallado, Ciudad Córdoba, Bajos de Ciudad Córdoba o Morichal de Comfandi y Llano Verde, en su mayoría habitada por gente que llego a la ciudad, desplazada de la violencia armada, especialmente del pacífico y el sur de Colombia.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, regional suroccidente, durante 2015 atendió un total de 711 casos por presuntos homicidios en Cali, de los cuales, 5 fueron niñas y 24 niños hasta los 14 años de edad, así como 11 mujeres y 217 jóvenes, entre los 15 y 18 años de edad, para un total de 257 menores muertos en hechos violentos durante ese año.
En el 2016, Medicina Legal en Cali, atendió un total de 571 casos por presuntos homicidios, de los cuales, 4 fueron de niñas y 17 niños hasta los 14 años de edad, así como 5 mujeres y 156 jóvenes, entre los 15 y 18 años de edad, para un total de 182 menores asesinados en el último año.
Cabe anotar, que el Instituto Nacional de Medicina Legal, ubico al Valle del Cauca como el departamento más violento en 2016, incluida la ciudad de Cali.
De acuerdo con las estadísticas suministradas por el Centro de Investigaciones Criminológicas de la Policía Metropolitana de Cali, durante el 2016, el índice de homicidios en la ciudad se redujo en -7% con 90 casos menos frente a los reportes generados en el año 2015 (información cruzada con observatorio de seguridad de la Alcaldía Municipal).
Durante el 2016, la Policía en Cali capturó 8.014 personas por diferentes delitos, se incautó 1.414 armas de fuego y desarticuló 161 estructuras delincuenciales dedicadas al homicidio, al hurto en todas sus modalidades y al microtráfico entre otros, que afectaban la tranquilidad en las diferentes comunas.
El trabajo operativo de la Policía en Cali, a través del programa “Tratamiento Integral de Pandillas” a permitido que sean intervenidas 33 pandillas de las comunas de Cali e impactado 742 Jóvenes.
Actualmente se realiza un trabajo de acercamiento con 20 pandillas. Se espera, en poco tiempo, estén vinculadas a este programa que hasta al momento ha alcanzado resultados como la reducción en homicidios con -181 casos y en lesiones en la modalidad de riñas o conflicto entre pandillas, en comparación con el año 2015.
La Policía Metropolitana de Cali, tiene identificadas 88 pandillas, distribuidas en 8 comunas de la ciudad, especialmente en la zona de ladera y el Distrito de Aguablanca, al oriente de Cali, en donde existen un promedio de 15 a 20 grupos de pandillas juveniles.
El Vicepresidente de Colombia, el general retirado Óscar Naranjo, quien fue Comandante de la Policía Metropolitana de Cali, recientemente dijo que “para fortuna de los caleños por primera vez en 25 años la ciudad está experimentando su tasa más baja de homicidios.
“Una tasa que ciertamente todavía es elevada, de 54 homicidios por 100 mil habitantes, pero la importancia es que después de 25 años estamos regresando a las tasas que realmente nos deben a todos inspirar conseguir”.
De acuerdo a un diagnostico situacional de inseguridad en Cali, de la Personería Municipal, las primeras causas de homicidios de niños, niñas y adolescentes en la ciudad, se deben a enfrentamientos entre pandillas y “balas perdidas”.
El Centro de Recursos para Análisis del Conflicto, Cerac, en su primera investigación sobre el problema de las “balas perdidas” en Colombia, estableció que en 10 años, según los registros de la prensa examinados, murieron al menos mil personas por disparos indiscriminados. Eso implica que cada 4 días hubo al menos una muerte por esta causa.
BALAS PERDIDAS
Se define como: aquella bala disparada intencionalmente, que ocasiona daños letales o no letales a una persona diferente a la que es el objetivo de quien acciona el arma de fuego.
PANDILLA
Una pandilla es un grupo de tres o más miembros, cuyas edades, en su mayoría, están entre los 12 y 28 años, cuyos miembros se dedican a actividades que infringen la ley y cuyo hábitat suele ser un lugar del espacio público del barrio.
“FRONTERAS INVISIBLES” O “LÍNEAS IMAGINARIAS”
Consiste en impedir el paso a un territorio determinado del barrio de una persona sea proveniente de una pandilla o no, estableciendo límites invisibles. Quien sobrepase tal frontera estará sentenciado a perder la vida. Las “fronteras invisibles” además se dan desde los barrios más deprimidos, donde hay conflictos intrafamiliares y pobreza desmesurada, lo que lleva al hurto y al sicariato.
DISPARAR SIN JUSTIFICACION EN COLOMBIA
Entre uno y cinco años de cárcel puede purgar una persona que sea sorprendida por la Policía haciendo disparos al aire con arma de fuego. Las penas están fijadas en la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley 1453 de 2011) que busca, entre otras cosas, que los colombianos usen responsablemente las armas de fuego.
El Artículo 18 de El Artículo 18 de esta norma establece: “Quien teniendo permiso para el porte o tenencia de armas de fuego la dispare sin que obre la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente e inevitable de otra manera, incurrirá en prisión de uno a cinco años, cancelación del permiso de porte y tenencia de dicha arma, y la imposibilidad por 20 años de obtener dicha autorización; siempre que la conducta aquí descrita no constituya delito sancionado con pena mayor”.
- LAS HISTORIAS -
Lizeth y Juan de 16 años de edad, Genith de 15, Daniela de 14, Daniel de 13, Brayan de 11, Ana, Brandon y Valeryn de 10 años, a pesar que nunca se conocieron, no estudiaron ni jugaron juntos, si tuvieron algo en común: murieron por la misma causa: “Balas Perdidas”.
Estas son varias, de las muchas historias de vida, de los niños, niñas y adolescentes, en Cali, que la guerra urbana les ha arrebato sus sueños.
Daniela Lasso de 14 años
“Ella quería ser cardióloga o veterinaria”
Para Flora María Lasso, madre de Daniela Lasso, su hija era una persona llena de sueños, el motor de la casa, era la felicidad y la alegría.
“Era una niña inteligente, que quería salir adelante, que tenía muchos proyectos a nivel personal, educativo y familiar. Era una persona bondadosa. Quería comprarse una casa con un lote grande, para recoger a todos los perros de la calle”, recuerda su madre.
Daniela, a quien le encantaban los fríjoles y el pollo asado, se había convertido en la felicidad de ese hogar, enclavado en la parte alta del municipio de Yumbo, en donde se encuentra el barrio Las Américas y al cual se llega de subir y bajar largas y por estrechas calles de cemento.
“Ella era todo para nosotros. Le daba vida a nuestro hogar. Ella era el ‘bastoncito’ de mi otra hija. Era la que le iba ayudar a salir adelante”.
Daniela Lasso no alcanzó a conocer el mar. Para los primeros días de enero de 2017, antes de su muerte a finales de diciembre de 2016, iba a viajar a la isla de San Andrés como regalo de cumpleaños. Aseguran sus padres que la niña contaba los días para el viaje, pero una “bala perdida”, acabo con ese otro sueño.
Daniela Lasso de 14 años, murió por una bala pérdida el martes 27 de diciembre de 2016, a las afueras de una bodega ubicada en la carrera 2a No. 15B-50, en el barrio Fray Peña, en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca, a las 9:05 PM, cuando se presentó una discusión entre varios hombres que participaban en una fiesta de despedida de una fábrica de confecciones en donde trabajaba la madre de la menor. La persona implicada en disparar no fue detenida. El proceso sigue en investigación.
Lizeth Dayana Castillo Ibarra de 16 años
“Quería estudiar Ingeniería Industrial”
Como una mujer emprendedora, alegre, con una sonrisa a toda hora, detallista, buena estudiante, responsable y que todo lo que se proponía, lo lograba, así la recuerda Ingrid Marcela Castillo, hermana mayor de Lizeth Dayana Castillo Ibarra.
Lizeth, que vivía con sus padres y hermana mayor en el populoso barrio Siloé, en la ladera occidental de Cali, en donde según las autoridades, existen al menos 26 pandillas al servicio de bandas criminales, con al menos 500 jóvenes delinquiendo, siempre decía que iba hacer una profesional pasa sacar a su familia adelante.
“Era una persona muy inteligente. Siempre tuvo un objetivo y siempre sabía para donde iba”. Y así fue. Lizeth resultó becada por el Gobierno Nacional para estudiar en la Universidad Javeriana de Cali, con el programa “Ser Pilo Paga”.
“Conmigo era muy especial. Siempre nos reímos mucho. Ella tenía su cuarto, pero siempre dormíamos juntas porque a mí me daba miedo hacerlo sola. Mi hermana fue el mejor regalo que mi Dios me pudo a ver dado”, asegura Ingrid.
A pesar de que Lizeth no le gustaba estar en la calle y de no estar en las esquinas, una “bala perdida” la busco dentro de su propia casa.
Lizeth Dayana Castillo Ibarra de 16 años, el 13 de noviembre de 2014, fue alcanzada por una “bala perdida” mientras se encontraba al interior de su casa, en la calle 5ta A Oeste No. 43 – 18, en el barrio Siloé, en la ladera de Cali, en un enfrentamiento entre pandillas del sector. El hombre causante de los disparos fue condenado a 35 años de cárcel, Víctor Ordoñez, alias “Cucurro”.
Genith Sinisterra Cumdumy, de 15 años
“Su proyecto de vida era ser una excelente abogada”
Como una niña que no le gusta la injusticia, era califica la pequeña Genith Sinisterra. Su hermano, Dayron Sinisterra, recuerda que ella decía que quería ser abogada porque quería defenderse.
“Tenía buen poder de convencimiento. Sabía lo que quería. Hubiera sido una excelente abogada”, sostiene Dayron.
Genith, que siempre estaba contenta, como la recuerdan en su hogar, al nororiente de Cali, fue calificada como muy buena estudiante y le gustaba vestir bien, como toda niña a esa edad.
Dayron, le quiebra la voz al recordar a Genith como la hermanita que se mantenía saltando, cantando, bailando y su manera de comer.
“Recuerdo más que todo que era muy exigente para comer. Muy delicada. Comía con una singular particularidad: Le gustaba mucho degustar la comida antes de ingerirla. El arroz con pollo era una de sus comidas predilectas”.
Dayron, lamenta aún, no haber podido regalar a su hermanita Genith, la camiseta de la Selección Colombia de Fútbol para el Mundial de Brasil 2014, fecha en la cual murió cuando una “bala perdida”, acabo con su sueño de ser una excelente abogada, en momentos en que aficionados celebraban con disparos el triunfo de Colombia ante Costa de Marfil.
Genith Sinisterra Cumdumy, de 15 años, el 19 de junio de 2014, a las dos de la tarde, fue alcanzada por una “bala perdida” cuando venía del colegio y se dirigía a visitar a su papá, a siete cuadras de su casa, en carrera 1B2 con 26, barrio Petecuy II Etapa, al nororiente de Cali, al parecer durante la celebración del triunfo de la Selección Colombia en el Mundial de Fútbol Brasil 2014. El causante de los disparos no ha sido detenido aún por las autoridades. El proceso sigue abierto.
Daniel Vargas Chávez de 13 años
“El anhelo de él era ser profesor o policía”
Sacar adelante a su abuela, enseñarle las vocales a los niños y escribir a los grandes, ayudar a la gente y tener una hermanita, eran los sueños que tenía Daniel Vargas, un niño de tan solo trece años de edad, que su madre anhela volverlo a tener a su lado, luego de que una “bala perdida” acabará con todo lo que el quería ser cuando grande, hace cerca de tres años.
Marilyn Chávez, madre de Daniel, nunca olvida que era un hijo obediente que no se mantenía en la calle.
“Recuerdo que era buen hijo, buen nieto, buen sobrino y buen compañero. Todo lo extraño. Dios lo quiso así y se me fue antes”.
Daniel, que se comía hasta cuatro platos de arroz con pollo, fue calificado por su mamá como un niño obediente: “Todo lo que yo le digiera el obedecía”.
La madre de Daniel Vargas espera que los que mataron a su hijo paguen con la justicia y con la justicia de Dios.
Daniel Vargas Chávez de 13 años, murió luego de que fuera alcanzado por una “bala perdida” durante una balacera registrada el 22 de agosto de 2014, en el andén de su casa, ubicada en la Diagonal 26 P15 No. 103D – 04, Marroquín Primera Etapa, al oriente de Cali. El proceso sigue abierto.
Ana Victoria Guevara Alegría de 10 años
“Quería ser bombero porque quería salvar vidas”
Haciendo honor a uno de sus apellidos, Ana Victoria Guevara, era Alegría, divertida, juiciosa y estudiosa.
“Le gustaba mucho el boxeo, el fútbol y decía que quería ser bombero”, recuerda con nostalgia su madre Elizabeth Guevara, quien asegura que tenía un corazón muy bonito y era muy pensante para la edad que tenía.
Ana, que casi no le exigía nada a su madre, era la encargada de cuidar a sus dos hermanitos cuando la mamá salía a trabajar.
“Muy bien se portaba. Era muy juiciosa. Muy amorosa. Era una niña muy linda. Era una niña muy especial. No le gustaba mucho la calle”.
Ana Victoria, a pesar de que nunca conoció una estación de bomberos en la ciudad de Cali, ella le decía a su mamá y quien le preguntará, que quería ser Bombero para salvar vidas.
Los últimos momentos que Elizabeth compartió con su hija, antes de que una “bala perdida” le truncará el sueño de ser Bombero, fue jugando a quien corría más. La mamá le ganó, pero Ana Victoria perdió la carrera de la vida.
Ana Victoria Guevara Alegría de 10 años, murió a causa de una “bala perdida” cuando se encontraba al frente de su casa, en la calle 56H No. 47 – 50, barrio Llano Verde, al oriente de Cali, el sábado 25 de abril de 2015, cuando el reloj marcaba las 9 y 30 de la noche, durante un presunto enfrentamiento entre pandillas. El proceso sigue abierto.
Valeryn Quiñonez Cruz de 10 años
“Cuando sea grande voy a ser Policía”
Para Lorena Quiñonez, tía de Valeryn Quiñonez Cruz, la casa está vacía sin ella.
“Ella era mi bastón. Todavía no lo puedo creer que la vida me haya quitado la niña de esta manera”, sostiene Lorena.
La recuerda como una niña muy vanidosa, juiciosa, atenta, juguetona y que le gustaba mucho estudiar.
“A su corta edad ya sabía secar arroz. Era muy alegre y bailaba mucho. Su comida preferida era el pescado”.
Lorena, que aún sueña con ella, sostiene que ella le decía que si no iba a ser Policía cuando grande, iba a ser arquitecta.
“Yo le decía que te estas yendo muy alto y que para eso tenía que estudiar bastante. Cuando venía de la escuela lo primero que hacía era lavar el uniforme, luego hacía las tareas y después se iba a jugar con sus amiguitas”.
Para Lorena, su nieta Valeryn, iba a ser una mujer muy vanidosa porque se mantenía en el espejo mirándose y bailando.
“Ella me dejó mucho recuerdos. La casa está vacía sin ella. Desde que nació, la crie. Dormía con ella”.
Lorena, siempre pensó que era ella la que se iba a morir ir más rápido, nunca se imaginó que era la niña la que le iba a pasar eso.
Valeryn Quiñonez Cruz de 10 años, murió el 16 de marzo de 2016 a las diez de la mañana, por una “bala perdida” cuando se encontraba en un sector conocido como “La Calle del Humo” localizada en el sector de Desepaz, al oriente de Cali, cuando iba a visitar a la madrina, luego de salir de estudiar en el Colegio Santa Isabel de Hungría, en Calimio-Desepaz, donde cursaba tercero de primaria. El proceso sigue abierto.
Brayan José Canizalez, de 11 años
“Cuando grande, quería ser una persona trabajadora”
Brayan José, un niño tímido y buen estudiante, decía que cuando fuera grande, quería ser una persona trabajadora y educada. Una persona de bien. Ser responsable como el hermano y su papá.
Su madre, Jenny Patricia Molina, recuerda que su hijo Brayan era un niño muy respetuoso y muy aplicado.
“En la casa mantenía sus cosas recogidas. Le enseñe a ser una persona muy organizada”.
Para Jenny, no simplemente mataron a un niño, sino que mataron a una persona que iba a ser alguien en la sociedad.
“Me parece una injusticia que quién lo mato todavía este vivo y los conflictos en el barrio siguen igual. Balas perdidas, balaceras y consumo en las esquinas, se ven todavía”.
Jenny Patricia Molina, califica la muerte de su pequeño hijo, Brayan José Canizalez, de 11 años, como una injusticia porque él no tenía nada que ver con los conflictos de la calle.
Brayan José Canizalez, de 11 años, que cursaba sexto grado en el colegio Gabriela Mistral, murió por una “bala pérdida” el primero de noviembre de 2014, después de las nueve de la noche, al parecer disparada por otro menor, cuando se encontraba en la esquina de la carrera 28 entre las transversal 103 y 112, en el barrio Las Orquídeas, en el oriente de Cali. El joven que disparo no ha sido detenido. El proceso sigue abierto.
Juan David Sandoval Zuñiga de 16 años
“Él quería ser cuando grande futbolista”
Como un “pelaito” que no merecía lo que le pasó porque no se metía con nadie, califico Yolemi Sandoval Zuñiga, lo que le sucedió a su hermano Juan David Sandoval, un joven que era muy alegre, que le gustaba mucho jugar fútbol, tatuar y que estaba aprendiendo a estampar buzos.
Juan David no fue un dolor de cabeza para se mamá, buen amigo, buen vecino, juicioso, asegura su hermana Yolemi, quien agrega que era muy buen hermano.
“Él quería ser cuando grande futbolista. Con el combo de sus amiguitos se iban a una casa a ver los partidos del América o cuando jugaba la Selección Colombia”.
Su hermana recuerda que Juan David era muy buen bailarín. El que mejor bailaba en la casa, hasta el punto que los pasos que actualmente sabe la hija de Yolemi, los aprendió de su tío.
Yolemi, que se lo sueña que está alto, dice que es un vacío que no se puede olvidar, que toda la vida va hacer falta, porque es un vacío que uno nunca va poder llenar.
Juan David Sandoval Zuñiga de 16 años, fue alcanzado por una “bala perdida”, que lo hirió el 10 de abril de 2015 en la carrera 28 – 3 frente al número 103 - 126 del barrio Las Orquídeas y diez meses después murió el primero de febrero de 2016, a consecuencia de la herida sufrida. Presentó problemas respiratorios, en la médula y severos problemas en el cerebro que le ocasionaron su muerte. El proceso sigue abierto.
Brandon Mauricio Martínez de 10 años
“Quería jugar en el América”
Zoila María Collazos, abuela de Brando Mauricio, recuerda que antes de resultar herido por una “bala perdida”, Brandon Mauricio de 10 años, era un niño era muy alegre, activo y que jugaba fútbol con sus primitos.
“Ya no le gusta salir al antejardín. Le cogió miedo. Mantiene adentro de la casa. Cambio totalmente la vida de nosotros”, sostiene la abuela de Brandon.
Zoila, que no pierde la fe ni las esperanzas de que su niño se pare de la silla de ruedas en donde se encuentra postrado desde marzo de 2016, recuerda que era un niño sano que no se metía con nadie.
“Yo le digo: papi, vamos para delante. Usted no se puede quedar aquí y mucho menos en esa silla. Ver el niño como era antes y verlo ahora el estado en que quedo. Cambio totalmente la vida de nosotros”.
La abuela de Brando , al recordar el momento de los hechos como algo muy duro, agrega que el fisiatra que lo vio hace tres meses dijo que el niño tenía posibilidad de caminar pero necesitaba mucha terapia.
“Desde el momento que le pasó eso a mi niño, yo se lo entrega al Señor Milagroso de Buga. Yo sé que mi niño se para de ahí. No por ahora, pero se para”.
Brandon Mauricio Martínez de 10 años, resultó herido en el antejardín de su casa durante un atraco a una pareja que movilizaba en una motocicleta, en calle 83B No. 5N-52, barrio Floralia, al nororiente de Cali. Fue herido en el tórax y la espalda. Actualmente estudia en el colegio Fray Luis Ferrer tercero de primaria. La Policía capturó de uno de los delincuentes, identificado como alias “El Burro”, de 21 años.
- LA OTRA CARA DE LAS BALAS PERDIDAS -
Fracturas a nivel familiar que en muchos casos ocasionan que los jóvenes empiecen a delinquir y a consumir drogas ilícitas. La proliferación de armas entre los jóvenes, en gran parte a consecuencia del micro tráfico y la gran oferta laboral ilícita que existe en Cali, son varias de las lecturas que se hacen sobre la situación de violencia que viene afectando no solo a ancianos, adultos y jóvenes, sino a los niños, niñas y adolescentes en la ciudad.
Varias han sido las alertas que han hecho las autoridades de salud de la Ciudad, debido a que cada año en la Morgue de Cali, hay más participación en las necropsias de menores de edad.
Ante este panorama, son varios los procesos que se adelantan en la ciudad, para disminuir este espiral de violencia que viene afectando, especialmente a los menores.
Con fondos de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Cali, presupuestados en el Plan de Desarrollo Municipal de Cali, 2016-2019, Cali Progresa Contigo y ejecutado por la Universidad del Valle, a través del reconocido Instituto Cisalva, e implementado por su equipo técnico en conjunto con la Policía Nacional y su Unidad de Policía Preventiva, adelantan el Programa TIP - Tratamiento Integral a Pandillas: Jóvenes Sin Fronteras.
Este programa, tiene como objetivo general, desarrollar un proceso de integración social y restitución de derechos a los miembros de pandillas juveniles identificadas por la Policía Metropolitana de Cali, dando lugar a un proceso de investigación en el que se midan los alcances del proyecto y los logros del trabajo para sentar las bases de un modelo de atención integral a jóvenes en situación de vulnerabilidad social.
Entre el ocho y el 16 de noviembre de 2016, los primeros quinientos jóvenes entregaron sus compromisos de cambio con la ciudad, sus comunidades, sus familias y consigo mismos.
El proyecto tiene como propósito diseñar e implementar un modelo de atención integral para dicha población en los aspectos psicosocial, de salud, educación, oportunidades laborales, oferta cultural y deportiva.
Este programa, tiene como perspectivas vincular 18 pandillas adicionales promedio anual entre 2017 y 2019, para cubrir la totalidad de 88 grupos identificados y priorizados originalmente por la estrategia TIP de la Policía Metropolitana de Cali
Al anterior programa, se suma la iniciativa ‘Medítele a la Paz’, dirigida a niños, jóvenes y adultos, que busca transformar imaginarios sociales y escenarios de conflictos cotidianos para la construcción de una cultura ciudadana para la paz en el territorio, y promover el respeto por la vida. Está integrado por los programas: ‘La Paz es mi Cuento’, ‘Sumar Paz’ y ‘Yo no parí para la muerte’.
En 2016 Cali fue una de las cinco ciudades finalistas a nivel mundial al Premio por la Paz, organizado por Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, por la iniciativa ‘Medítele a la Paz’. Allí se destacó como una iniciativa innovadora en la prevención y resolución de conflictos, y consolidación de la paz.
Hospital Universitario del Valle
“Lastimosamente hemos tenido niños que son heridos en el vientre materno”, doctor Carlos Jiménez, coordinador de Pediatría.
Instituto de Medicina Legal en Cali
“Cada año en la Morgue, hay más participación en las necropsias de menores de edad”, doctor Jairo Silva, director regional suroccidente.
Fiscalía General de la Nación
“Hay condenados y también personas en juicio por balas perdidas”, doctora Amanda Moreno Ávila, coordinadora de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, Cali.
Brayan Estiben Cuellar, expandillero de 23 años
“El tema de las Balas Perdidas y las Fronteras Invisibles es complicado”
John Estiven Puentes, de 24 años. Expandillero
“Mi vida antes era un sosiego”
Policía Metropolitana de Cali
“A los jóvenes hay que desviarlos de esa gran oferta laboral ilícita que existe en la ciudad”, intendente Rubén Valencia, líder del programa: “Jóvenes sin fronteras”, que desarrollan con la Alcaldía y Cisalva.
Instituto de Investigación y Desarrollo en Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia Social
“La mayoría de historias de esos jóvenes que empiezan a delinquir y a consumir, depende mucho de esas fracturas a nivel familiar”, Lorena Penagos, Trabajadora social Educadora para la vida de Cisalva.
Las armas
“La proliferación de armas entre los jóvenes es en gran parte a consecuencia del micro tráfico”, coronel Germán Ernesto Muñoz Díaz, comandante Distrito 4 de Policía en el Distrito de Aguablanca, oriente de Cali.
- GALERÍA DE FOTOS -
Dayron Sinisterra
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Elizabeth Guevara
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Flora María Lasso
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Ingrid Marcela Castillo
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Jenny Patricia Molina
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Lorena Quiñonez
Doctor Jairo Silva
Juan David Sandoval
Lizeth Dayana Castillo
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Marilyn Chávez
Doctora Amanda Moreno Ávila
Genith Sinisterra Cumdumy
Daniela Rendón Lasso
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Zoila María Collazos
Coronel Germán Ernesto Muñoz Díaz
Daniel Vargas Chávez
Valeryn Quiñonez Cruz
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Yolemi Sandoval Zuñiga
Lorena Penagos
Brandon Maurico Martínez
Ana Victoria Guevara
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Doctor Carlos Jiménez
Intendente Rubén Valencia
Brayan José Caniazalez
Expandillero
Balas perdidas
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INFORME ESPECIAL
MOCOA RENACE ENTRE LAS ROCAS
Por Germán de Jesús Arenas
Integrante HUMANOS
Mocoa, Putumayo, Colombia
Luego de 30 días después de la avalancha que cobra hasta el momento la vida de 328 personas y la destrucción del 30 por ciento de la ciudad, hoy sus habitantes siembran la semilla de la fe y la esperanza.
Todos recuerdan en sus mentes la trágica noche del 31 de marzo cuando una avenida torrencial (avalancha), desboco su fuerza por los ríos Sangoyaco y Mulato, y las quebradas Taruca, Taruquita, San Antonio, El Carmen, Conejo y el Almorzadero, destruyendo 17 barrios de Mocoa.
Un reloj de pared quedo estático en el tiempo marcando las 11 y 27 de la noche hora exacta de la avalancha. La noche era oscura, fría y llovía fuertemente. Nadie se imaginaba la magnitud de la tragedia sino hasta que despunto los primeros destellos de luz del 1 de abril.
Las primeras imágenes era la destrucción total de los barrios al nororiente de Mocoa, los cuales quedaron sepultados entre gigantescas rocas, palos y lodo enmarcados en el dolor de las personas que lograron sobrevivir a la destrucción de la naturaleza. “Fueron 15 minutos que dure aferrado al marco de mi ventana viendo como la avalancha arrastraba todo lo que encontraba a su paso”, narro Heleodoro Jojoa, uno de los sobrevientes.
Un mes después muchas personas siguen buscando a sus familiares entre los escombros y por las aguas de los ríos Mocoa y Caquetá, con la esperanza de encontrarlos como nos cuenta Geovanny Muñoz, un hombre que desde el mismo día de la tragedia no ha parado de buscar a sus seres queridos entre ellos a la madre de su pequeño hijo que también perdió la vida.
“La búsqueda no ha sido en vano porque ayer encontramos dos cuerpos más”, señalo Muñoz, quien dice no parar de buscar hasta encontrar hasta el último de los desaparecidos que según los datos oficiales dan cuenta de 70 pero esta cifra puede ser mayor según el mismo incansable hombre.
Al principio todo era caos en la ciudad, no había energía, agua, internet, gas el hospital colapsado totalmente los organismos de socorro empleados a fondo en rescatar personas mientras que otras desorientadas deambulaban por las calles de la ciudad bañadas en barro muchas de ellas con niños en sus brazos.
Las primeras ayudas para los damnificados llegaron el mismo sábado con el presidente de la República Juan Manuel santos y varios de sus ministros entre ellos el ministro de la defensa Luis Carlos Villegas, el cual fue nombrado por el mismo presidente como gerente para la reconstrucción de Mocoa.
Las ayudas ya se contabilizan no solo en especie sino en dinero en efectivo las cuales se han depositado en una cuenta bancaria donde al cierre de esta nota sumaba 30 mil 961 millones 902 mil 726 pesos con 74 centavos, de los cuales $6.611.595.996,90 son aportes de ciudadanos colombianos y 24.350.306.729,57 son de aportes de países, gobiernos y de personas en el extranjero.
Igualmente en ayudas materiales se han recibido 2.103,58 toneladas de las cuales 1.749,93 han sido entregadas quedando por entregar 353,65 toneladas. Estas ayudas han sido repartidas en 59 barrios y tres albergues.
La reconstrucción
Entrada la etapa de la estabilización y con un panorama más claro la ciudad comienza a surgir entra las rocas, esas rocas que sembró la avalancha a su paso que quedan como testigas mudas de una tragedia que para algunos se pudo haber evitado si las autoridades locales y regionales hubiesen actuado en forma preventiva.
El ministro de la Defensa y gerente de la Reconstrucción de Mocoa, Luis Carlos Villegas, quien supervisa las obras de la reconstrucción entrego un primer balance.
Agua
El ministro Villegas se refirió a los notables avances de las obras para reconectar el sistema de acueducto de Mocoa. Dijo que se esperan buenas noticias y avances significativos para la próxima semana. Así mismo destacó el apoyo del Ejército Nacional y varios de sus helicópteros de carga, porque han facilitado el transporte de tubos y otras herramientas necesarias para agilizar estas obras.
Hasta la fecha se han entregado 33 millones de litros de agua a través de carro-cisternas.
Vivienda
“Ya tenemos el lote, y espero que la Ministra de Vivienda termine el concurso para el constructor en los próximos dos o tres días, para empezar con las primeras 320 casas”, manifestó.
La Plaza de Mercado
Ya se ubicó un lote en el barrio de los Sauces para construir la plaza de mercado la cual debe quedar lista para el próximo año para reubicar a los vendedores.
Energía
Con la llegada de una subestación móvil traída desde la ciudad de Cali y aportada por la empresa de energía del Pacifico EPSA, para apoyar a la empresa de energía del Putumayo, hoy 72 mil suscriptores del medio y bajo Putumayo, cuentan con el servicio d energía el cual estuvo suspendido por espacio de 15 días.
Los comerciantes
A la fecha el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de Bancóldex y el respaldo del Fondo Nacional de Garantías, ha desembolsado cerca de $6.000 millones a los comerciantes y empresarios de Mocoa, afectados por la avalancha
La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, explicó que los recursos que se entregan a los empresarios, por medio de las entidades financieras y bancos presentes en la ciudad, permitirán que los comerciantes adquieran bienes y/o maquinaria que les permitan poner en funcionamiento sus negocios y empresas, de tal forma que haya una reactivación del aparato productivo de la región.
Anunció que la próxima semana, se pondrá en marcha una convocatoria para apoyar la reactivación de los negocios en la capital de Putumayo, para lo cual funcionarios del Ministerio de Comercio adelantan un trabajo de caracterización y verificación de la afectación de los negocios. La entidad aportará el 80% de los recursos que requieran estos empresarios hasta por un monto de 40 millones de pesos, de acuerdo con la necesidad de cada comerciante. El restante 20% puede obtenerse por medio de un crédito con el respaldo de la línea de Bancóldex que ofrece condiciones favorables en tasa, un año de gracia y cinco de plazo para pagarlo.
La presidenta de Cámara de Comercio del Putumayo Deccy Ibarra González, cuantifica 340 comerciantes afectados de los cuales 139 la perdida fue del cien por ciento
Igualmente ya se comenzó a pagar los subsidios de arriendo de 3.747 contratos.
"De acá no nos vamos"
La mayoría de los habitantes que sobrevivieron a la avalancha han manifestado no querer irse de Mocoa, a pesar del dolor que los embarga y la nostalgia que los acompañan al ver como quedo el sueño y el esfuerzo de toda su vida.
En medio de las ruinas muchas de estas personas comienzan a edificar sus vidas tanto en lo personal como en lo laboral y sin temor alguno emprenden sus actividades tratando de borrar la imagen de la noche del 31 de marzo.
Entre las rocas estaciones de gasolinas, la plaza de mercado, la terminal de transporte, los colegios, restaurantes, hoteles, supermercados, entidades públicas como privadas entran en la dinámica de la estabilización y de la reconstrucción de la “Dama Antañona”, como se le conoce a la capital del Putumayo.
Inclusive la vida nocturna comienza con su habitual rutina a pesar de las críticas de algunos quienes afirman que la ciudad no está para fiestas.
Otros afirman que toda la verdad no se ha contado de la tragedia de Mocoa, y que por ello le exigen al Gobierno Nacional que informe realmente de las cifras de los muertos y desaparecidos que puede ser el doble de lo que está reportando el gobierno de Santos.
Otros piden a gritos que tanto la mano de obra calificada como no calificada sea contratada al ciento por ciento con las personas del departamento.
Jaime Fajardo, un reconocido habitante de Mocoa, quien perdió su negocio con brillo en sus ojos y voz fuerte dice: “Dios me dio la licencia de seguir con vida junto con mi familia y de esta me vuelvo a parar”, al tiempo que se le dibuja una sonrisa en sus labios y recibe el abrazo de su esposa.
Vilma Zapata, dueña de uno de los más importantes hoteles de la ciudad afirma que la gente de Mocoa, es muy pujante y saben sortear momentos difíciles como estos como le ha tocado a ella y a su familia.
Para Lorenzo Guasimales, la avalancha fue una prueba más de Dios, para nosotros los mocoanos de tantas pruebas que nos ha puesto como la violencia, el narcotráfico y las pirámides (captadoras ilegales de dinero). “De esta salgo como de las anteriores”, sonríe algo nervioso.
Martha Ordoñez, educadora especial afirma que los miedos hay que superarlos y transmitir confianza y seguridad a los niños para tratar que el fenómeno natural los marque para siempre. Por eso reitera que haber retomado las clases desde el 17 de marzo fue un gran acierto del ministerio de Educación, porque así se va superando el fantasma del horror de la tragedia.
La gobernadora del Putumayo Sorrel Aroca, como el alcalde de Mocoa, José Castro, han agradecido toda la ayuda recibida para con Mocoa, ayudas tanto desde lo nacional como del extranjero, el apoyo incondicional del mismo Gobierno Nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos.
"Claro está que todavía faltan muchas cosas que superar de esta emergencia, todo no está bien pero tampoco todo esta tan mal", señalaron los dos mandatarios.
Fuerza Mocoa, es la voz que se escucha repetir entre sus habitantes. Mientras tanto la lluvia sigue cayendo sobre Mocoa y la gente con temor a una nueva avalancha.
MOCOA RENACE ENTRE LAS ROCAS
Por Germán de Jesús Arenas
Integrante HUMANOS
Mocoa, Putumayo, Colombia
Luego de 30 días después de la avalancha que cobra hasta el momento la vida de 328 personas y la destrucción del 30 por ciento de la ciudad, hoy sus habitantes siembran la semilla de la fe y la esperanza.
Todos recuerdan en sus mentes la trágica noche del 31 de marzo cuando una avenida torrencial (avalancha), desboco su fuerza por los ríos Sangoyaco y Mulato, y las quebradas Taruca, Taruquita, San Antonio, El Carmen, Conejo y el Almorzadero, destruyendo 17 barrios de Mocoa.
Un reloj de pared quedo estático en el tiempo marcando las 11 y 27 de la noche hora exacta de la avalancha. La noche era oscura, fría y llovía fuertemente. Nadie se imaginaba la magnitud de la tragedia sino hasta que despunto los primeros destellos de luz del 1 de abril.
Las primeras imágenes era la destrucción total de los barrios al nororiente de Mocoa, los cuales quedaron sepultados entre gigantescas rocas, palos y lodo enmarcados en el dolor de las personas que lograron sobrevivir a la destrucción de la naturaleza. “Fueron 15 minutos que dure aferrado al marco de mi ventana viendo como la avalancha arrastraba todo lo que encontraba a su paso”, narro Heleodoro Jojoa, uno de los sobrevientes.
Un mes después muchas personas siguen buscando a sus familiares entre los escombros y por las aguas de los ríos Mocoa y Caquetá, con la esperanza de encontrarlos como nos cuenta Geovanny Muñoz, un hombre que desde el mismo día de la tragedia no ha parado de buscar a sus seres queridos entre ellos a la madre de su pequeño hijo que también perdió la vida.
“La búsqueda no ha sido en vano porque ayer encontramos dos cuerpos más”, señalo Muñoz, quien dice no parar de buscar hasta encontrar hasta el último de los desaparecidos que según los datos oficiales dan cuenta de 70 pero esta cifra puede ser mayor según el mismo incansable hombre.
Al principio todo era caos en la ciudad, no había energía, agua, internet, gas el hospital colapsado totalmente los organismos de socorro empleados a fondo en rescatar personas mientras que otras desorientadas deambulaban por las calles de la ciudad bañadas en barro muchas de ellas con niños en sus brazos.
Las primeras ayudas para los damnificados llegaron el mismo sábado con el presidente de la República Juan Manuel santos y varios de sus ministros entre ellos el ministro de la defensa Luis Carlos Villegas, el cual fue nombrado por el mismo presidente como gerente para la reconstrucción de Mocoa.
Las ayudas ya se contabilizan no solo en especie sino en dinero en efectivo las cuales se han depositado en una cuenta bancaria donde al cierre de esta nota sumaba 30 mil 961 millones 902 mil 726 pesos con 74 centavos, de los cuales $6.611.595.996,90 son aportes de ciudadanos colombianos y 24.350.306.729,57 son de aportes de países, gobiernos y de personas en el extranjero.
Igualmente en ayudas materiales se han recibido 2.103,58 toneladas de las cuales 1.749,93 han sido entregadas quedando por entregar 353,65 toneladas. Estas ayudas han sido repartidas en 59 barrios y tres albergues.
La reconstrucción
Entrada la etapa de la estabilización y con un panorama más claro la ciudad comienza a surgir entra las rocas, esas rocas que sembró la avalancha a su paso que quedan como testigas mudas de una tragedia que para algunos se pudo haber evitado si las autoridades locales y regionales hubiesen actuado en forma preventiva.
El ministro de la Defensa y gerente de la Reconstrucción de Mocoa, Luis Carlos Villegas, quien supervisa las obras de la reconstrucción entrego un primer balance.
Agua
El ministro Villegas se refirió a los notables avances de las obras para reconectar el sistema de acueducto de Mocoa. Dijo que se esperan buenas noticias y avances significativos para la próxima semana. Así mismo destacó el apoyo del Ejército Nacional y varios de sus helicópteros de carga, porque han facilitado el transporte de tubos y otras herramientas necesarias para agilizar estas obras.
Hasta la fecha se han entregado 33 millones de litros de agua a través de carro-cisternas.
Vivienda
“Ya tenemos el lote, y espero que la Ministra de Vivienda termine el concurso para el constructor en los próximos dos o tres días, para empezar con las primeras 320 casas”, manifestó.
La Plaza de Mercado
Ya se ubicó un lote en el barrio de los Sauces para construir la plaza de mercado la cual debe quedar lista para el próximo año para reubicar a los vendedores.
Energía
Con la llegada de una subestación móvil traída desde la ciudad de Cali y aportada por la empresa de energía del Pacifico EPSA, para apoyar a la empresa de energía del Putumayo, hoy 72 mil suscriptores del medio y bajo Putumayo, cuentan con el servicio d energía el cual estuvo suspendido por espacio de 15 días.
Los comerciantes
A la fecha el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de Bancóldex y el respaldo del Fondo Nacional de Garantías, ha desembolsado cerca de $6.000 millones a los comerciantes y empresarios de Mocoa, afectados por la avalancha
La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, explicó que los recursos que se entregan a los empresarios, por medio de las entidades financieras y bancos presentes en la ciudad, permitirán que los comerciantes adquieran bienes y/o maquinaria que les permitan poner en funcionamiento sus negocios y empresas, de tal forma que haya una reactivación del aparato productivo de la región.
Anunció que la próxima semana, se pondrá en marcha una convocatoria para apoyar la reactivación de los negocios en la capital de Putumayo, para lo cual funcionarios del Ministerio de Comercio adelantan un trabajo de caracterización y verificación de la afectación de los negocios. La entidad aportará el 80% de los recursos que requieran estos empresarios hasta por un monto de 40 millones de pesos, de acuerdo con la necesidad de cada comerciante. El restante 20% puede obtenerse por medio de un crédito con el respaldo de la línea de Bancóldex que ofrece condiciones favorables en tasa, un año de gracia y cinco de plazo para pagarlo.
La presidenta de Cámara de Comercio del Putumayo Deccy Ibarra González, cuantifica 340 comerciantes afectados de los cuales 139 la perdida fue del cien por ciento
Igualmente ya se comenzó a pagar los subsidios de arriendo de 3.747 contratos.
"De acá no nos vamos"
La mayoría de los habitantes que sobrevivieron a la avalancha han manifestado no querer irse de Mocoa, a pesar del dolor que los embarga y la nostalgia que los acompañan al ver como quedo el sueño y el esfuerzo de toda su vida.
En medio de las ruinas muchas de estas personas comienzan a edificar sus vidas tanto en lo personal como en lo laboral y sin temor alguno emprenden sus actividades tratando de borrar la imagen de la noche del 31 de marzo.
Entre las rocas estaciones de gasolinas, la plaza de mercado, la terminal de transporte, los colegios, restaurantes, hoteles, supermercados, entidades públicas como privadas entran en la dinámica de la estabilización y de la reconstrucción de la “Dama Antañona”, como se le conoce a la capital del Putumayo.
Inclusive la vida nocturna comienza con su habitual rutina a pesar de las críticas de algunos quienes afirman que la ciudad no está para fiestas.
Otros afirman que toda la verdad no se ha contado de la tragedia de Mocoa, y que por ello le exigen al Gobierno Nacional que informe realmente de las cifras de los muertos y desaparecidos que puede ser el doble de lo que está reportando el gobierno de Santos.
Otros piden a gritos que tanto la mano de obra calificada como no calificada sea contratada al ciento por ciento con las personas del departamento.
Jaime Fajardo, un reconocido habitante de Mocoa, quien perdió su negocio con brillo en sus ojos y voz fuerte dice: “Dios me dio la licencia de seguir con vida junto con mi familia y de esta me vuelvo a parar”, al tiempo que se le dibuja una sonrisa en sus labios y recibe el abrazo de su esposa.
Vilma Zapata, dueña de uno de los más importantes hoteles de la ciudad afirma que la gente de Mocoa, es muy pujante y saben sortear momentos difíciles como estos como le ha tocado a ella y a su familia.
Para Lorenzo Guasimales, la avalancha fue una prueba más de Dios, para nosotros los mocoanos de tantas pruebas que nos ha puesto como la violencia, el narcotráfico y las pirámides (captadoras ilegales de dinero). “De esta salgo como de las anteriores”, sonríe algo nervioso.
Martha Ordoñez, educadora especial afirma que los miedos hay que superarlos y transmitir confianza y seguridad a los niños para tratar que el fenómeno natural los marque para siempre. Por eso reitera que haber retomado las clases desde el 17 de marzo fue un gran acierto del ministerio de Educación, porque así se va superando el fantasma del horror de la tragedia.
La gobernadora del Putumayo Sorrel Aroca, como el alcalde de Mocoa, José Castro, han agradecido toda la ayuda recibida para con Mocoa, ayudas tanto desde lo nacional como del extranjero, el apoyo incondicional del mismo Gobierno Nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos.
"Claro está que todavía faltan muchas cosas que superar de esta emergencia, todo no está bien pero tampoco todo esta tan mal", señalaron los dos mandatarios.
Fuerza Mocoa, es la voz que se escucha repetir entre sus habitantes. Mientras tanto la lluvia sigue cayendo sobre Mocoa y la gente con temor a una nueva avalancha.
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Geovanny Muñoz, el hidalgo hombre que se dedica a buscar los desaparecidos de la avalancha de Mocoa, del pasado 31 de marzo y que cobra ya 330 muertos.
Geovanny Muñoz, es un jóven universitario que perdió siete miembros de su familia incluyendo a su pequeño hijo de cuatro años el pasado 31 de marzo tras la avalancha que se registró hacia las 11 y 24 de la noche y que al día de hoy cubre 330 muertos.
La familia de Muñoz, junto con él residía en el barrio Los Pinos, uno de los 17 barrios afectados en un alto porcentaje. Desde el mismo momento que se dio la tragedia Muñoz, inicio la búsqueda de los suyos con una corta pala en compañía de su novia Michel Muñoz conocida como “Laura Montoya” en el mundo de la radio.
“Dese las primeras horas del sábado 1 de abril y cuando me entere de la tragedia de mi familia y que no aparecían en los hospitales ni en los albergues y bajo le presunción que estaban muertos empecé a buscarlos noche y día hasta que fui encontrando uno por uno para darle su santa sepultura”, anoto con voz entrecortada Muñoz.
Pero la búsqueda no para allí, porque su reto era ayudar a buscar a los demás desaparecidos de la tragedia más aun cuando las labores de búsqueda por parte de los organismos de socorro se levantaron casi 10 días después de la tragedia.
“Emprendí la búsqueda con Laura, por aguas del rio Mocoa y Caquetá, porque sabíamos que la fuerza de la avalancha los había arrastrado hasta esos dos ríos y en efecto así sucedió porque a los pocos días habitantes de Villagarzón, Puerto Limón, Puerto Guzmán y Curillo Caquetá, comenzaron a reportar la presencia de cadáveres flotando sobre esos ríos”, puntualizo.
Hoy 35 días después de la tragedia seguimos encontrando cuerpos sin vida como el caso de ayer de un niño de 9 años que fue hallado por operarios de una maquinaria amarilla cuando adelantaban labores de remoción de escombros. El menor fue identificado por su abuela como Fernando Garreta.
En estos momentos y según Geovanny, ellos manejan un censo extraoficial de 200 familias que siguen buscando a sus seres queridos y por ello afirman que la cifra de desaparecidos no es de 70 como informa el Gobierno Nacional si no, más de 200. “Claro está que no quiero pasar de irresponsable en aseverar dicha cifra como una realidad por eso estamos haciendo un censo real con apoyo de varias universidades del país que se han sumado en este propósito.
Según él ellos tienen una estrategia de búsqueda y de identificación mediante datos de las mismas familias que le han permitido la ubicación y la identificación de los cadáveres que se han encontrado aunque la cifra de los recuperados por él y sus amigos no la tienen detallada.
“Mi búsqueda va hasta el final y no voy a parar hasta no encontrar al último de los desaparecidos para darle su santa sepultura y para darle tranquilidad a sus familias”, puntualizo al tiempo que acoto que le da muchas gracias a todas las personas y entidades públicas y privadas que le han prestado el apoyo necesario para la búsqueda de los que faltan por encontrar.
“Usted no sabe la angustia que se siente al saber que no encuentras ni vivo ni muerto a un ser querido como me paso a mí”. Finalizo Muñoz, al tiempo que secaba sus lágrimas de dolor y nostalgia con un pañuelo blanco y pulcro que ha sido testigo de su dolor durante estos días.-
Geovanny Muñoz, es un jóven universitario que perdió siete miembros de su familia incluyendo a su pequeño hijo de cuatro años el pasado 31 de marzo tras la avalancha que se registró hacia las 11 y 24 de la noche y que al día de hoy cubre 330 muertos.
La familia de Muñoz, junto con él residía en el barrio Los Pinos, uno de los 17 barrios afectados en un alto porcentaje. Desde el mismo momento que se dio la tragedia Muñoz, inicio la búsqueda de los suyos con una corta pala en compañía de su novia Michel Muñoz conocida como “Laura Montoya” en el mundo de la radio.
“Dese las primeras horas del sábado 1 de abril y cuando me entere de la tragedia de mi familia y que no aparecían en los hospitales ni en los albergues y bajo le presunción que estaban muertos empecé a buscarlos noche y día hasta que fui encontrando uno por uno para darle su santa sepultura”, anoto con voz entrecortada Muñoz.
Pero la búsqueda no para allí, porque su reto era ayudar a buscar a los demás desaparecidos de la tragedia más aun cuando las labores de búsqueda por parte de los organismos de socorro se levantaron casi 10 días después de la tragedia.
“Emprendí la búsqueda con Laura, por aguas del rio Mocoa y Caquetá, porque sabíamos que la fuerza de la avalancha los había arrastrado hasta esos dos ríos y en efecto así sucedió porque a los pocos días habitantes de Villagarzón, Puerto Limón, Puerto Guzmán y Curillo Caquetá, comenzaron a reportar la presencia de cadáveres flotando sobre esos ríos”, puntualizo.
Hoy 35 días después de la tragedia seguimos encontrando cuerpos sin vida como el caso de ayer de un niño de 9 años que fue hallado por operarios de una maquinaria amarilla cuando adelantaban labores de remoción de escombros. El menor fue identificado por su abuela como Fernando Garreta.
En estos momentos y según Geovanny, ellos manejan un censo extraoficial de 200 familias que siguen buscando a sus seres queridos y por ello afirman que la cifra de desaparecidos no es de 70 como informa el Gobierno Nacional si no, más de 200. “Claro está que no quiero pasar de irresponsable en aseverar dicha cifra como una realidad por eso estamos haciendo un censo real con apoyo de varias universidades del país que se han sumado en este propósito.
Según él ellos tienen una estrategia de búsqueda y de identificación mediante datos de las mismas familias que le han permitido la ubicación y la identificación de los cadáveres que se han encontrado aunque la cifra de los recuperados por él y sus amigos no la tienen detallada.
“Mi búsqueda va hasta el final y no voy a parar hasta no encontrar al último de los desaparecidos para darle su santa sepultura y para darle tranquilidad a sus familias”, puntualizo al tiempo que acoto que le da muchas gracias a todas las personas y entidades públicas y privadas que le han prestado el apoyo necesario para la búsqueda de los que faltan por encontrar.
“Usted no sabe la angustia que se siente al saber que no encuentras ni vivo ni muerto a un ser querido como me paso a mí”. Finalizo Muñoz, al tiempo que secaba sus lágrimas de dolor y nostalgia con un pañuelo blanco y pulcro que ha sido testigo de su dolor durante estos días.-
EL DRAMA DE LOS DESAPARECIDOS
Por Juan Carlos Díaz
Integrante HUMANOS
Cali, Colombia
En Cali, la tercera ciudad más importante de Colombia (después de la Capital, Bogotá y Medellín), se estima que entre 3 y 4 personas se desaparecen por día. A lo anterior se suma que familias de desaparecidos manifestaron la falta de priorización por parte de las diferentes instituciones que manejan las investigaciones de sus familiares.
La Personería Municipal de Cali reitero que en caso de tener una persona desaparecida no existe un plazo, ni horas para reportarla ante las autoridades.
En la última reunión del Comité Operativo de Búsqueda de Desaparecidos Cali, se trató el requerimiento realizado por familias de desaparecidos quienes manifestaron la falta de priorización por parte de las diferentes instituciones que manejan las investigaciones de sus familiares.
El Personero de la Capital del Valle, Héctor Hugo Montoya ve con mucha preocupación la situación que viven las familias de los desaparecidos en Cali e hizo un llamado a las diferentes instituciones para trabajar de forma articulada priorizando la atención al tema de los desaparecidos.
Por esta razón fue convocada de forma inmediata una reunión interinstitucional para el próximo 20 de octubre en las instalaciones de la entidad.
"Se recuerda a la comunidad que no existe un plazo, ni horas para reportar a una persona como desaparecida, las autoridades deben recibir el reporte y realizar las actuaciones de búsqueda de forma inmediata", reitero el personero de Cali.
Blog recomendado sobre casos de desaparecidos en Cali
Las Farc y los desaparecidos
Las delegaciones del Gobierno Nacional y las Farc, luego de casi 4 años de intensas conversaciones, concluyeron el pasado 24 de agosto el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Tanto el Gobierno Nacional como la guerrilla de las Farc, reconocieron, sin embargo, que quienes participaron en el Plebiscito del pasado 2 de octubre se pronunciaron mayoritariamente a favor del NO, así fuera por estrecho margen.
En forma paralela, aseguraron que continuarán avanzando en la puesta en marcha de medidas de construcción de confianza de carácter humanitario, tales como, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, los planes pilotos de desminado humantario, la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, los compromisos respecto a la salida de menores de los campamentos y sobre la situación de personas privadas de la libertad.
Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas
El Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret Mosquera, renovó su compromiso con las comunidades más vulnerables del país, y en ese sentido manifestó que quienes han sufrido el rigor de la desaparición constituirán una prioridad durante su gestión.
“Es mi deseo manifestar mi total compromiso con las víctimas, y hago un llamado para que entre todos apoyemos en forma decidida la labor de los familiares por la reivindicación de sus derechos, y ante todo para no olvidar a nuestros desaparecidos y seguir luchando hasta encontrarlos” afirmó el funcionario del Ministerio Público.
Negret Mosquera señaló que ante las cifras existentes ignominiosas, los registros históricos disponibles a 31 de agosto de este año, dan cuenta de 115.958 personas reportadas como desaparecidas en el país, 23.523 de las cuales corresponden a víctimas de desaparición forzada.
Al señalar que hay un poco más de 91 mil registros sin información, dijo que es necesario trabajar para depurar y unificar las bases de datos, y confió en que la Justicia Especial para la Paz permita despejar las dudas de muchos familiares que tras años de incertidumbre siguen sin saber dónde están sus seres queridos ni quién se los llevó.
El Defensor del Pueblo agregó que la entidad acompañará la implementación de mecanismos como la nueva Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y los instrumentos de participación, reparación y memoria histórica que surgieron a la luz de lo pactado entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc.
Por Juan Carlos Díaz
Integrante HUMANOS
Cali, Colombia
En Cali, la tercera ciudad más importante de Colombia (después de la Capital, Bogotá y Medellín), se estima que entre 3 y 4 personas se desaparecen por día. A lo anterior se suma que familias de desaparecidos manifestaron la falta de priorización por parte de las diferentes instituciones que manejan las investigaciones de sus familiares.
La Personería Municipal de Cali reitero que en caso de tener una persona desaparecida no existe un plazo, ni horas para reportarla ante las autoridades.
En la última reunión del Comité Operativo de Búsqueda de Desaparecidos Cali, se trató el requerimiento realizado por familias de desaparecidos quienes manifestaron la falta de priorización por parte de las diferentes instituciones que manejan las investigaciones de sus familiares.
El Personero de la Capital del Valle, Héctor Hugo Montoya ve con mucha preocupación la situación que viven las familias de los desaparecidos en Cali e hizo un llamado a las diferentes instituciones para trabajar de forma articulada priorizando la atención al tema de los desaparecidos.
Por esta razón fue convocada de forma inmediata una reunión interinstitucional para el próximo 20 de octubre en las instalaciones de la entidad.
"Se recuerda a la comunidad que no existe un plazo, ni horas para reportar a una persona como desaparecida, las autoridades deben recibir el reporte y realizar las actuaciones de búsqueda de forma inmediata", reitero el personero de Cali.
Blog recomendado sobre casos de desaparecidos en Cali
Las Farc y los desaparecidos
Las delegaciones del Gobierno Nacional y las Farc, luego de casi 4 años de intensas conversaciones, concluyeron el pasado 24 de agosto el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Tanto el Gobierno Nacional como la guerrilla de las Farc, reconocieron, sin embargo, que quienes participaron en el Plebiscito del pasado 2 de octubre se pronunciaron mayoritariamente a favor del NO, así fuera por estrecho margen.
En forma paralela, aseguraron que continuarán avanzando en la puesta en marcha de medidas de construcción de confianza de carácter humanitario, tales como, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, los planes pilotos de desminado humantario, la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, los compromisos respecto a la salida de menores de los campamentos y sobre la situación de personas privadas de la libertad.
Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas
El Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret Mosquera, renovó su compromiso con las comunidades más vulnerables del país, y en ese sentido manifestó que quienes han sufrido el rigor de la desaparición constituirán una prioridad durante su gestión.
“Es mi deseo manifestar mi total compromiso con las víctimas, y hago un llamado para que entre todos apoyemos en forma decidida la labor de los familiares por la reivindicación de sus derechos, y ante todo para no olvidar a nuestros desaparecidos y seguir luchando hasta encontrarlos” afirmó el funcionario del Ministerio Público.
Negret Mosquera señaló que ante las cifras existentes ignominiosas, los registros históricos disponibles a 31 de agosto de este año, dan cuenta de 115.958 personas reportadas como desaparecidas en el país, 23.523 de las cuales corresponden a víctimas de desaparición forzada.
Al señalar que hay un poco más de 91 mil registros sin información, dijo que es necesario trabajar para depurar y unificar las bases de datos, y confió en que la Justicia Especial para la Paz permita despejar las dudas de muchos familiares que tras años de incertidumbre siguen sin saber dónde están sus seres queridos ni quién se los llevó.
El Defensor del Pueblo agregó que la entidad acompañará la implementación de mecanismos como la nueva Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y los instrumentos de participación, reparación y memoria histórica que surgieron a la luz de lo pactado entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc.
DENUNCIA
MALOS TRATOS A PRESOS POLÍTICOS
DEL ELN Y LAS FARC EN CALI
Los presos políticos del ELN y las Farc, recluidos en el patio número 4 de la cárcel Villahermosa de Cali, Capital del Valle del Cauca, al sur occidente de Colombia, denunciaron ante la comunidad nacional e internacional los constantes abusos, señalamientos y malos tratos de los cuales vienen siendo objeto por parte del cuerpo de custodia del Instituto Nacional Penitenciario, Inpec.
En un comunicado dado a conocer a los medios locales de la ciudad de Cali, sostiene que el día 15 de octubre del presente año fue asesinado en Cali el dragoneante del Inpec, Michael Stiven Jimenez, cuando había terminado el turno de guardia en la cárcel Villahermosa de Cali quien, hasta donde lo han manifestado diferentes autoridades, no tenía ninguna amenaza.
"Este hecho que ha tenido difusión en diferentes medios de comunicación ha empezado a generar un señalamiento que, a nuestro modo de ver, pone en riesgo a las personas recluidas en el patio número 4 de dicho establecimiento penitenciario, al relacionarlo con un operativo realizado días anteriores en el que participó el dragoneante y se decomisaron una serie de elementos prohibidos.
Con asombro hemos tenido conocimiento que a través del Noticiero de Televisión 90 minutos y el periódico El Tiempo señalan como responsables de esta muerte trágica a las personas recluidas en el patio numero 4 de la cárcel Villahermosa.
Los presos políticos queremos reiterar el compromiso de Paz que hemos asumido con el pueblo colombiano de no generar violencia y hoy queremos reiterar ese compromiso. A pesar de algunas dificultades que persisten con algunos miembros del Inpec, que vienen vulnerando nuestros derechos, manifestamos que nuestras únicas arma han sido la denuncia ante medios de comunicación, con organizaciones de derechos humanos, así como el diálogo con la dirección del establecimiento, con estas armas hemos podido ir solucionado las dificultades.
Hoy no entendemos porqué nos señalan y toman represalias contra nosotros, atentando contra la estabilidad, la paz y la convivencia en la cárcel Villahermosa, en particular en el patio número 4, hacemos un llamado a los que le apuestan a la paz y como presos políticos exigimos que se hagan presentes:
1. Defensoría Nacional del Pueblo.
2. Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
3. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
4. Representante de la OEA.
5. Monseñor Darío de Jesús Monsalve
6. Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.
7. Corporación Suyana.
De igual forma que hagan presencia otras organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación como radio súper.
Queremos a través de este comunicado público señalar que hay un particular empeño en sabotear lo que con sacrificio y esfuerzo hemos logrado: que en los patios del establecimiento no haya muertes.
Las únicas muertes que hoy venimos presenciando, y se dan en la cárcel de Cali, son las que producen la falta de un sistema de salud y la inasistencia médica; muertes que no salen en los medios de comunicación, porque no interesan, porque son pobres los que han muerto, aun así, mantenemos una convivencia en paz.
Continuaremos denunciando las malas condiciones a las que somos sometidos y que día tras día vulneran nuestros derechos humanos y la dignidad humana:
El alto índice de hacinamiento, hoy en día esta cárcel construida para 1.600 reclusos cuenta con 6.553 internos.
La falta de un sistema de salud eficaz que garantice la vida y salud mental de las personas ahí recluidas.
La falta de acceso real a la justicia, ya que aquí hay una gran cantidad de personas a las cuales se les viene negando la libertad, así ya hayan cumplido con el tiempo de la condena.
Queremos enfatizar que de no obtener respuesta a nuestra solicitud el día de hoy, entraremos en una huelga de hambre de carácter indefinido, respuesta que debe incluir la presencia de las organizaciones anteriormente mencionadas.
De igual forma queremos que cesen los operativos de carácter abusivo como el realizado el día 17 de octubre a las cinco de la mañana, donde han sido aisladas y golpeadas personas en el patio número 4.
Responsabilizamos directamente a la dirección regional del Inpec, a la dirección del establecimiento en cabeza de Claudia Patricia Giraldo Ossa y al cuerpo de custodia del Inpec, de lo que pueda suceder en la cárcel Villahermosa de Cali".
MALOS TRATOS A PRESOS POLÍTICOS
DEL ELN Y LAS FARC EN CALI
Los presos políticos del ELN y las Farc, recluidos en el patio número 4 de la cárcel Villahermosa de Cali, Capital del Valle del Cauca, al sur occidente de Colombia, denunciaron ante la comunidad nacional e internacional los constantes abusos, señalamientos y malos tratos de los cuales vienen siendo objeto por parte del cuerpo de custodia del Instituto Nacional Penitenciario, Inpec.
En un comunicado dado a conocer a los medios locales de la ciudad de Cali, sostiene que el día 15 de octubre del presente año fue asesinado en Cali el dragoneante del Inpec, Michael Stiven Jimenez, cuando había terminado el turno de guardia en la cárcel Villahermosa de Cali quien, hasta donde lo han manifestado diferentes autoridades, no tenía ninguna amenaza.
"Este hecho que ha tenido difusión en diferentes medios de comunicación ha empezado a generar un señalamiento que, a nuestro modo de ver, pone en riesgo a las personas recluidas en el patio número 4 de dicho establecimiento penitenciario, al relacionarlo con un operativo realizado días anteriores en el que participó el dragoneante y se decomisaron una serie de elementos prohibidos.
Con asombro hemos tenido conocimiento que a través del Noticiero de Televisión 90 minutos y el periódico El Tiempo señalan como responsables de esta muerte trágica a las personas recluidas en el patio numero 4 de la cárcel Villahermosa.
Los presos políticos queremos reiterar el compromiso de Paz que hemos asumido con el pueblo colombiano de no generar violencia y hoy queremos reiterar ese compromiso. A pesar de algunas dificultades que persisten con algunos miembros del Inpec, que vienen vulnerando nuestros derechos, manifestamos que nuestras únicas arma han sido la denuncia ante medios de comunicación, con organizaciones de derechos humanos, así como el diálogo con la dirección del establecimiento, con estas armas hemos podido ir solucionado las dificultades.
Hoy no entendemos porqué nos señalan y toman represalias contra nosotros, atentando contra la estabilidad, la paz y la convivencia en la cárcel Villahermosa, en particular en el patio número 4, hacemos un llamado a los que le apuestan a la paz y como presos políticos exigimos que se hagan presentes:
1. Defensoría Nacional del Pueblo.
2. Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
3. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
4. Representante de la OEA.
5. Monseñor Darío de Jesús Monsalve
6. Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.
7. Corporación Suyana.
De igual forma que hagan presencia otras organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación como radio súper.
Queremos a través de este comunicado público señalar que hay un particular empeño en sabotear lo que con sacrificio y esfuerzo hemos logrado: que en los patios del establecimiento no haya muertes.
Las únicas muertes que hoy venimos presenciando, y se dan en la cárcel de Cali, son las que producen la falta de un sistema de salud y la inasistencia médica; muertes que no salen en los medios de comunicación, porque no interesan, porque son pobres los que han muerto, aun así, mantenemos una convivencia en paz.
Continuaremos denunciando las malas condiciones a las que somos sometidos y que día tras día vulneran nuestros derechos humanos y la dignidad humana:
El alto índice de hacinamiento, hoy en día esta cárcel construida para 1.600 reclusos cuenta con 6.553 internos.
La falta de un sistema de salud eficaz que garantice la vida y salud mental de las personas ahí recluidas.
La falta de acceso real a la justicia, ya que aquí hay una gran cantidad de personas a las cuales se les viene negando la libertad, así ya hayan cumplido con el tiempo de la condena.
Queremos enfatizar que de no obtener respuesta a nuestra solicitud el día de hoy, entraremos en una huelga de hambre de carácter indefinido, respuesta que debe incluir la presencia de las organizaciones anteriormente mencionadas.
De igual forma queremos que cesen los operativos de carácter abusivo como el realizado el día 17 de octubre a las cinco de la mañana, donde han sido aisladas y golpeadas personas en el patio número 4.
Responsabilizamos directamente a la dirección regional del Inpec, a la dirección del establecimiento en cabeza de Claudia Patricia Giraldo Ossa y al cuerpo de custodia del Inpec, de lo que pueda suceder en la cárcel Villahermosa de Cali".
EDITH Y MARÍA,
LAS CRUDAS REALIDADES DEL CONFLICTO ARMADO
LAS CRUDAS REALIDADES DEL CONFLICTO ARMADO
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Por Ximena Cabrera Minotta
Periodista HUMANOS
Cali, Colombia
“Sí, no se lo niego, lloré. Me sentí muy mal, pero después comprendí que esa persona que estaba al lado mío, necesita el perdón y más de mi”.
Esas son palabras de Edith Tobón Vargas, a quien solo basta con verla para saber que ese arrojo que tiene se lo ha ganado a pulso en la vida. Y no es para menos. Ha reconstruido su vida recogiendo los retazos que el conflicto armado le ha dejado: sufrió múltiples desplazamientos, perdió a su hermano Pedro, y al gran amor de su vida, Juan, de quien nunca volvió a ver su cuerpo ni ha recibido noticias sobre él.
Sin embargo, Edith se la ha medido a la paz, no solo en su amado Siloé en la comuna 20 de Cali, sino en su trabajo, donde poco a poco le ha cedido espacio a María, una de las desmovilizadas, que trabaja en la Asesoría de Paz y que al igual que ella, también carga una historia de dolor.
María fue violada a sus 14 años por tres paramilitares, siendo señorita, estuvo durante ocho años en las filas y hace cuatro se le escapó a ese grupo insurgente, que es la misma muerte cuando se quiere decir no más a su sometimiento.
Edith y María, quienes se conocieron en la Asesoría de Paz, representan las crudas realidades del conflicto armado en Colombia. Una fue víctima de conflicto armado y la otra, antes y durante el tiempo que estuvo con el grupo armado, la violencia también le aniquiló el alma.
Pero cada una, con sus historias han logrado sanar poco a poco sus heridas, esas que parecían no tener cura cuando cada una conoció la vida de la otra. Aprendieron a escucharse y aceptarse tanto, que ya se consideran amigas.
El proceso de conocerse y comprender cómo el conflicto las había afectado como civiles o combatientes, no fue fácil. Sin embargo, han logrado superar sentimientos de odio y rencor para enseñar que la reconciliación y el perdón son posibles.
De otro lado, estas historias de superación que se resaltan desde la Asesoría de Paz de Cali, han convertido a esta dependencia de la Administración en pionera al interior de la Alcaldía por incluir laboralmente a ambos grupos poblacionales de tiempo completo.
El propósito es que la gente conozca como ellas mismas son las tejedoras del sentido social que se puede construir con Cali, a través de campañas pedagógicas como #MedíteleALaPaz, la cual lidera la Asesoría de Paz.
Así lo explica la Asesora, Rocío Gutiérrez Cely, “nuestra misión es promover la reconciliación entre víctimas del conflicto armado interno colombiano, personas en proceso de reintegración o desmovilizados y con quienes sin haber padecido directamente la violencia, también pueden construir la paz en Cali.
El escenario es el entono en el que estamos. Esas actitudes que parecen tan simples pero son tan necesarias, como respetar la fila en el MIO, en el banco, dar paso al peatón, respetar a los adultos. Podemos hacer mucho para construir la paz en #MiCaliSoñada. No esperemos a que se de la firma en los diálogos dos de la Habana para #MedíteleALaPaz”,
Finalmente, la razón de ser de compartir estas historias es compartirle al mundo, como estas dos mujeres, cada una tan distinta y con su propio estilo me develaron sus dramas y alegrías. Ellas, sin duda, han marcado mi vida.
Edith con la fuerza que la caracteriza, me contó sus penas, pero no fue fácil. Ella me confesó que estaba molesta porque días antes yo había entrevistado a María, la ex combatiente, de quien por cierto conocí su vida, sin proponérmelo.
Recuerdo como hace un año, para estos días, María, sin preguntarle, volteó la pantalla del computador y me dijo: “Xime, él era mi comandante. El que mataron este fin de semana”, y yo, que no entendía lo que decía mi compañera de trabajo quien estaba inmediatamente en el puesto de mi lado derecho, le dije poco con mis palabras, pero seguramente, mis ojos, no pudieron ocultar mi sorpresa, - ¿cómo así… de qué me estás hablando? y María, me responde casi que con la misma pregunta “¿cómo así… no sabías que soy una desmovilizada?”, y le contesté no, no tenía ni idea.
Y con esa naturalidad del momento, me contó apartes de su historia, que según ella, me quiso contar porque “yo pensé que tu sabias y no se por qué Xime, pero me diste esa confianza de contarte mis cosas”.
La verdad, la razón me quedó más clara en el corazón que en mi cabeza. Solo puedo agradecer a Dios porque mi trabajo, es el epicentro de historias de perdón y reconciliación, que trato de visibilizar día a día en los medios de comunicación.
Me declaro enamorada y feliz en la Asesoría de Paz, que le ha dado otro rumbo a mi mundo profesional y eso, ni se diga a mi vida personal.
Con lo anterior, no defiendo a los desmovilizados, solo sé que la violencia le seca el alma a víctimas y victimarios. Por eso, cuando conozco las historias de superación de los dos bandos, me siento feliz de conocer cómo se han trasformado; y agradecida con la vida por perimirme conocer testimonios tan valiosos.
Periodista HUMANOS
Cali, Colombia
“Sí, no se lo niego, lloré. Me sentí muy mal, pero después comprendí que esa persona que estaba al lado mío, necesita el perdón y más de mi”.
Esas son palabras de Edith Tobón Vargas, a quien solo basta con verla para saber que ese arrojo que tiene se lo ha ganado a pulso en la vida. Y no es para menos. Ha reconstruido su vida recogiendo los retazos que el conflicto armado le ha dejado: sufrió múltiples desplazamientos, perdió a su hermano Pedro, y al gran amor de su vida, Juan, de quien nunca volvió a ver su cuerpo ni ha recibido noticias sobre él.
Sin embargo, Edith se la ha medido a la paz, no solo en su amado Siloé en la comuna 20 de Cali, sino en su trabajo, donde poco a poco le ha cedido espacio a María, una de las desmovilizadas, que trabaja en la Asesoría de Paz y que al igual que ella, también carga una historia de dolor.
María fue violada a sus 14 años por tres paramilitares, siendo señorita, estuvo durante ocho años en las filas y hace cuatro se le escapó a ese grupo insurgente, que es la misma muerte cuando se quiere decir no más a su sometimiento.
Edith y María, quienes se conocieron en la Asesoría de Paz, representan las crudas realidades del conflicto armado en Colombia. Una fue víctima de conflicto armado y la otra, antes y durante el tiempo que estuvo con el grupo armado, la violencia también le aniquiló el alma.
Pero cada una, con sus historias han logrado sanar poco a poco sus heridas, esas que parecían no tener cura cuando cada una conoció la vida de la otra. Aprendieron a escucharse y aceptarse tanto, que ya se consideran amigas.
El proceso de conocerse y comprender cómo el conflicto las había afectado como civiles o combatientes, no fue fácil. Sin embargo, han logrado superar sentimientos de odio y rencor para enseñar que la reconciliación y el perdón son posibles.
De otro lado, estas historias de superación que se resaltan desde la Asesoría de Paz de Cali, han convertido a esta dependencia de la Administración en pionera al interior de la Alcaldía por incluir laboralmente a ambos grupos poblacionales de tiempo completo.
El propósito es que la gente conozca como ellas mismas son las tejedoras del sentido social que se puede construir con Cali, a través de campañas pedagógicas como #MedíteleALaPaz, la cual lidera la Asesoría de Paz.
Así lo explica la Asesora, Rocío Gutiérrez Cely, “nuestra misión es promover la reconciliación entre víctimas del conflicto armado interno colombiano, personas en proceso de reintegración o desmovilizados y con quienes sin haber padecido directamente la violencia, también pueden construir la paz en Cali.
El escenario es el entono en el que estamos. Esas actitudes que parecen tan simples pero son tan necesarias, como respetar la fila en el MIO, en el banco, dar paso al peatón, respetar a los adultos. Podemos hacer mucho para construir la paz en #MiCaliSoñada. No esperemos a que se de la firma en los diálogos dos de la Habana para #MedíteleALaPaz”,
Finalmente, la razón de ser de compartir estas historias es compartirle al mundo, como estas dos mujeres, cada una tan distinta y con su propio estilo me develaron sus dramas y alegrías. Ellas, sin duda, han marcado mi vida.
Edith con la fuerza que la caracteriza, me contó sus penas, pero no fue fácil. Ella me confesó que estaba molesta porque días antes yo había entrevistado a María, la ex combatiente, de quien por cierto conocí su vida, sin proponérmelo.
Recuerdo como hace un año, para estos días, María, sin preguntarle, volteó la pantalla del computador y me dijo: “Xime, él era mi comandante. El que mataron este fin de semana”, y yo, que no entendía lo que decía mi compañera de trabajo quien estaba inmediatamente en el puesto de mi lado derecho, le dije poco con mis palabras, pero seguramente, mis ojos, no pudieron ocultar mi sorpresa, - ¿cómo así… de qué me estás hablando? y María, me responde casi que con la misma pregunta “¿cómo así… no sabías que soy una desmovilizada?”, y le contesté no, no tenía ni idea.
Y con esa naturalidad del momento, me contó apartes de su historia, que según ella, me quiso contar porque “yo pensé que tu sabias y no se por qué Xime, pero me diste esa confianza de contarte mis cosas”.
La verdad, la razón me quedó más clara en el corazón que en mi cabeza. Solo puedo agradecer a Dios porque mi trabajo, es el epicentro de historias de perdón y reconciliación, que trato de visibilizar día a día en los medios de comunicación.
Me declaro enamorada y feliz en la Asesoría de Paz, que le ha dado otro rumbo a mi mundo profesional y eso, ni se diga a mi vida personal.
Con lo anterior, no defiendo a los desmovilizados, solo sé que la violencia le seca el alma a víctimas y victimarios. Por eso, cuando conozco las historias de superación de los dos bandos, me siento feliz de conocer cómo se han trasformado; y agradecida con la vida por perimirme conocer testimonios tan valiosos.
PUTUMAYO: EDUCACIÓN MINADA
Por Germán de Jesús Arenas
Periodista HUMANOS
Putumayo
Especial para HUMANOS (*)
Los niños y niñas de las escuelas del departamento de Putumayo, se acostumbraron a las minas antipersonal y los hostigamientos por culpa del conflicto armado que se vive en Colombia desde hace más de 50 años.
VER MAPA INTERACTUADO
En la escuela de la comunidad indígena Alpagama no hubo clases. Pero los 37 niños y niñas Inga que estudian allí no estaban felices. Estaban asustados.
El ejército había encontrado explosivos junto al árbol del patio de la escuela. Mientras los desactivaban, esta estuvo cerrada dos días.
Los estudiantes de la institución educativa Luis Vidal de la inspección Piñuña Negro, a dos horas de Puerto Asís por el río Putumayo, estuvieron entre los primeros en sentir directamente el impacto del fin del cese unilateral de hostilidades de las Farc, el 22 de mayo.
Cinco días después, guerrilleros de las Farc hostigaron el puesto de la Armada, ubicado a 900 metros de la institución educativa, cuando los estudiantes se preparaban para recibir su almuerzo. Todos se escondieron debajo de las mesas del restaurante escolar, según contó una docente.
Estos hechos son parte de la realidad de la educación en zonas rurales del Putumayo. El departamento tiene 149 planteles educativos oficiales donde asisten 73.448 alumnos. Un reciente reporte de la sexta División del ejército revela que se han descubierto en los últimos doce meses 53 áreas minadas en el medio y bajo Putumayo –sobre todo en zonas rurales de Puerto Asís, Puerto Caicedo, San Miguel Orito y Valle del Guamuéz–, de las cuales 17 están muy cercanas a planteles educativos. Todas están en zona rural.
En esos 365 días un total de 621 minas antipersonal y artefactos explosivos y 19 medios de lanzamiento casero han sido desactivados. Varios de estos explosivos se han ubicado y destruido en seis instituciones educativas.
Además, en los 27 ataques de la guerrilla registrados del 2013 al 2015 contra instalaciones de la fuerza pública, siete planteles educativos fueron afectados, según un reporte de la Defensoría del Pueblo regional y la Secretaría de Educación.
Durante los seis ceses unilaterales de hostilidades que han hecho las Farc desde que empezaron a negociar con el gobierno en noviembre del 2012 los hostigamientos cesan, como ocurre ahora, a raíz de la tregua iniciada por esta guerrilla desde el 20 de julio. Pero el peligro de las minas y explosivos para los estudiantes se mantiene.
Escuelas y minas
A mediados de enero de este año, en la vereda Puerto Amor, zona rural de La Hormiga, técnicos del Grupo Marte de la Sexta División neutralizaron dos cilindros, cada uno con 50 kilos de pentolita, instalados a tres metros de las aulas de clase de la escuela.
El 23 de febrero, fueron desactivados varios artefactos explosivos ubicados por las Farc detrás de las instalaciones del colegio de Comfamiliar, en Puerto Asís. Los 200 estudiantes fueron evacuados.
Nelson Mosquera, secretario de educación departamental, presentó una lista de 11 instituciones afectadas por los grupos armados en los dos últimos años en las veredas de Maraveles, La Y, Mogambo, Jordán Guisia, El Temblón (Valle del Guamuéz); Santa Rosa, La Carmelita, Puerto Bello (Puerto Asís); Las Palmeras y Siberia (Orito); Santa Rosa (Villagarzón) y Puerto Colón (San Miguel).
La Defensoría del Pueblo, viene denunciando que desde 1993 existen varios campos minados sembrados cerca de planteles educativos, sobre todo en regiones del bajo Putumayo, que han cobrado cuatro víctimas entre estudiantes.
El pasado 9 junio, cuando Kevin Minda, de 11 años, iba con su padre rumbo a la escuela por un camino veredal de la vereda Los Olivos, de Valle del Guamuéz, cayó en una mina. El 26 de mayo del 2014, en Orito, al ingreso a su colegio Jorge Eliecer Gaitán, un joven de 16 años encontró un explosivo que explotó en su mano izquierda y le arrancó tres dedos, según denunció la Personera Milena Rivadeneira. En la vereda La Alea, de Puerto Asís, Jacqueline García, de 16 años de edad, en camino hacia la escuela en compañía de su hermano de 9 años perdió las dos piernas por culpa de una mina, el 21 de febrero del 2013.
Diego Fernando Gutiérrez, hasta hace poco Defensor Regional del pueblo explicó que una de las razones que aducen las Farc para instalar explosivos en lugares cercanos a las escuelas es que el ejército utiliza a veces las instalaciones educativas para montar sus campamentos, lo que viola el derecho humanitario. La coordinadora de Derechos Humanos de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales Campesinas, Indígenas y Afro del Putumayo, Yuri Quintero, denuncia que el ejército está utilizando las escuelas del sector rural del corredor Puerto Vega – Teteyé, una zona de marcada influencia de las Farc, para descansar en las noches, y que igual sucede en algunas zonas rurales de Puerto Caicedo y Orito.
Durante su paso por la Defensoría, entre 2013 y mayo pasado, Gutiérrez fue reiterativo en los consejos de seguridad en advertir al ejército que sus tropas no pueden utilizar los colegios para montar campamentos ni puestos militares, advertencia que la fuerza pública dice haber respetado desde el año 2005.
‘Vecino peligroso’
El 16 de febrero del 2013, a las 4 y 30 de la mañana, la estación de policía de Ciudad Jardín, en Puerto Asís, ubicada junto a la escuela, fue atacada por el frente 48 de las Farc. Este hecho llevó a los padres de familia de la Escuela Central, en la población cercana de La Hormiga, a presentar una tutela para cambiar de sitio la estación de policía, ubicada junto al plantel. Los padres declararon a la policía “vecino peligroso”.
“La lucha no fue nada fácil”, afirma Flor Argoty, quien presidía la junta de padres de familia. Para lograr el traslado, los padres dejaron de enviar a sus hijos a la escuela durante dos meses. “Este tema lo tuvimos que llevar hasta el Congreso. El entonces representante Guillermo Rivera citó a los ministros de Defensa y Educación para plantear el tema”, dice Argoty.
La Policía apeló, pero finalmente, para inicios del año escolar de 2014, la estación de La Hormiga fue reubicada.
Similar batalla jurídica emprendieron los padres de familia del colegio Luis Vidales de Piñuña Negro, quienes dejaron de enviar a los 127 estudiantes por temor a un ataque de las Farc. Durante la protesta, los estudiantes recibían clases en improvisadas aulas como un salón de billar, la nave central de la iglesia y una caseta comunal.
La Armada desplazó el puesto algo más lejos del colegio y se instaló alrededor del mismo un en mallado protectivo. Sin embargo, el pasado 27 de mayo, las FARC hostigaron el puesto militar y causaron el pánico entre los estudiantes a la hora del almuerzo.
Ha sido práctica común en municipios del medio y bajo Putumayo que los frentes 48 y 32, al mando de alias ‘Robledo’ y ‘Caballo’, ataquen con explosivos y armas no convencionales las estaciones de Policía y guarniciones militares. En no pocos casos, estas se encuentran cerca a instalaciones educativas y el temor de padres, estudiantes y profesores genera conflictos entre las comunidades y la fuerza pública como los de La Hormiga y Piñuña Negro.
El 6 de enero del 2012, la guerrilla hostigó la estación de policía de El Placer, en Valle del Guamuéz, ubicada a menos de 100 metros de la escuela José Asunción Silva, a la que asisten 134 estudiantes. Varias granadas lanzadas por los guerrilleros cayeron en el patio de la escuela. Alexander Narváez, de 13 años, recibió un disparo de fusil.
Rosa Mueses, la rectora gestionó el traslado de la escuela, que se realizó a finales del año 2013.
Hoy la antigua escuela se ha convertido en un museo donde se exhiben elementos que utilizaban los paramilitares y las Farc cuando se disputaban el dominio territorial entre 1999 y 2005.
A partir del cese de hostilidades decretado por las Farc desde el 20 de julio pasado, la tensión ha bajado y no se han presentado nuevos hostigamientos ni víctimas de minas. Sin embargo, el fantasma de minas y explosivos sigue latente. Padres y estudiantes les temen sobre todo a los caminos que transitan para llegar a las escuelas.
* Esta historia es resultado del proyecto "La cobertura periodística del conflicto y la paz", en su fase editorial liderada por Consejo de Redacción (CdR) con el apoyo de International Media Support"
Periodista HUMANOS
Putumayo
Especial para HUMANOS (*)
Los niños y niñas de las escuelas del departamento de Putumayo, se acostumbraron a las minas antipersonal y los hostigamientos por culpa del conflicto armado que se vive en Colombia desde hace más de 50 años.
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En la escuela de la comunidad indígena Alpagama no hubo clases. Pero los 37 niños y niñas Inga que estudian allí no estaban felices. Estaban asustados.
El ejército había encontrado explosivos junto al árbol del patio de la escuela. Mientras los desactivaban, esta estuvo cerrada dos días.
Los estudiantes de la institución educativa Luis Vidal de la inspección Piñuña Negro, a dos horas de Puerto Asís por el río Putumayo, estuvieron entre los primeros en sentir directamente el impacto del fin del cese unilateral de hostilidades de las Farc, el 22 de mayo.
Cinco días después, guerrilleros de las Farc hostigaron el puesto de la Armada, ubicado a 900 metros de la institución educativa, cuando los estudiantes se preparaban para recibir su almuerzo. Todos se escondieron debajo de las mesas del restaurante escolar, según contó una docente.
Estos hechos son parte de la realidad de la educación en zonas rurales del Putumayo. El departamento tiene 149 planteles educativos oficiales donde asisten 73.448 alumnos. Un reciente reporte de la sexta División del ejército revela que se han descubierto en los últimos doce meses 53 áreas minadas en el medio y bajo Putumayo –sobre todo en zonas rurales de Puerto Asís, Puerto Caicedo, San Miguel Orito y Valle del Guamuéz–, de las cuales 17 están muy cercanas a planteles educativos. Todas están en zona rural.
En esos 365 días un total de 621 minas antipersonal y artefactos explosivos y 19 medios de lanzamiento casero han sido desactivados. Varios de estos explosivos se han ubicado y destruido en seis instituciones educativas.
Además, en los 27 ataques de la guerrilla registrados del 2013 al 2015 contra instalaciones de la fuerza pública, siete planteles educativos fueron afectados, según un reporte de la Defensoría del Pueblo regional y la Secretaría de Educación.
Durante los seis ceses unilaterales de hostilidades que han hecho las Farc desde que empezaron a negociar con el gobierno en noviembre del 2012 los hostigamientos cesan, como ocurre ahora, a raíz de la tregua iniciada por esta guerrilla desde el 20 de julio. Pero el peligro de las minas y explosivos para los estudiantes se mantiene.
Escuelas y minas
A mediados de enero de este año, en la vereda Puerto Amor, zona rural de La Hormiga, técnicos del Grupo Marte de la Sexta División neutralizaron dos cilindros, cada uno con 50 kilos de pentolita, instalados a tres metros de las aulas de clase de la escuela.
El 23 de febrero, fueron desactivados varios artefactos explosivos ubicados por las Farc detrás de las instalaciones del colegio de Comfamiliar, en Puerto Asís. Los 200 estudiantes fueron evacuados.
Nelson Mosquera, secretario de educación departamental, presentó una lista de 11 instituciones afectadas por los grupos armados en los dos últimos años en las veredas de Maraveles, La Y, Mogambo, Jordán Guisia, El Temblón (Valle del Guamuéz); Santa Rosa, La Carmelita, Puerto Bello (Puerto Asís); Las Palmeras y Siberia (Orito); Santa Rosa (Villagarzón) y Puerto Colón (San Miguel).
La Defensoría del Pueblo, viene denunciando que desde 1993 existen varios campos minados sembrados cerca de planteles educativos, sobre todo en regiones del bajo Putumayo, que han cobrado cuatro víctimas entre estudiantes.
El pasado 9 junio, cuando Kevin Minda, de 11 años, iba con su padre rumbo a la escuela por un camino veredal de la vereda Los Olivos, de Valle del Guamuéz, cayó en una mina. El 26 de mayo del 2014, en Orito, al ingreso a su colegio Jorge Eliecer Gaitán, un joven de 16 años encontró un explosivo que explotó en su mano izquierda y le arrancó tres dedos, según denunció la Personera Milena Rivadeneira. En la vereda La Alea, de Puerto Asís, Jacqueline García, de 16 años de edad, en camino hacia la escuela en compañía de su hermano de 9 años perdió las dos piernas por culpa de una mina, el 21 de febrero del 2013.
Diego Fernando Gutiérrez, hasta hace poco Defensor Regional del pueblo explicó que una de las razones que aducen las Farc para instalar explosivos en lugares cercanos a las escuelas es que el ejército utiliza a veces las instalaciones educativas para montar sus campamentos, lo que viola el derecho humanitario. La coordinadora de Derechos Humanos de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales Campesinas, Indígenas y Afro del Putumayo, Yuri Quintero, denuncia que el ejército está utilizando las escuelas del sector rural del corredor Puerto Vega – Teteyé, una zona de marcada influencia de las Farc, para descansar en las noches, y que igual sucede en algunas zonas rurales de Puerto Caicedo y Orito.
Durante su paso por la Defensoría, entre 2013 y mayo pasado, Gutiérrez fue reiterativo en los consejos de seguridad en advertir al ejército que sus tropas no pueden utilizar los colegios para montar campamentos ni puestos militares, advertencia que la fuerza pública dice haber respetado desde el año 2005.
‘Vecino peligroso’
El 16 de febrero del 2013, a las 4 y 30 de la mañana, la estación de policía de Ciudad Jardín, en Puerto Asís, ubicada junto a la escuela, fue atacada por el frente 48 de las Farc. Este hecho llevó a los padres de familia de la Escuela Central, en la población cercana de La Hormiga, a presentar una tutela para cambiar de sitio la estación de policía, ubicada junto al plantel. Los padres declararon a la policía “vecino peligroso”.
“La lucha no fue nada fácil”, afirma Flor Argoty, quien presidía la junta de padres de familia. Para lograr el traslado, los padres dejaron de enviar a sus hijos a la escuela durante dos meses. “Este tema lo tuvimos que llevar hasta el Congreso. El entonces representante Guillermo Rivera citó a los ministros de Defensa y Educación para plantear el tema”, dice Argoty.
La Policía apeló, pero finalmente, para inicios del año escolar de 2014, la estación de La Hormiga fue reubicada.
Similar batalla jurídica emprendieron los padres de familia del colegio Luis Vidales de Piñuña Negro, quienes dejaron de enviar a los 127 estudiantes por temor a un ataque de las Farc. Durante la protesta, los estudiantes recibían clases en improvisadas aulas como un salón de billar, la nave central de la iglesia y una caseta comunal.
La Armada desplazó el puesto algo más lejos del colegio y se instaló alrededor del mismo un en mallado protectivo. Sin embargo, el pasado 27 de mayo, las FARC hostigaron el puesto militar y causaron el pánico entre los estudiantes a la hora del almuerzo.
Ha sido práctica común en municipios del medio y bajo Putumayo que los frentes 48 y 32, al mando de alias ‘Robledo’ y ‘Caballo’, ataquen con explosivos y armas no convencionales las estaciones de Policía y guarniciones militares. En no pocos casos, estas se encuentran cerca a instalaciones educativas y el temor de padres, estudiantes y profesores genera conflictos entre las comunidades y la fuerza pública como los de La Hormiga y Piñuña Negro.
El 6 de enero del 2012, la guerrilla hostigó la estación de policía de El Placer, en Valle del Guamuéz, ubicada a menos de 100 metros de la escuela José Asunción Silva, a la que asisten 134 estudiantes. Varias granadas lanzadas por los guerrilleros cayeron en el patio de la escuela. Alexander Narváez, de 13 años, recibió un disparo de fusil.
Rosa Mueses, la rectora gestionó el traslado de la escuela, que se realizó a finales del año 2013.
Hoy la antigua escuela se ha convertido en un museo donde se exhiben elementos que utilizaban los paramilitares y las Farc cuando se disputaban el dominio territorial entre 1999 y 2005.
A partir del cese de hostilidades decretado por las Farc desde el 20 de julio pasado, la tensión ha bajado y no se han presentado nuevos hostigamientos ni víctimas de minas. Sin embargo, el fantasma de minas y explosivos sigue latente. Padres y estudiantes les temen sobre todo a los caminos que transitan para llegar a las escuelas.
* Esta historia es resultado del proyecto "La cobertura periodística del conflicto y la paz", en su fase editorial liderada por Consejo de Redacción (CdR) con el apoyo de International Media Support"
CALI, PIONERA EN COLOMBIA CON MURALES DE RECONCILIACIÓN
Por Ximena Cabrera Minotta
Periodista HUMANOS
Cali
En la elaboración de los murales participaron diferentes actores con un respaldo artístico que no se había realizado en otras ciudades del país.
Luis, de tez morena y contextura gruesa, frota sus manos a medida que toma aire por su nariz y lo expulsa por su boca, para llenarse de valor antes de compartir cómo fueron las jornadas de intervención en la comuna 20 de Cali, que tenían como propósito realizar los ocho murales alusivos a la paz, la reconciliación y la memoria histórica de este punto de la ciudad.
La labor social de Luis, en esa Comuna, está ligada a su testimonio de vida que superó la guerra para sembrar paz.
Él es uno de los 40 desmovilizados o personas en proceso de reintegración -como se conoce a este grupo poblacional- que durante tres meses de trabajo voluntario, en compañía de jóvenes en riesgo de la comuna 20, líderes del sector y habientes de esta zona, realizaron los murales ubicados en la Avenida Circunvalar; La Nave -Parque de los Pensionados; Brisas de mayo; La Sultana; La Cascada-La Playa; Pila Seca y López de Mesa.
La intervención fue coordinada por la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR); la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la Asesoría de Paz.
“Para mí es algo muy bueno, porque yo nunca me imaginaba hacer un servicio así a una comunidad. Conocimos la comuna que de pronto uno la tenía en un concepto malo pero la gente fue muy buena con nosotros. Los niños, los adultos, los líderes, todas las personas nos trataron muy bien”, dice Luis.
Él, oriundo de Barbacoas, Nariño, cuenta que ingresó a un grupo ilegal siendo menor de edad hasta que logró escaparse en el 2006.
“Me llevaron con mentiras cuando tenía 16 años. Estuve allá 6 años. Uno pierde la familia y le hace daño a la gente que no se lo merece. Colombia es un país que el día de mañana puede ser tranquilo. A los jóvenes les digo que la guerra no trae nada bueno. Que tomen la decisión de dejar las armas y vivan en paz”, argumenta.
Continua – “a las familias de las víctimas yo les pido perdón, porque les hice daño mientras estuve en el grupo armado. Yo sé que uno con pedir perdón no va a devolver la vida de un ser humano o va a darle tranquilidad a la familia, pero yo lo único quiero es que me perdonen”.
En ese sentido, el asesor de paz del municipio de Cali, Felipe Montoya, quien también estuvo durante la jornada de entrega de los murales a la comunidad, asegura que “el trabajo fue justamente unir a la comunidad, a los líderes barristas que nos ayudaron a ceder espacios para que todos compartieran y plasmaran su idea de la paz. Cali contó con espacios que le permitieron a la gente soñar, ampliar sus horizontes, compartir, mirarse a la cara y sobre todo que cuando estamos hablando de personas en proceso de reintegración que ya vivieron la guerra y ver que son personas comunes y corrientes, que lo que tenemos que hacer es abrirles las puerta”.
Por eso el valor de los murales como escenarios de reconciliación, donde participaron diferentes actores con un respaldo artístico que no se había realizado en otras ciudades del país, como lo expresa el director general de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), Joshua Mitrotti.
“Es la primera muestra del país donde logramos hacer un trabajo con comunidad tan estructural, tan amplio y tan adentro de la comunidad. Porque nosotros normalmente intervenimos un pedacito, pero aquí logramos intervenir toda la comuna en ocho sectores”, agrega el directivo.
Afirma que la intervención “fue significativa porque logramos una alianza histórica con la Asesoría de Paz, con el Municipio de Cali. Yo creo que cuando el Gobierno Nacional y las instituciones locales o departamentales generamos sinergia, trabajos conjuntos los resultados saltan a la vista”.
Mitrotti, también informa que “Cali es una ciudad donde el 75 por ciento son desmovilizados individuales, es decir son desmovilizados de las FARC y el ELN. En los últimos 5 años es una ciudad que ha venido atrayendo a esta población y esto hace que también nosotros como Agencia estemos cada vez más vinculados con la Alcaldía, con el Departamento y con la realidad de los municipios del Valle del Cauca”.
Finalmente, el director general de ACR, resalta que la labor en la comuna 20 “es muy significativa, porque había un proceso previo de la Asesoría de Paz”.
Al respecto, el asesor de paz, Felipe Montoya, concluye que “con intervenir una comuna que ha sido difícil en temas de seguridad, convivencia, homicidios, le estamos enseñando a la gente que sí se puede convivir en paz, que los diferentes parches pueden compartir espacios y que tenemos que eliminar esas líneas imaginarias que nos están afectando”.
La comunidad y los murales concertados
Jhon James García, líder de la comuna 20 y quien participó de las jornadas de intervención asegura que “es inclusión social para nosotros los actores que queremos convivencia y paz. Han servido mucho. Son dinámicas muy chéveres. Compartimos con la olla comunitaria. Tuvimos espacios de alegría. Ojalá se pueda se pueda fortalecer”.
Resalta que “la Corporación Vida Siloe, organización de base con el apoyo de apoyo de la ACR; OIM, Usaid y la Asesoría de Paz hicimos este mural que tiene sentido de pertenencia. Es un es indio que representa los aborígenes y el tema de la paz y concertado con comunidad”.
Por su parte, José Johnny Guerrero, quien también es líder comunitario y participó de las intervenciones, expresó en su momento que “convertimos el tradicional sancocho y minga en la comuna 20. Ahora lo estamos haciendo para pintar murales y lo principal es que la gente está trabajando gratuitamente, por amor a nuestro barrio. Por amor a que nuestra comuna se vea más bonita”.
En la elaboración de los murales participaron diferentes actores con un respaldo artístico que no se había realizado en otras ciudades del país.
Luis, de tez morena y contextura gruesa, frota sus manos a medida que toma aire por su nariz y lo expulsa por su boca, para llenarse de valor antes de compartir cómo fueron las jornadas de intervención en la comuna 20 de Cali, que tenían como propósito realizar los ocho murales alusivos a la paz, la reconciliación y la memoria histórica de este punto de la ciudad.
La labor social de Luis, en esa Comuna, está ligada a su testimonio de vida que superó la guerra para sembrar paz.
Él es uno de los 40 desmovilizados o personas en proceso de reintegración -como se conoce a este grupo poblacional- que durante tres meses de trabajo voluntario, en compañía de jóvenes en riesgo de la comuna 20, líderes del sector y habientes de esta zona, realizaron los murales ubicados en la Avenida Circunvalar; La Nave -Parque de los Pensionados; Brisas de mayo; La Sultana; La Cascada-La Playa; Pila Seca y López de Mesa.
La intervención fue coordinada por la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR); la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la Asesoría de Paz.
“Para mí es algo muy bueno, porque yo nunca me imaginaba hacer un servicio así a una comunidad. Conocimos la comuna que de pronto uno la tenía en un concepto malo pero la gente fue muy buena con nosotros. Los niños, los adultos, los líderes, todas las personas nos trataron muy bien”, dice Luis.
Él, oriundo de Barbacoas, Nariño, cuenta que ingresó a un grupo ilegal siendo menor de edad hasta que logró escaparse en el 2006.
“Me llevaron con mentiras cuando tenía 16 años. Estuve allá 6 años. Uno pierde la familia y le hace daño a la gente que no se lo merece. Colombia es un país que el día de mañana puede ser tranquilo. A los jóvenes les digo que la guerra no trae nada bueno. Que tomen la decisión de dejar las armas y vivan en paz”, argumenta.
Continua – “a las familias de las víctimas yo les pido perdón, porque les hice daño mientras estuve en el grupo armado. Yo sé que uno con pedir perdón no va a devolver la vida de un ser humano o va a darle tranquilidad a la familia, pero yo lo único quiero es que me perdonen”.
En ese sentido, el asesor de paz del municipio de Cali, Felipe Montoya, quien también estuvo durante la jornada de entrega de los murales a la comunidad, asegura que “el trabajo fue justamente unir a la comunidad, a los líderes barristas que nos ayudaron a ceder espacios para que todos compartieran y plasmaran su idea de la paz. Cali contó con espacios que le permitieron a la gente soñar, ampliar sus horizontes, compartir, mirarse a la cara y sobre todo que cuando estamos hablando de personas en proceso de reintegración que ya vivieron la guerra y ver que son personas comunes y corrientes, que lo que tenemos que hacer es abrirles las puerta”.
Por eso el valor de los murales como escenarios de reconciliación, donde participaron diferentes actores con un respaldo artístico que no se había realizado en otras ciudades del país, como lo expresa el director general de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), Joshua Mitrotti.
“Es la primera muestra del país donde logramos hacer un trabajo con comunidad tan estructural, tan amplio y tan adentro de la comunidad. Porque nosotros normalmente intervenimos un pedacito, pero aquí logramos intervenir toda la comuna en ocho sectores”, agrega el directivo.
Afirma que la intervención “fue significativa porque logramos una alianza histórica con la Asesoría de Paz, con el Municipio de Cali. Yo creo que cuando el Gobierno Nacional y las instituciones locales o departamentales generamos sinergia, trabajos conjuntos los resultados saltan a la vista”.
Mitrotti, también informa que “Cali es una ciudad donde el 75 por ciento son desmovilizados individuales, es decir son desmovilizados de las FARC y el ELN. En los últimos 5 años es una ciudad que ha venido atrayendo a esta población y esto hace que también nosotros como Agencia estemos cada vez más vinculados con la Alcaldía, con el Departamento y con la realidad de los municipios del Valle del Cauca”.
Finalmente, el director general de ACR, resalta que la labor en la comuna 20 “es muy significativa, porque había un proceso previo de la Asesoría de Paz”.
Al respecto, el asesor de paz, Felipe Montoya, concluye que “con intervenir una comuna que ha sido difícil en temas de seguridad, convivencia, homicidios, le estamos enseñando a la gente que sí se puede convivir en paz, que los diferentes parches pueden compartir espacios y que tenemos que eliminar esas líneas imaginarias que nos están afectando”.
Fotos Prensa Alcaldía de Cali
Por Ximena Cabrera Minotta
Periodista HUMANOS
Cali
En la elaboración de los murales participaron diferentes actores con un respaldo artístico que no se había realizado en otras ciudades del país.
Luis, de tez morena y contextura gruesa, frota sus manos a medida que toma aire por su nariz y lo expulsa por su boca, para llenarse de valor antes de compartir cómo fueron las jornadas de intervención en la comuna 20 de Cali, que tenían como propósito realizar los ocho murales alusivos a la paz, la reconciliación y la memoria histórica de este punto de la ciudad.
La labor social de Luis, en esa Comuna, está ligada a su testimonio de vida que superó la guerra para sembrar paz.
Él es uno de los 40 desmovilizados o personas en proceso de reintegración -como se conoce a este grupo poblacional- que durante tres meses de trabajo voluntario, en compañía de jóvenes en riesgo de la comuna 20, líderes del sector y habientes de esta zona, realizaron los murales ubicados en la Avenida Circunvalar; La Nave -Parque de los Pensionados; Brisas de mayo; La Sultana; La Cascada-La Playa; Pila Seca y López de Mesa.
La intervención fue coordinada por la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR); la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la Asesoría de Paz.
“Para mí es algo muy bueno, porque yo nunca me imaginaba hacer un servicio así a una comunidad. Conocimos la comuna que de pronto uno la tenía en un concepto malo pero la gente fue muy buena con nosotros. Los niños, los adultos, los líderes, todas las personas nos trataron muy bien”, dice Luis.
Él, oriundo de Barbacoas, Nariño, cuenta que ingresó a un grupo ilegal siendo menor de edad hasta que logró escaparse en el 2006.
“Me llevaron con mentiras cuando tenía 16 años. Estuve allá 6 años. Uno pierde la familia y le hace daño a la gente que no se lo merece. Colombia es un país que el día de mañana puede ser tranquilo. A los jóvenes les digo que la guerra no trae nada bueno. Que tomen la decisión de dejar las armas y vivan en paz”, argumenta.
Continua – “a las familias de las víctimas yo les pido perdón, porque les hice daño mientras estuve en el grupo armado. Yo sé que uno con pedir perdón no va a devolver la vida de un ser humano o va a darle tranquilidad a la familia, pero yo lo único quiero es que me perdonen”.
En ese sentido, el asesor de paz del municipio de Cali, Felipe Montoya, quien también estuvo durante la jornada de entrega de los murales a la comunidad, asegura que “el trabajo fue justamente unir a la comunidad, a los líderes barristas que nos ayudaron a ceder espacios para que todos compartieran y plasmaran su idea de la paz. Cali contó con espacios que le permitieron a la gente soñar, ampliar sus horizontes, compartir, mirarse a la cara y sobre todo que cuando estamos hablando de personas en proceso de reintegración que ya vivieron la guerra y ver que son personas comunes y corrientes, que lo que tenemos que hacer es abrirles las puerta”.
Por eso el valor de los murales como escenarios de reconciliación, donde participaron diferentes actores con un respaldo artístico que no se había realizado en otras ciudades del país, como lo expresa el director general de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), Joshua Mitrotti.
“Es la primera muestra del país donde logramos hacer un trabajo con comunidad tan estructural, tan amplio y tan adentro de la comunidad. Porque nosotros normalmente intervenimos un pedacito, pero aquí logramos intervenir toda la comuna en ocho sectores”, agrega el directivo.
Afirma que la intervención “fue significativa porque logramos una alianza histórica con la Asesoría de Paz, con el Municipio de Cali. Yo creo que cuando el Gobierno Nacional y las instituciones locales o departamentales generamos sinergia, trabajos conjuntos los resultados saltan a la vista”.
Mitrotti, también informa que “Cali es una ciudad donde el 75 por ciento son desmovilizados individuales, es decir son desmovilizados de las FARC y el ELN. En los últimos 5 años es una ciudad que ha venido atrayendo a esta población y esto hace que también nosotros como Agencia estemos cada vez más vinculados con la Alcaldía, con el Departamento y con la realidad de los municipios del Valle del Cauca”.
Finalmente, el director general de ACR, resalta que la labor en la comuna 20 “es muy significativa, porque había un proceso previo de la Asesoría de Paz”.
Al respecto, el asesor de paz, Felipe Montoya, concluye que “con intervenir una comuna que ha sido difícil en temas de seguridad, convivencia, homicidios, le estamos enseñando a la gente que sí se puede convivir en paz, que los diferentes parches pueden compartir espacios y que tenemos que eliminar esas líneas imaginarias que nos están afectando”.
La comunidad y los murales concertados
Jhon James García, líder de la comuna 20 y quien participó de las jornadas de intervención asegura que “es inclusión social para nosotros los actores que queremos convivencia y paz. Han servido mucho. Son dinámicas muy chéveres. Compartimos con la olla comunitaria. Tuvimos espacios de alegría. Ojalá se pueda se pueda fortalecer”.
Resalta que “la Corporación Vida Siloe, organización de base con el apoyo de apoyo de la ACR; OIM, Usaid y la Asesoría de Paz hicimos este mural que tiene sentido de pertenencia. Es un es indio que representa los aborígenes y el tema de la paz y concertado con comunidad”.
Por su parte, José Johnny Guerrero, quien también es líder comunitario y participó de las intervenciones, expresó en su momento que “convertimos el tradicional sancocho y minga en la comuna 20. Ahora lo estamos haciendo para pintar murales y lo principal es que la gente está trabajando gratuitamente, por amor a nuestro barrio. Por amor a que nuestra comuna se vea más bonita”.
En la elaboración de los murales participaron diferentes actores con un respaldo artístico que no se había realizado en otras ciudades del país.
Luis, de tez morena y contextura gruesa, frota sus manos a medida que toma aire por su nariz y lo expulsa por su boca, para llenarse de valor antes de compartir cómo fueron las jornadas de intervención en la comuna 20 de Cali, que tenían como propósito realizar los ocho murales alusivos a la paz, la reconciliación y la memoria histórica de este punto de la ciudad.
La labor social de Luis, en esa Comuna, está ligada a su testimonio de vida que superó la guerra para sembrar paz.
Él es uno de los 40 desmovilizados o personas en proceso de reintegración -como se conoce a este grupo poblacional- que durante tres meses de trabajo voluntario, en compañía de jóvenes en riesgo de la comuna 20, líderes del sector y habientes de esta zona, realizaron los murales ubicados en la Avenida Circunvalar; La Nave -Parque de los Pensionados; Brisas de mayo; La Sultana; La Cascada-La Playa; Pila Seca y López de Mesa.
La intervención fue coordinada por la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR); la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la Asesoría de Paz.
“Para mí es algo muy bueno, porque yo nunca me imaginaba hacer un servicio así a una comunidad. Conocimos la comuna que de pronto uno la tenía en un concepto malo pero la gente fue muy buena con nosotros. Los niños, los adultos, los líderes, todas las personas nos trataron muy bien”, dice Luis.
Él, oriundo de Barbacoas, Nariño, cuenta que ingresó a un grupo ilegal siendo menor de edad hasta que logró escaparse en el 2006.
“Me llevaron con mentiras cuando tenía 16 años. Estuve allá 6 años. Uno pierde la familia y le hace daño a la gente que no se lo merece. Colombia es un país que el día de mañana puede ser tranquilo. A los jóvenes les digo que la guerra no trae nada bueno. Que tomen la decisión de dejar las armas y vivan en paz”, argumenta.
Continua – “a las familias de las víctimas yo les pido perdón, porque les hice daño mientras estuve en el grupo armado. Yo sé que uno con pedir perdón no va a devolver la vida de un ser humano o va a darle tranquilidad a la familia, pero yo lo único quiero es que me perdonen”.
En ese sentido, el asesor de paz del municipio de Cali, Felipe Montoya, quien también estuvo durante la jornada de entrega de los murales a la comunidad, asegura que “el trabajo fue justamente unir a la comunidad, a los líderes barristas que nos ayudaron a ceder espacios para que todos compartieran y plasmaran su idea de la paz. Cali contó con espacios que le permitieron a la gente soñar, ampliar sus horizontes, compartir, mirarse a la cara y sobre todo que cuando estamos hablando de personas en proceso de reintegración que ya vivieron la guerra y ver que son personas comunes y corrientes, que lo que tenemos que hacer es abrirles las puerta”.
Por eso el valor de los murales como escenarios de reconciliación, donde participaron diferentes actores con un respaldo artístico que no se había realizado en otras ciudades del país, como lo expresa el director general de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), Joshua Mitrotti.
“Es la primera muestra del país donde logramos hacer un trabajo con comunidad tan estructural, tan amplio y tan adentro de la comunidad. Porque nosotros normalmente intervenimos un pedacito, pero aquí logramos intervenir toda la comuna en ocho sectores”, agrega el directivo.
Afirma que la intervención “fue significativa porque logramos una alianza histórica con la Asesoría de Paz, con el Municipio de Cali. Yo creo que cuando el Gobierno Nacional y las instituciones locales o departamentales generamos sinergia, trabajos conjuntos los resultados saltan a la vista”.
Mitrotti, también informa que “Cali es una ciudad donde el 75 por ciento son desmovilizados individuales, es decir son desmovilizados de las FARC y el ELN. En los últimos 5 años es una ciudad que ha venido atrayendo a esta población y esto hace que también nosotros como Agencia estemos cada vez más vinculados con la Alcaldía, con el Departamento y con la realidad de los municipios del Valle del Cauca”.
Finalmente, el director general de ACR, resalta que la labor en la comuna 20 “es muy significativa, porque había un proceso previo de la Asesoría de Paz”.
Al respecto, el asesor de paz, Felipe Montoya, concluye que “con intervenir una comuna que ha sido difícil en temas de seguridad, convivencia, homicidios, le estamos enseñando a la gente que sí se puede convivir en paz, que los diferentes parches pueden compartir espacios y que tenemos que eliminar esas líneas imaginarias que nos están afectando”.
Fotos Prensa Alcaldía de Cali
A 16 AÑOS DE LA INCURSIÓN PARAMILITAR EN EL VALLE DEL CAUCA
“Sinvergüenzas que se decían héroes protectores que andaban para arriba y para abajo aterrorizando a los campesinos, pero que cuando aparecieron los paramilitares para descuartizar y desaparecer a los campesinos, no estaban por ningún lado” (Palabras de un dirigente campesino sobreviviente genocidio de la Unión Patriótica)
“Sinvergüenzas que se decían héroes protectores que andaban para arriba y para abajo aterrorizando a los campesinos, pero que cuando aparecieron los paramilitares para descuartizar y desaparecer a los campesinos, no estaban por ningún lado” (Palabras de un dirigente campesino sobreviviente genocidio de la Unión Patriótica)
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El primero de Agosto de 2015 en el corregimiento La Moralia, en el municipio de Tuluá, centro el departamento del Valle del Cauca, más de 600 personas en representación de familiares, amigos y organizaciones de víctimas del paramilitarismo en el Valle del Cauca se dieron cita para conmemorar los millares de vallecaucanos asesinados, desaparecidos y desplazados por el accionar del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que hizo su aparición pública en este departamento el 31 de Julio de 1999 con el asesinato del campesino Orlando Urrea y su hija Sandra Patricia.
La ola de terror de las AUC segó la vida a más de 2.300 personas y produjo desplazamientos forzados masivos en una buena parte de los municipios del Valle del Cauca, fragmentó notablemente los tejidos sociales, disminuyó ostensiblemente la producción agropecuaria y los circuitos de mercadeo, hegemonizó modelos culturales contrapuestos a la cultura campesina, modificó las relaciones del campesinado con el territorio, provocó el crecimiento acelerado y sin planificación de los centros poblados en un proceso continuo de desterritorialización del que las comunidades agrarias aún no han podido recuperarse, toda vez que el Estado ha cubierto con un manto de impunidad tanto a los autores intelectuales como a quienes financiaron y se sirvieron del genocidio paramilitar.
El Tercer Encuentro de conmemoración de las víctimas del paramilitarismo Memoria y Dignidad Campesina, realizado en La Moralia Tuluá por la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca, ASTRACAVA, la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes y el movimiento social y político Marcha Patriótica, con la valiosa colaboración de la Unidad de Víctimas y el Centro de Memoria Histórica, se constituyó en un espacio para conmemorar la dignidad de todos aquellos que sufrieron los vejámenes del embate paramilitar, como también para denunciar la penosa situación de las víctimas quienes a 16 años de la incursión, aún no han sido reparadas, puesto que la normatividad colombiana y específicamente la ley 1448 de 2011, no ha pasado de ser un paquete de promesas vacías con escaso nivel de cumplimiento, que no ha posibilitado que haya verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.
Las víctimas y sus organizaciones evidenciaron que existe un trato despectivo hacia ellas, en tanto, son objeto de amenazas, persecuciones, señalamiento y estigmatización por parte de representantes de entidades estatales. Exigen, en consecuencia, un compromiso verdadero y efectivo del Estado en torno a las garantías para el ejercicio político, lo que implica el desmonte de los nuevos grupos paramilitares que continúan delinquiendo contra ciudadanos inermes, la penalización de los responsables intelectuales y materiales de los atroces delitos contra la humanidad, la apertura de investigaciones que conlleven a sanciones ejemplarizantes hacia los responsables de las amenazas, persecuciones y señalamientos contra las organizaciones y plataformas de unidad.
Como en La Moralia – Tuluá, familiares de las víctimas y las organizaciones que luchan por los derechos de las víctimas del paramilitarismo en todo el país han manifestado a una sola voz que la paz con justicia social depende de la verdad, de la justicia, de la penalización de los máximos responsables del paramilitarismo en el Valle del Cauca, de la reparación integral y de garantías para que la catástrofe humanitaria provocada por el paramilitarismo nunca vuelva a ser el pan de cada día, en ninguna vereda, corregimiento, barrio o comuna de la nación colombiana.
(Fotos, video y textos Marcha Patriótica Valle del Cauca)
La ola de terror de las AUC segó la vida a más de 2.300 personas y produjo desplazamientos forzados masivos en una buena parte de los municipios del Valle del Cauca, fragmentó notablemente los tejidos sociales, disminuyó ostensiblemente la producción agropecuaria y los circuitos de mercadeo, hegemonizó modelos culturales contrapuestos a la cultura campesina, modificó las relaciones del campesinado con el territorio, provocó el crecimiento acelerado y sin planificación de los centros poblados en un proceso continuo de desterritorialización del que las comunidades agrarias aún no han podido recuperarse, toda vez que el Estado ha cubierto con un manto de impunidad tanto a los autores intelectuales como a quienes financiaron y se sirvieron del genocidio paramilitar.
El Tercer Encuentro de conmemoración de las víctimas del paramilitarismo Memoria y Dignidad Campesina, realizado en La Moralia Tuluá por la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca, ASTRACAVA, la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes y el movimiento social y político Marcha Patriótica, con la valiosa colaboración de la Unidad de Víctimas y el Centro de Memoria Histórica, se constituyó en un espacio para conmemorar la dignidad de todos aquellos que sufrieron los vejámenes del embate paramilitar, como también para denunciar la penosa situación de las víctimas quienes a 16 años de la incursión, aún no han sido reparadas, puesto que la normatividad colombiana y específicamente la ley 1448 de 2011, no ha pasado de ser un paquete de promesas vacías con escaso nivel de cumplimiento, que no ha posibilitado que haya verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.
Las víctimas y sus organizaciones evidenciaron que existe un trato despectivo hacia ellas, en tanto, son objeto de amenazas, persecuciones, señalamiento y estigmatización por parte de representantes de entidades estatales. Exigen, en consecuencia, un compromiso verdadero y efectivo del Estado en torno a las garantías para el ejercicio político, lo que implica el desmonte de los nuevos grupos paramilitares que continúan delinquiendo contra ciudadanos inermes, la penalización de los responsables intelectuales y materiales de los atroces delitos contra la humanidad, la apertura de investigaciones que conlleven a sanciones ejemplarizantes hacia los responsables de las amenazas, persecuciones y señalamientos contra las organizaciones y plataformas de unidad.
Como en La Moralia – Tuluá, familiares de las víctimas y las organizaciones que luchan por los derechos de las víctimas del paramilitarismo en todo el país han manifestado a una sola voz que la paz con justicia social depende de la verdad, de la justicia, de la penalización de los máximos responsables del paramilitarismo en el Valle del Cauca, de la reparación integral y de garantías para que la catástrofe humanitaria provocada por el paramilitarismo nunca vuelva a ser el pan de cada día, en ninguna vereda, corregimiento, barrio o comuna de la nación colombiana.
(Fotos, video y textos Marcha Patriótica Valle del Cauca)
PUTUMAYO: UN VERDADERO CAMPO MINADO
Por Germán de Jesús Arenas
Periodista HUMANOS
Putumayo
127 personas entre civiles y miembros de la fuerza pública han sido víctimas de minas antipersona en el departamento del Putumayo al sur del país.
El departamento del Putumayo cuenta con 13 municipios distribuidos en las subregiones del Alto, Medio y Bajo Putumayo, con una población cercana a los 350 mil habitantes según el último censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Dane.
Los municipios del medio y bajo Putumayo han sido escenario constante del conflicto armado excepto Mocoa, su capital ubicada en el medio Putumayo.
La presencia de la guerrilla de las Farc, se hace mediante los frentes 32 y 48 y la columna móvil 15, con incidencia en los municipios de Puerto Guzmán, Villagarzón (32), Puerto Caicedo, Puerto Asís, Leguizamo, Orito, Valle del Guamuéz y San Miguel (48) y la móvil 15 en un corredor entre Caquetá y Putumayo, que superan entre los tres un promedio de 4.500 hombres según lo reportado por el Ejército en esta zona selvática del país.
Una de las estrategias de lucha implementada por la guerrilla es la utilización de minas antipersonas para atentar contra los soldados que hacen presencia en sector rural muy cerca a veredas y corregimientos, alias “Byron Marin”, un guerrillero capturado en el mes de junio del año 2011, en San Miguel Putumayo, por tropas de la Brigada 27 de Selva, relato que las minas se instalaban en puntos de paso acostumbrados por los soldados, otras minas en campos sembrados de matas de coca y que son sometidos a erradicación manual por la policía de antinarcóticos a través de erradicadores y en otros casos en lugares cercanos a escuelas que en ocasiones son utilizadas por las tropas militares para acampar.
A principio de la década del 2 mil, el ejército decidió sembrar algunas minas antipersonas alrededor de algunas de sus bases militares en el bajo Putumayo, para contrarrestar la presencia guerrillera, artefactos explosivos que se retiraron a medidos del año 2.005 por los mismos militares.
Victimas
El director para la Acción Integral contra Minas Antipersonal de la Presidencia, Brigadier General, Rafael Colon Torres, reportan que entre los años de 1.990 al 2.014 se han presentado 11.006 víctimas, de los cuales 1.110 son menores de edad. De estas cifras 127 se registraron en el Putumayo entre miembros de la Fuerza Pública y población civil.
La Gobernación del Putumayo mediante su secretario de Gobierno David Ureña, esta cifra puede ser cercana a las 5 mil, en los últimos tres años más lo corrido del 2.015 se reportan 79.
Minas
En el municipio de san Miguel. El secretario de Gobierno Sandro Rosero, denuncio que 53 veredas están afectadas por la presencia de las minas, donde los habitantes del sector rural están confinados desde diciembre del año pasado. En el municipio de Puerto Asís, el alcalde José Ricardo Burbano, señalo que 49 veredas de las 152 existentes tienen problemas de minados, en el Valle del Guamuéz 10 de 80, Orito reporta 5 veredas, Leguizamo según su alcalde Miguel Rubio, veredas Piñuña Negro, Portugal, Barrancón, Villagarzón, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, en menos proporción en veredas.
Crueles relatos
Una madre y sus dos pequeñas hijas de 6 meses y 14 años cayeron en un campo minado en el Putumayo. Según el Ejército, como resultado de la explosión la bebé murió en el lugar y su hermana de 14 años perdió las dos piernas. La madre de las dos menores se encuentra gravemente herida y a esta hora es trasladada a Bogotá por aire.
El hecho se presentó el 10 de marzo del 2012 en la vereda las Cabañitas del municipio de Puerto Asís. El mismo día un soldado de esta misma brigada perdió sus dos piernas al caer en un campo minado en la vereda La Lea, también de Puerto Asís.
Pronto desminado
El gobernador del Putumayo Jimmy Díaz Burbano, luego de conocer el acuerdo del desminado hizo un llamado para que el Gobierno Nacional, le dé prioridad al Putumayo para que se inicie con la labor de forma inmediata tras el riesgo que viven los habitantes de este departamento con la presencia de las minas antipersonas en especial los menores de edad los que tiene que transitar caminos veredales para llegar a sus escuelas.
El defensor del pueblo regional Putumayo, Diego Fernando Gutiérrez Velasco, compartió la misma petición del gobernador.
El desminado en el país tardaría 10 años y tendría un costo superior a los 200 millones de dólares, aseguro el Brigadier General Colón Torres.
Amenazas
En las últimas horas se conoció por parte del secretario de Gobierno de San Miguel, que el señor Mario Nastascuas, quien denuncio un hecho de mina antipersona en un programa de televisión nacional, del cual él fue víctima y donde denunciaba que la guerrilla había advertido que varios caminos estaban minados y por ello las personas no debían transitar, tuvo que salir de la vereda El Sábalo, por amenazas de la misma guerrilla.
El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo Caro, explicó que el acuerdo para implementar un proyecto de desminado conjunto en algunas zonas del país significa un paso de confianza, no sólo para los integrantes de la Mesa de conversaciones, sino para las comunidades. "Es una medida para construir confianza con las comunidades en el terreno, para que la gente vea que lo que hacemos en La Habana puede tener consecuencias positivas, y para crear confianza entre el Ejército Nacional y las Farc en el terreno", explicó el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo Caro.-
Por Germán de Jesús Arenas
Periodista HUMANOS
Putumayo
127 personas entre civiles y miembros de la fuerza pública han sido víctimas de minas antipersona en el departamento del Putumayo al sur del país.
El departamento del Putumayo cuenta con 13 municipios distribuidos en las subregiones del Alto, Medio y Bajo Putumayo, con una población cercana a los 350 mil habitantes según el último censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Dane.
Los municipios del medio y bajo Putumayo han sido escenario constante del conflicto armado excepto Mocoa, su capital ubicada en el medio Putumayo.
La presencia de la guerrilla de las Farc, se hace mediante los frentes 32 y 48 y la columna móvil 15, con incidencia en los municipios de Puerto Guzmán, Villagarzón (32), Puerto Caicedo, Puerto Asís, Leguizamo, Orito, Valle del Guamuéz y San Miguel (48) y la móvil 15 en un corredor entre Caquetá y Putumayo, que superan entre los tres un promedio de 4.500 hombres según lo reportado por el Ejército en esta zona selvática del país.
Una de las estrategias de lucha implementada por la guerrilla es la utilización de minas antipersonas para atentar contra los soldados que hacen presencia en sector rural muy cerca a veredas y corregimientos, alias “Byron Marin”, un guerrillero capturado en el mes de junio del año 2011, en San Miguel Putumayo, por tropas de la Brigada 27 de Selva, relato que las minas se instalaban en puntos de paso acostumbrados por los soldados, otras minas en campos sembrados de matas de coca y que son sometidos a erradicación manual por la policía de antinarcóticos a través de erradicadores y en otros casos en lugares cercanos a escuelas que en ocasiones son utilizadas por las tropas militares para acampar.
A principio de la década del 2 mil, el ejército decidió sembrar algunas minas antipersonas alrededor de algunas de sus bases militares en el bajo Putumayo, para contrarrestar la presencia guerrillera, artefactos explosivos que se retiraron a medidos del año 2.005 por los mismos militares.
Victimas
El director para la Acción Integral contra Minas Antipersonal de la Presidencia, Brigadier General, Rafael Colon Torres, reportan que entre los años de 1.990 al 2.014 se han presentado 11.006 víctimas, de los cuales 1.110 son menores de edad. De estas cifras 127 se registraron en el Putumayo entre miembros de la Fuerza Pública y población civil.
La Gobernación del Putumayo mediante su secretario de Gobierno David Ureña, esta cifra puede ser cercana a las 5 mil, en los últimos tres años más lo corrido del 2.015 se reportan 79.
Minas
En el municipio de san Miguel. El secretario de Gobierno Sandro Rosero, denuncio que 53 veredas están afectadas por la presencia de las minas, donde los habitantes del sector rural están confinados desde diciembre del año pasado. En el municipio de Puerto Asís, el alcalde José Ricardo Burbano, señalo que 49 veredas de las 152 existentes tienen problemas de minados, en el Valle del Guamuéz 10 de 80, Orito reporta 5 veredas, Leguizamo según su alcalde Miguel Rubio, veredas Piñuña Negro, Portugal, Barrancón, Villagarzón, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, en menos proporción en veredas.
Crueles relatos
Una madre y sus dos pequeñas hijas de 6 meses y 14 años cayeron en un campo minado en el Putumayo. Según el Ejército, como resultado de la explosión la bebé murió en el lugar y su hermana de 14 años perdió las dos piernas. La madre de las dos menores se encuentra gravemente herida y a esta hora es trasladada a Bogotá por aire.
El hecho se presentó el 10 de marzo del 2012 en la vereda las Cabañitas del municipio de Puerto Asís. El mismo día un soldado de esta misma brigada perdió sus dos piernas al caer en un campo minado en la vereda La Lea, también de Puerto Asís.
Pronto desminado
El gobernador del Putumayo Jimmy Díaz Burbano, luego de conocer el acuerdo del desminado hizo un llamado para que el Gobierno Nacional, le dé prioridad al Putumayo para que se inicie con la labor de forma inmediata tras el riesgo que viven los habitantes de este departamento con la presencia de las minas antipersonas en especial los menores de edad los que tiene que transitar caminos veredales para llegar a sus escuelas.
El defensor del pueblo regional Putumayo, Diego Fernando Gutiérrez Velasco, compartió la misma petición del gobernador.
El desminado en el país tardaría 10 años y tendría un costo superior a los 200 millones de dólares, aseguro el Brigadier General Colón Torres.
Amenazas
En las últimas horas se conoció por parte del secretario de Gobierno de San Miguel, que el señor Mario Nastascuas, quien denuncio un hecho de mina antipersona en un programa de televisión nacional, del cual él fue víctima y donde denunciaba que la guerrilla había advertido que varios caminos estaban minados y por ello las personas no debían transitar, tuvo que salir de la vereda El Sábalo, por amenazas de la misma guerrilla.
El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo Caro, explicó que el acuerdo para implementar un proyecto de desminado conjunto en algunas zonas del país significa un paso de confianza, no sólo para los integrantes de la Mesa de conversaciones, sino para las comunidades. "Es una medida para construir confianza con las comunidades en el terreno, para que la gente vea que lo que hacemos en La Habana puede tener consecuencias positivas, y para crear confianza entre el Ejército Nacional y las Farc en el terreno", explicó el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo Caro.-
HRW: LA CRISIS EN BUENAVENTURA, COLOMBIA
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Grupos sucesores del paramilitarismo son actualmente responsables de secuestros, desapariciones y desmembramientos de habitantes del puerto de Buenaventura, sobre el mar pacífico en el departamento del Valle del Cauca, cuya población está integrada mayoritariamente por afrocolombianos, a pesar de las medidas anunciadas hace un año por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, para detener la violencia, señala Human Rights Watch.
El 6 de marzo de 2014, luego de que la Policía informara haber identificado en Buenaventura varios “sitios (casas) de pique” donde se había desmembrado a víctimas, el Presidente Juan Manuel Santos anunció una “intervención especial” para mejorar la seguridad pública y desarticular a los grupos sucesores del paramilitarismo con presencia allí. Sin embargo, una nueva investigación de Human Rights Watch alerta sobre niveles alarmantes de abusos cometidos por estos grupos desde que comenzó la intervención del gobierno, incluidas desapariciones, violencia sexual y reclutamiento de niños. Los grupos han llevado a que al menos 6.900 residentes debieran desplazarse de sus hogares desde el anuncio del Presidente Santos, y el municipio aún presenta el índice más elevado de desplazamiento forzado de Colombia.
“Ha transcurrido un año desde que el gobierno anunció que iba a adoptar medidas en Buenaventura, sin embargo, poderosas organizaciones criminales continúan sembrando el terror entre la población”, observó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Si bien las medidas ordenadas por las autoridades han contribuido a reducir la violencia, el brutal control que ejercen estas bandas en muchos de los barrios permanece en gran medida intacto”.
Human Rights Watch visitó Buenaventura en mayo y noviembre de 2014 y en febrero de 2015, y entrevistó a más de 70 personas, incluyendo a víctimas de abusos, familiares de estas, y funcionarios públicos. LEA EL INFORME COMPLETO
El 6 de marzo de 2014, luego de que la Policía informara haber identificado en Buenaventura varios “sitios (casas) de pique” donde se había desmembrado a víctimas, el Presidente Juan Manuel Santos anunció una “intervención especial” para mejorar la seguridad pública y desarticular a los grupos sucesores del paramilitarismo con presencia allí. Sin embargo, una nueva investigación de Human Rights Watch alerta sobre niveles alarmantes de abusos cometidos por estos grupos desde que comenzó la intervención del gobierno, incluidas desapariciones, violencia sexual y reclutamiento de niños. Los grupos han llevado a que al menos 6.900 residentes debieran desplazarse de sus hogares desde el anuncio del Presidente Santos, y el municipio aún presenta el índice más elevado de desplazamiento forzado de Colombia.
“Ha transcurrido un año desde que el gobierno anunció que iba a adoptar medidas en Buenaventura, sin embargo, poderosas organizaciones criminales continúan sembrando el terror entre la población”, observó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Si bien las medidas ordenadas por las autoridades han contribuido a reducir la violencia, el brutal control que ejercen estas bandas en muchos de los barrios permanece en gran medida intacto”.
Human Rights Watch visitó Buenaventura en mayo y noviembre de 2014 y en febrero de 2015, y entrevistó a más de 70 personas, incluyendo a víctimas de abusos, familiares de estas, y funcionarios públicos. LEA EL INFORME COMPLETO
ENTREGAN RESTOS ÓSEOS DE PERSONAS DESAPARECIDOS FORZADAMENTE
La reparación a las víctimas del conflicto armado es tal vez la meta más importante del Estado colombiano desde que inició la implementación de la Ley de Justicia y Paz en el 2005.
La reparación a las víctimas del conflicto armado es tal vez la meta más importante del Estado colombiano desde que inició la implementación de la Ley de Justicia y Paz en el 2005.
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Entre el 2007 y el 2014 la Fiscalía General de la Nación, entregó 2.789 restos óseos de víctimas de desaparición forzada a sus familiares como forma de reparación. 2.329 de ellos, es decir: el 83.5% de las entregas, se realizaron gracias a una alianza entre la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Usaid, la Unión Europea, UE y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, a la que recientemente también se vinculó la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas.
“Nuestro hijo fue masacrado y desaparecido a los 17 años por un grupo paramilitar el 26 de noviembre de 1989, en el corregimiento de Loma Verde, en Montería, y tuvimos que pasar 24 años para que nos devolvieran el cuerpo y poder hacer nuestro luto”, afirmó Luz Marleny, madre de uno de los 315 cuerpos que fueron entregados en Córdoba durante los últimos años.
La reparación a las víctimas del conflicto armado es tal vez la meta más importante del Estado colombiano desde que inició la implementación de la Ley de Justicia y Paz en el 2005. La Fiscalía ha exhumado hasta el momento 5.735 cuerpos de víctimas de desaparición forzada, la mayoría de ellos encontrados gracias a las versiones libres de los desmovilizados de las AUC postulados en Justicia y Paz. Adicional a los ya entregados, en este momento existen 144 cuerpos identificados que están listos para entregar a los familiares, 723 de los que apenas se tiene una identificación parcial y otros 2.079 sin identificar.
“El reto es hacer que la identificación en los laboratorios de genética del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), de la Policía y de Medicina Legal sea un proceso más ágil y eficaz para identificar los cuerpos exhumados”, afirmó el Fiscal Coordinador del Grupo de Exhumaciones de la Fiscalía, Álvaro Polo. Por su parte el Director de USAID/Colombia, Peter Natiello, manifestó que “estamos plenamente convencidos de que la identificación y entrega de los cuerpos a los familiares es una forma de llevar paz y tranquilidad a las familias más afectadas por el conflicto. Por eso hemos estado brindando apoyo técnico y financiero a los laboratorios de ADN, de forma que se avance más rápido en dichos procesos”.
Tres departamentos concentran el 41% del total de los cuerpos entregados hasta el momento: Antioquia, donde se han entregado 521 restos óseos, lo cual equivale al 18.7%, Magdalena con 317 (11.3%) y Córdoba con 315 (11.1%), lo cual es muy coherente con el mapa de presencia paramilitar en el país y se corresponde con las zonas que más sufrieron los efectos de la violencia perpetrada por dichos grupos. Antioquia es a la vez el departamento donde hay más cuerpos por identificar, con un total de 283, en Magdalena aún faltan 295, otros 245 en Putumayo y 239 en Meta.
“La ceremonia de entrega digna de restos óseos significa la terminación de una larga etapa de dolor e incertidumbre sobre la suerte de un ser querido. Es el inicio de una vida tranquila, sin zozobra ni dolor, de ahí que como cooperación internacional hayamos decidido apoyar al Gobierno y a la Fiscalía en tan importante labor”, expresó el Primer Secretario de Cooperación de la Unión Europea en Colombia, Ivo Hoefkens.
Según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en Colombia existen desde 1938 hasta el 2014 cerca de 70 mil personas de las cuales se desconoce el paradero. De ellas se estima que cerca de 32 mil hacen parte de las víctimas de desaparición forzada perpetradas por los grupos paramilitares y de guerrillas.
“Para nosotros es un tema de dignidad. Cuando alguien pierde a un familiar lo mínimo que espera es saber dónde está y realizar los ritos religiosos de acuerdo a sus creencias, así dan el siguiente paso en el duelo y pueden continuar con sus vidas. Con esta iniciativa logramos que acabar con la incertidumbre que tanto martirizó a estas familias”, manifestó el Jefe de Misión de la OIM Colombia, Alejandro Guidi.
“Nuestro hijo fue masacrado y desaparecido a los 17 años por un grupo paramilitar el 26 de noviembre de 1989, en el corregimiento de Loma Verde, en Montería, y tuvimos que pasar 24 años para que nos devolvieran el cuerpo y poder hacer nuestro luto”, afirmó Luz Marleny, madre de uno de los 315 cuerpos que fueron entregados en Córdoba durante los últimos años.
La reparación a las víctimas del conflicto armado es tal vez la meta más importante del Estado colombiano desde que inició la implementación de la Ley de Justicia y Paz en el 2005. La Fiscalía ha exhumado hasta el momento 5.735 cuerpos de víctimas de desaparición forzada, la mayoría de ellos encontrados gracias a las versiones libres de los desmovilizados de las AUC postulados en Justicia y Paz. Adicional a los ya entregados, en este momento existen 144 cuerpos identificados que están listos para entregar a los familiares, 723 de los que apenas se tiene una identificación parcial y otros 2.079 sin identificar.
“El reto es hacer que la identificación en los laboratorios de genética del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), de la Policía y de Medicina Legal sea un proceso más ágil y eficaz para identificar los cuerpos exhumados”, afirmó el Fiscal Coordinador del Grupo de Exhumaciones de la Fiscalía, Álvaro Polo. Por su parte el Director de USAID/Colombia, Peter Natiello, manifestó que “estamos plenamente convencidos de que la identificación y entrega de los cuerpos a los familiares es una forma de llevar paz y tranquilidad a las familias más afectadas por el conflicto. Por eso hemos estado brindando apoyo técnico y financiero a los laboratorios de ADN, de forma que se avance más rápido en dichos procesos”.
Tres departamentos concentran el 41% del total de los cuerpos entregados hasta el momento: Antioquia, donde se han entregado 521 restos óseos, lo cual equivale al 18.7%, Magdalena con 317 (11.3%) y Córdoba con 315 (11.1%), lo cual es muy coherente con el mapa de presencia paramilitar en el país y se corresponde con las zonas que más sufrieron los efectos de la violencia perpetrada por dichos grupos. Antioquia es a la vez el departamento donde hay más cuerpos por identificar, con un total de 283, en Magdalena aún faltan 295, otros 245 en Putumayo y 239 en Meta.
“La ceremonia de entrega digna de restos óseos significa la terminación de una larga etapa de dolor e incertidumbre sobre la suerte de un ser querido. Es el inicio de una vida tranquila, sin zozobra ni dolor, de ahí que como cooperación internacional hayamos decidido apoyar al Gobierno y a la Fiscalía en tan importante labor”, expresó el Primer Secretario de Cooperación de la Unión Europea en Colombia, Ivo Hoefkens.
Según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en Colombia existen desde 1938 hasta el 2014 cerca de 70 mil personas de las cuales se desconoce el paradero. De ellas se estima que cerca de 32 mil hacen parte de las víctimas de desaparición forzada perpetradas por los grupos paramilitares y de guerrillas.
“Para nosotros es un tema de dignidad. Cuando alguien pierde a un familiar lo mínimo que espera es saber dónde está y realizar los ritos religiosos de acuerdo a sus creencias, así dan el siguiente paso en el duelo y pueden continuar con sus vidas. Con esta iniciativa logramos que acabar con la incertidumbre que tanto martirizó a estas familias”, manifestó el Jefe de Misión de la OIM Colombia, Alejandro Guidi.
"HECHOS COMO EL SECUESTRO DEL GENERAL ALZATE,
SE VAN A REPETIR"
Por Juan Carlos Díaz
Integrante HUMANOS
Cali, Colombia
Superada la crisis en el proceso de paz que adelantaba el Gobierno colombiano con la guerrilla de las Farc, por el secuestro del general Alzate y se acordará que el próximo ciclo de conversaciones tendrá lugar entre el 10 y el 17 de diciembre con el propósito de avanzar en el tema de desescalamiento del conflicto con el fin de llegar a un acuerdo lo más pronto posible en esta materia, el secretario general del Consejo Noruego de Refugiados, Jan Egeland, de visita en Colombia, envío un mensaje a los negociadores del proceso de paz, para que lleguen a un acuerdo definitivo en meses y no en dos años más.
Luego de visitar a la comunidad Nasa, en Jambaló, en el departamento del Cauca, al sur occidente del país, Jan Egeland aseguró que los indígenas le expresaron su preocupación porque desde que se iniciaron los diálogos en la Habana, para acabar con el conflicto armado que lleva más de 50 años, la situación ha empeorado.
"La comunidad Nasa en Jambaló, está muy golpeada por la guerra. Sus mujeres son violadas, sus jóvenes son reclutados forzosamente, algunos miembros de esta comunidad son asesinados y muchos son desplazados", reveló.
Debido a esta situación, Jan le entregará al Gobierno Noruego, garante en este proceso junto con Cuba y el Comité Internacional de la Cruz Roja, el mensaje de los indígenas del Cauca, para que los negociadores del Gobierno colombiano y de la guerrilla de las Farc en la Habana, acuerden un desescalamiento del conflicto, un cese de fuego y un acuerdo final de paz.
"Basta Ya. Nosotros estamos sufriendo demasiado. Es el llamado de los indígenas a las dos partes", recalcó Jan.
Igualmente Jan, que llegó por primera vez a América Latina a los 19 años como voluntario de una organización Católica de Asistencia Colombiana, dijo que la niñez es la víctima número uno del conflicto, lo que ha generado que centenares de miles de niños desplazados, no estén en las escuelas.
"Las partes en conflicto tienen mucho que ver con esta situación, ya que mientras el Ejército está ocupando las escuelas, en una clara violación de todos los principios humanitarios, las Farc están reclutando a los niños forzosamente".
Para el secretario general del Consejo Noruego para Refugiados, se tienen que hacer los acuerdos rápido y ahora.
"En el 2013 Colombia registró 200 mil personas desplazadas por la guerra. Puede ser casi igual este año, lo que significa, qué la realidad de Bogotá o de Cali, contrasta con la realidad de las minorías indígenas, de los afro descendientes y campesinos en zonas conflictivas. Lo anterior es signo de que este conflicto es más cruel ahora que antes".
Jan sostiene que es muy difícil negociar en medio de un conflicto y muy difícil también hacerlo sin cese de fuego.
"Pienso que ahora un cese de fuego sería muy buena idea, porque de esta manera se puede negociar sin pararse tantas veces como sucedió con el secuestro del General del Ejército.
"Este tipo de hechos se van a repetir", advirtió.
Jan, que fue enviado por las Naciones Unidas durante el proceso de paz durante la presidencia de Andrés Pastrana, piensa que Colombia ahora tiene una posibilidad histórica para lograr la paz, después de 50 años de guerra.
"Yo soy optimista de las posibilidades de Colombia en poner fin a esta guerra. La importancia de poner fin a esta guerra lo vimos hoy en día en Jambaló.
SE VAN A REPETIR"
Por Juan Carlos Díaz
Integrante HUMANOS
Cali, Colombia
Superada la crisis en el proceso de paz que adelantaba el Gobierno colombiano con la guerrilla de las Farc, por el secuestro del general Alzate y se acordará que el próximo ciclo de conversaciones tendrá lugar entre el 10 y el 17 de diciembre con el propósito de avanzar en el tema de desescalamiento del conflicto con el fin de llegar a un acuerdo lo más pronto posible en esta materia, el secretario general del Consejo Noruego de Refugiados, Jan Egeland, de visita en Colombia, envío un mensaje a los negociadores del proceso de paz, para que lleguen a un acuerdo definitivo en meses y no en dos años más.
Luego de visitar a la comunidad Nasa, en Jambaló, en el departamento del Cauca, al sur occidente del país, Jan Egeland aseguró que los indígenas le expresaron su preocupación porque desde que se iniciaron los diálogos en la Habana, para acabar con el conflicto armado que lleva más de 50 años, la situación ha empeorado.
"La comunidad Nasa en Jambaló, está muy golpeada por la guerra. Sus mujeres son violadas, sus jóvenes son reclutados forzosamente, algunos miembros de esta comunidad son asesinados y muchos son desplazados", reveló.
Debido a esta situación, Jan le entregará al Gobierno Noruego, garante en este proceso junto con Cuba y el Comité Internacional de la Cruz Roja, el mensaje de los indígenas del Cauca, para que los negociadores del Gobierno colombiano y de la guerrilla de las Farc en la Habana, acuerden un desescalamiento del conflicto, un cese de fuego y un acuerdo final de paz.
"Basta Ya. Nosotros estamos sufriendo demasiado. Es el llamado de los indígenas a las dos partes", recalcó Jan.
Igualmente Jan, que llegó por primera vez a América Latina a los 19 años como voluntario de una organización Católica de Asistencia Colombiana, dijo que la niñez es la víctima número uno del conflicto, lo que ha generado que centenares de miles de niños desplazados, no estén en las escuelas.
"Las partes en conflicto tienen mucho que ver con esta situación, ya que mientras el Ejército está ocupando las escuelas, en una clara violación de todos los principios humanitarios, las Farc están reclutando a los niños forzosamente".
Para el secretario general del Consejo Noruego para Refugiados, se tienen que hacer los acuerdos rápido y ahora.
"En el 2013 Colombia registró 200 mil personas desplazadas por la guerra. Puede ser casi igual este año, lo que significa, qué la realidad de Bogotá o de Cali, contrasta con la realidad de las minorías indígenas, de los afro descendientes y campesinos en zonas conflictivas. Lo anterior es signo de que este conflicto es más cruel ahora que antes".
Jan sostiene que es muy difícil negociar en medio de un conflicto y muy difícil también hacerlo sin cese de fuego.
"Pienso que ahora un cese de fuego sería muy buena idea, porque de esta manera se puede negociar sin pararse tantas veces como sucedió con el secuestro del General del Ejército.
"Este tipo de hechos se van a repetir", advirtió.
Jan, que fue enviado por las Naciones Unidas durante el proceso de paz durante la presidencia de Andrés Pastrana, piensa que Colombia ahora tiene una posibilidad histórica para lograr la paz, después de 50 años de guerra.
"Yo soy optimista de las posibilidades de Colombia en poner fin a esta guerra. La importancia de poner fin a esta guerra lo vimos hoy en día en Jambaló.
UNA ABUELA LLEVA 7 AÑOS BUSCANDO A SU NIETA DESAPARECIDA
Por Juan Carlos Díaz
Integrante HUMANOS
Cali, Colombia
Soñaba con ser médica. Le gustaba mucho comer arroz con pollo y arroz con leche. Era vanidosa y muy “pinchadita” a la hora de vestir. Era una niña muy inteligente y se destacaba como buena estudiante.
Así describen a Laura Dayana Bernal, una niña que con tan solo siete años desapareció el 12 de febrero de 2008 a la 1:20 de la tarde, en la ladera occidental de la Capital del Valle.
Desde ese día y hasta la fecha, su abuela Irma María Figueroa Zambrano, de 50 años, la sigue buscando en Cali y en el exterior.
Doña Irma, quien desde hace 12 años se dedica a reciclar cartón y botellas por las calles de la ciudad, asegura que desde el día que desapareció su “hija” (al referirse a su nieta), no he descansado buscándola.
“Sigo luchando. Tengo más nietas, pero ella es mi vida porque era la que vivía conmigo. Era la más linda de la casa. Yo he pedido ayuda a nivel nacional e internacional. La Interpol también me está ayudando para que me ayuden a encontrarla”.
Según relata doña Irma, su nieta salió de la vivienda de su madrastra, Rosa Ordoñez Muñoz, la cual la dejó en la “Bombonera” (sitio en donde queda ubicado la estación del Cuerpo de Bomberos al frente del barrio Siloé), para que la niña se fuera a la casa ubicada en el Cortijo, en la parte alta de este sector, en la ladera occidental de Cali. De ahí se desconoce qué pasó con Laura Dayana.
“Si la niña la hubiera dejado en la Bombonera, como ella dice, se había ido donde los primos que trabajan por ahí. Ella hubiera arrimado, pero no, la niña nunca llego”, asegura doña Irma.
Laura Dayana, que cursaba tercero de primaria cuando desapareció, según dona Irma, no es buscada por sus padres, porque según ellos: “si ya se perdió, perdida se queda”.
“Durante todos estos años no ha pasada nada. Las autoridades tampoco han hecho nada”. Yo no sé si la tienen en Colombia u otro país. Ellos tuvieron tiempo de sacarla porque ella desapareció a la 1:20 de la tarde y yo me di cuenta faltando diez para las 7 de la noche. Tuvieron mucho tiempo. De pronto, la tengan estudiando en otro colegio y con otro nombre”.
Doña Irma, que asegura que la niña está viva, porque la sueña. Pero su abuela es consciente que ya en este tiempo Laura Dayana está por los 14 años y ha cambiado su aspecto físico.
“Yo pido que de pronto por ahí me ayuden a sacarla de donde este, que le avisen a las autoridades o me llamen. Para dónde sea yo arranco. Por ella yo doy la vida. Esto es horrible. Uno se mantiene pensando si está comiendo. Será qué desayuno. Está durmiendo. Todo el tiempo uno es así. Yo estoy durmiendo con el celular en la mano porque ella se sabe mi número. Es que ni siquiera una llamada. Ni una llamadita a decir abuelita estoy bien. Mi hija era mi ilusión. Incluso yo iba a vender mi casa, pero no lo hago porque la niña de pronto regresa”, sostiene doña Irma.
Al recordar a su nieta, doña Irma la describe como una niña muy alegre y muy linda, con la cual salían a pasear y a piscina. La califica como la mejor estudiante y muy vanidosa igual que ella. Doña Irma no entiende qué le paso a su niña, la angustia no la deja estar tranquila y a cada momento se pregunta dónde estará su Laura.
“El sueño de mi niña era ser médica para que yo me saliera de mi trabajo y descansara. Que ella iba a ver por mí. Yo quede sólita en esta casa, solo acompaña mi tristeza la fotico que hice enmarcar cuando ella cumplió los siete años el 12 de marzo de 2008, porque las otras fotos mis hijos me las quitaron porque me la pasaba llorando viéndolas. Incluso aún le tengo guardados en el armario los regalos de sus cumpleaños y de diciembre. Le tengo empacadas las muñecas de la Barby. Le tengo dos”.
Por Juan Carlos Díaz
Integrante HUMANOS
Cali, Colombia
Soñaba con ser médica. Le gustaba mucho comer arroz con pollo y arroz con leche. Era vanidosa y muy “pinchadita” a la hora de vestir. Era una niña muy inteligente y se destacaba como buena estudiante.
Así describen a Laura Dayana Bernal, una niña que con tan solo siete años desapareció el 12 de febrero de 2008 a la 1:20 de la tarde, en la ladera occidental de la Capital del Valle.
Desde ese día y hasta la fecha, su abuela Irma María Figueroa Zambrano, de 50 años, la sigue buscando en Cali y en el exterior.
Doña Irma, quien desde hace 12 años se dedica a reciclar cartón y botellas por las calles de la ciudad, asegura que desde el día que desapareció su “hija” (al referirse a su nieta), no he descansado buscándola.
“Sigo luchando. Tengo más nietas, pero ella es mi vida porque era la que vivía conmigo. Era la más linda de la casa. Yo he pedido ayuda a nivel nacional e internacional. La Interpol también me está ayudando para que me ayuden a encontrarla”.
Según relata doña Irma, su nieta salió de la vivienda de su madrastra, Rosa Ordoñez Muñoz, la cual la dejó en la “Bombonera” (sitio en donde queda ubicado la estación del Cuerpo de Bomberos al frente del barrio Siloé), para que la niña se fuera a la casa ubicada en el Cortijo, en la parte alta de este sector, en la ladera occidental de Cali. De ahí se desconoce qué pasó con Laura Dayana.
“Si la niña la hubiera dejado en la Bombonera, como ella dice, se había ido donde los primos que trabajan por ahí. Ella hubiera arrimado, pero no, la niña nunca llego”, asegura doña Irma.
Laura Dayana, que cursaba tercero de primaria cuando desapareció, según dona Irma, no es buscada por sus padres, porque según ellos: “si ya se perdió, perdida se queda”.
“Durante todos estos años no ha pasada nada. Las autoridades tampoco han hecho nada”. Yo no sé si la tienen en Colombia u otro país. Ellos tuvieron tiempo de sacarla porque ella desapareció a la 1:20 de la tarde y yo me di cuenta faltando diez para las 7 de la noche. Tuvieron mucho tiempo. De pronto, la tengan estudiando en otro colegio y con otro nombre”.
Doña Irma, que asegura que la niña está viva, porque la sueña. Pero su abuela es consciente que ya en este tiempo Laura Dayana está por los 14 años y ha cambiado su aspecto físico.
“Yo pido que de pronto por ahí me ayuden a sacarla de donde este, que le avisen a las autoridades o me llamen. Para dónde sea yo arranco. Por ella yo doy la vida. Esto es horrible. Uno se mantiene pensando si está comiendo. Será qué desayuno. Está durmiendo. Todo el tiempo uno es así. Yo estoy durmiendo con el celular en la mano porque ella se sabe mi número. Es que ni siquiera una llamada. Ni una llamadita a decir abuelita estoy bien. Mi hija era mi ilusión. Incluso yo iba a vender mi casa, pero no lo hago porque la niña de pronto regresa”, sostiene doña Irma.
Al recordar a su nieta, doña Irma la describe como una niña muy alegre y muy linda, con la cual salían a pasear y a piscina. La califica como la mejor estudiante y muy vanidosa igual que ella. Doña Irma no entiende qué le paso a su niña, la angustia no la deja estar tranquila y a cada momento se pregunta dónde estará su Laura.
“El sueño de mi niña era ser médica para que yo me saliera de mi trabajo y descansara. Que ella iba a ver por mí. Yo quede sólita en esta casa, solo acompaña mi tristeza la fotico que hice enmarcar cuando ella cumplió los siete años el 12 de marzo de 2008, porque las otras fotos mis hijos me las quitaron porque me la pasaba llorando viéndolas. Incluso aún le tengo guardados en el armario los regalos de sus cumpleaños y de diciembre. Le tengo empacadas las muñecas de la Barby. Le tengo dos”.
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BALAS PERDIDAS, VIDAS PERDIDAS, SUEÑOS PERDIDOS
Por Juan Carlos Díaz
Integrante HUMANOS
Cali, Colombia
Juan David Hurtado Valencia un adolescente de 14 años que soñaba trabajar para arreglar la casa donde vivía con su madre y sus dos hermanos, una “bala perdida” bañada en cianuro, no le permitió cumplir su sueño.
En el populoso sector del Distrito de Aguablanca, en el barrio Mojica Dos, al oriente de Cali, vivía Juan David, que encontró la muerte cuando esperaba a su mamá que llegara del trabajo.
“Él estaba esperándome. Yo llegaba de trabajar a las nueve de la noche. El estaba sentando en la cancha del barrio y tenía puestos audífonos escuchando música. Cerca de dónde él estaban unas personas discutiendo y de un momento a otro se armo la balacera y no se dio cuenta que un tiro venía para donde él. El disparo le rozo la cabeza hiriéndolo. Mi hijo llego al hospital vivo, pero luego murió. Allí se descubrió que bala que mató a mi hijo tenía cianuro”, así, Libia Patricia Valencia, narra la trágica muerte de su pequeño hijo Juan David.
Libia, que aún guarda los recortes de prensa con la noticia de que su hijo murió a causa de una bala con cianuro, recuerda que debido a la muerte de su hijo la situación a cambiado mucho en donde vive con sus otros dos hijos en el Distrito de Aguablanca, al cual llego procedente de la Nueva Floresta debido a la falta de recursos para poder seguir pagando el arriendo. Ahora paga más barato.
“El sector en donde vivía con mi hijo era una Frontera Invisible o Línea Imaginaria. Él no sabía que no podía estar ahí, pero era un muchacho muy confiado. Cuando yo llegue allí era imposible vivir. Cambio prácticamente desde que mi hijo murió. Ya se puede vivir. Antes no se podía. Esta muriendo mucho muchacho joven. Se oye más la cantidad de niños que de adultos morir. Mueren a diario. Existen otros barrios en donde la gente no puede pasar. Se matan entre ellos. Es horrible como los corretean y se corretean entre ellos con armas, pero como todo barrio entre tanta cantidad de muchachos malos, han cantidad de muchachos muy buenos, como mi Juan David”, sostiene Libia.
Juan David Hurtado Valencia, que cursaba octavo grado en un colegio del Distrito de Aguablanca, trabajaba en un supermercado llevando mercados, para ayudar a su madre.
“El día de su muerte, había llegado muy contento de trabajar porque le había ido muy bien. Soñaba con arreglar la casa en donde vivíamos. Antes de morirse decía que quería arreglarla. Que iba a trabajar para ayudarme. Pero no fue así. Nunca pensé que se fuera a morir”, sostiene Libia.
Para su madre, David era bien estudiado y juicioso, le gustaba el deporte, era hincha como el papá del Deportivo Cali y veía mucho fútbol en la televisión. Era mujeriego, pero muy disimulado. Era jodido con su ropa, por eso la mantenía al día. Exigente con la comida. Le gustaba mucho el arroz con pollo, el sancocho y el jugo de tomate de árbol.
Ahora Libia no hace sino recordar los momentos felices junto a su hijo como la celebración del último cumpleaños: “El papá de Juan David siempre le llevaba a la casa una torta el día de su cumpleaños. A ellos los acostumbró a eso. Nos la comíamos con gaseosa. El se comía el pedazo más grande”.
Pese a que Libia asegura que ese disparo no era para su hijo Juan David, sino que era para otra persona, no quiso averiguar quien mato a su hijo con una bala que tenía cianuro, sino, como ella dice: “me hice la neutra”
Como este caso, son muchos los que a diario se conocen de jóvenes que mueren por balas perdidas o por cruzar Fronteras Invisibles o Líneas Imaginarias, especialmente, en las calles de los barrios del Oriente de Cali.
Entre enero y el 16 agosto de 2014, se han registrado 910 muertes violentas en la ciudad.
Según el Comité Interinstitucional de hechos violentos de Cali, de ese total 792 han sido con arma de fuego.
De los 910 homicidios, 117 víctimas son menores de edad.
Por Juan Carlos Díaz
Integrante HUMANOS
Cali, Colombia
Juan David Hurtado Valencia un adolescente de 14 años que soñaba trabajar para arreglar la casa donde vivía con su madre y sus dos hermanos, una “bala perdida” bañada en cianuro, no le permitió cumplir su sueño.
En el populoso sector del Distrito de Aguablanca, en el barrio Mojica Dos, al oriente de Cali, vivía Juan David, que encontró la muerte cuando esperaba a su mamá que llegara del trabajo.
“Él estaba esperándome. Yo llegaba de trabajar a las nueve de la noche. El estaba sentando en la cancha del barrio y tenía puestos audífonos escuchando música. Cerca de dónde él estaban unas personas discutiendo y de un momento a otro se armo la balacera y no se dio cuenta que un tiro venía para donde él. El disparo le rozo la cabeza hiriéndolo. Mi hijo llego al hospital vivo, pero luego murió. Allí se descubrió que bala que mató a mi hijo tenía cianuro”, así, Libia Patricia Valencia, narra la trágica muerte de su pequeño hijo Juan David.
Libia, que aún guarda los recortes de prensa con la noticia de que su hijo murió a causa de una bala con cianuro, recuerda que debido a la muerte de su hijo la situación a cambiado mucho en donde vive con sus otros dos hijos en el Distrito de Aguablanca, al cual llego procedente de la Nueva Floresta debido a la falta de recursos para poder seguir pagando el arriendo. Ahora paga más barato.
“El sector en donde vivía con mi hijo era una Frontera Invisible o Línea Imaginaria. Él no sabía que no podía estar ahí, pero era un muchacho muy confiado. Cuando yo llegue allí era imposible vivir. Cambio prácticamente desde que mi hijo murió. Ya se puede vivir. Antes no se podía. Esta muriendo mucho muchacho joven. Se oye más la cantidad de niños que de adultos morir. Mueren a diario. Existen otros barrios en donde la gente no puede pasar. Se matan entre ellos. Es horrible como los corretean y se corretean entre ellos con armas, pero como todo barrio entre tanta cantidad de muchachos malos, han cantidad de muchachos muy buenos, como mi Juan David”, sostiene Libia.
Juan David Hurtado Valencia, que cursaba octavo grado en un colegio del Distrito de Aguablanca, trabajaba en un supermercado llevando mercados, para ayudar a su madre.
“El día de su muerte, había llegado muy contento de trabajar porque le había ido muy bien. Soñaba con arreglar la casa en donde vivíamos. Antes de morirse decía que quería arreglarla. Que iba a trabajar para ayudarme. Pero no fue así. Nunca pensé que se fuera a morir”, sostiene Libia.
Para su madre, David era bien estudiado y juicioso, le gustaba el deporte, era hincha como el papá del Deportivo Cali y veía mucho fútbol en la televisión. Era mujeriego, pero muy disimulado. Era jodido con su ropa, por eso la mantenía al día. Exigente con la comida. Le gustaba mucho el arroz con pollo, el sancocho y el jugo de tomate de árbol.
Ahora Libia no hace sino recordar los momentos felices junto a su hijo como la celebración del último cumpleaños: “El papá de Juan David siempre le llevaba a la casa una torta el día de su cumpleaños. A ellos los acostumbró a eso. Nos la comíamos con gaseosa. El se comía el pedazo más grande”.
Pese a que Libia asegura que ese disparo no era para su hijo Juan David, sino que era para otra persona, no quiso averiguar quien mato a su hijo con una bala que tenía cianuro, sino, como ella dice: “me hice la neutra”
Como este caso, son muchos los que a diario se conocen de jóvenes que mueren por balas perdidas o por cruzar Fronteras Invisibles o Líneas Imaginarias, especialmente, en las calles de los barrios del Oriente de Cali.
Entre enero y el 16 agosto de 2014, se han registrado 910 muertes violentas en la ciudad.
Según el Comité Interinstitucional de hechos violentos de Cali, de ese total 792 han sido con arma de fuego.
De los 910 homicidios, 117 víctimas son menores de edad.
“DESAPARECIDOS, EL DERECHO A SABER”
Por Germán de Jesús Arenas
Periodista HUMANOS
Putumayo
Los desaparecidos en el Putumayo, uno de los 32 departamentos de Colombia, si tienen nombres y familias. Por ello se adelanta la campaña “DESAPARECIDOS, EL DERECHO A SABER” con el propósito de hacer visible la situación de las personas desaparecidas en esta zona y la situación por la que pasan sus familiares.
Esta campaña promovida por el Comité Internacional de la Cruz Roja, tiene como objetivo destacar y acercar a la población a un problema que viven miles de personas familiares de desaparecidos y que sufren diariamente por la ausencia de sus seres queridos.
La campaña a través de afiches, entrevistas, cine foros, conversatorios busca que la población en general comprenda la situación de esos familiares y vea que es posible hacer algo por ellos; de ahí el nombre “Llena el vacío”, como lo señala la jefe de oficina para el Putumayo del Comité Internacional de la Cruz Roja, María Mercedes Rodríguez Martel.
En la actualidad Colombia posee un registro superior a las 90.000 personas desaparecidas, de las cuales 71.000 siguen saber de su paradero; pero esa cifra puede ser superior. Colombia tiene un problema con el registro de casos de personas desaparecidas que se origina en la diversidad de entidades que registran desapariciones, o en el temor de los familiares a reportar las desapariciones o su negativa a hacerlo porque guardan la esperanza de que su ser querido aparezca pronto. En el departamento de Putumayo se registran 1.844 personas desaparecidas de las cuales 1.739 continúan sin conocerse su rastro.
Ante esta problemática el CICR en su acción humanitaria en beneficio de las víctimas de los distintos conflictos armados en el mundo ha identificado que la desaparición de personas genera un gran dolor en los familiares de las víctimas, porque es un padecimiento que permanece en el tiempo porque la incertidumbre no encuentra alivio, los familiares no pueden hacer el duelo y no encuentran descanso. La desaparición convierte también a los familiares en víctimas de los hechos. Entre otras cosas la falta de apoyo y sensibilidad de la población en general, y sus autoridades en ocasiones se convierte en un factor de mayor dolor para estas personas que viven en la incertidumbre de no saber dónde están y que pasó con sus seres queridos.
Según Rodríguez Martel, la meta y el interés del CICR que los familiares de las personas desaparecidas sientan que no están solas y que este problema que le puede pasar a cualquiera, sin distinción. “Que todos podemos contribuir a llenar ese vacío que sienten los familiares de las personas desaparecidas con nuestra comprensión, solidaridad, ayuda y entendimiento de la situación que atraviesan”. La atención a los familiares de las víctimas de desaparición debe ocupar un lugar principal de cualquier conflicto armado.
La campaña busca llegar a toda la población pero en este momento queremos concentrarnos en los jóvenes, profesionales, estudiantes, adolescentes y niños y niñas de las zonas rurales, así como las familias, los líderes de opinión, los medios de comunicación, las autoridades y entes gubernamentales, organizaciones internacionales se involucren en la campaña y en la difusión de acciones para liderar y difundir la comunicación, para mejorar las políticas de atención a familiares de personas desaparecidas y de búsqueda de estas personas.
Y por último para definir la culminación de la desaparición la jefe de oficina del CICR Putumayo, Rodríguez Martel, señala que un conflicto como el colombiano, la desaparición es un arma utilizada por todos los actores armados ilegales; luego lo que espera el CICR es que esas partes comprendan que la desaparición es un hecho que no debe suceder de manera intencional.-
Por Germán de Jesús Arenas
Periodista HUMANOS
Putumayo
Los desaparecidos en el Putumayo, uno de los 32 departamentos de Colombia, si tienen nombres y familias. Por ello se adelanta la campaña “DESAPARECIDOS, EL DERECHO A SABER” con el propósito de hacer visible la situación de las personas desaparecidas en esta zona y la situación por la que pasan sus familiares.
Esta campaña promovida por el Comité Internacional de la Cruz Roja, tiene como objetivo destacar y acercar a la población a un problema que viven miles de personas familiares de desaparecidos y que sufren diariamente por la ausencia de sus seres queridos.
La campaña a través de afiches, entrevistas, cine foros, conversatorios busca que la población en general comprenda la situación de esos familiares y vea que es posible hacer algo por ellos; de ahí el nombre “Llena el vacío”, como lo señala la jefe de oficina para el Putumayo del Comité Internacional de la Cruz Roja, María Mercedes Rodríguez Martel.
En la actualidad Colombia posee un registro superior a las 90.000 personas desaparecidas, de las cuales 71.000 siguen saber de su paradero; pero esa cifra puede ser superior. Colombia tiene un problema con el registro de casos de personas desaparecidas que se origina en la diversidad de entidades que registran desapariciones, o en el temor de los familiares a reportar las desapariciones o su negativa a hacerlo porque guardan la esperanza de que su ser querido aparezca pronto. En el departamento de Putumayo se registran 1.844 personas desaparecidas de las cuales 1.739 continúan sin conocerse su rastro.
Ante esta problemática el CICR en su acción humanitaria en beneficio de las víctimas de los distintos conflictos armados en el mundo ha identificado que la desaparición de personas genera un gran dolor en los familiares de las víctimas, porque es un padecimiento que permanece en el tiempo porque la incertidumbre no encuentra alivio, los familiares no pueden hacer el duelo y no encuentran descanso. La desaparición convierte también a los familiares en víctimas de los hechos. Entre otras cosas la falta de apoyo y sensibilidad de la población en general, y sus autoridades en ocasiones se convierte en un factor de mayor dolor para estas personas que viven en la incertidumbre de no saber dónde están y que pasó con sus seres queridos.
Según Rodríguez Martel, la meta y el interés del CICR que los familiares de las personas desaparecidas sientan que no están solas y que este problema que le puede pasar a cualquiera, sin distinción. “Que todos podemos contribuir a llenar ese vacío que sienten los familiares de las personas desaparecidas con nuestra comprensión, solidaridad, ayuda y entendimiento de la situación que atraviesan”. La atención a los familiares de las víctimas de desaparición debe ocupar un lugar principal de cualquier conflicto armado.
La campaña busca llegar a toda la población pero en este momento queremos concentrarnos en los jóvenes, profesionales, estudiantes, adolescentes y niños y niñas de las zonas rurales, así como las familias, los líderes de opinión, los medios de comunicación, las autoridades y entes gubernamentales, organizaciones internacionales se involucren en la campaña y en la difusión de acciones para liderar y difundir la comunicación, para mejorar las políticas de atención a familiares de personas desaparecidas y de búsqueda de estas personas.
Y por último para definir la culminación de la desaparición la jefe de oficina del CICR Putumayo, Rodríguez Martel, señala que un conflicto como el colombiano, la desaparición es un arma utilizada por todos los actores armados ilegales; luego lo que espera el CICR es que esas partes comprendan que la desaparición es un hecho que no debe suceder de manera intencional.-
EL NUEVO INFORME DE LOS FALSOS POSITIVOS
Por Ferney Meneses Gutiérrez
Alianza agendapropia.com
ESPECIAL PARA HUMANOS
Según la más reciente investigación sobre violación de derechos humanos, revelada por el Cinep, durante el año 2013 se presentaron siete casos de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, dos de los cuales se cometieron en jurisdicción de los departamentos de Cauca y Valle.
En el más reciente informe elaborado por el Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, en el que se denota el registro de siete (7) 'falsos positivos' el año pasado en el territorio colombiano, se menciona además que fueron constantes las violaciones de los derechos humanos de los nacionales, resaltando que un número significativo de casos se presentó en el segundo semestre del año en el marco del Paro Nacional Agrario, "y que destaca como protagonista activa de estas violaciones a la Policía Nacional".
Entre julio y diciembre del 2013, durante la investigación se conoció de 579 hechos victimizantes atribuidos a miembros de la Policía Nacional; 294 a paramilitares, y 207 a tropas del Ejército Nacional. Panorama que según el Cinep "contrasta con el discurso del Gobierno Nacional que se orienta a la consolidación de la paz en Colombia".
Respecto a las violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) aparece en el 2013, en primer lugar la Policía Nacional, con 347 casos; seguida de grupos paramilitares, con 240 casos; el Ejército Nacional; con 111 casos; la guerrilla de las FARC-EP, con 40 casos; combatientes, con 9 casos; y la guerrilla del ELN, con 4 casos.
De acuerdo con los datos revelados por la investigación lo preocupante en el panorama del conflicto colombiano es la continuidad de los 'falsos positivos'. Durante el año anterior, según la caracterización se reveló que el Ejército Nacional fue el responsable de 5 casos: Tibú (Norte de Santander) - Bojayá (Chocó) - Caldono (Cauca) - El Bagre (Antioquia) - Leiva (Nariño); la Policía Nacional de 1 caso: Cali (Valle del Cauca); y el Ejército junto a la Policía, de otro de los hechos: Ocaña (Norte de Santander).
El Cinep informó que en esos hechos las víctimas fueron siete campesinos, un indígena, un líder comunitario, y un profesor.
Situación en el departamento del Cauca
De acuerdo con las cifras entregadas, en el segundo semestre de 2013, el Cauca fue el segundo Departamento colombiano donde más se violaron los Derechos Humanos y el DIH con 98 casos reportados; lo superó Boyacá donde se tiene conocimiento de 170 casos de abusos de la Fuerza Pública, debido a las acciones de la Policía Nacional en el Paro Agrario que se adelantó en el mes de agosto.
Ya en el tema de ejecuciones extrajudiciales, el caso que registró el Cinep en éste Departamento, se presentó en jurisdicción de Caldono el 30 de marzo de 2013, luego de que en confusos hechos resultara muerto Álvaro Chocué, de 57 años de edad, reconocido líder de la región, que se había desempeñado como dirigente en el Cabildo de San Lorenzo - Caldono, y quien acompañaba las labores del Consejo de Mayores de la Autoridad Tradicional del Territorio. El crimen de Chocué ocurrió en la vereda La Esmeralda, Resguardo Indígena de Caldono.
"Cuando el mayorcito Álvaro Chocué pasaba, los militares que supuestamente hacían un retén le dispararon y resultó asesinado el compañero Álvaro, esto se presentó en territorio indígena", informó al respecto Feliciano Valencia, vocero político de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, ACIN.
Una vez sucedidos los hechos la Guardia Indígena de la zona reaccionó y retuvo al cabo primero Jesús Rodríguez Ospina, y a los soldados profesionales Edinson Aragón Rojas y Wilmer Añazco Calambas, pertenecientes a la Brigada Móvil Nº 29, quienes debieron entregar sus versiones sobre lo ocurrido, ya que hacían parte del grupo de militares que estaban cerca del sitio donde fue baleado Álvaro Chocué.
Respecto a lo que pasó el Ejército respondió mediante un comunicado de cinco puntos, informando que: "siendo las 18:15 horas del día 30 de marzo (de 2013), tropas de la Brigada Móvil Nº 29, entraron en combate en zona rural de la vereda Las Delicias (Caldono), con un reducto de la Columna Móvil 'Jacobo Arenas' ", y que posteriormente "pasado este enfrentamiento y sobre la vereda La Esmeralda del municipio de Caldono fue encontrado por la propia comunidad un hombre muerto, identificado como Álvaro Chocué de 57 años de edad y residente de la región".
No obstante nativos del Resguardo en mención manifestaron que efectivamente las balaceras se habían registrado, en horas de la mañana de aquel 30 de marzo, pero en el sector de Las Delicias, y que para llegar a esa vereda había que caminar más de una hora y media desde La Esmeralda, donde se cometió el crimen de Chocué.
El cabo y los dos soldados, adscritos a la Fuerza de Tarea Apolo, que se encontraron en el sitio, fueron mantenidos bajo custodia de la comunidad indígena durante 24 horas y el domingo 1 de abril de 2013 a las 7 de la noche fueron entregados a una comisión humanitaria que los ayudó a evacuar de la zona. La Plana Mayor del Cabildo San Lorenzo de Caldono públicamente denunció "constantes atropellos a la población civil indígena por parte de la Fuerza Pública y actores armados al margen de la ley".
Por su parte el Ejército manifestó sobre la entrega de sus unidades, sin dar más detalles sobre las circunstancias que rodearon la muerte del comunero, que "la Guardia Indígena del municipio de Caldono, entregó al señor Jesús Sánchez delegado de la Defensoría del Pueblo del departamento del Cauca, a los tres uniformados pertenecientes a la Brigada Móvil Nº 29, que habían sido retenidos de forma arbitraria ilegal, luego de haber repelido el ataque terrorista perpetrado por la columna móvil 'Jacobo Arenas' de la ONT-Farc".
Dos 'falsos positivos' más
Aunque el Cinep no lo registra en su informe recientemente publicado, se logró establecer que en el departamento del Cauca, durante el año pasado se cometieron otros dos casos de ejecuciones extrajudiciales.
De acuerdo con Mabel Andrade, de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, según información que ellos manejan respecto a lo ocurrido de enero a diciembre de 2013, se estableció que hechos cuya autoría recae presuntamente en miembros de la Policía y el Ejército Nacional en donde resultaron afectados el derecho a la vida, libertad e integridad de diversas personas, continuaron presentándose en este periodo.
Según informó la organización social caucana, se tiene noticia de un total de 75 hechos de los cuales, 7 "corresponden a agresiones contra la vida y de éstos, dos ejecutadas contra personas que fueron presentadas por las fuerzas militares y policiales como guerrilleros muertos en combate, mientras la comunidad de donde eran oriundos desmienten dicha afirmación".
De acuerdo con la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca los dos casos de víctimas presentadas como guerrilleros muertos en combates o acción bélica corresponden en primer lugar al ocurrido el 31 de enero de 2013 en jurisdicción de La Sierra, sur del Cauca, donde perdió la vida Eivar Hernán Cruz Cerón, presuntamente a manos de miembros de la Policía Nacional. Cruz Cerón se movilizaba como parrillero en una motocicleta en compañía de un primo, y según la versión de las autoridades cuando se aproximaban a un retén policial en las afueras de La Sierra, él decidió saltar de la moto y empezó a correr por la vía pública. En ese momento fue alcanzado por las balas.
El segundo caso corresponde a la muerte de Dubán Mauricio Carvajal, en hechos acaecidos el 30 de noviembre de 2013 en la vereda La Mina, zona rural de El Tambo, centro del Departamento. El primero de diciembre de 2013 la Vigésima Novena Brigada del Ejército informó en rueda de prensa que sus tropas habían llegado hasta la vereda La Mina, y que en medio de enfrentamientos había sido dado de baja alias 'Ronald', y otros dos sujetos sin identificar, quienes hacían parte de la compañía 'Lucho Quintero' del Frente 'José María Becerra', del ELN. La familia del joven campesino denunció lo sucedido y argumentó que el muchacho trabajaba como moto taxista y que no era guerrillero.
Finalmente Mabel Andrade mencionó que otros hechos ocurridos en el 2013 están relacionados con amenazas contra la vida de las comunidades con afectaciones individuales y colectivas, señalamientos y estigmatizaciones. Las acciones violentas contra las organizaciones sociales y contra el tejido social y comunitario se manifestaron de varias formas en ese periodo; se reportó un total de 56 hechos entre homicidios a líderes y defensores de derechos humanos, atentados, amenazas individuales y colectivas, detenciones arbitrarias y judicializaciones.
21 líderes sociales y defensores de los derechos humanos fueron asesinados entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2013 en el Cauca, y a la fecha los autores de estos hechos no se han establecido y las investigaciones de los mismos no avanza.
(Ver aquí: el caso reportado en el Valle del Cauca).
Ministerio de Defensa respondió al informe
El Ministerio de Defensa a cargo de Juan Carlos Pinzón, mostró su desacuerdo con el uso de la expresión 'falsos positivos' como término incluido en el informe del Cinep, indicando que tal acepción "no hace parte de la legislación colombiana".
Asimismo oficialmente se indicó que invitaba a las organizaciones sociales "a utilizar un lenguaje más preciso en sus informes, de tal forma que no se afecte injustamente la imagen y honra de las Instituciones Estatales y sus integrantes".
El ente gubernamental recalcó además que si bien el informe registra "algunas muertes" en desarrollo de operaciones de las Fuerzas Armadas, "no hay decisión de autoridad judicial competente que haya establecido responsabilidad alguna de miembros de la Fuerza Pública, por lo tanto rechaza los señalamientos de este tipo consignados en el documento del Cinep".
El Ministerio de Defensa Nacional mencionó que la Fuerza Pública respeta el derecho a la manifestación y protesta pacífica y que los incidentes ocurridos con algunos manifestantes en movilizaciones están siendo investigados por las autoridades disciplinarias competentes.
Finalmente la cartera de Defensa manifestó un "férreo compromiso con el respeto a los Derechos Humanos y con el Derecho Internacional Humanitario" y concluyó que "exhortamos a que las organizaciones sociales llamen a las cosas por su nombre y con responsabilidad, para no desorientar a la opinión pública con juicios de valor".
Por Ferney Meneses Gutiérrez
Alianza agendapropia.com
ESPECIAL PARA HUMANOS
Según la más reciente investigación sobre violación de derechos humanos, revelada por el Cinep, durante el año 2013 se presentaron siete casos de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, dos de los cuales se cometieron en jurisdicción de los departamentos de Cauca y Valle.
En el más reciente informe elaborado por el Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, en el que se denota el registro de siete (7) 'falsos positivos' el año pasado en el territorio colombiano, se menciona además que fueron constantes las violaciones de los derechos humanos de los nacionales, resaltando que un número significativo de casos se presentó en el segundo semestre del año en el marco del Paro Nacional Agrario, "y que destaca como protagonista activa de estas violaciones a la Policía Nacional".
Entre julio y diciembre del 2013, durante la investigación se conoció de 579 hechos victimizantes atribuidos a miembros de la Policía Nacional; 294 a paramilitares, y 207 a tropas del Ejército Nacional. Panorama que según el Cinep "contrasta con el discurso del Gobierno Nacional que se orienta a la consolidación de la paz en Colombia".
Respecto a las violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) aparece en el 2013, en primer lugar la Policía Nacional, con 347 casos; seguida de grupos paramilitares, con 240 casos; el Ejército Nacional; con 111 casos; la guerrilla de las FARC-EP, con 40 casos; combatientes, con 9 casos; y la guerrilla del ELN, con 4 casos.
De acuerdo con los datos revelados por la investigación lo preocupante en el panorama del conflicto colombiano es la continuidad de los 'falsos positivos'. Durante el año anterior, según la caracterización se reveló que el Ejército Nacional fue el responsable de 5 casos: Tibú (Norte de Santander) - Bojayá (Chocó) - Caldono (Cauca) - El Bagre (Antioquia) - Leiva (Nariño); la Policía Nacional de 1 caso: Cali (Valle del Cauca); y el Ejército junto a la Policía, de otro de los hechos: Ocaña (Norte de Santander).
El Cinep informó que en esos hechos las víctimas fueron siete campesinos, un indígena, un líder comunitario, y un profesor.
Situación en el departamento del Cauca
De acuerdo con las cifras entregadas, en el segundo semestre de 2013, el Cauca fue el segundo Departamento colombiano donde más se violaron los Derechos Humanos y el DIH con 98 casos reportados; lo superó Boyacá donde se tiene conocimiento de 170 casos de abusos de la Fuerza Pública, debido a las acciones de la Policía Nacional en el Paro Agrario que se adelantó en el mes de agosto.
Ya en el tema de ejecuciones extrajudiciales, el caso que registró el Cinep en éste Departamento, se presentó en jurisdicción de Caldono el 30 de marzo de 2013, luego de que en confusos hechos resultara muerto Álvaro Chocué, de 57 años de edad, reconocido líder de la región, que se había desempeñado como dirigente en el Cabildo de San Lorenzo - Caldono, y quien acompañaba las labores del Consejo de Mayores de la Autoridad Tradicional del Territorio. El crimen de Chocué ocurrió en la vereda La Esmeralda, Resguardo Indígena de Caldono.
"Cuando el mayorcito Álvaro Chocué pasaba, los militares que supuestamente hacían un retén le dispararon y resultó asesinado el compañero Álvaro, esto se presentó en territorio indígena", informó al respecto Feliciano Valencia, vocero político de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, ACIN.
Una vez sucedidos los hechos la Guardia Indígena de la zona reaccionó y retuvo al cabo primero Jesús Rodríguez Ospina, y a los soldados profesionales Edinson Aragón Rojas y Wilmer Añazco Calambas, pertenecientes a la Brigada Móvil Nº 29, quienes debieron entregar sus versiones sobre lo ocurrido, ya que hacían parte del grupo de militares que estaban cerca del sitio donde fue baleado Álvaro Chocué.
Respecto a lo que pasó el Ejército respondió mediante un comunicado de cinco puntos, informando que: "siendo las 18:15 horas del día 30 de marzo (de 2013), tropas de la Brigada Móvil Nº 29, entraron en combate en zona rural de la vereda Las Delicias (Caldono), con un reducto de la Columna Móvil 'Jacobo Arenas' ", y que posteriormente "pasado este enfrentamiento y sobre la vereda La Esmeralda del municipio de Caldono fue encontrado por la propia comunidad un hombre muerto, identificado como Álvaro Chocué de 57 años de edad y residente de la región".
No obstante nativos del Resguardo en mención manifestaron que efectivamente las balaceras se habían registrado, en horas de la mañana de aquel 30 de marzo, pero en el sector de Las Delicias, y que para llegar a esa vereda había que caminar más de una hora y media desde La Esmeralda, donde se cometió el crimen de Chocué.
El cabo y los dos soldados, adscritos a la Fuerza de Tarea Apolo, que se encontraron en el sitio, fueron mantenidos bajo custodia de la comunidad indígena durante 24 horas y el domingo 1 de abril de 2013 a las 7 de la noche fueron entregados a una comisión humanitaria que los ayudó a evacuar de la zona. La Plana Mayor del Cabildo San Lorenzo de Caldono públicamente denunció "constantes atropellos a la población civil indígena por parte de la Fuerza Pública y actores armados al margen de la ley".
Por su parte el Ejército manifestó sobre la entrega de sus unidades, sin dar más detalles sobre las circunstancias que rodearon la muerte del comunero, que "la Guardia Indígena del municipio de Caldono, entregó al señor Jesús Sánchez delegado de la Defensoría del Pueblo del departamento del Cauca, a los tres uniformados pertenecientes a la Brigada Móvil Nº 29, que habían sido retenidos de forma arbitraria ilegal, luego de haber repelido el ataque terrorista perpetrado por la columna móvil 'Jacobo Arenas' de la ONT-Farc".
Dos 'falsos positivos' más
Aunque el Cinep no lo registra en su informe recientemente publicado, se logró establecer que en el departamento del Cauca, durante el año pasado se cometieron otros dos casos de ejecuciones extrajudiciales.
De acuerdo con Mabel Andrade, de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, según información que ellos manejan respecto a lo ocurrido de enero a diciembre de 2013, se estableció que hechos cuya autoría recae presuntamente en miembros de la Policía y el Ejército Nacional en donde resultaron afectados el derecho a la vida, libertad e integridad de diversas personas, continuaron presentándose en este periodo.
Según informó la organización social caucana, se tiene noticia de un total de 75 hechos de los cuales, 7 "corresponden a agresiones contra la vida y de éstos, dos ejecutadas contra personas que fueron presentadas por las fuerzas militares y policiales como guerrilleros muertos en combate, mientras la comunidad de donde eran oriundos desmienten dicha afirmación".
De acuerdo con la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca los dos casos de víctimas presentadas como guerrilleros muertos en combates o acción bélica corresponden en primer lugar al ocurrido el 31 de enero de 2013 en jurisdicción de La Sierra, sur del Cauca, donde perdió la vida Eivar Hernán Cruz Cerón, presuntamente a manos de miembros de la Policía Nacional. Cruz Cerón se movilizaba como parrillero en una motocicleta en compañía de un primo, y según la versión de las autoridades cuando se aproximaban a un retén policial en las afueras de La Sierra, él decidió saltar de la moto y empezó a correr por la vía pública. En ese momento fue alcanzado por las balas.
El segundo caso corresponde a la muerte de Dubán Mauricio Carvajal, en hechos acaecidos el 30 de noviembre de 2013 en la vereda La Mina, zona rural de El Tambo, centro del Departamento. El primero de diciembre de 2013 la Vigésima Novena Brigada del Ejército informó en rueda de prensa que sus tropas habían llegado hasta la vereda La Mina, y que en medio de enfrentamientos había sido dado de baja alias 'Ronald', y otros dos sujetos sin identificar, quienes hacían parte de la compañía 'Lucho Quintero' del Frente 'José María Becerra', del ELN. La familia del joven campesino denunció lo sucedido y argumentó que el muchacho trabajaba como moto taxista y que no era guerrillero.
Finalmente Mabel Andrade mencionó que otros hechos ocurridos en el 2013 están relacionados con amenazas contra la vida de las comunidades con afectaciones individuales y colectivas, señalamientos y estigmatizaciones. Las acciones violentas contra las organizaciones sociales y contra el tejido social y comunitario se manifestaron de varias formas en ese periodo; se reportó un total de 56 hechos entre homicidios a líderes y defensores de derechos humanos, atentados, amenazas individuales y colectivas, detenciones arbitrarias y judicializaciones.
21 líderes sociales y defensores de los derechos humanos fueron asesinados entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2013 en el Cauca, y a la fecha los autores de estos hechos no se han establecido y las investigaciones de los mismos no avanza.
(Ver aquí: el caso reportado en el Valle del Cauca).
Ministerio de Defensa respondió al informe
El Ministerio de Defensa a cargo de Juan Carlos Pinzón, mostró su desacuerdo con el uso de la expresión 'falsos positivos' como término incluido en el informe del Cinep, indicando que tal acepción "no hace parte de la legislación colombiana".
Asimismo oficialmente se indicó que invitaba a las organizaciones sociales "a utilizar un lenguaje más preciso en sus informes, de tal forma que no se afecte injustamente la imagen y honra de las Instituciones Estatales y sus integrantes".
El ente gubernamental recalcó además que si bien el informe registra "algunas muertes" en desarrollo de operaciones de las Fuerzas Armadas, "no hay decisión de autoridad judicial competente que haya establecido responsabilidad alguna de miembros de la Fuerza Pública, por lo tanto rechaza los señalamientos de este tipo consignados en el documento del Cinep".
El Ministerio de Defensa Nacional mencionó que la Fuerza Pública respeta el derecho a la manifestación y protesta pacífica y que los incidentes ocurridos con algunos manifestantes en movilizaciones están siendo investigados por las autoridades disciplinarias competentes.
Finalmente la cartera de Defensa manifestó un "férreo compromiso con el respeto a los Derechos Humanos y con el Derecho Internacional Humanitario" y concluyó que "exhortamos a que las organizaciones sociales llamen a las cosas por su nombre y con responsabilidad, para no desorientar a la opinión pública con juicios de valor".
LOS AMORES DE PETRONA
Por Germán de Jesús Arenas
Periodista HUMANOS
Putumayo
Vereda Maraveles jurisdicción del Valle del Guamuez, bajo Putumayo, tarde de verano el sol abrazaba la población, el locutor de una emisora local anunciaba alegremente la hora, 3 y 45 de la tarde, al tiempo que dejaba escuchar una canción popular, hit del momento en la zona.
Petrona Jiménez, una mujer de unos 57 años de edad tarareaba alegremente la canción mientras terminaba de colgar una ropa en los tendederos del patio de su casa, cuando su canto fue suspendido por una voz grave de un hombre que la llamo dos veces por su nombre.
Sus ojos fijaron la mirada en el hombre que la llamo al tiempo que le preguntaba que se le ofrecía. Sin traba alguna le pregunto por sus dos nietas menores las cuales tenía bajo su cuidado hacia dos meses mientras la mamá trabajaba en el Ecuador.
El hombre vestido de camuflado y con fusil terciado al hombro con voz de mando le ordeno que llamara a sus dos nietas de 13 y 15 años respectivamente y quienes le ayudaban en los quehaceres de la casa.
Petrona, algo desconcertada le indago paraqué quería que le llamara a sus nietas, esté sin vacilación alguna le respondió que las muchachas serian incorporadas a las filas de las Farc, por orden del comandante como aporte a la lucha popular, y además que ellas no estaban haciendo nada en la vida.
Hubo un silencio total en el ambiente, la mujer empalideció mientras sus manos temblaban, a su lado las dos jovencitas la miraban con miedo mientras otros guerrilleros las tomaban por los brazos casi a la fuerza para llevárselas consigo.
La música seguía sonando mientras el locutor recordaba la fecha lunes 15 de febrero del 2004, desde ese día Petrona, perdió a sus dos amores ya que vivía sola en la humilde casa, su esposo lo habían asesinado en una finca cercana y según cuentan algunas personas por una venganza personal.
Meses más tardes el reclutamiento forzado fue denunciado por la mamá de Gisela y Mariana, ante la personería municipal de La Hormiga y ante la Defensoría del Pueblo.
Narra Petrona, que organizaciones de derechos humanos y de mujeres por la paz se han interesado por su caso y que la búsqueda ha sido constante sin que hasta la fecha se tenga noticias de ellas.
Sumida en el silencio de su dolor sus ojos negros azabaches se humedecen con gotas de llanto mientras le implora a Dios, que algún día y antes de morir pueda abrazar de nuevo sus dos amores.
“Lo único que sé que una de ellas es mujer de uno de los comandantes y que otra fue herida en combate”.
El reclutamiento forzado de menores por parte de la guerrilla de las Farc, es frecuente en el Putumayo, sobre todo en las regiones rurales del medio y bajo Putumayo como lo denuncio hace pocos días el ministro de la defensa Juan Carlos Pinzón Bueno.
Por Germán de Jesús Arenas
Periodista HUMANOS
Putumayo
Vereda Maraveles jurisdicción del Valle del Guamuez, bajo Putumayo, tarde de verano el sol abrazaba la población, el locutor de una emisora local anunciaba alegremente la hora, 3 y 45 de la tarde, al tiempo que dejaba escuchar una canción popular, hit del momento en la zona.
Petrona Jiménez, una mujer de unos 57 años de edad tarareaba alegremente la canción mientras terminaba de colgar una ropa en los tendederos del patio de su casa, cuando su canto fue suspendido por una voz grave de un hombre que la llamo dos veces por su nombre.
Sus ojos fijaron la mirada en el hombre que la llamo al tiempo que le preguntaba que se le ofrecía. Sin traba alguna le pregunto por sus dos nietas menores las cuales tenía bajo su cuidado hacia dos meses mientras la mamá trabajaba en el Ecuador.
El hombre vestido de camuflado y con fusil terciado al hombro con voz de mando le ordeno que llamara a sus dos nietas de 13 y 15 años respectivamente y quienes le ayudaban en los quehaceres de la casa.
Petrona, algo desconcertada le indago paraqué quería que le llamara a sus nietas, esté sin vacilación alguna le respondió que las muchachas serian incorporadas a las filas de las Farc, por orden del comandante como aporte a la lucha popular, y además que ellas no estaban haciendo nada en la vida.
Hubo un silencio total en el ambiente, la mujer empalideció mientras sus manos temblaban, a su lado las dos jovencitas la miraban con miedo mientras otros guerrilleros las tomaban por los brazos casi a la fuerza para llevárselas consigo.
La música seguía sonando mientras el locutor recordaba la fecha lunes 15 de febrero del 2004, desde ese día Petrona, perdió a sus dos amores ya que vivía sola en la humilde casa, su esposo lo habían asesinado en una finca cercana y según cuentan algunas personas por una venganza personal.
Meses más tardes el reclutamiento forzado fue denunciado por la mamá de Gisela y Mariana, ante la personería municipal de La Hormiga y ante la Defensoría del Pueblo.
Narra Petrona, que organizaciones de derechos humanos y de mujeres por la paz se han interesado por su caso y que la búsqueda ha sido constante sin que hasta la fecha se tenga noticias de ellas.
Sumida en el silencio de su dolor sus ojos negros azabaches se humedecen con gotas de llanto mientras le implora a Dios, que algún día y antes de morir pueda abrazar de nuevo sus dos amores.
“Lo único que sé que una de ellas es mujer de uno de los comandantes y que otra fue herida en combate”.
El reclutamiento forzado de menores por parte de la guerrilla de las Farc, es frecuente en el Putumayo, sobre todo en las regiones rurales del medio y bajo Putumayo como lo denuncio hace pocos días el ministro de la defensa Juan Carlos Pinzón Bueno.
LA MALA AVENTURA DE LAS MUJERES EN BUENAVENTURA
Por Red de mujeres contra los feminicidios en Buenaventura
Especial para HUMANOS
Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia
En el año 2013, más de 12 mujeres negras afro colombianas fueron asesinadas. En enero de 2014 ya son tres los feminicidios cometidos.
Por medio de esta comunicación pública nos solidarizamos con la lucha de nuestras hermanas de Buenaventura que, ante las situaciones de violencia, genocidio, discriminación y exclusión, normalizadas por el pueblo colombiano e invisibles para el Estado, han llevado a cabo múltiples acciones de divulgación y denuncia de las violencias y los feminicidios que durante el 2013 cobraron la vida de más de 12 mujeres negras afro colombianas.
En el Distrito de Buenaventura, municipio ubicado en el departamento del Valle del Cauca, en donde se encuentra el principal Puerto Marítimo de Colombia y por donde sale el 60 por ciento del comercio de este país sur americano, la violencia contra las mujeres condensa el dominio patriarcal y el racista por efecto de niveles de violencia inusitados producidos por la discriminación, la exclusión social y la confluencia de todos los actores armados, tanto estatales como no estatales (guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico) en la región.
En medio del racismo estructural, la violación sistemática de derechos humanos hace de los cuerpos de las mujeres negras- afro colombianas, campos de batalla estratégicos para menoscabar el tejido social de las comunidades impunemente.
En medio de la emergencia humanitaria descrita, mujeres negras afrocolombianas promovieron la creación de la Red Contra Las Violencias Hacia Las Mujeres Del Distrito De Buenaventura, conformada por organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y colectivos de mujeres, y convocaron en noviembre del año pasado un PLANTÓN NACIONAL CONTRA LOS FEMINICIDIOS EN EL PAÍS: SOLIDARIDAD CON BUENAVENTURA.
Durante el Plantón se exaltó la lucha y resistencia de las compañeras que a pesar del riesgo que corren por la situación de violencia en Buenaventura y por las amenazas directas de las que son objeto por defender su derecho al territorio, y en él a una vida libre de violencias para ellas y sus comunidades, han visibilizado la impunidad e indiferencia frente a los 12 feminicidios cometidos durante el 2013.
Así mismo, han impulsado la creación de una red que movilice y articule esfuerzos que promuevan el acceso a la justicia con garantías para todas las mujeres especialmente para las mujeres negras afro colombianas.
Pareciese, que una vez más hubiésemos normalizado y naturalizado el asesinato de las mujeres como cuota de sacrificio de la guerra, la “liberación”, el “desarrollo” o la simple cotidianidad. Ni la justicia local, ni nacional o internacional está investigando los crímenes, y si lo hacen nunca se ven los resultados. Pareciese que el acceso a la “justicia” por parte de las mujeres fuese un imposible.
En Buenaventura, según las cuentas de las mismas mujeres organizadas en redes, fueron más de 12 mujeres asesinadas (mujeres negras): Dalila Quiñonez, Nidia Yadira Rodríguez, María Luisa Espinoza, Marley Yulisa Ramírez, María Nérida Holguín, Jenny Edith Belalcazar, Estela Cortéz Vásquez, Claudia Patricia Quiñonez, Verónica Cardona (indígena naza embera chami), Ángela Arboleda. Otras están hospitalizadas por golpes y puñaladas. Otra cantidad han sido amenazadas de muerte y muchas otras mujeres están reportadas como desaparecidas. La mayoría de las mujeres son violadas y algunas mutiladas, torturadas o incluso descuartizadas.
Enero: Dalila Quiñonez (comuna 12) asesinada junto a su compañero sentimental.
Febrero: Aparece en un caño del barrio vista hermosa, una joven que aún no ha sido identificada.
Marzo: fueron asesinadas Maria Luisa Espinoza, en el barrio Cristobal Colon y Marley Yulisa Ramirez en el barrio eucaristico.
Junio: Maria Nérida Holguin, fue asesinada a machete en la zona minera de bendiciones.
Julio: asesinada en un cambuche a balas, mujer que habitaba la calle. Jenny Edith Belalcazar.
Agosto: asesinadas dos mujeres, Estela Cortez Vásquez, docente del rio en Anchicayá y Claudia Patricia Quiñones de 31 años de edad, fue encontrada degollada en el barrio juan XXIII, había desaparecido hace algunos días.
Octubre: Epifanía Mondragon fue asesinada por su compañero sentimental y este luego se suicido, el 26 de octubre.
Cuántas más mujeres tienen que morir para que se visibilice esta situación ante el estado y la comunidad internacional?
Por Red de mujeres contra los feminicidios en Buenaventura
Especial para HUMANOS
Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia
En el año 2013, más de 12 mujeres negras afro colombianas fueron asesinadas. En enero de 2014 ya son tres los feminicidios cometidos.
Por medio de esta comunicación pública nos solidarizamos con la lucha de nuestras hermanas de Buenaventura que, ante las situaciones de violencia, genocidio, discriminación y exclusión, normalizadas por el pueblo colombiano e invisibles para el Estado, han llevado a cabo múltiples acciones de divulgación y denuncia de las violencias y los feminicidios que durante el 2013 cobraron la vida de más de 12 mujeres negras afro colombianas.
En el Distrito de Buenaventura, municipio ubicado en el departamento del Valle del Cauca, en donde se encuentra el principal Puerto Marítimo de Colombia y por donde sale el 60 por ciento del comercio de este país sur americano, la violencia contra las mujeres condensa el dominio patriarcal y el racista por efecto de niveles de violencia inusitados producidos por la discriminación, la exclusión social y la confluencia de todos los actores armados, tanto estatales como no estatales (guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico) en la región.
En medio del racismo estructural, la violación sistemática de derechos humanos hace de los cuerpos de las mujeres negras- afro colombianas, campos de batalla estratégicos para menoscabar el tejido social de las comunidades impunemente.
En medio de la emergencia humanitaria descrita, mujeres negras afrocolombianas promovieron la creación de la Red Contra Las Violencias Hacia Las Mujeres Del Distrito De Buenaventura, conformada por organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y colectivos de mujeres, y convocaron en noviembre del año pasado un PLANTÓN NACIONAL CONTRA LOS FEMINICIDIOS EN EL PAÍS: SOLIDARIDAD CON BUENAVENTURA.
Durante el Plantón se exaltó la lucha y resistencia de las compañeras que a pesar del riesgo que corren por la situación de violencia en Buenaventura y por las amenazas directas de las que son objeto por defender su derecho al territorio, y en él a una vida libre de violencias para ellas y sus comunidades, han visibilizado la impunidad e indiferencia frente a los 12 feminicidios cometidos durante el 2013.
Así mismo, han impulsado la creación de una red que movilice y articule esfuerzos que promuevan el acceso a la justicia con garantías para todas las mujeres especialmente para las mujeres negras afro colombianas.
Pareciese, que una vez más hubiésemos normalizado y naturalizado el asesinato de las mujeres como cuota de sacrificio de la guerra, la “liberación”, el “desarrollo” o la simple cotidianidad. Ni la justicia local, ni nacional o internacional está investigando los crímenes, y si lo hacen nunca se ven los resultados. Pareciese que el acceso a la “justicia” por parte de las mujeres fuese un imposible.
En Buenaventura, según las cuentas de las mismas mujeres organizadas en redes, fueron más de 12 mujeres asesinadas (mujeres negras): Dalila Quiñonez, Nidia Yadira Rodríguez, María Luisa Espinoza, Marley Yulisa Ramírez, María Nérida Holguín, Jenny Edith Belalcazar, Estela Cortéz Vásquez, Claudia Patricia Quiñonez, Verónica Cardona (indígena naza embera chami), Ángela Arboleda. Otras están hospitalizadas por golpes y puñaladas. Otra cantidad han sido amenazadas de muerte y muchas otras mujeres están reportadas como desaparecidas. La mayoría de las mujeres son violadas y algunas mutiladas, torturadas o incluso descuartizadas.
Enero: Dalila Quiñonez (comuna 12) asesinada junto a su compañero sentimental.
Febrero: Aparece en un caño del barrio vista hermosa, una joven que aún no ha sido identificada.
Marzo: fueron asesinadas Maria Luisa Espinoza, en el barrio Cristobal Colon y Marley Yulisa Ramirez en el barrio eucaristico.
Junio: Maria Nérida Holguin, fue asesinada a machete en la zona minera de bendiciones.
Julio: asesinada en un cambuche a balas, mujer que habitaba la calle. Jenny Edith Belalcazar.
Agosto: asesinadas dos mujeres, Estela Cortez Vásquez, docente del rio en Anchicayá y Claudia Patricia Quiñones de 31 años de edad, fue encontrada degollada en el barrio juan XXIII, había desaparecido hace algunos días.
Octubre: Epifanía Mondragon fue asesinada por su compañero sentimental y este luego se suicido, el 26 de octubre.
Cuántas más mujeres tienen que morir para que se visibilice esta situación ante el estado y la comunidad internacional?
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"COLCHA DE RETAZOS", ENTRETEJIENDO MEMORIAS
Por Juan Carlos Díaz
Integrante HUMANOS
Cali, Colombia
“Esta es mi región. Mi tierra donde nací”. ‘Las mujeres construimos caminos de libertad desde la dignidad y la resistencia por la vida y por la paz”. “Linares. Tierra de gente amable y trabajadora en busca de paz”.
Estos son varios de los 40 mensajes tejidos en una “Colcha de Retazos” por 44 víctimas (todas mujeres) que ha dejado el conflicto interno colombiano en diez de los 64 municipios de Nariño, departamento situado al sur de Colombia y que limita con el Ecuador.
Esta “Colcha de Retazos” es el resultado del ejercicio colectivo de la Escuela de Formación a Víctimas “Entretejiendo Memorias” de esta zona de Colombia, conformada por habitantes de poblaciones afectadas por la violencia que han generado los grupos armados ilegales, como la guerrilla de las Farc (que adelanta diálogos de Paz con el Gobierno colombiano en la isla de Cuba), las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC (ahora Bandas Criminales, Bacrim) y el Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Estas diez poblaciones son Pasto, Tumaco, Buesaco, Ipiales, Córdoba, Túquerres, Samaniego, Cumbal, Cumbitara, Policarpa y Linares.
Para el equipo Promotor de Nariño de la Escuela de Formación a Víctimas, que viene adelantando un proceso gracias al Programa Promoción de la Convivencia del Fondo de Justicia Transicional, PNUD, Colombia, es muy importante generar espacios de reconstrucción de la verdad, contados desde las víctimas, donde se establecen sinergías psicosociales y acuerdos éticos al narrar los hechos ocurridos en el conflicto armado y vividos por algunas de las víctimas que hacen parte de la Red del departamento de Nariño.
Como resultado de esta intención se tuvo un primer texto publicado “Reconstrucción de la Memoria para la Paz”, el cual incluye diferentes relatos como un primer paso en la documentación de casos diferentes hechos victimizantes y testimonios de las víctimas (hombres y mujeres) que permiten visualizar al lector, la verdad de lo sucedido.
Igualmente se trabaja con estrategias terapéuticas y colectivas como lo ha sido “Entretejiendo Memorias”, de donde surgió la “Colcha de Retazos” que lleva a la realidad los sentimientos y emociones vividas y no deseadas por las víctimas, blindando precisamente desde lo psicosocial las reacciones de abrir los espacios y heridas que por múltiples motivos no se han podido cerrar.
A finales del año pasado (2013) en el marco de la celebración de la VI Semana por la Memoria, cumplida en el Museo Casa de la Memoria en la ciudad de Medellín (centro de Colombia), Javier Eduardo Rodríguez, del equipo promotor de Nariño, al mostrar el trabajo de estas 44 mujeres, aseguró que la “Colcha de Retazos” está presentando el resultado de un ejercicio de formación de las víctimas, donde los hechos vividos nunca se van a olvidar, pero donde las víctimas también proyectan un futuro de esperanza y transformador.
“Ha sido interesante este ejercicio porque las víctimas confeccionaron una Colcha con dibujos que presentan su entorno en el campo y ahora su entorno en la ciudad. Dibujos en donde añoran volver en una acción de retorno con seguridad y reparación integral a su lugar de donde fueron desplazados”, asegura Javier.
La mayoría de las mujeres que confeccionaron la “Colcha de Retazos” han sufrido desplazamiento y desaparición forzada, han sido víctimas de violencia sexual y del homicidio de alguno de sus familiares.
“Lo que estamos buscando es entretejer memoria. Es que entre todos, cada uno puede contar una parte de la verdad que vivió y al entretejarla se construye toda una verdad universal de acuerdo a lo que ha generado el conflicto armado”, resalta Javier Rodríguez.
En el informe ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad, se confirma que entre 1958 y 2012 el conflicto armado en Colombia ha ocasionado la muerte de por lo menos 220 mil personas. En Colombia, el conflicto armado no tiene una modalidad de violencia distinta. Los actores armados enfrentados han usado y conjugado todas las modalidades de violencia. Todos han desplegado diversas modalidades y cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, haciendo a la población civil la principal víctima del conflicto.
“La Colcha de Retazos es la oportunidad que tienen las víctimas que sean escuchadas. De que la verdad de los hechos se conozcan desde ellos, ya que la verdad de los hechos, desde los victimarios, no ha sido clara ni completa. La Colcha está presentando el resultado de un ejercicio de formación de las víctimas donde los hechos vividos nunca se van a olvidar, donde también proyectan un futuro de esperanza y transformador, plasman esa emoción que a veces se vuelve lágrimas y que por medio del arte la muestran para que sea menos dolorosa”, sostiene Javier Eduardo Rodríguez, del equipo Promotor de Nariño.
Estas 44 mujeres de las diez poblaciones del departamento de Nariño, al sur de Colombia, esperan que la “Colcha de Retazos” se vuelva itinerante y que viaje por otros sectores del país buscando entretejer memoria, para que se construye una verdad universal de lo que ha generado el conflicto armado en este país latinoamericano.
Por Juan Carlos Díaz
Integrante HUMANOS
Cali, Colombia
“Esta es mi región. Mi tierra donde nací”. ‘Las mujeres construimos caminos de libertad desde la dignidad y la resistencia por la vida y por la paz”. “Linares. Tierra de gente amable y trabajadora en busca de paz”.
Estos son varios de los 40 mensajes tejidos en una “Colcha de Retazos” por 44 víctimas (todas mujeres) que ha dejado el conflicto interno colombiano en diez de los 64 municipios de Nariño, departamento situado al sur de Colombia y que limita con el Ecuador.
Esta “Colcha de Retazos” es el resultado del ejercicio colectivo de la Escuela de Formación a Víctimas “Entretejiendo Memorias” de esta zona de Colombia, conformada por habitantes de poblaciones afectadas por la violencia que han generado los grupos armados ilegales, como la guerrilla de las Farc (que adelanta diálogos de Paz con el Gobierno colombiano en la isla de Cuba), las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC (ahora Bandas Criminales, Bacrim) y el Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Estas diez poblaciones son Pasto, Tumaco, Buesaco, Ipiales, Córdoba, Túquerres, Samaniego, Cumbal, Cumbitara, Policarpa y Linares.
Para el equipo Promotor de Nariño de la Escuela de Formación a Víctimas, que viene adelantando un proceso gracias al Programa Promoción de la Convivencia del Fondo de Justicia Transicional, PNUD, Colombia, es muy importante generar espacios de reconstrucción de la verdad, contados desde las víctimas, donde se establecen sinergías psicosociales y acuerdos éticos al narrar los hechos ocurridos en el conflicto armado y vividos por algunas de las víctimas que hacen parte de la Red del departamento de Nariño.
Como resultado de esta intención se tuvo un primer texto publicado “Reconstrucción de la Memoria para la Paz”, el cual incluye diferentes relatos como un primer paso en la documentación de casos diferentes hechos victimizantes y testimonios de las víctimas (hombres y mujeres) que permiten visualizar al lector, la verdad de lo sucedido.
Igualmente se trabaja con estrategias terapéuticas y colectivas como lo ha sido “Entretejiendo Memorias”, de donde surgió la “Colcha de Retazos” que lleva a la realidad los sentimientos y emociones vividas y no deseadas por las víctimas, blindando precisamente desde lo psicosocial las reacciones de abrir los espacios y heridas que por múltiples motivos no se han podido cerrar.
A finales del año pasado (2013) en el marco de la celebración de la VI Semana por la Memoria, cumplida en el Museo Casa de la Memoria en la ciudad de Medellín (centro de Colombia), Javier Eduardo Rodríguez, del equipo promotor de Nariño, al mostrar el trabajo de estas 44 mujeres, aseguró que la “Colcha de Retazos” está presentando el resultado de un ejercicio de formación de las víctimas, donde los hechos vividos nunca se van a olvidar, pero donde las víctimas también proyectan un futuro de esperanza y transformador.
“Ha sido interesante este ejercicio porque las víctimas confeccionaron una Colcha con dibujos que presentan su entorno en el campo y ahora su entorno en la ciudad. Dibujos en donde añoran volver en una acción de retorno con seguridad y reparación integral a su lugar de donde fueron desplazados”, asegura Javier.
La mayoría de las mujeres que confeccionaron la “Colcha de Retazos” han sufrido desplazamiento y desaparición forzada, han sido víctimas de violencia sexual y del homicidio de alguno de sus familiares.
“Lo que estamos buscando es entretejer memoria. Es que entre todos, cada uno puede contar una parte de la verdad que vivió y al entretejarla se construye toda una verdad universal de acuerdo a lo que ha generado el conflicto armado”, resalta Javier Rodríguez.
En el informe ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad, se confirma que entre 1958 y 2012 el conflicto armado en Colombia ha ocasionado la muerte de por lo menos 220 mil personas. En Colombia, el conflicto armado no tiene una modalidad de violencia distinta. Los actores armados enfrentados han usado y conjugado todas las modalidades de violencia. Todos han desplegado diversas modalidades y cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, haciendo a la población civil la principal víctima del conflicto.
“La Colcha de Retazos es la oportunidad que tienen las víctimas que sean escuchadas. De que la verdad de los hechos se conozcan desde ellos, ya que la verdad de los hechos, desde los victimarios, no ha sido clara ni completa. La Colcha está presentando el resultado de un ejercicio de formación de las víctimas donde los hechos vividos nunca se van a olvidar, donde también proyectan un futuro de esperanza y transformador, plasman esa emoción que a veces se vuelve lágrimas y que por medio del arte la muestran para que sea menos dolorosa”, sostiene Javier Eduardo Rodríguez, del equipo Promotor de Nariño.
Estas 44 mujeres de las diez poblaciones del departamento de Nariño, al sur de Colombia, esperan que la “Colcha de Retazos” se vuelva itinerante y que viaje por otros sectores del país buscando entretejer memoria, para que se construye una verdad universal de lo que ha generado el conflicto armado en este país latinoamericano.
Emily Cohen
"MINA", UN DOCUMENTAL SOBRE LAS MINAS ANTIPERSONAL
Una estadounidense con orígenes colombianos en busca apoyo financiero para terminar la película.
Por Emily Cohen
Especial para HUMANOS
Brooklyn, Estados Unidos
“Mina” es una mirada implacable a que significa vivir en guerra en la propia vida diaria. Con un legado de cincuenta años de incesante guerra civil, Colombia es ahora considerada uno de los países más afectados por minas en el mundo.
La película ofrece una ventana dentro de las vidas de la gente colombiana que lucha por rehabilitarse ellos y a otros heridos por minas. Con acceso extraordinario, “Mina” presenta perspectivas diversas sobre qué es rehabilitación y que significa en Colombia.
La película permite al espectador ver como los soldados incorporan las prótesis industriales en sus cuerpos a través de ejercicios diarios y oírles contar sus sueños de no solamente caminar apropiadamente sino de volverse atletas ágiles.
La mirada de la película etnográfica sobre la medicina militar muestra que casi todas las multinacionales que hacen prótesis compiten por el mercado colombiano; provee un muestrario de entrevistas con médicos, fisioterapeutas, y representativos jóvenes de multinacionales que revela que significa la medicina privatizada para los militares y la nación.
“Mina” también sigue un grupo de civiles quienes luchan por recibir prótesis industriales y por encontrar sus familias y amigos quienes han dejada atrás. En el camino de la película sigue a civiles quienes han sobrevivido una pisada de mina y muestra las secuelas de la medicina descentralizada lo cual incluye navegar burocracias y desplazamiento.
"Mientras que soldados reciben el mejor cuidado médico en Colombia, los civiles no. Estas desigualdades inspiran debates sobre que significa ser una persona humana completa en contextos de guerra y quien posee los derechos a este status".
Recientemente lancé una campaña ‘kickstarter” para apoyar la película Mina (Bodies at War) la cual estoy produciendo y dirigiendo.
La buena noticia es que ya filmé toda la cinta. Espero recoger 20 mil dólares para poder contratar un editor profesional, pagar por la música y completar la mezcla de sonidos y corrección de color.
El límite de fecha para recoger la financiación por kickstarter es este martes 4 de Febrero.
Para mas información, visite: acolombianlandminestory.com
Una estadounidense con orígenes colombianos en busca apoyo financiero para terminar la película.
Por Emily Cohen
Especial para HUMANOS
Brooklyn, Estados Unidos
“Mina” es una mirada implacable a que significa vivir en guerra en la propia vida diaria. Con un legado de cincuenta años de incesante guerra civil, Colombia es ahora considerada uno de los países más afectados por minas en el mundo.
La película ofrece una ventana dentro de las vidas de la gente colombiana que lucha por rehabilitarse ellos y a otros heridos por minas. Con acceso extraordinario, “Mina” presenta perspectivas diversas sobre qué es rehabilitación y que significa en Colombia.
La película permite al espectador ver como los soldados incorporan las prótesis industriales en sus cuerpos a través de ejercicios diarios y oírles contar sus sueños de no solamente caminar apropiadamente sino de volverse atletas ágiles.
La mirada de la película etnográfica sobre la medicina militar muestra que casi todas las multinacionales que hacen prótesis compiten por el mercado colombiano; provee un muestrario de entrevistas con médicos, fisioterapeutas, y representativos jóvenes de multinacionales que revela que significa la medicina privatizada para los militares y la nación.
“Mina” también sigue un grupo de civiles quienes luchan por recibir prótesis industriales y por encontrar sus familias y amigos quienes han dejada atrás. En el camino de la película sigue a civiles quienes han sobrevivido una pisada de mina y muestra las secuelas de la medicina descentralizada lo cual incluye navegar burocracias y desplazamiento.
"Mientras que soldados reciben el mejor cuidado médico en Colombia, los civiles no. Estas desigualdades inspiran debates sobre que significa ser una persona humana completa en contextos de guerra y quien posee los derechos a este status".
Recientemente lancé una campaña ‘kickstarter” para apoyar la película Mina (Bodies at War) la cual estoy produciendo y dirigiendo.
La buena noticia es que ya filmé toda la cinta. Espero recoger 20 mil dólares para poder contratar un editor profesional, pagar por la música y completar la mezcla de sonidos y corrección de color.
El límite de fecha para recoger la financiación por kickstarter es este martes 4 de Febrero.
Para mas información, visite: acolombianlandminestory.com
"LÍNEAS IMAGINARIAS" QUE ACABAN CON LOS SUEÑOS DE LOS JÓVENES EN CALI
Por Juan Carlos Díaz
Integrante HUMANOS
Cali, Colombia
Las "Fronteras invisibles" o "Líneas imaginarias" que se han apoderado de varios sectores en Cali, están acabando con los sueños de los jóvenes en la Capital del Valle.
Las pandillas han generado en la ciudad más 311 asesinatos, de los de 1.900 homicidios registrados este año en Cali, muchas de ellos por cruzar simplemente, la esquina de su casa.
Durante el año 2013 según datos del Comité Interinstitucional de Hechos Violentos en el Municipio de Cali, se presentaron más de 1.900 muertes violentas, más de 1.600 de ellas se cometieron con armas de fuego, siendo la venganza una de las principales causas de los homicidios en la ciudad, seguido de los enfrentamientos entre pandillas y las riñas.
En Cali hay 134 pandillas con un total aproximado de 2.134 jóvenes vinculados a estos grupos, lo que significa un crecimiento del 1.300% en comparación con 1.992 cuando solo habían 10 pandillas reconocidas en la ciudad.
Si el crecimiento de pandillas continua así se calcula que para el 2022 podrían existir 201 pandillas.
El 44% de las pandillas se concentran en el Distrito de Aguablanca; de las 134 pandillas, 59 operan en las comunas 13, 14,15 y 21.
En la Comuna 13 existen 21 pandillas, en la 14 existen 14 pandillas, en la comuna 15 operan 16 pandillas y en 21 ocho.
La comuna 20 es la que más pandillas registra con 26 grupos compuestos por 450 jóvenes, en su mayoría localizados en el barrio Siloé.
La comuna 13 es la segunda comuna con el mayor número de pandillas en la ciudad con 23 pandillas que acogen más de 500 jóvenes activos, el número más alto de jóvenes vinculados que se registra en todo el occidente del país.
En 2012, 11 jóvenes fueron asesinados por el solo hecho de cruzar las llamadas fronteras invisibles
Cinco pandillas operan en toda la ciudad: La alianza, los contra alianza, barón rojo, Avalancha verde y los Warner.
Los principales móviles de homicidios en Cali son las venganzas, por pandillas, riñas, hurto y microtráfico.
Los homicidios por pandillas representan el 17.5% de los homicidios de la ciudad y es el segundo móvil de muertes violentas en Cali
De los 311 homicidios por pandillas 299 de las víctimas son hombres y 12 son mujeres.
Del total 99 son menores de edad, 93 hombres y 6 mujeres.
Los menores asesinados por pandillas representan el 32% de los muertos por este móvil.
En Cali han sido asesinados 223 menores de edad el 44% de ellos por pandillas (99 casos).
Por Juan Carlos Díaz
Integrante HUMANOS
Cali, Colombia
Las "Fronteras invisibles" o "Líneas imaginarias" que se han apoderado de varios sectores en Cali, están acabando con los sueños de los jóvenes en la Capital del Valle.
Las pandillas han generado en la ciudad más 311 asesinatos, de los de 1.900 homicidios registrados este año en Cali, muchas de ellos por cruzar simplemente, la esquina de su casa.
Durante el año 2013 según datos del Comité Interinstitucional de Hechos Violentos en el Municipio de Cali, se presentaron más de 1.900 muertes violentas, más de 1.600 de ellas se cometieron con armas de fuego, siendo la venganza una de las principales causas de los homicidios en la ciudad, seguido de los enfrentamientos entre pandillas y las riñas.
En Cali hay 134 pandillas con un total aproximado de 2.134 jóvenes vinculados a estos grupos, lo que significa un crecimiento del 1.300% en comparación con 1.992 cuando solo habían 10 pandillas reconocidas en la ciudad.
Si el crecimiento de pandillas continua así se calcula que para el 2022 podrían existir 201 pandillas.
El 44% de las pandillas se concentran en el Distrito de Aguablanca; de las 134 pandillas, 59 operan en las comunas 13, 14,15 y 21.
En la Comuna 13 existen 21 pandillas, en la 14 existen 14 pandillas, en la comuna 15 operan 16 pandillas y en 21 ocho.
La comuna 20 es la que más pandillas registra con 26 grupos compuestos por 450 jóvenes, en su mayoría localizados en el barrio Siloé.
La comuna 13 es la segunda comuna con el mayor número de pandillas en la ciudad con 23 pandillas que acogen más de 500 jóvenes activos, el número más alto de jóvenes vinculados que se registra en todo el occidente del país.
En 2012, 11 jóvenes fueron asesinados por el solo hecho de cruzar las llamadas fronteras invisibles
Cinco pandillas operan en toda la ciudad: La alianza, los contra alianza, barón rojo, Avalancha verde y los Warner.
Los principales móviles de homicidios en Cali son las venganzas, por pandillas, riñas, hurto y microtráfico.
Los homicidios por pandillas representan el 17.5% de los homicidios de la ciudad y es el segundo móvil de muertes violentas en Cali
De los 311 homicidios por pandillas 299 de las víctimas son hombres y 12 son mujeres.
Del total 99 son menores de edad, 93 hombres y 6 mujeres.
Los menores asesinados por pandillas representan el 32% de los muertos por este móvil.
En Cali han sido asesinados 223 menores de edad el 44% de ellos por pandillas (99 casos).
VIOLENCIA SEXUAL: SECUELAS INVISIBLES E IMBORRABLES
Por Cheli Melisa Llano Marín
Integrante HUMANOS
Medellín, Colombia
Este texto hace parte de la serie de "Relatos periodísticos, Las víctimas tienen nombre", un libro que recoge historias de diferentes departamentos colombianos azotados por la guerra, y que fue financiado por el Fondo de Justicia Transicional del PNUD como resultado de un proceso de formación a los comunicadores. En Antioquia, el equipo de INFORIENTE, en cabeza de la periodista Cheli Melisa Llano Marín, investigó y narró la historia que les presentamos a continuación. A propósito del día del NO a las violencias contra las mujeres.
Violencia Sexual: Secuelas invisibles e imborrables
Muchas consecuencias dejó y sigue dejando la guerra en Colombia. Aunque algunas son más evidentes, no puede decirse que por esto sean más dolorosas, por el contrario, el temor y la vergüenza al señalamiento público convierten la violencia sexual en uno de los delitos más difíciles de superar y con mayores grados de impunidad.
La región del Oriente Antioqueño es una zona reconocida por tener exóticos y diversos paisajes de fauna y flora, por producir el 33% de la energía eléctrica del país y por haber padecido duros enfrentamientos entre grupos armados en la década de los 90 y la del 2000.En la actualidad es vista como un modelo a seguir en la superación del conflicto armado por el retorno masivo que se viene dando en algunas de sus poblaciones, los proyectos productivos, los procesos de memoria y la reparación que con el apoyo de organismos internacionales se ejecutan en el territorio, y la presencia institucional y militar que vela por la tranquilidad de los pobladores.
Esta Región, una de las nueve del departamento de Antioquia, está conformada por 23 municipios, divididos en 4 zonas: Altiplano, Embalses, Páramo y Bosques. Ésta última agrupa 3 de las localidades más pobres dentro de un Oriente que es visto como la segunda región más próspera de Antioquia, después del Área Metropolitana, motivo que deja a estas localidades en la cola de los indicadores sociales y económicos, y en un aislamiento geográfico que empeora el panorama.
San Francisco es uno de estos tres municipios, ubicado a 101 kilómetros de Medellín, capital de Antioquia, y con una economía basada en la agricultura. “San Pacho”, como se conoce popularmente, fue erigido como municipio en 1986, y en estos 26 años de historia son pocos los que no han estados marcados por las atrocidades de la guerra.
En 1985, Colombia padecía un momento crítico a nivel político, las guerrillas de M19 dieron varios golpes al País, siendo la Toma al Palacio de Justicia, uno de los más recordados. Antioquia, tampoco tenía un panorama favorable, el narcotráfico tomaba cada vez más fuerza y el cartel liderado por Pablo Escobar comenzaba a arrasar con Medellín y el Área Metropolitana.
Por esa época en San Francisco aún se respiraba una aparente calma, y como envuelta en una burbuja de cristal crecía Dayana, una niña que tuvo una infancia tranquila y feliz. “Yo vivía en una finca rodeada de toda la familia, allí vivíamos las mujeres de mis tíos, los maridos de mis tías, o sea era lo que toda persona sueña tener, una familia perfecta porque permanecíamos todos unidos”.
Roberto, el tío de Dayana, la recuerda en esa época “ella era la más activa e inquieta de todos los sobrinos, por eso siempre la consentíamos más, le traíamos regalos, y se veía cómo disfrutaba estar con sus hermanos, primos, abuelos, con toda la familia unida, como éramos en ese entonces”.
Jugar fútbol con sus hermanos, bailar, y especialmente pescar, eran los pasatiempos de Dayana, “me encantaba ir a pescar y coger esos peces grandotes y el más grande que cogía era para mí, y nadie me lo podía tocar”, recuerda y con una sonrisa en su rostro agrega “también desde pequeña mis tíos me enseñaron a ordeñar las vacas, entonces me amansaron una que era tan mansa que no había que amarrarle las patas para ordeñarla, yo ordeñada dos tetas y las otras dos me las chupaba”.
“Mi mamá nos tenía la empleada y no había que hacer nada, era lo más divertido, nada de oficios, solo lavar el uniforme, hacer tareas y ya nos íbamos a hacer lo que nos gustaba (…) Mi vida era súper, nunca conocí a mi papá, pero mi mamá se hizo cargo de nosotros, ella aserraba la madera, tenía su propio motor, tenía sus trabajadores, o sea, era la súper mamá”, cuenta Dayana. Son esos recuerdos su forma de escapar de la realidad, de recargar baterías, de llenarse de ánimo cuando siente que se va a derrumbar.
Ya avanzada la última década del siglo XX, hacia 1996, Antioquia estaba sumida en una oscura época asediada por el narcotráfico. A pesar de que “el capo” del narcotráfico, Pablo Escobar, había sido asesinado por la Policía durante un operativo, el cartel que había dejado conformado en el Área Metropolitana seguía dejando muertes a su paso para liderar este mercado en la Ciudad.
El Oriente Antioqueño, con su estratégica posición geográfica que permite el fácil acceso hacia el Magdalena Medio, sus riquezas naturales y sus espesos bosques, provocaron y permitieron que los grupos armados al margen del ley: ELN, FARC, Paramilitares, se enfrentaran en el territorio con la Fuerza Pública por el empoderamiento de tierras y rutas internas del mercado ilegal, desplazando gran parte de la población de las cabeceras municipales, pero sobre todo de las zonas rurales y campesinas de la Región.
En medio de asesinatos, masacres, desapariciones, secuestros, desplazamientos y demás atrocidades de la guerra que atentaron contra los derechos humanos, quedaron las mujeres, los niños y las niñas, como principales víctimas. La mayoría de los núcleos familiares se fragmentaron por la pérdida de algún miembro, en muchas ocasiones un hombre, así que ahora la mujer debía, además de recuperarse de su duelo, ser quien buscara el sustento diario para sus hijos y huir de sus tierras sin rumbo definido, en medio del dolor, la tristeza, la impotencia de no poder defender y recuperar lo perdido, y la sensación de abandono por parte del Estado y sus instituciones. Esto sin contar la indiferencia que poco a poco aumentaba entre los colombianos y afianzaba la vulnerabilidad a los derechos como ciudadanos que se volvían parte de un paisaje cotidiano.
Pero las consecuencias que la violencia dejó en las mujeres y niñas no se limitan a ser espectadoras de las muertes de sus familiares. Los integrantes de los diferentes grupos armados se aprovecharon y trasgredieron los derechos de las sobrevivientes, pasando por encima de su esencia como ser humano y luego utilizarlas para satisfacer sus deseos sexuales.
“(…) nosotros somos cinco hijos y todos los cinco nos quedamos con mi abuelito porque todos estaban en una fiesta, y digamos que la casa de mis abuelos era la casa central de toda la familia. Ese día se fueron para la fiesta, era como tardecito, las 4 o 5 de la tarde, cuando vi llegar un hombre por el camino por donde nosotros nos íbamos para el colegio. Llegó y me preguntó que donde estaba la tabla, o sea donde estaban los apuntes de qué vacunas les colocaban a las vacas, qué alimento se les daba, bueno todo eso; yo le entregué la tabla, él la revisó y me la volvió a pasar y aparentemente él se fue. Yo seguí en lo que estaba, jugando con mis hermanos y vi cuando cogió el camino que supuestamente se había ido, pero resulta que no se había ido”, recuerda Dayana.
Al drama y la afectación psicológica que deja la violencia sexual en el marco del conflicto armado, se suma la presión y el prejuicio social de este hecho victimizante. La violencia sexual no sólo se refiere a la violación sino a todo acto sexual, la tentativa de consumarlo, insinuaciones sexuales no deseadas o la utilización de cualquier otro modo de la sexualidad de la persona mediante coacción. La mayoría de las víctimas, porque cabe aclarar que estas agresiones no solamente fueron perpetuadas a mujeres de diferentes edades, sino también a niños, jóvenes, e incluso adultos, han tenido que vivir en silencio y soledad. Sin embargo, algunas decidieron asumir las consecuencias de denunciar.
“(…) en el campo las casas no tenían puerta, tenían sólo el marco, entonces como entre las 12 de la noche o una, yo sentí algo, mi cama quedaba al subir de las escalas, y luego seguía la habitación de mis hermanos, y más para adentro estaba la pieza donde dormían mis abuelos, cuando yo sentí alguien que me colocó una pistola en la cabeza y me dijo en voz baja: - No se vaya a mover y no vaya a hacer bulla porque la mato…, - Yo traté de pararme pero el apretó la pistola contra mi cabeza y nuevamente me dijo que si hacía bulla le iba a disparar a alguno de mis hermanos (…), Luego me hizo quitar la ropa y el hecho es que abuso de mí. Se fue y me dijo: si hablas, primero nadie te va a creer y segundo puedo matar a toda tu familia. El señor se fue”.
Así narra Dayana lo que recuerda de ese instante. En medio del desconocimiento de lo que había pasado y el latir de un agitado corazón de once años, le fue arrebatada su inocencia, su tranquilidad, pero sobre todo, la oportunidad de seguir viviendo una niñez digna y feliz.
“Al otro día llegó mi mamá y todos llegaron de la fiesta, pero siempre que llegaba mi mamá yo era la primera que la recibía, o sea yo oía el carro y yo sabía cuál era el ruido del carro de ella y yo ya estaba afuera esperándola. Ella apenas vio a los otros les preguntó que yo dónde estaba, mis hermanos le dijeron que no sabían y todo el mundo era gríteme y llámeme, y yo estaba donde almacenaban los alimentos de las vacas, de los caballos, el cuarto donde guardan todas esas herramientas, y ella búsqueme y búsqueme y fue a dar a ese cuarto.Yo tenía la ropa toda llena de sangre, y a pesar de las amenazas de ese señor yo no era capaz de mentirle a mi mamá y le conté todo, hasta cómo era la persona y ella me cargó y me dejó en los brazos de mi abuelita con mis tíos”.
Sin pensar en las represalias y llena de ira por lo que le habían hecho a su hija salió de la casa decidida a hablar con los victimarios. “Ella cogió su carro y arrancó, se fue, se demoró por ahí como unas dos o tres horas, ahí regresó y le escuché cuando le decía a mi abuelito que cuando ella fue a reclamarle al guerrillero, porque el muchacho hacía parte de un grupo guerrillero, el muchacho a penas la vio se escondió y que ella se había colocado a alegar con el jefe de la guerrilla, que él le decía que eso no podía ser así, el hecho es que discutieron con él y de ahí ella se vino”.
Ese episodio de acercarse a reclamar a los grupos al margen de la ley, ocurrido finalizando el año 1996 y consecuencia de una violación sexual, marcó la ruptura de lo que era la vida familiar, segura y tranquila, porque aunque el conflicto se tomaba la zona, ellos, hasta ese momento, no habían sido tocados de forma directa por éste.
Un par de semanas después Dayana estaba en el río que pasaba cerca a su casa pescando, “cuando llegaron dos guerrilleros, y entre esos venía el que me había violado, vea esos dos manes me dieron tanta pata, que yo no recuerdo más”. En medio de los gritos llegó la abuela “me levantó la cabeza y me cargó, y me dijo dizque: -mija usted estaba embarazada, -y yo me desmayé”. Producto de la violación Dayana esperaba un bebe de su abusador, y tras la golpiza propinada por él mismo a sus once años esta niña ya había sufrido, además, un aborto.
Cuando la madre de Dayana llegó se llenó de ira ante la impotencia de no poder hacer nada por su hija, “mi abuelito tuvo que encerrarla, la encerró en una pieza, pero después apareció la puerta desbaratada, una pared caída, o sea ella tumbó todo eso y se fue para la casa que nosotros teníamos y se quedó allá, todo el día”, en un intento por calmar su furia y no regresar donde los agresores.
“Habían pasado por ahí tres o cuatro meses, todo volvía a tomar su rumbo normal, nosotros habíamos llegado de cortar caña, porque mis abuelitos tenían un trapiche y hacían miel, mi mamita nos acompañó a coger la caña. En la tardecita llegó un carro, con 7 hombres, en la casa estaban mi mamá, mi abuelita, mi abuelito, mi tío y otro tío que había llegado, y estaban todos ahí comiendo en la mesa y les faltaba solo tomarse el jugo, cuando mi abuelito vio a estos hombres, salió de la casa y bajó hasta la entrada de la finca y preguntó: ¿señores buenas tardes, qué se les ofrece por acá?
- Ellos respondieron: No patrón venimos a comprar unas vacas y unos marranos. ¿Usted es el dueño de los animales?, preguntaron.
- No,respondió él, - entonces será que nos llama al dueño o la dueña, dijeron los hombres. - Ella no está en este momento”, dijo el abuelo.
Pero como si fuera una cita con el destino, la mamá de Dayana apresuradamente salió de la casa, y con una voz fuerte, característico de su personalidad dijo: - ¿Papá qué pasa ahí?– No, que estos señores quieren comprar unos animales, pero quieren hablar es con usted; respondió el abuelo. – Bueno, pues yo los atiendo.
La mamá de Dayana salió, atravesó la puerta de la casa e inmediatamente se devolvió. Dayana recuerda la mirada y los labios de su mamá en ese instante, porque cuenta que la apariencia de su cara era como las pocas veces en las que la había visto asustada o nerviosa, esos sentimientos se reflejaban en ese momento. Luego ella le dijo:
-Dayana, usted no va a bajar conmigo donde están estos señores, usted se va a quedar acá y de ahora en adelante usted se va a hacer cargo de sus hermanos porque usted ya está grandecita…
-¡Ah! mamá ¿para eso no está usted?
-No, le estoy hablando muy en serio.
“Al verla así me quedé mirándola, ella con su mano acarició mi rostro y con una mirada infinita y perdida entre mis ojos, me dijo – Ya sabes”.
“Me devolví inmediatamente. Yo tengo un hermano que es sietemesino y en ese entonces aún tomaba tetero, me fui para la cocina a ver lo que le estaba haciendo y para prepararle su tetero como todos los días. Solo recuerdo que todo fue en cuestión de segundos. El hecho es que cuando yo llegué a la cocina, escuché una balacera impresionante en la puerta del frente, intenté devolverme porque mis abuelitos y mis tíos, en el campo siempre tienen armas para cazar los animales, pero todos dejaron precisamente las armas sobre la mesa que estaba al otro lado de donde estaban comiendo, y la idea mía era llegar hasta donde estaban las armas, pero no pude llegar, porque los disparos pegaban contra todo lo que había dentro de la casa, era impresionante el ruido y el miedo”.
Dayana recuerda que pese a lo perturbada que estaba salió por la puerta de atrás, y tropezó con el capataz de la finca, que al escuchar lo que ocurría corrió tras ella. “Yo salí corriendo y él (capataz) salió detrás de mí, cuando en esas empezaron a dispararnos, entonces como la finca era amplía y tiene árboles, nosotros sabíamos movernos entre los troncos, los matorrales y los árboles, el hecho es que de tanto correr llegamos al espeso monte y nos pudimos escapar”.
Mientras sus pequeñas piernas corrían, su mente permanecía en las palabras de su madre, justo en ese momento sintió que había fallado al compromiso que le habían encomendado. Entre el temor y la angustia le dice al capataz – Mis hermanos, mis hermanos, y él sólo pudo decir – Tranquila señorita Dayana, por ahora hay que esperar.
“Cuando ya no escuchamos nada de ruido volvimos, eran como las ocho o nueve de la noche y arrimamos por la parte de arriba, yo fui la primera en asomarme y había una cobija blanca al subir de las escalas y había otra cobija blanca en el chiquero de los marranos. Yo fui a ver a mi abuelito y le pregunté que qué había pasado, él a mí no me dijo nada, en cambio mi tía le preguntó y a ella sí le dijo, -es que mataron a tu hermana, mataron a mi sobrino y tu hermano está herido en la pieza de atrás”.
Aunque desde que salió huyendo de la casa Dayana tenía la certeza de que nada bueno le esperaba a su madre, escuchar de su propio abuelo que estaba muerta, hizo que los sentimientos de desprotección y soledad se apoderaron de ella, sin embargo, con once años era imposible comprender la situación y lo que le esperaba.
En el Informe de investigación Destierro y Reparación: Casos emblemáticos del éxodo de colombianos, de Catalina Cruz, se referencian momentos claves en el conflicto armado del País.
“El Oriente Antioqueño se convierte en escenario de la disputa a partir de los años noventa, aunque en los años 80, inicia el proceso de inserción de las guerrillas, primero, la llegada del ELN a las zonas rurales de San Luís y Cocorná y en los años 90 llegan las autodefensas que vienen desde el Magdalena Medio bajo el mando de Ramón Isaza a las veredas de San Carlos, en donde inician acciones de limpieza, apropiación de las tierras, asesinatos y desplazamientos de campesinos bajo el supuesto que estas personas eran colaboradores de las guerrillas. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC, con su Frente Noveno cubrieron principalmente las zonas de Embalses y Bosques y el Frente 47 se ubicó en la zona de Bosques; por su parte el Ejército de Liberación Nacional –ELN se extiende por la zona estratégica de recursos hidroeléctricos ubicados en las zonas de Embalses”.
Estar asentados en el corredor estratégico entre el Oriente y el Magdalena les permitía controlar el tráfico de sustancias ilegales y moverse fácilmente entre los espesos bosques. Las personas cuentan, que entre las intimidaciones que estos grupos hacían a los pobladores estaba el robo de animales, el cobro de extorsiones o “vacunas”, y después de un tiempo los homicidios que atemorizaron y obligaron a abandonar las tierras.
El tío de Dayana, abaleado un hombro y una pierna, acompañado del dolor de sus heridas, y entre palabras cortadas le dijo – No bajes la escalera, quédate con tu abuelo. Pero ella, en su insistencia y angustia por saber dónde estaba su mamá, salió, haciendo caso omiso a la recomendación. Ahí estaba ella “mi mamá era la que estaba junto al corral de los cerdos y mi primo estaba tirado en las escalas porque él había intentado subir por las armas y ahí lo mataron. A mi abuelito lo sentaron en un tronco de palo para que viera como mataban a mi mamá y un guerrillero lo sostenía de la cabeza para que viera cómo la mataban para que no se le fuera a ocurrir denunciar o hacer algo”.
“La súper mamá”, como la llama Dayana, se había ido. La protectora y consentidora que siempre tenía todo disponible para sus hijos, ya no estaba para defender y hacer frente a los problemas que se presentaran en la familia. Con once años Dayana quedó con la responsabilidad de estar pendiente de sus hermanos y hoy, doce años después, sigue ocupándose de ellos.
“Yo me sentía culpable, porque lo primero que salió a relucir fue que el asesinato de ella había sido por un reclamo que ella le había hecho a la guerrilla, o sea la gente no sabía por qué había sido el reclamo, pero sí sabían que ella había ido a reclamar (…) yo siempre tuve eso sensación de que había sido mi culpa y encima mi abuelito me decía - ¿para qué le contaste a tu mamá?, si no le hubieras dicho ella estaría viva. Ya después esa sensación pasó y yo también lo culpaba a él y le decía que por qué no se había levantado a defenderme”.
Como es tradicional en diferentes religiones, entre ellas la católica que tiene un gran séquito en el Oriente Antioqueño, después de la epultura de los difuntos, durante nueve días se reúnen para hacer oraciones. Dayana cuenta que uno de esos días llegaron dos hombres a preguntar qué había pasado, “que me vienen a preguntar ustedes a mí, si ustedes saben qué pasó”, ella dice que los hombres hacían parte del grupo que asesinó a su mamá, así que no les respondió y se fue para la casa, sin embargo ellos se quedaron en las afueras toda la noche “como vigilando”.
Sentimientos de rencor se apoderaron de la niña de once años a quien la guerra le había arrebatado lo que más quería. Dayana y uno de sus hermanos intentaron ingresar a las filas del grupo armado que les había causado tanto daño para tomar venganza, sin embargo, cuenta que cuando se presentó uno de los guerrilleros dijo “a ella se le nota venganza en los ojos, entonces no me aceptaron”.
En otra ocasión notaron que los guerrilleros estaban cerca a la casa de sus abuelos, “como yo pasé a manejar lo de los animales, sabía qué veneno servía para las vacas. Preparé una jarra de jugo inmensa con ese veneno para llevársela a ese grupo de guerrilleros, que habitualmente pasaban por ahí y le pedían de comer y de beber a los campesinos de la zona, iba por el camino con esa jarra de jugo esperando que se la tomaran todita porque mi intención era vengarme, cuando un primo se apareció y me dijo – Hola prima, ¡uy! Como caída del cielo dame un poquito de jugo que vengo desde allá abajo y tengo una sed; yo sostenía esa jarra y temblaba para que él no me la fuera a quitar y se la tomara, pero él insistía, y yo entre chanza y risa le decía vaya donde mi abuelo que esto no está fresco, pero como él no entendía y yo no le podía decir la verdad me tocó hacerme la que me caía, y que se me perdiera la jarra de jugo en el piso”. Ante los fracasos en sus intentos de vengarse, Dayana desistió.
“Hoy en día le doy gracias a Dios que ninguno de mis planes tuvo éxito porque no tendría cara para ver a mis hijos y decirles que su mamá es una asesina”.
Según cifras de Acción Social, en el departamento de Antioquia, fueron desplazadas entre el año de 1997 y el 31 de marzo del 2008, 386 mil 755 personas de sus lugares de residencia. Asimismo, en las estadísticas de desplazamiento de la Red de Solidaridad Social y proyecciones del DANE (2005) en municipios como San Francisco, la tasa de desplazamiento indica que la totalidad de la población fue desplazada más de una vez durante los años 1995 a 2004 en actos perpetuados por grupos al margen de la ley entre guerrilla y paramilitarismo . Dayana y su familia no fueron ajenas a esta realidad. En 1997 “llegaron unos avisos de que todo el mundo tenía que desplazarse, que todos tenían que salir de la finca porque primero venía la guerrilla, después venían los paramilitares y al que encontraran podía quedar en medio de esos dos”.
Dejando todo lo que tenían, sus tierras, su trapiche, sus animales, sus árboles; partieron de la vereda hacía el casco urbano. Allí llegaron a la casa de una tía pero Dayana seguía intranquila “yo sentía que me perseguían, un día salí a la tienda cuando vi dos hombres como detrás de mí, yo corrí y me escondí en una esquinita, cuando los escuché -qué se nos hizo, qué se nos hizo la pelada. Yo llegué a la casa y le dije -no tía yo como quiero irme para Medellín, a ver qué es lo que hay allá que yo no conozco y todo el mundo habla tan bien, pero era por el temor que tenía de quedarme en el pueblo”.
Para ese entonces, Medellín se constituía como la ciudad colombiana con mayores tasas de recepción de población desplazada. Allí no sólo llegaban personas del Oriente, sino de las demás regiones antioqueñas azotadas por el conflicto entre ellas Bajo Cauca, Urabá, y otros departamentos. Los campesinos llegaban sin dinero, sus riquezas (la tierra, los cultivos, los animales), eran abandonados, vendidos a muy bajos precios o regalados a los mismos grupos que se quedaban ocupando la zona, no había otra opción. Según la Unidad de Atención a Víctimas, a agosto de 2012 Medellín había recibido 273 mil 218 desplazados.
Poco a poco y con la llegada de más población, crecieron las comunas y los barrios de invasión, tanto que algunos hoy albergan más foráneos, que propios. Las víctimas del desplazamiento forzado debieron construir sus viviendas con lo que estaba a su alcance, y aún hoy muchos salen a las calles a ganarse la vida con ventas informales.
En su afán de salir del pueblo Dayana se comunicó con un tío que vivía en Medellín, “él me dijo, listo véngase, y yo ahí mismo me fui”. Pero la salida de San Francisco no fue complicada solo por el desarraigo de dejar su tierra, una vez más los grupos armados intentaron truncar el camino de esta mujer.
“Cuando iba a salir mandé mi maleta adelante con una prima, ella me la llevó al bus y yo me vine después. Tenía el pelo cogido y cuando llegué al bus me lo solté y se esponjó todo. De repente veo a lo lejos que viene uno de los hombres que me estaba persiguiendo en días pasados, uno de esos hombres negros, grandotes, con cara de violencia, en medio de mi angustia vi un muchacho que trabajaba en el bus, y le dije - mira cuando vengan a preguntar aquí decí que yo soy la mujer tuya, yo te barro los pisos, te hago lo que tú quieras, pero decí que yo soy la mujer tuya. Yo me abracé de ese muchacho y yo temblaba y él asombrado me sobaba el pelo. Cuando llegó el man grandote preguntó - Aquí no ha entrado una muchacha con el pelo recogido, así y así, y él muchacho le dijo - no, aquí apenas estamos la mujer mía y yo, los pasajeros todavía no han llegado, si quieren entren por allá a revisar. Entró, miró, y nada, de ahí salieron y le dijeron - no hermano, si ve algo raro me avisa, y él respondió - ah sí nosotros te avisamos si vemos alguna cosa rara”.
“Vea yo temblaba, las lágrimas se me salían, y yo no me soltaba de ese pelado, y él me preguntaba - vos que hiciste, qué es lo que debes, y yo le decía - no nada. El hecho es que arrancó el bus y ahí sí me relajé, pero siempre me tocó ponerme al final del bus para ayudárselo a lavar, como le había prometido”.
Los años transcurrían, el conflicto no daba tregua, los encabezados de los medios de comunicación hablaban de combates entre el ejército con los diferentes frentes de los grupos armados en los distintos lugares del País. Cada vez se tenían más registros de las huellas imborrables que dejaba la violencia en el marco del conflicto armado colombiano.
Uno de los episodios más dolorosos del desplazamiento forzado en Colombia, lo protagonizó el corregimiento de Aquitania, del municipio de San Francisco. Allí cerca de 4 mil 500 habitantes recibieron la orden de evacuación por parte de los grupos al margen de la ley el 20 de julio de 2003. En tres días todos tuvieron que abandonar el corregimiento y Aquitania se convirtió en un pueblo fantasma.
En este sentido, el Plan de Desarrollo de San Francisco 2012 – 2015, explica que en el Oriente lejano, la zona más crítica corresponde a la de Bosques, donde San Francisco aglutinó para el año 2004 cerca de la tercera parte de los combates registrados en el conjunto del Oriente Antioqueño; masacres, extorciones, emboscadas, sabotajes, acciones armadas, homicidios, secuestros, y demás acciones que violaron los derechos humanos denotan los daños causados a la población. “(…) El municipio de San Francisco fue un lugar estratégico para el asentamiento de los grupos al margen de la ley, que se disputaban por el territorio, generando en la población atraso cultural, problemas sociales, económicos, y destrucción del tejido social, derivándose en dificultades que van desde el interior de la familia hasta afectación de la convivencia en comunidad”.
Las mujeres también fueron víctimas de muchos abusos en la Región; la destrucción del tejido social hizo que los conflictos intrafamiliares y sociales aumentaran, percibiéndose un aumento de la violencia contra las mujeres.
En términos generales, las mujeres han sido víctimas de múltiples agresiones en varias regiones del país. Según la Encuesta de Demografía y Salud de 2010, “una de cada tres mujeres (39%) ha sido agredida físicamente por su pareja o ex pareja, 6% de las mujeres reportó haber sido forzadas a tener relaciones sexuales; el 66% de las mujeres afirman que sus esposos o compañeros ejercen situaciones de control sobre ellas”. Estas cifras son mencionadas en la “Exposición de motivos del proyecto de ley presentado por los Representantes Angela María Robledo e Iván Cepeda, actualmente en trámite legislativo, por el cual se busca adoptar medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión al conflicto armado.
Además de las agresiones físicas y psicológicas mencionadas, en el proyecto ley referido se recuerda que “según la primera encuesta de prevalencia sobre la violencia sexual en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano 2001-2009 (ENVISE) realizada por la Casa de la Mujer con el apoyo de Intermon Oxfam, para el período 2001-2009— con base en 407 municipios colombianos con presencia de Fuerza Pública, insurgencia, paramilitares u otros actores armados se estimó que durante estos nueve años casi medio millón de mujeres (489.687) fueron víctimas directas de violencia sexual”.
El número estimado de hechos violentos que arrojó la encuesta incluyen: Violación 94 mil 565; Prostitución forzada 7 mil 754; Embarazo forzado 26 mil 353; Aborto forzado 27 mil 58; Esterilización forzada 19 mil 422; Acoso sexual 175 mil 873; Servicios domésticos forzados 48 mil 554; Regulación de la vida social 326 mil 891; para un total de hechos violentos de 726 mil 470.
En promedio, 54 mil 410 mujeres fueron víctimas directas anualmente, 149 diariamente y, 6 mujeres cada hora. No obstante, se anota que al menos el 82% de las mujeres víctimas de estos delitos manifestaron no haber denunciado por miedo a sus victimarios, por vergüenza o porque no confiaban en la justicia.
También las niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de violencia sexual. En la misma exposición de motivos encontramos “Sobre la situación de las niñas que integran los grupos armados ilegales, la OACNUDH ha denunciado lo siguiente: “En muchas ocasiones se les obliga a mantener relaciones sexuales con adultos a una edad temprana y a abortar si se quedan embarazadas. También se las obliga a usar métodos anticonceptivos que a menudo son inapropiados y perjudiciales para la salud. Un 31,2% de las niñas entrevistadas (…) afirmaron haber quedado embarazadas y perdido el niño mientras estaban con el grupo armado ilegal. Un 40% de estas adolescentes declararon que el embarazo se había producido cuando tenían entre 11 y 14 años de edad”. (Secretario General de Naciones Unidas, 2009, Párr. 38)”.
Una muestra del subregistro en este delito, es que según cifras de delitos contra la integridad sexual, de la Unidad para la Atención y Reparación integral a Víctimas, con corte a febrero de 2012, en Colombia sólo existen 5 mil 290 casos registrados, en Antioquia hay 507 y en el Oriente Antioqueño 156.
Son muchas las historias que enmarca el drama de la violencia sexual. Mientras Dayana debió llegar a la ciudad tras una serie de hechos que tuvieron su inicio en una violación, la historia se repetía en otros lugares, en otros rostros, en otras vidas. Alexandra, también es una de las mujeres valientes que se atreve a contar su historia con el ánimo de que estos actos no sigan ocurriendo.
Con 14 años y toda su vida edificada en Caucasia, Alexandra era una niña feliz, tenía amigos, quería ser dibujante, pintar retratos de personas; quería cantar, escuchaba la música de Naty Botero, AvrilLavigne, Ashlee Simpson, Chayanne, y Enrique Iglesias. “Yo me imaginaba cantando, yo prendía la grabadora a todo volumen y mi mamá me decía que yo estaba loca. Compré un micrófono y se lo pegué a la grabadora y hacía un karaoke, colocaba la música que me gustaba y colocaba el micrófono y los audífonos y era yo la que cantaba”, rememora Alexandra de su infancia.
“A mí me estaba yendo muy bien en el colegio, incluso la trabajadora me dijo, usted sigue así y le voy a meter la papelería para que le den la beca en el mismo instituto para que haga su carrera allá”, cuenta Alexandra. Con esta noticia concluía el grado séptimo de esta joven.
Llegó diciembre de 2004, y a pesar del contexto de terror que enmarcaba la zona en ese entonces, el espíritu navideño permanecía y las familias celebraban la llegada de la noche buena. Ese 24 de diciembre la familia de Alexandra, que vivía dispersa en todo el pueblo, tenía su festejo.
“Esa noche yo iba para donde mi familia a celebrar la navidad, cuando al doblar la esquina escuché a un hombre hablando por un radio teléfono y le decían: -Qué hubo hermano ¿ya me hizo la vueltica o no?, y él le dijo -en esas estoy, la estoy esperando. Al verme de frente con él, sujetó mi mano y me cogió del brazo fuertemente, me colocó una pistola en la cabeza, él parecía estar bajo efectos de las drogas, luego me llevó calle abajo por un callejón solitario, y me dijo que si no me quitaba la ropa que me atuviera a las consecuencias. Yo quería salir corriendo, era todo una pesadilla, luego me cogió del brazo, me tiró al suelo, me tapó la boca y me comenzó a rasgar la ropa, me colocó nuevamente la pistola en la cabeza, luego hizo lo que quiso conmigo y se fue”.
Alexandra se devolvió a su casa llena de dolor y rabia. “Yo llegué llorando llegué de una a bañarme porque sentía su sudor, sentía la piel de él encima mío tocándome, y yo entre más me restregaba con un trapo con jabón sobre mi cuerpo, más sentía eso, el sudor, el olor de él, que no me gustaba”.
Pasadas las doce de la noche la madre de Alexandra regresó a la casa y le preguntó por qué no había ido a la reunión de navidad. Al verle el cabello húmedo y sus ojos rojizos llenos de llanto le dijo - ¿Qué pasó? Alexandra narró los hechos a su hermana y a su mamá.
Al día siguiente fueron a poner la denuncia ante la policía. La madre de Alexandra cuenta: “Ella fue asistida por una secretaria del Municipio a poner la denuncia y cuando el director de la Sijin le dijo que le firmara, ella dijo que ella no firmaba esos papeles porque eso era una cosa muy peligrosa y que a ella la podían matar, entonces él le dijo que por eso sucedían las cosas en este País porque la gente se quedaba callada, no denunciaba, entonces la secretaria firmó como testigo (…) semanas después fuimos a reclamar y a preguntar en qué iba el proceso y me dijeron – ¿Cuál proceso? Aquí ese proceso no existe, aquí no hay ninguna denuncia puesta a nombre suyo”.
Los esfuerzos y presión de las autoridades y las instituciones del Estado para que las víctimas denuncien en un contexto de guerra, se ven minimizadas ante las constantes apariciones de amenazas por parte de los perpetradores (grupos armados al margen de la ley) que intimidaban a la población civil, porque estando presentes en los mismos territorios, tenían el control absoluto y por ende se aseguraban de que sus delitos permanecieran en la impunidad.
“Recuerdo que como un mes antes de que a mí me pasara eso, venían apareciendo un grupo de jóvenes en la salida de los colegios, en motos, coqueteándole a las peladas y a los muchachos los invitaban a consumir vicio o les ofrecían cigarrillo, nadie sabía quiénes eran exactamente, pero se presumía que eran paramilitares, por eso las recomendaciones en la casa era que tuviéramos mucho cuidado”, comenta Alexandra.
La tragedia de esta entonces adolescente no se limitaba al dolor de haber perdido su pureza e inocencia; después de pasadas varias semanas comenzó a sentir cambios en su cuerpo y su estado de ánimo, “por momentos yo me sentía como intoxicada, sentía ganas de vomitar, mareos, mucho sueño; y como a los tres meses de eso me vine a dar cuenta que estaba embarazada”.
Pasados los días el recuerdo constante no dejaba llevar a Alexandra una vida tranquila, el temor a ser señalada por la gente de su pueblo hizo que guardara silencio durante varios días, pero su necesidad constante de saber quién había sido el victimario la llevó a indagar entre sus amigos y jóvenes del pueblo, para saber quiénes habían tenido acercamientos con los grupos que venían apareciendo.
Tras varias indagaciones se dio cuenta que su victimario hacia parte de un grupo que se conocía como “las convivir”, “yo ya lo reconocía, después de eso lo veía en la calle de vez en cuando y no era sino para atemorizarme, yo no podía salir ni a la farmacia, ni al supermercado porque me hacía así (señalaba el ojo y apretaba el dedo como si tuviera un gatillo) siempre me hacía así y yo me iba con miedo para mi casa”. Inclusive, cuenta, “Cuando intentamos ir por segunda vez a la Sijin para averiguar en qué iba el proceso que habíamos decidido denunciar nuevamente, antes de entrar allí el sujeto se me apareció en la puerta y me dijo – Usted vuelve a venir acá y la mató a usted y a su mamá”.
Pasados nueve meses del lamentable hecho nació Sebastián. Un pequeño que llegó a la vida de Alexandra para sacarla del oscuro mundo donde se sumergió tras el suceso. “Yo le decía a mi mamá y a mi hermana que yo no quería a mi bebe, yo desde el principio le decía: yo no lo quiero, yo no lo quiero, por lo que él me hizo ser una mujer maldita, pero cuando nació y me lo colocaron aquí en el pecho, me acuerdo como si fuera ayer, cuando me lo colocaron acá yo me sentí como si se hubieran unido las dos almas, y después yo agradecí que estaba bien porque yo siempre pensaba que mi hijo iba a salir ciego, o iba a salir con alguna enfermedad por lo que me habían hecho”.
En varias ocasiones, cuenta la madre de Alexandra, el abusador llegó hasta la casa: “Él fue una vez y le preguntó un montón de cosas a la sobrina mía, por esos días Alexandra no estaba en la casa, por ahí a los tres días volvió y apareció, y le preguntó a la vecina - dónde está la mamá del niño, entonces la muchacha le dijo -no, ella no está, está la abuela, y por qué, le preguntó la muchacha, -no es que me parece muy lindo este niño. Fue lo acarició le dio un beso en la mejilla, le dijo que era muy lindo, y se montó en su carro y se fue”. Hechos como ese atemorizaban la familia y también los llevaron a desplazarse poco tiempo después.
Alexandra intentó reconstruir su vida, años después del suceso se enamoró, pero su compañero fue secuestrado, ella presume que los autores de este hecho fueron los mismos grupos a los que pertenece el perpetuador de su delito, es decir, las convivir que habitaban en el Municipio. Esto, sumado a las constantes visitas de este extraño hombre a su casa, y de los señalamientos por parte de los vecinos por el nacimiento de un hijo sin un padre, e incluso de los comentarios en los cuales Sebastián era señalado como hijo de un paramilitar, fueron los detonantes para tomar la decisión de salir del pueblo.
“Eso fue muy de madrugada, luego de una semana de pensarlo, mi mamá arrancó conmigo, yo eché en un morral lo que pude del niño, mi mamá echó unas frutas en otra bolsa y salimos bien temprano, en el primer bus, para que nadie nos viera”.
En un intento por proteger su vida y la de su hijo, Alexandra también llegó a Medellín. En la ciudad han intentado buscar trabajo, pero confiesan que hay días enteros en los que sus recursos no alcanzan para comprar sus alimentos. “Esto ha sido muy duro y hasta hemos tenido noches en las que nos acostamos sin probar bocado. A mi mamá una vecina le presta una máquina porque ella cose, con eso vivíamos allá porque tenía muchos clientes, pero acá con lo poco que hace apenas nos alcanza para pagar la pieza y a mí de vez en cuando me dan trabajo en un lavadero de carros y con lo que alcancemos a tasar, con eso comemos”.
El drama del desplazamiento tiene sus particularidades para cada caso, pero es la acción más generalizada en el territorio nacional. Según la Unidad Nacional para la atención integral a víctimas del conflicto armado en Colombia, el 10% de la población del País ha padecido el desplazamiento forzado, esto equivale a 4 millones 613 mil 796 colombianos. Del municipio de Caucasia han salido 11 mil 184 personas y de San Francisco 15 mil 469.
En medio de esta alarmante cifra también está el caso de Dayana, quien en su condición de desplazada llegó en 1999 a Medellín, considerando conseguir allí una oportunidad económica y laboral. Aún cargando con el drama de ser víctima no sólo de desplazamiento, sino de también el asesinato de su madre y una violación sexual, intenta construir un hogar.
En la Capital antioqueña, Dayana conoce a Juan, “él era el hombre perfecto, me apoyaba, me acompañaba, me entendía, era buen papá”, así lo recuerda. A su lado tuvo sus dos hijos, quienes hoy son el motor de su vida.
Sin embargo, la violencia sexual deja secuelas que no son visibles, pero que son imborrables, por eso, en el año 2002, 6 años después del episodio que cambió su vida, las consecuencias de este abuso estropearon una vez más la tranquilidad de Dayana.
Como ha sido indicado por varias organizaciones de mujeres que trabajan en el tema, el impacto de estas agresiones es devastador para el proyecto de vida de las personas que las sobreviven. Sobre todo cuando las víctimas no cuentan con apoyo emocional y cuando no reciben una atención institucional adecuada para su recuperación física y psicosocial.
Aunque actualmente algunas organizaciones de la sociedad civil, la comunidad internacional y el Estado promueven iniciativas para visibilizar y denunciar este delito como una forma de contribuir al restablecimiento de los derechos de las víctimas en materia de verdad, justicia y reparación, así como para promover una mejor atención a las víctimas, los esfuerzos no son suficientes porque aún existe en el imaginario el prejuicio y el temor del señalamiento público. Sólo hasta la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se reconoce como un componente jurídico el brindar acompañamiento psicosocial a las víctimas de violencia sexual, atención que no se recibieron en su momento Alexandra y Dayana.
La ausencia de este acompañamiento hizo que Dayana nunca asimilara lo que le había ocurrido, y en los momentos de intimidad con su pareja los malos recuerdos invadían sus pensamientos y de forma instintiva comenzaba a golpear a su esposo. “Yo lo cogía a golpes, y le daba y le daba, yo me imaginaba que era ese hombre que me abuso el que estaba ahí”. Lo llegó a maltratar física y emocionalmente de una forma tan excesiva, que la paciencia de Juan se agotó y se marchó del hogar que habían conformado. “Yo sé que fue mi culpa, perdí ese gran amigo, porque además era mi amigo”.
Buscando responder a la necesidad de brindar un apoyo psicosocial desde la institucionalidad a las víctimas de violencia sexual, el Fondo de Justicia Transicional que lidera el PNUD viene apoyando a la Defensoría del Pueblo en la implementación de “Círculos de Acompañamiento Psicosocial a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el Marco del Conflicto Armado”, iniciativa que con el apoyo de la Fundación Círculo de Estudios busca mejorar las condiciones emocionales y relacionales que faciliten la superación de los impactos derivados del hecho violento por parte de las víctimas. Adicionalmente, los círculos se han convertido en un espacio de reflexión sobre la dimensión integral del proceso de acceso a la justicia, la restitución de derechos y su conexión con el ámbito emocional de las mujeres que han padecido este abuso. Durante el 2012, estos círculos se han realizado periódicamente en Medellín, Pasto y Cali en donde se ha facilitado la participación de cerca de 50 mujeres, que como Dayana y Alexandra requieren recibir una atención apropiada no sólo física sino también psicosocial.
En medio de las dificultades y el gran esfuerzo para sacar adelante a sus hijos Dayana dividió su tiempo en Medellín entre buscar empleo, los quehaceres de la casa, ayudar con las tareas a sus pequeños, y hacer parte de grupos de apoyo a las víctimas, especialmente las de violencia sexual.
El liderazgo de los grupos sociales que trabajan en pro de las víctimas, ha tenido como característica que son, muchas veces, las mismas personas que han padecido las secuelas de la guerra quienes gestionan, trabajan, ayudan y acompañan a los más tímidos en sus procesos. Las víctimas que han sido más renuentes a participar de los diferentes procesos, se han ido vinculando activamente desde que encuentran un par para contar sus historias.
En Antioquia, la Mesa Departamental de Víctimas, reúne los líderes y lideresas de las organizaciones de cada subregión que han sido víctimas de uno o varios delitos y son el puente más directo con quienes por falta de tiempo o temor no llegan a estos espacios. Ésta es una labor altruista, que no cuenta con una remuneración económica definida, pero que es una de las más importantes en el proceso de superación del conflicto y reparación integral a las víctimas.
A pesar de cargar con sus propios dramas, Dayana siempre tuvo presente la promesa que le hizo a su mamá, varios de sus hermanos ya tenían sus vidas conformadas, el menor de todos vivía con ella en Medellín, pero había uno del que habían perdido el rastro.
A principios de 2011 y con un panorama, aparentemente más tranquilo en cuanto al conflicto armado, Dayana regresó a su pueblo. Después de muchos años llegó nuevamente a San Francisco, vio sus conocidos, sintió el aire que la acogió al nacer, fue hasta su vereda, recordó lo malo, y en medio de todas esas sensaciones le quedó claro que no quiere volver a vivir allí. Se habla de que el 90% de la población de San Francisco fue víctima del conflicto armado, según el Plan de Desarrollo San Francisco con oportunidades.
Dayana fue con dos propósitos claros, encontrar pistas que le indicaran donde estaba su hermano y buscar las tierras de su madre.
Para ese momento, las víctimas del País tenían la esperanza puesta en la Ley 1448, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que entró en vigencia en junio de 2011. La Ley, en todos los casos, parte de la buena fe de la víctima que hace la reclamación, pero la familia de Dayana fue obligada a firmar la titulación de sus tierras y al regresar a ellas se encontró personas ocupándola y explotándola.
La Unidad de Restitución de Tierras calcula que en Colombia hay 360 mil casos para solucionar en este tema, de los cuales 270 mil aplican a las condiciones de la Ley 1448, que son, entre otros, que el despojo o el abandono de la tierra haya sido entre el 1 de enero de 1991 y el término de la vigencia de la Ley. A agosto de 2012 en Antioquia había 2 mil 685 solicitudes de restitución.
Aún con la esperanza puesta en la Ley de Restitución de Tierras y que se pueda demostrar que fueron obligados a salir y firmar la titulación, Dayana es consciente que pueden pasar hasta 10 años antes de que la microfocalización llegue a San Francisco y a su vereda. Actualmente, en el Oriente Antioqueño se trabaja en 20 veredas de San Carlos, y se espera que en pocos días se empiece en Granada, sin embargo los funcionarios de esta dependencia aseguran que es un proceso lento y gradual.
El temor a las represalias que una vez más pudieran tomar en su contra, hizo que Dayana se fuera sin decir ni preguntar nada sobre su tierra, y lo único que supo de su hermano fue que lo habían visto, pocos días después de que ella se fue para el casco urbano del Municipio, en una vereda cercana con un grupo de amigos.
Dayana regresó a Medellín sin respuestas, pero pronto ellas llegarían hasta ella. Ya avanzado el 2011recibe una llamada “me suena el celular y me dicen mira yo soy tu hermano, me reclutaron pero ya me quiero volar. Yo solo pude decir - ¿mi hermano? Si es mi hermano necesito pruebas, dígame que pasó en tal fecha, esta otra. Él me confirmó que era mi hermano, me dijo, - necesito irme, volarme de aquí, pero necesito plata”.
El acuerdo entre Dayana y su hermano fue que ella le enviaba el dinero y cuando él llegara iban a las autoridades a denunciar. “Consígase a alguien y yo miro como le mando plata para que se vaya. Para que se pueda ir bien lejos necesita por ahí unos 3 millones de pesos, yo se los puedo dar, él me llamó y me confirmó que le había llegado la plata, y de ahí pasaron dos meses y yo no sabía nada de él”.
En febrero de 2012 el ejército se comunica con Dayana: “Aquí tenemos a su hermano, - coronel, usted me va a disculpar, pero si de verdad ese señor es mi hermano yo le voy a pedir que usted le vea el trasero, – ¿cómo así?, preguntó el Coronel, - es que es la prueba que tengo para saber si en realidad ese sí es mi hermano. Después me tocó pedirle disculpas al coronel por ponerlo a ver el trasero de un man”.
Dayana fue hasta donde estaba su hermano, allí antes de hablar o pedir alguna explicación, lo apretó con un fuerte abrazo que evidenciaba la angustia de más de doce años de ausencia, ambos lloraban y aunque había sido capturado antes de desmovilizarse este hombre agradecía estar vivo y poder contar su historia.
“Él me dijo que él iba de salida hacia el pueblo cuando se metió el ejército, entonces los que estaban en ese campamento comenzaron a disparar y como él tenía una pistola, también comenzó a disparar, porque era la vida de ellos o la de los nosotros. Gracias a Dios ahí no mataron a nadie del ejército, pero él tiene una herida en el brazo que hasta hoy no se la han intervenido”.
En referencia a la ocurrencia del delito de reclutamiento forzado en el Oriente Antioqueño, el Instituto Popular de Capacitación a través de su Agencia de Prensa en un informe realizado en el 2006 por el programa Sembradores de Paz de la Pastoral de Infancia de la Diócesis Sonsón-Rionegro, dio cuenta de 39 casos de reclutamiento forzado de 118 menores de edad, en edades que oscilan entre los 11 y los 17 años, a manos del Frente 47 de las FARC y ocurridos entre los años 1999 y 2004.
Dayana había recibido por parte del Estado 16 millones de pesos como reparación a su violación sexual en el marco del conflicto armado, pero como si la guerra fuera un karma para ella, ese dinero fue invertido para resolver el problema de su hermano. “Yo de esa plata le mandé 3 millones para que se volara y me tocó pagarle 6 millones a un abogado que demostrara que él había sido reclutado de manera forzosa. Yo ya había invertido 6 millones más haciendo una casa para alquilar las piezas para que nos alcance para pagar los servicios pero me tocó dejar todo eso empezado”.
Hoy el hermano de Dayana está en una cárcel, tiene una herida en su brazo de más de siete meses, y gracias al abogado pagará sólo 4 años de cárcel por el delito de rebelión, cuando al principio del proceso se hablaba de 12 años. “Yo estoy tocando puertas a ver si pueden operar ese pelado porque ya desde febrero a esta fecha, es un milagro que el brazo no se le ha caído”.
“Hoy la situación está muy crítica, estoy trabajando de medio tiempo para poder pagar la pieza donde vivo, los servicios y para tratar de darle una mejor vida a mis hijos, aquí en Medellín me he tenido que pasar varias veces de casa porque las amenazas no me dejan estar en paz en ningún lado”.
Dayana huyó una y otra vez, trató de estar lejos del conflicto, de hacer una nueva vida, pero el destino se ensañó con ella. Desde principios de este año ha recibido varias llamadas, a veces de hombres, a veces de mujeres, donde le dicen “deje de meter sus narices donde no debe”, “deje de andar ayudando a quien no le ha pedido su ayuda y recuerde que le puede pasar lo mismo que a su mamá” o “recuerde que hasta por 12 mil pesos se puede mandar a matar una persona”.
Esas frases tocan las fibras más sensibles del alma de Dayana, y la han llevado a ser víctima una vez más, ahora del desplazamiento intraurbano. Cuando su hermano regresó lo único que le contó es que los guerrilleros que lo reclutaron le decían “su hermana sabe más de la cuenta”, pero aunque Dayana busque la protección de sus hijos y se tenga que seguir moviendo una y otra vez asegura que no dejará de ayudar a quienes lo necesitan. “La situación está muy dura, pero aún así yo no me rindo, la idea mía es seguir ayudando a muchas mujeres que les ha pasado lo mismo que a mí, sólo que todavía no tienen esa fuerza de denunciar, de decir qué les ha pasado, para que no siga pasado”.
Aunque se hable de estar en un territorio más tranquilo, Antioquia sigue padeciendo los ataques de los actores armados. En regiones como el Oriente el conflicto se ha transformado, más no ha desaparecido. Antioquia sigue liderando las listas de Colombia en cifras de delitos en el marco del conflicto. Según la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación - CNRR, de las casi 130 mil personas que se acercaron a la Ley de Justicia y Paz hasta 2008, 52 mil 626 personas son de Antioquia, constituyendo un alto porcentaje en relación con el resto del País.
Sacar adelante a sus hijos y que sus delitos no se queden como tantos en Colombia en la impunidad, son los sueños de Dayana y Alexandra, quienes, a pesar de sus dolores, aún dibujan sonrisas en sus rostros al mencionar sus pequeños, recordar su infancia o pensar en el futuro, aunque esta última sonrisa esté acompañada de incertidumbre.
A ese anhelo de estas dos mujeres que han tenido que padecer las secuelas de un conflicto que lleva más de medio siglo azotando nuestro País, se une Colombia entera, donde aún sin estar en etapa de posconflicto, esperamos que las iniciativas de reparación integral se den y que no esté lejano el día que podamos decir que somos un territorio en paz.
Por Cheli Melisa Llano Marín
Integrante HUMANOS
Medellín, Colombia
Este texto hace parte de la serie de "Relatos periodísticos, Las víctimas tienen nombre", un libro que recoge historias de diferentes departamentos colombianos azotados por la guerra, y que fue financiado por el Fondo de Justicia Transicional del PNUD como resultado de un proceso de formación a los comunicadores. En Antioquia, el equipo de INFORIENTE, en cabeza de la periodista Cheli Melisa Llano Marín, investigó y narró la historia que les presentamos a continuación. A propósito del día del NO a las violencias contra las mujeres.
Violencia Sexual: Secuelas invisibles e imborrables
Muchas consecuencias dejó y sigue dejando la guerra en Colombia. Aunque algunas son más evidentes, no puede decirse que por esto sean más dolorosas, por el contrario, el temor y la vergüenza al señalamiento público convierten la violencia sexual en uno de los delitos más difíciles de superar y con mayores grados de impunidad.
La región del Oriente Antioqueño es una zona reconocida por tener exóticos y diversos paisajes de fauna y flora, por producir el 33% de la energía eléctrica del país y por haber padecido duros enfrentamientos entre grupos armados en la década de los 90 y la del 2000.En la actualidad es vista como un modelo a seguir en la superación del conflicto armado por el retorno masivo que se viene dando en algunas de sus poblaciones, los proyectos productivos, los procesos de memoria y la reparación que con el apoyo de organismos internacionales se ejecutan en el territorio, y la presencia institucional y militar que vela por la tranquilidad de los pobladores.
Esta Región, una de las nueve del departamento de Antioquia, está conformada por 23 municipios, divididos en 4 zonas: Altiplano, Embalses, Páramo y Bosques. Ésta última agrupa 3 de las localidades más pobres dentro de un Oriente que es visto como la segunda región más próspera de Antioquia, después del Área Metropolitana, motivo que deja a estas localidades en la cola de los indicadores sociales y económicos, y en un aislamiento geográfico que empeora el panorama.
San Francisco es uno de estos tres municipios, ubicado a 101 kilómetros de Medellín, capital de Antioquia, y con una economía basada en la agricultura. “San Pacho”, como se conoce popularmente, fue erigido como municipio en 1986, y en estos 26 años de historia son pocos los que no han estados marcados por las atrocidades de la guerra.
En 1985, Colombia padecía un momento crítico a nivel político, las guerrillas de M19 dieron varios golpes al País, siendo la Toma al Palacio de Justicia, uno de los más recordados. Antioquia, tampoco tenía un panorama favorable, el narcotráfico tomaba cada vez más fuerza y el cartel liderado por Pablo Escobar comenzaba a arrasar con Medellín y el Área Metropolitana.
Por esa época en San Francisco aún se respiraba una aparente calma, y como envuelta en una burbuja de cristal crecía Dayana, una niña que tuvo una infancia tranquila y feliz. “Yo vivía en una finca rodeada de toda la familia, allí vivíamos las mujeres de mis tíos, los maridos de mis tías, o sea era lo que toda persona sueña tener, una familia perfecta porque permanecíamos todos unidos”.
Roberto, el tío de Dayana, la recuerda en esa época “ella era la más activa e inquieta de todos los sobrinos, por eso siempre la consentíamos más, le traíamos regalos, y se veía cómo disfrutaba estar con sus hermanos, primos, abuelos, con toda la familia unida, como éramos en ese entonces”.
Jugar fútbol con sus hermanos, bailar, y especialmente pescar, eran los pasatiempos de Dayana, “me encantaba ir a pescar y coger esos peces grandotes y el más grande que cogía era para mí, y nadie me lo podía tocar”, recuerda y con una sonrisa en su rostro agrega “también desde pequeña mis tíos me enseñaron a ordeñar las vacas, entonces me amansaron una que era tan mansa que no había que amarrarle las patas para ordeñarla, yo ordeñada dos tetas y las otras dos me las chupaba”.
“Mi mamá nos tenía la empleada y no había que hacer nada, era lo más divertido, nada de oficios, solo lavar el uniforme, hacer tareas y ya nos íbamos a hacer lo que nos gustaba (…) Mi vida era súper, nunca conocí a mi papá, pero mi mamá se hizo cargo de nosotros, ella aserraba la madera, tenía su propio motor, tenía sus trabajadores, o sea, era la súper mamá”, cuenta Dayana. Son esos recuerdos su forma de escapar de la realidad, de recargar baterías, de llenarse de ánimo cuando siente que se va a derrumbar.
Ya avanzada la última década del siglo XX, hacia 1996, Antioquia estaba sumida en una oscura época asediada por el narcotráfico. A pesar de que “el capo” del narcotráfico, Pablo Escobar, había sido asesinado por la Policía durante un operativo, el cartel que había dejado conformado en el Área Metropolitana seguía dejando muertes a su paso para liderar este mercado en la Ciudad.
El Oriente Antioqueño, con su estratégica posición geográfica que permite el fácil acceso hacia el Magdalena Medio, sus riquezas naturales y sus espesos bosques, provocaron y permitieron que los grupos armados al margen del ley: ELN, FARC, Paramilitares, se enfrentaran en el territorio con la Fuerza Pública por el empoderamiento de tierras y rutas internas del mercado ilegal, desplazando gran parte de la población de las cabeceras municipales, pero sobre todo de las zonas rurales y campesinas de la Región.
En medio de asesinatos, masacres, desapariciones, secuestros, desplazamientos y demás atrocidades de la guerra que atentaron contra los derechos humanos, quedaron las mujeres, los niños y las niñas, como principales víctimas. La mayoría de los núcleos familiares se fragmentaron por la pérdida de algún miembro, en muchas ocasiones un hombre, así que ahora la mujer debía, además de recuperarse de su duelo, ser quien buscara el sustento diario para sus hijos y huir de sus tierras sin rumbo definido, en medio del dolor, la tristeza, la impotencia de no poder defender y recuperar lo perdido, y la sensación de abandono por parte del Estado y sus instituciones. Esto sin contar la indiferencia que poco a poco aumentaba entre los colombianos y afianzaba la vulnerabilidad a los derechos como ciudadanos que se volvían parte de un paisaje cotidiano.
Pero las consecuencias que la violencia dejó en las mujeres y niñas no se limitan a ser espectadoras de las muertes de sus familiares. Los integrantes de los diferentes grupos armados se aprovecharon y trasgredieron los derechos de las sobrevivientes, pasando por encima de su esencia como ser humano y luego utilizarlas para satisfacer sus deseos sexuales.
“(…) nosotros somos cinco hijos y todos los cinco nos quedamos con mi abuelito porque todos estaban en una fiesta, y digamos que la casa de mis abuelos era la casa central de toda la familia. Ese día se fueron para la fiesta, era como tardecito, las 4 o 5 de la tarde, cuando vi llegar un hombre por el camino por donde nosotros nos íbamos para el colegio. Llegó y me preguntó que donde estaba la tabla, o sea donde estaban los apuntes de qué vacunas les colocaban a las vacas, qué alimento se les daba, bueno todo eso; yo le entregué la tabla, él la revisó y me la volvió a pasar y aparentemente él se fue. Yo seguí en lo que estaba, jugando con mis hermanos y vi cuando cogió el camino que supuestamente se había ido, pero resulta que no se había ido”, recuerda Dayana.
Al drama y la afectación psicológica que deja la violencia sexual en el marco del conflicto armado, se suma la presión y el prejuicio social de este hecho victimizante. La violencia sexual no sólo se refiere a la violación sino a todo acto sexual, la tentativa de consumarlo, insinuaciones sexuales no deseadas o la utilización de cualquier otro modo de la sexualidad de la persona mediante coacción. La mayoría de las víctimas, porque cabe aclarar que estas agresiones no solamente fueron perpetuadas a mujeres de diferentes edades, sino también a niños, jóvenes, e incluso adultos, han tenido que vivir en silencio y soledad. Sin embargo, algunas decidieron asumir las consecuencias de denunciar.
“(…) en el campo las casas no tenían puerta, tenían sólo el marco, entonces como entre las 12 de la noche o una, yo sentí algo, mi cama quedaba al subir de las escalas, y luego seguía la habitación de mis hermanos, y más para adentro estaba la pieza donde dormían mis abuelos, cuando yo sentí alguien que me colocó una pistola en la cabeza y me dijo en voz baja: - No se vaya a mover y no vaya a hacer bulla porque la mato…, - Yo traté de pararme pero el apretó la pistola contra mi cabeza y nuevamente me dijo que si hacía bulla le iba a disparar a alguno de mis hermanos (…), Luego me hizo quitar la ropa y el hecho es que abuso de mí. Se fue y me dijo: si hablas, primero nadie te va a creer y segundo puedo matar a toda tu familia. El señor se fue”.
Así narra Dayana lo que recuerda de ese instante. En medio del desconocimiento de lo que había pasado y el latir de un agitado corazón de once años, le fue arrebatada su inocencia, su tranquilidad, pero sobre todo, la oportunidad de seguir viviendo una niñez digna y feliz.
“Al otro día llegó mi mamá y todos llegaron de la fiesta, pero siempre que llegaba mi mamá yo era la primera que la recibía, o sea yo oía el carro y yo sabía cuál era el ruido del carro de ella y yo ya estaba afuera esperándola. Ella apenas vio a los otros les preguntó que yo dónde estaba, mis hermanos le dijeron que no sabían y todo el mundo era gríteme y llámeme, y yo estaba donde almacenaban los alimentos de las vacas, de los caballos, el cuarto donde guardan todas esas herramientas, y ella búsqueme y búsqueme y fue a dar a ese cuarto.Yo tenía la ropa toda llena de sangre, y a pesar de las amenazas de ese señor yo no era capaz de mentirle a mi mamá y le conté todo, hasta cómo era la persona y ella me cargó y me dejó en los brazos de mi abuelita con mis tíos”.
Sin pensar en las represalias y llena de ira por lo que le habían hecho a su hija salió de la casa decidida a hablar con los victimarios. “Ella cogió su carro y arrancó, se fue, se demoró por ahí como unas dos o tres horas, ahí regresó y le escuché cuando le decía a mi abuelito que cuando ella fue a reclamarle al guerrillero, porque el muchacho hacía parte de un grupo guerrillero, el muchacho a penas la vio se escondió y que ella se había colocado a alegar con el jefe de la guerrilla, que él le decía que eso no podía ser así, el hecho es que discutieron con él y de ahí ella se vino”.
Ese episodio de acercarse a reclamar a los grupos al margen de la ley, ocurrido finalizando el año 1996 y consecuencia de una violación sexual, marcó la ruptura de lo que era la vida familiar, segura y tranquila, porque aunque el conflicto se tomaba la zona, ellos, hasta ese momento, no habían sido tocados de forma directa por éste.
Un par de semanas después Dayana estaba en el río que pasaba cerca a su casa pescando, “cuando llegaron dos guerrilleros, y entre esos venía el que me había violado, vea esos dos manes me dieron tanta pata, que yo no recuerdo más”. En medio de los gritos llegó la abuela “me levantó la cabeza y me cargó, y me dijo dizque: -mija usted estaba embarazada, -y yo me desmayé”. Producto de la violación Dayana esperaba un bebe de su abusador, y tras la golpiza propinada por él mismo a sus once años esta niña ya había sufrido, además, un aborto.
Cuando la madre de Dayana llegó se llenó de ira ante la impotencia de no poder hacer nada por su hija, “mi abuelito tuvo que encerrarla, la encerró en una pieza, pero después apareció la puerta desbaratada, una pared caída, o sea ella tumbó todo eso y se fue para la casa que nosotros teníamos y se quedó allá, todo el día”, en un intento por calmar su furia y no regresar donde los agresores.
“Habían pasado por ahí tres o cuatro meses, todo volvía a tomar su rumbo normal, nosotros habíamos llegado de cortar caña, porque mis abuelitos tenían un trapiche y hacían miel, mi mamita nos acompañó a coger la caña. En la tardecita llegó un carro, con 7 hombres, en la casa estaban mi mamá, mi abuelita, mi abuelito, mi tío y otro tío que había llegado, y estaban todos ahí comiendo en la mesa y les faltaba solo tomarse el jugo, cuando mi abuelito vio a estos hombres, salió de la casa y bajó hasta la entrada de la finca y preguntó: ¿señores buenas tardes, qué se les ofrece por acá?
- Ellos respondieron: No patrón venimos a comprar unas vacas y unos marranos. ¿Usted es el dueño de los animales?, preguntaron.
- No,respondió él, - entonces será que nos llama al dueño o la dueña, dijeron los hombres. - Ella no está en este momento”, dijo el abuelo.
Pero como si fuera una cita con el destino, la mamá de Dayana apresuradamente salió de la casa, y con una voz fuerte, característico de su personalidad dijo: - ¿Papá qué pasa ahí?– No, que estos señores quieren comprar unos animales, pero quieren hablar es con usted; respondió el abuelo. – Bueno, pues yo los atiendo.
La mamá de Dayana salió, atravesó la puerta de la casa e inmediatamente se devolvió. Dayana recuerda la mirada y los labios de su mamá en ese instante, porque cuenta que la apariencia de su cara era como las pocas veces en las que la había visto asustada o nerviosa, esos sentimientos se reflejaban en ese momento. Luego ella le dijo:
-Dayana, usted no va a bajar conmigo donde están estos señores, usted se va a quedar acá y de ahora en adelante usted se va a hacer cargo de sus hermanos porque usted ya está grandecita…
-¡Ah! mamá ¿para eso no está usted?
-No, le estoy hablando muy en serio.
“Al verla así me quedé mirándola, ella con su mano acarició mi rostro y con una mirada infinita y perdida entre mis ojos, me dijo – Ya sabes”.
“Me devolví inmediatamente. Yo tengo un hermano que es sietemesino y en ese entonces aún tomaba tetero, me fui para la cocina a ver lo que le estaba haciendo y para prepararle su tetero como todos los días. Solo recuerdo que todo fue en cuestión de segundos. El hecho es que cuando yo llegué a la cocina, escuché una balacera impresionante en la puerta del frente, intenté devolverme porque mis abuelitos y mis tíos, en el campo siempre tienen armas para cazar los animales, pero todos dejaron precisamente las armas sobre la mesa que estaba al otro lado de donde estaban comiendo, y la idea mía era llegar hasta donde estaban las armas, pero no pude llegar, porque los disparos pegaban contra todo lo que había dentro de la casa, era impresionante el ruido y el miedo”.
Dayana recuerda que pese a lo perturbada que estaba salió por la puerta de atrás, y tropezó con el capataz de la finca, que al escuchar lo que ocurría corrió tras ella. “Yo salí corriendo y él (capataz) salió detrás de mí, cuando en esas empezaron a dispararnos, entonces como la finca era amplía y tiene árboles, nosotros sabíamos movernos entre los troncos, los matorrales y los árboles, el hecho es que de tanto correr llegamos al espeso monte y nos pudimos escapar”.
Mientras sus pequeñas piernas corrían, su mente permanecía en las palabras de su madre, justo en ese momento sintió que había fallado al compromiso que le habían encomendado. Entre el temor y la angustia le dice al capataz – Mis hermanos, mis hermanos, y él sólo pudo decir – Tranquila señorita Dayana, por ahora hay que esperar.
“Cuando ya no escuchamos nada de ruido volvimos, eran como las ocho o nueve de la noche y arrimamos por la parte de arriba, yo fui la primera en asomarme y había una cobija blanca al subir de las escalas y había otra cobija blanca en el chiquero de los marranos. Yo fui a ver a mi abuelito y le pregunté que qué había pasado, él a mí no me dijo nada, en cambio mi tía le preguntó y a ella sí le dijo, -es que mataron a tu hermana, mataron a mi sobrino y tu hermano está herido en la pieza de atrás”.
Aunque desde que salió huyendo de la casa Dayana tenía la certeza de que nada bueno le esperaba a su madre, escuchar de su propio abuelo que estaba muerta, hizo que los sentimientos de desprotección y soledad se apoderaron de ella, sin embargo, con once años era imposible comprender la situación y lo que le esperaba.
En el Informe de investigación Destierro y Reparación: Casos emblemáticos del éxodo de colombianos, de Catalina Cruz, se referencian momentos claves en el conflicto armado del País.
“El Oriente Antioqueño se convierte en escenario de la disputa a partir de los años noventa, aunque en los años 80, inicia el proceso de inserción de las guerrillas, primero, la llegada del ELN a las zonas rurales de San Luís y Cocorná y en los años 90 llegan las autodefensas que vienen desde el Magdalena Medio bajo el mando de Ramón Isaza a las veredas de San Carlos, en donde inician acciones de limpieza, apropiación de las tierras, asesinatos y desplazamientos de campesinos bajo el supuesto que estas personas eran colaboradores de las guerrillas. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC, con su Frente Noveno cubrieron principalmente las zonas de Embalses y Bosques y el Frente 47 se ubicó en la zona de Bosques; por su parte el Ejército de Liberación Nacional –ELN se extiende por la zona estratégica de recursos hidroeléctricos ubicados en las zonas de Embalses”.
Estar asentados en el corredor estratégico entre el Oriente y el Magdalena les permitía controlar el tráfico de sustancias ilegales y moverse fácilmente entre los espesos bosques. Las personas cuentan, que entre las intimidaciones que estos grupos hacían a los pobladores estaba el robo de animales, el cobro de extorsiones o “vacunas”, y después de un tiempo los homicidios que atemorizaron y obligaron a abandonar las tierras.
El tío de Dayana, abaleado un hombro y una pierna, acompañado del dolor de sus heridas, y entre palabras cortadas le dijo – No bajes la escalera, quédate con tu abuelo. Pero ella, en su insistencia y angustia por saber dónde estaba su mamá, salió, haciendo caso omiso a la recomendación. Ahí estaba ella “mi mamá era la que estaba junto al corral de los cerdos y mi primo estaba tirado en las escalas porque él había intentado subir por las armas y ahí lo mataron. A mi abuelito lo sentaron en un tronco de palo para que viera como mataban a mi mamá y un guerrillero lo sostenía de la cabeza para que viera cómo la mataban para que no se le fuera a ocurrir denunciar o hacer algo”.
“La súper mamá”, como la llama Dayana, se había ido. La protectora y consentidora que siempre tenía todo disponible para sus hijos, ya no estaba para defender y hacer frente a los problemas que se presentaran en la familia. Con once años Dayana quedó con la responsabilidad de estar pendiente de sus hermanos y hoy, doce años después, sigue ocupándose de ellos.
“Yo me sentía culpable, porque lo primero que salió a relucir fue que el asesinato de ella había sido por un reclamo que ella le había hecho a la guerrilla, o sea la gente no sabía por qué había sido el reclamo, pero sí sabían que ella había ido a reclamar (…) yo siempre tuve eso sensación de que había sido mi culpa y encima mi abuelito me decía - ¿para qué le contaste a tu mamá?, si no le hubieras dicho ella estaría viva. Ya después esa sensación pasó y yo también lo culpaba a él y le decía que por qué no se había levantado a defenderme”.
Como es tradicional en diferentes religiones, entre ellas la católica que tiene un gran séquito en el Oriente Antioqueño, después de la epultura de los difuntos, durante nueve días se reúnen para hacer oraciones. Dayana cuenta que uno de esos días llegaron dos hombres a preguntar qué había pasado, “que me vienen a preguntar ustedes a mí, si ustedes saben qué pasó”, ella dice que los hombres hacían parte del grupo que asesinó a su mamá, así que no les respondió y se fue para la casa, sin embargo ellos se quedaron en las afueras toda la noche “como vigilando”.
Sentimientos de rencor se apoderaron de la niña de once años a quien la guerra le había arrebatado lo que más quería. Dayana y uno de sus hermanos intentaron ingresar a las filas del grupo armado que les había causado tanto daño para tomar venganza, sin embargo, cuenta que cuando se presentó uno de los guerrilleros dijo “a ella se le nota venganza en los ojos, entonces no me aceptaron”.
En otra ocasión notaron que los guerrilleros estaban cerca a la casa de sus abuelos, “como yo pasé a manejar lo de los animales, sabía qué veneno servía para las vacas. Preparé una jarra de jugo inmensa con ese veneno para llevársela a ese grupo de guerrilleros, que habitualmente pasaban por ahí y le pedían de comer y de beber a los campesinos de la zona, iba por el camino con esa jarra de jugo esperando que se la tomaran todita porque mi intención era vengarme, cuando un primo se apareció y me dijo – Hola prima, ¡uy! Como caída del cielo dame un poquito de jugo que vengo desde allá abajo y tengo una sed; yo sostenía esa jarra y temblaba para que él no me la fuera a quitar y se la tomara, pero él insistía, y yo entre chanza y risa le decía vaya donde mi abuelo que esto no está fresco, pero como él no entendía y yo no le podía decir la verdad me tocó hacerme la que me caía, y que se me perdiera la jarra de jugo en el piso”. Ante los fracasos en sus intentos de vengarse, Dayana desistió.
“Hoy en día le doy gracias a Dios que ninguno de mis planes tuvo éxito porque no tendría cara para ver a mis hijos y decirles que su mamá es una asesina”.
Según cifras de Acción Social, en el departamento de Antioquia, fueron desplazadas entre el año de 1997 y el 31 de marzo del 2008, 386 mil 755 personas de sus lugares de residencia. Asimismo, en las estadísticas de desplazamiento de la Red de Solidaridad Social y proyecciones del DANE (2005) en municipios como San Francisco, la tasa de desplazamiento indica que la totalidad de la población fue desplazada más de una vez durante los años 1995 a 2004 en actos perpetuados por grupos al margen de la ley entre guerrilla y paramilitarismo . Dayana y su familia no fueron ajenas a esta realidad. En 1997 “llegaron unos avisos de que todo el mundo tenía que desplazarse, que todos tenían que salir de la finca porque primero venía la guerrilla, después venían los paramilitares y al que encontraran podía quedar en medio de esos dos”.
Dejando todo lo que tenían, sus tierras, su trapiche, sus animales, sus árboles; partieron de la vereda hacía el casco urbano. Allí llegaron a la casa de una tía pero Dayana seguía intranquila “yo sentía que me perseguían, un día salí a la tienda cuando vi dos hombres como detrás de mí, yo corrí y me escondí en una esquinita, cuando los escuché -qué se nos hizo, qué se nos hizo la pelada. Yo llegué a la casa y le dije -no tía yo como quiero irme para Medellín, a ver qué es lo que hay allá que yo no conozco y todo el mundo habla tan bien, pero era por el temor que tenía de quedarme en el pueblo”.
Para ese entonces, Medellín se constituía como la ciudad colombiana con mayores tasas de recepción de población desplazada. Allí no sólo llegaban personas del Oriente, sino de las demás regiones antioqueñas azotadas por el conflicto entre ellas Bajo Cauca, Urabá, y otros departamentos. Los campesinos llegaban sin dinero, sus riquezas (la tierra, los cultivos, los animales), eran abandonados, vendidos a muy bajos precios o regalados a los mismos grupos que se quedaban ocupando la zona, no había otra opción. Según la Unidad de Atención a Víctimas, a agosto de 2012 Medellín había recibido 273 mil 218 desplazados.
Poco a poco y con la llegada de más población, crecieron las comunas y los barrios de invasión, tanto que algunos hoy albergan más foráneos, que propios. Las víctimas del desplazamiento forzado debieron construir sus viviendas con lo que estaba a su alcance, y aún hoy muchos salen a las calles a ganarse la vida con ventas informales.
En su afán de salir del pueblo Dayana se comunicó con un tío que vivía en Medellín, “él me dijo, listo véngase, y yo ahí mismo me fui”. Pero la salida de San Francisco no fue complicada solo por el desarraigo de dejar su tierra, una vez más los grupos armados intentaron truncar el camino de esta mujer.
“Cuando iba a salir mandé mi maleta adelante con una prima, ella me la llevó al bus y yo me vine después. Tenía el pelo cogido y cuando llegué al bus me lo solté y se esponjó todo. De repente veo a lo lejos que viene uno de los hombres que me estaba persiguiendo en días pasados, uno de esos hombres negros, grandotes, con cara de violencia, en medio de mi angustia vi un muchacho que trabajaba en el bus, y le dije - mira cuando vengan a preguntar aquí decí que yo soy la mujer tuya, yo te barro los pisos, te hago lo que tú quieras, pero decí que yo soy la mujer tuya. Yo me abracé de ese muchacho y yo temblaba y él asombrado me sobaba el pelo. Cuando llegó el man grandote preguntó - Aquí no ha entrado una muchacha con el pelo recogido, así y así, y él muchacho le dijo - no, aquí apenas estamos la mujer mía y yo, los pasajeros todavía no han llegado, si quieren entren por allá a revisar. Entró, miró, y nada, de ahí salieron y le dijeron - no hermano, si ve algo raro me avisa, y él respondió - ah sí nosotros te avisamos si vemos alguna cosa rara”.
“Vea yo temblaba, las lágrimas se me salían, y yo no me soltaba de ese pelado, y él me preguntaba - vos que hiciste, qué es lo que debes, y yo le decía - no nada. El hecho es que arrancó el bus y ahí sí me relajé, pero siempre me tocó ponerme al final del bus para ayudárselo a lavar, como le había prometido”.
Los años transcurrían, el conflicto no daba tregua, los encabezados de los medios de comunicación hablaban de combates entre el ejército con los diferentes frentes de los grupos armados en los distintos lugares del País. Cada vez se tenían más registros de las huellas imborrables que dejaba la violencia en el marco del conflicto armado colombiano.
Uno de los episodios más dolorosos del desplazamiento forzado en Colombia, lo protagonizó el corregimiento de Aquitania, del municipio de San Francisco. Allí cerca de 4 mil 500 habitantes recibieron la orden de evacuación por parte de los grupos al margen de la ley el 20 de julio de 2003. En tres días todos tuvieron que abandonar el corregimiento y Aquitania se convirtió en un pueblo fantasma.
En este sentido, el Plan de Desarrollo de San Francisco 2012 – 2015, explica que en el Oriente lejano, la zona más crítica corresponde a la de Bosques, donde San Francisco aglutinó para el año 2004 cerca de la tercera parte de los combates registrados en el conjunto del Oriente Antioqueño; masacres, extorciones, emboscadas, sabotajes, acciones armadas, homicidios, secuestros, y demás acciones que violaron los derechos humanos denotan los daños causados a la población. “(…) El municipio de San Francisco fue un lugar estratégico para el asentamiento de los grupos al margen de la ley, que se disputaban por el territorio, generando en la población atraso cultural, problemas sociales, económicos, y destrucción del tejido social, derivándose en dificultades que van desde el interior de la familia hasta afectación de la convivencia en comunidad”.
Las mujeres también fueron víctimas de muchos abusos en la Región; la destrucción del tejido social hizo que los conflictos intrafamiliares y sociales aumentaran, percibiéndose un aumento de la violencia contra las mujeres.
En términos generales, las mujeres han sido víctimas de múltiples agresiones en varias regiones del país. Según la Encuesta de Demografía y Salud de 2010, “una de cada tres mujeres (39%) ha sido agredida físicamente por su pareja o ex pareja, 6% de las mujeres reportó haber sido forzadas a tener relaciones sexuales; el 66% de las mujeres afirman que sus esposos o compañeros ejercen situaciones de control sobre ellas”. Estas cifras son mencionadas en la “Exposición de motivos del proyecto de ley presentado por los Representantes Angela María Robledo e Iván Cepeda, actualmente en trámite legislativo, por el cual se busca adoptar medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión al conflicto armado.
Además de las agresiones físicas y psicológicas mencionadas, en el proyecto ley referido se recuerda que “según la primera encuesta de prevalencia sobre la violencia sexual en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano 2001-2009 (ENVISE) realizada por la Casa de la Mujer con el apoyo de Intermon Oxfam, para el período 2001-2009— con base en 407 municipios colombianos con presencia de Fuerza Pública, insurgencia, paramilitares u otros actores armados se estimó que durante estos nueve años casi medio millón de mujeres (489.687) fueron víctimas directas de violencia sexual”.
El número estimado de hechos violentos que arrojó la encuesta incluyen: Violación 94 mil 565; Prostitución forzada 7 mil 754; Embarazo forzado 26 mil 353; Aborto forzado 27 mil 58; Esterilización forzada 19 mil 422; Acoso sexual 175 mil 873; Servicios domésticos forzados 48 mil 554; Regulación de la vida social 326 mil 891; para un total de hechos violentos de 726 mil 470.
En promedio, 54 mil 410 mujeres fueron víctimas directas anualmente, 149 diariamente y, 6 mujeres cada hora. No obstante, se anota que al menos el 82% de las mujeres víctimas de estos delitos manifestaron no haber denunciado por miedo a sus victimarios, por vergüenza o porque no confiaban en la justicia.
También las niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de violencia sexual. En la misma exposición de motivos encontramos “Sobre la situación de las niñas que integran los grupos armados ilegales, la OACNUDH ha denunciado lo siguiente: “En muchas ocasiones se les obliga a mantener relaciones sexuales con adultos a una edad temprana y a abortar si se quedan embarazadas. También se las obliga a usar métodos anticonceptivos que a menudo son inapropiados y perjudiciales para la salud. Un 31,2% de las niñas entrevistadas (…) afirmaron haber quedado embarazadas y perdido el niño mientras estaban con el grupo armado ilegal. Un 40% de estas adolescentes declararon que el embarazo se había producido cuando tenían entre 11 y 14 años de edad”. (Secretario General de Naciones Unidas, 2009, Párr. 38)”.
Una muestra del subregistro en este delito, es que según cifras de delitos contra la integridad sexual, de la Unidad para la Atención y Reparación integral a Víctimas, con corte a febrero de 2012, en Colombia sólo existen 5 mil 290 casos registrados, en Antioquia hay 507 y en el Oriente Antioqueño 156.
Son muchas las historias que enmarca el drama de la violencia sexual. Mientras Dayana debió llegar a la ciudad tras una serie de hechos que tuvieron su inicio en una violación, la historia se repetía en otros lugares, en otros rostros, en otras vidas. Alexandra, también es una de las mujeres valientes que se atreve a contar su historia con el ánimo de que estos actos no sigan ocurriendo.
Con 14 años y toda su vida edificada en Caucasia, Alexandra era una niña feliz, tenía amigos, quería ser dibujante, pintar retratos de personas; quería cantar, escuchaba la música de Naty Botero, AvrilLavigne, Ashlee Simpson, Chayanne, y Enrique Iglesias. “Yo me imaginaba cantando, yo prendía la grabadora a todo volumen y mi mamá me decía que yo estaba loca. Compré un micrófono y se lo pegué a la grabadora y hacía un karaoke, colocaba la música que me gustaba y colocaba el micrófono y los audífonos y era yo la que cantaba”, rememora Alexandra de su infancia.
“A mí me estaba yendo muy bien en el colegio, incluso la trabajadora me dijo, usted sigue así y le voy a meter la papelería para que le den la beca en el mismo instituto para que haga su carrera allá”, cuenta Alexandra. Con esta noticia concluía el grado séptimo de esta joven.
Llegó diciembre de 2004, y a pesar del contexto de terror que enmarcaba la zona en ese entonces, el espíritu navideño permanecía y las familias celebraban la llegada de la noche buena. Ese 24 de diciembre la familia de Alexandra, que vivía dispersa en todo el pueblo, tenía su festejo.
“Esa noche yo iba para donde mi familia a celebrar la navidad, cuando al doblar la esquina escuché a un hombre hablando por un radio teléfono y le decían: -Qué hubo hermano ¿ya me hizo la vueltica o no?, y él le dijo -en esas estoy, la estoy esperando. Al verme de frente con él, sujetó mi mano y me cogió del brazo fuertemente, me colocó una pistola en la cabeza, él parecía estar bajo efectos de las drogas, luego me llevó calle abajo por un callejón solitario, y me dijo que si no me quitaba la ropa que me atuviera a las consecuencias. Yo quería salir corriendo, era todo una pesadilla, luego me cogió del brazo, me tiró al suelo, me tapó la boca y me comenzó a rasgar la ropa, me colocó nuevamente la pistola en la cabeza, luego hizo lo que quiso conmigo y se fue”.
Alexandra se devolvió a su casa llena de dolor y rabia. “Yo llegué llorando llegué de una a bañarme porque sentía su sudor, sentía la piel de él encima mío tocándome, y yo entre más me restregaba con un trapo con jabón sobre mi cuerpo, más sentía eso, el sudor, el olor de él, que no me gustaba”.
Pasadas las doce de la noche la madre de Alexandra regresó a la casa y le preguntó por qué no había ido a la reunión de navidad. Al verle el cabello húmedo y sus ojos rojizos llenos de llanto le dijo - ¿Qué pasó? Alexandra narró los hechos a su hermana y a su mamá.
Al día siguiente fueron a poner la denuncia ante la policía. La madre de Alexandra cuenta: “Ella fue asistida por una secretaria del Municipio a poner la denuncia y cuando el director de la Sijin le dijo que le firmara, ella dijo que ella no firmaba esos papeles porque eso era una cosa muy peligrosa y que a ella la podían matar, entonces él le dijo que por eso sucedían las cosas en este País porque la gente se quedaba callada, no denunciaba, entonces la secretaria firmó como testigo (…) semanas después fuimos a reclamar y a preguntar en qué iba el proceso y me dijeron – ¿Cuál proceso? Aquí ese proceso no existe, aquí no hay ninguna denuncia puesta a nombre suyo”.
Los esfuerzos y presión de las autoridades y las instituciones del Estado para que las víctimas denuncien en un contexto de guerra, se ven minimizadas ante las constantes apariciones de amenazas por parte de los perpetradores (grupos armados al margen de la ley) que intimidaban a la población civil, porque estando presentes en los mismos territorios, tenían el control absoluto y por ende se aseguraban de que sus delitos permanecieran en la impunidad.
“Recuerdo que como un mes antes de que a mí me pasara eso, venían apareciendo un grupo de jóvenes en la salida de los colegios, en motos, coqueteándole a las peladas y a los muchachos los invitaban a consumir vicio o les ofrecían cigarrillo, nadie sabía quiénes eran exactamente, pero se presumía que eran paramilitares, por eso las recomendaciones en la casa era que tuviéramos mucho cuidado”, comenta Alexandra.
La tragedia de esta entonces adolescente no se limitaba al dolor de haber perdido su pureza e inocencia; después de pasadas varias semanas comenzó a sentir cambios en su cuerpo y su estado de ánimo, “por momentos yo me sentía como intoxicada, sentía ganas de vomitar, mareos, mucho sueño; y como a los tres meses de eso me vine a dar cuenta que estaba embarazada”.
Pasados los días el recuerdo constante no dejaba llevar a Alexandra una vida tranquila, el temor a ser señalada por la gente de su pueblo hizo que guardara silencio durante varios días, pero su necesidad constante de saber quién había sido el victimario la llevó a indagar entre sus amigos y jóvenes del pueblo, para saber quiénes habían tenido acercamientos con los grupos que venían apareciendo.
Tras varias indagaciones se dio cuenta que su victimario hacia parte de un grupo que se conocía como “las convivir”, “yo ya lo reconocía, después de eso lo veía en la calle de vez en cuando y no era sino para atemorizarme, yo no podía salir ni a la farmacia, ni al supermercado porque me hacía así (señalaba el ojo y apretaba el dedo como si tuviera un gatillo) siempre me hacía así y yo me iba con miedo para mi casa”. Inclusive, cuenta, “Cuando intentamos ir por segunda vez a la Sijin para averiguar en qué iba el proceso que habíamos decidido denunciar nuevamente, antes de entrar allí el sujeto se me apareció en la puerta y me dijo – Usted vuelve a venir acá y la mató a usted y a su mamá”.
Pasados nueve meses del lamentable hecho nació Sebastián. Un pequeño que llegó a la vida de Alexandra para sacarla del oscuro mundo donde se sumergió tras el suceso. “Yo le decía a mi mamá y a mi hermana que yo no quería a mi bebe, yo desde el principio le decía: yo no lo quiero, yo no lo quiero, por lo que él me hizo ser una mujer maldita, pero cuando nació y me lo colocaron aquí en el pecho, me acuerdo como si fuera ayer, cuando me lo colocaron acá yo me sentí como si se hubieran unido las dos almas, y después yo agradecí que estaba bien porque yo siempre pensaba que mi hijo iba a salir ciego, o iba a salir con alguna enfermedad por lo que me habían hecho”.
En varias ocasiones, cuenta la madre de Alexandra, el abusador llegó hasta la casa: “Él fue una vez y le preguntó un montón de cosas a la sobrina mía, por esos días Alexandra no estaba en la casa, por ahí a los tres días volvió y apareció, y le preguntó a la vecina - dónde está la mamá del niño, entonces la muchacha le dijo -no, ella no está, está la abuela, y por qué, le preguntó la muchacha, -no es que me parece muy lindo este niño. Fue lo acarició le dio un beso en la mejilla, le dijo que era muy lindo, y se montó en su carro y se fue”. Hechos como ese atemorizaban la familia y también los llevaron a desplazarse poco tiempo después.
Alexandra intentó reconstruir su vida, años después del suceso se enamoró, pero su compañero fue secuestrado, ella presume que los autores de este hecho fueron los mismos grupos a los que pertenece el perpetuador de su delito, es decir, las convivir que habitaban en el Municipio. Esto, sumado a las constantes visitas de este extraño hombre a su casa, y de los señalamientos por parte de los vecinos por el nacimiento de un hijo sin un padre, e incluso de los comentarios en los cuales Sebastián era señalado como hijo de un paramilitar, fueron los detonantes para tomar la decisión de salir del pueblo.
“Eso fue muy de madrugada, luego de una semana de pensarlo, mi mamá arrancó conmigo, yo eché en un morral lo que pude del niño, mi mamá echó unas frutas en otra bolsa y salimos bien temprano, en el primer bus, para que nadie nos viera”.
En un intento por proteger su vida y la de su hijo, Alexandra también llegó a Medellín. En la ciudad han intentado buscar trabajo, pero confiesan que hay días enteros en los que sus recursos no alcanzan para comprar sus alimentos. “Esto ha sido muy duro y hasta hemos tenido noches en las que nos acostamos sin probar bocado. A mi mamá una vecina le presta una máquina porque ella cose, con eso vivíamos allá porque tenía muchos clientes, pero acá con lo poco que hace apenas nos alcanza para pagar la pieza y a mí de vez en cuando me dan trabajo en un lavadero de carros y con lo que alcancemos a tasar, con eso comemos”.
El drama del desplazamiento tiene sus particularidades para cada caso, pero es la acción más generalizada en el territorio nacional. Según la Unidad Nacional para la atención integral a víctimas del conflicto armado en Colombia, el 10% de la población del País ha padecido el desplazamiento forzado, esto equivale a 4 millones 613 mil 796 colombianos. Del municipio de Caucasia han salido 11 mil 184 personas y de San Francisco 15 mil 469.
En medio de esta alarmante cifra también está el caso de Dayana, quien en su condición de desplazada llegó en 1999 a Medellín, considerando conseguir allí una oportunidad económica y laboral. Aún cargando con el drama de ser víctima no sólo de desplazamiento, sino de también el asesinato de su madre y una violación sexual, intenta construir un hogar.
En la Capital antioqueña, Dayana conoce a Juan, “él era el hombre perfecto, me apoyaba, me acompañaba, me entendía, era buen papá”, así lo recuerda. A su lado tuvo sus dos hijos, quienes hoy son el motor de su vida.
Sin embargo, la violencia sexual deja secuelas que no son visibles, pero que son imborrables, por eso, en el año 2002, 6 años después del episodio que cambió su vida, las consecuencias de este abuso estropearon una vez más la tranquilidad de Dayana.
Como ha sido indicado por varias organizaciones de mujeres que trabajan en el tema, el impacto de estas agresiones es devastador para el proyecto de vida de las personas que las sobreviven. Sobre todo cuando las víctimas no cuentan con apoyo emocional y cuando no reciben una atención institucional adecuada para su recuperación física y psicosocial.
Aunque actualmente algunas organizaciones de la sociedad civil, la comunidad internacional y el Estado promueven iniciativas para visibilizar y denunciar este delito como una forma de contribuir al restablecimiento de los derechos de las víctimas en materia de verdad, justicia y reparación, así como para promover una mejor atención a las víctimas, los esfuerzos no son suficientes porque aún existe en el imaginario el prejuicio y el temor del señalamiento público. Sólo hasta la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se reconoce como un componente jurídico el brindar acompañamiento psicosocial a las víctimas de violencia sexual, atención que no se recibieron en su momento Alexandra y Dayana.
La ausencia de este acompañamiento hizo que Dayana nunca asimilara lo que le había ocurrido, y en los momentos de intimidad con su pareja los malos recuerdos invadían sus pensamientos y de forma instintiva comenzaba a golpear a su esposo. “Yo lo cogía a golpes, y le daba y le daba, yo me imaginaba que era ese hombre que me abuso el que estaba ahí”. Lo llegó a maltratar física y emocionalmente de una forma tan excesiva, que la paciencia de Juan se agotó y se marchó del hogar que habían conformado. “Yo sé que fue mi culpa, perdí ese gran amigo, porque además era mi amigo”.
Buscando responder a la necesidad de brindar un apoyo psicosocial desde la institucionalidad a las víctimas de violencia sexual, el Fondo de Justicia Transicional que lidera el PNUD viene apoyando a la Defensoría del Pueblo en la implementación de “Círculos de Acompañamiento Psicosocial a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el Marco del Conflicto Armado”, iniciativa que con el apoyo de la Fundación Círculo de Estudios busca mejorar las condiciones emocionales y relacionales que faciliten la superación de los impactos derivados del hecho violento por parte de las víctimas. Adicionalmente, los círculos se han convertido en un espacio de reflexión sobre la dimensión integral del proceso de acceso a la justicia, la restitución de derechos y su conexión con el ámbito emocional de las mujeres que han padecido este abuso. Durante el 2012, estos círculos se han realizado periódicamente en Medellín, Pasto y Cali en donde se ha facilitado la participación de cerca de 50 mujeres, que como Dayana y Alexandra requieren recibir una atención apropiada no sólo física sino también psicosocial.
En medio de las dificultades y el gran esfuerzo para sacar adelante a sus hijos Dayana dividió su tiempo en Medellín entre buscar empleo, los quehaceres de la casa, ayudar con las tareas a sus pequeños, y hacer parte de grupos de apoyo a las víctimas, especialmente las de violencia sexual.
El liderazgo de los grupos sociales que trabajan en pro de las víctimas, ha tenido como característica que son, muchas veces, las mismas personas que han padecido las secuelas de la guerra quienes gestionan, trabajan, ayudan y acompañan a los más tímidos en sus procesos. Las víctimas que han sido más renuentes a participar de los diferentes procesos, se han ido vinculando activamente desde que encuentran un par para contar sus historias.
En Antioquia, la Mesa Departamental de Víctimas, reúne los líderes y lideresas de las organizaciones de cada subregión que han sido víctimas de uno o varios delitos y son el puente más directo con quienes por falta de tiempo o temor no llegan a estos espacios. Ésta es una labor altruista, que no cuenta con una remuneración económica definida, pero que es una de las más importantes en el proceso de superación del conflicto y reparación integral a las víctimas.
A pesar de cargar con sus propios dramas, Dayana siempre tuvo presente la promesa que le hizo a su mamá, varios de sus hermanos ya tenían sus vidas conformadas, el menor de todos vivía con ella en Medellín, pero había uno del que habían perdido el rastro.
A principios de 2011 y con un panorama, aparentemente más tranquilo en cuanto al conflicto armado, Dayana regresó a su pueblo. Después de muchos años llegó nuevamente a San Francisco, vio sus conocidos, sintió el aire que la acogió al nacer, fue hasta su vereda, recordó lo malo, y en medio de todas esas sensaciones le quedó claro que no quiere volver a vivir allí. Se habla de que el 90% de la población de San Francisco fue víctima del conflicto armado, según el Plan de Desarrollo San Francisco con oportunidades.
Dayana fue con dos propósitos claros, encontrar pistas que le indicaran donde estaba su hermano y buscar las tierras de su madre.
Para ese momento, las víctimas del País tenían la esperanza puesta en la Ley 1448, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que entró en vigencia en junio de 2011. La Ley, en todos los casos, parte de la buena fe de la víctima que hace la reclamación, pero la familia de Dayana fue obligada a firmar la titulación de sus tierras y al regresar a ellas se encontró personas ocupándola y explotándola.
La Unidad de Restitución de Tierras calcula que en Colombia hay 360 mil casos para solucionar en este tema, de los cuales 270 mil aplican a las condiciones de la Ley 1448, que son, entre otros, que el despojo o el abandono de la tierra haya sido entre el 1 de enero de 1991 y el término de la vigencia de la Ley. A agosto de 2012 en Antioquia había 2 mil 685 solicitudes de restitución.
Aún con la esperanza puesta en la Ley de Restitución de Tierras y que se pueda demostrar que fueron obligados a salir y firmar la titulación, Dayana es consciente que pueden pasar hasta 10 años antes de que la microfocalización llegue a San Francisco y a su vereda. Actualmente, en el Oriente Antioqueño se trabaja en 20 veredas de San Carlos, y se espera que en pocos días se empiece en Granada, sin embargo los funcionarios de esta dependencia aseguran que es un proceso lento y gradual.
El temor a las represalias que una vez más pudieran tomar en su contra, hizo que Dayana se fuera sin decir ni preguntar nada sobre su tierra, y lo único que supo de su hermano fue que lo habían visto, pocos días después de que ella se fue para el casco urbano del Municipio, en una vereda cercana con un grupo de amigos.
Dayana regresó a Medellín sin respuestas, pero pronto ellas llegarían hasta ella. Ya avanzado el 2011recibe una llamada “me suena el celular y me dicen mira yo soy tu hermano, me reclutaron pero ya me quiero volar. Yo solo pude decir - ¿mi hermano? Si es mi hermano necesito pruebas, dígame que pasó en tal fecha, esta otra. Él me confirmó que era mi hermano, me dijo, - necesito irme, volarme de aquí, pero necesito plata”.
El acuerdo entre Dayana y su hermano fue que ella le enviaba el dinero y cuando él llegara iban a las autoridades a denunciar. “Consígase a alguien y yo miro como le mando plata para que se vaya. Para que se pueda ir bien lejos necesita por ahí unos 3 millones de pesos, yo se los puedo dar, él me llamó y me confirmó que le había llegado la plata, y de ahí pasaron dos meses y yo no sabía nada de él”.
En febrero de 2012 el ejército se comunica con Dayana: “Aquí tenemos a su hermano, - coronel, usted me va a disculpar, pero si de verdad ese señor es mi hermano yo le voy a pedir que usted le vea el trasero, – ¿cómo así?, preguntó el Coronel, - es que es la prueba que tengo para saber si en realidad ese sí es mi hermano. Después me tocó pedirle disculpas al coronel por ponerlo a ver el trasero de un man”.
Dayana fue hasta donde estaba su hermano, allí antes de hablar o pedir alguna explicación, lo apretó con un fuerte abrazo que evidenciaba la angustia de más de doce años de ausencia, ambos lloraban y aunque había sido capturado antes de desmovilizarse este hombre agradecía estar vivo y poder contar su historia.
“Él me dijo que él iba de salida hacia el pueblo cuando se metió el ejército, entonces los que estaban en ese campamento comenzaron a disparar y como él tenía una pistola, también comenzó a disparar, porque era la vida de ellos o la de los nosotros. Gracias a Dios ahí no mataron a nadie del ejército, pero él tiene una herida en el brazo que hasta hoy no se la han intervenido”.
En referencia a la ocurrencia del delito de reclutamiento forzado en el Oriente Antioqueño, el Instituto Popular de Capacitación a través de su Agencia de Prensa en un informe realizado en el 2006 por el programa Sembradores de Paz de la Pastoral de Infancia de la Diócesis Sonsón-Rionegro, dio cuenta de 39 casos de reclutamiento forzado de 118 menores de edad, en edades que oscilan entre los 11 y los 17 años, a manos del Frente 47 de las FARC y ocurridos entre los años 1999 y 2004.
Dayana había recibido por parte del Estado 16 millones de pesos como reparación a su violación sexual en el marco del conflicto armado, pero como si la guerra fuera un karma para ella, ese dinero fue invertido para resolver el problema de su hermano. “Yo de esa plata le mandé 3 millones para que se volara y me tocó pagarle 6 millones a un abogado que demostrara que él había sido reclutado de manera forzosa. Yo ya había invertido 6 millones más haciendo una casa para alquilar las piezas para que nos alcance para pagar los servicios pero me tocó dejar todo eso empezado”.
Hoy el hermano de Dayana está en una cárcel, tiene una herida en su brazo de más de siete meses, y gracias al abogado pagará sólo 4 años de cárcel por el delito de rebelión, cuando al principio del proceso se hablaba de 12 años. “Yo estoy tocando puertas a ver si pueden operar ese pelado porque ya desde febrero a esta fecha, es un milagro que el brazo no se le ha caído”.
“Hoy la situación está muy crítica, estoy trabajando de medio tiempo para poder pagar la pieza donde vivo, los servicios y para tratar de darle una mejor vida a mis hijos, aquí en Medellín me he tenido que pasar varias veces de casa porque las amenazas no me dejan estar en paz en ningún lado”.
Dayana huyó una y otra vez, trató de estar lejos del conflicto, de hacer una nueva vida, pero el destino se ensañó con ella. Desde principios de este año ha recibido varias llamadas, a veces de hombres, a veces de mujeres, donde le dicen “deje de meter sus narices donde no debe”, “deje de andar ayudando a quien no le ha pedido su ayuda y recuerde que le puede pasar lo mismo que a su mamá” o “recuerde que hasta por 12 mil pesos se puede mandar a matar una persona”.
Esas frases tocan las fibras más sensibles del alma de Dayana, y la han llevado a ser víctima una vez más, ahora del desplazamiento intraurbano. Cuando su hermano regresó lo único que le contó es que los guerrilleros que lo reclutaron le decían “su hermana sabe más de la cuenta”, pero aunque Dayana busque la protección de sus hijos y se tenga que seguir moviendo una y otra vez asegura que no dejará de ayudar a quienes lo necesitan. “La situación está muy dura, pero aún así yo no me rindo, la idea mía es seguir ayudando a muchas mujeres que les ha pasado lo mismo que a mí, sólo que todavía no tienen esa fuerza de denunciar, de decir qué les ha pasado, para que no siga pasado”.
Aunque se hable de estar en un territorio más tranquilo, Antioquia sigue padeciendo los ataques de los actores armados. En regiones como el Oriente el conflicto se ha transformado, más no ha desaparecido. Antioquia sigue liderando las listas de Colombia en cifras de delitos en el marco del conflicto. Según la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación - CNRR, de las casi 130 mil personas que se acercaron a la Ley de Justicia y Paz hasta 2008, 52 mil 626 personas son de Antioquia, constituyendo un alto porcentaje en relación con el resto del País.
Sacar adelante a sus hijos y que sus delitos no se queden como tantos en Colombia en la impunidad, son los sueños de Dayana y Alexandra, quienes, a pesar de sus dolores, aún dibujan sonrisas en sus rostros al mencionar sus pequeños, recordar su infancia o pensar en el futuro, aunque esta última sonrisa esté acompañada de incertidumbre.
A ese anhelo de estas dos mujeres que han tenido que padecer las secuelas de un conflicto que lleva más de medio siglo azotando nuestro País, se une Colombia entera, donde aún sin estar en etapa de posconflicto, esperamos que las iniciativas de reparación integral se den y que no esté lejano el día que podamos decir que somos un territorio en paz.
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San Francisco Oriente Antioqueño
Fotografía: Emiro Marín Carvajal (q.e.p.d.) Inforiente
Paso de las FARC por
las veredas de
San Francisco. 
Fotografía: Emiro Marín Carvajal (q.e.p.d) Inforiente
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Se presume que en
este sitio fueron enterrados decenas de habitantes de este municipio
víctimas de asesinato y masacres.
Fotografía: Emiro Marín Carvajal (q.e.p.d.) Inforiente
Cementerio abandonado en el corregimiento de Aquitania, del
municipio de San Francisco.
Fotografía: Emiro Marín Carvajal (q.e.p.d.) Inforiente
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Casa abandonada como consecuencia del desplazamiento forzado
en el corregimiento de Aquitania del Municipio de San Francisco.
Fotografía: Emiro Marín Carvajal (q.e.p.d.) Inforiente
Monumento a las víctimas del conflicto armado en el parque
principal de San Francisco.
Fotografía: Cheli Melisa Llano Marín Inforiente
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Medellín, crecimiento
masivo de las comunas como causa del desplazamiento forzado y la violencia en
los año 90’s.
Fotografía: Cheli Melisa Llano Marín -Inforiente
Iglesia de San Francisco de Asís, Municipio de San Francisco
Fotografía: Emiro Marín Carvajal (q.e.p.d) Inforiente
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TORIBIO, UN MUSEO AL AIRE LIBRE
Por Edilma Prada Céspedes
Integrande HUMANOS
Cauca, Colombia
Especial de agendapropia.com para HUMANOS y Pressenza International
El municipio de Toribío, enclavado en las empinadas montañas del nororiente del Cauca, -suroccidente de Colombia- y habitado en su mayoría por indígenas Nasa, es considerado como uno de los pueblos ‘mártir’ del conflicto y donde la violencia se ha ensañado, sin tregua, desde hace más de 50 años.
Su historia ha estado marcada por el terror y la zozobra; contra esta comunidad se han registrado más de 600 hostigamientos y 14 tomas guerrilleras en la última década; acciones violentas que ha dejado al pueblo prácticamente en escombros, y que a pesar de la dureza de las confrontaciones armadas se ha levantado una y otra vez entre las cenizas.
El cansancio de la guerra; ver a la población semidestruida y a muchas viviendas averiadas con los impactos de fusil, y las esquirlas de improvisados explosivos; el recuerdo doloroso de crueles ataques como el de la ‘chiva bomba’ (ocurrido el 9 de julio de 2011 -que dejó tres personas muertas, 83 heridas y daños en más de 400 viviendas-); y el temor de vivir en medio de la tensión, llevó a sus líderes, pobladores y artistas a exigir respeto por la vida y la tranquilidad.
Fue así como surgió la iniciativa civil de paz y de resistencia contra la violencia, denominada ‘Minga del Muralismo de los Pueblos’.
En el marco de esta gran cruzada artística (realizada a mediados del mes de octubre de 2013) en Toribío, se reunieron más 120 personas, entre artistas, estudiantes, líderes, nativos, y extranjeros para darle vida, color y alegría, a un pueblo que ha resistido, por más de 50 años, el duro peso de las acciones bélicas.
Durante dos semanas, el colectivo de entusiastas enamorados de la vida, ‘armados’ de pinceles, brochas, baldes, y pinturas de todos los colores, le devolvieron con arte, inspiración y trazos de esperanza, el anhelo por un pueblo en armonía, en paz, para una comunidad cuyos recuerdos están acompañados de tristeza.
El trabajo de los artistas, provenientes de Italia, Canadá, Alemania, Brasil, México, Chile, Bolivia, Ecuador y Venezuela; y de varios rincones de Colombia, fue el de pintar 40 murales, cuyos dibujos reflejan la recuperación de la identidad cultural de los pueblos indígenas y campesinos, así como la conservación de la madre tierra, la eterna ‘pacha mama’.
Los murales, se realizaron en algunos espacios que fueron trastocados por las argucias de la guerra, como casas abandonadas y destruidas por atentados terroristas, edificaciones utilizadas como trincheras por parte de grupos armados, y áreas donde cayeron muertos civiles inocentes. Estos murales también se pintaron en escuelas, en la Alcaldía Municipal, en la Casa de la Cultura, en la zona comercial, en sitios de interés comunitario y en viviendas de particulares.
“La historia de Toribío comienza a verse de otra manera, la gente empieza a creer en un proyecto nuevo que le permite expresar lo que siente, su cultura. De esta forma todos realizamos un llamado a los actores armados, en Toribío la gente quiere vivir en paz y en armonía”, dijo Jafeth Gómez, muralista caucano, y uno de los gestores de esta bella movilización artística.
El valor agregado de este proyecto pictórico, es que las obras se lograron terminar gracias a que los pobladores de Toribío se sumaron a la causa; niños, jóvenes, mujeres, y hombres, pincelada a pincelada, brochazo a brochazo, rechazaron simbólicamente las acciones violentas. “Ya se nos estaba olvidando sonreír”, aseguró una de las habitantes de Toribío, que participó en la jornada.
“Esa es la mayor satisfacción que tenemos, la gente está muy contenta y feliz, muchos al final querían que sus casas también fueran pintadas, esta será una jornada inolvidable para nuestro pueblo”, manifestó Alberto Velazco, organizador de la Minga.
Toribío un museo al aire libre
“Toribío ya no es como lo pintan”, con esta frase que sirvió de slogan del encuentro de muralistas, sus habitantes y líderes quieren mostrar ante el Cauca, Colombia y el mundo la nueva imagen de la población.
“Hoy recorrer las calles de Toribío, es sentirse en un museo al aire libre”, dijo Ezequiel Vitonás, alcalde de la localidad, al señalar que a lo largo y ancho del municipio se pueden apreciar diversas obras de arte colmadas de identidad y diversidad.
Por su parte, los toribianos, con optimismo aseguran que esta iniciativa de paz es el comienzo de una nueva historia para su comunidad.
Fotos. Suministradas / Jafeth Gómez – Colectivo Cultural Wipala.
Por Edilma Prada Céspedes
Integrande HUMANOS
Cauca, Colombia
Especial de agendapropia.com para HUMANOS y Pressenza International
El municipio de Toribío, enclavado en las empinadas montañas del nororiente del Cauca, -suroccidente de Colombia- y habitado en su mayoría por indígenas Nasa, es considerado como uno de los pueblos ‘mártir’ del conflicto y donde la violencia se ha ensañado, sin tregua, desde hace más de 50 años.
Su historia ha estado marcada por el terror y la zozobra; contra esta comunidad se han registrado más de 600 hostigamientos y 14 tomas guerrilleras en la última década; acciones violentas que ha dejado al pueblo prácticamente en escombros, y que a pesar de la dureza de las confrontaciones armadas se ha levantado una y otra vez entre las cenizas.
El cansancio de la guerra; ver a la población semidestruida y a muchas viviendas averiadas con los impactos de fusil, y las esquirlas de improvisados explosivos; el recuerdo doloroso de crueles ataques como el de la ‘chiva bomba’ (ocurrido el 9 de julio de 2011 -que dejó tres personas muertas, 83 heridas y daños en más de 400 viviendas-); y el temor de vivir en medio de la tensión, llevó a sus líderes, pobladores y artistas a exigir respeto por la vida y la tranquilidad.
Fue así como surgió la iniciativa civil de paz y de resistencia contra la violencia, denominada ‘Minga del Muralismo de los Pueblos’.
En el marco de esta gran cruzada artística (realizada a mediados del mes de octubre de 2013) en Toribío, se reunieron más 120 personas, entre artistas, estudiantes, líderes, nativos, y extranjeros para darle vida, color y alegría, a un pueblo que ha resistido, por más de 50 años, el duro peso de las acciones bélicas.
Durante dos semanas, el colectivo de entusiastas enamorados de la vida, ‘armados’ de pinceles, brochas, baldes, y pinturas de todos los colores, le devolvieron con arte, inspiración y trazos de esperanza, el anhelo por un pueblo en armonía, en paz, para una comunidad cuyos recuerdos están acompañados de tristeza.
El trabajo de los artistas, provenientes de Italia, Canadá, Alemania, Brasil, México, Chile, Bolivia, Ecuador y Venezuela; y de varios rincones de Colombia, fue el de pintar 40 murales, cuyos dibujos reflejan la recuperación de la identidad cultural de los pueblos indígenas y campesinos, así como la conservación de la madre tierra, la eterna ‘pacha mama’.
Los murales, se realizaron en algunos espacios que fueron trastocados por las argucias de la guerra, como casas abandonadas y destruidas por atentados terroristas, edificaciones utilizadas como trincheras por parte de grupos armados, y áreas donde cayeron muertos civiles inocentes. Estos murales también se pintaron en escuelas, en la Alcaldía Municipal, en la Casa de la Cultura, en la zona comercial, en sitios de interés comunitario y en viviendas de particulares.
“La historia de Toribío comienza a verse de otra manera, la gente empieza a creer en un proyecto nuevo que le permite expresar lo que siente, su cultura. De esta forma todos realizamos un llamado a los actores armados, en Toribío la gente quiere vivir en paz y en armonía”, dijo Jafeth Gómez, muralista caucano, y uno de los gestores de esta bella movilización artística.
El valor agregado de este proyecto pictórico, es que las obras se lograron terminar gracias a que los pobladores de Toribío se sumaron a la causa; niños, jóvenes, mujeres, y hombres, pincelada a pincelada, brochazo a brochazo, rechazaron simbólicamente las acciones violentas. “Ya se nos estaba olvidando sonreír”, aseguró una de las habitantes de Toribío, que participó en la jornada.
“Esa es la mayor satisfacción que tenemos, la gente está muy contenta y feliz, muchos al final querían que sus casas también fueran pintadas, esta será una jornada inolvidable para nuestro pueblo”, manifestó Alberto Velazco, organizador de la Minga.
Toribío un museo al aire libre
“Toribío ya no es como lo pintan”, con esta frase que sirvió de slogan del encuentro de muralistas, sus habitantes y líderes quieren mostrar ante el Cauca, Colombia y el mundo la nueva imagen de la población.
“Hoy recorrer las calles de Toribío, es sentirse en un museo al aire libre”, dijo Ezequiel Vitonás, alcalde de la localidad, al señalar que a lo largo y ancho del municipio se pueden apreciar diversas obras de arte colmadas de identidad y diversidad.
Por su parte, los toribianos, con optimismo aseguran que esta iniciativa de paz es el comienzo de una nueva historia para su comunidad.
Fotos. Suministradas / Jafeth Gómez – Colectivo Cultural Wipala.
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EL PRODIGIO Y SU LUCHA POR LA PAZ
Por Óscar Castaño Valencia
Periodista Inforiente
Rionegro, Antioquia
22 kilómetros separan al Corregimiento de El Prodigio con la Autopista Medellín-Bogotá, para entrar es necesario recorrer una carretera destapada pero que se conserva en muy buen estado. Tres familias colonizaron este territorio hace unos cincuenta años; los Valencia, los Berrios y los Cosmes; vinieron de San Carlos, San Luis y San Francisco a abrir monte para sembrar maíz, yuca, frijol, café, cacao y engordar cerdos. Era una despensa agrícola que abastecía a la Región.
Este Corregimiento tiene enormes riquezas, sus montañas son una reserva incalculable de mármol y cal, y en sus quebradas y riachuelos se ha sacado oro desde hace muchos años.
Hoy es la ganadería extensiva su mayor sustento económico y grandes empresas han llegado a su territorio para explotar sus recursos naturales. Integral está haciendo estudios de factibilidad para construir una central hidroenergética, que producirá 352 megavatios, con un embalse de 27 kilómetros, en una extensión de 1.038 hectáreas.
“La comunidad mira con reserva este megaproyecto”, dice Arnulfo Berrio, Presidente de la Junta de Acción Comunal, quien además afirma que “Omnia, empresa que explota cal y mármol no han aportado mayor beneficio a esta comunidad, por el contrario lo que ha causado son perjuicios importantes como la sedimentación de cinco charcos que eran frecuentados por la gente y que, a pesar de compromisos hechos por la empresa para restablecerlos, aún no se han restituido”.
La guerra dejó huellas imborrables; dos incursiones del 9 Frente de las Farc, varios secuestros realizados por el Frente Carlos Alirio Buitrago del ELN y muchos asesinatos selectivos ejecutados por las ACMM, hacen parte de la historia reciente de El Prodigio cuya comunidad fue desplazada en su gran mayoría, pero que hoy han retornado para reiniciar sus proyectos de vida familiares y comunitarios.
Una comunidad con esperanza de que no se repita esa noche gris de la violencia que les tocó vivir, una comunidad que quiere promover el turismo ecológico en sus sitios paradisiacos, esos que nos escondió la guerra por tantos años, pero que hoy podemos empezar a apreciar y donde se pueden ver 25 petroglifos prehispánicos y cuatro cavernas naturales que le puede generar nuevos recursos económicos y llevar a una mejor calidad de vida para la gente.
Seguiremos pendientes de los desarrollos de los diferentes proyectos que se desarrollan en El Prodigio, donde no hay una persona que no se haya visto afectada por el conflicto armado y que no quiera hoy caminar hacia la paz y la reconciliación.
SIN ARMAR, SAN FRANCISCO BUSCA EL RETORNO
Por Óscar Morales
Periodista Inforiente
Rionegro, Antioquia
Ricardo está sentado en un butaco de madera engrasado. Me le acerco, y a pesar de que sólo mido 1.67 me llega a la cintura. Allí, encurrucado, lava con una brocha vieja empapada de gasolina una desgastada biela de bicicleta. Su pequeño taller queda en uno de los empinados barrios de la zona Nororiental de Medellín, y aunque la inusual estatura se debe a su labor como mecánico, me sorprendo al ver que es también porque le faltan sus dos piernas. “Tranquilo muchacho. Yo ya lo superé. Desde hace 10 años vivo así, luego de pisar una mina antipersonal en San Francisco Antioquia”.
Muy seguramente al leer estas líneas a muchos se les erice la piel. Otros por el contrario verán la historia como una más de las que proyectan en la televisión, pero muy pocos pensarán en lo que realmente llevan por dentro las cientos de víctimas que han dejado las minas antipersonal en el Oriente Antioqueño. Ricardo es uno de los 110 afectados por estas trampas mortales en San Francisco, y aunque paradójico, dice con una sonrisa admirable que “al menos estoy vivo mijo. Hubo muchos otros que no están pa’ contar el cuento”.
“Ricky”, como le dicen sus amigos del barrio, no ha vuelto al pueblo desde que le ocurrió la tragedia. No obstante, muchos sí lo han hecho, y tal vez con la noticia confirmada por los Gobiernos Departamental y Municipal, habrá otros que también lo hagan: “San Pacho” será un municipio libre de sospecha de minas antipersonal.
“Seremos el segundo municipio del Oriente, después de San Carlos, en lograr este reconocimiento. Llevamos varios años de estarnos recuperando en nuestro tejido social, pero sin duda, cuando nos certifiquen como libre de minas, vamos a lograr generar más confianza para el retorno” relata notablemente emocionado Luis Emigdio Escobar, el actual alcalde del municipio, y una de las personas que en carne propia vivió el conflicto de más una década entre paramilitares, guerrilla y fuerza pública.
Hace 10 años, transitar por los caminos de herradura de San Francisco no sólo era arriesgarse a correr la misma suerte de Ricardo, sino a ser secuestrado, testigo de alguna matanza, o inclusive reclutado. Hoy, el campo de este tradicional municipio del Oriente antioqueño de nuevo reverdece. En sus aguas cristalinas el turismo vuelve a ser protagonista y por donde antes se veía guerrilla, ahora se aprecian campesinos acompañando sus recuas de mulas cargados con madera o productos agrícolas que sacan a vender al pueblo.
Cocorná, Granada, San Luis y San Francisco constituyeron un corredor del conflicto. Ahora hemos recuperado la confianza y eso lo hemos visto representado en el retornar de la gente, y en el fortalecimiento de la economía” concluye el alcalde.
Veredas desminadas
San Francisco es un municipio que alberga 373 kilómetros cuadrados de territorio, en su mayoría ocupados por la agricultura, la ganadería y los recursos hídricos. Es conocido como “La Ventana Ecológica del Oriente Antioqueño” y tiene 42 veredas, la mayoría de ellas habitadas. Aquí justamente es donde los pelotones de desminado humanitario han realizado su trabajo palmo a palmo durante los últimos 2 años.
Cifras de la Secretaría de Gobierno del municipio indican que al finalizar agosto de 2013 al menos 22 veredas de esta población estén desminadas y 6 tengan pendientes estudios técnicos. El resto, o sea 14 veredas, están deshabitadas o aún tienen alguna sospecha de estas trampas mortales sembradas por los grupos armados ilegales.
Para Néstor Alirio López, gerente de la Cooperativa Pío XII, que es una de las pocas que sobrevivió al conflicto armado de la región;la entidad se la juega por apoyar procesos de retorno, reinserción y de impacto social. El hecho de tener el 90% del municipio desminado, y con la consolidación que está teniendo el tejido social “es muestra de que esto está muy bueno”.
Ricardo termina de lavar la biela de la bicicleta tipo “monareta” que tiene recostada contra una pared de ladrillo sucio. Con sus dos manos se impulsa hasta el ya reconocido “caballito de acero” y en un dos por tres arma el aparato y lo devuelve a su dueño; un muchacho de unos 15 años que le entrega enrollado un viejo billete de 5.000 pesos.
¿Volvería a San Pacho?, le pregunté. Tras unos segundos de silencio saca de un carriel lamoso y desteñido una foto del San Francisco Antiguo, y responde: “Me han dicho que eso por allá está muy bueno. Dizque en 2 años sólo han matado a 3 personas, y eso ya es mucha ganancia. De pronto me animo y me voy arrastrándome hasta Pailania a tirar charco un rato. Jajajaja”.
Foto: Óscar Morales.
Por Óscar Morales
Periodista Inforiente
Rionegro, Antioquia
Ricardo está sentado en un butaco de madera engrasado. Me le acerco, y a pesar de que sólo mido 1.67 me llega a la cintura. Allí, encurrucado, lava con una brocha vieja empapada de gasolina una desgastada biela de bicicleta. Su pequeño taller queda en uno de los empinados barrios de la zona Nororiental de Medellín, y aunque la inusual estatura se debe a su labor como mecánico, me sorprendo al ver que es también porque le faltan sus dos piernas. “Tranquilo muchacho. Yo ya lo superé. Desde hace 10 años vivo así, luego de pisar una mina antipersonal en San Francisco Antioquia”.
Muy seguramente al leer estas líneas a muchos se les erice la piel. Otros por el contrario verán la historia como una más de las que proyectan en la televisión, pero muy pocos pensarán en lo que realmente llevan por dentro las cientos de víctimas que han dejado las minas antipersonal en el Oriente Antioqueño. Ricardo es uno de los 110 afectados por estas trampas mortales en San Francisco, y aunque paradójico, dice con una sonrisa admirable que “al menos estoy vivo mijo. Hubo muchos otros que no están pa’ contar el cuento”.
“Ricky”, como le dicen sus amigos del barrio, no ha vuelto al pueblo desde que le ocurrió la tragedia. No obstante, muchos sí lo han hecho, y tal vez con la noticia confirmada por los Gobiernos Departamental y Municipal, habrá otros que también lo hagan: “San Pacho” será un municipio libre de sospecha de minas antipersonal.
“Seremos el segundo municipio del Oriente, después de San Carlos, en lograr este reconocimiento. Llevamos varios años de estarnos recuperando en nuestro tejido social, pero sin duda, cuando nos certifiquen como libre de minas, vamos a lograr generar más confianza para el retorno” relata notablemente emocionado Luis Emigdio Escobar, el actual alcalde del municipio, y una de las personas que en carne propia vivió el conflicto de más una década entre paramilitares, guerrilla y fuerza pública.
Hace 10 años, transitar por los caminos de herradura de San Francisco no sólo era arriesgarse a correr la misma suerte de Ricardo, sino a ser secuestrado, testigo de alguna matanza, o inclusive reclutado. Hoy, el campo de este tradicional municipio del Oriente antioqueño de nuevo reverdece. En sus aguas cristalinas el turismo vuelve a ser protagonista y por donde antes se veía guerrilla, ahora se aprecian campesinos acompañando sus recuas de mulas cargados con madera o productos agrícolas que sacan a vender al pueblo.
Cocorná, Granada, San Luis y San Francisco constituyeron un corredor del conflicto. Ahora hemos recuperado la confianza y eso lo hemos visto representado en el retornar de la gente, y en el fortalecimiento de la economía” concluye el alcalde.
Veredas desminadas
San Francisco es un municipio que alberga 373 kilómetros cuadrados de territorio, en su mayoría ocupados por la agricultura, la ganadería y los recursos hídricos. Es conocido como “La Ventana Ecológica del Oriente Antioqueño” y tiene 42 veredas, la mayoría de ellas habitadas. Aquí justamente es donde los pelotones de desminado humanitario han realizado su trabajo palmo a palmo durante los últimos 2 años.
Cifras de la Secretaría de Gobierno del municipio indican que al finalizar agosto de 2013 al menos 22 veredas de esta población estén desminadas y 6 tengan pendientes estudios técnicos. El resto, o sea 14 veredas, están deshabitadas o aún tienen alguna sospecha de estas trampas mortales sembradas por los grupos armados ilegales.
Para Néstor Alirio López, gerente de la Cooperativa Pío XII, que es una de las pocas que sobrevivió al conflicto armado de la región;la entidad se la juega por apoyar procesos de retorno, reinserción y de impacto social. El hecho de tener el 90% del municipio desminado, y con la consolidación que está teniendo el tejido social “es muestra de que esto está muy bueno”.
Ricardo termina de lavar la biela de la bicicleta tipo “monareta” que tiene recostada contra una pared de ladrillo sucio. Con sus dos manos se impulsa hasta el ya reconocido “caballito de acero” y en un dos por tres arma el aparato y lo devuelve a su dueño; un muchacho de unos 15 años que le entrega enrollado un viejo billete de 5.000 pesos.
¿Volvería a San Pacho?, le pregunté. Tras unos segundos de silencio saca de un carriel lamoso y desteñido una foto del San Francisco Antiguo, y responde: “Me han dicho que eso por allá está muy bueno. Dizque en 2 años sólo han matado a 3 personas, y eso ya es mucha ganancia. De pronto me animo y me voy arrastrándome hasta Pailania a tirar charco un rato. Jajajaja”.
Foto: Óscar Morales.
"HAN PASADO TRES AÑOS Y NO HA LLAMADO"
Por Juan Carlos Díaz
Integrante HUMANOS
Cali, Colombia
Inclinada en un rincón de la Plazoleta de San Francisco, frente a la iglesia que lleva el mismo nombre, en el centro de Cali, Capital del departamento del Valle del Cauca, al sur de Colombia, usando una camiseta blanca con la foto del rostro de un hombre, debajo de la cual se lee: Julián Andrés Jaramillo Díaz, se encuentra María Natalia Jaramillo, una niña de once años que portando en sus pequeñas manos una biblia cubierta con un forro azul, con la cual trata de ocultarse del ardiente sol que a esa hora cae sobre la ciudad.
María, de rasgos delicados ensombrecidos por la tristeza que refleja su mirada, luce una larga trenza que le llega hasta la cintura, como tratando de adornar la foto que tiene estampada en la camiseta. Ella, junto con varias mujeres, hombres y niños e integrantes de ONG´s, se aglomeran en un pequeño espacio de la Plazoleta adornado por fotos de todos los colores y tamaños, así como mensajes escritos en pendones y cartones, para conmemorar el Día Internacional de la Desaparición Forzada, que todos los 30 de agosto se celebra en el mundo.
María, que ahora se encuentra detrás de una pequeña mesa cubierta por una tela blanca, estampada con huellas de pies de diferentes colores y rodeada de fotos de hombres, mujeres y niñas desaparecidas, espera pacientemente y sola, que se inicie la misa para leer un Salmo.
Frente a María, sobre los muros de la iglesia de San Francisco, se pueden leer en carteles y pedazos de cartón sobre el suelo frases como: ¿Por qué se los llevaron? “Jakeline, tú eres la guía de nuestras vidas. Libérenla Sana y Salva. Tú familia te espera con los brazos abiertos. Te extrañamos”. “Gracias a usted soldado por asesinar a sangre fría a mi hija Katherine Soto Ospina”. “Ayúdenos a encontrar a Sandra Viviana Cuellar”.
Mientras preparan la misa y varias mujeres caminan portando camisetas donde se lee: “La desaparición forzada en Colombia ¡SI EXISTE!, y volantes con sus seres queridos desaparecidos, María Natalia Jaramillo con voz melancólica recuerda lo sucedido a su padre.
“Mi papá cuando tenía 29 años salió a trabajar. Ese día a nosotros no nos tocaba clase y me llamo a mi celular y me dijo que por qué no había ido a estudiar. Yo le dije que no tenía clases. Me dijo que le pasara a mi hermano y se cortó la llamada…”.
María hace una pequeña pausa. Trata de no llorar y respira profundo como intentando deshacer el nudo en su garganta que casi no la deja hablar, en una voz sin aliento a pesar de su juventud sigue su relato: “…entonces no volvió a llamar. Han pasado tres años y no ha vuelto a llamar. Esa fue la última vez que hable con él”.
María, que no aparta sus ojos de la biblia, recuerda que cuando su padre desapareció a finales de mayo de 2010, tenía nueve años y estaba estudiando segundo de primaria. A hora ya está en quinto.
A medida que va oreando sus recuerdos, el pasado llega implacable en una galería de imágenes nostálgica de esos días ya lejanos. María, se aferra a la biblia para contener el llanto al hablar de los momentos que su padre se ha perdido por no estar a su lado. Y repite una a una las frases cariñosas que Julián Andrés Jaramillo le decía a ella y a su hermanito Julián Felipe Jaramillo, próximo a cumplir siete años, frases que retumban en su ser como si fuera un eco acrecentado su tristeza.
“Durante estos tres años mi papá se ha perdido de muchas cosas. La última celebración en que estuvo fue el bautizo de mi hermano. Mi papá se ha perdido de cuatro cumpleaños, de mi primera comunión, también se ha perdido de los cumpleaños de mi hermano, las notas de mi colegio y de mis diplomas. Nos decía “cachorros” cuando nos abrazaba a mi hermano y a mí. Nos decía que nos quería a todos y nosotros les decíamos que también”.
La ausencia forzada de su padre, hace más de tres años, ha hecho de María una niña adulta, que ahora piensa que nadie siente lo que ella y su familia están viviendo.
“Pues no se puede decir nada porque la familia es la única que sentimos. Los demás no sienten nada. A veces dicen que se ponen en el lugar de nosotros, pero no se siente igual”.
María, que quiere ser doctora cuando sea grande, le pide a las personas que sepan del paradero de su padre, que hagan algo para avisarle dónde está.
“Lo extrañamos todos. Donde quiera que este, si nos escucha, que lo queremos mucho. Que vuelva. Las personas que sepan de él, que, por favor nos llamen o que hagan algo para podernos avisar de él”.
La entrevista debe terminar porque la campanilla que anuncia el inicio de la misa suena. María debe repasar las líneas del salmo que debe leer dentro de pocos minutos. Una mujer con un megáfono y vestida con prendas sacerdotales empieza el rito litúrgico con esta frase: “Que esta eucaristía no sea una rezadera más…
Por Juan Carlos Díaz
Integrante HUMANOS
Cali, Colombia
Inclinada en un rincón de la Plazoleta de San Francisco, frente a la iglesia que lleva el mismo nombre, en el centro de Cali, Capital del departamento del Valle del Cauca, al sur de Colombia, usando una camiseta blanca con la foto del rostro de un hombre, debajo de la cual se lee: Julián Andrés Jaramillo Díaz, se encuentra María Natalia Jaramillo, una niña de once años que portando en sus pequeñas manos una biblia cubierta con un forro azul, con la cual trata de ocultarse del ardiente sol que a esa hora cae sobre la ciudad.
María, de rasgos delicados ensombrecidos por la tristeza que refleja su mirada, luce una larga trenza que le llega hasta la cintura, como tratando de adornar la foto que tiene estampada en la camiseta. Ella, junto con varias mujeres, hombres y niños e integrantes de ONG´s, se aglomeran en un pequeño espacio de la Plazoleta adornado por fotos de todos los colores y tamaños, así como mensajes escritos en pendones y cartones, para conmemorar el Día Internacional de la Desaparición Forzada, que todos los 30 de agosto se celebra en el mundo.
María, que ahora se encuentra detrás de una pequeña mesa cubierta por una tela blanca, estampada con huellas de pies de diferentes colores y rodeada de fotos de hombres, mujeres y niñas desaparecidas, espera pacientemente y sola, que se inicie la misa para leer un Salmo.
Frente a María, sobre los muros de la iglesia de San Francisco, se pueden leer en carteles y pedazos de cartón sobre el suelo frases como: ¿Por qué se los llevaron? “Jakeline, tú eres la guía de nuestras vidas. Libérenla Sana y Salva. Tú familia te espera con los brazos abiertos. Te extrañamos”. “Gracias a usted soldado por asesinar a sangre fría a mi hija Katherine Soto Ospina”. “Ayúdenos a encontrar a Sandra Viviana Cuellar”.
Mientras preparan la misa y varias mujeres caminan portando camisetas donde se lee: “La desaparición forzada en Colombia ¡SI EXISTE!, y volantes con sus seres queridos desaparecidos, María Natalia Jaramillo con voz melancólica recuerda lo sucedido a su padre.
“Mi papá cuando tenía 29 años salió a trabajar. Ese día a nosotros no nos tocaba clase y me llamo a mi celular y me dijo que por qué no había ido a estudiar. Yo le dije que no tenía clases. Me dijo que le pasara a mi hermano y se cortó la llamada…”.
María hace una pequeña pausa. Trata de no llorar y respira profundo como intentando deshacer el nudo en su garganta que casi no la deja hablar, en una voz sin aliento a pesar de su juventud sigue su relato: “…entonces no volvió a llamar. Han pasado tres años y no ha vuelto a llamar. Esa fue la última vez que hable con él”.
María, que no aparta sus ojos de la biblia, recuerda que cuando su padre desapareció a finales de mayo de 2010, tenía nueve años y estaba estudiando segundo de primaria. A hora ya está en quinto.
A medida que va oreando sus recuerdos, el pasado llega implacable en una galería de imágenes nostálgica de esos días ya lejanos. María, se aferra a la biblia para contener el llanto al hablar de los momentos que su padre se ha perdido por no estar a su lado. Y repite una a una las frases cariñosas que Julián Andrés Jaramillo le decía a ella y a su hermanito Julián Felipe Jaramillo, próximo a cumplir siete años, frases que retumban en su ser como si fuera un eco acrecentado su tristeza.
“Durante estos tres años mi papá se ha perdido de muchas cosas. La última celebración en que estuvo fue el bautizo de mi hermano. Mi papá se ha perdido de cuatro cumpleaños, de mi primera comunión, también se ha perdido de los cumpleaños de mi hermano, las notas de mi colegio y de mis diplomas. Nos decía “cachorros” cuando nos abrazaba a mi hermano y a mí. Nos decía que nos quería a todos y nosotros les decíamos que también”.
La ausencia forzada de su padre, hace más de tres años, ha hecho de María una niña adulta, que ahora piensa que nadie siente lo que ella y su familia están viviendo.
“Pues no se puede decir nada porque la familia es la única que sentimos. Los demás no sienten nada. A veces dicen que se ponen en el lugar de nosotros, pero no se siente igual”.
María, que quiere ser doctora cuando sea grande, le pide a las personas que sepan del paradero de su padre, que hagan algo para avisarle dónde está.
“Lo extrañamos todos. Donde quiera que este, si nos escucha, que lo queremos mucho. Que vuelva. Las personas que sepan de él, que, por favor nos llamen o que hagan algo para podernos avisar de él”.
La entrevista debe terminar porque la campanilla que anuncia el inicio de la misa suena. María debe repasar las líneas del salmo que debe leer dentro de pocos minutos. Una mujer con un megáfono y vestida con prendas sacerdotales empieza el rito litúrgico con esta frase: “Que esta eucaristía no sea una rezadera más…
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“LA GUERRA NO ES UNA OPCIÓN. ES LA PAZ LA QUE TRAE INVERSIÓN, ALEGRÍA Y CRECIMIENTO.”: JESSE JACKSON, ACTIVISTA DE DERECHOS HUMANOS
Al cierre de la tercera cumbre Mundial de Alcaldes y Mandatarios Afrodescendientes, en Cartagena, Colombia, el Reverendo Jesse Jackson pronunció un sentido y emotivo discurso acerca de la transformación de la lucha por la libertad, a la que hoy día se libra por la inclusión y la igualdad de condiciones sociales y económicas. Estos son algunos apartes de las reflexiones más significativas del discurso del reverendo. Respecto al proceso de paz que se lleva a cabo en Colombia Jesse Jackson aseguró:
“Debe haber un plan más allá de la libertad para la inclusión de los afro colombianos, un remedio efectivo es lo que llamamos una acción afirmativa para las mujeres y personas Afro. Tal vez necesitamos una comisión para la Verdad y la Reconciliación en Colombia, tal como lo hicieron en Sudáfrica. Es importante escuchar las historias de las víctimas y establecer un entorno específico para la educación, el desarrollo económico y la sanación de este pueblo. Tal vez los Colombianos necesitan una Comisión de Derechos Civiles, como la tuvimos en los EE.UU. ,para generar un informe anual sobre la situación de los afro colombianos , y hacer recomendaciones para la plena inclusión de los afro en la vida social , económica y política del país .”
“Invito enérgicamente al gobierno y a las Farc a que sigan tratando conciliar un camino hacia la paz y la reconciliación, a través de negociaciones no violentas que finalicen la confrontación militar. Las negociaciones son tediosas y en ocasiones agotadoras. Pero la guerra no es una opción. Es la paz la que trae inversión, alegría y crecimiento.”, agregó el reverendo.
“Hay que acabar con el flujo de la pena y el dolor, y sustituirla por la esperanza y la sanación. Hay que tomar grandes decisiones. Debemos transformarnos en personas forjadoras de paz, no solamente en conservadores de la paz. El status quo es demasiado desequilibrado, por eso tenemos que construir justicia, porque cuando no hay justicia, no hay paz. La guerra es negociable, la paz no.”
“Sueñen con una Colombia Unida. Sueña el día en que el león y el cordero yazcan juntos. Aparentemente el león y el cordero son dos extremos opuestos que nunca podrán reconciliarse. ¿Qué es lo que los leones y los corderos tienen en común? No importa qué tan feroz es el león ni qué tan manso es el cordero ninguno de los dos quiere que la lluvia ácida le caiga en la espalda, tampoco quieren beber agua envenenada, ambos quieren respirar en libertad.”
Al cierre de la tercera cumbre Mundial de Alcaldes y Mandatarios Afrodescendientes, en Cartagena, Colombia, el Reverendo Jesse Jackson pronunció un sentido y emotivo discurso acerca de la transformación de la lucha por la libertad, a la que hoy día se libra por la inclusión y la igualdad de condiciones sociales y económicas. Estos son algunos apartes de las reflexiones más significativas del discurso del reverendo. Respecto al proceso de paz que se lleva a cabo en Colombia Jesse Jackson aseguró:
“Debe haber un plan más allá de la libertad para la inclusión de los afro colombianos, un remedio efectivo es lo que llamamos una acción afirmativa para las mujeres y personas Afro. Tal vez necesitamos una comisión para la Verdad y la Reconciliación en Colombia, tal como lo hicieron en Sudáfrica. Es importante escuchar las historias de las víctimas y establecer un entorno específico para la educación, el desarrollo económico y la sanación de este pueblo. Tal vez los Colombianos necesitan una Comisión de Derechos Civiles, como la tuvimos en los EE.UU. ,para generar un informe anual sobre la situación de los afro colombianos , y hacer recomendaciones para la plena inclusión de los afro en la vida social , económica y política del país .”
“Invito enérgicamente al gobierno y a las Farc a que sigan tratando conciliar un camino hacia la paz y la reconciliación, a través de negociaciones no violentas que finalicen la confrontación militar. Las negociaciones son tediosas y en ocasiones agotadoras. Pero la guerra no es una opción. Es la paz la que trae inversión, alegría y crecimiento.”, agregó el reverendo.
“Hay que acabar con el flujo de la pena y el dolor, y sustituirla por la esperanza y la sanación. Hay que tomar grandes decisiones. Debemos transformarnos en personas forjadoras de paz, no solamente en conservadores de la paz. El status quo es demasiado desequilibrado, por eso tenemos que construir justicia, porque cuando no hay justicia, no hay paz. La guerra es negociable, la paz no.”
“Sueñen con una Colombia Unida. Sueña el día en que el león y el cordero yazcan juntos. Aparentemente el león y el cordero son dos extremos opuestos que nunca podrán reconciliarse. ¿Qué es lo que los leones y los corderos tienen en común? No importa qué tan feroz es el león ni qué tan manso es el cordero ninguno de los dos quiere que la lluvia ácida le caiga en la espalda, tampoco quieren beber agua envenenada, ambos quieren respirar en libertad.”
LAS VOCES DE LAS MUJERES EN SAN AGUSTÍN
Por Héctor Gazabón Sánchez
Integrante HUMANOS
Red de Comunicadores Populares de los Montes de María
San Juan Nepomuceno. “Los Montes de María, siguen silenciados por el miedo”. Esta fue la primera impresión que me lleve al llegar a San Agustín, un corregimiento del municipio de San Juan Nepomuceno que dista de este a una hora y treinta minutos, recorriendo un vía carreteable en medianas condiciones.
Este pequeño pueblo a orillas del Río Magdalena, subregión del caribe colombiano, es como casi todas las poblaciones de los Montes de María, uno de los que ha padecido toda la serie de cambios sociales, políticos y económicos que trajo consigo el proceso del conflicto armado en la región.
Los habitantes de este pueblo, además de ser víctimas de desplazamiento forzado y desapariciones, también fue estigmatizada como simpatizantes de grupos armados al margen de la ley.
Es así, como en medio de este conflicto, ha sido muy importante el papel que han jugado las mujeres sobrevivientes en los Montes de María (conocidos también como Serranía de San Jacinto) y en San Agustín. Ellas, sin duda, representan un alto porcentaje de las víctimas, las cuales, desde sus propias capacidades quieren reconstruir el tejido social de sus coterráneos.
Muchas de estas mujeres son viudas, cabeza de familia, que luchan día a día por conseguir el sustento para sus hijos.
“Soy Jefa de hogar”: Sixta Cerpa
“La violencia llego a San Agustín por allá en 1988, y de allí para acá, hasta hace poco fue solo violencia, violencia y más violencia y vivíamos muy asustados…” Esto lo dice la señora Sixta Cerpa, hija de un sanjuanero con una tenerifeña y quien desde muy niña se radico en San Agustín.
Sixta es madre de hogar, tiene a su cargo 4 hijos y 2 nietos.
“Anteriormente vivíamos muy serenos, íbamos a la parcela tranquilamente, comíamos bien y no andábamos con sobresaltos. Apenas llego la violencia no dormíamos bien, nos tocaba dormir todas las noches en diferentes sitios, en casa de familiares y vecinos porque andábamos muy asustados”.
A Sixta la violencia le destruyo su hogar; su esposo quedo afectado emocionalmente y ahora ella es la cabeza de la familia pues tiene que conseguir para el sustento de sus hijos y su esposo.
“La violencia me toco fuerte, ha sido muy difícil salir de ese trauma y sicológicamente no me siento en condiciones de enfrentarme al mundo, así libremente, porque he quedado afectada de eso”.
A Sixta, aparte de tener a su esposo enfermo, la violencia también le ha dejado otros malos recuerdos como el de que una vez los actores armados al margen de la ley intentaron violar a su hija mayor.
“Mi esposo esta así porque ya lo tenían encañonado para fusilarlo y yo me enfrente a esa gente, ellos me agredieron y me tiraron al piso; yo me puse de pie y les decía que porque me lo iban a fusilar y ellos me respondían que el asunto no era conmigo. Yo pedí auxilio y al ver esto ellos intentaron violar a mi niña de 14 años. También la violencia se llevo a mi sobrino; esa gente lo recluto obligatoriamente, lo que sé es que él se voló de ese grupo y hasta el momento no sé nada más de mi sobrino”.
Así como Sixta, muchas aprendieron a vivir en medio del silencio. Resistió callada y a veces mostró indiferencia; se ha tragado ese dolor para poder sonreír. Hasta hace poco se ha atrevido a hablar; además de soportar la tragedia, cargar el dolor, le ha tocado hacer las veces de líder, pues ella piensa que la violencia le ha dejado varias enseñanzas.
“La enseñanza que me ha dejado la violencia a mi es que nosotras las mujeres no nos tenemos que dejarnos maltratar, humillar ni comprar por nadie, sino seguir adelante; hacer un alto y decir: nosotras las mujeres podemos progresar sin menester de que ejerzan violencia contra nosotras”.
Ser líder también es una de sus cualidades. “Soy líder de la comunidad de San Agustín, me gusta apoyar a los ancianos, a los niños; cuando alguien se mete con los ancianos allí estoy yo para defenderlos o cuando alguien quiere maltratar a un niño también lo defiendo, porque no me gusta la violencia; no quiero que venga más nada de violencia de la que ya tuvimos”.
Muchas mujeres piensan que Sixta ha cumplido bien su desempeño como líder y comentan que “la vamos a seguir apoyando, ella es quien nos saca adelante a nosotras”.
Mayerlis Buelvas Álvarez: “Era muy niña cuando llego el conflicto”
Mayerlis es una joven de 20 años nacida en el corregimiento de San Agustín que sufrió el desplazamiento por la violencia desde muy niña.
“Cuando niña viví mucho el conflicto, nos tuvimos que desplazar de aquí porque a mi mamá le dieron ataques de nervios a raíz de la pérdida de uno de mis hermanos menores y ella no lo soporto, tuvimos que sacarla para Cartagena junto con un sobrino que ella estaba criando. Allá nos pusieron a estudiar y demoramos 6 años por fuera del pueblo, mi papá nunca se quiso ir”.
El no saber nada de su hermano le dejo una herida muy grande, son más de 13 años de su desaparición, sin saber si está vivo o muerto. Su mamá está resignada pero el recuerdo que le queda es que su hijo dejo una niña de 6 meses al momento de su desaparición y hoy cuenta con 13 años de edad.
Para Mayerlis la violencia le dejo una marca muy grande, perder a su hermano así: "todavía guardamos la esperanza de que algún día aparezca, todo eso se lo dejamos a Dios”.
Mayerlis a pesar de su juventud ya ha conformado un hogar y tiene un hijo de 3 años, volvió porque su mamá quería regresar con su esposo pues en San Agustín tenían sus tierras, su ganado.
“Mi papá no sabe vivir en la ciudad, el está acostumbrado a su pueblo y el aguanto aquí el conflicto, todo eso lo aguanto aquí solo, entonces mi mamá por no dejarlo solo a él, nos devolvimos para acá”.
Pero a pesar de todas las vicisitudes por las que ha pasado Mayerlis, tiene ganas de superarse y quiere seguir el ejemplo de otras jóvenes que ya lo han hecho: “Aquí hay muchas muchachas que han salido adelante, muchas que han salido a estudiar a las universidades; pero hay muchas que no, como yo que nos quedamos aquí y somos amas de casa. Yo anhelo terminar mi bachillerato, ya lo que me faltan son 3 años, estoy esperando que abran la nocturna y ya me inscribí para hacer el 9° grado, mi mamá también se inscribió porque quiere terminarlo pues ella también hizo solo hasta 9°”.
Los sueños de Mayerlis es que San Agustín “sea un pueblo prospero para que los niños tengan oportunidades, para que no se queden como muchas personas que por falta de recursos no han tenido como salir adelante; que los jóvenes tengan sus espacios y no caigan en los vicios”.
Así como Mayerlis, muchos jóvenes en los Montes de María vieron como su niñez fue arrebatada por el conflicto armado, pero también como el presente y el futuro les brindan muchas oportunidades para cumplir sus sueños.
“Yo lo que quiero es que me hagan justicia”
Ángela María Estrada Ortega es una mujer entrada en los 50 años; “nacida y criada en San Agustín” como ella misma lo dice. Su infancia y adolescencia la vivió al lado de sus padres en un ambiente sano. Se caso joven con José Antonio Tapia, un hombre trabajador y honesto con el cual convivio hasta que llego la violencia de los paramilitares.
“Mi compañero tuvo la mala suerte de caer en manos de los grupos de Autodefensas cuando llegaron aquí en el 2004 y todavía hasta la presente no he tenido noticias de él. Mi compañero fue desaparecido y de ese hogar quedaron 5 hijos: me quedo una niña de 6 meses, una de 3 años, otro de 11, una que iba a tener 15 y la mayor que era mayor de edad, tenía 18 años”.
Ángela tuvo que ver con dolor la destrucción de su familia y de su comunidad, pues otros hogares también pasaron por lo mismo, y se vio obligada a ver la muerte de manera violenta sin la libertad de llorar y enterrar a los suyos como es su costumbre. También le toco desplazarse fuera de su pueblo a una ciudad que la recibió con otro tipo de problemas.
“Yo me fui para Barranquilla por 3 meses, allá vi que no podía sobrevivir con los hijos míos porque estaban muy pequeños y tuve otra vez que regresar; aquí me he quedado esperando para ver…”.
Muchos informes sobre violencia contra la mujer han demostrado las graves dificultades que tienen las mujeres para ver garantizado su derecho a la justicia, y esto lo reafirma Ángela: “Yo lo que quiero para mí es que me hagan justicia, que venga la Fiscalía, me entreguen mi compañero para yo darle santa sepultura porque él también se lo merece, eso es lo que yo pido”.
Ángela concluye advirtiendo como el Estado, a través de sus instituciones, no ha podido beneficiarla con todos sus programas para víctimas: “en verdad yo no he recibido ninguna ayuda aquí en el pueblo. Yo he sobrevivido de mi trabajo, tengo un negocito de vender cerveza y poner música, de ahí recojo para el sustento de los hijos míos. Teníamos una parcela y todo eso se perdió en el monte.”
Reconciliación desde y con las mujeres
El terror generado por la confrontación armada y, particularmente, por las acciones paramilitares, llevó a la región de los Montes de María a convertirse en una de las zonas del país con mayor número de víctimas.
En San Agustín muchas mujeres víctimas del conflicto aún piden justicia para que pueda existir una verdadera construcción de paz y reconciliación, reconstrucción del tejido social, convivencia y generación de confianza social y en algunos casos la exigibilidad de derechos.
En Montes de María encontramos valiosas experiencias de organizaciones de mujeres cuyo objetivo es la construcción de paz y reconciliación, exigibilidad de derechos, entre otros, que utilizan diversas estrategias teniendo en cuenta el contexto local en el cual se desarrollan. Pero aún falta mucho camino por recorrer, el proceso no está consolidado pero hay indicios de organización. Se necesitan argumentos para vencer el miedo; incluso la necesidad de que las mujeres víctimas del conflicto se organicen y denuncien está enfrentada al terror que todavía provocan los actores armados al margen de la ley. Esta es la gran encrucijada.
Por Héctor Gazabón Sánchez
Integrante HUMANOS
Red de Comunicadores Populares de los Montes de María
San Juan Nepomuceno. “Los Montes de María, siguen silenciados por el miedo”. Esta fue la primera impresión que me lleve al llegar a San Agustín, un corregimiento del municipio de San Juan Nepomuceno que dista de este a una hora y treinta minutos, recorriendo un vía carreteable en medianas condiciones.
Este pequeño pueblo a orillas del Río Magdalena, subregión del caribe colombiano, es como casi todas las poblaciones de los Montes de María, uno de los que ha padecido toda la serie de cambios sociales, políticos y económicos que trajo consigo el proceso del conflicto armado en la región.
Los habitantes de este pueblo, además de ser víctimas de desplazamiento forzado y desapariciones, también fue estigmatizada como simpatizantes de grupos armados al margen de la ley.
Es así, como en medio de este conflicto, ha sido muy importante el papel que han jugado las mujeres sobrevivientes en los Montes de María (conocidos también como Serranía de San Jacinto) y en San Agustín. Ellas, sin duda, representan un alto porcentaje de las víctimas, las cuales, desde sus propias capacidades quieren reconstruir el tejido social de sus coterráneos.
Muchas de estas mujeres son viudas, cabeza de familia, que luchan día a día por conseguir el sustento para sus hijos.
“Soy Jefa de hogar”: Sixta Cerpa
“La violencia llego a San Agustín por allá en 1988, y de allí para acá, hasta hace poco fue solo violencia, violencia y más violencia y vivíamos muy asustados…” Esto lo dice la señora Sixta Cerpa, hija de un sanjuanero con una tenerifeña y quien desde muy niña se radico en San Agustín.
Sixta es madre de hogar, tiene a su cargo 4 hijos y 2 nietos.
“Anteriormente vivíamos muy serenos, íbamos a la parcela tranquilamente, comíamos bien y no andábamos con sobresaltos. Apenas llego la violencia no dormíamos bien, nos tocaba dormir todas las noches en diferentes sitios, en casa de familiares y vecinos porque andábamos muy asustados”.
A Sixta la violencia le destruyo su hogar; su esposo quedo afectado emocionalmente y ahora ella es la cabeza de la familia pues tiene que conseguir para el sustento de sus hijos y su esposo.
“La violencia me toco fuerte, ha sido muy difícil salir de ese trauma y sicológicamente no me siento en condiciones de enfrentarme al mundo, así libremente, porque he quedado afectada de eso”.
A Sixta, aparte de tener a su esposo enfermo, la violencia también le ha dejado otros malos recuerdos como el de que una vez los actores armados al margen de la ley intentaron violar a su hija mayor.
“Mi esposo esta así porque ya lo tenían encañonado para fusilarlo y yo me enfrente a esa gente, ellos me agredieron y me tiraron al piso; yo me puse de pie y les decía que porque me lo iban a fusilar y ellos me respondían que el asunto no era conmigo. Yo pedí auxilio y al ver esto ellos intentaron violar a mi niña de 14 años. También la violencia se llevo a mi sobrino; esa gente lo recluto obligatoriamente, lo que sé es que él se voló de ese grupo y hasta el momento no sé nada más de mi sobrino”.
Así como Sixta, muchas aprendieron a vivir en medio del silencio. Resistió callada y a veces mostró indiferencia; se ha tragado ese dolor para poder sonreír. Hasta hace poco se ha atrevido a hablar; además de soportar la tragedia, cargar el dolor, le ha tocado hacer las veces de líder, pues ella piensa que la violencia le ha dejado varias enseñanzas.
“La enseñanza que me ha dejado la violencia a mi es que nosotras las mujeres no nos tenemos que dejarnos maltratar, humillar ni comprar por nadie, sino seguir adelante; hacer un alto y decir: nosotras las mujeres podemos progresar sin menester de que ejerzan violencia contra nosotras”.
Ser líder también es una de sus cualidades. “Soy líder de la comunidad de San Agustín, me gusta apoyar a los ancianos, a los niños; cuando alguien se mete con los ancianos allí estoy yo para defenderlos o cuando alguien quiere maltratar a un niño también lo defiendo, porque no me gusta la violencia; no quiero que venga más nada de violencia de la que ya tuvimos”.
Muchas mujeres piensan que Sixta ha cumplido bien su desempeño como líder y comentan que “la vamos a seguir apoyando, ella es quien nos saca adelante a nosotras”.
Mayerlis Buelvas Álvarez: “Era muy niña cuando llego el conflicto”
Mayerlis es una joven de 20 años nacida en el corregimiento de San Agustín que sufrió el desplazamiento por la violencia desde muy niña.
“Cuando niña viví mucho el conflicto, nos tuvimos que desplazar de aquí porque a mi mamá le dieron ataques de nervios a raíz de la pérdida de uno de mis hermanos menores y ella no lo soporto, tuvimos que sacarla para Cartagena junto con un sobrino que ella estaba criando. Allá nos pusieron a estudiar y demoramos 6 años por fuera del pueblo, mi papá nunca se quiso ir”.
El no saber nada de su hermano le dejo una herida muy grande, son más de 13 años de su desaparición, sin saber si está vivo o muerto. Su mamá está resignada pero el recuerdo que le queda es que su hijo dejo una niña de 6 meses al momento de su desaparición y hoy cuenta con 13 años de edad.
Para Mayerlis la violencia le dejo una marca muy grande, perder a su hermano así: "todavía guardamos la esperanza de que algún día aparezca, todo eso se lo dejamos a Dios”.
Mayerlis a pesar de su juventud ya ha conformado un hogar y tiene un hijo de 3 años, volvió porque su mamá quería regresar con su esposo pues en San Agustín tenían sus tierras, su ganado.
“Mi papá no sabe vivir en la ciudad, el está acostumbrado a su pueblo y el aguanto aquí el conflicto, todo eso lo aguanto aquí solo, entonces mi mamá por no dejarlo solo a él, nos devolvimos para acá”.
Pero a pesar de todas las vicisitudes por las que ha pasado Mayerlis, tiene ganas de superarse y quiere seguir el ejemplo de otras jóvenes que ya lo han hecho: “Aquí hay muchas muchachas que han salido adelante, muchas que han salido a estudiar a las universidades; pero hay muchas que no, como yo que nos quedamos aquí y somos amas de casa. Yo anhelo terminar mi bachillerato, ya lo que me faltan son 3 años, estoy esperando que abran la nocturna y ya me inscribí para hacer el 9° grado, mi mamá también se inscribió porque quiere terminarlo pues ella también hizo solo hasta 9°”.
Los sueños de Mayerlis es que San Agustín “sea un pueblo prospero para que los niños tengan oportunidades, para que no se queden como muchas personas que por falta de recursos no han tenido como salir adelante; que los jóvenes tengan sus espacios y no caigan en los vicios”.
Así como Mayerlis, muchos jóvenes en los Montes de María vieron como su niñez fue arrebatada por el conflicto armado, pero también como el presente y el futuro les brindan muchas oportunidades para cumplir sus sueños.
“Yo lo que quiero es que me hagan justicia”
Ángela María Estrada Ortega es una mujer entrada en los 50 años; “nacida y criada en San Agustín” como ella misma lo dice. Su infancia y adolescencia la vivió al lado de sus padres en un ambiente sano. Se caso joven con José Antonio Tapia, un hombre trabajador y honesto con el cual convivio hasta que llego la violencia de los paramilitares.
“Mi compañero tuvo la mala suerte de caer en manos de los grupos de Autodefensas cuando llegaron aquí en el 2004 y todavía hasta la presente no he tenido noticias de él. Mi compañero fue desaparecido y de ese hogar quedaron 5 hijos: me quedo una niña de 6 meses, una de 3 años, otro de 11, una que iba a tener 15 y la mayor que era mayor de edad, tenía 18 años”.
Ángela tuvo que ver con dolor la destrucción de su familia y de su comunidad, pues otros hogares también pasaron por lo mismo, y se vio obligada a ver la muerte de manera violenta sin la libertad de llorar y enterrar a los suyos como es su costumbre. También le toco desplazarse fuera de su pueblo a una ciudad que la recibió con otro tipo de problemas.
“Yo me fui para Barranquilla por 3 meses, allá vi que no podía sobrevivir con los hijos míos porque estaban muy pequeños y tuve otra vez que regresar; aquí me he quedado esperando para ver…”.
Muchos informes sobre violencia contra la mujer han demostrado las graves dificultades que tienen las mujeres para ver garantizado su derecho a la justicia, y esto lo reafirma Ángela: “Yo lo que quiero para mí es que me hagan justicia, que venga la Fiscalía, me entreguen mi compañero para yo darle santa sepultura porque él también se lo merece, eso es lo que yo pido”.
Ángela concluye advirtiendo como el Estado, a través de sus instituciones, no ha podido beneficiarla con todos sus programas para víctimas: “en verdad yo no he recibido ninguna ayuda aquí en el pueblo. Yo he sobrevivido de mi trabajo, tengo un negocito de vender cerveza y poner música, de ahí recojo para el sustento de los hijos míos. Teníamos una parcela y todo eso se perdió en el monte.”
Reconciliación desde y con las mujeres
El terror generado por la confrontación armada y, particularmente, por las acciones paramilitares, llevó a la región de los Montes de María a convertirse en una de las zonas del país con mayor número de víctimas.
En San Agustín muchas mujeres víctimas del conflicto aún piden justicia para que pueda existir una verdadera construcción de paz y reconciliación, reconstrucción del tejido social, convivencia y generación de confianza social y en algunos casos la exigibilidad de derechos.
En Montes de María encontramos valiosas experiencias de organizaciones de mujeres cuyo objetivo es la construcción de paz y reconciliación, exigibilidad de derechos, entre otros, que utilizan diversas estrategias teniendo en cuenta el contexto local en el cual se desarrollan. Pero aún falta mucho camino por recorrer, el proceso no está consolidado pero hay indicios de organización. Se necesitan argumentos para vencer el miedo; incluso la necesidad de que las mujeres víctimas del conflicto se organicen y denuncien está enfrentada al terror que todavía provocan los actores armados al margen de la ley. Esta es la gran encrucijada.
Sixta Cerpa
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Sixta Cerpa
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Ángela María Estrada
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Ángela María Estrada
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Ángela María Estrada
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GRANDES RETOS PROCESO PAZ EN COLOMBIA
DESARROLLO RURAL Y REPARACIÓN DE VÍCTIMAS
Por Edilma Prada Céspedes
Integrande HUMANOS
Departamento del Cauca, Colombia
Hacerle frente a los altos índices de pobreza, aumentar la inversión en el agro, y reparar a las víctimas del conflicto armado, son los principales retos del proceso de paz que adelanta el Gobierno Colombiano con la guerrilla de las FARC. Luego de un año de negociaciones tan sólo hay acuerdos concretos en un solo punto.
Al cumplirse el primer año de la firma del “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, víctimas, analistas y representantes de la sociedad civil coinciden que el Proceso de Paz debe garantizar, en primera medida un reconocimiento y reparación integral de quienes sufrieron los horrores de más de 50 años de violencia, y en segundo lugar: el mejoramiento de las condiciones del sector campesino, el mismo, que en las últimas semanas ha reclamado atención a su problemática y más inversión en programas que fortalezcan el agro.
“El compromiso para la paz se demuestra a través de una disponibilidad de dar la cara y escuchar a las y los que más han sufrido y que continúan sufriendo por la ausencia de paz, y quiero aclarar que esta demanda no viene del Gobierno, viene de las víctimas”, dijo Fabrizio Hochschild, coordinador residente y humanitario de la ONU y representante del PNUD en el acto de entrega de las propuestas ciudadanas de las mesas de trabajo regionales para contribuir al fin del conflicto, realizado el pasado 27 de agosto en la ciudad de Bogotá.
Llamado que las propias víctimas realizan; ellas esperan ser escuchadas y atendidas, pero sobre todo que sus preguntas sean respondidas por los propios victimarios; en este caso las FARC. Y una vez se enfrenten a esas versiones, vendrá lo que consideran el paso más duro: “el de quitarnos el estigma de víctimas y volvernos parte activa de la sociedad civil, volvernos útiles para la sociedad”, dijo Luis Fernando Ocampo, víctima del desplazamiento forzado.
Los indígenas, también han solicitado ser escuchados en la mesa de diálogo. Señalan que los puntos que se discuten en La Habana, Cuba, no deben ser tratados únicamente entre el Gobierno Nacional y las FARC; argumentan que allí también deben hacer presencia campesinos, indígenas y afrocolombianos, pero sobre todo quienes tuvieron que desplazarse a las ciudades, abandonando sus tierras obligados por la guerra, aquellos a quienes el conflicto, los ha tocado de cerca.
"Lo que si hemos dicho es que habrán temas que le corresponden al movimiento indígena, el que tiene que ver con territorio. Esa no es tarea de la discusión allá entre Gobierno y guerrilla, porque nuestras políticas son diferentes, y nuestra lucha ya tiene un marco jurídico y político", manifestó en su momento, Jesús Chaves, ex consejero Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC.
Mientras las víctimas, piden ser escuchadas, en Cuba los negociadores han puesto sobre la mesa diversos temas que han generado altibajos en los diferentes ciclos de las conversaciones -13 en total a la fecha-. Entre ellos, la participación política de las FARC; un referendo por la paz propuesto por el presidente, Juan Manuel Santos; la negación de las FARC como un grupo dedicado al narcotráfico; los ataques de la guerrilla contra la población civil y la Fuerza Pública, entre otros.
El acuerdo agrario
El único acuerdo concreto que se ha realizado en el primer año de diálogo se logró el pasado 26 de mayo. Ahí las partes establecieron avances sobre el primer punto de la agenda denominado: “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”, donde concertaron lograr acuerdos sobre los siguientes temas:
• Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva.
• Programas de desarrollo con enfoque territorial.
• Infraestructura y adecuación de tierras.
• Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza.
• Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Créditos. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral.
• Políticas alimentarias y nutricionales.
Alejandro Reyes Posada, asesor del Gobierno Colombiano en políticas agrarias y asesor de la delegación colombiana que negoció mencionado acuerdo en La Habana, dijo que éste permitirá “transformar el campo colombiano, a favor de los campesinos con mayor justicia social, con mejor distribución de la tierra, con derecho al desarrollo rural”.
Reyes, de igual manera señaló que luego de la firma de la paz, el país deberá estar preparado para solucionar un sinnúmero de conflictos sociales. “El principal de los conflictos es la brecha de bienestar y de desarrollo que existe entre el campo y las ciudades. El campo colombiano está muy atrasado, las sociedades rurales no tienen sus necesidades atendidas, no tienen acceso a la tierra, no tienen bienes públicos, educación, salud, infraestructura, es necesario hacer una enorme transformación del campo colombiano, para acercar un desarrollo, al desarrollo que se ha logrado adelantar en las ciudades”, dijo.
Finalmente, el asesor puntualizó que el papel de la sociedad civil y de las organizaciones sociales de base, será el de proponer cambios desde lo local.
“El poder completo comienza a trasladarse hacia las organizaciones de base, y hacia los territorios y las regiones, todo el poder nacional tiene que comenzar a construirse de abajo hacia arriba, desde las regiones, desde sus territorios y desde las organizaciones locales de la sociedad civil”, concluyó Alejandro Reyes.
La reconciliación otro factor determinante para lograr la paz
Miguel Ángel Balcárcel, experto en resolución de conflictos, cultura de paz y democracia, y quien acompañó los procesos de posconflicto en el país de Guatemala, afirmó que un punto importante que se debería considerarse en el caso colombiano es la reconciliación, un factor que según él, aportaría al proceso de paz, pero principalmente para las víctimas.
Como aprendizaje del caso guatemalteco, Balcárcel, señaló que aún en su país hay heridas por sanar del conflicto armado interno que se vivió entre 1960 y 1996, y ello se debe a que los acuerdos de terminación del conflicto no se enfatizaron en la reconciliación, sino en la dejación de las armas.
“La pregunta que uno se formula es sobre la víctimas, ¿quiénes son las víctimas?, ¿en dónde están las víctimas?, ¿cuál es el origen de esas víctimas?, ¿dónde habitan esas víctimas?, y lo que allá (Guatemala) se encontró es que eso pasaba por una concepción del territorio, y entonces resultaba que combatientes de uno y otro lado se encontraban finalmente en una comunidad concreta de donde eran originarios y que tenían que retornar después del enfrentamiento a un espacio físico, que le era común, habiendo sido fuerzas distintas; ahí yo creo que fue lo que nos falló, porque la variable desde mi perspectiva, no consideraba suficientemente profundo donde la sociedad no hizo verdaderamente el esfuerzo, como fue la variable de reconciliación, y se pensó que simplemente lo operativo podía ser la respuesta, pero sin duda la guerra te afecta emocionalmente, te afecta sicológicamente, y ahí es donde se debe entrar a actuar”, puntualizó.
Lo que viene en los diálogos
Discusiones sobre la participación política de las FARC, la reparación a las víctimas y los mecanismos de refrendación de los acuerdos para la terminación del conflicto, corresponden a los temas que harán parte del nuevo ciclo de negociaciones que se reanudarán el 9 de septiembre de 2013.
Texto publicado en agendapropia.com en alianza con Pressenza International -Press Agency-.
DESARROLLO RURAL Y REPARACIÓN DE VÍCTIMAS
Por Edilma Prada Céspedes
Integrande HUMANOS
Departamento del Cauca, Colombia
Hacerle frente a los altos índices de pobreza, aumentar la inversión en el agro, y reparar a las víctimas del conflicto armado, son los principales retos del proceso de paz que adelanta el Gobierno Colombiano con la guerrilla de las FARC. Luego de un año de negociaciones tan sólo hay acuerdos concretos en un solo punto.
Al cumplirse el primer año de la firma del “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, víctimas, analistas y representantes de la sociedad civil coinciden que el Proceso de Paz debe garantizar, en primera medida un reconocimiento y reparación integral de quienes sufrieron los horrores de más de 50 años de violencia, y en segundo lugar: el mejoramiento de las condiciones del sector campesino, el mismo, que en las últimas semanas ha reclamado atención a su problemática y más inversión en programas que fortalezcan el agro.
“El compromiso para la paz se demuestra a través de una disponibilidad de dar la cara y escuchar a las y los que más han sufrido y que continúan sufriendo por la ausencia de paz, y quiero aclarar que esta demanda no viene del Gobierno, viene de las víctimas”, dijo Fabrizio Hochschild, coordinador residente y humanitario de la ONU y representante del PNUD en el acto de entrega de las propuestas ciudadanas de las mesas de trabajo regionales para contribuir al fin del conflicto, realizado el pasado 27 de agosto en la ciudad de Bogotá.
Llamado que las propias víctimas realizan; ellas esperan ser escuchadas y atendidas, pero sobre todo que sus preguntas sean respondidas por los propios victimarios; en este caso las FARC. Y una vez se enfrenten a esas versiones, vendrá lo que consideran el paso más duro: “el de quitarnos el estigma de víctimas y volvernos parte activa de la sociedad civil, volvernos útiles para la sociedad”, dijo Luis Fernando Ocampo, víctima del desplazamiento forzado.
Los indígenas, también han solicitado ser escuchados en la mesa de diálogo. Señalan que los puntos que se discuten en La Habana, Cuba, no deben ser tratados únicamente entre el Gobierno Nacional y las FARC; argumentan que allí también deben hacer presencia campesinos, indígenas y afrocolombianos, pero sobre todo quienes tuvieron que desplazarse a las ciudades, abandonando sus tierras obligados por la guerra, aquellos a quienes el conflicto, los ha tocado de cerca.
"Lo que si hemos dicho es que habrán temas que le corresponden al movimiento indígena, el que tiene que ver con territorio. Esa no es tarea de la discusión allá entre Gobierno y guerrilla, porque nuestras políticas son diferentes, y nuestra lucha ya tiene un marco jurídico y político", manifestó en su momento, Jesús Chaves, ex consejero Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC.
Mientras las víctimas, piden ser escuchadas, en Cuba los negociadores han puesto sobre la mesa diversos temas que han generado altibajos en los diferentes ciclos de las conversaciones -13 en total a la fecha-. Entre ellos, la participación política de las FARC; un referendo por la paz propuesto por el presidente, Juan Manuel Santos; la negación de las FARC como un grupo dedicado al narcotráfico; los ataques de la guerrilla contra la población civil y la Fuerza Pública, entre otros.
El acuerdo agrario
El único acuerdo concreto que se ha realizado en el primer año de diálogo se logró el pasado 26 de mayo. Ahí las partes establecieron avances sobre el primer punto de la agenda denominado: “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”, donde concertaron lograr acuerdos sobre los siguientes temas:
• Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva.
• Programas de desarrollo con enfoque territorial.
• Infraestructura y adecuación de tierras.
• Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza.
• Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Créditos. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral.
• Políticas alimentarias y nutricionales.
Alejandro Reyes Posada, asesor del Gobierno Colombiano en políticas agrarias y asesor de la delegación colombiana que negoció mencionado acuerdo en La Habana, dijo que éste permitirá “transformar el campo colombiano, a favor de los campesinos con mayor justicia social, con mejor distribución de la tierra, con derecho al desarrollo rural”.
Reyes, de igual manera señaló que luego de la firma de la paz, el país deberá estar preparado para solucionar un sinnúmero de conflictos sociales. “El principal de los conflictos es la brecha de bienestar y de desarrollo que existe entre el campo y las ciudades. El campo colombiano está muy atrasado, las sociedades rurales no tienen sus necesidades atendidas, no tienen acceso a la tierra, no tienen bienes públicos, educación, salud, infraestructura, es necesario hacer una enorme transformación del campo colombiano, para acercar un desarrollo, al desarrollo que se ha logrado adelantar en las ciudades”, dijo.
Finalmente, el asesor puntualizó que el papel de la sociedad civil y de las organizaciones sociales de base, será el de proponer cambios desde lo local.
“El poder completo comienza a trasladarse hacia las organizaciones de base, y hacia los territorios y las regiones, todo el poder nacional tiene que comenzar a construirse de abajo hacia arriba, desde las regiones, desde sus territorios y desde las organizaciones locales de la sociedad civil”, concluyó Alejandro Reyes.
La reconciliación otro factor determinante para lograr la paz
Miguel Ángel Balcárcel, experto en resolución de conflictos, cultura de paz y democracia, y quien acompañó los procesos de posconflicto en el país de Guatemala, afirmó que un punto importante que se debería considerarse en el caso colombiano es la reconciliación, un factor que según él, aportaría al proceso de paz, pero principalmente para las víctimas.
Como aprendizaje del caso guatemalteco, Balcárcel, señaló que aún en su país hay heridas por sanar del conflicto armado interno que se vivió entre 1960 y 1996, y ello se debe a que los acuerdos de terminación del conflicto no se enfatizaron en la reconciliación, sino en la dejación de las armas.
“La pregunta que uno se formula es sobre la víctimas, ¿quiénes son las víctimas?, ¿en dónde están las víctimas?, ¿cuál es el origen de esas víctimas?, ¿dónde habitan esas víctimas?, y lo que allá (Guatemala) se encontró es que eso pasaba por una concepción del territorio, y entonces resultaba que combatientes de uno y otro lado se encontraban finalmente en una comunidad concreta de donde eran originarios y que tenían que retornar después del enfrentamiento a un espacio físico, que le era común, habiendo sido fuerzas distintas; ahí yo creo que fue lo que nos falló, porque la variable desde mi perspectiva, no consideraba suficientemente profundo donde la sociedad no hizo verdaderamente el esfuerzo, como fue la variable de reconciliación, y se pensó que simplemente lo operativo podía ser la respuesta, pero sin duda la guerra te afecta emocionalmente, te afecta sicológicamente, y ahí es donde se debe entrar a actuar”, puntualizó.
Lo que viene en los diálogos
Discusiones sobre la participación política de las FARC, la reparación a las víctimas y los mecanismos de refrendación de los acuerdos para la terminación del conflicto, corresponden a los temas que harán parte del nuevo ciclo de negociaciones que se reanudarán el 9 de septiembre de 2013.
Texto publicado en agendapropia.com en alianza con Pressenza International -Press Agency-.
AQUITANIA: DIEZ AÑOS CONSTRUYENDO LA MEMORIA
Por Cheli Melisa Llano Marín
Integrante HUMANOS
Medellín, Colombia
Luces, cantos, poemas, premisas, homenajes, marchas, recuerdos… Muchas actividades hicieron parte de la conmemoración de los 10 años del desplazamiento masivo del corregimiento de Aquitania en San Francisco, el 20 y 21 de julio de 2013.
Diez años resistiendo y persistiendo, fue el lema de la conmemoración que ya llega a su quinta versión, y que tiene por objetivo “Consolidar y afirmar el trabajo en red que se viene realizando entre colonias y centros zonales a partir del año 2008, con el fin de reconstruir el tejido social que deterioró la violencia, para poder continuar avanzando en la búsqueda de la reparación integral y así dar el paso de víctimas a ciudadanas y ciudadanos”.
Aquitania está ubicado a 33 kilómetros de la Autopista Medellín – Bogotá, según el reporte de la Administración municipal de San Francisco, hoy el Corregimiento cuenta con mil 800 habitantes, y el Alcalde Luis Emigdio Escobar asegura que hay una población flotante entre 800 y mil personas que se encuentran en los registros de municipios como San Luis.
Oportunidades laborales
Manuel José Mejía Ramírez, Presidente de la JAC de Aquitania, asegura que de quienes se desplazaron en 2003 y otros eventos en medio de la violencia del Corregimiento, muchos lograron ubicarse en otras ciudades y otros, aun deseando regresar, no lo hacen por la falta de oportunidades.
“El empleo se puede decir que estamos igual desde hace 10 años, acá hay mucho desempleo, siempre lo ha habido y lo sigue habiendo”, Manuel José propone por ejemplo, que las instituciones se articulen y brinden oportunidades de empleo al cubrir las necesidades de Aquitania. “Acá por ejemplo hay mucho por hacer, están estas calles para terminar, unos caños por canalizar, el acueducto y alcantarillado, son cosas de mucha necesidad y que podrían generar empleo para los habitantes”.
Actualmente los campesinos que viven en las veredas de Aquitania viven de la madera, panela y cultivos como café, productos que se comercializan al interior del propio Corregimiento o que son llevados a San Luis en el mismo bus que transporta pasajeros.
Seguridad
En el tema de seguridad, la Administración Municipal dice que hay muy buenos resultados, en todo el Municipio en dos años se han presentado tres muertes violentas, “por hechos aislados al conflicto armado”, sin embargo “en Aquitania se tiene noticia de un grupo armado pequeño, pero lo considero que es una manera de los interesados en los cultivos ilícitos limitar para que la fuerza pública entre”, y agrega que en lo corrido de 2013 se han erradicado varios cultivos ilícitos.
La percepción de la comunidad es que efectivamente la seguridad ha mejorado, y a pesar de las demás dificultades se sienten tranquilos en el Corregimiento, más aún con el avance en el tema de minas antipersonal.
Vía de acceso
A la altura del Alto de Pavas, al lado derecho en dirección Medellín – Bogotá, se encuentra la entrada hacia Aquitania. 33 kilómetros de trocha que dificultan el acceso a la educación, la comercialización de productos, la llegada de visitantes y en general perjudica la economía del lugar.
“Hay unos tramos buenos porque en convites le metemos la mano, pero de todas formas con toda la carretera no alcanzamos a darle ese mantenimiento” dice el Presidente de la JAC de Aquitania, “Los convites los organizamos los mismos presidentes de juntas, con los propios recursos y herramientas, a veces la Administración Municipal nos ayuda con incentivos pero somos nosotros los que más mano le metemos”.
Liliana Aseneth Ciro Duque, Secretaria de Gobierno de San Francisco, explicó que con presupuesto municipal se han hecho varias intervenciones, y se está formulando un proyecto para presentar a varias entidades “se necesita la unión de esfuerzos porque pavimentar 33 kilómetros tiene unos costos muy elevados, por el momento es solo mejoramiento”.
Memoria y esperanza
El 20 de julio de 2003, a pesar de las amenazas y presión de los grupos armados, siete familias decidieron quedarse en el Corregimiento. Encerrados en sus casas estos núcleos familiares no cedieron a abandonar su tierra y esperaron pacientes el retorno de quienes se desplazaron.
Este hecho heroico fue homenajeado en la conmemoración de los 10 años, cada familia fue nombrada y recibió un reconocimiento porque en gran medida gracias a ellos muchos decidieron regresar y resistir.
A pesar de los dolores de la guerra, Aquitania es un pueblo unido, y muestra de ello es la conservación de la memoria colectiva, con imágenes, historias, y actos como comer del mismo plato, una de las actividades de la conmemoración que buscaba recordar ese momento en el que todos compartieron lo poco que tenían.
Como parte de la superación ese momento, varias personas tomadas de la mano en la cancha del Corregimiento, reconocieron qué fue lo más bonito de un hecho que parecería solo deja tristeza. “A mí el desplazamiento lo más lindo que me dejó fue la acogida de una familia sanluisana que nos recibió y atendió con paciencia y amor”, como este muchos otros recuerdos sacaron sonrisas en medio del dolor.
Entidades como PNUD, Unidad para la Atención y Reparación a Victimas - UARIV, Gobernación de Antioquia, Administración Municipal y el grupo de periodistas de Caravanas por el Desarrollo apoyaron y acompañaron la conmemoración.
Otros proyectos para Aquitania
Este año con Argos, la Gobernación de Antioquia y el Ministerio de Educación se espera construir un nuevo colegio para Aquitania “la idea es hacer un colegio nuevo, con el ánimo de que la población estudiantil acceda a la educación hasta el grado 11, porque tenemos muchos casos en que los retornados se han vuelto a desplazar a San Luis o Marinilla para terminar su educación”, comentó el Alcalde de San Francisco.
Por su parte, Jorge Mario Alzate, Director Territorial de la UARIV, además del acompañamiento a mil familias retornadas de San Francisco, el acompañamiento psicosocial y el trabajo por la memoria colectiva, confirmó que la Unidad estudia y considera muy viables dos proyectos presentados:
1. Cubierta de la placa polideportiva de Aquitania por 80 millones de pesos.
2. Puente de la vereda Boquerón para cofinanciar con 150 millones de pesos.
Las actividades de esta conmemoración también incluyeron capacitaciones bimestrales sobre la Ley 1448 de 2011, Asamblea de víctimas para motivarlos sobre la importancia de trabajo sobre memoria colectiva y la importancia del trabajo en red, y un trabajo de memoria colectiva que consiste en la recolección de piedras de los ríos de las diferentes veredas para plasmar en ellos los nombres de la víctimas y luego construir con ellas un mural con el nombre de la asociación Revivir Con Esperanza.
Por Cheli Melisa Llano Marín
Integrante HUMANOS
Medellín, Colombia
Luces, cantos, poemas, premisas, homenajes, marchas, recuerdos… Muchas actividades hicieron parte de la conmemoración de los 10 años del desplazamiento masivo del corregimiento de Aquitania en San Francisco, el 20 y 21 de julio de 2013.
Diez años resistiendo y persistiendo, fue el lema de la conmemoración que ya llega a su quinta versión, y que tiene por objetivo “Consolidar y afirmar el trabajo en red que se viene realizando entre colonias y centros zonales a partir del año 2008, con el fin de reconstruir el tejido social que deterioró la violencia, para poder continuar avanzando en la búsqueda de la reparación integral y así dar el paso de víctimas a ciudadanas y ciudadanos”.
Aquitania está ubicado a 33 kilómetros de la Autopista Medellín – Bogotá, según el reporte de la Administración municipal de San Francisco, hoy el Corregimiento cuenta con mil 800 habitantes, y el Alcalde Luis Emigdio Escobar asegura que hay una población flotante entre 800 y mil personas que se encuentran en los registros de municipios como San Luis.
Oportunidades laborales
Manuel José Mejía Ramírez, Presidente de la JAC de Aquitania, asegura que de quienes se desplazaron en 2003 y otros eventos en medio de la violencia del Corregimiento, muchos lograron ubicarse en otras ciudades y otros, aun deseando regresar, no lo hacen por la falta de oportunidades.
“El empleo se puede decir que estamos igual desde hace 10 años, acá hay mucho desempleo, siempre lo ha habido y lo sigue habiendo”, Manuel José propone por ejemplo, que las instituciones se articulen y brinden oportunidades de empleo al cubrir las necesidades de Aquitania. “Acá por ejemplo hay mucho por hacer, están estas calles para terminar, unos caños por canalizar, el acueducto y alcantarillado, son cosas de mucha necesidad y que podrían generar empleo para los habitantes”.
Actualmente los campesinos que viven en las veredas de Aquitania viven de la madera, panela y cultivos como café, productos que se comercializan al interior del propio Corregimiento o que son llevados a San Luis en el mismo bus que transporta pasajeros.
Seguridad
En el tema de seguridad, la Administración Municipal dice que hay muy buenos resultados, en todo el Municipio en dos años se han presentado tres muertes violentas, “por hechos aislados al conflicto armado”, sin embargo “en Aquitania se tiene noticia de un grupo armado pequeño, pero lo considero que es una manera de los interesados en los cultivos ilícitos limitar para que la fuerza pública entre”, y agrega que en lo corrido de 2013 se han erradicado varios cultivos ilícitos.
La percepción de la comunidad es que efectivamente la seguridad ha mejorado, y a pesar de las demás dificultades se sienten tranquilos en el Corregimiento, más aún con el avance en el tema de minas antipersonal.
Vía de acceso
A la altura del Alto de Pavas, al lado derecho en dirección Medellín – Bogotá, se encuentra la entrada hacia Aquitania. 33 kilómetros de trocha que dificultan el acceso a la educación, la comercialización de productos, la llegada de visitantes y en general perjudica la economía del lugar.
“Hay unos tramos buenos porque en convites le metemos la mano, pero de todas formas con toda la carretera no alcanzamos a darle ese mantenimiento” dice el Presidente de la JAC de Aquitania, “Los convites los organizamos los mismos presidentes de juntas, con los propios recursos y herramientas, a veces la Administración Municipal nos ayuda con incentivos pero somos nosotros los que más mano le metemos”.
Liliana Aseneth Ciro Duque, Secretaria de Gobierno de San Francisco, explicó que con presupuesto municipal se han hecho varias intervenciones, y se está formulando un proyecto para presentar a varias entidades “se necesita la unión de esfuerzos porque pavimentar 33 kilómetros tiene unos costos muy elevados, por el momento es solo mejoramiento”.
Memoria y esperanza
El 20 de julio de 2003, a pesar de las amenazas y presión de los grupos armados, siete familias decidieron quedarse en el Corregimiento. Encerrados en sus casas estos núcleos familiares no cedieron a abandonar su tierra y esperaron pacientes el retorno de quienes se desplazaron.
Este hecho heroico fue homenajeado en la conmemoración de los 10 años, cada familia fue nombrada y recibió un reconocimiento porque en gran medida gracias a ellos muchos decidieron regresar y resistir.
A pesar de los dolores de la guerra, Aquitania es un pueblo unido, y muestra de ello es la conservación de la memoria colectiva, con imágenes, historias, y actos como comer del mismo plato, una de las actividades de la conmemoración que buscaba recordar ese momento en el que todos compartieron lo poco que tenían.
Como parte de la superación ese momento, varias personas tomadas de la mano en la cancha del Corregimiento, reconocieron qué fue lo más bonito de un hecho que parecería solo deja tristeza. “A mí el desplazamiento lo más lindo que me dejó fue la acogida de una familia sanluisana que nos recibió y atendió con paciencia y amor”, como este muchos otros recuerdos sacaron sonrisas en medio del dolor.
Entidades como PNUD, Unidad para la Atención y Reparación a Victimas - UARIV, Gobernación de Antioquia, Administración Municipal y el grupo de periodistas de Caravanas por el Desarrollo apoyaron y acompañaron la conmemoración.
Otros proyectos para Aquitania
Este año con Argos, la Gobernación de Antioquia y el Ministerio de Educación se espera construir un nuevo colegio para Aquitania “la idea es hacer un colegio nuevo, con el ánimo de que la población estudiantil acceda a la educación hasta el grado 11, porque tenemos muchos casos en que los retornados se han vuelto a desplazar a San Luis o Marinilla para terminar su educación”, comentó el Alcalde de San Francisco.
Por su parte, Jorge Mario Alzate, Director Territorial de la UARIV, además del acompañamiento a mil familias retornadas de San Francisco, el acompañamiento psicosocial y el trabajo por la memoria colectiva, confirmó que la Unidad estudia y considera muy viables dos proyectos presentados:
1. Cubierta de la placa polideportiva de Aquitania por 80 millones de pesos.
2. Puente de la vereda Boquerón para cofinanciar con 150 millones de pesos.
Las actividades de esta conmemoración también incluyeron capacitaciones bimestrales sobre la Ley 1448 de 2011, Asamblea de víctimas para motivarlos sobre la importancia de trabajo sobre memoria colectiva y la importancia del trabajo en red, y un trabajo de memoria colectiva que consiste en la recolección de piedras de los ríos de las diferentes veredas para plasmar en ellos los nombres de la víctimas y luego construir con ellas un mural con el nombre de la asociación Revivir Con Esperanza.
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LAS MIL HORAS DE UNA MUJER BUSCANDO A SU HIJO DESAPARECIDO
Por Germán Ali Arenas Usme
Integrante HUMANOS
La Hormiga, Putumayo, Colombia
Llega cansada y reposa en una mecedora de mimbre que conserva desde que su madre murió en un lejano pueblo del caribe colombiano. Juana María, de piel color canela y ojos negros como el azabache, suspira al tiempo que abraza, entre su pecho, la foto de su hijo Juan Daniel Aroca Monsalve, el cual no ve hace más de trece años desde que desapareció sin dejar rastro alguno.
“Siento que mi hijo está vivo y lo seguiré buscando hasta el final” dice Juana, sin dejar de abrazar el retrato.
Raya las doce del meridiano de cualquier día en La Hormiga, Putumayo. El leve movimiento de balanceo de la mecedora no deja de parar. Ella me atiende sin zozobra ni afanes y me relata cómo a mediados del mes de enero del 2000 salió de la casa Juan Daniel Aroca Monsalve, un joven que para la época contaba con 22 años y que se ganaba la vida vendiendo puerta a puerta mercancías varias, sobre todo en las veredas.
Lo recuerda detalle a detalle: “su sopa preferida la de mondongo, amante del vallenato de los hermanos Zuleta, de caminar alegre y gozón de las mujeres y buen amigo de los amigos, quien partió tarareando esa vieja canción Así fue mi querer”, dice Juana María, quien suelta una sonrisa a pesar del dolor que lleva en el alma.
“Me dicen que los paramilitares se lo llevaron el 20 de enero. Ese día no estaba vendiendo nada, solo salió a tomarse unas cervezas con algunos amigos costeños del pueblo” recuerda Juana, al agregar que ese 20 de enero cuando se celebran las fiestas de corralejas en Sincelejo, capital del departamento de Sucre, costa norte de Colombia, se había vestido de guayabera blanca, jean azul y sandalia “tres punta”, adornando su flaco cuerpo con un sombrero vueltiao, típico de su región.
Pasaron las primeras 48 horas de su desaparición. Al inicio se creía en la casa de los Aroca Monsalve, que el joven se encontraba emparrandado y por ello no llegaba. Inclusive se creyó, que en un arrebato de nostalgia, había emprendido viaje a su pueblo natal San Luis (Sucre), teorías que se desvirtuaron con los días, ya que no había señal de vida alguna. Para la época Juan, vivía con una hermana tres años mayor que él y dos primos.
“Yo llegue al Putumayo a comienzo del mes de abril del 2000 para buscar a mi hijo. Fui casa a casa donde pensaba que me podían dar información del paradero de Juan, pero nadie me decía nada. Un día cualquiera, y sin esperarlo, se me acercó un paisano y me dijo: vea doña, su hijo lo pasaron al papayo los paras. No lo busque más, me contó tranquilamente mientras se alejaba de mi lado por las calles polvorientas del pueblo”.
Desde ese momento, dice la afligida madre, que sus noches son de desvelo. Comienza sus mil horas de búsqueda y sin una sola pista hasta el día de hoy. Ha ido de vereda en vereda. Ha hablado con paras, soldados y hasta con la guerrilla, pero nadie le da razón alguna del paradero del hijo, sin embargo algunas personas sostienen que los paramilitares lo mataron, luego de torturarlo con el argumento que Juan era un colaborador de la guerrilla de las Farc.
“En varias oportunidades tuve frente a mi a los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, varios de ellos paisanos. Con lágrimas en mis ojos les suplicaba que me contaran que habían hecho con mi Juan, pero mis suplicas fueron en vano, sin embargo, mi lucha de búsqueda continúa no solo entre los ilegales sino que he tocado puertas en la Defensoría del Pueblo, Personería Municipal y ONG’s de derechos humanos, entre otros organismos, pero aún sigo esperando”, señala Juana María Monsalve, quien no pierde la fe ni la esperanza que el menor de sus hijos aparezca por el umbral de la casa cantando su canción preferida de los Hermanos Zuleta “muere lentamente muere un querer, amanece un nuevo día y estoy muy resentido por tu proceder…”
La desaparición de Juan Daniel Aroca Monsalve, oficialmente reposa en los archivos de la Fiscalía General de la Nación desde el mes de septiembre del año 2000.
Por Germán Ali Arenas Usme
Integrante HUMANOS
La Hormiga, Putumayo, Colombia
Llega cansada y reposa en una mecedora de mimbre que conserva desde que su madre murió en un lejano pueblo del caribe colombiano. Juana María, de piel color canela y ojos negros como el azabache, suspira al tiempo que abraza, entre su pecho, la foto de su hijo Juan Daniel Aroca Monsalve, el cual no ve hace más de trece años desde que desapareció sin dejar rastro alguno.
“Siento que mi hijo está vivo y lo seguiré buscando hasta el final” dice Juana, sin dejar de abrazar el retrato.
Raya las doce del meridiano de cualquier día en La Hormiga, Putumayo. El leve movimiento de balanceo de la mecedora no deja de parar. Ella me atiende sin zozobra ni afanes y me relata cómo a mediados del mes de enero del 2000 salió de la casa Juan Daniel Aroca Monsalve, un joven que para la época contaba con 22 años y que se ganaba la vida vendiendo puerta a puerta mercancías varias, sobre todo en las veredas.
Lo recuerda detalle a detalle: “su sopa preferida la de mondongo, amante del vallenato de los hermanos Zuleta, de caminar alegre y gozón de las mujeres y buen amigo de los amigos, quien partió tarareando esa vieja canción Así fue mi querer”, dice Juana María, quien suelta una sonrisa a pesar del dolor que lleva en el alma.
“Me dicen que los paramilitares se lo llevaron el 20 de enero. Ese día no estaba vendiendo nada, solo salió a tomarse unas cervezas con algunos amigos costeños del pueblo” recuerda Juana, al agregar que ese 20 de enero cuando se celebran las fiestas de corralejas en Sincelejo, capital del departamento de Sucre, costa norte de Colombia, se había vestido de guayabera blanca, jean azul y sandalia “tres punta”, adornando su flaco cuerpo con un sombrero vueltiao, típico de su región.
Pasaron las primeras 48 horas de su desaparición. Al inicio se creía en la casa de los Aroca Monsalve, que el joven se encontraba emparrandado y por ello no llegaba. Inclusive se creyó, que en un arrebato de nostalgia, había emprendido viaje a su pueblo natal San Luis (Sucre), teorías que se desvirtuaron con los días, ya que no había señal de vida alguna. Para la época Juan, vivía con una hermana tres años mayor que él y dos primos.
“Yo llegue al Putumayo a comienzo del mes de abril del 2000 para buscar a mi hijo. Fui casa a casa donde pensaba que me podían dar información del paradero de Juan, pero nadie me decía nada. Un día cualquiera, y sin esperarlo, se me acercó un paisano y me dijo: vea doña, su hijo lo pasaron al papayo los paras. No lo busque más, me contó tranquilamente mientras se alejaba de mi lado por las calles polvorientas del pueblo”.
Desde ese momento, dice la afligida madre, que sus noches son de desvelo. Comienza sus mil horas de búsqueda y sin una sola pista hasta el día de hoy. Ha ido de vereda en vereda. Ha hablado con paras, soldados y hasta con la guerrilla, pero nadie le da razón alguna del paradero del hijo, sin embargo algunas personas sostienen que los paramilitares lo mataron, luego de torturarlo con el argumento que Juan era un colaborador de la guerrilla de las Farc.
“En varias oportunidades tuve frente a mi a los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, varios de ellos paisanos. Con lágrimas en mis ojos les suplicaba que me contaran que habían hecho con mi Juan, pero mis suplicas fueron en vano, sin embargo, mi lucha de búsqueda continúa no solo entre los ilegales sino que he tocado puertas en la Defensoría del Pueblo, Personería Municipal y ONG’s de derechos humanos, entre otros organismos, pero aún sigo esperando”, señala Juana María Monsalve, quien no pierde la fe ni la esperanza que el menor de sus hijos aparezca por el umbral de la casa cantando su canción preferida de los Hermanos Zuleta “muere lentamente muere un querer, amanece un nuevo día y estoy muy resentido por tu proceder…”
La desaparición de Juan Daniel Aroca Monsalve, oficialmente reposa en los archivos de la Fiscalía General de la Nación desde el mes de septiembre del año 2000.
EL NIÑO SEMBRADOR DE MINAS ANTIPERSONAL
Por Juan Carlos Díaz
Integrante HUMANOS
Cali, Colombia
Solo estudio hasta tercero de primaria. Ya a los diez años sembraba coca y se gana ocho millones de pesos. A los quince empuñaba un arma y era guerrillero, a los 16 años fabricaba e instalaba minas antipersonal para matar soldados y policías, a los 17 huyó de la guerrilla antes de que lo asesinaran y ahora, a los 18 años, sueña con ser un Administrador de Empresas y tener su casa propia.
Es la historia de “El sembrador”, como le llamaremos a este hombre, que la guerra en Colombia le arrebato su niñez. Se crió junto a una tía en una pequeña vivienda de una vereda ubicada al sur occidente de Colombia, luego de que su madre emigrará a la capital, Bogotá, junto con sus cuatro hermanitos, luego de que fuera asesinado su padre.
“El sembrador”, que nunca se entero quién mató a su papá, hace parte de los 6.421 niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados al margen de la Ley en Colombia, al 31 de marzo del 2013, según el Registro Único de Víctimas, RUV.
“Estudie hasta tercero de primaria y no seguí. Me olvide del estudio y me dedique a trabajar la agricultura. Sembrábamos con mi tía plátano, yuca y hasta coca, la cual la vendíamos a quienes la procesaban. Desde que tenía diez años empecé a sembrarla hasta los 15, cuando ingrese a la guerrilla”.
Como todo un experto en drogas ilícitas, “El sembrador”, describe paso a paso cómo, a sus escasos diez años, dejó a un lado sus estudios, sus juguetes y sus amiguitos, para dedicarse a sembrar coca, cuyas áreas en Colombia al 31 de diciembre de 2012, se han reducido en un 25 por ciento con relación al 2011.
“Uno comienza sembrando la plantica muy pequeñita. La va abonando hasta que ya este por ahí de un año y ya comienza a cosecharla. Es como sembrar cualquier cultivo de yuca o de plátano. Eso era cantidades lo que sembrábamos. Cinco o diez hectáreas hacíamos entre varios. Luego la vendíamos. En ese tiempo la arroba valía 45 mil pesos. Cada tres meses venían los narcotraficantes, compraban la coca y se iban. Yo llegue a ganar ocho millones de pesos. A veces le ayuda ahí a la casa. Compraba ropa y comida, pero no arroba”.
Fue así, como luego de cinco años de estar sembrando coca y obtener jugosas ganancias que se esfumaron entre sus pequeños dedos y solo quedan en el recuerdo, “El sembrador”, ya a los 15 años, se dejó seducir por las armas, el uniforme y hasta el caminar de los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, que constantemente recorrían su vereda y él podía verlos de cerca.
“Yo ingrese a la guerrilla porque me atraían las armas, la forma como vestían y como andaban. Por eso ingrese. Yo tenía un amigo. Le dije que quería ingresar. Me explicó las normas de allá y entonces me dijo que espera dos semanas. A las dos semanas me dijeron que si quería ir o me quería quedar. Entonces me fui. Llegue por allá. Me explicaron más a fondo el asunto de que no se le pagaba a nadie y que una vez entraba no podía salir”.
Así fue, “El sembrador” no pudo salir sino después de dos eternos años, tiempo en el cual vivió otra dura etapa en su corta vida, no propia de un niño de su edad y que será difícil de borrar por el resto de sus días.
Sus tres primeros meses como guerrillero fueron tan duros, que aún se pregunta cómo logró salir con vida.
“Cuando ingrese a la guerrilla estuve tres meses en entrenamientos. Eran muy duros. Es inexplicable. Tan difícil que casi uno no aguanta. Lo ponen andar de noche sin ningún tipo de luz, a correr casi todo el día, saltar y arrastrarse por el suelo. A veces nos alimentaban bien. Cuando había como. Un comandante me enseñó a disparar. La primer arma que tuve fue un fusil AK-47. Era un arma muy viejita. Casi no funcionaba bien hasta que me la cambiaron por otra mejor y más grande: un rifle G3, un arma venezolana que le caben 20 tiros al proveedor y pesa 15 libras. Yo lo limpiaba cada tres días. Hasta los tiros los limpiaba. Lo mantenía bien arregladito para que no se me fuera a dañar (risas)”.
Así, tres meses después de pasar esa primera prueba, para las Farc, “El sembrador” ya estaba listo para salir a orden público, es decir, a combatir con tropas del Ejército y Paramilitares.
“Mi primera experiencia fue muy dura porque era la primera vez que participaba en un enfrentamiento de la guerrilla contra el ejército. Estaba muy asustado, pero fui saliendo de seguido y perdí el miedo. Yo no sentí nada cuando disparé por primera vez. Nada de miedo. En los enfrentamientos con el ejercito siempre disparaba. Quien sabe si yo maté a alguien. A veces pensé que era mi último día”.
“El sembrador”, que en el campamento en donde se encontraba estaba acompañado de otros cuatro niños, les tocaba prestar guardia, ranchar (cocinar), planchar, lavar ropa y traer economía, es decir, remesas de los ríos donde las dejaban las canoas.
“Nos levantábamos a las cuatro de la mañana, desayunábamos a las seis y a las ocho ya debíamos estar disponible en el campamento para lo que pasara. Desayunábamos a veces sopa con arepa y café. El almuerzo era sopa, arroz y carnes y la comida solo arroz y carnes. Cuando me daba mucha hambre yo le pedía al comandante que me regalara. Tenía dos camuflamos y una sudadera. El uniforme me lo arreglaba allá para que no me quedara grande”.
El duelo
A diferencia de lo que se cree, para las Farc era más fácil combatir al Ejército que a los Paramilitares. Así lo explica “El sembrador” al reconocer que los grupos de autodefensas son más feroces.
“Con los paramilitares era más difícil porque ellos eran como más fuertes que las tropas del ejército, porque ellos ya se nos metían más encima, más encima. Nosotros teníamos que pararnos más duro o a veces salir corriendo. Llegue a correr varias veces”.
“El Sembrador” de minas antipersonal
Superadas estas dos pruebas, “El sembrador”, que hacía parte de un grupo de cerca de quince menores, distribuidos en varios campamentos (con capacidad cada uno de cerca de 20 personas), ahora se encargaba de fabricar y sembrar minas antipersonal, las cuales, según él, mató a muchos soldados.
“Nosotros cuando sabíamos donde estaban (soldados y policías) íbamos y le minábamos todo el camino. Los esperábamos que vinieran. Cuando sonaban las minas ahí nosotros los atacábamos. Les empezábamos a tirar bombas con un tubo que se llama “Cardan”. Llegue a encontrar varios soldados sin piernas, muertos ahí cuando pisaban las minas. Los guerrilleros los arrecogían, los metían en una bolsa y los enterraban en el monte”.
Ya en este momento, “El sembrador” que tenía 16 años y estaba a cinco días de camino de su familia, era un experto en armar e instalar una mina antipersonal en un minuto. No le daba miedo, pero si tristeza al ver como mataba a otra persona por una guerra absurda.
“Por ahí un minuto me demoraba en instalar una mina antipersonal en los caminos. Siempre lo hacía entre las cuatro y cinco de la tarde, cuando estaba cerca el ejército y la policía. Uno arma la bomba con un explosivo que se llama TNT o Pentonita y la entierra. Le pone los cables con una batería de nueve voltios y la chancleta que activa la mina, para luego enterrarla en donde nadie la vea y entonces ahí cuando la pisan ella estalla. Yo sembré por ahí unas veinte minas antipersonal”.
El Programa Presidencial de Atención Integral contra Minas Antipersonal (paicma) en Colombia, reporta 10 mil 189 víctimas de minas antipersonal entre 1982 y 2012.
A lavar el cerebro
“El sembrador”, a penas a sus 16 años, además de ser un experto en sembrar minas antipersonal, le fue encomendada la tarea de hacer reuniones en los pueblos para convencer a la gente de que se metiera a las Farc, pero no logro convencer a nadie.
“Uno les decía que se metieran a la guerrilla que eso era bueno. Que uno luchaba por una causa justa. Esa era la política que le daban a uno allá. Entonces uno seguía esas mismas reglas. Me decían que uno luchaba aquí por la igualdad. Que nadie tengan más que otros y para llegar a gobernar a Colombia también. Habían unas personas que si apoyan a la guerrilla, como habían otras que no le gustaban ya las Farc”.
El Día de la Libertad
Luego de dos años en las Farc y de ver como varios de sus compañeritos decidían volarse por estar aburridos en la guerrilla, a “El sembrador”, le llego su turno.
“Un día estaba prestando guardia y me quede dormido. Debido a esto me castigaron con 500 viajes de leña. Ahí fue donde decidí huir. Antes de que obligaran a cumplir con los viajes de leña, a las nueve de la mañana deje todo tirado, hasta las armas, y salí corriendo solo con el camuflado puesto hasta dónde estaba el ejército que se encontraba a 900 metros de donde yo estaba. Una vez llegue les dije que me entregaba. Me agarraron, me hicieron tirar al suelo, me apuntaron con las armas y tenían ganas de matarme”.
Su nueva arma
Un año después de su entrega, la cual está fresca en su memoria, “El sembrador”, hincha del equipo de fútbol Nacional de la ciudad de Medellín, amante de la ensalada de frutas y con novia desde hace cinco meses, ahora no lucha contra el ejército, la policía o los paramilitares, ni siembra minas antipersonal, sino que lucha por lograr sus sueños.
“Desde hace un año estudio y me estoy capacitando. Estudio Mecánica Automotriz. Sueño con ser Administrador de Empresas, tener mi casa propia y ayudar a mi familia. Es una gran oportunidad de que me ha dado Dios. Mi familia dice que es la mejor decisión que he tomado y que me haya reconciliado con la sociedad. Las armas ya no las necesito. Tengo un arma mejor que es la mentalidad.
Nota al margen
La investigación realizada por el Grupo de Memoria Histórica, GMH, en Colombia, concluyó que el conflicto armado que lleva cinco décadas en Colombia, ha causado la muerte de aproximadamente 220 mil personas entre el primero de enero de 1958 y el 31 de diciembre de 2012.
Por Juan Carlos Díaz
Integrante HUMANOS
Cali, Colombia
Solo estudio hasta tercero de primaria. Ya a los diez años sembraba coca y se gana ocho millones de pesos. A los quince empuñaba un arma y era guerrillero, a los 16 años fabricaba e instalaba minas antipersonal para matar soldados y policías, a los 17 huyó de la guerrilla antes de que lo asesinaran y ahora, a los 18 años, sueña con ser un Administrador de Empresas y tener su casa propia.
Es la historia de “El sembrador”, como le llamaremos a este hombre, que la guerra en Colombia le arrebato su niñez. Se crió junto a una tía en una pequeña vivienda de una vereda ubicada al sur occidente de Colombia, luego de que su madre emigrará a la capital, Bogotá, junto con sus cuatro hermanitos, luego de que fuera asesinado su padre.
“El sembrador”, que nunca se entero quién mató a su papá, hace parte de los 6.421 niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados al margen de la Ley en Colombia, al 31 de marzo del 2013, según el Registro Único de Víctimas, RUV.
“Estudie hasta tercero de primaria y no seguí. Me olvide del estudio y me dedique a trabajar la agricultura. Sembrábamos con mi tía plátano, yuca y hasta coca, la cual la vendíamos a quienes la procesaban. Desde que tenía diez años empecé a sembrarla hasta los 15, cuando ingrese a la guerrilla”.
Como todo un experto en drogas ilícitas, “El sembrador”, describe paso a paso cómo, a sus escasos diez años, dejó a un lado sus estudios, sus juguetes y sus amiguitos, para dedicarse a sembrar coca, cuyas áreas en Colombia al 31 de diciembre de 2012, se han reducido en un 25 por ciento con relación al 2011.
“Uno comienza sembrando la plantica muy pequeñita. La va abonando hasta que ya este por ahí de un año y ya comienza a cosecharla. Es como sembrar cualquier cultivo de yuca o de plátano. Eso era cantidades lo que sembrábamos. Cinco o diez hectáreas hacíamos entre varios. Luego la vendíamos. En ese tiempo la arroba valía 45 mil pesos. Cada tres meses venían los narcotraficantes, compraban la coca y se iban. Yo llegue a ganar ocho millones de pesos. A veces le ayuda ahí a la casa. Compraba ropa y comida, pero no arroba”.
Fue así, como luego de cinco años de estar sembrando coca y obtener jugosas ganancias que se esfumaron entre sus pequeños dedos y solo quedan en el recuerdo, “El sembrador”, ya a los 15 años, se dejó seducir por las armas, el uniforme y hasta el caminar de los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, que constantemente recorrían su vereda y él podía verlos de cerca.
“Yo ingrese a la guerrilla porque me atraían las armas, la forma como vestían y como andaban. Por eso ingrese. Yo tenía un amigo. Le dije que quería ingresar. Me explicó las normas de allá y entonces me dijo que espera dos semanas. A las dos semanas me dijeron que si quería ir o me quería quedar. Entonces me fui. Llegue por allá. Me explicaron más a fondo el asunto de que no se le pagaba a nadie y que una vez entraba no podía salir”.
Así fue, “El sembrador” no pudo salir sino después de dos eternos años, tiempo en el cual vivió otra dura etapa en su corta vida, no propia de un niño de su edad y que será difícil de borrar por el resto de sus días.
Sus tres primeros meses como guerrillero fueron tan duros, que aún se pregunta cómo logró salir con vida.
“Cuando ingrese a la guerrilla estuve tres meses en entrenamientos. Eran muy duros. Es inexplicable. Tan difícil que casi uno no aguanta. Lo ponen andar de noche sin ningún tipo de luz, a correr casi todo el día, saltar y arrastrarse por el suelo. A veces nos alimentaban bien. Cuando había como. Un comandante me enseñó a disparar. La primer arma que tuve fue un fusil AK-47. Era un arma muy viejita. Casi no funcionaba bien hasta que me la cambiaron por otra mejor y más grande: un rifle G3, un arma venezolana que le caben 20 tiros al proveedor y pesa 15 libras. Yo lo limpiaba cada tres días. Hasta los tiros los limpiaba. Lo mantenía bien arregladito para que no se me fuera a dañar (risas)”.
Así, tres meses después de pasar esa primera prueba, para las Farc, “El sembrador” ya estaba listo para salir a orden público, es decir, a combatir con tropas del Ejército y Paramilitares.
“Mi primera experiencia fue muy dura porque era la primera vez que participaba en un enfrentamiento de la guerrilla contra el ejército. Estaba muy asustado, pero fui saliendo de seguido y perdí el miedo. Yo no sentí nada cuando disparé por primera vez. Nada de miedo. En los enfrentamientos con el ejercito siempre disparaba. Quien sabe si yo maté a alguien. A veces pensé que era mi último día”.
“El sembrador”, que en el campamento en donde se encontraba estaba acompañado de otros cuatro niños, les tocaba prestar guardia, ranchar (cocinar), planchar, lavar ropa y traer economía, es decir, remesas de los ríos donde las dejaban las canoas.
“Nos levantábamos a las cuatro de la mañana, desayunábamos a las seis y a las ocho ya debíamos estar disponible en el campamento para lo que pasara. Desayunábamos a veces sopa con arepa y café. El almuerzo era sopa, arroz y carnes y la comida solo arroz y carnes. Cuando me daba mucha hambre yo le pedía al comandante que me regalara. Tenía dos camuflamos y una sudadera. El uniforme me lo arreglaba allá para que no me quedara grande”.
El duelo
A diferencia de lo que se cree, para las Farc era más fácil combatir al Ejército que a los Paramilitares. Así lo explica “El sembrador” al reconocer que los grupos de autodefensas son más feroces.
“Con los paramilitares era más difícil porque ellos eran como más fuertes que las tropas del ejército, porque ellos ya se nos metían más encima, más encima. Nosotros teníamos que pararnos más duro o a veces salir corriendo. Llegue a correr varias veces”.
“El Sembrador” de minas antipersonal
Superadas estas dos pruebas, “El sembrador”, que hacía parte de un grupo de cerca de quince menores, distribuidos en varios campamentos (con capacidad cada uno de cerca de 20 personas), ahora se encargaba de fabricar y sembrar minas antipersonal, las cuales, según él, mató a muchos soldados.
“Nosotros cuando sabíamos donde estaban (soldados y policías) íbamos y le minábamos todo el camino. Los esperábamos que vinieran. Cuando sonaban las minas ahí nosotros los atacábamos. Les empezábamos a tirar bombas con un tubo que se llama “Cardan”. Llegue a encontrar varios soldados sin piernas, muertos ahí cuando pisaban las minas. Los guerrilleros los arrecogían, los metían en una bolsa y los enterraban en el monte”.
Ya en este momento, “El sembrador” que tenía 16 años y estaba a cinco días de camino de su familia, era un experto en armar e instalar una mina antipersonal en un minuto. No le daba miedo, pero si tristeza al ver como mataba a otra persona por una guerra absurda.
“Por ahí un minuto me demoraba en instalar una mina antipersonal en los caminos. Siempre lo hacía entre las cuatro y cinco de la tarde, cuando estaba cerca el ejército y la policía. Uno arma la bomba con un explosivo que se llama TNT o Pentonita y la entierra. Le pone los cables con una batería de nueve voltios y la chancleta que activa la mina, para luego enterrarla en donde nadie la vea y entonces ahí cuando la pisan ella estalla. Yo sembré por ahí unas veinte minas antipersonal”.
El Programa Presidencial de Atención Integral contra Minas Antipersonal (paicma) en Colombia, reporta 10 mil 189 víctimas de minas antipersonal entre 1982 y 2012.
A lavar el cerebro
“El sembrador”, a penas a sus 16 años, además de ser un experto en sembrar minas antipersonal, le fue encomendada la tarea de hacer reuniones en los pueblos para convencer a la gente de que se metiera a las Farc, pero no logro convencer a nadie.
“Uno les decía que se metieran a la guerrilla que eso era bueno. Que uno luchaba por una causa justa. Esa era la política que le daban a uno allá. Entonces uno seguía esas mismas reglas. Me decían que uno luchaba aquí por la igualdad. Que nadie tengan más que otros y para llegar a gobernar a Colombia también. Habían unas personas que si apoyan a la guerrilla, como habían otras que no le gustaban ya las Farc”.
El Día de la Libertad
Luego de dos años en las Farc y de ver como varios de sus compañeritos decidían volarse por estar aburridos en la guerrilla, a “El sembrador”, le llego su turno.
“Un día estaba prestando guardia y me quede dormido. Debido a esto me castigaron con 500 viajes de leña. Ahí fue donde decidí huir. Antes de que obligaran a cumplir con los viajes de leña, a las nueve de la mañana deje todo tirado, hasta las armas, y salí corriendo solo con el camuflado puesto hasta dónde estaba el ejército que se encontraba a 900 metros de donde yo estaba. Una vez llegue les dije que me entregaba. Me agarraron, me hicieron tirar al suelo, me apuntaron con las armas y tenían ganas de matarme”.
Su nueva arma
Un año después de su entrega, la cual está fresca en su memoria, “El sembrador”, hincha del equipo de fútbol Nacional de la ciudad de Medellín, amante de la ensalada de frutas y con novia desde hace cinco meses, ahora no lucha contra el ejército, la policía o los paramilitares, ni siembra minas antipersonal, sino que lucha por lograr sus sueños.
“Desde hace un año estudio y me estoy capacitando. Estudio Mecánica Automotriz. Sueño con ser Administrador de Empresas, tener mi casa propia y ayudar a mi familia. Es una gran oportunidad de que me ha dado Dios. Mi familia dice que es la mejor decisión que he tomado y que me haya reconciliado con la sociedad. Las armas ya no las necesito. Tengo un arma mejor que es la mentalidad.
Nota al margen
La investigación realizada por el Grupo de Memoria Histórica, GMH, en Colombia, concluyó que el conflicto armado que lleva cinco décadas en Colombia, ha causado la muerte de aproximadamente 220 mil personas entre el primero de enero de 1958 y el 31 de diciembre de 2012.
A LOS 13 AÑOS YA ESTABA EN LA FARC.
FUE OBLIGADA A ABORTAR Y SU MADRE LA HACE MUERTA
Por Juan Carlos Díaz
Integrante HUMANOS
Cali, Colombia
Sudando, con su cara brillante, luciendo ropa deportiva y cargando un pesado niño que sollozaba. Así conocí en una calurosa tarde de viernes, a Yessica Lorena Cebáis Artunduaga, una joven madre de 19 años de nacionalidad colombiana y a su hijo, Ángel Estiven, de solo siete meses de nacido.
Sentada frente a mí, en un pequeño salón donde dos asientos son la única decoración y una ventanal con cortinas verticales de un verde gastado, Yessica, como puede, trata de consolar a su hijo que no deja de quejarse, pues desde hace varios días está enfermo. Tanto ella como él bebe no paran de sudar y moverse.
Empezamos a hablar. Sus primeras palabras, que juegan y se confunden con el balbuceo que hace con la boca el bebé, dejan escuchar frases de una infancia marcada, no por los juegos de muñecas, aventuras o amiguitos, sino por el maltrato.
A medida que la conversación avanza, Yessica, además de tener recuerdos de un triste pasado, desde hace dos años está sola con un hijo sin padre, sin trabajo, con un futuro incierto y carga con la melancolía de saber que su madre piensa que está muerta hace más de cinco años.
AK-47, fusiles de asalto soviético y pistolas, fueron las armas y no los juguetes, que acompañaron desde los 13 a los 17 años a Yessica, una niña que tuvo una infancia dolorosa debido a la violencia intrafamiliar, un ambiente que la llevó a tomar una trágica decisión: ingresar a la guerrilla.
“Mis seis hermanitos y yo, la menor de todos, vivíamos en una finca en una vereda al sur oriente de Colombia. Tuve muchos problemas con mi padrastro. Me echo de la casa y por eso me fui para allá. Por mi casa había mucha gente de la guerrilla, entonces pedí ingreso. Me dijeron que lo pensara. Yo no lo pensé, sino que me fui de una vez”.
Así Yessica como un medio de protección, ingresó a las Farc, Grupo Armado Organizado al Margen de la Ley en Colombia, que actualmente dialoga con el gobierno colombiano en la Habana, Cuba, para llegar a un Acuerdo de Paz, luego de más de 50 años de un conflicto interno que deja más de 5, 5 millones de víctimas.
Yessica, relata como si fuera una historia más, que una vez ingreso a la guerrilla la metieron a unos mini cursos, para luego ponerla a prestar guardia.
“Salía a exploraciones, es decir, a revisar el monte que no hubiera ejército. Me enseñaron como era la manera de vivir en la guerrilla. O sea, la disciplina y a manejar armas, las cuales disparaba cuando nos ponían hacer Polígono".
Durante el tiempo que Yessica estuvo en el monte: manejó armas, prestó guardia y salió a explorar el monte, pero recuerda con voz entrecortada y con lágrimas que hacen más triste el cuadro, el peor momento que ha vivido en su corta vida y del cual aún no se repone.
“Luego de cuatro años en las Farc quede embarazada. No me violaron. Lo hice por voluntad propia. Quede embarazada, y yo no dije nada, pero ellos se vinieron a dar cuenta cuando tenía seis meses. Me dijeron que tenía que abortar. Que sino aceptaba me fusilaban. No podía volarme porque mantenía muy enferma, entonces de un momento a otro me cogieron de sorpresa y me lo sacaron”.
El silencio reinó en el pequeño salón. El bebé que hasta hace poco lloraba se une al pacto de silencio y deja moverse para mirar con asombro como si fuera un juguete que lo hipnotiza, como salen lágrimas de los verdes y llamativos ojos de Yessica. Por un momento dio la sensación que la conversación se hubiera terminado.
Pasan unos minutos. Yessica, mirando al suelo, como tratando de ocultar su desgracia, vuelve hablar sobre este episodio de su vida con palabras mucho más escalofriantes: “Yo quede prácticamente loca. Desde ahí he tenido problemas sicológicos y he intentado matarme varias veces”.
A Yessica la hacen muerta
Como si no fuera poco lo vivido por Yessica durante los cuatro años que permaneció reclutada por las Farc, desde hace dos años cuando se desvinculo de la guerrilla, luego de ser capturada en un reten del ejército, busca desesperadamente a su madre, quien la hace muerta.
“Durante los cuatro años en el monte nunca vi a mi familia. Había unos compañeros de la guerrilla que fueron a mi casa y le dijeron a mi mamá, Rubiela Cebáis Artunduaga, que me habían matado. Nunca más la volví a ver. He intentado encontrar a mis seres queridos. Hasta por Internet los he buscado. Ahora no distingo a ninguno de mis hermanos. A ratos me siento muy deprimida. Vivo sola con mi hijo”.
Agachando la cabeza y abrazando a su pequeño hijo, como tratando de evitar que alguien se lo arrebate, Yessica llora desconsolada buscando en cada palabra que saca de sus gruesos labios, gritar ¡ESTOY VIVA!
“Mi mamá dónde quiera que se encuentre quiero que ella se de cuenta que estoy viva. Que es abuela. La he buscado pero no la encuentro. La quiero ver. Me siento muy sola. Quiero saber cómo está y volver a su lado”.
Yessica, que sigue siendo observada por su pequeño hijo como tratando de entender del por qué llora, reitera que quiere encontrar a su mamá e irse a vivir con ella y recuperar todo el tiempo perdido que nunca alcanzó a disfrutar a su lado.
En un llanto que parece no tener fin, la joven mujer agrega: “quiero salir adelante porque ahora tengo una responsabilidad. Debo luchar. Quiero estudiar. Hacer mi carrera. Mi sueño siempre ha sido estudiar enfermería”.
Esta niña ex-guerrillera, que recorrió varios hogares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, antes de quedar en embarazo por segunda vez, dice estar arrepentida de haber ingresado a la guerrilla, le da rabia con la vida porque fue obligada por las circunstancias, circunstancias que aprovecharon la guerrilla para reclutarla.
Ahora Yessica, que maduro antes de tiempo, que estuvo a punto morir fusilada sino abortaba, que su madre la hace muerta, que no distingue a sus seis hermanitos y que ha tratado de matarse, en este momento no puede trabajar porque “el patrón” para quien trabaja, se enojó porque su niño está enfermo y se la pasa llorando.
“Yo necesito dedicarle tiempo a mi hijo. Es lo único que tengo en este momento”.
FUE OBLIGADA A ABORTAR Y SU MADRE LA HACE MUERTA
Por Juan Carlos Díaz
Integrante HUMANOS
Cali, Colombia
Sudando, con su cara brillante, luciendo ropa deportiva y cargando un pesado niño que sollozaba. Así conocí en una calurosa tarde de viernes, a Yessica Lorena Cebáis Artunduaga, una joven madre de 19 años de nacionalidad colombiana y a su hijo, Ángel Estiven, de solo siete meses de nacido.
Sentada frente a mí, en un pequeño salón donde dos asientos son la única decoración y una ventanal con cortinas verticales de un verde gastado, Yessica, como puede, trata de consolar a su hijo que no deja de quejarse, pues desde hace varios días está enfermo. Tanto ella como él bebe no paran de sudar y moverse.
Empezamos a hablar. Sus primeras palabras, que juegan y se confunden con el balbuceo que hace con la boca el bebé, dejan escuchar frases de una infancia marcada, no por los juegos de muñecas, aventuras o amiguitos, sino por el maltrato.
A medida que la conversación avanza, Yessica, además de tener recuerdos de un triste pasado, desde hace dos años está sola con un hijo sin padre, sin trabajo, con un futuro incierto y carga con la melancolía de saber que su madre piensa que está muerta hace más de cinco años.
AK-47, fusiles de asalto soviético y pistolas, fueron las armas y no los juguetes, que acompañaron desde los 13 a los 17 años a Yessica, una niña que tuvo una infancia dolorosa debido a la violencia intrafamiliar, un ambiente que la llevó a tomar una trágica decisión: ingresar a la guerrilla.
“Mis seis hermanitos y yo, la menor de todos, vivíamos en una finca en una vereda al sur oriente de Colombia. Tuve muchos problemas con mi padrastro. Me echo de la casa y por eso me fui para allá. Por mi casa había mucha gente de la guerrilla, entonces pedí ingreso. Me dijeron que lo pensara. Yo no lo pensé, sino que me fui de una vez”.
Así Yessica como un medio de protección, ingresó a las Farc, Grupo Armado Organizado al Margen de la Ley en Colombia, que actualmente dialoga con el gobierno colombiano en la Habana, Cuba, para llegar a un Acuerdo de Paz, luego de más de 50 años de un conflicto interno que deja más de 5, 5 millones de víctimas.
Yessica, relata como si fuera una historia más, que una vez ingreso a la guerrilla la metieron a unos mini cursos, para luego ponerla a prestar guardia.
“Salía a exploraciones, es decir, a revisar el monte que no hubiera ejército. Me enseñaron como era la manera de vivir en la guerrilla. O sea, la disciplina y a manejar armas, las cuales disparaba cuando nos ponían hacer Polígono".
Durante el tiempo que Yessica estuvo en el monte: manejó armas, prestó guardia y salió a explorar el monte, pero recuerda con voz entrecortada y con lágrimas que hacen más triste el cuadro, el peor momento que ha vivido en su corta vida y del cual aún no se repone.
“Luego de cuatro años en las Farc quede embarazada. No me violaron. Lo hice por voluntad propia. Quede embarazada, y yo no dije nada, pero ellos se vinieron a dar cuenta cuando tenía seis meses. Me dijeron que tenía que abortar. Que sino aceptaba me fusilaban. No podía volarme porque mantenía muy enferma, entonces de un momento a otro me cogieron de sorpresa y me lo sacaron”.
El silencio reinó en el pequeño salón. El bebé que hasta hace poco lloraba se une al pacto de silencio y deja moverse para mirar con asombro como si fuera un juguete que lo hipnotiza, como salen lágrimas de los verdes y llamativos ojos de Yessica. Por un momento dio la sensación que la conversación se hubiera terminado.
Pasan unos minutos. Yessica, mirando al suelo, como tratando de ocultar su desgracia, vuelve hablar sobre este episodio de su vida con palabras mucho más escalofriantes: “Yo quede prácticamente loca. Desde ahí he tenido problemas sicológicos y he intentado matarme varias veces”.
A Yessica la hacen muerta
Como si no fuera poco lo vivido por Yessica durante los cuatro años que permaneció reclutada por las Farc, desde hace dos años cuando se desvinculo de la guerrilla, luego de ser capturada en un reten del ejército, busca desesperadamente a su madre, quien la hace muerta.
“Durante los cuatro años en el monte nunca vi a mi familia. Había unos compañeros de la guerrilla que fueron a mi casa y le dijeron a mi mamá, Rubiela Cebáis Artunduaga, que me habían matado. Nunca más la volví a ver. He intentado encontrar a mis seres queridos. Hasta por Internet los he buscado. Ahora no distingo a ninguno de mis hermanos. A ratos me siento muy deprimida. Vivo sola con mi hijo”.
Agachando la cabeza y abrazando a su pequeño hijo, como tratando de evitar que alguien se lo arrebate, Yessica llora desconsolada buscando en cada palabra que saca de sus gruesos labios, gritar ¡ESTOY VIVA!
“Mi mamá dónde quiera que se encuentre quiero que ella se de cuenta que estoy viva. Que es abuela. La he buscado pero no la encuentro. La quiero ver. Me siento muy sola. Quiero saber cómo está y volver a su lado”.
Yessica, que sigue siendo observada por su pequeño hijo como tratando de entender del por qué llora, reitera que quiere encontrar a su mamá e irse a vivir con ella y recuperar todo el tiempo perdido que nunca alcanzó a disfrutar a su lado.
En un llanto que parece no tener fin, la joven mujer agrega: “quiero salir adelante porque ahora tengo una responsabilidad. Debo luchar. Quiero estudiar. Hacer mi carrera. Mi sueño siempre ha sido estudiar enfermería”.
Esta niña ex-guerrillera, que recorrió varios hogares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, antes de quedar en embarazo por segunda vez, dice estar arrepentida de haber ingresado a la guerrilla, le da rabia con la vida porque fue obligada por las circunstancias, circunstancias que aprovecharon la guerrilla para reclutarla.
Ahora Yessica, que maduro antes de tiempo, que estuvo a punto morir fusilada sino abortaba, que su madre la hace muerta, que no distingue a sus seis hermanitos y que ha tratado de matarse, en este momento no puede trabajar porque “el patrón” para quien trabaja, se enojó porque su niño está enfermo y se la pasa llorando.
“Yo necesito dedicarle tiempo a mi hijo. Es lo único que tengo en este momento”.
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"SUEÑO CON UNA COLOMBIA SIN ARMAS"
Por Edilma Prada Céspedes
Integrande HUMANOS
Departamento del Cauca, Colombia
José William Gómez, 12 años después de ser víctima de la explosión de un 'cilindro bomba' cuenta cómo poco a poco ha ido recuperándose de las traumáticas heridas que le dejó el conflicto. Su historia es símbolo de valentía y lucha de los caucanos afectados por la violencia.
Los recientes hechos violentos que se han presentado en el departamento del Cauca, suroccidente de Colombia, trajeron a la memoria aquellos momentos dolorosos y tristes episodios que muchas de las víctimas del conflicto armado quieren dejar en el olvido.
José William Gómez, de 29 años de edad, es un ganadero del Cauca, a quien hace doce años la detonación de un artefacto explosivo, 'cilindro bomba', le cambió la vida. Desde aquel momento para él se cerraron muchas puertas y aún recuerda con algo de rabia lo ensordecedor de ese momento.
"Eso fue horrible, se me derrumbó la vida", dice José William, cuando se le pregunta qué paso ese 10 de abril del año 2000, cuando una esquirla producto del estallido del cilindro le ocasionó graves heridas que terminaron con la pérdida de una de sus piernas.
José recuerda, que ese día, guerrilleros de las FARC habían salido muy temprano a la vía Panamericana, (entre los municipios de Popayán y Cajibío), "secuestraron gente, quemaron buses, carros, camiones y dejaron explosivos a lado y lado de la vía".
En aquella época, José William, era apenas un joven que estudiaba, y aprovechaba sus ratos libres para trabajar en una pequeña parcela familiar ubicada en la vereda El Cairo, jurisdicción de Popayán.
Minutos antes de acercarse al lugar donde le ocurrió el accidente, viajaba en una camioneta, cuyo conductor se vio obligado a detenerse ya que algo raro sucedía en la vía internacional.
"Llegábamos al retén a ver qué sucedía ahí". El muchacho, sin saber lo que pasaba, caminó hacia el sitio donde estaban los cilindros cargados con explosivos, sin percatarse que algo malo le podría suceder. "El Ejército no hizo bien el procedimiento, no corrió a la gente, no aisló a la población civil del perímetro y las detonó", recuerda.
De un momento a otro una explosión sorprendió a quienes estaban en el lugar. José, tirado en el piso en medio de la confusión, relata que sintió un fuerte dolor en la pierna derecha; una de las esquirlas del artefacto que se activó súbitamente le había generado una grave herida en su extremidad.
Nunca se imaginó, que ese tranquilo día en el que regresa a su vereda le daría un giro a su vida, doloroso suceso del que confiesa aún no ha podido reponerse.
"Fue muy duro llegar al Hospital acá en Popayán (...) había un trancón en la vía Panamericana, yo me estaba desangrando, (silencio) el transcurso de El Cairo aquí (ciudad de Popayán) fue muy duro. Cuando sentí fue que me pusieron una mascarilla en la cara".
Al día siguiente, en el centro hospitalario, su despertar fue traumático. Los médicos habían decidido realizar un procedimiento, tal vez el único para salvarle la vida, pero fatal para un joven lleno de sueños, "ya estaba amputado".
Desde ese instante empezó una segunda etapa para la vida de José William Gómez. El joven alegre, inquieto, lleno de ilusiones y con muchos proyectos en mente, ya no tenía ganas de luchar.
"Se te cierran puertas laborales, sentimentales, personales, los amigos se aíslan, me separé de mi mujer, perdí a mi hijo, se derrumba todo, todo se derrumba, se vuelve muy dura la vida", cuenta José mientras su mirada se pierde en el horizonte.
Confiesa que después de un hecho como ese, el trauma de la explosión, el rechazo de la gente y ver su cuerpo incompleto, le ha generado todo tipo de sensaciones, tristezas, arrepentimientos, rechazos y a veces odio hacia la misma vida.
"Duro, duro, no sé (silencio). Tal vez las ganas de estar vivo, tal vez la chispita de vida, mi hijo, me ha dado para poder sostenerme en estos 11 años de accidente, han sido duros, pero ahí voy. Mucho trabajo, mucho sacrificio; (silencio) mil oportunidades se me han ido, personales, sentimentales, trabajos, todo es muy duro", dice.
La recuperación
La recuperación de José William, fue un proceso lento y de mucha paciencia.
Cuenta que en aquel tiempo desconocía de la existencia de prótesis y mucho menos de organismos que brindaran ayuda tanto sicológica como médica a las víctimas de minas antipersonales y munición sin explotar.
"Yo duré tres años en una muleta; de una muleta a un asiento, y de un asiento a una cama", narra. Sin poder trabajar y requiriendo la ayuda de otra persona para superar los obstáculos de los desplazamientos, por ejemplo subir y bajar gradas, pasar una calle con mucho tráfico, fueron algunos de los traumas que tuvo que superar.
La prótesis, una esperanza
José relata que por cosas de la vida llegaron al Hospital de Cajibío unos funcionarios de CIREC, Centro Integral de Rehabilitación de Colombia, que le brindaron la mejor de las oportunidades.
"Luego de conocer mi situación me llevaron a Bogotá, me pusieron una prótesis, de polipropileno. Allí ya fue una chispita de vida, un empujoncito porque soltar las muletas y tener las manos libres, eso lo fue todo para mí".
Sin embargo, abiertamente se refiere a que las prótesis que dan en CIREC no son para trabajo forzado. "Se me dañó la prótesis por el trabajo en la finca y quedé otra vez varado, y me tocó hacer muchos procesos para volver a recuperarla", cuenta.
José, dice que en medio de su drama, ha tenido que 'pelear' muchas batallas como la de lograr que el Estado le diera una prótesis robótica que le permita realizar trabajos agrícolas, teniendo en cuenta que es su labor diaria.
"Me ha tocado poner hasta tutelas para poder que me dieran una buena prótesis, prótesis de última tecnología, porque es que mi trabajo de campo, es tierra, barro, al sol y al agua, entonces las otras se dañaban muy rápido. (risas) en medio de todo se aprende, hasta de abogado me ha tocado (risas)".
El hijo de José William ha sido un apoyo fundamental en su etapa de recuperación. Para él, la relación con el chico que ya tiene 12 años de edad, le ha permitido ganar otra batalla, la tristeza.
"Le comento mucho lo de mi pie, le muestro mi 'mocho', que lo toque, le muestro mucho la prótesis, que la analice, que la vea, me ha tocado concientizarlo, pues que toda la vida me va a ver así, hasta que me muera".
José William, hoy está convencido de que las víctimas de las minas antipersonales se deben unir y "entre todos lograr que sean escuchados".
Se aterra al enterarse que todos los días un colombiano más, un niño, campesino, soldado, o una mujer, caen en los campos minados o que resultan gravemente heridos tras la explosión de artefactos no convencionales.
"Vemos que cada día somos más 'los mochos', 'los desbaratados', como los llamo yo, (risas) entonces a veces eso es una moral, porque uno ya ve personas sin un brazo y hasta más graves, entonces uno dice: bueno, no estoy solo".
Lo que pasa en el Cauca
José, se cuestiona una y otra vez por qué el conflicto no termina. Y al realizar comparaciones de la violencia de hace 10 años, concluye que las cosas siguen igual y le duele que cada día hayan más personas padeciendo el drama que él vivió.
"Horrible, es una asquerosidad, como así que nosotros los campesinos nos están matando y lo más triste es que las víctimas somos nosotros los que no tenemos nada que ver con este conflicto armado. Sueño con un Colombia sin armas, sin guerra", expresa.
Por ello, y para ayudar a las víctimas del conflicto armado decidió hacer parte de la Asociación de Sobrevivientes de Minas Antipersonales y Munición sin Explotar, ASODEAM, desde donde se capacitan con el único objetivo de mejorar las condiciones de vida.
"Desde allí orientamos a las personas para que hagamos respetar nuestros derechos, porque como víctimas tenemos derecho y buscamos las formas para que nos ayuden, que no nos olviden".
Así como ASODEAM, la Fundación Tierra de Paz, se convirtió en uno de los apoyos fundamentales para no dejarse invadir de la desesperanza y la confusión. José cree que sin la asesoría de esta fundación habría sido muy difícil avanzar en sus procesos de recuperación integral y de reivindicación de sus derechos.
Saca su libreta de uno de los bolsillos de su pantalón, y empieza a leer uno a uno de los derechos que tienen las víctimas de artefactos no convencionales.
"El primer derecho que uno tiene como víctima es a la atención médica, debe ser inmediato y veces no se cumple. Tenemos derecho a médico y atención hospitalaria totalmente gratis; rehabilitación integral que incluye la prótesis y ayudas técnicas; transporte gratuito; capacitación en el SENA; subsidios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; vivienda y crédito de interés solidario; las víctimas tienen seis meses para hacer la reclamación de reembolso, entre otras".
De igual manera, manifiesta que ellos como víctimas tienen derecho a conocer la verdad de lo ocurrido en el accidente y a que se haga justicia, aspectos que ve como imposibles.
"Imposible en esta guerra, es muy difícil saber quién sembró la mina, complicado, ahora investigación, yo este punto lo veo muy lejano para uno como campesino".
José William Gómez, pese a su condición física, sigue empeñado en trabajar en su finca, y desde ASODEAM lucha para que el Estado y los colombianos no vean a las víctimas del conflicto armado como meras cifras sino como compatriotas que necesitan apoyo para poder recuperar sus vidas.
Foto: Ferney Meneses Gutiérrez – agendapropia.com
Por Edilma Prada Céspedes
Integrande HUMANOS
Departamento del Cauca, Colombia
José William Gómez, 12 años después de ser víctima de la explosión de un 'cilindro bomba' cuenta cómo poco a poco ha ido recuperándose de las traumáticas heridas que le dejó el conflicto. Su historia es símbolo de valentía y lucha de los caucanos afectados por la violencia.
Los recientes hechos violentos que se han presentado en el departamento del Cauca, suroccidente de Colombia, trajeron a la memoria aquellos momentos dolorosos y tristes episodios que muchas de las víctimas del conflicto armado quieren dejar en el olvido.
José William Gómez, de 29 años de edad, es un ganadero del Cauca, a quien hace doce años la detonación de un artefacto explosivo, 'cilindro bomba', le cambió la vida. Desde aquel momento para él se cerraron muchas puertas y aún recuerda con algo de rabia lo ensordecedor de ese momento.
"Eso fue horrible, se me derrumbó la vida", dice José William, cuando se le pregunta qué paso ese 10 de abril del año 2000, cuando una esquirla producto del estallido del cilindro le ocasionó graves heridas que terminaron con la pérdida de una de sus piernas.
José recuerda, que ese día, guerrilleros de las FARC habían salido muy temprano a la vía Panamericana, (entre los municipios de Popayán y Cajibío), "secuestraron gente, quemaron buses, carros, camiones y dejaron explosivos a lado y lado de la vía".
En aquella época, José William, era apenas un joven que estudiaba, y aprovechaba sus ratos libres para trabajar en una pequeña parcela familiar ubicada en la vereda El Cairo, jurisdicción de Popayán.
Minutos antes de acercarse al lugar donde le ocurrió el accidente, viajaba en una camioneta, cuyo conductor se vio obligado a detenerse ya que algo raro sucedía en la vía internacional.
"Llegábamos al retén a ver qué sucedía ahí". El muchacho, sin saber lo que pasaba, caminó hacia el sitio donde estaban los cilindros cargados con explosivos, sin percatarse que algo malo le podría suceder. "El Ejército no hizo bien el procedimiento, no corrió a la gente, no aisló a la población civil del perímetro y las detonó", recuerda.
De un momento a otro una explosión sorprendió a quienes estaban en el lugar. José, tirado en el piso en medio de la confusión, relata que sintió un fuerte dolor en la pierna derecha; una de las esquirlas del artefacto que se activó súbitamente le había generado una grave herida en su extremidad.
Nunca se imaginó, que ese tranquilo día en el que regresa a su vereda le daría un giro a su vida, doloroso suceso del que confiesa aún no ha podido reponerse.
"Fue muy duro llegar al Hospital acá en Popayán (...) había un trancón en la vía Panamericana, yo me estaba desangrando, (silencio) el transcurso de El Cairo aquí (ciudad de Popayán) fue muy duro. Cuando sentí fue que me pusieron una mascarilla en la cara".
Al día siguiente, en el centro hospitalario, su despertar fue traumático. Los médicos habían decidido realizar un procedimiento, tal vez el único para salvarle la vida, pero fatal para un joven lleno de sueños, "ya estaba amputado".
Desde ese instante empezó una segunda etapa para la vida de José William Gómez. El joven alegre, inquieto, lleno de ilusiones y con muchos proyectos en mente, ya no tenía ganas de luchar.
"Se te cierran puertas laborales, sentimentales, personales, los amigos se aíslan, me separé de mi mujer, perdí a mi hijo, se derrumba todo, todo se derrumba, se vuelve muy dura la vida", cuenta José mientras su mirada se pierde en el horizonte.
Confiesa que después de un hecho como ese, el trauma de la explosión, el rechazo de la gente y ver su cuerpo incompleto, le ha generado todo tipo de sensaciones, tristezas, arrepentimientos, rechazos y a veces odio hacia la misma vida.
"Duro, duro, no sé (silencio). Tal vez las ganas de estar vivo, tal vez la chispita de vida, mi hijo, me ha dado para poder sostenerme en estos 11 años de accidente, han sido duros, pero ahí voy. Mucho trabajo, mucho sacrificio; (silencio) mil oportunidades se me han ido, personales, sentimentales, trabajos, todo es muy duro", dice.
La recuperación
La recuperación de José William, fue un proceso lento y de mucha paciencia.
Cuenta que en aquel tiempo desconocía de la existencia de prótesis y mucho menos de organismos que brindaran ayuda tanto sicológica como médica a las víctimas de minas antipersonales y munición sin explotar.
"Yo duré tres años en una muleta; de una muleta a un asiento, y de un asiento a una cama", narra. Sin poder trabajar y requiriendo la ayuda de otra persona para superar los obstáculos de los desplazamientos, por ejemplo subir y bajar gradas, pasar una calle con mucho tráfico, fueron algunos de los traumas que tuvo que superar.
La prótesis, una esperanza
José relata que por cosas de la vida llegaron al Hospital de Cajibío unos funcionarios de CIREC, Centro Integral de Rehabilitación de Colombia, que le brindaron la mejor de las oportunidades.
"Luego de conocer mi situación me llevaron a Bogotá, me pusieron una prótesis, de polipropileno. Allí ya fue una chispita de vida, un empujoncito porque soltar las muletas y tener las manos libres, eso lo fue todo para mí".
Sin embargo, abiertamente se refiere a que las prótesis que dan en CIREC no son para trabajo forzado. "Se me dañó la prótesis por el trabajo en la finca y quedé otra vez varado, y me tocó hacer muchos procesos para volver a recuperarla", cuenta.
José, dice que en medio de su drama, ha tenido que 'pelear' muchas batallas como la de lograr que el Estado le diera una prótesis robótica que le permita realizar trabajos agrícolas, teniendo en cuenta que es su labor diaria.
"Me ha tocado poner hasta tutelas para poder que me dieran una buena prótesis, prótesis de última tecnología, porque es que mi trabajo de campo, es tierra, barro, al sol y al agua, entonces las otras se dañaban muy rápido. (risas) en medio de todo se aprende, hasta de abogado me ha tocado (risas)".
El hijo de José William ha sido un apoyo fundamental en su etapa de recuperación. Para él, la relación con el chico que ya tiene 12 años de edad, le ha permitido ganar otra batalla, la tristeza.
"Le comento mucho lo de mi pie, le muestro mi 'mocho', que lo toque, le muestro mucho la prótesis, que la analice, que la vea, me ha tocado concientizarlo, pues que toda la vida me va a ver así, hasta que me muera".
José William, hoy está convencido de que las víctimas de las minas antipersonales se deben unir y "entre todos lograr que sean escuchados".
Se aterra al enterarse que todos los días un colombiano más, un niño, campesino, soldado, o una mujer, caen en los campos minados o que resultan gravemente heridos tras la explosión de artefactos no convencionales.
"Vemos que cada día somos más 'los mochos', 'los desbaratados', como los llamo yo, (risas) entonces a veces eso es una moral, porque uno ya ve personas sin un brazo y hasta más graves, entonces uno dice: bueno, no estoy solo".
Lo que pasa en el Cauca
José, se cuestiona una y otra vez por qué el conflicto no termina. Y al realizar comparaciones de la violencia de hace 10 años, concluye que las cosas siguen igual y le duele que cada día hayan más personas padeciendo el drama que él vivió.
"Horrible, es una asquerosidad, como así que nosotros los campesinos nos están matando y lo más triste es que las víctimas somos nosotros los que no tenemos nada que ver con este conflicto armado. Sueño con un Colombia sin armas, sin guerra", expresa.
Por ello, y para ayudar a las víctimas del conflicto armado decidió hacer parte de la Asociación de Sobrevivientes de Minas Antipersonales y Munición sin Explotar, ASODEAM, desde donde se capacitan con el único objetivo de mejorar las condiciones de vida.
"Desde allí orientamos a las personas para que hagamos respetar nuestros derechos, porque como víctimas tenemos derecho y buscamos las formas para que nos ayuden, que no nos olviden".
Así como ASODEAM, la Fundación Tierra de Paz, se convirtió en uno de los apoyos fundamentales para no dejarse invadir de la desesperanza y la confusión. José cree que sin la asesoría de esta fundación habría sido muy difícil avanzar en sus procesos de recuperación integral y de reivindicación de sus derechos.
Saca su libreta de uno de los bolsillos de su pantalón, y empieza a leer uno a uno de los derechos que tienen las víctimas de artefactos no convencionales.
"El primer derecho que uno tiene como víctima es a la atención médica, debe ser inmediato y veces no se cumple. Tenemos derecho a médico y atención hospitalaria totalmente gratis; rehabilitación integral que incluye la prótesis y ayudas técnicas; transporte gratuito; capacitación en el SENA; subsidios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; vivienda y crédito de interés solidario; las víctimas tienen seis meses para hacer la reclamación de reembolso, entre otras".
De igual manera, manifiesta que ellos como víctimas tienen derecho a conocer la verdad de lo ocurrido en el accidente y a que se haga justicia, aspectos que ve como imposibles.
"Imposible en esta guerra, es muy difícil saber quién sembró la mina, complicado, ahora investigación, yo este punto lo veo muy lejano para uno como campesino".
José William Gómez, pese a su condición física, sigue empeñado en trabajar en su finca, y desde ASODEAM lucha para que el Estado y los colombianos no vean a las víctimas del conflicto armado como meras cifras sino como compatriotas que necesitan apoyo para poder recuperar sus vidas.
Foto: Ferney Meneses Gutiérrez – agendapropia.com
"YO QUIERO TENER EL MISMO CORAZÓN DE MI PAPÁ"
Por Juan Carlos Díaz
Integrante HUMANOS
Cali, Colombia
Tiene once años. Su mirada es diferente, ya no refleja la chispa de picardía, propia de una niña de su edad. La risa ya no alegra su rostro constantemente. Su inocencia juega con los recuerdos. Recuerdos de su padre, José Eiber Granja Torres, que desde hace ocho años no lo ve, cuando le dijo que iba por dinero y nunca más regreso.
Es Angeli Ayala Angulo Micolta, una niña afrodescendiente que habita el sector de Baja Mar, en el municipio de Buenaventura, una de las zonas más deprimidas del departamento del Valle del Cauca.
Esta niña, que le gusta tirarse al mar a nadar con ropa, a pesar de su corta edad tiene alma de mujer adulta porque ha tenido que sufrir los envistes de una vida rodeada de dolor y miseria.
En sus cortos años de vida, Angeli no solo ha vivido en carne la desaparición de su padre, un pescador que no consentía nada con ella, sino la de su madre que tuvo que abandonarlos y salir del país por amenazas de muerte.
"Mi padre no jugaba mucho conmigo, pero para donde iba siempre me llevaba. Íbamos a comprar la remesa y al parque. Me compraba muchas cosas y muchos juguetes como las muñecas de la Barbie. Yo tenía un poco", recuerda con lágrimas en sus ojos.
Angeli, que se cree una niña grande porque ya no le gusta jugar con las Barbie, dice que cuando salía al supermercado a comprar la remesa, su padre la hacía feliz llenando sus bolsillos de muchos dulces.
"Yo era la única de mis siete hermanitos que salía con él, porque yo lo quiero y lo recuerdo mucho, más en el Día del Padre, el 31 de diciembre y recuerdo la fiesta de cumpleaños que me hizo con mis amigas".
Angeli, como si fuera ayer, no olvida el último día que vio a su padre, José Eiber Granja Torres, ese seis de febrero de 2004.
"Lo que más me dolió fue cuando yo le pedí una moneda y él me dijo que no tenía plata. En ese momento recibió una llamada y se fue. Esa fue la última vez que lo vi. Me dijo que ya venía, que iba a reclamar una plata para el almuerzo y nunca más volvió".
Para esta pequeña, a pesar de que su padre no está a su lado desde hace ochos años, sigue con el sueño de ser alguien en la vida, ser una profesional, ser doctora y cumplir la promesa que le hizo a su padre.
"Yo le decía que quería ser doctora y él me decía que si él estaba vivo, pues que me pagaba la carrera".
Angelie, que actualmente estudia sexto grado y reconoce que no es una buena estudiante porque le da pereza hacer las tareas. "Quiero ser como su padre", asegura la niña.
"Yo quiero tener el mismo corazón que tiene mi papá, porque él era muy buena gente. Él a nadie le negaba nada. Nunca me negó nada".
A pesar de los años de no saber de José Eiber Granja Torres, un humilde pescador y de tener constantes pesadillas que le muestran un padre muerto, Angeli, junto con sus siete hermanitos, lo siguen esperando.
"Yo quiero que regrese. Quiero que esté al lado de nosotros. Cuando lo vea le voy a decir un poco de cosas: que lo extraño y que lo quiero mucho. Quiero que vuelva".
Por Juan Carlos Díaz
Integrante HUMANOS
Cali, Colombia
Tiene once años. Su mirada es diferente, ya no refleja la chispa de picardía, propia de una niña de su edad. La risa ya no alegra su rostro constantemente. Su inocencia juega con los recuerdos. Recuerdos de su padre, José Eiber Granja Torres, que desde hace ocho años no lo ve, cuando le dijo que iba por dinero y nunca más regreso.
Es Angeli Ayala Angulo Micolta, una niña afrodescendiente que habita el sector de Baja Mar, en el municipio de Buenaventura, una de las zonas más deprimidas del departamento del Valle del Cauca.
Esta niña, que le gusta tirarse al mar a nadar con ropa, a pesar de su corta edad tiene alma de mujer adulta porque ha tenido que sufrir los envistes de una vida rodeada de dolor y miseria.
En sus cortos años de vida, Angeli no solo ha vivido en carne la desaparición de su padre, un pescador que no consentía nada con ella, sino la de su madre que tuvo que abandonarlos y salir del país por amenazas de muerte.
"Mi padre no jugaba mucho conmigo, pero para donde iba siempre me llevaba. Íbamos a comprar la remesa y al parque. Me compraba muchas cosas y muchos juguetes como las muñecas de la Barbie. Yo tenía un poco", recuerda con lágrimas en sus ojos.
Angeli, que se cree una niña grande porque ya no le gusta jugar con las Barbie, dice que cuando salía al supermercado a comprar la remesa, su padre la hacía feliz llenando sus bolsillos de muchos dulces.
"Yo era la única de mis siete hermanitos que salía con él, porque yo lo quiero y lo recuerdo mucho, más en el Día del Padre, el 31 de diciembre y recuerdo la fiesta de cumpleaños que me hizo con mis amigas".
Angeli, como si fuera ayer, no olvida el último día que vio a su padre, José Eiber Granja Torres, ese seis de febrero de 2004.
"Lo que más me dolió fue cuando yo le pedí una moneda y él me dijo que no tenía plata. En ese momento recibió una llamada y se fue. Esa fue la última vez que lo vi. Me dijo que ya venía, que iba a reclamar una plata para el almuerzo y nunca más volvió".
Para esta pequeña, a pesar de que su padre no está a su lado desde hace ochos años, sigue con el sueño de ser alguien en la vida, ser una profesional, ser doctora y cumplir la promesa que le hizo a su padre.
"Yo le decía que quería ser doctora y él me decía que si él estaba vivo, pues que me pagaba la carrera".
Angelie, que actualmente estudia sexto grado y reconoce que no es una buena estudiante porque le da pereza hacer las tareas. "Quiero ser como su padre", asegura la niña.
"Yo quiero tener el mismo corazón que tiene mi papá, porque él era muy buena gente. Él a nadie le negaba nada. Nunca me negó nada".
A pesar de los años de no saber de José Eiber Granja Torres, un humilde pescador y de tener constantes pesadillas que le muestran un padre muerto, Angeli, junto con sus siete hermanitos, lo siguen esperando.
"Yo quiero que regrese. Quiero que esté al lado de nosotros. Cuando lo vea le voy a decir un poco de cosas: que lo extraño y que lo quiero mucho. Quiero que vuelva".
DEBORA BENCHOAM,
LA HISTORIA VIDA DE LA DICTADURA EN ARGENTINA
Por Juan Carlos Díaz
Integrante HUMANOS
Cali, Colombia
La primera vez que la vi estaba sentada en un rincón en silencio, con las rodillas cruzadas, sosteniendo en sus manos varios documentos y elegantemente vestida.
Durante un buen tiempo permaneció mirando fijamente la mesa en donde hablábamos sobre los derechos humanos solo 16 periodistas de Latinoamericana -desde Argentina hasta México- becados en Washington, DC -una de las ciudades más importante del mundo- por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Es un jueves de mayo de 2012. El día es soleado, pero hace frío. Nos encontrábamos en el sexto piso de un moderno edificio en ladrillo, donde se le a la entrada en inglés Organization of American States, a pocas cuadras de la Casa Blanca.
La mujer, que durante varias horas no intercambio palabra con nosotros, salió del salón de la misma manera como ingreso: sin decir nada.
A las diez en punto de la mañana del día siguiente, y luego de un desayuno con María Isabel Rivero, directora de prensa de la CIDH, entró la mujer que había guardado silencio el día anterior.
Vistiendo una blusa negra, sobre la cual tenía una chaqueta azul aguamarina y sobre su cuello colgaba un llamativo collar, y pantalón negro, la mujer se sentó en la mesa principal junto con Santiago Canton, secretario general de la CIDH, quién la presentó como Débora Benchoam, abogada especialista en Derechos Humanos y que hace parte del Grupo de Protección, es decir, el que determina las medidas cautelares que los gobiernos deben tomar sobre las personas que sus vidas corren peligro.
El nombre no me decía nada. Y creo que para todos era igual. Una vez empezó a hablar, la atención sobre Débora Benchoam, se hizo evidente cuando la escuchamos decir que fue víctima de la dictadura militar en Argentina entre 1976 y 1983, cuando el ex dictador Jorge Videla, ahora de 86 años, asesino cerca de ocho mil personas y desapareció unos 30 mil, para ganar la guerra contra la subversión, como lo reconoció en el libro “Disposición Final” del periodista gaucho, Caferino Reato.
Quede sorprendido, pero a la vez emocionado de estar al lado de esta mujer, que con el acento argentino inconfundible, narró su experiencia con recuerdos muy precisos, tranquila -como siguiendo un guión- y usando un lenguaje descarnado, de lo que vivió en carne propia durante los más de cuatro años que estuvo encerrada, sufriendo todo tipo de atropellos por parte de los militares al mando de Videla.
Las palabras que salían pausadamente de la boca de Débora, me hizo recordar de inmediato las historias que he conocido de las miles de familias en Colombia, y en especial del departamento del Valle del Cauca en donde vivo, a causa de una guerra que lleva más de 50 años en mi país.
En el libro “Disposición Final” el ex dictador cifró entre “siete y ocho mil personas el número de argentinos asesinados durante los años de plomo” y aseguro que el régimen hizo desaparecer los restos de las víctimas para no provocar protestas dentro del país.
Tener al frente a Débora, una mujer que logró vivir para contar lo que pasó durante la dictadura militar argentina, era una experiencia que no podía desaprovechar.
Fue así como una vez termino su intervención, dos horas después, la abordé y logré que me contara su vivencia, 36 años después del derrocamiento de la entonces presidenta constitucional, Isabel Perón, a manos de Jorge Videla, detenido en el penal de Campo de Mayo, a la afueras de Buenos Aires.
La historia de Débora
En un rincón del salón, de pie, Débora me contó que cuando tenía 16 años era parte de la organización “Unión de Estudiantes Secundarios” y participaba en actividades, que para la época, estaba prohibido por la dictadura militar.
“El 25 de Julio de 1977 un grupo de militares de las fuerzas conjuntas del ejército interrumpieron en mi casa a la madrugada. Entraron al dormitorio que yo compartía con mi hermano Rubén de 17 años. Lo asesinaron frente a mis ojos a sangre fría y a mí me llevaron a un lugar desconocido donde se escuchaban gritos y música muy fuertes. Luego fui trasladada a la Comisaría 50 en la Capital Federal y de ahí a la Prisión de Villa de Voto donde había miles de presas políticas. Allí estuve cuatro años y medio sin proceso judicial y sin ningún tipo de posibilidad de salir del país o de ejercer mis derechos”.
Seguidamente Débora me explico, detalladamente, cómo era el sitio en donde vivió esos largos cuatro años: “la cárcel estaba dividida en diferentes regímenes. Yo estaba en el régimen más duro, luego de estar en un proceso de observación, ya que no quise colaborar con la dictadura militar en firmar ciertos documentos incriminatorios contra mi hermano y en contra mía. Estuve con otras presas políticas en celdas con baño interior y el recreo solamente dos horas. El resto del tiempo estábamos encerradas. Tampoco teníamos visita de contacto que otros regímenes si los tenían. Es decir que veíamos a nuestras familias a través de un vidrio y éramos monitoreadas en forma continúa. La correspondencia era censurada, bloques de nuestra correspondencia eran tachados con tinta negra, es decir que no podíamos denunciar la situación”.
A esta altura del relato, Débora destaca lo más difícil de la tortura física y psicológica que vivió durante la dictadura.
“Lo más difícil durante todo el proceso, en lo personal, fue el asesinato de mi hermano, saber de las violaciones continuas de Derechos Humanos, estar sin libertad por cuatro años y medio sin causa, como tantas otras personas. De conocer sobre la desaparición forzada de mi compañero (novio) Mauricio Weinstein y de muchos otros amigos. De las ejecuciones extrajudiciales que se estaban dando continuamente. De la falta de democracia y de Estado de Derecho”.
Para Débora, por su corta edad durante estos episodios, no pudo desarrollarme en forma plena durante todos esos años.
“Desde antes de estar privada de la libertad estuve muy comprometida con derechos y con la justicia, a pesar de que era pequeña. Mi madre que murió de cáncer en el 75. Era una profesora activa dentro del peronismo. Con ella un poco “mamamos” la lucha por tener una democracia representativa, porque hubiera justicia social. Participamos en movilizaciones desde muy pequeños, cobijamos en nuestra casa a exiliados de Chile, de Brasil y también de Uruguay y así me fui empapando de muy pequeñita de las realidades de América Latina y de la necesidad de trabajar por un mundo mejor”.
Ya con esta concepción y la experiencia vivida en la cárcel, Débora una vez que salió de prisión, su objetivo fue denunciar las atrocidades que habían sucedido y continuaban sucediendo en Argentina.
En este punto Débora explico que siempre trató, en lo posible, denunciar la situación, logrando así que varias organizaciones de derechos humanos conocieran sobre sus circunstancias.
“En mi caso particular hubo un involucramiento de un Diputado de Estados Unidos, William Lehman, conjuntamente con Marshall Meyer, que era un rabino norteamericano, que vivía en Argentina y que se dedicaba a la defensa de los Derechos Humanos.
También por la denuncia que hizo Jacobo Timerman, una vez que salió de prisión, en la cual informó sobre mi situación particular, porque de las menores conducidas, yo era una de las más chicas.
Fue así como a través de esa denuncia y el involucramiento de los diferentes actores de la sociedad civil y periodistas, el congresista Willian Lehman, se traslado a Argentina en 1981 para pedir su libertad.
“Me entrevistó en la cárcel y meses después salí con la opción de irme a los Estados Unidos”.
Débora fue liberada por fin en noviembre de 1981. Llegó a Miami, Florida.
“Una vez llegue a Miami con mis 20 años, había prensa y di mis primeras declaraciones, pese a que firme un acta, antes de salir de Argentina, de que no iba a dar declaraciones una vez que llegara a Estados Unidos. Posteriormente presente testimonios en el Congreso norteamericano para que obstruyeran la posibilidad de ayuda militar a la Argentina durante la dictadura militar.
Fue así como Débora logro velar la verdad no solo sobre lo que ella vivió, sino de otros casos.
“De hecho yo traje a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una serie de testimonios que recogí en Villa de Voto donde escuche que había personas desaparecidas. Tome el nombre de las personas y los trajes aquí para que se pudiera reclamar sobre ellas”.
Cuando volvió la democracia a la Argentina, Débora regreso; “En 1983 yo ya estaba en Estados Unidos en pareja (casada) y decidí volver a la Argentina para reconectarme con la realidad. La efusión de la vuelta a la democracia a la Argentina fue increíble. También dar testimonio sobre lo ocurrido y que gente pudiera empezara a conocer de a poco lo que había sucedido en la Argentina es un proceso que ha cambiado el tejido de la sociedad argentina en su conjunto y donde ya no se permitiría, yo creo, volvamos a situaciones como la que hemos vivido”.
Estando en los Estados Unidos, Débora declaró desde la embajada de Argentina, en Washington, en uno de los casos que actualmente están en juicio, el caso de Vesubio, sobre varios de sus compañeros que están desaparecidos y que eran compañeros de su hermano de la Escuela Secundaria Carlos Peregrine.
Esta valerosa mujer, alejada de su Argentina, sus amigos, su familia, pero aferrada a un pasado que vive con ella, terminó los estudios universitarios y finalmente termino ejerciendo de abogada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, DC.
LA HISTORIA VIDA DE LA DICTADURA EN ARGENTINA
Por Juan Carlos Díaz
Integrante HUMANOS
Cali, Colombia
La primera vez que la vi estaba sentada en un rincón en silencio, con las rodillas cruzadas, sosteniendo en sus manos varios documentos y elegantemente vestida.
Durante un buen tiempo permaneció mirando fijamente la mesa en donde hablábamos sobre los derechos humanos solo 16 periodistas de Latinoamericana -desde Argentina hasta México- becados en Washington, DC -una de las ciudades más importante del mundo- por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Es un jueves de mayo de 2012. El día es soleado, pero hace frío. Nos encontrábamos en el sexto piso de un moderno edificio en ladrillo, donde se le a la entrada en inglés Organization of American States, a pocas cuadras de la Casa Blanca.
La mujer, que durante varias horas no intercambio palabra con nosotros, salió del salón de la misma manera como ingreso: sin decir nada.
A las diez en punto de la mañana del día siguiente, y luego de un desayuno con María Isabel Rivero, directora de prensa de la CIDH, entró la mujer que había guardado silencio el día anterior.
Vistiendo una blusa negra, sobre la cual tenía una chaqueta azul aguamarina y sobre su cuello colgaba un llamativo collar, y pantalón negro, la mujer se sentó en la mesa principal junto con Santiago Canton, secretario general de la CIDH, quién la presentó como Débora Benchoam, abogada especialista en Derechos Humanos y que hace parte del Grupo de Protección, es decir, el que determina las medidas cautelares que los gobiernos deben tomar sobre las personas que sus vidas corren peligro.
El nombre no me decía nada. Y creo que para todos era igual. Una vez empezó a hablar, la atención sobre Débora Benchoam, se hizo evidente cuando la escuchamos decir que fue víctima de la dictadura militar en Argentina entre 1976 y 1983, cuando el ex dictador Jorge Videla, ahora de 86 años, asesino cerca de ocho mil personas y desapareció unos 30 mil, para ganar la guerra contra la subversión, como lo reconoció en el libro “Disposición Final” del periodista gaucho, Caferino Reato.
Quede sorprendido, pero a la vez emocionado de estar al lado de esta mujer, que con el acento argentino inconfundible, narró su experiencia con recuerdos muy precisos, tranquila -como siguiendo un guión- y usando un lenguaje descarnado, de lo que vivió en carne propia durante los más de cuatro años que estuvo encerrada, sufriendo todo tipo de atropellos por parte de los militares al mando de Videla.
Las palabras que salían pausadamente de la boca de Débora, me hizo recordar de inmediato las historias que he conocido de las miles de familias en Colombia, y en especial del departamento del Valle del Cauca en donde vivo, a causa de una guerra que lleva más de 50 años en mi país.
En el libro “Disposición Final” el ex dictador cifró entre “siete y ocho mil personas el número de argentinos asesinados durante los años de plomo” y aseguro que el régimen hizo desaparecer los restos de las víctimas para no provocar protestas dentro del país.
Tener al frente a Débora, una mujer que logró vivir para contar lo que pasó durante la dictadura militar argentina, era una experiencia que no podía desaprovechar.
Fue así como una vez termino su intervención, dos horas después, la abordé y logré que me contara su vivencia, 36 años después del derrocamiento de la entonces presidenta constitucional, Isabel Perón, a manos de Jorge Videla, detenido en el penal de Campo de Mayo, a la afueras de Buenos Aires.
La historia de Débora
En un rincón del salón, de pie, Débora me contó que cuando tenía 16 años era parte de la organización “Unión de Estudiantes Secundarios” y participaba en actividades, que para la época, estaba prohibido por la dictadura militar.
“El 25 de Julio de 1977 un grupo de militares de las fuerzas conjuntas del ejército interrumpieron en mi casa a la madrugada. Entraron al dormitorio que yo compartía con mi hermano Rubén de 17 años. Lo asesinaron frente a mis ojos a sangre fría y a mí me llevaron a un lugar desconocido donde se escuchaban gritos y música muy fuertes. Luego fui trasladada a la Comisaría 50 en la Capital Federal y de ahí a la Prisión de Villa de Voto donde había miles de presas políticas. Allí estuve cuatro años y medio sin proceso judicial y sin ningún tipo de posibilidad de salir del país o de ejercer mis derechos”.
Seguidamente Débora me explico, detalladamente, cómo era el sitio en donde vivió esos largos cuatro años: “la cárcel estaba dividida en diferentes regímenes. Yo estaba en el régimen más duro, luego de estar en un proceso de observación, ya que no quise colaborar con la dictadura militar en firmar ciertos documentos incriminatorios contra mi hermano y en contra mía. Estuve con otras presas políticas en celdas con baño interior y el recreo solamente dos horas. El resto del tiempo estábamos encerradas. Tampoco teníamos visita de contacto que otros regímenes si los tenían. Es decir que veíamos a nuestras familias a través de un vidrio y éramos monitoreadas en forma continúa. La correspondencia era censurada, bloques de nuestra correspondencia eran tachados con tinta negra, es decir que no podíamos denunciar la situación”.
A esta altura del relato, Débora destaca lo más difícil de la tortura física y psicológica que vivió durante la dictadura.
“Lo más difícil durante todo el proceso, en lo personal, fue el asesinato de mi hermano, saber de las violaciones continuas de Derechos Humanos, estar sin libertad por cuatro años y medio sin causa, como tantas otras personas. De conocer sobre la desaparición forzada de mi compañero (novio) Mauricio Weinstein y de muchos otros amigos. De las ejecuciones extrajudiciales que se estaban dando continuamente. De la falta de democracia y de Estado de Derecho”.
Para Débora, por su corta edad durante estos episodios, no pudo desarrollarme en forma plena durante todos esos años.
“Desde antes de estar privada de la libertad estuve muy comprometida con derechos y con la justicia, a pesar de que era pequeña. Mi madre que murió de cáncer en el 75. Era una profesora activa dentro del peronismo. Con ella un poco “mamamos” la lucha por tener una democracia representativa, porque hubiera justicia social. Participamos en movilizaciones desde muy pequeños, cobijamos en nuestra casa a exiliados de Chile, de Brasil y también de Uruguay y así me fui empapando de muy pequeñita de las realidades de América Latina y de la necesidad de trabajar por un mundo mejor”.
Ya con esta concepción y la experiencia vivida en la cárcel, Débora una vez que salió de prisión, su objetivo fue denunciar las atrocidades que habían sucedido y continuaban sucediendo en Argentina.
En este punto Débora explico que siempre trató, en lo posible, denunciar la situación, logrando así que varias organizaciones de derechos humanos conocieran sobre sus circunstancias.
“En mi caso particular hubo un involucramiento de un Diputado de Estados Unidos, William Lehman, conjuntamente con Marshall Meyer, que era un rabino norteamericano, que vivía en Argentina y que se dedicaba a la defensa de los Derechos Humanos.
También por la denuncia que hizo Jacobo Timerman, una vez que salió de prisión, en la cual informó sobre mi situación particular, porque de las menores conducidas, yo era una de las más chicas.
Fue así como a través de esa denuncia y el involucramiento de los diferentes actores de la sociedad civil y periodistas, el congresista Willian Lehman, se traslado a Argentina en 1981 para pedir su libertad.
“Me entrevistó en la cárcel y meses después salí con la opción de irme a los Estados Unidos”.
Débora fue liberada por fin en noviembre de 1981. Llegó a Miami, Florida.
“Una vez llegue a Miami con mis 20 años, había prensa y di mis primeras declaraciones, pese a que firme un acta, antes de salir de Argentina, de que no iba a dar declaraciones una vez que llegara a Estados Unidos. Posteriormente presente testimonios en el Congreso norteamericano para que obstruyeran la posibilidad de ayuda militar a la Argentina durante la dictadura militar.
Fue así como Débora logro velar la verdad no solo sobre lo que ella vivió, sino de otros casos.
“De hecho yo traje a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una serie de testimonios que recogí en Villa de Voto donde escuche que había personas desaparecidas. Tome el nombre de las personas y los trajes aquí para que se pudiera reclamar sobre ellas”.
Cuando volvió la democracia a la Argentina, Débora regreso; “En 1983 yo ya estaba en Estados Unidos en pareja (casada) y decidí volver a la Argentina para reconectarme con la realidad. La efusión de la vuelta a la democracia a la Argentina fue increíble. También dar testimonio sobre lo ocurrido y que gente pudiera empezara a conocer de a poco lo que había sucedido en la Argentina es un proceso que ha cambiado el tejido de la sociedad argentina en su conjunto y donde ya no se permitiría, yo creo, volvamos a situaciones como la que hemos vivido”.
Estando en los Estados Unidos, Débora declaró desde la embajada de Argentina, en Washington, en uno de los casos que actualmente están en juicio, el caso de Vesubio, sobre varios de sus compañeros que están desaparecidos y que eran compañeros de su hermano de la Escuela Secundaria Carlos Peregrine.
Esta valerosa mujer, alejada de su Argentina, sus amigos, su familia, pero aferrada a un pasado que vive con ella, terminó los estudios universitarios y finalmente termino ejerciendo de abogada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, DC.
