Por Yamiri Rodríguez Madrid
Integrante HUMANOS
México
@YamiriRodriguez
El 2022 arrancó en México con los asesinatos de cinco periodistas y con un cúmulo de amenazas en los estados contra reporteros. Y, aunque como en cada caso que se ha suscitado desde el año 2000, las autoridades garantizan que habrá justicia, los números distan de la realidad. Aquí los casos.
José Luis Gamboa, el primero del año
El 10 de enero de este año, el director del portal InfoRegio, José Luis Gamboa Arenas, en el Puerto de Veracruz, fue asesinado de varias puñaladas unos días después de haber publicado en Facebook un video en el que se refería al cobro de piso en su municipio.
La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) reconoció que se enteró del homicidio de comunicador hasta el día 15, pues no tenían reporte alguno de su desaparición.
En dicho punto del sureste país, las amenazas contra el gremio periodístico no han cesado. Un ejemplo de lo anterior es que la noche del 18 de enero, a los teléfonos de varios periodistas y políticos veracruzanos comenzó a llegar un video de 25 minutos de duración, vía Whatsapp, en el que haciéndose pasar por el personaje de Anonyimus Ver, amenazaba de muerte a varios columnistas críticos de la actual administración estatal al supuestamente advertir que vendrá un baño de sangre provocado por el un ex gobernador de un partido contrario al del gobierno en turno, , “en el que caerán inocentes y hasta periodistas”.
Los mencionados son los columnistas Manuel Rosete Chávez, Arturo Reyes Isidoro, Bernardo Gutiérrez Parra, Aurelio Contreras Moreno, Ana Laura Pérez Mendoza y Víctor Iván Calderón, todos ellos con décadas de trayectoria en el periodismo estatal y nacional y críticos del actuar de esta administración.
Unas semanas después, en febrero, la periodista veracruzana Sarah Landa fue agredida verbal y públicamente por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, cuando le cuestionó la derogación del delito de ultrajes a la autoridad que había recomendado la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El fotoperiodista Margarito Martínez
Margarito Martínez Esquivel era fotoperiodista en Tijuana, Baja California; una ciudad fronteriza en el norte de México. El 17 de enero fue asesinado de varios balazos afuera de su casa el pasado 17 de enero. Tenía 49 años y una familia. Dos días después se dio a conocer la detención de un sujeto que escribía un blog, con quien en el mes de diciembre el reportero había tenido un altercado por fotografiar sus vehículos. El detenido supuestamente está relacionado con narcomenudistas, aunque las investigaciones continúan.
El caso Lourdes Maldonado
Unos días después, el domingo 23 de enero, también en Tijuana, fue asesinada frente a su propia casa la periodista Lourdes Maldonado López. La reportera, de 58 años, cubría principalmente temas de política y corrupción. Durante seis años mantuvo un litigio por despido injustificado contra un canal de televisión en el que trabajo, propiedad del ex gobernador morenista Jaime Bonilla Valdez. Incluso, en 2019 se presentó en una de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador para solicitarle su ayuda pues dijo que temía por su vida.
La secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez dio a conocer que tres presuntos responsables del hecho delictivo ya fueron detenidos y vinculados a proceso.
“De acuerdo a la investigación, encabezada por el Fiscal General del caso se ha dado seguimiento puntual a cada una de las evidencias que permitió girar orden de aprehensión y actos de persecución, así como solicitar órdenes de cateo al Juez de Control. Este esfuerzo interinstitucional se coordina a través de la Mesa de Construcción de Paz que encabeza la gobernadora Marina del Pilar Ávila, en el que participan y en operaciones técnicas, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y también la Coordinación Nacional Anti Secuestros y el Centro Nacional de Inteligencia. A pesar de que continúan las investigaciones, hay que agradecer a los vecinos, a las vecinas y a los ciudadanos por la aportación de valiosa información. Continúan las investigaciones”, señaló la funcionaria federal.
Roberto Toledo, en Michoacán
El mediodía del lunes 31 de enero, en Zitácuaro Michoacán, en la zona centro del país, fue ultimado de 8 balazos por tres sujetos, el reportero de Monitor Michoacán, Roberto Toledo, en el estacionamiento de su oficina.
“De acuerdo con investigaciones judiciales, el C. Roberto Toledo asesinado el día de hoy, se desempeñaba como auxiliar de un despacho de abogados, no como periodista. Condenamos este crimen. Ningún ser humano debe ser privado de su vida. Nuestras condolencias a familiares y amigos”, dijo en sus redes sociales el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas.
Tanto el medio en el que laboraba como el mismo Roberto Toledo habían denunciado previamente amenazas. Su trabajo se centra en casos de corrupción.
Otro más en Oaxaca
Heber López Vásquez, director del medio digital Noticias Web, fue asesinado la tarde del jueves 10 de febrero en Salina Cruz, Oaxaca; también en el sureste mexicano. El periodista, de 39 años y con 18 años de experiencia, se convirtió en el número 30 en ser asesinado durante el mandato del presidente López Obrador; el quinto en las últimas seis semanas.
Fue ejecutado al llegar a su estudio de grabación, ubicado en su domicilio, cuando dos sujetos, lo interceptaron y dispararon. De acuerdo con sus compañeros, investigaba temas de corrupción y política Salina Cruz y ya había recibido amenazas por un elemento de seguridad de un ex presidente municipal. Al cierre de esta edición, dos sujetos fueron detenidos por su presunta participación.
La reacción estadounidense a la violencia
El pasado 12 de febrero, la Embajada de los Estados Unidos en México externó, a través de sus redes sociales, su preocupación por el clima de inseguridad que vive el periodismo en este país.
“Estamos consternados por la situación que viven los periodistas en México. El asesinato de Heber López, fundador de Noticias Web, es un hecho detestable. Una investigación integral que dé con los responsables es indispensable. #CeroImpunidad #NiUnoMás”, señaló.
Por su parte, el embajador Ken Salazar, hizo públicas sus condolencias tras el asesinato de Heber López.
“Felicito a las autoridades que actuaron con prontitud para detener a sospechosos de su asesinato, un importante primer paso. Apoyamos a México mientras busca justicia mediante un proceso judicial transparente”, agregó.
El caso Loret de Mola
En su conferencia matutina del 11 de febrero, el Presidente de la República se refirió al periodista Carlos Loret de Mola, al definirlo como “mercenario, golpeador, corrupto, en el sentido estricto, ni siquiera periodista”, luego de que publicara un reportaje sobre una residencia del hijo del mandatario en Houston, Texas. La residencia era en ese entonces propiedad de un ejecutivo de la compañía de servicios petroleros Baker Hughes, que tiene contratos millonarios con la estatal empresa Petróleos Mexicanos (Pemex).
López Obrador acusó al periodista de no tener “autoridad moral” para cuestionarlo, dado que no es público lo que él gana. Indicó que tenía información sobre los ingresos de Loret de Mola.
“Me entregaron un informe. Nada más voy a solicitarle, para darle trabajo también, al instituto de la transparencia, que cobran y no hacen mucho que digamos, porque fueron de estos aparatos que crearon para simular de que se combatía la corrupción, ya saben que yo tengo diferencias también con ellos ¿no?, pero formalmente les voy a pedir que soliciten al SAT, a Hacienda, para que me certifiquen los datos”, expuso y pidió que se proyectara y se transmitiera un documento donde se expusieron los presuntos ingresos del periodista.
Al respecto, el periodista se vio forzado a responder en sus redes sociales; además de desmentir los números, indicó que considera esto como una represalia por la publicación de la investigación sobre una propiedad en Estados Unidos del hijo del presidente.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó que López Obrador realiza una campaña de “descrédito” contra periodistas mexicanos y pidió que "suspenda de inmediato" las agresiones e insultos, ya que la experiencia indica que ese tipo de ataques desde la cima del poder incentivan la violencia contra la prensa.
El caso más reciente -citó-, de forma pública y burlona, López Obrador reveló los supuestos ingresos de Loret de Mola, periodista crítico del presidente, que trabaja en radio, televisión y medios impresos nacionales e internacionales.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, condenó "la actitud estigmatizante, de descrédito y descalificaciones de parte del presidente López Obrador contra periodistas y medios" y agregó que "es sumamente peligrosa esta práctica abusiva desde el Poder Ejecutivo, que pone en riesgo la seguridad de quienes ejercen un periodismo investigativo y crítico que puede incomodarlo".
En tanto que Artículo 19 también condenó el “uso ilegítimo del poder público” por parte del Presidente en su conferencia matutina.
“En un periodo donde la violencia letal contra periodistas continúa en aumento, corresponde al ejecutivo federal entablar un discurso que condene la violencia y no que estigmatice y vulnere a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión”, puntualizó.
El artículo 16 de la Constitución señala: Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y en el segundo párrafo reconoce que Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales.
Asimismo, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados establece en su artículo sexto que El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.
“El presidente Andrés Manuel López Obrador incurrió también en una falta administrativa grave, debido a que llevó a cabo un abuso en sus funciones como servidor público, pues de conformidad con el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público”, consideró la organización.
Las cifras nacionales de asesinato y amenazas
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) tiene registro en 11 años, de 3,419 investigaciones por agresiones a periodistas y comunicadores en todo México, aunque en menos del 1 por ciento se ha hecho justicia real, de acuerdo con las cifras oficiales. De 94 asesinatos a integrantes del gremio, hasta el año pasado sólo había 6 sentencias.
De 2000 a la fecha, Artículo 19 ha documentado 150 asesinatos de periodistas en México; de estos 138 son hombres y 12 mujeres.
Para Justice in México, el asesinato en Veracruz y los de Baja California son la muestra de que 2022 “será otro año mortal para los periodistas”.
Mientras la incertidumbre prevalece, mientras las protestas de comunicadores se hacen presentes a lo largo y ancho del país, las y los periodistas continúan trabajando en todo México.
Integrante HUMANOS
México
@YamiriRodriguez
El 2022 arrancó en México con los asesinatos de cinco periodistas y con un cúmulo de amenazas en los estados contra reporteros. Y, aunque como en cada caso que se ha suscitado desde el año 2000, las autoridades garantizan que habrá justicia, los números distan de la realidad. Aquí los casos.
José Luis Gamboa, el primero del año
El 10 de enero de este año, el director del portal InfoRegio, José Luis Gamboa Arenas, en el Puerto de Veracruz, fue asesinado de varias puñaladas unos días después de haber publicado en Facebook un video en el que se refería al cobro de piso en su municipio.
La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) reconoció que se enteró del homicidio de comunicador hasta el día 15, pues no tenían reporte alguno de su desaparición.
En dicho punto del sureste país, las amenazas contra el gremio periodístico no han cesado. Un ejemplo de lo anterior es que la noche del 18 de enero, a los teléfonos de varios periodistas y políticos veracruzanos comenzó a llegar un video de 25 minutos de duración, vía Whatsapp, en el que haciéndose pasar por el personaje de Anonyimus Ver, amenazaba de muerte a varios columnistas críticos de la actual administración estatal al supuestamente advertir que vendrá un baño de sangre provocado por el un ex gobernador de un partido contrario al del gobierno en turno, , “en el que caerán inocentes y hasta periodistas”.
Los mencionados son los columnistas Manuel Rosete Chávez, Arturo Reyes Isidoro, Bernardo Gutiérrez Parra, Aurelio Contreras Moreno, Ana Laura Pérez Mendoza y Víctor Iván Calderón, todos ellos con décadas de trayectoria en el periodismo estatal y nacional y críticos del actuar de esta administración.
Unas semanas después, en febrero, la periodista veracruzana Sarah Landa fue agredida verbal y públicamente por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, cuando le cuestionó la derogación del delito de ultrajes a la autoridad que había recomendado la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El fotoperiodista Margarito Martínez
Margarito Martínez Esquivel era fotoperiodista en Tijuana, Baja California; una ciudad fronteriza en el norte de México. El 17 de enero fue asesinado de varios balazos afuera de su casa el pasado 17 de enero. Tenía 49 años y una familia. Dos días después se dio a conocer la detención de un sujeto que escribía un blog, con quien en el mes de diciembre el reportero había tenido un altercado por fotografiar sus vehículos. El detenido supuestamente está relacionado con narcomenudistas, aunque las investigaciones continúan.
El caso Lourdes Maldonado
Unos días después, el domingo 23 de enero, también en Tijuana, fue asesinada frente a su propia casa la periodista Lourdes Maldonado López. La reportera, de 58 años, cubría principalmente temas de política y corrupción. Durante seis años mantuvo un litigio por despido injustificado contra un canal de televisión en el que trabajo, propiedad del ex gobernador morenista Jaime Bonilla Valdez. Incluso, en 2019 se presentó en una de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador para solicitarle su ayuda pues dijo que temía por su vida.
La secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez dio a conocer que tres presuntos responsables del hecho delictivo ya fueron detenidos y vinculados a proceso.
“De acuerdo a la investigación, encabezada por el Fiscal General del caso se ha dado seguimiento puntual a cada una de las evidencias que permitió girar orden de aprehensión y actos de persecución, así como solicitar órdenes de cateo al Juez de Control. Este esfuerzo interinstitucional se coordina a través de la Mesa de Construcción de Paz que encabeza la gobernadora Marina del Pilar Ávila, en el que participan y en operaciones técnicas, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y también la Coordinación Nacional Anti Secuestros y el Centro Nacional de Inteligencia. A pesar de que continúan las investigaciones, hay que agradecer a los vecinos, a las vecinas y a los ciudadanos por la aportación de valiosa información. Continúan las investigaciones”, señaló la funcionaria federal.
Roberto Toledo, en Michoacán
El mediodía del lunes 31 de enero, en Zitácuaro Michoacán, en la zona centro del país, fue ultimado de 8 balazos por tres sujetos, el reportero de Monitor Michoacán, Roberto Toledo, en el estacionamiento de su oficina.
“De acuerdo con investigaciones judiciales, el C. Roberto Toledo asesinado el día de hoy, se desempeñaba como auxiliar de un despacho de abogados, no como periodista. Condenamos este crimen. Ningún ser humano debe ser privado de su vida. Nuestras condolencias a familiares y amigos”, dijo en sus redes sociales el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas.
Tanto el medio en el que laboraba como el mismo Roberto Toledo habían denunciado previamente amenazas. Su trabajo se centra en casos de corrupción.
Otro más en Oaxaca
Heber López Vásquez, director del medio digital Noticias Web, fue asesinado la tarde del jueves 10 de febrero en Salina Cruz, Oaxaca; también en el sureste mexicano. El periodista, de 39 años y con 18 años de experiencia, se convirtió en el número 30 en ser asesinado durante el mandato del presidente López Obrador; el quinto en las últimas seis semanas.
Fue ejecutado al llegar a su estudio de grabación, ubicado en su domicilio, cuando dos sujetos, lo interceptaron y dispararon. De acuerdo con sus compañeros, investigaba temas de corrupción y política Salina Cruz y ya había recibido amenazas por un elemento de seguridad de un ex presidente municipal. Al cierre de esta edición, dos sujetos fueron detenidos por su presunta participación.
La reacción estadounidense a la violencia
El pasado 12 de febrero, la Embajada de los Estados Unidos en México externó, a través de sus redes sociales, su preocupación por el clima de inseguridad que vive el periodismo en este país.
“Estamos consternados por la situación que viven los periodistas en México. El asesinato de Heber López, fundador de Noticias Web, es un hecho detestable. Una investigación integral que dé con los responsables es indispensable. #CeroImpunidad #NiUnoMás”, señaló.
Por su parte, el embajador Ken Salazar, hizo públicas sus condolencias tras el asesinato de Heber López.
“Felicito a las autoridades que actuaron con prontitud para detener a sospechosos de su asesinato, un importante primer paso. Apoyamos a México mientras busca justicia mediante un proceso judicial transparente”, agregó.
El caso Loret de Mola
En su conferencia matutina del 11 de febrero, el Presidente de la República se refirió al periodista Carlos Loret de Mola, al definirlo como “mercenario, golpeador, corrupto, en el sentido estricto, ni siquiera periodista”, luego de que publicara un reportaje sobre una residencia del hijo del mandatario en Houston, Texas. La residencia era en ese entonces propiedad de un ejecutivo de la compañía de servicios petroleros Baker Hughes, que tiene contratos millonarios con la estatal empresa Petróleos Mexicanos (Pemex).
López Obrador acusó al periodista de no tener “autoridad moral” para cuestionarlo, dado que no es público lo que él gana. Indicó que tenía información sobre los ingresos de Loret de Mola.
“Me entregaron un informe. Nada más voy a solicitarle, para darle trabajo también, al instituto de la transparencia, que cobran y no hacen mucho que digamos, porque fueron de estos aparatos que crearon para simular de que se combatía la corrupción, ya saben que yo tengo diferencias también con ellos ¿no?, pero formalmente les voy a pedir que soliciten al SAT, a Hacienda, para que me certifiquen los datos”, expuso y pidió que se proyectara y se transmitiera un documento donde se expusieron los presuntos ingresos del periodista.
Al respecto, el periodista se vio forzado a responder en sus redes sociales; además de desmentir los números, indicó que considera esto como una represalia por la publicación de la investigación sobre una propiedad en Estados Unidos del hijo del presidente.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó que López Obrador realiza una campaña de “descrédito” contra periodistas mexicanos y pidió que "suspenda de inmediato" las agresiones e insultos, ya que la experiencia indica que ese tipo de ataques desde la cima del poder incentivan la violencia contra la prensa.
El caso más reciente -citó-, de forma pública y burlona, López Obrador reveló los supuestos ingresos de Loret de Mola, periodista crítico del presidente, que trabaja en radio, televisión y medios impresos nacionales e internacionales.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, condenó "la actitud estigmatizante, de descrédito y descalificaciones de parte del presidente López Obrador contra periodistas y medios" y agregó que "es sumamente peligrosa esta práctica abusiva desde el Poder Ejecutivo, que pone en riesgo la seguridad de quienes ejercen un periodismo investigativo y crítico que puede incomodarlo".
En tanto que Artículo 19 también condenó el “uso ilegítimo del poder público” por parte del Presidente en su conferencia matutina.
“En un periodo donde la violencia letal contra periodistas continúa en aumento, corresponde al ejecutivo federal entablar un discurso que condene la violencia y no que estigmatice y vulnere a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión”, puntualizó.
El artículo 16 de la Constitución señala: Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y en el segundo párrafo reconoce que Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales.
Asimismo, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados establece en su artículo sexto que El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.
“El presidente Andrés Manuel López Obrador incurrió también en una falta administrativa grave, debido a que llevó a cabo un abuso en sus funciones como servidor público, pues de conformidad con el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público”, consideró la organización.
Las cifras nacionales de asesinato y amenazas
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) tiene registro en 11 años, de 3,419 investigaciones por agresiones a periodistas y comunicadores en todo México, aunque en menos del 1 por ciento se ha hecho justicia real, de acuerdo con las cifras oficiales. De 94 asesinatos a integrantes del gremio, hasta el año pasado sólo había 6 sentencias.
De 2000 a la fecha, Artículo 19 ha documentado 150 asesinatos de periodistas en México; de estos 138 son hombres y 12 mujeres.
Para Justice in México, el asesinato en Veracruz y los de Baja California son la muestra de que 2022 “será otro año mortal para los periodistas”.
Mientras la incertidumbre prevalece, mientras las protestas de comunicadores se hacen presentes a lo largo y ancho del país, las y los periodistas continúan trabajando en todo México.
DRAMA DE NIÑOS MIGRANTES DE CENTROAMERICA
QUE TRANSITAN EN MÉXICO
Por Henia Prado Hernández
Integrante HUMANOS
México
@heniapra
Periodista y maestra en Estudios Políticos y Sociales UNAM
Este artículo analiza la complejidad de esta categoría cada vez es más presente en las movilidades que tienen su origen en Centroamérica y se dirigen hacia Estados Unidos.
El 28 por ciento de los 186 mil 750 extranjeros detectados por la autoridad migratoria en 2019 por viajar de forma irregular en México, es decir 51 mil 999, fueron menores de edad y de esa cantidad un casi un cuarto -11 mil 866- correspondieron a niñas, niños y adolescentes no acompañados, de acuerdo con estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.
Hasta ahora la cifra de menores de edad bajo la condición de no acompañamiento es la más alta registrada en nuestro país. Pero, ¿qué es una niña, niño o adolescente no acompañado?, ¿es un menor de edad que migra solo?, ¿el no acompañamiento es una categoría institucional o es autoimpuesta por la persona migrante?, ¿qué implicaciones tiene ser un extranjero no acompañado?
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Cada día 32.5 menores de edad no acompañados fueron ingresados, en promedio, el año pasado a estaciones migratorias o estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración (INM) por encontrarse en condición irregular al incumplir los requisitos de internación estipulados en la Ley de Migración. Más del 80 por ciento son de origen centroamericano, específicamente de Honduras, Guatemala y El Salvador.
Si bien el corredor migratorio de Centroamérica a Estados Unidos es uno de los más grandes del mundo, en 2019 cobró particular relevancia cuando diversos grupos de extranjeros se organizaron en sus países de origen para ingresar a territorio mexicano a través de la estrategia de caravana migrante, es decir, irrumpieron en la frontera sur en grandes contingentes. En estos movimientos se registró una notable presencia de menores de edad que viajaban solos o que se “acompañaban” por personas que no eran sus padres.
Un antecedente similar ocurrió durante el último bimestre de 2013 y primer semestre de 2014 cuando una oleada de menores de edad centroamericanos indocumentados sorprendió a Estados Unidos. Eran niñas, niños y adolescentes que salieron de sus naciones y cruzaron México sin acompañamiento de padres, tutores u otros familiares. Este hecho, que causó gran consternación a nivel internacional, fue calificado por Estados Unidos como “una situación humanitaria urgente” y se asumieron medidas conjuntas y urgentes entre Norte y Centroamérica para buscar una solución a dicha tendencia migratoria. En contraste con el lustro anterior en 2019 no hubo difusión de información específica sobre menores de edad migrantes.
A partir del año de la crisis de los niños migrantes la presencia de esta población en los flujos migratorios ha sido recurrente. La proporción de menores de edad migrantes en comparación con la de adultos (todos ellos presentados ante la autoridad migratoria) ha crecido de 18 a 27 por ciento en seis años.
En términos netos la migración de niñas, niños y adolescentes ha observado vaivenes y sus picos más altos han sido en 2015 con un total de 38 mil 514, de los cuales el 53% fueron no acompañados; en 2016 con 40 mil 114, de los cuales el 44% fueron no acompañados, y en 2019 con 51 mil 99, de los cuales 23% fueron no acompañados
Ahora no sólo viajan padres de familia al norte sino que cada vez son más las niñas, niños y adolescentes quienes emprenden la travesía por sí mismos.
El CONCEPTO
El “no acompañamiento” es una categoría utilizada en diversos países para identificar un grupo heterogéneo de migrantes menores de edad que cruzan fronteras internacionales sin compañía de padres, tutores legales o parientes consanguíneos, incluso que se desplazan solos.
La aparición de este concepto en diversas legislaciones significó visibilizar el flujo migratorio de niñas y adolescentes que antes no existía porque los registros eran generalizados y no había diferencia etaria ni condición de acompañamiento.
El concepto menor no acompañado nació en Europa para nombrar una migración estrictamente de corte político: niños –en su mayoría africanos- que llegaban solos a los países centrales solicitando asilo. A finales de la década de los 90´s un esta migración adquirió un tinte económico y se extendió hacia países euro mediterráneos. El peso de las motivaciones de esta nueva migración era la desigualdad social y económica
En este escenario en 1997 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estableció una denominación general: “Niño no acompañado es una persona menor de dieciocho años, a menos que en virtud del derecho aplicable al niño, éste alcance la mayoría de edad antes; que está separado de su padre y de su madre y del que no se ocupa ningún adulto que en virtud de la ley o de la costumbre, deba desempeñar dicha función“. En su documento la ACNUR puntualizó que es posible que los niños no estén acompañados por sus padres, sino por otros parientes u otras familias, en ese caso sería necesario evaluar cuidadosamente la naturaleza y las implicaciones de dichas relaciones.
La denominación se ha modificado con el tiempo de tal forma que actualmente ya no existe consenso al respecto a su definición, lo que conlleva una disparidad en la atención hacia dicho sector poblacional y dificulta la generación y comparación de registros estadísticos entre países.
La definición en cada nación depende de las políticas sociales y migratorias aplicadas sobre este colectivo, y éstas a su vez se construyen en función de la percepción que los Estados tienen acerca de este flujo migratorio. Se trata entonces de una categoría construida desde el ámbito institucional que es útil para identificar a un grupo particular de migrantes y en consecuencia instaurar procedimientos y atenciones específicas acorde a su edad y al tipo de no acompañamiento.
En México esta categoría aparece por primera vez en 2011 con la publicación de la Ley de Migración. La fracción XVIII del artículo 3 establece “Niña, niño o adolescente migrante no acompañado: a todo aquel migrante nacional o extranjero menor de 18 años de edad, que se encuentre en territorio nacional y que no esté acompañado de un familiar consanguíneo o persona que tenga su representación legal”. Dentro de dicha categoría se distinguen dos realidades en territorio nacional: la de mexicanos (repatriados) y la de extranjeros, esta ultima es la que nos ocupa.
COMPLEJIDAD
En México menor de edad no acompañado no es sinónimo de niño o adolescente que emprende y realiza el viaje migratorio solo o sin acompañamiento. Entonces, ¿qué perfiles de migrantes se ubican dentro de esta categoría? En la década pasada en los flujos migratorios se observaba la prevalencia de hombres adolescentes, es decir, de personas entre 12 y 17 años. Sin embargo, en el fervor de las caravanas migrantes que llegaron a la frontera sur (octubre de 2018 al primer bimestre de 2020) se identificó que la heterogeneidad de la categoría se ha complejizado. Entre los perfiles detectados se distinguen los siguientes:
Clasificación con respecto al acompañamiento de otros menores de edad:
Adolescentes solos: Hombres entre 12 y 17 años.
Adolescentes solas: Mujeres entre 12 y 17 años.
Adolescentes con familiares consanguíneos menores: Hombres o mujeres entre 12 y 17 años de edad que viajan en grupo con hermanos o primos niñas o niños.
Adolescentes con conocidos menores: Hombres o mujeres entre 12 y 17 años de edad que viajaban en grupo con sus amigos, vecinos o conocidos que son niñas o niños.
Adolescentes con adolescentes familiares: Hombres o mujeres entre 12 y 17 años de edad que viajan acompañados de otros adolescentes que son sus familiares como hermanos o primos.
Adolescentes con adolescentes conocidos: Hombres o mujeres entre 12 y 17 años de edad que viajan acompañados de otros adolescentes que son sus amigos, vecinos o conocidos.
Mujeres adolescentes embarazadas.
Mujeres adolescentes con bebé(s).
Niñas o niños solos: Menores entre 8 a 11 años que viajan aparentemente sin acompañantes.
Familias de adolescentes con hijos: Madre y padre adolescentes que tienen hijo (s) de 0 a 1 o 2 años.
Otra complejidad es el acompañamiento que frecuentemente tienen con respecto a adultos:
Niñas, niños y adolescentes que viajan con un traficante (“coyote” o “pollero”).
Niñas, niños y adolescentes que viajan con conocidos adultos (vecinos, amigos, “padrinos”)
Niñas, niños y adolescentes que salen solos de sus países de origen, pero que en el trayecto se hacen de amistades con personas adultas que fungen como sus compañeros de viaje (pueden ser otros hombres o mujeres solas o grupos familiares)
ANTE LA AUTORIDAD
Pero, ¿qué implicaciones tiene el ser identificado como “no acompañado” por las autoridades?
La Ley de Migración establece un procedimiento administrativo para determinar la situación migratoria de las personas extranjeras que están en México pero que no cumplieron con los requisitos para ingresar y/o transitar en el país. En el caso de las niñas, niños y adolescentes, dentro de este procedimiento existe una protección especial y ciertas prerrogativas enfocadas en garantizar sus derechos humanos y el principio del interés superior de la niñez.
A diferencia de adultos y de niños acompañados, estos extranjeros no permanecen en instalaciones del Instituto Nacional de Migración durante el desahogo de su procedimiento sino que se privilegia su estancia en lugares acordes a su edad y desarrollo para su adecuada atención, esto es, en albergues de los diferentes sistemas DIF. Asimismo, durante las actuaciones administrativas son acompañados por un servidor público especializado en infancia que pertenece al grupo de Oficiales de Protección a la Infancia.
Otra diferencia sustantiva es que una vez que el menor de edad es puesto a disposición del Instituto se notifica a las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes para que asuman su representación legal. Esta instancia -que pertenece al DIF- se encarga de determinar el interés superior de la niñez del extranjero y emite un plan de restitución de derechos o una medida de protección. En cualquiera de los pronunciamientos establece las acciones que benefician al menor de edad. Al resolver su procedimiento administrativo migratorio el Instituto considera las recomendaciones de la Procuraduría, por tanto, éste puede concluir en el retorno asistido del NNA o en la regularización.
Un pensamiento muy presente en las niñas, niños y adolescentes migrantes es que ser “no acompañados” les genera beneficios para llegar al Norte y cumplir su “sueño americano” la idea tiene base en la última enmienda a la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 2007 de Estados Unidos que estipula que ser menor de edad no acompañado de países no contiguos a esta nación –como las naciones del TNC- otorga beneficios, pues a diferencia de adultos centroamericanos y migrantes mexicanos (adultos y menores de edad) no son deportados, sino permanecen en aquel territorio en espera de un juicio y frecuentemente se les inserta en el sistema educativo y ubica con familiares o conocidos (denominados “sponsors”). Por tanto, los extranjeros buscan a toda costa llegar no acompañados a la frontera norte mexicana para entregarse “al otro lado”. Para ellos alcanzar la frontera estadounidense es el éxito del viaje migratorio aunque a muchos les conlleve un desgaste económico, físico y emocional, incluso la vida.
QUE TRANSITAN EN MÉXICO
Por Henia Prado Hernández
Integrante HUMANOS
México
@heniapra
Periodista y maestra en Estudios Políticos y Sociales UNAM
Este artículo analiza la complejidad de esta categoría cada vez es más presente en las movilidades que tienen su origen en Centroamérica y se dirigen hacia Estados Unidos.
El 28 por ciento de los 186 mil 750 extranjeros detectados por la autoridad migratoria en 2019 por viajar de forma irregular en México, es decir 51 mil 999, fueron menores de edad y de esa cantidad un casi un cuarto -11 mil 866- correspondieron a niñas, niños y adolescentes no acompañados, de acuerdo con estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.
Hasta ahora la cifra de menores de edad bajo la condición de no acompañamiento es la más alta registrada en nuestro país. Pero, ¿qué es una niña, niño o adolescente no acompañado?, ¿es un menor de edad que migra solo?, ¿el no acompañamiento es una categoría institucional o es autoimpuesta por la persona migrante?, ¿qué implicaciones tiene ser un extranjero no acompañado?
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Cada día 32.5 menores de edad no acompañados fueron ingresados, en promedio, el año pasado a estaciones migratorias o estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración (INM) por encontrarse en condición irregular al incumplir los requisitos de internación estipulados en la Ley de Migración. Más del 80 por ciento son de origen centroamericano, específicamente de Honduras, Guatemala y El Salvador.
Si bien el corredor migratorio de Centroamérica a Estados Unidos es uno de los más grandes del mundo, en 2019 cobró particular relevancia cuando diversos grupos de extranjeros se organizaron en sus países de origen para ingresar a territorio mexicano a través de la estrategia de caravana migrante, es decir, irrumpieron en la frontera sur en grandes contingentes. En estos movimientos se registró una notable presencia de menores de edad que viajaban solos o que se “acompañaban” por personas que no eran sus padres.
Un antecedente similar ocurrió durante el último bimestre de 2013 y primer semestre de 2014 cuando una oleada de menores de edad centroamericanos indocumentados sorprendió a Estados Unidos. Eran niñas, niños y adolescentes que salieron de sus naciones y cruzaron México sin acompañamiento de padres, tutores u otros familiares. Este hecho, que causó gran consternación a nivel internacional, fue calificado por Estados Unidos como “una situación humanitaria urgente” y se asumieron medidas conjuntas y urgentes entre Norte y Centroamérica para buscar una solución a dicha tendencia migratoria. En contraste con el lustro anterior en 2019 no hubo difusión de información específica sobre menores de edad migrantes.
A partir del año de la crisis de los niños migrantes la presencia de esta población en los flujos migratorios ha sido recurrente. La proporción de menores de edad migrantes en comparación con la de adultos (todos ellos presentados ante la autoridad migratoria) ha crecido de 18 a 27 por ciento en seis años.
En términos netos la migración de niñas, niños y adolescentes ha observado vaivenes y sus picos más altos han sido en 2015 con un total de 38 mil 514, de los cuales el 53% fueron no acompañados; en 2016 con 40 mil 114, de los cuales el 44% fueron no acompañados, y en 2019 con 51 mil 99, de los cuales 23% fueron no acompañados
Ahora no sólo viajan padres de familia al norte sino que cada vez son más las niñas, niños y adolescentes quienes emprenden la travesía por sí mismos.
El CONCEPTO
El “no acompañamiento” es una categoría utilizada en diversos países para identificar un grupo heterogéneo de migrantes menores de edad que cruzan fronteras internacionales sin compañía de padres, tutores legales o parientes consanguíneos, incluso que se desplazan solos.
La aparición de este concepto en diversas legislaciones significó visibilizar el flujo migratorio de niñas y adolescentes que antes no existía porque los registros eran generalizados y no había diferencia etaria ni condición de acompañamiento.
El concepto menor no acompañado nació en Europa para nombrar una migración estrictamente de corte político: niños –en su mayoría africanos- que llegaban solos a los países centrales solicitando asilo. A finales de la década de los 90´s un esta migración adquirió un tinte económico y se extendió hacia países euro mediterráneos. El peso de las motivaciones de esta nueva migración era la desigualdad social y económica
En este escenario en 1997 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estableció una denominación general: “Niño no acompañado es una persona menor de dieciocho años, a menos que en virtud del derecho aplicable al niño, éste alcance la mayoría de edad antes; que está separado de su padre y de su madre y del que no se ocupa ningún adulto que en virtud de la ley o de la costumbre, deba desempeñar dicha función“. En su documento la ACNUR puntualizó que es posible que los niños no estén acompañados por sus padres, sino por otros parientes u otras familias, en ese caso sería necesario evaluar cuidadosamente la naturaleza y las implicaciones de dichas relaciones.
La denominación se ha modificado con el tiempo de tal forma que actualmente ya no existe consenso al respecto a su definición, lo que conlleva una disparidad en la atención hacia dicho sector poblacional y dificulta la generación y comparación de registros estadísticos entre países.
La definición en cada nación depende de las políticas sociales y migratorias aplicadas sobre este colectivo, y éstas a su vez se construyen en función de la percepción que los Estados tienen acerca de este flujo migratorio. Se trata entonces de una categoría construida desde el ámbito institucional que es útil para identificar a un grupo particular de migrantes y en consecuencia instaurar procedimientos y atenciones específicas acorde a su edad y al tipo de no acompañamiento.
En México esta categoría aparece por primera vez en 2011 con la publicación de la Ley de Migración. La fracción XVIII del artículo 3 establece “Niña, niño o adolescente migrante no acompañado: a todo aquel migrante nacional o extranjero menor de 18 años de edad, que se encuentre en territorio nacional y que no esté acompañado de un familiar consanguíneo o persona que tenga su representación legal”. Dentro de dicha categoría se distinguen dos realidades en territorio nacional: la de mexicanos (repatriados) y la de extranjeros, esta ultima es la que nos ocupa.
COMPLEJIDAD
En México menor de edad no acompañado no es sinónimo de niño o adolescente que emprende y realiza el viaje migratorio solo o sin acompañamiento. Entonces, ¿qué perfiles de migrantes se ubican dentro de esta categoría? En la década pasada en los flujos migratorios se observaba la prevalencia de hombres adolescentes, es decir, de personas entre 12 y 17 años. Sin embargo, en el fervor de las caravanas migrantes que llegaron a la frontera sur (octubre de 2018 al primer bimestre de 2020) se identificó que la heterogeneidad de la categoría se ha complejizado. Entre los perfiles detectados se distinguen los siguientes:
Clasificación con respecto al acompañamiento de otros menores de edad:
Adolescentes solos: Hombres entre 12 y 17 años.
Adolescentes solas: Mujeres entre 12 y 17 años.
Adolescentes con familiares consanguíneos menores: Hombres o mujeres entre 12 y 17 años de edad que viajan en grupo con hermanos o primos niñas o niños.
Adolescentes con conocidos menores: Hombres o mujeres entre 12 y 17 años de edad que viajaban en grupo con sus amigos, vecinos o conocidos que son niñas o niños.
Adolescentes con adolescentes familiares: Hombres o mujeres entre 12 y 17 años de edad que viajan acompañados de otros adolescentes que son sus familiares como hermanos o primos.
Adolescentes con adolescentes conocidos: Hombres o mujeres entre 12 y 17 años de edad que viajan acompañados de otros adolescentes que son sus amigos, vecinos o conocidos.
Mujeres adolescentes embarazadas.
Mujeres adolescentes con bebé(s).
Niñas o niños solos: Menores entre 8 a 11 años que viajan aparentemente sin acompañantes.
Familias de adolescentes con hijos: Madre y padre adolescentes que tienen hijo (s) de 0 a 1 o 2 años.
Otra complejidad es el acompañamiento que frecuentemente tienen con respecto a adultos:
Niñas, niños y adolescentes que viajan con un traficante (“coyote” o “pollero”).
Niñas, niños y adolescentes que viajan con conocidos adultos (vecinos, amigos, “padrinos”)
Niñas, niños y adolescentes que salen solos de sus países de origen, pero que en el trayecto se hacen de amistades con personas adultas que fungen como sus compañeros de viaje (pueden ser otros hombres o mujeres solas o grupos familiares)
ANTE LA AUTORIDAD
Pero, ¿qué implicaciones tiene el ser identificado como “no acompañado” por las autoridades?
La Ley de Migración establece un procedimiento administrativo para determinar la situación migratoria de las personas extranjeras que están en México pero que no cumplieron con los requisitos para ingresar y/o transitar en el país. En el caso de las niñas, niños y adolescentes, dentro de este procedimiento existe una protección especial y ciertas prerrogativas enfocadas en garantizar sus derechos humanos y el principio del interés superior de la niñez.
A diferencia de adultos y de niños acompañados, estos extranjeros no permanecen en instalaciones del Instituto Nacional de Migración durante el desahogo de su procedimiento sino que se privilegia su estancia en lugares acordes a su edad y desarrollo para su adecuada atención, esto es, en albergues de los diferentes sistemas DIF. Asimismo, durante las actuaciones administrativas son acompañados por un servidor público especializado en infancia que pertenece al grupo de Oficiales de Protección a la Infancia.
Otra diferencia sustantiva es que una vez que el menor de edad es puesto a disposición del Instituto se notifica a las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes para que asuman su representación legal. Esta instancia -que pertenece al DIF- se encarga de determinar el interés superior de la niñez del extranjero y emite un plan de restitución de derechos o una medida de protección. En cualquiera de los pronunciamientos establece las acciones que benefician al menor de edad. Al resolver su procedimiento administrativo migratorio el Instituto considera las recomendaciones de la Procuraduría, por tanto, éste puede concluir en el retorno asistido del NNA o en la regularización.
Un pensamiento muy presente en las niñas, niños y adolescentes migrantes es que ser “no acompañados” les genera beneficios para llegar al Norte y cumplir su “sueño americano” la idea tiene base en la última enmienda a la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 2007 de Estados Unidos que estipula que ser menor de edad no acompañado de países no contiguos a esta nación –como las naciones del TNC- otorga beneficios, pues a diferencia de adultos centroamericanos y migrantes mexicanos (adultos y menores de edad) no son deportados, sino permanecen en aquel territorio en espera de un juicio y frecuentemente se les inserta en el sistema educativo y ubica con familiares o conocidos (denominados “sponsors”). Por tanto, los extranjeros buscan a toda costa llegar no acompañados a la frontera norte mexicana para entregarse “al otro lado”. Para ellos alcanzar la frontera estadounidense es el éxito del viaje migratorio aunque a muchos les conlleve un desgaste económico, físico y emocional, incluso la vida.
OVID-19 EN MÉXICO DESNUDÓ A UN SISTEMA DE SALUD VULNERABLE
Por Yamiri Rodríguez Madrid
Integrante HUMANOS
México
@YamiriRodriguez
Con poco más de 129.2 millones de habitantes, los mexicanos aún esperan que el pico más alto de la transmisión del Covid-19 los alcance. Al cierre de este informe para HUMANOS había apenas 2, 785 casos positivos, 14% más que el día anterior y 141 muertos, apenas en la fase 2.
La enfermedad ha traído, además, la muestra de que el sistema de salud es insuficiente en México. A lo largo y ancho del país se han dado manifestaciones de médicos y enfermeras cuya principal queja es que ya no hay ni cubrebocas ni guantes, lo mínimo para brindar atención a los enfermos. Hay bajas también en las filas del personal de salud, al menos 5 doctores murieron contagiados en nosocomios al interior de la República, como en Zacatecas y Coahuila. Muertes de más personal del área de salud se han registrado también en Hidalgo y en el Hospital La Raza, uno de los más grandes del país, ubicado en la capital.
De acuerdo con información oficial son 39 trabajadores del sector los que se reportan como enfermos.
En Jalisco, occidente del país, unas enfermeras fueron bañadas en cloro por pasajeros del transporte público, por temor al contagio; en Sinaloa, una más fue atacada al salir de la clínica; en Nuevo León intentaron incendiar un hospital que atendía a enfermos de coronavirus, por las mismas razones.
Las medidas gubernamentales
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, explicó que la aplicación masiva, enérgica y disciplinada de las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia ayudarán a que México entre a la fase 3 del coronavirus COVID-19 con un impacto epidémico menor, que permita atender a las personas enfermas, sobre todo las que muestran condiciones críticas.
Durante una de las conferencias de prensa matutina que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario federal dijo que las medidas restrictivas de la Jornada Nacional no terminarán con la epidemia; sin embargo, se logrará que el número de casos diarios no crezca exponencialmente como sucede en varios países europeos.
Indicó que México, como lo reconoció la Organización Mundial de la Salud (OMS), fue el primer país en reaccionar con medidas basadas en evidencia técnica y científica, y promovió la desmovilización masiva de la población del 23 de marzo al 19 de abril; es decir, de forma anticipada; sin embargo, el riesgo de transmisión se mantiene.
“Tenemos que ser muy claros en entender esto: la epidemia no se quita de un día para otro. Todos aspiraríamos a pensar que se acabó la epidemia cuando termine el periodo de restricción; sin embargo, eso no se puede lograr. Necesitamos que las personas no estén en espacios públicos o escuelas, para cortar la transmisión; sin embargo, las medidas se deben aplicar de acuerdo con la realidad de cada país”, finalizó.
La crisis económica
A la par de la crisis sanitaria, la gente se preocupa por sus bolsillos, principalmente porque casi la mitad de la población, 52.4 millones de personas, es pobre y 9.3, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) viven en condición de pobreza extrema.
Aunque se emitió un decreto presidencial para no realizar actividades que no sean prioritarias, hay comercios que se niegan a bajar la cortina. Mucha gente sigue acudiendo a los parques y plazas públicas, pues al estar aún en la fase II de la contingencia, no hay toque de queda ni sanción alguna para salir. Son solo recomendaciones.
El pasado domingo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador rindió en la soledad del Palacio Nacional obligado por el coronavirus, su informe trimestral, en el que se esperaba un Plan Económico Emergente, lo que no sucedió, a pesar de que los despidos en la iniciativa privada han iniciado.
El gobierno federal, a cargo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no dio prórroga en el pago de impuestos a empresarios ni personas físicas; incluso instó a que se cumpla a puntualidad con las obligaciones fiscales pues abril es el mes en que todos deben presentar sus declaraciones anuales. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tampoco condonó el cobro de sus tarifas, siendo su único anuncio que en los sitios de cobros dispondrían de gel desinfectante para evitar contagios.
Al respecto, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo De Hoyos Walther, consideró que el titular del Poder Ejecutivo Federal hizo caso omiso del paquete de propuestas que el Sector Empresarial le entregó desde hace cerca de un mes, para contener los graves efectos económicos de la pandemia y que contribuirían a conservar con urgencia el empleo, así como a dotar de liquidez a personas y empresas para crear las condiciones de recuperación del crecimiento económico que tendrá que llegar después de la crisis.
“El Gobierno puede y debe hacer mucho para cuidar a las empresas del país: acelerar la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) realizándolo en no más de 20 días; otorgar plazo ampliado para que se realicen las declaraciones anuales y los llamados “pagos provisionales” del Impuesto Sobre la Renta, así como en las cotizaciones sociales, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ajustándolos a la realidad económica”, opinó el líder empresarial.
Por su parte, a través de un desplegado, los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial subrayaron que hoy se requiere tener sentido de la realidad.
“Todos esperamos que un estadista nos muestre su sabiduría; que esté familiarizado con los hechos relevantes y que actúe. El liderazgo siempre exige un buen criterio; nunca dejar que las pasiones ni la emoción nos impidan hacernos las preguntas fundamentales. En este momento de crisis, posponer decisiones es en sí una mala decisión. Cada día perdido se traduce en un mayor daño para las familias mexicanas. El Presidente de México cuenta con nosotros en su proyecto de vencer a la corrupción, a la pobreza extrema, a la inseguridad y a la crisis del Covid-19. Pero también salvemos juntos los empleos y los ingresos de las familias”, aseveraron.
Año escolar incierto
A lo económico se suma el factor social, principalmente en lo que tiene que ver con la educación. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, señala que los mexicanos de 15 años o más, tienen 9.1 grados de escolaridad en promedio, lo que se traduce a la secundaria terminada, siendo en los estados con población indígena donde se dan los menores niveles, así como el analfabetismo.
Desde el pasado 23 de marzo se suspendieron las clases en todos los niveles, como medida precautoria, aunque no hay una fecha estimada para su regreso, el cual estaba programado para el próximo 30 de abril.
Aunque 25 televisoras estatales acordaron transmitir contenidos para aprender en casa, desde educación inicial hasta bachillerato, en las zonas más marginadas complica el acceso a muchos niños y jóvenes, lo que ha hecho que surjan dudas sobre si será posible concluir este ciclo escolar en julio, como se tenía estimado.
La lucha para evitar la propagación del Covid-19 ha sido heterogénea en todo el país; mientras en estados como Yucatán, sur de México, se obliga a usar cubrebocas a todo aquel que sale a la calle, y se multa a quienes están en la vía pública innecesariamente, en otros, como Veracruz, aún en etapa dos, no hay limitación alguna y la gente acudía en masa a las playas durante el periodo vacacional.
La poca conciencia de los ciudadanos sobre la gravedad del problema –un alto porcentaje cree que la enfermedad es un mito-, hace que la situación se agrave y que el contagio terminé, en unos días más, por dispararse.
Por Yamiri Rodríguez Madrid
Integrante HUMANOS
México
@YamiriRodriguez
Con poco más de 129.2 millones de habitantes, los mexicanos aún esperan que el pico más alto de la transmisión del Covid-19 los alcance. Al cierre de este informe para HUMANOS había apenas 2, 785 casos positivos, 14% más que el día anterior y 141 muertos, apenas en la fase 2.
La enfermedad ha traído, además, la muestra de que el sistema de salud es insuficiente en México. A lo largo y ancho del país se han dado manifestaciones de médicos y enfermeras cuya principal queja es que ya no hay ni cubrebocas ni guantes, lo mínimo para brindar atención a los enfermos. Hay bajas también en las filas del personal de salud, al menos 5 doctores murieron contagiados en nosocomios al interior de la República, como en Zacatecas y Coahuila. Muertes de más personal del área de salud se han registrado también en Hidalgo y en el Hospital La Raza, uno de los más grandes del país, ubicado en la capital.
De acuerdo con información oficial son 39 trabajadores del sector los que se reportan como enfermos.
En Jalisco, occidente del país, unas enfermeras fueron bañadas en cloro por pasajeros del transporte público, por temor al contagio; en Sinaloa, una más fue atacada al salir de la clínica; en Nuevo León intentaron incendiar un hospital que atendía a enfermos de coronavirus, por las mismas razones.
Las medidas gubernamentales
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, explicó que la aplicación masiva, enérgica y disciplinada de las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia ayudarán a que México entre a la fase 3 del coronavirus COVID-19 con un impacto epidémico menor, que permita atender a las personas enfermas, sobre todo las que muestran condiciones críticas.
Durante una de las conferencias de prensa matutina que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario federal dijo que las medidas restrictivas de la Jornada Nacional no terminarán con la epidemia; sin embargo, se logrará que el número de casos diarios no crezca exponencialmente como sucede en varios países europeos.
Indicó que México, como lo reconoció la Organización Mundial de la Salud (OMS), fue el primer país en reaccionar con medidas basadas en evidencia técnica y científica, y promovió la desmovilización masiva de la población del 23 de marzo al 19 de abril; es decir, de forma anticipada; sin embargo, el riesgo de transmisión se mantiene.
“Tenemos que ser muy claros en entender esto: la epidemia no se quita de un día para otro. Todos aspiraríamos a pensar que se acabó la epidemia cuando termine el periodo de restricción; sin embargo, eso no se puede lograr. Necesitamos que las personas no estén en espacios públicos o escuelas, para cortar la transmisión; sin embargo, las medidas se deben aplicar de acuerdo con la realidad de cada país”, finalizó.
La crisis económica
A la par de la crisis sanitaria, la gente se preocupa por sus bolsillos, principalmente porque casi la mitad de la población, 52.4 millones de personas, es pobre y 9.3, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) viven en condición de pobreza extrema.
Aunque se emitió un decreto presidencial para no realizar actividades que no sean prioritarias, hay comercios que se niegan a bajar la cortina. Mucha gente sigue acudiendo a los parques y plazas públicas, pues al estar aún en la fase II de la contingencia, no hay toque de queda ni sanción alguna para salir. Son solo recomendaciones.
El pasado domingo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador rindió en la soledad del Palacio Nacional obligado por el coronavirus, su informe trimestral, en el que se esperaba un Plan Económico Emergente, lo que no sucedió, a pesar de que los despidos en la iniciativa privada han iniciado.
El gobierno federal, a cargo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no dio prórroga en el pago de impuestos a empresarios ni personas físicas; incluso instó a que se cumpla a puntualidad con las obligaciones fiscales pues abril es el mes en que todos deben presentar sus declaraciones anuales. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tampoco condonó el cobro de sus tarifas, siendo su único anuncio que en los sitios de cobros dispondrían de gel desinfectante para evitar contagios.
Al respecto, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo De Hoyos Walther, consideró que el titular del Poder Ejecutivo Federal hizo caso omiso del paquete de propuestas que el Sector Empresarial le entregó desde hace cerca de un mes, para contener los graves efectos económicos de la pandemia y que contribuirían a conservar con urgencia el empleo, así como a dotar de liquidez a personas y empresas para crear las condiciones de recuperación del crecimiento económico que tendrá que llegar después de la crisis.
“El Gobierno puede y debe hacer mucho para cuidar a las empresas del país: acelerar la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) realizándolo en no más de 20 días; otorgar plazo ampliado para que se realicen las declaraciones anuales y los llamados “pagos provisionales” del Impuesto Sobre la Renta, así como en las cotizaciones sociales, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ajustándolos a la realidad económica”, opinó el líder empresarial.
Por su parte, a través de un desplegado, los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial subrayaron que hoy se requiere tener sentido de la realidad.
“Todos esperamos que un estadista nos muestre su sabiduría; que esté familiarizado con los hechos relevantes y que actúe. El liderazgo siempre exige un buen criterio; nunca dejar que las pasiones ni la emoción nos impidan hacernos las preguntas fundamentales. En este momento de crisis, posponer decisiones es en sí una mala decisión. Cada día perdido se traduce en un mayor daño para las familias mexicanas. El Presidente de México cuenta con nosotros en su proyecto de vencer a la corrupción, a la pobreza extrema, a la inseguridad y a la crisis del Covid-19. Pero también salvemos juntos los empleos y los ingresos de las familias”, aseveraron.
Año escolar incierto
A lo económico se suma el factor social, principalmente en lo que tiene que ver con la educación. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, señala que los mexicanos de 15 años o más, tienen 9.1 grados de escolaridad en promedio, lo que se traduce a la secundaria terminada, siendo en los estados con población indígena donde se dan los menores niveles, así como el analfabetismo.
Desde el pasado 23 de marzo se suspendieron las clases en todos los niveles, como medida precautoria, aunque no hay una fecha estimada para su regreso, el cual estaba programado para el próximo 30 de abril.
Aunque 25 televisoras estatales acordaron transmitir contenidos para aprender en casa, desde educación inicial hasta bachillerato, en las zonas más marginadas complica el acceso a muchos niños y jóvenes, lo que ha hecho que surjan dudas sobre si será posible concluir este ciclo escolar en julio, como se tenía estimado.
La lucha para evitar la propagación del Covid-19 ha sido heterogénea en todo el país; mientras en estados como Yucatán, sur de México, se obliga a usar cubrebocas a todo aquel que sale a la calle, y se multa a quienes están en la vía pública innecesariamente, en otros, como Veracruz, aún en etapa dos, no hay limitación alguna y la gente acudía en masa a las playas durante el periodo vacacional.
La poca conciencia de los ciudadanos sobre la gravedad del problema –un alto porcentaje cree que la enfermedad es un mito-, hace que la situación se agrave y que el contagio terminé, en unos días más, por dispararse.
PERIODISTA DE HUMANOS ATACADA POR POLICÍA
Por Lourdes Ramírez
Integrante HUMANOS
Honduras
(*)“No podemos hacer periodismo en Nicaragua” Emma Amador.
En las últimas horas, Emma Amador, corresponsal permanente de HUMANOS, fue violentamente obligada a subir a una patrulla, al mismo tiempo que era golpeada en sus brazos y su rostro, después del golpearla a ella y a otras personas, las dejaron en una gasolinera, diciéndoles que había cámaras en ese lugar que eran testigos de que les dejaban ahí con vida, advirtiéndoles de los riesgos de seguir cubriendo las protestas ciudadanas.
Emma denuncia constantemente y exige justicia ante los asesinatos, torturas, represión contra los estudiantes, contra periodistas y defensores de derechos humanos, también expone fuertes cuestionamientos sobre los actos de corrupción del gobierno.
“La guardia Orteguista, me asaltó, me robó los dos celulares y mi cámara de video”. Se negaron a devolvérmelos y me mandaron a interponer denuncia a auxilio judicial si me sentía agraviada, cuándo les dije que me devolvieran mis celulares y mi cámara que se habían robado se hicieron los locos”.
“El asalto contra nosotros fue a las 3pm y nos fueron a botar a la gasolinera Puma por la rotonda el periodista y el fuerte policía que dio un nombre falso dijo “vayan a interponer denuncia al distrito, aquí hay cámaras para dejar evidencia que los dejamos aquí”.
“Así es que se gobierna en Nicaragua. No hay libertad de expresión. Así que señores de la OEA de ustedes depende lo que pase en Managua y el resto del país”. Mientras Emma hace ese llamado a la OEA, Almagro sigue con sus posiciones tibias ante la represión en Nicaragua.
Para normalizar el proceso político en #Nicaragua es esencial el más pleno respeto de derechos políticos fundamentales como la libertad de expresión, reunión, asociación y derecho de protesta y el cese de la represión.
Durante los últimos años Emma ha sido objeto de amenazas, hostigamiento e intimidaciones, se vio obligada a colocar cámaras de seguridad en su vivienda y pasar noches en vela observando a los hombres que asedian su entorno, hombres que se acercan a los lentes de la cámara para advertirle que están ahí. Algunas veces los mismos vecinos se prestan para acosarla, porque son simpatizantes del gobernante de turno. Ha sido denunciada, víctima de supuestos “asaltos” en varias ocasiones y además ha enfrentado la censura en los medios cerrándole sus espacios porque el tono de sus mensajes no agrada a los patrocinadores o dueños de los medios de comunicación.
Conocí a la periodista Emma Amador en 2013 en Panamá, cuando el Centro Internacional para Periodistas (Icfj) me invitó a formar parte de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, desde entonces comenzamos a participar en el periodismo colaborativo con colegas de otros países de América Latina. Posteriormente en 2015, ambas fuimos becarias del BID en un programa de periodismo para conocer si se puede prevenir la violencia en Latinoamérica.
Intercambiamos experiencias con periodistas de varios países, quienes exponíamos los programas que consideramos útiles en la prevención y combate a la violencia. Emma para poder salir de Nicaragua hacia Washington en esa oportunidad tuvo que hacerlo desde Tegucigalpa, viajó en bus desde su natal Estelí para poder llegar al aeropuerto Toncontín y tomar un avión que la llevó a la capital de los Estados Unidos, porque no era seguro que pudiera salir de Nicaragua.
Emma ha viajado mucho a Estados Unidos, a encuentros de la SIP, del Icfj, y de otros organismos de los que también hace parte, sin embargo, jamás consideró quedarse en ese país del norte, siempre con su amor y pasión por el periodismo que compartimos, regresa a su Estelí para seguir reportando desde diferentes plataformas lo que pasa en Nicaragua.
Emma al igual que muchos periodistas nicaragüenses son víctimas de la represión, ahora mismo en Tegucigalpa hay varios periodistas que han pedido refugio y en El Salvador también, colegas que nos comparten como tuvieron que salir por las fronteras para lograr mantenerse con vida.
Javier y Gabriel, dos periodistas nicaragüenses, fueron acusados de terrorismo y robo agravado, meses después aun no tienen idea de en qué se fundamentan esas acusaciones, salieron del país ante el acoso, persecución y temor por su vida, y con ayuda de otra persona que logró refugio en Guatemala, con la ayuda de Acnur lograron refugio en Honduras. No tienen empleo ni ingresos fijos, están buscando empleo en Honduras “de lo que sea”.
A algunos organismos de Derechos Humanos les han suspendido la personería jurídica, expulsando a sus representantes de Nicaragua, lo que deja en mayor vulnerabilidad a los periodistas.
(*) TEXTO TOMADO DE ALTA VOZ .COM
Por Lourdes Ramírez
Integrante HUMANOS
Honduras
(*)“No podemos hacer periodismo en Nicaragua” Emma Amador.
En las últimas horas, Emma Amador, corresponsal permanente de HUMANOS, fue violentamente obligada a subir a una patrulla, al mismo tiempo que era golpeada en sus brazos y su rostro, después del golpearla a ella y a otras personas, las dejaron en una gasolinera, diciéndoles que había cámaras en ese lugar que eran testigos de que les dejaban ahí con vida, advirtiéndoles de los riesgos de seguir cubriendo las protestas ciudadanas.
Emma denuncia constantemente y exige justicia ante los asesinatos, torturas, represión contra los estudiantes, contra periodistas y defensores de derechos humanos, también expone fuertes cuestionamientos sobre los actos de corrupción del gobierno.
“La guardia Orteguista, me asaltó, me robó los dos celulares y mi cámara de video”. Se negaron a devolvérmelos y me mandaron a interponer denuncia a auxilio judicial si me sentía agraviada, cuándo les dije que me devolvieran mis celulares y mi cámara que se habían robado se hicieron los locos”.
“El asalto contra nosotros fue a las 3pm y nos fueron a botar a la gasolinera Puma por la rotonda el periodista y el fuerte policía que dio un nombre falso dijo “vayan a interponer denuncia al distrito, aquí hay cámaras para dejar evidencia que los dejamos aquí”.
“Así es que se gobierna en Nicaragua. No hay libertad de expresión. Así que señores de la OEA de ustedes depende lo que pase en Managua y el resto del país”. Mientras Emma hace ese llamado a la OEA, Almagro sigue con sus posiciones tibias ante la represión en Nicaragua.
Para normalizar el proceso político en #Nicaragua es esencial el más pleno respeto de derechos políticos fundamentales como la libertad de expresión, reunión, asociación y derecho de protesta y el cese de la represión.
Durante los últimos años Emma ha sido objeto de amenazas, hostigamiento e intimidaciones, se vio obligada a colocar cámaras de seguridad en su vivienda y pasar noches en vela observando a los hombres que asedian su entorno, hombres que se acercan a los lentes de la cámara para advertirle que están ahí. Algunas veces los mismos vecinos se prestan para acosarla, porque son simpatizantes del gobernante de turno. Ha sido denunciada, víctima de supuestos “asaltos” en varias ocasiones y además ha enfrentado la censura en los medios cerrándole sus espacios porque el tono de sus mensajes no agrada a los patrocinadores o dueños de los medios de comunicación.
Conocí a la periodista Emma Amador en 2013 en Panamá, cuando el Centro Internacional para Periodistas (Icfj) me invitó a formar parte de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, desde entonces comenzamos a participar en el periodismo colaborativo con colegas de otros países de América Latina. Posteriormente en 2015, ambas fuimos becarias del BID en un programa de periodismo para conocer si se puede prevenir la violencia en Latinoamérica.
Intercambiamos experiencias con periodistas de varios países, quienes exponíamos los programas que consideramos útiles en la prevención y combate a la violencia. Emma para poder salir de Nicaragua hacia Washington en esa oportunidad tuvo que hacerlo desde Tegucigalpa, viajó en bus desde su natal Estelí para poder llegar al aeropuerto Toncontín y tomar un avión que la llevó a la capital de los Estados Unidos, porque no era seguro que pudiera salir de Nicaragua.
Emma ha viajado mucho a Estados Unidos, a encuentros de la SIP, del Icfj, y de otros organismos de los que también hace parte, sin embargo, jamás consideró quedarse en ese país del norte, siempre con su amor y pasión por el periodismo que compartimos, regresa a su Estelí para seguir reportando desde diferentes plataformas lo que pasa en Nicaragua.
Emma al igual que muchos periodistas nicaragüenses son víctimas de la represión, ahora mismo en Tegucigalpa hay varios periodistas que han pedido refugio y en El Salvador también, colegas que nos comparten como tuvieron que salir por las fronteras para lograr mantenerse con vida.
Javier y Gabriel, dos periodistas nicaragüenses, fueron acusados de terrorismo y robo agravado, meses después aun no tienen idea de en qué se fundamentan esas acusaciones, salieron del país ante el acoso, persecución y temor por su vida, y con ayuda de otra persona que logró refugio en Guatemala, con la ayuda de Acnur lograron refugio en Honduras. No tienen empleo ni ingresos fijos, están buscando empleo en Honduras “de lo que sea”.
A algunos organismos de Derechos Humanos les han suspendido la personería jurídica, expulsando a sus representantes de Nicaragua, lo que deja en mayor vulnerabilidad a los periodistas.
(*) TEXTO TOMADO DE ALTA VOZ .COM
CORTE DE CAJA EN DERECHOS HUMANOS
Por Yamiri Rodríguez Madrid
Integrante HUMANOS
México
@YamiriRodriguez
2018 se trató del año en que más personas perdieron la vida y el más violento de la historia en el país Azteca.
El ombudsperson mexicano, Luis Raúl González Pérez, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, su informe correspondiente a 2018 y en donde resaltó que las vulneraciones a las garantías individuales reflejan una tendencia al aumento, por lo que consideró que México no pudo superar la crisis que enfrenta en la materia.
El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Cndh, abundó que 2018 se trató del año en que más personas perdieron la vida y el más violento de nuestra historia, en el que imperaron la impunidad y falta de garantías de seguridad en diversas regiones, así como falta de respuestas efectivas a problemas como los de miles de personas desaparecidas, prevalencia de la tortura, desplazamiento forzado interno, explotación y abuso de migrantes, fosas clandestinas e irregulares, persistencia de la violencia de género, trata de personas, falta de acceso real y efectivo a la justicia y debilidad del Estado de derecho, que ocasionaron desencanto en la sociedad respecto de sus autoridades, que se tradujo en alejamiento y desconfianza.
En ese sentido detalló que durante 2018 un total de 377,579 personas recurrieron a la Cndh en busca de apoyo, atención o asesoría; se recibieron 44,274 escritos que derivaron en la apertura de 25,889 nuevos expedientes, de los cuales 9,002 correspondieron a quejas, 7,855 a orientaciones directas, 8,395 remisiones y 637 inconformidades, asuntos todos que implicaron la atención a 77,404 personas agraviadas.
Las autoridades más señaladas como presuntamente responsables de violación a derechos humanos fueron: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 2,532 casos; el Instituto para la Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con 1,215; la Secretaría de Educación Pública (SEP), 746; el Instituto Nacional de Migración (INM), con 587; la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), con 382; la Procuraduría General de la República (PGR), con 375; la Policía Federal, con 356; la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con 311; la Secretaría de Marina (SEMAR), con 284 y el Infonavit con 212.
El reporte arroja que mientras la SEDENA pasó de 415 quejas en 2017 a 382 en 2018, la SEMAR aumentó de 259 a 284; la Policía Federal pasó de 425 a 356; y PGR, de 422 a 375.
Los presuntos hechos violatorios de mayor impacto fueron: 25 por privación de la vida; 39, desaparición forzada; 57, tortura; 255, tratos crueles, inhumanos o degradantes; 2, ejecución sumaria; 318, detención arbitraria, y resulta preocupante el aumento de casos de desaparición forzada en casi 180%, al pasar de 14 en 2017 a 39 en 2018, mientras que los de tortura pasaron de 50 a 57
Del total de quejas registradas, 3,726 casos se resolvieron durante el trámite, 1,486 quedaron sin materia al adoptar la autoridad medidas para subsanar los actos reclamados y en 179 se lograron arreglos conciliatorios, lo que representa un total de 5,391 expedientes resueltos bajo estos mecanismos; se emitieron 101 instrumentos recomendatorios, de los cuales 90 son recomendaciones ordinarias, 8 por violaciones graves y 3 recomendaciones generales.
Las 90 recomendaciones ordinarias fueron dirigidas a 78 autoridades, entre las que destacan: IMSS, 21 recomendaciones; PGR, 13; Comisión Nacional de Seguridad, 10; Fiscalía General del Estado de Chiapas y SEDENA, 5 cada una; Gobernadores de Chiapas y Veracruz, la SEP, SEMAR y SEMARNAT, 4 cada uno.
Los derechos humanos violentados sobre los que versaron las recomendaciones ordinarias son: negligencia médica, acreditada en 20 casos; faltas a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de funciones, empleos, cargo o comisiones, 16 casos; integración irregular o deficiente de la averiguación previa, 14; prestación indebida del servicio público y detención arbitraria, 13 cada uno; retardar o entorpecer la investigación o procuración de justicia, 12; tortura, 10; omitir proporcionar atención médica, 9; privar de la vida e incurrir en tratos crueles, inhumanos o degradantes, 8 cada uno, y, además, la CNDH promovió 53 acciones de inconstitucionalidad, así como también presentó 46 denuncias por responsabilidad penal y 146 por responsabilidad administrativa de servidores públicos.
Asimismo González Pérez enfatizó que expandir la esfera de influencia de las Fuerzas Armadas a la seguridad pública y darles potestad para que asuman tareas de desarrolladores inmobiliarios, constructores de obra pública, así como adquirir bienes y contratar servicios, bajo el manto de reserva y transparencia limitada inherente a las cuestiones de seguridad nacional, es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil, esto por la discusión que aún se mantiene para la creación de la llamada Guardia Nacional.
“Si se les concede poder económico, se afianza su poder político y se les deposita como potestad esencial el monopolio estatal del uso de la fuerza -aseguró-, existe el riesgo de que, en la práctica, dejen de existir incentivos reales para que, una vez superados los estados de emergencia, renuncien a tales potestades en favor de la autoridad civil”, concluyó.
Por Yamiri Rodríguez Madrid
Integrante HUMANOS
México
@YamiriRodriguez
2018 se trató del año en que más personas perdieron la vida y el más violento de la historia en el país Azteca.
El ombudsperson mexicano, Luis Raúl González Pérez, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, su informe correspondiente a 2018 y en donde resaltó que las vulneraciones a las garantías individuales reflejan una tendencia al aumento, por lo que consideró que México no pudo superar la crisis que enfrenta en la materia.
El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Cndh, abundó que 2018 se trató del año en que más personas perdieron la vida y el más violento de nuestra historia, en el que imperaron la impunidad y falta de garantías de seguridad en diversas regiones, así como falta de respuestas efectivas a problemas como los de miles de personas desaparecidas, prevalencia de la tortura, desplazamiento forzado interno, explotación y abuso de migrantes, fosas clandestinas e irregulares, persistencia de la violencia de género, trata de personas, falta de acceso real y efectivo a la justicia y debilidad del Estado de derecho, que ocasionaron desencanto en la sociedad respecto de sus autoridades, que se tradujo en alejamiento y desconfianza.
En ese sentido detalló que durante 2018 un total de 377,579 personas recurrieron a la Cndh en busca de apoyo, atención o asesoría; se recibieron 44,274 escritos que derivaron en la apertura de 25,889 nuevos expedientes, de los cuales 9,002 correspondieron a quejas, 7,855 a orientaciones directas, 8,395 remisiones y 637 inconformidades, asuntos todos que implicaron la atención a 77,404 personas agraviadas.
Las autoridades más señaladas como presuntamente responsables de violación a derechos humanos fueron: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 2,532 casos; el Instituto para la Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con 1,215; la Secretaría de Educación Pública (SEP), 746; el Instituto Nacional de Migración (INM), con 587; la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), con 382; la Procuraduría General de la República (PGR), con 375; la Policía Federal, con 356; la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con 311; la Secretaría de Marina (SEMAR), con 284 y el Infonavit con 212.
El reporte arroja que mientras la SEDENA pasó de 415 quejas en 2017 a 382 en 2018, la SEMAR aumentó de 259 a 284; la Policía Federal pasó de 425 a 356; y PGR, de 422 a 375.
Los presuntos hechos violatorios de mayor impacto fueron: 25 por privación de la vida; 39, desaparición forzada; 57, tortura; 255, tratos crueles, inhumanos o degradantes; 2, ejecución sumaria; 318, detención arbitraria, y resulta preocupante el aumento de casos de desaparición forzada en casi 180%, al pasar de 14 en 2017 a 39 en 2018, mientras que los de tortura pasaron de 50 a 57
Del total de quejas registradas, 3,726 casos se resolvieron durante el trámite, 1,486 quedaron sin materia al adoptar la autoridad medidas para subsanar los actos reclamados y en 179 se lograron arreglos conciliatorios, lo que representa un total de 5,391 expedientes resueltos bajo estos mecanismos; se emitieron 101 instrumentos recomendatorios, de los cuales 90 son recomendaciones ordinarias, 8 por violaciones graves y 3 recomendaciones generales.
Las 90 recomendaciones ordinarias fueron dirigidas a 78 autoridades, entre las que destacan: IMSS, 21 recomendaciones; PGR, 13; Comisión Nacional de Seguridad, 10; Fiscalía General del Estado de Chiapas y SEDENA, 5 cada una; Gobernadores de Chiapas y Veracruz, la SEP, SEMAR y SEMARNAT, 4 cada uno.
Los derechos humanos violentados sobre los que versaron las recomendaciones ordinarias son: negligencia médica, acreditada en 20 casos; faltas a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de funciones, empleos, cargo o comisiones, 16 casos; integración irregular o deficiente de la averiguación previa, 14; prestación indebida del servicio público y detención arbitraria, 13 cada uno; retardar o entorpecer la investigación o procuración de justicia, 12; tortura, 10; omitir proporcionar atención médica, 9; privar de la vida e incurrir en tratos crueles, inhumanos o degradantes, 8 cada uno, y, además, la CNDH promovió 53 acciones de inconstitucionalidad, así como también presentó 46 denuncias por responsabilidad penal y 146 por responsabilidad administrativa de servidores públicos.
Asimismo González Pérez enfatizó que expandir la esfera de influencia de las Fuerzas Armadas a la seguridad pública y darles potestad para que asuman tareas de desarrolladores inmobiliarios, constructores de obra pública, así como adquirir bienes y contratar servicios, bajo el manto de reserva y transparencia limitada inherente a las cuestiones de seguridad nacional, es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil, esto por la discusión que aún se mantiene para la creación de la llamada Guardia Nacional.
“Si se les concede poder económico, se afianza su poder político y se les deposita como potestad esencial el monopolio estatal del uso de la fuerza -aseguró-, existe el riesgo de que, en la práctica, dejen de existir incentivos reales para que, una vez superados los estados de emergencia, renuncien a tales potestades en favor de la autoridad civil”, concluyó.
LA TRAGEDIA EN TLAHUELILPAN
Por Yamiri Rodríguez Madrid
Integrante HUMANOS
México
@YamiriRodriguez
El pasado viernes 18 de enero en la comunidad de Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, ubicado en el centro del país, murieron 91 personas y más de medio centenar resultaron heridas, mientras extraían gasolina de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Y es que el nuevo gobierno de la República, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, puso en marcha unas semanas atrás un programa integral para combatir el robo de combustibles, lo que provocó el desabasto en por lo menos 10 de las 33 demarcaciones territoriales del país.
Hoy, el debate nacional se centra en que si las víctimas de Tlahuelilpan eran culpables por estar aprovechando la fractura del ducto o fue la desesperación económica lo que los orilló a estar ahí.
La tragedia minuto a minuto
De acuerdo con la relatoría de hechos dada a conocer por el gobierno mexicano, el viernes 18 de enero, a las 14:30 horas, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detectó una toma clandestina.
A las 15:45 horas se aglomeró una parte de la población de Tlahuelilpan, por lo que personal militar los conminó a retirarse para evitar riesgos a la salud y riesgos aún mayores.
Hasta las 17 horas arribó personal de Gendarmería. Media hora después llegaron refuerzos de la Sedena, e insistieron en el llamado a la población a retirarse para evitar riesgos a su salud.
A las 18:52, el Cuerpo de Bomberos de Tlahuelilpan recibió el reporte de la explosión e incendio por toma clandestina. Inmediatamente después se reportaron varias personas con quemaduras, debido a que recolectaban el producto que transportaba el ducto. De inmediato la mayoría de ellos fueron trasladados a diversos hospitales, principalmente cercanos.
A las 19:50 horas se activó la Sala de Crisis de la División de Inteligencia de la Policía Federal para atender la emergencia con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Civil (SSPC), la Sedena, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Salud, la Secretaría de Energía (Sener), la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Pemex y el gobierno del estado de Hidalgo.
Para las 20:00 horas el Cuerpo de Bomberos inició los preparativos para sofocar el incendio. 22 minutos después se instaló el Comité Nacional de Emergencias que concentra las actividades del gobierno federal y las 20:34 llegaron al lugar las primeras 16 ambulancias por parte de Cruz Roja Mexicana.
Según el reporte, a las 20:40 horas la Dirección General de Riesgos de la Secretaría de Salud despliega ambulancias y personal médico al lugar de los hechos con capacidad para atender a 100 personas lesionadas por quemaduras. A las 20:53, Pemex coordinó la atención de la emergencia a través de diversas actividades.
Hasta las 20:55 horas inició el traslado de un número adicional de heridos a hospitales de la Ciudad de México. A las 21:07 el Gobierno de la Ciudad de México envía 4 helicópteros equipados como ambulancias para apoyar la emergencia.
Fue a las 21:20 horas cuando Pemex informó que el accidente no afectaría el suministro de gasolina en la Ciudad de México. La bitácora indica que a las 21:21 horas se atendieron a los primeros nueve lesionados graves en el Hospital Pemex Tula.
Más de dos horas después, a las 21:30 horas arribaron al sitio del incidente los secretarios de Defensa, Marina y de Seguridad.
La cifra de heridos y fallecidos se actualizó en ese momento a 71 personas heridas y 20 fallecidas, por lo que se sumaron cuatro helicópteros del Grupo Cóndores para el traslado de heridos. Personal de Pemex informaba que disminuyó la intensidad del incendio.
A las 22:05 horas llegó personal de la Coordinación Nacional de Protección Civil para sumarse al puesto de comando operativo y coordinar las acciones correspondientes y se instaló el Centro de Mando a 800 metros del incidente, en las instalaciones del Colegio de Bachilleres. Estuvo presidido por los titulares de Sedena, Semar, SSPC y el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses. Se instalaron ahí los primeros siete grupos de trabajo para atender a víctimas y familiares. En consecuencia, se abrió la carpeta de investigación correspondiente.
A las 11 de la noche hicieron presencia peritos en criminalística y campo de la Fiscalía General de la República con especialidad en fotografía y química. Se sumaron 63 elementos de Semar para apoyar en las tareas correspondientes. Hasta las 23:45 horas, personal técnico de Pemex informó que había controlado el incendio en el poliducto.
En los primeros minutos del sábado el Presidente de México llegó al puesto de comando, a fin de supervisar las acciones de respuesta. Ahí ordenó la atención de todas y todos los heridos en las instituciones de salud del Estado, con independencia de que fuesen o no derechohabientes.
A las 7 de la mañana del mismo día se habilitó la página de internet del gobierno del estado para proporcionar información sobre víctimas y recibir reportes en situación de desparecidos. A la par, la Procuraduría estatal realizó el levantamiento de cuerpos, en el que participaron 314 elementos; se recogieron 63 cadáveres y posteriormente cuatro más.
Una hora después se activaron las siete mesas de apoyo a la población que cubrían las áreas de atención en investigación, apoyo a víctimas, aseguramiento del sitio, monitoreo de personas y su estado en hospitales, e información y vocería.
Para las 13:30 horas se reiniciaron las labores de excavación y a las 2 de la tarde se liberaron las tomas clandestinas por parte de la Fiscalía General de la República.
Fue hasta 17:50 horas cuando personal de Pemex y peritos en la materia dieron por concluidas sus labores.
Para las 9 de la noche, personal de la Coordinación Nacional de Protección Civil desplegó personal a todos los hospitales de la Ciudad de México, Hidalgo y Estado de México. En coordinación con el DIF asignaron personal para apoyar a víctimas a fin de dar acompañamiento en la gestión de la atención familiar, legal y médica.
Al cierre de este reportaje, el Comité Nacional de Emergencias continuaba en sesión extraordinaria permanente para continuar la coordinación de acciones y apoyo a la población.
El sistema DIF nacional continúa facilitando apoyos a los familiares de las víctimas hospitalizadas, alimentación, abrigo, albergue.
Se continúa brindando apoyo a las familias de las víctimas en distintas tareas, traslado, gastos funerales.
De acuerdo con el secretario de Salud en México, Jorge Alcocer Varela, el número de personas fallecidas se incrementó a 91 fallecidos y continúan hospitalizadas 61. El gobernador de Hidalgo,Omar Fayad Meneses reportó que hasta el momento se ha registrado el hallazgo de 68 restos humanos, de los cuales se han identificado nueve, “y siete de estos nueve ya fueron entregados a sus familias”. Se cuenta con 54 muestras genéticas proporcionadas por familiares de las víctimas. Por último, se han abierto 65 carpetas de investigación.
El apoyo a las víctimas
El Gobierno de México establecerá contacto individual con familiares y víctimas de la tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo, a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar respaldo y acompañamiento en esta difícil situación.
Además, el Ejecutivo federal iniciará un recorrido a lo largo de las poblaciones aledañas a los ductos para implementar un Plan de Bienestar integral que se traduzca en una vida digna para un millón de familias.
Al encabezar la cuarta rueda de prensa para informar los avances del gobierno federal en la atención a las víctimas de la tragedia, el mandatario dio a conocer que, por razones humanitarias, recibirán todo el respaldo institucional que sea necesario, e informó sobre la manera en que se llevará a cabo:
“Esto va más allá de lo material, tiene que ver con lo humano, y no hay límites. No está condicionado a ningún procedimiento administrativo, a lo material. Van a contar los familiares de las víctimas con todo el apoyo, y ya instrumentamos un plan con este propósito de atención personalizada, familia por familia, ya se está actuando. No puedo decir más por razones, esto se está tratando con mucha delicadeza, pero la instrucción es hablar con cada familia de parte del presidente de la República. Cada familia va a ser atendida de manera directa”, abundó.
Asimismo, el gobierno mexicano afina los últimos detalles para iniciar un plan dirigido a las poblaciones aledañas a los ductos que suministran combustible, con la idea de debilitar a los responsables del saqueo que afirman le ha costado al país al menos 65 mil millones de pesos anuales:
Se trata de un Plan de Bienestar integral que será llevado a dichas comunidades por el propio mandatario en un recorrido que iniciará la próxima semana:
“Estamos incluyendo más de 80 municipios y contemplamos apoyar a más de un millón de familias con esta opción”, detalló como parte de la estrategia nacional para erradicar el robo de combustibles, que también incluye mantener la vigilancia y ampliar la capacidad de transportación de combustible.
Esta es la primera gran crisis que enfrenta el nuevo gobierno de México. El número de víctima por la ordeña de este ducto, dicen los especialistas, podría superar el centenar por lo que el país entero está de luto.
Por Yamiri Rodríguez Madrid
Integrante HUMANOS
México
@YamiriRodriguez
El pasado viernes 18 de enero en la comunidad de Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, ubicado en el centro del país, murieron 91 personas y más de medio centenar resultaron heridas, mientras extraían gasolina de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Y es que el nuevo gobierno de la República, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, puso en marcha unas semanas atrás un programa integral para combatir el robo de combustibles, lo que provocó el desabasto en por lo menos 10 de las 33 demarcaciones territoriales del país.
Hoy, el debate nacional se centra en que si las víctimas de Tlahuelilpan eran culpables por estar aprovechando la fractura del ducto o fue la desesperación económica lo que los orilló a estar ahí.
La tragedia minuto a minuto
De acuerdo con la relatoría de hechos dada a conocer por el gobierno mexicano, el viernes 18 de enero, a las 14:30 horas, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detectó una toma clandestina.
A las 15:45 horas se aglomeró una parte de la población de Tlahuelilpan, por lo que personal militar los conminó a retirarse para evitar riesgos a la salud y riesgos aún mayores.
Hasta las 17 horas arribó personal de Gendarmería. Media hora después llegaron refuerzos de la Sedena, e insistieron en el llamado a la población a retirarse para evitar riesgos a su salud.
A las 18:52, el Cuerpo de Bomberos de Tlahuelilpan recibió el reporte de la explosión e incendio por toma clandestina. Inmediatamente después se reportaron varias personas con quemaduras, debido a que recolectaban el producto que transportaba el ducto. De inmediato la mayoría de ellos fueron trasladados a diversos hospitales, principalmente cercanos.
A las 19:50 horas se activó la Sala de Crisis de la División de Inteligencia de la Policía Federal para atender la emergencia con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Civil (SSPC), la Sedena, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Salud, la Secretaría de Energía (Sener), la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Pemex y el gobierno del estado de Hidalgo.
Para las 20:00 horas el Cuerpo de Bomberos inició los preparativos para sofocar el incendio. 22 minutos después se instaló el Comité Nacional de Emergencias que concentra las actividades del gobierno federal y las 20:34 llegaron al lugar las primeras 16 ambulancias por parte de Cruz Roja Mexicana.
Según el reporte, a las 20:40 horas la Dirección General de Riesgos de la Secretaría de Salud despliega ambulancias y personal médico al lugar de los hechos con capacidad para atender a 100 personas lesionadas por quemaduras. A las 20:53, Pemex coordinó la atención de la emergencia a través de diversas actividades.
Hasta las 20:55 horas inició el traslado de un número adicional de heridos a hospitales de la Ciudad de México. A las 21:07 el Gobierno de la Ciudad de México envía 4 helicópteros equipados como ambulancias para apoyar la emergencia.
Fue a las 21:20 horas cuando Pemex informó que el accidente no afectaría el suministro de gasolina en la Ciudad de México. La bitácora indica que a las 21:21 horas se atendieron a los primeros nueve lesionados graves en el Hospital Pemex Tula.
Más de dos horas después, a las 21:30 horas arribaron al sitio del incidente los secretarios de Defensa, Marina y de Seguridad.
La cifra de heridos y fallecidos se actualizó en ese momento a 71 personas heridas y 20 fallecidas, por lo que se sumaron cuatro helicópteros del Grupo Cóndores para el traslado de heridos. Personal de Pemex informaba que disminuyó la intensidad del incendio.
A las 22:05 horas llegó personal de la Coordinación Nacional de Protección Civil para sumarse al puesto de comando operativo y coordinar las acciones correspondientes y se instaló el Centro de Mando a 800 metros del incidente, en las instalaciones del Colegio de Bachilleres. Estuvo presidido por los titulares de Sedena, Semar, SSPC y el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses. Se instalaron ahí los primeros siete grupos de trabajo para atender a víctimas y familiares. En consecuencia, se abrió la carpeta de investigación correspondiente.
A las 11 de la noche hicieron presencia peritos en criminalística y campo de la Fiscalía General de la República con especialidad en fotografía y química. Se sumaron 63 elementos de Semar para apoyar en las tareas correspondientes. Hasta las 23:45 horas, personal técnico de Pemex informó que había controlado el incendio en el poliducto.
En los primeros minutos del sábado el Presidente de México llegó al puesto de comando, a fin de supervisar las acciones de respuesta. Ahí ordenó la atención de todas y todos los heridos en las instituciones de salud del Estado, con independencia de que fuesen o no derechohabientes.
A las 7 de la mañana del mismo día se habilitó la página de internet del gobierno del estado para proporcionar información sobre víctimas y recibir reportes en situación de desparecidos. A la par, la Procuraduría estatal realizó el levantamiento de cuerpos, en el que participaron 314 elementos; se recogieron 63 cadáveres y posteriormente cuatro más.
Una hora después se activaron las siete mesas de apoyo a la población que cubrían las áreas de atención en investigación, apoyo a víctimas, aseguramiento del sitio, monitoreo de personas y su estado en hospitales, e información y vocería.
Para las 13:30 horas se reiniciaron las labores de excavación y a las 2 de la tarde se liberaron las tomas clandestinas por parte de la Fiscalía General de la República.
Fue hasta 17:50 horas cuando personal de Pemex y peritos en la materia dieron por concluidas sus labores.
Para las 9 de la noche, personal de la Coordinación Nacional de Protección Civil desplegó personal a todos los hospitales de la Ciudad de México, Hidalgo y Estado de México. En coordinación con el DIF asignaron personal para apoyar a víctimas a fin de dar acompañamiento en la gestión de la atención familiar, legal y médica.
Al cierre de este reportaje, el Comité Nacional de Emergencias continuaba en sesión extraordinaria permanente para continuar la coordinación de acciones y apoyo a la población.
El sistema DIF nacional continúa facilitando apoyos a los familiares de las víctimas hospitalizadas, alimentación, abrigo, albergue.
Se continúa brindando apoyo a las familias de las víctimas en distintas tareas, traslado, gastos funerales.
De acuerdo con el secretario de Salud en México, Jorge Alcocer Varela, el número de personas fallecidas se incrementó a 91 fallecidos y continúan hospitalizadas 61. El gobernador de Hidalgo,Omar Fayad Meneses reportó que hasta el momento se ha registrado el hallazgo de 68 restos humanos, de los cuales se han identificado nueve, “y siete de estos nueve ya fueron entregados a sus familias”. Se cuenta con 54 muestras genéticas proporcionadas por familiares de las víctimas. Por último, se han abierto 65 carpetas de investigación.
El apoyo a las víctimas
El Gobierno de México establecerá contacto individual con familiares y víctimas de la tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo, a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar respaldo y acompañamiento en esta difícil situación.
Además, el Ejecutivo federal iniciará un recorrido a lo largo de las poblaciones aledañas a los ductos para implementar un Plan de Bienestar integral que se traduzca en una vida digna para un millón de familias.
Al encabezar la cuarta rueda de prensa para informar los avances del gobierno federal en la atención a las víctimas de la tragedia, el mandatario dio a conocer que, por razones humanitarias, recibirán todo el respaldo institucional que sea necesario, e informó sobre la manera en que se llevará a cabo:
“Esto va más allá de lo material, tiene que ver con lo humano, y no hay límites. No está condicionado a ningún procedimiento administrativo, a lo material. Van a contar los familiares de las víctimas con todo el apoyo, y ya instrumentamos un plan con este propósito de atención personalizada, familia por familia, ya se está actuando. No puedo decir más por razones, esto se está tratando con mucha delicadeza, pero la instrucción es hablar con cada familia de parte del presidente de la República. Cada familia va a ser atendida de manera directa”, abundó.
Asimismo, el gobierno mexicano afina los últimos detalles para iniciar un plan dirigido a las poblaciones aledañas a los ductos que suministran combustible, con la idea de debilitar a los responsables del saqueo que afirman le ha costado al país al menos 65 mil millones de pesos anuales:
Se trata de un Plan de Bienestar integral que será llevado a dichas comunidades por el propio mandatario en un recorrido que iniciará la próxima semana:
“Estamos incluyendo más de 80 municipios y contemplamos apoyar a más de un millón de familias con esta opción”, detalló como parte de la estrategia nacional para erradicar el robo de combustibles, que también incluye mantener la vigilancia y ampliar la capacidad de transportación de combustible.
Esta es la primera gran crisis que enfrenta el nuevo gobierno de México. El número de víctima por la ordeña de este ducto, dicen los especialistas, podría superar el centenar por lo que el país entero está de luto.
SUMIDA EN LA INSEGURIDAD E INCERTIDUMBRE
Por Emma Amador
Integrante HUMANOS
Managua, Nicaragua
En Nicaragua se realizó la semana pasada un Paro Nacional del comercio y la industria convocado por las diferentes cámaras y el Consejo Permanente de la Empresa Privada, Cosep, con la finalidad de presionar al gobierno de Daniel Ortega para el adelanto de las elecciones presidenciales.
De manera simultanea el gobierno reeditó el llamado repliegue táctico de Managua a Masaya, esta es una conmemoración adoptada por el partido frente sandinista, como una practica política de medición de fuerzas.
Desde el 18 de abril pasado se vive en el país, una situación se inseguridad e incertidumbre, debido a la represión ejercita por el gobierno contra la población civil que protesta contra las políticas totalitarias y la corrupción gubernamental.
Esta protestas se han desarrollado de diversas maneras, con marchas denominadas azul y blanco donde la población sale a las calles portando banderas, coreando consignas, sonando pailas, tambores bubuselas, pitos y entonando las notas del Himno nacional.
Las marchas y tranques han sido atacados por policías, antimotines, exmilitares y civiles armados mandados por el gobierno, de Daniel Ortega con el fin de desmontar las protestas. Esa practica ilegal e inconstitucional lleva a la fecha más de 350 personas fallecidas.
Esta crisis a motivado que la Organización de Estados Americanos, OEA, envié misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, para documentar e investigar la crisis de violación de derechos humanos en el país, aplicando la carta democratica.
La presencia de los Organismos de la OEA y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas no han sido suficientes para detener el genocidio implementado por el gobierno sandinista.
Desde el inicio de las protestas fueron tomadas varias universidades por los manifestantes, las que fueron invadidas por fuerzas militares para desalojar a los estudiantes, con el uso desproporcionado de tropas portando armas de guerra de grueso calibre y francotiradores disparando a matar, impactando a las victimas en el órganos sensibles de las victimas, el cráneo, el cuello y el pecho.
Mientras en Washington se realizaba la sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, para evaluar la situación de Nicaragua, fuerzas paramilitares llamadas por el canciller Moncada, grupos del crimen organizado que operan en el país, con el respaldo de la policía nacional agredieron a manifestantes de la Unan en Managua.
Agredieron e invadieron Masaya tambien quien opuso resistencia para que Daniel Ortega y sus fanáticos seguidores penetraran sus ciudad.
Masaya ha sido uno de los departamentos mas asediados por las fuerzas militares, el barrio Monimbo símbolo de resistencia contra la represión es uno de los bastiones de dignidad nacional, hasta ahí pretendía llegar Ortega para ello uso su táctica de matar para desactivar las protestas en su contra.
Alvaro Leiva representante de la Asociación Nicaraguens Pro Derechos Humanos en una entrevista a un medio nacional dio a conocer que era una masacra la ejercida por Ortega contra el pueblo de Masaya.
El secretario General de la OEA, Luis Almagro, en la sesion del Consejo Permanente reconoció que la policía esta asesinando a los Nicaraguenses e hizo un llamado al gobierno a parar la represión y los asesinatos: "Solicitamos que se detenga el ataque a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua @UNANManagua y se proteja la vida de los estudiantes. Es inadmisible el uso de la fuerza contra la Universidad. Cualquier desalojo a la Universidad debe de ser negociado @OEA_oficial"
REPRESION DEJA MÁS DE 350 MUERTOS
Por Emma Amador
Integrante HUMANOS
Managua, Nicaragua
Más de 350 ciudadanos han sido asesinados en Nicaragua por manifestarse pacíficamente demandando libertad, justicia, respeto a los elementales derechos humanos, institucionalidad y democratización, al gobierno de Daniel Ortega.
El abuso de autoridad de las autoridades Nacionales, departamentales y Municipales del partido frente sandinista se ha profundizado en los últimos 3 meses en el país.
La ciudadanía Nicaragüense que se opone a las políticas gubernamentales de represión, extorsión, nepotismo, manipulación y asesinatos, instalaron tranques por todo Nicaragua, como medida de protección desde la última semana de abril en el inicio de las protestas.
Medida objetada por el gobierno de Daniel Ortega quien por la vía de la violencia, usando una desproporcionada fuerza armada, se hay dedicado a quitarlos de las carreteras y principales vías del país.
Las llamadas camionetas Toyota Hilux de la muerte transportan policías, anti motines y civiles armados por el gobierno. Apartan tranques y barricadas usando palas mecánicas y civiles al servicio del gobierno y a los protestantes que encuentran en el lugar les disparan a matar, luego ingresan a las ciudades aledañas en busca de los integrantes de las protestas.
El domingo 8 de julio luego de apartar los tranques ubicados por la población en la via panamericana en Diriamba y Jinotepe, rodearon la basílica San Sebastián de Diriamba donde se encontraban muchas personas refugiadas y un grupo de paramédicos organizados para atender a los heridos.
En horas de la madrugada del lunes 9 rompieron las ventanas de vidrio y lanzaron bombas lacrimógenas.
Este mismo día los obispos de la Conferencia Episcopal Leopoldo Brenes, Arzobispo de Managua y presidente del Secretariado Episcopal de América Central, monseñor Silvo Baez, Obispo auxiliar de la Diócesis de Managua, el nuncio apostólico Monseñor Waldemar Stanilaw Sommertag representante de El Vaticano en Managua y otros sacerdotes junto a periodistas de diferentes medios de comunicación, se trasladaron de Managua hacia la zona de conflicto en Carazo.
Al llegar a la Basílica San Sebastián en Diriamba, fueron recibidos por defensores de las políticas de la pareja gobernante, quienes los rodearon y los asediaron verbal y físicamente. Les impidieron el paso.
Minutos después en medio de la multitud agresora, los obispos, periodistas y miembros de los derechos humanos, víctimas de la agresión del día anterior lograron penetrar a la basílica, donde también un grupo de encapuchados entro por la fuerza agrediéndoles y asediándoles.
Resultando con heridas por armas blancas y golpes los obispos Leopoldo Brenes, Silvio Baez, Miguel Mantica, el representante de los derechos Humanos Alvaro Leiva y el periodista Jackson Orozco de 100% noticias.
Otros periodistas agredidos fueron los de los canales independientes, 23, 12 y 10 a quienes les arrebataron y quebraron las cámaras, les sustrajeron los celulares y los dejaron sin sus equipos de trabajo.
Monseñor Silvio Baez fuerte crítico de la represión y política gubernamental contra el pueblo de Nicaragua, ha sido víctima de amenazas de muerte verbal , físicas y por medio de las redes sociales.
"Esto no es nada para lo que está sufriendo el pueblo de Nicaragua, los obispos hemos podido constatar de las personas; el rostro agresivo, asesino desde la estructura que esta dominando a Nicaragua en este momento, hoy hemos sido objeto de agresión física y verbal, contra el señor Nuncio, contra el señor Cardenal, lo que menos importa es lo que hayan hecho contra nosotros, lo que me tiraron encima, los golpes, las heridas, es mucho más grave lo que está sufriendo nuestro pueblo” dijo monseñor Báez a un canal local luego de la agresión.
En el operativo limpieza de tranques de las fuerzas gubernamentales compuestas por militares del ejército de Nicaragua quienes se dejaron ver en público portando fusiles R15, RPG7, AK-47 y otras armas, policías y terceros armados afines al gobierno Ortegamurillo, que llegaron a bordo de camionetas donadas y Toyotas Hilux, aproximadamente 800 efectivos, resultaron 20 muertos, 30 heridos y más de 200 detenidos según información extraoficial.
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, registraba de forma oficial, más de 285 asesinatos, más de 1,500 heridos y al menos 156 desaparecidos como resultado de la represión estatal en Nicaragua al 26 de junio del presente año.
Por Emma Amador
Integrante HUMANOS
Managua, Nicaragua
Más de 350 ciudadanos han sido asesinados en Nicaragua por manifestarse pacíficamente demandando libertad, justicia, respeto a los elementales derechos humanos, institucionalidad y democratización, al gobierno de Daniel Ortega.
El abuso de autoridad de las autoridades Nacionales, departamentales y Municipales del partido frente sandinista se ha profundizado en los últimos 3 meses en el país.
La ciudadanía Nicaragüense que se opone a las políticas gubernamentales de represión, extorsión, nepotismo, manipulación y asesinatos, instalaron tranques por todo Nicaragua, como medida de protección desde la última semana de abril en el inicio de las protestas.
Medida objetada por el gobierno de Daniel Ortega quien por la vía de la violencia, usando una desproporcionada fuerza armada, se hay dedicado a quitarlos de las carreteras y principales vías del país.
Las llamadas camionetas Toyota Hilux de la muerte transportan policías, anti motines y civiles armados por el gobierno. Apartan tranques y barricadas usando palas mecánicas y civiles al servicio del gobierno y a los protestantes que encuentran en el lugar les disparan a matar, luego ingresan a las ciudades aledañas en busca de los integrantes de las protestas.
El domingo 8 de julio luego de apartar los tranques ubicados por la población en la via panamericana en Diriamba y Jinotepe, rodearon la basílica San Sebastián de Diriamba donde se encontraban muchas personas refugiadas y un grupo de paramédicos organizados para atender a los heridos.
En horas de la madrugada del lunes 9 rompieron las ventanas de vidrio y lanzaron bombas lacrimógenas.
Este mismo día los obispos de la Conferencia Episcopal Leopoldo Brenes, Arzobispo de Managua y presidente del Secretariado Episcopal de América Central, monseñor Silvo Baez, Obispo auxiliar de la Diócesis de Managua, el nuncio apostólico Monseñor Waldemar Stanilaw Sommertag representante de El Vaticano en Managua y otros sacerdotes junto a periodistas de diferentes medios de comunicación, se trasladaron de Managua hacia la zona de conflicto en Carazo.
Al llegar a la Basílica San Sebastián en Diriamba, fueron recibidos por defensores de las políticas de la pareja gobernante, quienes los rodearon y los asediaron verbal y físicamente. Les impidieron el paso.
Minutos después en medio de la multitud agresora, los obispos, periodistas y miembros de los derechos humanos, víctimas de la agresión del día anterior lograron penetrar a la basílica, donde también un grupo de encapuchados entro por la fuerza agrediéndoles y asediándoles.
Resultando con heridas por armas blancas y golpes los obispos Leopoldo Brenes, Silvio Baez, Miguel Mantica, el representante de los derechos Humanos Alvaro Leiva y el periodista Jackson Orozco de 100% noticias.
Otros periodistas agredidos fueron los de los canales independientes, 23, 12 y 10 a quienes les arrebataron y quebraron las cámaras, les sustrajeron los celulares y los dejaron sin sus equipos de trabajo.
Monseñor Silvio Baez fuerte crítico de la represión y política gubernamental contra el pueblo de Nicaragua, ha sido víctima de amenazas de muerte verbal , físicas y por medio de las redes sociales.
"Esto no es nada para lo que está sufriendo el pueblo de Nicaragua, los obispos hemos podido constatar de las personas; el rostro agresivo, asesino desde la estructura que esta dominando a Nicaragua en este momento, hoy hemos sido objeto de agresión física y verbal, contra el señor Nuncio, contra el señor Cardenal, lo que menos importa es lo que hayan hecho contra nosotros, lo que me tiraron encima, los golpes, las heridas, es mucho más grave lo que está sufriendo nuestro pueblo” dijo monseñor Báez a un canal local luego de la agresión.
En el operativo limpieza de tranques de las fuerzas gubernamentales compuestas por militares del ejército de Nicaragua quienes se dejaron ver en público portando fusiles R15, RPG7, AK-47 y otras armas, policías y terceros armados afines al gobierno Ortegamurillo, que llegaron a bordo de camionetas donadas y Toyotas Hilux, aproximadamente 800 efectivos, resultaron 20 muertos, 30 heridos y más de 200 detenidos según información extraoficial.
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, registraba de forma oficial, más de 285 asesinatos, más de 1,500 heridos y al menos 156 desaparecidos como resultado de la represión estatal en Nicaragua al 26 de junio del presente año.
MÉXICO
¿DÓNDE ESTÁN LOS NORMALISTAS DE AYOTZINAPA?
Por Yamiri Rodríguez Madrid
Integrante HUMANOS
México
@YamiriRodriguez
El dolor de 43 familias guerrerense no cesa, desde esos 26 y 27 de septiembre de 2014 cuando se “esfumaron”. La esperanza de encontrarlos aún con vida se mantiene, aunque con una llama que cada día parece extinguirse.
Hace apenas unos días, la Procuraduría General de la República (PGR), dio avances en la investigación del llamado Caso Iguala, al dar a conocer el 12 de marzo que elementos de la División de Investigación, de la Policía Federal, detuvieron en las inmediaciones del municipio de Cocula (ubicado en el estado de Guerrero), a Erick “N”, probable integrante de una organización criminal que opera en la región.
De acuerdo con la información oficial, Erick “N” es señalado como un generador de violencia en la zona del Río Balsas, respecto de la cual también hay investigaciones abiertas, además de que es señalado dentro de la investigación como uno de los sujetos que tuvo una intervención decisiva en los hechos en contra de los estudiantes normalistas.
Dicho sujeto cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de Delincuencia Organizada y Secuestro, por lo que en breve será puesto a disposición del Juez que lo requiere e internado en un Centro Federal de Readaptación Social.
Por Erick “N” (se reserva su apellido porque en el nuevo Sistema de Justicia Penal mexicano, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario), así como por otros individuos, se ofrecía una recompensa de un millón 500 mil pesos (poco más de 800 mil dólares), por su probable responsabilidad de los delitos ocurridos en agravio de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos.
Pero, además, el lugar en donde fue detenido, Cocula, tiene un basurero en donde se insistió habían sido incinerados los cuerpos de los jóvenes, aunque dicha teoría fue desechada.
Hoy que México está inmerso en un proceso electoral donde renovará más de 3 mil 500 cargos, entre estos la Presidencia de la República, 128 senadores, 500 diputados federales, 9 gobernadores y los congresos locales, el tema de la desaparición está siendo utilizado por los partidos de oposición al gobierno (Partido Revolucionario Institucional), como una herramienta de desgaste y supuesta muestra de ineficiencia de las actuales autoridades.
Han pasado casi 4 años y, la justicia, se muestra aún muy lejana para las familias guerrerenses, para miles más en los 32 estados del país que no encuentran a los suyos, con fosas clandestinas que a diario aparecen, con la escases de recursos humanos y financieros para poder realizar las muestras de ADN y determinar identidades.
La tragedia de las familias de Ayotzinapa es el dolor de cientos de miles de familias mexicanas más.
¿DÓNDE ESTÁN LOS NORMALISTAS DE AYOTZINAPA?
Por Yamiri Rodríguez Madrid
Integrante HUMANOS
México
@YamiriRodriguez
El dolor de 43 familias guerrerense no cesa, desde esos 26 y 27 de septiembre de 2014 cuando se “esfumaron”. La esperanza de encontrarlos aún con vida se mantiene, aunque con una llama que cada día parece extinguirse.
Hace apenas unos días, la Procuraduría General de la República (PGR), dio avances en la investigación del llamado Caso Iguala, al dar a conocer el 12 de marzo que elementos de la División de Investigación, de la Policía Federal, detuvieron en las inmediaciones del municipio de Cocula (ubicado en el estado de Guerrero), a Erick “N”, probable integrante de una organización criminal que opera en la región.
De acuerdo con la información oficial, Erick “N” es señalado como un generador de violencia en la zona del Río Balsas, respecto de la cual también hay investigaciones abiertas, además de que es señalado dentro de la investigación como uno de los sujetos que tuvo una intervención decisiva en los hechos en contra de los estudiantes normalistas.
Dicho sujeto cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de Delincuencia Organizada y Secuestro, por lo que en breve será puesto a disposición del Juez que lo requiere e internado en un Centro Federal de Readaptación Social.
Por Erick “N” (se reserva su apellido porque en el nuevo Sistema de Justicia Penal mexicano, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario), así como por otros individuos, se ofrecía una recompensa de un millón 500 mil pesos (poco más de 800 mil dólares), por su probable responsabilidad de los delitos ocurridos en agravio de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos.
Pero, además, el lugar en donde fue detenido, Cocula, tiene un basurero en donde se insistió habían sido incinerados los cuerpos de los jóvenes, aunque dicha teoría fue desechada.
Hoy que México está inmerso en un proceso electoral donde renovará más de 3 mil 500 cargos, entre estos la Presidencia de la República, 128 senadores, 500 diputados federales, 9 gobernadores y los congresos locales, el tema de la desaparición está siendo utilizado por los partidos de oposición al gobierno (Partido Revolucionario Institucional), como una herramienta de desgaste y supuesta muestra de ineficiencia de las actuales autoridades.
Han pasado casi 4 años y, la justicia, se muestra aún muy lejana para las familias guerrerenses, para miles más en los 32 estados del país que no encuentran a los suyos, con fosas clandestinas que a diario aparecen, con la escases de recursos humanos y financieros para poder realizar las muestras de ADN y determinar identidades.
La tragedia de las familias de Ayotzinapa es el dolor de cientos de miles de familias mexicanas más.
PERIODISMO, ENTRE ASESINATOS Y ESPIONAJE
Por Yamiri Rodríguez Madrid
Integrante HUMANOS
México
@YamiriRodriguez
El gobierno mexicano ha espiado, por lo menos en 76 ocasiones entre enero de 2015 y julio de 2016, a periodistas.
En México, el espionaje de llamadas telefónicas a la clase política, periodistas y activistas es una práctica añeja que se realiza desde hace varias décadas, sin sanción alguna.
La muestra es que en cada proceso electoral, sea federal o locales, salen a luz conversaciones o videos comprometedores donde se les ve recibiendo dinero, con personajes polémicos o, incluso de índole sexual, como parte de una guerra sucia para denostar al contrario.
Uno de los más recientes fue el de la diputada local veracruzana, Eva Cadena, a quien la grabaron, supuestamente recaudando recursos para el aspirante a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
El destape de los videos se dio justo en medio de elecciones en cuatro estados, sin que a la fecha se diera a conocer quién o quiénes lo grabaron y filtraron a los medios.
Al periodista, y hoy también aspirante independiente a la Presidencia, Pedro Ferriz de Con, hace algunos años lo grabaron supuestamente saliendo de un motel con una mujer que no era su esposa. Lo hicieron cuando él estaba al aire en uno de los noticieros radiofónicos más escuchados del país y hacía duras críticas al gobierno.
Sin embargo, hace apenas unos días, un periódico estadounidense, el New York Times, dio a conocer hoy que el gobierno mexicano ha espiado, por lo menos en 76 ocasiones entre enero de 2015 y julio de 2016, a periodistas, entre ellos a Carlos Loret de Mola y Carmen Aristegui, a través de un software malicioso llamado Pegasus, que habría costado 80 millones de dólares.
La respuesta del gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto fue, primero, a través del director de Medios Internacionales, Daniel Millán Valencia, quien a través de una carta enviada al NYT, llamó a los periodistas a presentar sus denuncias ante la Procuraduría General de la República.
El 21 de junio, la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, en la Cámara de Diputados, Brenda Velázquez Valdez, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de que realice una investigación exhaustiva y se castigue a los servidores públicos involucrados en espionaje, ataques a la libertad de expresión y privacidad de los comunicadores, además de que se informe sobre esas actividades de espionaje realizadas por la Secretaría de Gobernación (Segob), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Fue un día después de la denuncia, cuando el mandatario mexicano salió ante los medios a fijar su postura en torno al tema: “Somos un Gobierno que respeta la libertad de expresión, respeta el sentir, la manera de pensar de cada ciudadano, esté o no del lado del Gobierno, pero siempre hemos sido respetuosos”.
Asimismo aseguró haber dado indicaciones a la Procuraduría General de la República para que dé curso y dé seguimiento, y lo haga de la manera más acelerada posible, a las denuncias que se presentaron sobre supuestas o presumibles intervenciones que tuvieron algunas personas que han presentado denuncia ante la Procuraduría, y para que investigue si hay quienes, fuera de alguna entidad pública y de manera ilegal, están teniendo intervención sobre la vida privada de alguna persona.
Pero la situación del periodismo, más allá del espionaje, es mucho más compleja pues de diciembre pasado a la fecha se ha cometido una decena de homicidios contra periodistas en México, entre ellos Miroslava Breach y Javier Valdez.
En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, 36 periodistas han sido asesinados por realizar su labor informativa, lo que pone en evidencia que los diversos mecanismos para proteger la libertad de expresión y la labor periodística no han demostrado eficacia, peor aún es que el gobierno federal no asignó recursos para el Mecanismo de Protección operado por la Secretaría de Gobernación.
Así, mientras los espían, otros, impunemente los asesinan…
(*) Artículo de NY Times: “Están monitoreando nuestros teléfonos”: cómo descubrimos el ciberespionaje a mexicanos
Por Yamiri Rodríguez Madrid
Integrante HUMANOS
México
@YamiriRodriguez
El gobierno mexicano ha espiado, por lo menos en 76 ocasiones entre enero de 2015 y julio de 2016, a periodistas.
En México, el espionaje de llamadas telefónicas a la clase política, periodistas y activistas es una práctica añeja que se realiza desde hace varias décadas, sin sanción alguna.
La muestra es que en cada proceso electoral, sea federal o locales, salen a luz conversaciones o videos comprometedores donde se les ve recibiendo dinero, con personajes polémicos o, incluso de índole sexual, como parte de una guerra sucia para denostar al contrario.
Uno de los más recientes fue el de la diputada local veracruzana, Eva Cadena, a quien la grabaron, supuestamente recaudando recursos para el aspirante a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
El destape de los videos se dio justo en medio de elecciones en cuatro estados, sin que a la fecha se diera a conocer quién o quiénes lo grabaron y filtraron a los medios.
Al periodista, y hoy también aspirante independiente a la Presidencia, Pedro Ferriz de Con, hace algunos años lo grabaron supuestamente saliendo de un motel con una mujer que no era su esposa. Lo hicieron cuando él estaba al aire en uno de los noticieros radiofónicos más escuchados del país y hacía duras críticas al gobierno.
Sin embargo, hace apenas unos días, un periódico estadounidense, el New York Times, dio a conocer hoy que el gobierno mexicano ha espiado, por lo menos en 76 ocasiones entre enero de 2015 y julio de 2016, a periodistas, entre ellos a Carlos Loret de Mola y Carmen Aristegui, a través de un software malicioso llamado Pegasus, que habría costado 80 millones de dólares.
La respuesta del gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto fue, primero, a través del director de Medios Internacionales, Daniel Millán Valencia, quien a través de una carta enviada al NYT, llamó a los periodistas a presentar sus denuncias ante la Procuraduría General de la República.
El 21 de junio, la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, en la Cámara de Diputados, Brenda Velázquez Valdez, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de que realice una investigación exhaustiva y se castigue a los servidores públicos involucrados en espionaje, ataques a la libertad de expresión y privacidad de los comunicadores, además de que se informe sobre esas actividades de espionaje realizadas por la Secretaría de Gobernación (Segob), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Fue un día después de la denuncia, cuando el mandatario mexicano salió ante los medios a fijar su postura en torno al tema: “Somos un Gobierno que respeta la libertad de expresión, respeta el sentir, la manera de pensar de cada ciudadano, esté o no del lado del Gobierno, pero siempre hemos sido respetuosos”.
Asimismo aseguró haber dado indicaciones a la Procuraduría General de la República para que dé curso y dé seguimiento, y lo haga de la manera más acelerada posible, a las denuncias que se presentaron sobre supuestas o presumibles intervenciones que tuvieron algunas personas que han presentado denuncia ante la Procuraduría, y para que investigue si hay quienes, fuera de alguna entidad pública y de manera ilegal, están teniendo intervención sobre la vida privada de alguna persona.
Pero la situación del periodismo, más allá del espionaje, es mucho más compleja pues de diciembre pasado a la fecha se ha cometido una decena de homicidios contra periodistas en México, entre ellos Miroslava Breach y Javier Valdez.
En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, 36 periodistas han sido asesinados por realizar su labor informativa, lo que pone en evidencia que los diversos mecanismos para proteger la libertad de expresión y la labor periodística no han demostrado eficacia, peor aún es que el gobierno federal no asignó recursos para el Mecanismo de Protección operado por la Secretaría de Gobernación.
Así, mientras los espían, otros, impunemente los asesinan…
(*) Artículo de NY Times: “Están monitoreando nuestros teléfonos”: cómo descubrimos el ciberespionaje a mexicanos
EN LA SOMBRA
Por Helena Martínez de Aspe (*)
Periodista
República Dominicana - España
Tras casi siete meses de incertidumbre, el Senado de la República Dominicana reafirmó su postura radical en contra del aborto con la aprobación de un nuevo Código Penal, el pasado 31 mayo.
La sociedad dominicana, y en concreto los grupos feministas, han perdido una larga batalla que saltó a la palestra internacional con el caso Esperancita hace cinco años: una menor, embarazada y con leucemia, muere en el hospital tras la negativa de los doctores a tratar la enfermedad alegando que los medicamentos causarían la muerte del feto. Finalmente, y como es obvio, ambos perdieron la vida.
Casos como este parecen no conmocionar a los miembros del Senado que decidieron no tener en cuenta las recomendaciones del Jefe de Estado, Danilo Medina, sobre la despenalización del aborto en tres causales: cuando la vida de la mujer corra peligro, en casos de violación o incesto o cuando el feto sufra malformaciones incompatibles con la vida.
Con la aprobación de este nuevo Código Penal se imponen penas de hasta tres años de cárcel para las mujeres que se practiquen un aborto y para los profesionales que las ayuden, como médicos, enfermeras, parteros, cirujanos o farmacéuticos, se contemplan penas de hasta 10 años de prisión.
En La Sombra, documental de 25 minutos, muestra las consecuencias de tal prohibición, cómo las mujeres se ven obligadas a realizar abortos clandestinos e inseguros y el porqué de que la República Dominicana lidera las listas de mortalidad materna en la región.
Por eso, he comenzado una campaña en la plataforma española de crowdfunding solidario Kukumiku, para intentar llegar a asociaciones feministas, educadores, juristas, médicos y demás interesados en el tema, para que puedan proyectar el documental en charlas, conferencias y ponencias sin coste alguno, ya que En las sombra tiene licencia Creative Commons.
(*) Soy Helena Martínez de Aspe y busco lo que no se ve, pero se escucha, se intuye y se huele. Mi olfato me ha llevado a diferentes partes de España y del Reino Unido, a Argelia y a la República Dominicana, siempre con los ojos puestos en los más débiles, en las historias que afectan a los pobres y causan indiferencia a los poderosos. Soy licenciada en Comunicación Audiovisual y una apasionada de los documentales. Me interesan los DD.HH., la igualdad de género, la educación sexual y el medio ambiente. Tras pasar siete años en Londres, volví a España en 2016. Desde entonces, busco nuevos retos, nuevas historias que contar.
Por Helena Martínez de Aspe (*)
Periodista
República Dominicana - España
Tras casi siete meses de incertidumbre, el Senado de la República Dominicana reafirmó su postura radical en contra del aborto con la aprobación de un nuevo Código Penal, el pasado 31 mayo.
La sociedad dominicana, y en concreto los grupos feministas, han perdido una larga batalla que saltó a la palestra internacional con el caso Esperancita hace cinco años: una menor, embarazada y con leucemia, muere en el hospital tras la negativa de los doctores a tratar la enfermedad alegando que los medicamentos causarían la muerte del feto. Finalmente, y como es obvio, ambos perdieron la vida.
Casos como este parecen no conmocionar a los miembros del Senado que decidieron no tener en cuenta las recomendaciones del Jefe de Estado, Danilo Medina, sobre la despenalización del aborto en tres causales: cuando la vida de la mujer corra peligro, en casos de violación o incesto o cuando el feto sufra malformaciones incompatibles con la vida.
Con la aprobación de este nuevo Código Penal se imponen penas de hasta tres años de cárcel para las mujeres que se practiquen un aborto y para los profesionales que las ayuden, como médicos, enfermeras, parteros, cirujanos o farmacéuticos, se contemplan penas de hasta 10 años de prisión.
En La Sombra, documental de 25 minutos, muestra las consecuencias de tal prohibición, cómo las mujeres se ven obligadas a realizar abortos clandestinos e inseguros y el porqué de que la República Dominicana lidera las listas de mortalidad materna en la región.
Por eso, he comenzado una campaña en la plataforma española de crowdfunding solidario Kukumiku, para intentar llegar a asociaciones feministas, educadores, juristas, médicos y demás interesados en el tema, para que puedan proyectar el documental en charlas, conferencias y ponencias sin coste alguno, ya que En las sombra tiene licencia Creative Commons.
(*) Soy Helena Martínez de Aspe y busco lo que no se ve, pero se escucha, se intuye y se huele. Mi olfato me ha llevado a diferentes partes de España y del Reino Unido, a Argelia y a la República Dominicana, siempre con los ojos puestos en los más débiles, en las historias que afectan a los pobres y causan indiferencia a los poderosos. Soy licenciada en Comunicación Audiovisual y una apasionada de los documentales. Me interesan los DD.HH., la igualdad de género, la educación sexual y el medio ambiente. Tras pasar siete años en Londres, volví a España en 2016. Desde entonces, busco nuevos retos, nuevas historias que contar.
ELECCIONES BAJO CENSURA A LA PRENSA
Por Emma Amador
Integrante HUMANOS
Managua, Nicaragua
Era cinco días antes del proceso electoral cuando los periodistas aun no contaban con su respectiva credencial para realizar las coberturas.
A ultima hora, de las oficinas departamentales llamaron de emergencia a algunos de los dueños de medios para acreditar a una persona por medio, algunos optaron por rechazar la propuesta por no excluir a alguno de los periodistas o comunicadores trabajando para su medio.
Otros corrieron a imprimir la carta proponiendo el candidato a la credencial por que solo dieron 30 minutos para hacerlo.
Así, periodistas propietarios de medios online como es la Esteliana se les negó su correspondiente acreditación, por ser considerados independientes, así como medios escritos,
Aun con esa dificultad, se realizo monitoreo por algunas juntas receptoras de votos, constatando que hubo muy poca afluencia de votantes.
En algunos lugares se observo a los policías electoras y miembros de los recintos de votación desocupados esperando votantes.
Cada JRV contaba con un padrón compuesto por 400 posibles votantes, en algunos casos se contabilizo 150 boletas usadas y en otras 80 o menos.
Edy Macias Carvajal representante de Hagamos Democracia previo a las votaciones comento: "Vamos a observar las elecciones, pero siempre viene el comentario cuales elecciones, no fuimos acreditados, no existe la voluntad política de gobierno de Daniel Ortega de que las elecciones sean observadas, nacional ni internacionalmente" .
Este organización no gubernamental, en procesos anteriores igual que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos fueron acreditados en carácter de observadores nacionales, para estas votaciones les fue negado ese derecho, por el Consejo Supremo Electoral.
Todo el proceso fue considerado atípico, no hubo grandes mitines, ni marchas ni campaña masiva mediática.
Propietarios de medios informativos radiales y televisivos no realizaron cobertura al proceso debido a que en el tiempo de campaña no fueron tomados en cuenta con la distribución publicitaria, en Esteli fueron tres canales de televisión de dos empresas de cable de los 7 que hay en la ciudad, los que realizaron sondeo y cobertura especial el día de las votaciones, de las 10 radios solo 3 estuvieron transmitiendo algunos hechos relevantes.
En Ciudad Antigua departamento de Nueva Segovia norte del país, se reportan 3 muertos en extrañas circunstancias, pobladores del lugar comentan que escucharon intercambio de disparos.
En el departamento de Zelaya, regiones autónomas Norte y Sur, el partido Yatama esta demandando transparencia en el conteo de los votos.
El órgano rector del proceso Consejo Supremo Electoral mantuvo su pagina web intermitente y desde ayer esta desactivada de manera que la ciudadanía y los mismos periodistas no tenemos acceso a ninguna información sobre la cantidad de votos emitidos por la población.
En tanto Roberto Rivas presidente permanente del CSE dio a conocer en conferencia de prensa como ganador de las votaciones a la pareja gobernante actual Daniel Ortega y Rosario Murillo Sambrana, del partido Alianza Unida Nicaragua Triunfa o FSLN,
La candidatura de ambos fue proyectada mediante programas de gobierno, financiados con el presupuesto general de la república, no hubo separación de funciones, en una compaña desigual con los demás competidores.
Denominados zancudos por la oposición y ciudadanía con opiniones diferentes al partido de gobierno, considerados así por no tener bases solidas territoriales para sustentar sus candidaturas y su actitud complaciente ante el accionar de la pareja gubernamental en el llamado circo electoral.
En la contienda fueron acreditados 5 formulas presidenciales mas, formadas por ciudadanos totalmente desconocidos para el pueblo, de los partidos Alianza por la Republica APRE, Alianza Liberal Nicaraguense, ALN, Partido Liberal Independiente PLI, este partido cambio en dos veces contra reloj su candidato a presidente, Partido Liberal Constitucionalista, PLC , Partido Conservador PC y YATAMA en la región del Caribe.
En tanto el departamento de Estado de los Estados Unidos emitio un comunicado de preocupacion por la no transparencia en el proceso electoral de Nicaragua "Estados Unidos se encuentra profundamente preocupado por el proceso viciado de elecciones presidenciales y legislativas en Nicaragua, que impidió toda posibilidad de realizar elecciones libres y justas el pasado 6 de noviembre".
El ambiente es tenso un tanto desolado, los obreros por su parte saben que si no trabajan no comen, y siguen el ritmo de su vida como si aquí no ha pasado nada.
Por Emma Amador
Integrante HUMANOS
Managua, Nicaragua
Era cinco días antes del proceso electoral cuando los periodistas aun no contaban con su respectiva credencial para realizar las coberturas.
A ultima hora, de las oficinas departamentales llamaron de emergencia a algunos de los dueños de medios para acreditar a una persona por medio, algunos optaron por rechazar la propuesta por no excluir a alguno de los periodistas o comunicadores trabajando para su medio.
Otros corrieron a imprimir la carta proponiendo el candidato a la credencial por que solo dieron 30 minutos para hacerlo.
Así, periodistas propietarios de medios online como es la Esteliana se les negó su correspondiente acreditación, por ser considerados independientes, así como medios escritos,
Aun con esa dificultad, se realizo monitoreo por algunas juntas receptoras de votos, constatando que hubo muy poca afluencia de votantes.
En algunos lugares se observo a los policías electoras y miembros de los recintos de votación desocupados esperando votantes.
Cada JRV contaba con un padrón compuesto por 400 posibles votantes, en algunos casos se contabilizo 150 boletas usadas y en otras 80 o menos.
Edy Macias Carvajal representante de Hagamos Democracia previo a las votaciones comento: "Vamos a observar las elecciones, pero siempre viene el comentario cuales elecciones, no fuimos acreditados, no existe la voluntad política de gobierno de Daniel Ortega de que las elecciones sean observadas, nacional ni internacionalmente" .
Este organización no gubernamental, en procesos anteriores igual que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos fueron acreditados en carácter de observadores nacionales, para estas votaciones les fue negado ese derecho, por el Consejo Supremo Electoral.
Todo el proceso fue considerado atípico, no hubo grandes mitines, ni marchas ni campaña masiva mediática.
Propietarios de medios informativos radiales y televisivos no realizaron cobertura al proceso debido a que en el tiempo de campaña no fueron tomados en cuenta con la distribución publicitaria, en Esteli fueron tres canales de televisión de dos empresas de cable de los 7 que hay en la ciudad, los que realizaron sondeo y cobertura especial el día de las votaciones, de las 10 radios solo 3 estuvieron transmitiendo algunos hechos relevantes.
En Ciudad Antigua departamento de Nueva Segovia norte del país, se reportan 3 muertos en extrañas circunstancias, pobladores del lugar comentan que escucharon intercambio de disparos.
En el departamento de Zelaya, regiones autónomas Norte y Sur, el partido Yatama esta demandando transparencia en el conteo de los votos.
El órgano rector del proceso Consejo Supremo Electoral mantuvo su pagina web intermitente y desde ayer esta desactivada de manera que la ciudadanía y los mismos periodistas no tenemos acceso a ninguna información sobre la cantidad de votos emitidos por la población.
En tanto Roberto Rivas presidente permanente del CSE dio a conocer en conferencia de prensa como ganador de las votaciones a la pareja gobernante actual Daniel Ortega y Rosario Murillo Sambrana, del partido Alianza Unida Nicaragua Triunfa o FSLN,
La candidatura de ambos fue proyectada mediante programas de gobierno, financiados con el presupuesto general de la república, no hubo separación de funciones, en una compaña desigual con los demás competidores.
Denominados zancudos por la oposición y ciudadanía con opiniones diferentes al partido de gobierno, considerados así por no tener bases solidas territoriales para sustentar sus candidaturas y su actitud complaciente ante el accionar de la pareja gubernamental en el llamado circo electoral.
En la contienda fueron acreditados 5 formulas presidenciales mas, formadas por ciudadanos totalmente desconocidos para el pueblo, de los partidos Alianza por la Republica APRE, Alianza Liberal Nicaraguense, ALN, Partido Liberal Independiente PLI, este partido cambio en dos veces contra reloj su candidato a presidente, Partido Liberal Constitucionalista, PLC , Partido Conservador PC y YATAMA en la región del Caribe.
En tanto el departamento de Estado de los Estados Unidos emitio un comunicado de preocupacion por la no transparencia en el proceso electoral de Nicaragua "Estados Unidos se encuentra profundamente preocupado por el proceso viciado de elecciones presidenciales y legislativas en Nicaragua, que impidió toda posibilidad de realizar elecciones libres y justas el pasado 6 de noviembre".
El ambiente es tenso un tanto desolado, los obreros por su parte saben que si no trabajan no comen, y siguen el ritmo de su vida como si aquí no ha pasado nada.
MÉXICO: ¿CÓMO ENTREGARSE A MIGRACIÓN?
Por Henia Prado
Integrante HUMANOS
México
https://www.facebook.com/henia.prado
Maestrante del Programa de Estudios Políticos y Sociales de la UNAM
Contacto: [email protected]
El anhelo de todo migrante indocumentado es esquivar con éxito a las autoridades migratorias de los países que cruza y llegar al lugar deseado.
Ante la carencia de documentos oficiales que les permitan libre tránsito y estadía, hombres y mujeres, de manera individual, colectiva o con el asesoramiento de terceras personas, desarrollan diversas estrategias para pasar desapercibidos y/o “engañar” a los oficiales de migración.
De esta forma la clandestinidad se expresa en rodear puntos de control migratorio internándose en lugares inhóspitos y altamente peligrosos, sobornar o ceder a extorsiones de servidores públicos, obtener documentos falsos, usurpar identidades, esconderse dentro de vehículos de carga, entre otras artimañas.
Muchas de estas tácticas son de enorme riesgo y sitúan a los migrantes en escenarios de vulnerabilidad.
Si lo que se pretende es ser “invisible” ningún migrante indocumentado pensaría entonces colocarse ante la vista de un oficial de migración, pues ello implicaría automáticamente su detención y devolución al país de origen.
Sin embargo, de octubre de 2013 a septiembre de 2014, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) registró la detención de 51 mil 705 menores de edad centroamericanos “no acompañados” en la zona fronteriza de México-Estados Unidos. Es decir, cada día, en promedio, fueron aprehendidos 141 individuos. En siete años fiscales, de 2009 a 2015 se acumularon 122 mil 724 detenciones.
La magnitud del flujo migratorio provocó que el 2 de junio de 2014 el presidente Barack Obama emitiera un memorando en el que instó a las dependencias federales de su país a atender de manera coordinada y unificada esta “situación humanitaria urgente”.
Lo inédito del éxodo masivo no sólo fue la cifra histórica de capturas sino que la mayoría de éstas no ocurrieron cuando los menores de edad trataban de cruzar el desierto o el Río Bravo evadiendo a los oficiales de migración, sino que hombres y mujeres se entregaron a las autoridades estadounidenses.
Es decir, para cruzar la frontera México-Estados Unidos, los centroamericanos “no acompañados” -cuyo rango de edad se ubica entre los 13 a 17 años- están rompiendo el esquema tradicional de la migración indocumentada al dejar de lado la clandestinidad y buscar deliberadamente ser aprehendidos.
En entrevistas aplicadas a 18 adolescentes centroamericanos “no acompañados” alojados en la estación migratoria de Acayucan, Veracruz, (se trata de migrantes identificados por agentes del Instituto Nacional de Migración cuando cruzaban México sin autorización oficial correspondiente) se les preguntó cuál habría sido la táctica a utilizar para el cruce hacia Estados Unidos de haber llegado a la frontera; todos respondieron que “entregarse a migración”.
Algunas de las explicaciones sobre el por qué se entregaban, fueron las siguientes:
-“Supuestamente no sufren más, en cambio entregarse a la migración te llevan, te hacen una cita para explicar por qué vas y uno tiene que explicar para que lo dejen entrar”. (Bryan, Guatemala, 16 años)-
-“Es lo más fácil de entregar con la migra y es con la migra de Estados Unidos, yo con ellos voy a enseñar mi identificación de que soy de Guatemala para que así, como yo soy menor de edad, les están dando así… pasan”. (Florinda, Guatemala, 15 años)
-“La meta final que uno tiene, cuando uno ya llega, sólo falta pasar y ya, sólo lo agarra la migra y ya, ya es feliz uno”. (Walter, El Salvador, 16 años).
-“A mí me iban a tirar en Piedras Negras para que yo cruzara el río y me agarrara la migración de Estados Unidos y me fuera a reclamar un tío o tía que tuviera papeles, pero quien sabe también si me iban a soltar, si me soltarían fácilmente porque no estoy registrado ni en mí país”. (Braiton, Honduras, 15 años.
Las expresiones dan cuenta de que en las comunidades-origen se difunde información que alienta la migración temprana bajo el argumento de que las personas que no rebasan 18 años de edad tienen ciertas prerrogativas ante las autoridades estadounidenses.
En realidad lo que existe en aquel país es un marco normativo para la protección de menores de edad, esencialmente hacia aquellos que sufren persecución y violencia en sus países de origen a causa de su raza, religión, pertenencia a determinado grupo social, opinión política o por que han sido abusados por sus padres-, pero no es una legislación de apertura total.
No obstante, los datos -involuntaria o intencionalmente distorsionados- son trasmitidos como rumores en Centroamérica y están representando un prolífico negocio para los llamados “coyotes”, “polleros” o “guías”. La especialización de su “trabajo o servicio” ha llegado a tal grado que ofrecen paquetes, tarifas o viajes exclusivos para menores de edad “no acompañados”.
Este tipo de argucias está arrancando de Guatemala, Honduras y El Salvador parte considerable de su población joven en detrimento del desarrollo nacional, pero al mismo tiempo incita a los menores de edad a emprender “solos” un viaje de acentuado riesgo al cual posiblemente no sobrevivan.
Foto tomada de www.noticiasggl.com
Integrante HUMANOS
México
https://www.facebook.com/henia.prado
Maestrante del Programa de Estudios Políticos y Sociales de la UNAM
Contacto: [email protected]
El anhelo de todo migrante indocumentado es esquivar con éxito a las autoridades migratorias de los países que cruza y llegar al lugar deseado.
Ante la carencia de documentos oficiales que les permitan libre tránsito y estadía, hombres y mujeres, de manera individual, colectiva o con el asesoramiento de terceras personas, desarrollan diversas estrategias para pasar desapercibidos y/o “engañar” a los oficiales de migración.
De esta forma la clandestinidad se expresa en rodear puntos de control migratorio internándose en lugares inhóspitos y altamente peligrosos, sobornar o ceder a extorsiones de servidores públicos, obtener documentos falsos, usurpar identidades, esconderse dentro de vehículos de carga, entre otras artimañas.
Muchas de estas tácticas son de enorme riesgo y sitúan a los migrantes en escenarios de vulnerabilidad.
Si lo que se pretende es ser “invisible” ningún migrante indocumentado pensaría entonces colocarse ante la vista de un oficial de migración, pues ello implicaría automáticamente su detención y devolución al país de origen.
Sin embargo, de octubre de 2013 a septiembre de 2014, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) registró la detención de 51 mil 705 menores de edad centroamericanos “no acompañados” en la zona fronteriza de México-Estados Unidos. Es decir, cada día, en promedio, fueron aprehendidos 141 individuos. En siete años fiscales, de 2009 a 2015 se acumularon 122 mil 724 detenciones.
La magnitud del flujo migratorio provocó que el 2 de junio de 2014 el presidente Barack Obama emitiera un memorando en el que instó a las dependencias federales de su país a atender de manera coordinada y unificada esta “situación humanitaria urgente”.
Lo inédito del éxodo masivo no sólo fue la cifra histórica de capturas sino que la mayoría de éstas no ocurrieron cuando los menores de edad trataban de cruzar el desierto o el Río Bravo evadiendo a los oficiales de migración, sino que hombres y mujeres se entregaron a las autoridades estadounidenses.
Es decir, para cruzar la frontera México-Estados Unidos, los centroamericanos “no acompañados” -cuyo rango de edad se ubica entre los 13 a 17 años- están rompiendo el esquema tradicional de la migración indocumentada al dejar de lado la clandestinidad y buscar deliberadamente ser aprehendidos.
En entrevistas aplicadas a 18 adolescentes centroamericanos “no acompañados” alojados en la estación migratoria de Acayucan, Veracruz, (se trata de migrantes identificados por agentes del Instituto Nacional de Migración cuando cruzaban México sin autorización oficial correspondiente) se les preguntó cuál habría sido la táctica a utilizar para el cruce hacia Estados Unidos de haber llegado a la frontera; todos respondieron que “entregarse a migración”.
Algunas de las explicaciones sobre el por qué se entregaban, fueron las siguientes:
-“Supuestamente no sufren más, en cambio entregarse a la migración te llevan, te hacen una cita para explicar por qué vas y uno tiene que explicar para que lo dejen entrar”. (Bryan, Guatemala, 16 años)-
-“Es lo más fácil de entregar con la migra y es con la migra de Estados Unidos, yo con ellos voy a enseñar mi identificación de que soy de Guatemala para que así, como yo soy menor de edad, les están dando así… pasan”. (Florinda, Guatemala, 15 años)
-“La meta final que uno tiene, cuando uno ya llega, sólo falta pasar y ya, sólo lo agarra la migra y ya, ya es feliz uno”. (Walter, El Salvador, 16 años).
-“A mí me iban a tirar en Piedras Negras para que yo cruzara el río y me agarrara la migración de Estados Unidos y me fuera a reclamar un tío o tía que tuviera papeles, pero quien sabe también si me iban a soltar, si me soltarían fácilmente porque no estoy registrado ni en mí país”. (Braiton, Honduras, 15 años.
Las expresiones dan cuenta de que en las comunidades-origen se difunde información que alienta la migración temprana bajo el argumento de que las personas que no rebasan 18 años de edad tienen ciertas prerrogativas ante las autoridades estadounidenses.
En realidad lo que existe en aquel país es un marco normativo para la protección de menores de edad, esencialmente hacia aquellos que sufren persecución y violencia en sus países de origen a causa de su raza, religión, pertenencia a determinado grupo social, opinión política o por que han sido abusados por sus padres-, pero no es una legislación de apertura total.
No obstante, los datos -involuntaria o intencionalmente distorsionados- son trasmitidos como rumores en Centroamérica y están representando un prolífico negocio para los llamados “coyotes”, “polleros” o “guías”. La especialización de su “trabajo o servicio” ha llegado a tal grado que ofrecen paquetes, tarifas o viajes exclusivos para menores de edad “no acompañados”.
Este tipo de argucias está arrancando de Guatemala, Honduras y El Salvador parte considerable de su población joven en detrimento del desarrollo nacional, pero al mismo tiempo incita a los menores de edad a emprender “solos” un viaje de acentuado riesgo al cual posiblemente no sobrevivan.
Foto tomada de www.noticiasggl.com
¿SE DECLARA CULPABLE? LA CRIMINALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN STREAMLINE
Por Henia Prado
Integrante HUMANOS
México
https://www.facebook.com/henia.prado
Es viernes 16 de octubre de 2015. En la sala de justicia 2A de la Corte de Distrito en Tucson, Arizona, comienza el juicio. Ante la jueza Jacqueline M. Rateau se encuentran 40 migrantes de origen mexicano quienes masivamente serán juzgados de manera expresa.
En menos de 90 minutos esos hombres y mujeres, esposados y encadenados de manos y pies, son declarados culpables. Su delito es haber ingresado a territorio de Estados Unidos de forma clandestina. Se les impone una condena de 30 a 180 días de encarcelamiento y posteriormente serán deportados a su país.
El procedimiento es parte de la Operación Streamline implementada en 2005 por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia -durante la administración del presidente George W Bush- y su objetivo es desincentivar de manera agresiva la entrada de migrantes indocumentados.
Aunque la iniciativa comenzó en el sector Del Río, en Texas, se ha ido expandiendo a gran parte de la frontera.
Si un migrante no autorizado es detectado en un área donde se aplica Streamline –aunque sea la primera vez que cruza- estará acusado de violaciones penales a la ley federal por lo cual debe enfrentar acusaciones por “entrada ilegal”, así como “re-entrada ilegal”(1) -este último cargo si previamente ha sido deportado-, se le somete a un juicio (que viola el debido proceso y múltiples derechos humanos) y es sujeto potencial de recibir una condena de hasta 180 días de cárcel para luego ser deportado.
En los sectores donde no se aplica este programa los migrantes tienen “salida voluntaria” si no son reincidentes.
Se estima que en esta estrategia, que criminaliza a los migrantes por considerar el cruce o estancia indocumentada como violación a la ley penal, el gobierno federal gastó 5.5 billones de dólares de 2005 a 2011 para encarcelar indocumentados, según cifras oficiales retomadas por la organización Grassroots Leadership (2).
Además del exorbitante costo económico que representa a la federación, el lado más duro y violento de esta política migratoria es la agresión física, psicológica, emocional y financiera que se ejerce sobre los migrantes enjuiciados y que repercute directamente en sus familias. Al mismo tiempo es un mensaje de rechazo y criminalización al resto de la población migrante e incluso a aquellos que en sus países de origen pretenden realizar un viaje indocumentado.
A las 13:30 inicia la sesión. Aunque el acto es público, la mayoría de los juicios se llevan a cabo sin observadores. No existe mucha difusión al respecto y quien deseé presenciarlo debe ingresar al Tribunal federal de Distrito en el 405 W. Congress, Street, mostrar a los guardias de seguridad una identificación oficial, pasar sus pertenencias por máquinas detectoras; quitarse el calzado; colocarse bajo el arco de rayos X, y, finalmente ser inspeccionado por un oficial que usa un escáner manual. Está prohibido usar celulares y tomar fotografías.
Ese viernes se autorizó el acceso a siete observadores, cuatro de ellos familiares y conocidos de uno de los acusados. Al ingresar a la sala inmediatamente se aprecian las espaldas de 39 indocumentados -31 hombres y 8 mujeres-. Están sentados de cara a la jueza, lucen ropa en tonos oscuros o con estampados tipo camuflaje. Todos tienen una diadema donde escuchan la traducción simultánea de las palabras que la jueza pronuncia en inglés.
El nerviosismo y ansiedad de los acusados se percibe. Chocan sus dos rodillas entre sí con movimientos discretos pero rápidos, cambian de posición en el asiento constantemente y dan círculos con los pulgares de las manos, los movimientos son delatados debido a que las cadenas que tienen atadas a los tobillos y muñecas generan sonido. Se miran unos a otros, observan repetidamente los detalles de la sala y a veces cierran los ojos y voltean hacia el techo.
Los abogados de oficio van llegando poco a poco. (3) Los hombres: –que son la mayoría- lucen trajes impecables, corte elegante, zapatos lustrados, portafolio. Las damas –que sólo son dos-: una usa pantalón y su vestir es sobrio, otra luce vestido arriba de la rodilla, zapatillas de tacón alto, pulsera, cadena discreta en el cuello, uñas decoradas, maquillaje marcado y no suelta el celular. Los litigantes se desplazan en la sala llevando hojas de papel en su manos.
La sesión inicia y la jueza les explica las acusaciones: una felonía (delito mayor) y un cargo menor. En caso de que se declaren culpables automáticamente se les “borra” el delito mayor y permanece el cargo menor por el cual deberán pagar una multa de 5 mil dólares y pasar de 30 hasta 180 días de prisión, sin embargo, el Estado se porta “benevolente” y también les condona la multa.
No obstante, al reconocerse culpables queda registrado el historial criminal y si vuelven a intentar un cruce indocumentado y son detectados pueden recibir una condena de hasta dos años de cárcel y posteriormente ser deportados a su país. El récord criminal les quita toda posibilidad de lograr un estatus legal en Estados Unidos en el futuro.
De defender su inocencia serán sometidos a un juicio que puede durar varios meses, tiempo en que ellos permanecerán encerrados, aunado al pago de su propio abogado durante dicho proceso. Esta explicación que efectúa la jueza es prácticamente una repetición de lo que ellos escucharon horas antes del juicio en voz de los abogados de oficio quienes más allá de cumplir una labor de defensoría, se encargan de motivar al migrante a que firme un documento o “acuerdo” aceptando la culpabilidad y lo aleccionan en las respuestas ante la jueza. Se les convence diciendo que así estarán poco tiempo en la cárcel y que es lo más fácil.
Las comparecencias se hacen en bloques de 7 u 8 migrantes. Empieza el llamado del primer bloque. La jueza menciona a cada uno por sus apellidos para que pase al estrado “Mr Navarro Cardona, Mr Navarrete Morales, Mrs Pérez Torres…” entonces los migrantes se levantan del asiento, caminan a pasos lentos y cortos debido a que las cadenas les impiden andar de forma natural, se colocan en orden ante uno de cuatro micrófonos y atrás de ellos se ponen de pie los abogados.
Toda la maniobra es controlada por los guardias de la corte quienes dan órdenes a los migrantes para que se acomoden y se recorran en las sillas desocupadas conforme vayan siendo juzgados.
Jueza: “¿Señor Navarro Cardona entiende los cargos en su contra, la pena por esos cargos y las consecuencias de declararse culpable?”
Acusado: “Sí”.
El resto de las preguntas que realiza la jueza versan sobre lo mismo: que si entienden los derechos a los que renuncian mediante el acuerdo al que llegaron; que si les obligaron a tomar la decisión o declararse culpables; luego les remarcan que no son ciudadanos de Estados Unidos y que se introdujeron en una fecha y lugar determinados sin ser inspeccionados por la autoridad. Concluye con una pregunta que parecería redundante.
Jueza: “¿Se declara culpable porque es culpable?”.
Acusado: “Sí”.
La única que habla y articula frases completas es la jueza, los migrantes sólo responden en monosílabos “sí” o “culpable”. El sistema no da pie a cuestionamientos ni otras posibilidades de respuesta.
En uno de los casos el migrante no responde. En ese instante todo se paraliza y la sala queda en silencio absoluto entonces la jueza vuelve a preguntar “¿cómo se declara del cargo de entrar a los Estados Unidos de manera indocumentada?”.
El silencio continúa y la presión se siente en la sala. Todos están atentos. La jueza, los abogados, el resto de los migrantes, el intérprete, los guardias de la corte, los espectadores, en total unas 60 personas fijan la vista en aquel migrante que no respondió. Pareciera que los segundos se alargan.
El silencio se rompe cuando el hombre dice: “no entiendo”. La jueza en tono de fastidio pregunta que si no entiende o no le explicaron el acuerdo y vuelve a hacer la pregunta sin agregar elementos explicativos para mejorar la comprensión. El migrante entonces –nuevamente bajo situación de presión- no sabe qué decir y termina por emitir un “culpable”.
Apenas termina de pronunciar la palabra y la jueza ya está haciendo el mismo cuestionamiento al siguiente acusado. El proceso es repetitivo con cada uno de los 39 migrantes.
Al final de cada bloque vienen las sentencias: 30, 60, 90 o 180 días según en caso particular de los acusados. La jueza pregunta a los abogados si hay alguna razón por la que no puedan aceptar esa sentencia, ellos generalmente responden no. Enseguida da oportunidad a los acusados de escucharlos por última vez. El silencio se impone nuevamente. Nadie se anima hablar ni emite frases, así que el caso se cierra y continúa bloque siguiente.
El proceso es repetitivo y mecánico. Una y otra vez se escuchan las mismas palabras de la jueza. De manera que cuando toca que el último migrante sea juzgado, él ya ha oído en cinco ocasiones todos los cuestionamientos y sentido la presión que se ejerce hacia los acusados.
Una vez juzgados, los migrantes comienzan a caminar en fila hacia la derecha donde está la salida. La maniobra nuevamente se vuelve lenta a causa de las cadenas. Mujeres y hombres se observan desconcertados, tristes, agotados, algunos incluso tienen ojos vidriosos. Las dudas que no expresaron ante la jueza se las hacen a los abogados mientras caminan, éstos les responden brevemente o se limitan a decirles “good luck”. Algunos litigantes dan una ligera palmada a los migrantes, pretendiéndolos tocar lo menos posible, otros ni siquiera los tocan.
Entonces la tanda de abogados que asesoró a ese grupo de 7 u 8 migrantes toma asiento y entran “en acción” otros colegas. Mientras toca nuevamente el turno para cumplir con su labor de “defensoría” algunos abogados se salen de la sala, otros observan y unos más se entretienen con el celular, envían mensajes, miran Facebook, checan sus fotografías y contactos.
En esa ocasión los migrantes juzgados habían sido capturados entre los días 14 y 15 de octubre, es decir, dos días antes del juicio. Su detención fue en los lugares desérticos de Douglas, Lukville, Nogales y Sásabe, de manera que lucen despeinados, cansados, sin bañarse, su ropa (pantalones de mezclilla, tenis, sudaderas, playeras) está sucia, a veces rota. En general, su aspecto revela la dificultad de la travesía. Algunos cojean. Olor a sudor se percibe en la sala.
Desde el banco de los observadores se ve a los migrantes salir. Sólo nos separan 1 o 2 metros de distancia. Los indocumentados son hombres y mujeres entre 20 y 50 años, pocos rebasan apenas la mayoría de edad o son adultos mayores. Su tez es morena, cabello oscuro y piel rugosa que puede estar deteriorada por el sol o por trabajos duros como los del campo o la construcción.
Ciertos rostros develan rasgos indígenas. Sus apellidos, según pronuncia la jueza son: Navarro, Pérez, Flores, González, Soto, Uribe, Chávez, Cuatlacuatl, Liborio, Cuautle… entre otros.
En su paso hacia la salida –custodiados por agentes de la corte y de inmigración- los sentenciados devuelven la diadema que se les prestó para escuchar la traducción simultánea del inglés al español. Uno de los empleados de la corte, que usa guantes de látex, recoge los aparatos y ante los presentes los limpia con toallitas desinfectantes.
Cuando el último grupo se encuentra en el estrado el abogado del migrante Jesús Magallanes-Cecena pide la palabra y refiere a la jueza que la familia del acusado se encuentra en la parte posterior de la sala y que hace la petición de hablar con la impartidora de justicia. Una vez que todos los migrantes son juzgados la magistrada pide que los tres hijos, el vecino del acusado y una defensora de derechos humanos que los acompaña, pasen al estrado.
El hijo mayor de aproximadamente 15 años –quien ya radica en Estados Unidos y habla un perfecto inglés- expresa ante la jueza que sabía que su padre estaba pronto a cruzar la frontera de manera indocumentada para visitarlos, por lo cual, tenía miedo de que algo malo pudiera pasarle y una vez que había sido capturado le pedía que lo dejara estar en el país.
La magistrada señala que eso no es posible y que tiene que buscar un abogado especial en materia de migración y eso requiere otro tipo de procedimientos, por lo pronto, permanecerá encerrado. El adolescente pide autorización para hablar con su padre, la jueza acepta con la condición que se haga frente a ella en ese mismo instante.
En el momento en que el adolescente por inercia se acerca a su padre y lo abraza, un agente de la corte -que vigila junto con otros tres, cada detalle del juicio- se aproxima rápidamente al migrante y a su hijo, y de manera enérgica ordena que se separen.
El policía pide al adolescente que le muestre las manos abiertas con las palmas hacia arriba. Un procedimiento que se hace “por seguridad” para verificar que no porten armas o evitar que le pasen algún artículo al sentenciado. Esta maniobra se repite con el hijo de unos 8 años, con la hermana más pequeña de unos 5 años, con el vecino y con la defensora de derechos humanos.
Los niños no pudieron hablar en privado con su padre, sólo pronunciaron unas pocas palabras y después el acusado fue sacado de la sala. El adolescente queda llorando.
Aunque la mayoría de los juicios son monótonos y predecibles porque los migrantes responden de acuerdo a como fueron instruidos, se presentan casos especiales que rompen el guión de la sesión y ponen a prueba la paciencia y sensibilidad de la magistrada.
Como un hombre, quien a pesar de la traducción en español, no entendía lo que la jueza decía, al final se conoció que no hablaba español, pues su idioma natal era el mixteco.
Otra situación fue la de un hombre que con voz quebrada y lágrimas pidió a la jueza que en lugar de ir a la cárcel lo deportara inmediatamente pues había cruzado la frontera acompañado de sus dos hijos menores de edad, pero que al ser capturado por la patrulla fronteriza los niños quedaron bajo custodia del “coyote”, por tanto, no sabía dónde estaban.
La jueza entonces ordenó que lo deportaran de forma rápida por el sitio donde había cruzado y lo amonestó diciendo que estaba exponiendo a sus hijos gravemente y que no volviera a cruzar.
Una situación particular también fue la de un joven salvadoreño que era juzgado entre mexicanos. El hombre puso de manifiesto su verdadera nacionalidad ante la jueza y fue canalizado para que hablara con el consulado correspondiente. También existen aquellos casos en los que dos acusados son familiares o conocidos y piden a los jueces ser deportados juntos.
Ese día antes de que la jueza concluyera el juicio con el caso especial de Magallanes-Cecena y su familia; la mayoría de los abogados y empleados de la corte que participaron en la comparescencia habían abandonado el cuarto para continuar sus actividades.
Eran las 14:55 horas, el futuro, aspiraciones y anhelos de 40 personas estaba decidido, la sala lucía vacía, preparada para sesión del día siguiente.
(1) Fact Sheet: Operation Streamline. No more deaths. March 2012. http://forms.nomoredeaths.org/wp-content/uploads/2014/10/nmd_fact_sheet_operation_streamline.pdf
(2) http://grassrootsleadership.org/sites/default/files/uploads/GRL_Sept2012_Report-final.pdf
(3) Integrantes de organizaciones de defensa de derechos humanos critican que los abogados perciben un salario de 120 dólares por hora por prácticamente hacer “nada” durante el juicio.
Integrante HUMANOS
México
https://www.facebook.com/henia.prado
Es viernes 16 de octubre de 2015. En la sala de justicia 2A de la Corte de Distrito en Tucson, Arizona, comienza el juicio. Ante la jueza Jacqueline M. Rateau se encuentran 40 migrantes de origen mexicano quienes masivamente serán juzgados de manera expresa.
En menos de 90 minutos esos hombres y mujeres, esposados y encadenados de manos y pies, son declarados culpables. Su delito es haber ingresado a territorio de Estados Unidos de forma clandestina. Se les impone una condena de 30 a 180 días de encarcelamiento y posteriormente serán deportados a su país.
El procedimiento es parte de la Operación Streamline implementada en 2005 por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia -durante la administración del presidente George W Bush- y su objetivo es desincentivar de manera agresiva la entrada de migrantes indocumentados.
Aunque la iniciativa comenzó en el sector Del Río, en Texas, se ha ido expandiendo a gran parte de la frontera.
Si un migrante no autorizado es detectado en un área donde se aplica Streamline –aunque sea la primera vez que cruza- estará acusado de violaciones penales a la ley federal por lo cual debe enfrentar acusaciones por “entrada ilegal”, así como “re-entrada ilegal”(1) -este último cargo si previamente ha sido deportado-, se le somete a un juicio (que viola el debido proceso y múltiples derechos humanos) y es sujeto potencial de recibir una condena de hasta 180 días de cárcel para luego ser deportado.
En los sectores donde no se aplica este programa los migrantes tienen “salida voluntaria” si no son reincidentes.
Se estima que en esta estrategia, que criminaliza a los migrantes por considerar el cruce o estancia indocumentada como violación a la ley penal, el gobierno federal gastó 5.5 billones de dólares de 2005 a 2011 para encarcelar indocumentados, según cifras oficiales retomadas por la organización Grassroots Leadership (2).
Además del exorbitante costo económico que representa a la federación, el lado más duro y violento de esta política migratoria es la agresión física, psicológica, emocional y financiera que se ejerce sobre los migrantes enjuiciados y que repercute directamente en sus familias. Al mismo tiempo es un mensaje de rechazo y criminalización al resto de la población migrante e incluso a aquellos que en sus países de origen pretenden realizar un viaje indocumentado.
A las 13:30 inicia la sesión. Aunque el acto es público, la mayoría de los juicios se llevan a cabo sin observadores. No existe mucha difusión al respecto y quien deseé presenciarlo debe ingresar al Tribunal federal de Distrito en el 405 W. Congress, Street, mostrar a los guardias de seguridad una identificación oficial, pasar sus pertenencias por máquinas detectoras; quitarse el calzado; colocarse bajo el arco de rayos X, y, finalmente ser inspeccionado por un oficial que usa un escáner manual. Está prohibido usar celulares y tomar fotografías.
Ese viernes se autorizó el acceso a siete observadores, cuatro de ellos familiares y conocidos de uno de los acusados. Al ingresar a la sala inmediatamente se aprecian las espaldas de 39 indocumentados -31 hombres y 8 mujeres-. Están sentados de cara a la jueza, lucen ropa en tonos oscuros o con estampados tipo camuflaje. Todos tienen una diadema donde escuchan la traducción simultánea de las palabras que la jueza pronuncia en inglés.
El nerviosismo y ansiedad de los acusados se percibe. Chocan sus dos rodillas entre sí con movimientos discretos pero rápidos, cambian de posición en el asiento constantemente y dan círculos con los pulgares de las manos, los movimientos son delatados debido a que las cadenas que tienen atadas a los tobillos y muñecas generan sonido. Se miran unos a otros, observan repetidamente los detalles de la sala y a veces cierran los ojos y voltean hacia el techo.
Los abogados de oficio van llegando poco a poco. (3) Los hombres: –que son la mayoría- lucen trajes impecables, corte elegante, zapatos lustrados, portafolio. Las damas –que sólo son dos-: una usa pantalón y su vestir es sobrio, otra luce vestido arriba de la rodilla, zapatillas de tacón alto, pulsera, cadena discreta en el cuello, uñas decoradas, maquillaje marcado y no suelta el celular. Los litigantes se desplazan en la sala llevando hojas de papel en su manos.
La sesión inicia y la jueza les explica las acusaciones: una felonía (delito mayor) y un cargo menor. En caso de que se declaren culpables automáticamente se les “borra” el delito mayor y permanece el cargo menor por el cual deberán pagar una multa de 5 mil dólares y pasar de 30 hasta 180 días de prisión, sin embargo, el Estado se porta “benevolente” y también les condona la multa.
No obstante, al reconocerse culpables queda registrado el historial criminal y si vuelven a intentar un cruce indocumentado y son detectados pueden recibir una condena de hasta dos años de cárcel y posteriormente ser deportados a su país. El récord criminal les quita toda posibilidad de lograr un estatus legal en Estados Unidos en el futuro.
De defender su inocencia serán sometidos a un juicio que puede durar varios meses, tiempo en que ellos permanecerán encerrados, aunado al pago de su propio abogado durante dicho proceso. Esta explicación que efectúa la jueza es prácticamente una repetición de lo que ellos escucharon horas antes del juicio en voz de los abogados de oficio quienes más allá de cumplir una labor de defensoría, se encargan de motivar al migrante a que firme un documento o “acuerdo” aceptando la culpabilidad y lo aleccionan en las respuestas ante la jueza. Se les convence diciendo que así estarán poco tiempo en la cárcel y que es lo más fácil.
Las comparecencias se hacen en bloques de 7 u 8 migrantes. Empieza el llamado del primer bloque. La jueza menciona a cada uno por sus apellidos para que pase al estrado “Mr Navarro Cardona, Mr Navarrete Morales, Mrs Pérez Torres…” entonces los migrantes se levantan del asiento, caminan a pasos lentos y cortos debido a que las cadenas les impiden andar de forma natural, se colocan en orden ante uno de cuatro micrófonos y atrás de ellos se ponen de pie los abogados.
Toda la maniobra es controlada por los guardias de la corte quienes dan órdenes a los migrantes para que se acomoden y se recorran en las sillas desocupadas conforme vayan siendo juzgados.
Jueza: “¿Señor Navarro Cardona entiende los cargos en su contra, la pena por esos cargos y las consecuencias de declararse culpable?”
Acusado: “Sí”.
El resto de las preguntas que realiza la jueza versan sobre lo mismo: que si entienden los derechos a los que renuncian mediante el acuerdo al que llegaron; que si les obligaron a tomar la decisión o declararse culpables; luego les remarcan que no son ciudadanos de Estados Unidos y que se introdujeron en una fecha y lugar determinados sin ser inspeccionados por la autoridad. Concluye con una pregunta que parecería redundante.
Jueza: “¿Se declara culpable porque es culpable?”.
Acusado: “Sí”.
La única que habla y articula frases completas es la jueza, los migrantes sólo responden en monosílabos “sí” o “culpable”. El sistema no da pie a cuestionamientos ni otras posibilidades de respuesta.
En uno de los casos el migrante no responde. En ese instante todo se paraliza y la sala queda en silencio absoluto entonces la jueza vuelve a preguntar “¿cómo se declara del cargo de entrar a los Estados Unidos de manera indocumentada?”.
El silencio continúa y la presión se siente en la sala. Todos están atentos. La jueza, los abogados, el resto de los migrantes, el intérprete, los guardias de la corte, los espectadores, en total unas 60 personas fijan la vista en aquel migrante que no respondió. Pareciera que los segundos se alargan.
El silencio se rompe cuando el hombre dice: “no entiendo”. La jueza en tono de fastidio pregunta que si no entiende o no le explicaron el acuerdo y vuelve a hacer la pregunta sin agregar elementos explicativos para mejorar la comprensión. El migrante entonces –nuevamente bajo situación de presión- no sabe qué decir y termina por emitir un “culpable”.
Apenas termina de pronunciar la palabra y la jueza ya está haciendo el mismo cuestionamiento al siguiente acusado. El proceso es repetitivo con cada uno de los 39 migrantes.
Al final de cada bloque vienen las sentencias: 30, 60, 90 o 180 días según en caso particular de los acusados. La jueza pregunta a los abogados si hay alguna razón por la que no puedan aceptar esa sentencia, ellos generalmente responden no. Enseguida da oportunidad a los acusados de escucharlos por última vez. El silencio se impone nuevamente. Nadie se anima hablar ni emite frases, así que el caso se cierra y continúa bloque siguiente.
El proceso es repetitivo y mecánico. Una y otra vez se escuchan las mismas palabras de la jueza. De manera que cuando toca que el último migrante sea juzgado, él ya ha oído en cinco ocasiones todos los cuestionamientos y sentido la presión que se ejerce hacia los acusados.
Una vez juzgados, los migrantes comienzan a caminar en fila hacia la derecha donde está la salida. La maniobra nuevamente se vuelve lenta a causa de las cadenas. Mujeres y hombres se observan desconcertados, tristes, agotados, algunos incluso tienen ojos vidriosos. Las dudas que no expresaron ante la jueza se las hacen a los abogados mientras caminan, éstos les responden brevemente o se limitan a decirles “good luck”. Algunos litigantes dan una ligera palmada a los migrantes, pretendiéndolos tocar lo menos posible, otros ni siquiera los tocan.
Entonces la tanda de abogados que asesoró a ese grupo de 7 u 8 migrantes toma asiento y entran “en acción” otros colegas. Mientras toca nuevamente el turno para cumplir con su labor de “defensoría” algunos abogados se salen de la sala, otros observan y unos más se entretienen con el celular, envían mensajes, miran Facebook, checan sus fotografías y contactos.
En esa ocasión los migrantes juzgados habían sido capturados entre los días 14 y 15 de octubre, es decir, dos días antes del juicio. Su detención fue en los lugares desérticos de Douglas, Lukville, Nogales y Sásabe, de manera que lucen despeinados, cansados, sin bañarse, su ropa (pantalones de mezclilla, tenis, sudaderas, playeras) está sucia, a veces rota. En general, su aspecto revela la dificultad de la travesía. Algunos cojean. Olor a sudor se percibe en la sala.
Desde el banco de los observadores se ve a los migrantes salir. Sólo nos separan 1 o 2 metros de distancia. Los indocumentados son hombres y mujeres entre 20 y 50 años, pocos rebasan apenas la mayoría de edad o son adultos mayores. Su tez es morena, cabello oscuro y piel rugosa que puede estar deteriorada por el sol o por trabajos duros como los del campo o la construcción.
Ciertos rostros develan rasgos indígenas. Sus apellidos, según pronuncia la jueza son: Navarro, Pérez, Flores, González, Soto, Uribe, Chávez, Cuatlacuatl, Liborio, Cuautle… entre otros.
En su paso hacia la salida –custodiados por agentes de la corte y de inmigración- los sentenciados devuelven la diadema que se les prestó para escuchar la traducción simultánea del inglés al español. Uno de los empleados de la corte, que usa guantes de látex, recoge los aparatos y ante los presentes los limpia con toallitas desinfectantes.
Cuando el último grupo se encuentra en el estrado el abogado del migrante Jesús Magallanes-Cecena pide la palabra y refiere a la jueza que la familia del acusado se encuentra en la parte posterior de la sala y que hace la petición de hablar con la impartidora de justicia. Una vez que todos los migrantes son juzgados la magistrada pide que los tres hijos, el vecino del acusado y una defensora de derechos humanos que los acompaña, pasen al estrado.
El hijo mayor de aproximadamente 15 años –quien ya radica en Estados Unidos y habla un perfecto inglés- expresa ante la jueza que sabía que su padre estaba pronto a cruzar la frontera de manera indocumentada para visitarlos, por lo cual, tenía miedo de que algo malo pudiera pasarle y una vez que había sido capturado le pedía que lo dejara estar en el país.
La magistrada señala que eso no es posible y que tiene que buscar un abogado especial en materia de migración y eso requiere otro tipo de procedimientos, por lo pronto, permanecerá encerrado. El adolescente pide autorización para hablar con su padre, la jueza acepta con la condición que se haga frente a ella en ese mismo instante.
En el momento en que el adolescente por inercia se acerca a su padre y lo abraza, un agente de la corte -que vigila junto con otros tres, cada detalle del juicio- se aproxima rápidamente al migrante y a su hijo, y de manera enérgica ordena que se separen.
El policía pide al adolescente que le muestre las manos abiertas con las palmas hacia arriba. Un procedimiento que se hace “por seguridad” para verificar que no porten armas o evitar que le pasen algún artículo al sentenciado. Esta maniobra se repite con el hijo de unos 8 años, con la hermana más pequeña de unos 5 años, con el vecino y con la defensora de derechos humanos.
Los niños no pudieron hablar en privado con su padre, sólo pronunciaron unas pocas palabras y después el acusado fue sacado de la sala. El adolescente queda llorando.
Aunque la mayoría de los juicios son monótonos y predecibles porque los migrantes responden de acuerdo a como fueron instruidos, se presentan casos especiales que rompen el guión de la sesión y ponen a prueba la paciencia y sensibilidad de la magistrada.
Como un hombre, quien a pesar de la traducción en español, no entendía lo que la jueza decía, al final se conoció que no hablaba español, pues su idioma natal era el mixteco.
Otra situación fue la de un hombre que con voz quebrada y lágrimas pidió a la jueza que en lugar de ir a la cárcel lo deportara inmediatamente pues había cruzado la frontera acompañado de sus dos hijos menores de edad, pero que al ser capturado por la patrulla fronteriza los niños quedaron bajo custodia del “coyote”, por tanto, no sabía dónde estaban.
La jueza entonces ordenó que lo deportaran de forma rápida por el sitio donde había cruzado y lo amonestó diciendo que estaba exponiendo a sus hijos gravemente y que no volviera a cruzar.
Una situación particular también fue la de un joven salvadoreño que era juzgado entre mexicanos. El hombre puso de manifiesto su verdadera nacionalidad ante la jueza y fue canalizado para que hablara con el consulado correspondiente. También existen aquellos casos en los que dos acusados son familiares o conocidos y piden a los jueces ser deportados juntos.
Ese día antes de que la jueza concluyera el juicio con el caso especial de Magallanes-Cecena y su familia; la mayoría de los abogados y empleados de la corte que participaron en la comparescencia habían abandonado el cuarto para continuar sus actividades.
Eran las 14:55 horas, el futuro, aspiraciones y anhelos de 40 personas estaba decidido, la sala lucía vacía, preparada para sesión del día siguiente.
(1) Fact Sheet: Operation Streamline. No more deaths. March 2012. http://forms.nomoredeaths.org/wp-content/uploads/2014/10/nmd_fact_sheet_operation_streamline.pdf
(2) http://grassrootsleadership.org/sites/default/files/uploads/GRL_Sept2012_Report-final.pdf
(3) Integrantes de organizaciones de defensa de derechos humanos critican que los abogados perciben un salario de 120 dólares por hora por prácticamente hacer “nada” durante el juicio.
MÉXICO
A UN AÑO DE AYOTZINAPA
Por Yamiri Rodríguez Madrid
Integrante HUMANOS
México
@YamiriRodriguez
Ha pasado un año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La resignación no llega a sus familias, por el contrario, exigen a través de movilizaciones, claridad en qué fue lo que sucedió ese fatídico día de septiembre.
Desde entonces, y en estos primeros doce meses, ha habido más de 50 reuniones, peritajes, comparecencias, versiones, pero ninguna acción que pueda convencer a los deudos.
Busquemos juntos la verdad: EPN
Reunión obligada fue la que sostuvo el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, con los padres y familiares de los 43 estudiantes, a un año de los hechos. Ahí, una vez más, en este primer año, giró instrucciones precisas a sus colaboradores, para el esclarecimiento definitivo de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, estado enclavado en el Océano Pacífico.
En su discurso, sin convencer a los familiares, el Primer Mandatario les reiteró estar del mismo lado y trabajar con el mismo objetivo: el de saber qué sucedió con sus hijos y castigar a todos y cada uno de los responsables.
En la reunión hicieron uso de la palabra dos miembros del GIEI, quienes también entregaron al Presidente de la República un tomo completo del informe solicitado por el Estado Mexicano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que la PGR analizará e incorporará sus recomendaciones a la investigación.
Incluso, el GIEI ha sido invitado por el Gobierno de la República para continuar en el país durante los próximos seis meses, y así concluir con las tareas de asistencia técnica que les han sido encomendadas.
Por su parte, los padres de familia de los estudiantes normalistas entregaron al Presidente Peña Nieto un documento con ocho puntos de solicitud, por lo que el Primer Mandatario instruyó a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como a la Procuraduría General de la República, que analicen la viabilidad de cada uno de esos ocho puntos.
Al encuentro, realizado en el Auditorio del Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, asistió también el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez. También estuvieron presentes los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, invitados por el Gobierno de la República, y los abogados de los familiares de las víctimas.
Unas horas después, se emitiría un informe a medios, a cargo del Coordinador de Comunicación Social de la Presidencia y Vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández, quien señaló que en esta segunda reunión con los padres y familiares de los normalistas, el Presidente manifestó “su solidaridad con el dolor de la comunidad de Ayotzinapa, reiteró su compromiso de escucharlos, de dialogar, y reafirmó la voluntad y buena fe del Gobierno de la República para esclarecer los hechos”.
En cuanto a la investigación, la Procuraduría General de la República ha dado un recuento de avances: informó, entre otras cosas, que al día de hoy han sido detenidas 111 personas involucradas en estos hechos. De ellas, 52 eran policías municipales de Iguala, otras 19 pertenecían a la policía municipal de Cocula, Guerrero, y 40 más vinculadas a una organización delictiva que opera en el estado de Guerrero”.
Entre los detenidos se encuentran el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, quienes han sido señalados como los autores intelectuales de este abominable crimen.
En la reunión también se recordó que el pasado 16 de septiembre se detuvo a Gildardo López Astudillo, líder del grupo delictivo que opera en esa zona de Guerrero, y quien ha sido señalado como la persona que ordenó el homicidio de los estudiantes.
A la par, se han realizado 674 dictámenes periciales, recolectado 135 muestras de ADN, y recabado un total de 577 declaraciones ministeriales y se han dado 667 inspecciones con brigadas policiales al detalle a nivel de coordenadas, muchas de ellas proporcionadas por los propios interesados; seis mil 770 patrullajes de búsqueda, 255 sobrevuelos de búsqueda del paradero de los desaparecidos, y 94 sobrevuelos con aviones no tripulados, con este mismo propósito.
La reacción
Pero en México, la fecha no pasó desapercibida. No solamente la comunidad estudiantil de la Normal Rural Isidro Burgos se hizo presente en las calles, también miles de estudiantes y activistas en diversos puntos del territorio nacional.
Incluso, sólo unos días después de la segunda reunión, varios medios nacionales publicaron la versión de que los jóvenes habían sido atacados por un grupo policial de élite.
Y en el marco del análisis de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Chong Osorio, los integrantes del Congreso de la Unión, preguntaron de manera obligada sobre los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya.
Al respecto, la senadora Dolores Padierna Luna, del PRD, cuestionó acerca de las acciones que el gobierno federal ha emprendido para atender casos como Tlatlaya, Apatzingán o Tanhuato, pues consideró que México atraviesa por una de las peores crisis de derechos humanos donde “episodios de masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y abusos policiales y militares forman parte de la agenda en los medios de comunicación”.
Al responder a los planteamientos de la senadora del PRD, el secretario Osorio Chong señaló que los casos Tlatlaya, Apatzingan o Tanhuato están en un proceso legalmente establecido y deberá ser la autoridad la que determine el grado de responsabilidad de algunos funcionarios en esos sucesos.
Y señaló que el gobierno de la República ha atendido las recomendaciones que formuló el relator especial de Naciones Unidas sobre tortura, pues el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto es con una sociedad de derechos.
El compromiso
¿Qué sigue en el caso? Desde la Presidencia se han instruido una serie de acciones, entre estas:
1. Investigar todos los hallazgos y posibles responsables que arroje la averiguación, reiterando que la investigación no se ha cerrado y llegará a donde tenga que llegar.
2. Incorporar las recomendaciones y líneas de investigación que ha propuesto el GIEI.
3. Se deberán continuar los trabajos para saber qué fue lo que pasó, de manera individual, con cada uno de los desaparecidos.
4. La Subsecretaría de Derechos Humanos, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, deberá asegurarse que todos los afectados tengan acceso a los mecanismos de atención a víctimas, y se garantice la atención médica de todos aquellos que resultaron lesionados en los sucesos de 2014.
5. Atendiendo a la recomendación del GIEI, la PGR deberá integrar un equipo de peritos, del más alto nivel, para analizar los hechos ocurridos en el basurero de Cocula. En este equipo de peritos, desde luego podrá participar, si así lo aceptara, el doctor José Torero.
6. Ordenó la creación, dentro de la PGR, de una Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.
¿Dará resultados?, ¿Deja satisfechos a los familiares? Hay que darle tiempo al tiempo.
VER las observaciones preliminares de la visita in loco a México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
A UN AÑO DE AYOTZINAPA
Por Yamiri Rodríguez Madrid
Integrante HUMANOS
México
@YamiriRodriguez
Ha pasado un año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La resignación no llega a sus familias, por el contrario, exigen a través de movilizaciones, claridad en qué fue lo que sucedió ese fatídico día de septiembre.
Desde entonces, y en estos primeros doce meses, ha habido más de 50 reuniones, peritajes, comparecencias, versiones, pero ninguna acción que pueda convencer a los deudos.
Busquemos juntos la verdad: EPN
Reunión obligada fue la que sostuvo el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, con los padres y familiares de los 43 estudiantes, a un año de los hechos. Ahí, una vez más, en este primer año, giró instrucciones precisas a sus colaboradores, para el esclarecimiento definitivo de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, estado enclavado en el Océano Pacífico.
En su discurso, sin convencer a los familiares, el Primer Mandatario les reiteró estar del mismo lado y trabajar con el mismo objetivo: el de saber qué sucedió con sus hijos y castigar a todos y cada uno de los responsables.
En la reunión hicieron uso de la palabra dos miembros del GIEI, quienes también entregaron al Presidente de la República un tomo completo del informe solicitado por el Estado Mexicano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que la PGR analizará e incorporará sus recomendaciones a la investigación.
Incluso, el GIEI ha sido invitado por el Gobierno de la República para continuar en el país durante los próximos seis meses, y así concluir con las tareas de asistencia técnica que les han sido encomendadas.
Por su parte, los padres de familia de los estudiantes normalistas entregaron al Presidente Peña Nieto un documento con ocho puntos de solicitud, por lo que el Primer Mandatario instruyó a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como a la Procuraduría General de la República, que analicen la viabilidad de cada uno de esos ocho puntos.
Al encuentro, realizado en el Auditorio del Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, asistió también el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez. También estuvieron presentes los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, invitados por el Gobierno de la República, y los abogados de los familiares de las víctimas.
Unas horas después, se emitiría un informe a medios, a cargo del Coordinador de Comunicación Social de la Presidencia y Vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández, quien señaló que en esta segunda reunión con los padres y familiares de los normalistas, el Presidente manifestó “su solidaridad con el dolor de la comunidad de Ayotzinapa, reiteró su compromiso de escucharlos, de dialogar, y reafirmó la voluntad y buena fe del Gobierno de la República para esclarecer los hechos”.
En cuanto a la investigación, la Procuraduría General de la República ha dado un recuento de avances: informó, entre otras cosas, que al día de hoy han sido detenidas 111 personas involucradas en estos hechos. De ellas, 52 eran policías municipales de Iguala, otras 19 pertenecían a la policía municipal de Cocula, Guerrero, y 40 más vinculadas a una organización delictiva que opera en el estado de Guerrero”.
Entre los detenidos se encuentran el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, quienes han sido señalados como los autores intelectuales de este abominable crimen.
En la reunión también se recordó que el pasado 16 de septiembre se detuvo a Gildardo López Astudillo, líder del grupo delictivo que opera en esa zona de Guerrero, y quien ha sido señalado como la persona que ordenó el homicidio de los estudiantes.
A la par, se han realizado 674 dictámenes periciales, recolectado 135 muestras de ADN, y recabado un total de 577 declaraciones ministeriales y se han dado 667 inspecciones con brigadas policiales al detalle a nivel de coordenadas, muchas de ellas proporcionadas por los propios interesados; seis mil 770 patrullajes de búsqueda, 255 sobrevuelos de búsqueda del paradero de los desaparecidos, y 94 sobrevuelos con aviones no tripulados, con este mismo propósito.
La reacción
Pero en México, la fecha no pasó desapercibida. No solamente la comunidad estudiantil de la Normal Rural Isidro Burgos se hizo presente en las calles, también miles de estudiantes y activistas en diversos puntos del territorio nacional.
Incluso, sólo unos días después de la segunda reunión, varios medios nacionales publicaron la versión de que los jóvenes habían sido atacados por un grupo policial de élite.
Y en el marco del análisis de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Chong Osorio, los integrantes del Congreso de la Unión, preguntaron de manera obligada sobre los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya.
Al respecto, la senadora Dolores Padierna Luna, del PRD, cuestionó acerca de las acciones que el gobierno federal ha emprendido para atender casos como Tlatlaya, Apatzingán o Tanhuato, pues consideró que México atraviesa por una de las peores crisis de derechos humanos donde “episodios de masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y abusos policiales y militares forman parte de la agenda en los medios de comunicación”.
Al responder a los planteamientos de la senadora del PRD, el secretario Osorio Chong señaló que los casos Tlatlaya, Apatzingan o Tanhuato están en un proceso legalmente establecido y deberá ser la autoridad la que determine el grado de responsabilidad de algunos funcionarios en esos sucesos.
Y señaló que el gobierno de la República ha atendido las recomendaciones que formuló el relator especial de Naciones Unidas sobre tortura, pues el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto es con una sociedad de derechos.
El compromiso
¿Qué sigue en el caso? Desde la Presidencia se han instruido una serie de acciones, entre estas:
1. Investigar todos los hallazgos y posibles responsables que arroje la averiguación, reiterando que la investigación no se ha cerrado y llegará a donde tenga que llegar.
2. Incorporar las recomendaciones y líneas de investigación que ha propuesto el GIEI.
3. Se deberán continuar los trabajos para saber qué fue lo que pasó, de manera individual, con cada uno de los desaparecidos.
4. La Subsecretaría de Derechos Humanos, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, deberá asegurarse que todos los afectados tengan acceso a los mecanismos de atención a víctimas, y se garantice la atención médica de todos aquellos que resultaron lesionados en los sucesos de 2014.
5. Atendiendo a la recomendación del GIEI, la PGR deberá integrar un equipo de peritos, del más alto nivel, para analizar los hechos ocurridos en el basurero de Cocula. En este equipo de peritos, desde luego podrá participar, si así lo aceptara, el doctor José Torero.
6. Ordenó la creación, dentro de la PGR, de una Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.
¿Dará resultados?, ¿Deja satisfechos a los familiares? Hay que darle tiempo al tiempo.
VER las observaciones preliminares de la visita in loco a México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
HONDURAS
ASESINATOS DE MUJERES SE INCREMENTAN POR IMPUNIDAD
Por Lourdes Ramírez
Integrante HUMANOS
Honduras
“La violencia contra las mujeres y su raíz, la discriminación, es un problema grave de derechos humanos con repercusiones negativas para las mujeres y la comunidad que las rodea, y constituye un impedimento al reconocimiento y goce de todos sus derechos humanos, incluyendo el que se le respete su vida y su integridad física - psíquica y moral” . Relatoría sobre los Derechos de la Mujer, Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Desde el 2005 hasta el 2015, la muerte violenta de mujeres mantiene una tendencia creciente en Honduras; que pasó de 175 muertes a 636 muertes de mujeres para el 2013, En 2014 la Policía de este país Centroamericano contabilizó 526 homicidios de mujeres. Y en los cinco primeros meses del 2015 la tendencia se incrementa, alcanzando unas 90 mujeres, asesinadas de dos en dos o de cuatro en cuatro.
Según el Observatorio de la Violencia, las víctimas de femicidio en su mayoría son parte de la población económicamente activa con edades entre los 14 y 44 años. Estos crímenes son cometidos por hombres armados. En su mayoría interceptan a la víctima en la vía pública.
Según Carolina Sierra del Foro de Mujeres por la Vida: “se ha debilitado toda la institucionalidad en materia de derechos humanos. Se ven planes de seguridad pero no para las mujeres. Vemos militares y policías, pero no vemos resultados en la disminución de los hechos violentos”.
Carolina agrega: “vemos un Estado que culpa a las mujeres, revictimizandolas y diciendo que somos asesinadas por malas porque andamos en cosas malas. Esos funcionarios de los aparatos de justicia deben recibir una sanción publica y pedir perdón a las víctimas y a sus familiares por acusarlas sin haber realizado una investigación en cada uno de los casos”.
Cabe anotar, que se aprobó una figura del Feminicidio en el marco legal, pero ningún femicida ha sido condenado desde entonces. Los operadores de justicia se burlan de esa figura jurídica porque no saben cómo aplicarla, no han sido capacitados para aplicarla, por tanto es imposible esperar resultados.
Después de una lucha de 12 años por parte de organizaciones feministas, el Congreso Nacional de Honduras aprobó en 2013 la reforma al Código Penal mediante la que se tipifica como delito el femicidio, con una pena de 30 a 40 años de prisión, un Decreto que contiene la reforma por adición en el Código Penal, en el Título I: Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal, incorporando la figura de tipo penal del Femicidio.
LAS LEYES CONTRA LA VIOLENCIA SON PAPEL MOJADO
El Foro de Mujeres por la Vida ofrece acompañamiento a familiares de mujeres asesinadas de forma violenta en la zona norte de Honduras. El 98% de los casos de éstas muertes continúan en la impunidad, como el caso de Keyla Zelaya, quien ocho años después de que fue abatida a tiros por un desconocido en La Pradera, un barrio marginal en la zona este de San Pedro Sula.
La muerte de Keyla Sarahí Zelaya Torres, de 16 años permanece en la impunidad porque la Policía hondureña afirma que “no era buena ficha y por eso la mataron”.
Zelaya, una joven comerciante y madre de un bebé, fue una de las 295 mujeres hondureñas asesinadas en 2007, siete años después su caso sigue en la impunidad, denuncia el Foro de Mujeres por la Vida.
“Cerca del 96 y 97% de casos de feminicidios en Honduras están en la impunidad y eso es un terreno fértil para que en Honduras más mujeres sigan siendo asesinadas”, sostiene Carolina Sierra.
La expresión estigmatizante empleada por la Policía al referirse a la joven, “que no era buena ficha”, durante el transcurso de la investigación, implica que la víctima tenía vínculos con grupos delictivos por el simple hecho de ser joven y vivir en una zona marginal y que por ello “se merecía” la suerte que corrió.
El discurso oficial también tiende a culpabilizar a la víctima. En una entrevista con Radio América, el director general de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dnic), Leandro Osorio Santos, señaló que “ahora la mujer opera activamente en diferentes modalidades del crimen”, recabando información o fungiendo como vigilantes para grupos criminales dedicados al sicariato, a la extorsión y al trasiego de drogas. “Por eso hay muchas mujeres asesinadas,” sentenció Osorio, al agregar que “en los hechos criminales a la par van las mujeres también, siempre hay mujeres involucradas”.
Osorio asegura que según las investigaciones realizadas por la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dnic), muchas de las mujeres han sido asesinadas por tener vinculaciones en acciones ilícitas como el cobro de extorsiones, sicariato, asaltos y el tráfico ilegal de drogas.
SON CLICHÉS PARA NO INVESTIGAR, SEGÚN EX JUEZ DE SENTENCIA
El Juez de Sentencia de los Juzgados de lo Penal de San Pedro Sula, abogado Ramón Barrios, discrepa totalmente de las declaraciones de Osorio, asegurando que: “estas frases cliché que tiene la policía no nos sirven a los operadores de justicia. La obligación del Estado es darle respuesta a la ciudadanía, por qué se le ha quitado la vida a un ciudadano y en éste caso a una mujer. Los datos son fríos“.
En 2013, en una comparecencia pública, el Fiscal General de la República decía; que de cada 100 muertes que se producían en Honduras, la Fiscalía solo tenía la capacidad de investigar 20, de cada 100 muertes solo se investigaban 20, pero no es cierto eso. La realidad es más cruda, de esos 20 que se investigan, cuántos de los casos se logran terminar para judicializarlos?, que la fiscalía presente un requerimiento fiscal contra un imputado, entonces de esos 20, sólo 10 logran judicializarse, porque logra entrar al sistema o se tiene un sospechoso, 10%.
Y de ese 10% sólo 5 son condenados, entonces el índice de impunidad en Honduras es de un 90 a 95%, de cada 100 homicidios hay 95 personas que no se castigaron porque mataron a un ser humano, porque no se investiga, porque lo que falla en Honduras es la investigación, una cuestión es cuando encontramos a una mujer asesinada y la policía diga que estaba relacionada con las drogas o con las Maras y otra cuestión es que cuando se presenta el requerimiento fiscal se logre demostrar eso.
“De cada 100 mujeres que matan en Honduras, apenas 10 o 15 casos se logran judicializar”. Ramón Barrios - Ex Juez de Sentencia Juzgado de lo Penal de San Pedro Sula, Honduras
A pesar de que los operadores de justicia reconocen la impunidad que continúa generando las debilidades del sistema, los jefes policiales insisten en que existe una vinculación directa de las mujeres en hechos criminales, según el ex Jefe de Investigación criminal en la zona norte.
“Hay mujeres jóvenes que son parte de los grupos juveniles, de Maras o Pandillas o de alguna banda criminal dedicada tanto al robo, a homicidios, al sicariato mismo, al robo de vehículos. Vemos que la mujer se ha ido involucrando de a poco en actividades que antes eran exclusivas de los hombres y ahora las bandas están integradas también por mujeres que participan en éstos hechos criminales”, dijo Orlin Cerrato, subcomisionado de Policía.
Según un reportaje publicado por el diario hondureño La Prensa en septiembre de 2013, la Fiscalía Especial de la Mujer vincula el 50% de las muertes violentas de mujeres al crimen organizado; el 30% al involucramiento de la víctima en pandillas; el 20% a la violencia intrafamiliar y el 10% restante a diversos móviles.
El Ministerio Público en los últimos meses adoptó una política de secretividad en casos de muertes violentas por amenazas que han recibido fiscales, esas amenazas cobraron la vida de dos mujeres fiscales en noviembre anterior, entre ellas la coordinadora de la Fiscalía de Delitos contra la Vida.
ASESINATOS POR CONEXIÓN O POR PINTARSE DE RUBIAS
Las cifras oficiales contrastan con las que publicó el Observatorio de la Violencia y otras 14 organizaciones de derechos humanos en 2012, las cuales concluyeron que sólo tres de las 606 mujeres asesinadas en ese año (el 0.5%) estaban involucradas en el crimen organizado.
El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) construye sus estadísticas a partir de las cifras publicadas por la Dirección General de Medicina Forense, la Policía y los medios de comunicación.
“Hay muchos femicidios que son por conexión y por mandar un mensaje a su esposo, compañero de hogar o miembro de su familia le dan muerte violenta a una mujer , porque es el blanco fácil y piensan que le dan donde más le duele”, recalcó Migdonia Ayestas, Coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
En éste mes de mayo 2015, una nueva amenaza surge contra las mujeres, grupos organizados en pandillas han “prohibido” que las mujeres que circulan o trabajan en los mercados se pinten el cabello de rubio, ni que utilicen pantalones ceñidos al cuerpo , ni ropa “tigriada”.
En Tegucigalpa dos mujeres con el pelo teñido de rubio fueron apuñaladas, aunque sus familiares aseguran que fueron asaltos comunes. Las autoridades policiales advierten a la población que son formas de control que pretenden las pandillas y no deben obedecerse, aunque reconocen que son reales las amenazas. Las pandillas han circulado escritos que amenazan que; en los mercados capitalinos solamente las mujeres de los mareros pueden andar pintado el pelo, vestir licras y usar tenis de una marca específica.
Las damas que se atrevan a desafiar esa “ordenanza” del bajo mundo corren el riesgo de perder la vida. Cierto o falso, ha generado mayor paranoia en las hondureñas y vemos como hasta periodistas presentadoras de televisión a retornado a su cabello negro y en las salas de belleza se agotan los tintes oscuros.
Para María Luisa Regalado, de La Colectiva de Mujeres Hondureñas, se debe de tratar con mayor seriedad. Las autoridades deben investigar esa situación y los medios de comunicación deben actuar con más seriedad, porque de la forma que lo están abordando ponen a las mujeres en mayor riesgo, “además pienso que le han hecho demasiada publicidad, hoy a cualquier psicópata se le pude ocurrir agredir a las mujeres”., sostuvo María Luisa Regalado.
En Honduras para las autoridades policiales sobran los “móviles” que buscan justificar la violencia en contra de las mujeres, “por celos”, “porque se negó a una relación amorosa”, “porque no pagó la droga que le dieron para vender”, “por venganzas familiares”, “porque estaba en el lugar incorrecto en la hora incorrecta”, “por daño colateral”, “porque la confundieron”, “porque se negó al asalto”, etc. La verdad es que no existen investigaciones concluyentes en el 98% de las muertes violentas, por tanto es irresponsable acusar a las mujeres cuando aún no se ha enfriado el cuerpo, es una de las causas principales de la impunidad.
FOTO PORTADA TOMADA DE LA TRIBUNA
ASESINATOS DE MUJERES SE INCREMENTAN POR IMPUNIDAD
Por Lourdes Ramírez
Integrante HUMANOS
Honduras
“La violencia contra las mujeres y su raíz, la discriminación, es un problema grave de derechos humanos con repercusiones negativas para las mujeres y la comunidad que las rodea, y constituye un impedimento al reconocimiento y goce de todos sus derechos humanos, incluyendo el que se le respete su vida y su integridad física - psíquica y moral” . Relatoría sobre los Derechos de la Mujer, Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Desde el 2005 hasta el 2015, la muerte violenta de mujeres mantiene una tendencia creciente en Honduras; que pasó de 175 muertes a 636 muertes de mujeres para el 2013, En 2014 la Policía de este país Centroamericano contabilizó 526 homicidios de mujeres. Y en los cinco primeros meses del 2015 la tendencia se incrementa, alcanzando unas 90 mujeres, asesinadas de dos en dos o de cuatro en cuatro.
Según el Observatorio de la Violencia, las víctimas de femicidio en su mayoría son parte de la población económicamente activa con edades entre los 14 y 44 años. Estos crímenes son cometidos por hombres armados. En su mayoría interceptan a la víctima en la vía pública.
Según Carolina Sierra del Foro de Mujeres por la Vida: “se ha debilitado toda la institucionalidad en materia de derechos humanos. Se ven planes de seguridad pero no para las mujeres. Vemos militares y policías, pero no vemos resultados en la disminución de los hechos violentos”.
Carolina agrega: “vemos un Estado que culpa a las mujeres, revictimizandolas y diciendo que somos asesinadas por malas porque andamos en cosas malas. Esos funcionarios de los aparatos de justicia deben recibir una sanción publica y pedir perdón a las víctimas y a sus familiares por acusarlas sin haber realizado una investigación en cada uno de los casos”.
Cabe anotar, que se aprobó una figura del Feminicidio en el marco legal, pero ningún femicida ha sido condenado desde entonces. Los operadores de justicia se burlan de esa figura jurídica porque no saben cómo aplicarla, no han sido capacitados para aplicarla, por tanto es imposible esperar resultados.
Después de una lucha de 12 años por parte de organizaciones feministas, el Congreso Nacional de Honduras aprobó en 2013 la reforma al Código Penal mediante la que se tipifica como delito el femicidio, con una pena de 30 a 40 años de prisión, un Decreto que contiene la reforma por adición en el Código Penal, en el Título I: Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal, incorporando la figura de tipo penal del Femicidio.
LAS LEYES CONTRA LA VIOLENCIA SON PAPEL MOJADO
El Foro de Mujeres por la Vida ofrece acompañamiento a familiares de mujeres asesinadas de forma violenta en la zona norte de Honduras. El 98% de los casos de éstas muertes continúan en la impunidad, como el caso de Keyla Zelaya, quien ocho años después de que fue abatida a tiros por un desconocido en La Pradera, un barrio marginal en la zona este de San Pedro Sula.
La muerte de Keyla Sarahí Zelaya Torres, de 16 años permanece en la impunidad porque la Policía hondureña afirma que “no era buena ficha y por eso la mataron”.
Zelaya, una joven comerciante y madre de un bebé, fue una de las 295 mujeres hondureñas asesinadas en 2007, siete años después su caso sigue en la impunidad, denuncia el Foro de Mujeres por la Vida.
“Cerca del 96 y 97% de casos de feminicidios en Honduras están en la impunidad y eso es un terreno fértil para que en Honduras más mujeres sigan siendo asesinadas”, sostiene Carolina Sierra.
La expresión estigmatizante empleada por la Policía al referirse a la joven, “que no era buena ficha”, durante el transcurso de la investigación, implica que la víctima tenía vínculos con grupos delictivos por el simple hecho de ser joven y vivir en una zona marginal y que por ello “se merecía” la suerte que corrió.
El discurso oficial también tiende a culpabilizar a la víctima. En una entrevista con Radio América, el director general de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dnic), Leandro Osorio Santos, señaló que “ahora la mujer opera activamente en diferentes modalidades del crimen”, recabando información o fungiendo como vigilantes para grupos criminales dedicados al sicariato, a la extorsión y al trasiego de drogas. “Por eso hay muchas mujeres asesinadas,” sentenció Osorio, al agregar que “en los hechos criminales a la par van las mujeres también, siempre hay mujeres involucradas”.
Osorio asegura que según las investigaciones realizadas por la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dnic), muchas de las mujeres han sido asesinadas por tener vinculaciones en acciones ilícitas como el cobro de extorsiones, sicariato, asaltos y el tráfico ilegal de drogas.
SON CLICHÉS PARA NO INVESTIGAR, SEGÚN EX JUEZ DE SENTENCIA
El Juez de Sentencia de los Juzgados de lo Penal de San Pedro Sula, abogado Ramón Barrios, discrepa totalmente de las declaraciones de Osorio, asegurando que: “estas frases cliché que tiene la policía no nos sirven a los operadores de justicia. La obligación del Estado es darle respuesta a la ciudadanía, por qué se le ha quitado la vida a un ciudadano y en éste caso a una mujer. Los datos son fríos“.
En 2013, en una comparecencia pública, el Fiscal General de la República decía; que de cada 100 muertes que se producían en Honduras, la Fiscalía solo tenía la capacidad de investigar 20, de cada 100 muertes solo se investigaban 20, pero no es cierto eso. La realidad es más cruda, de esos 20 que se investigan, cuántos de los casos se logran terminar para judicializarlos?, que la fiscalía presente un requerimiento fiscal contra un imputado, entonces de esos 20, sólo 10 logran judicializarse, porque logra entrar al sistema o se tiene un sospechoso, 10%.
Y de ese 10% sólo 5 son condenados, entonces el índice de impunidad en Honduras es de un 90 a 95%, de cada 100 homicidios hay 95 personas que no se castigaron porque mataron a un ser humano, porque no se investiga, porque lo que falla en Honduras es la investigación, una cuestión es cuando encontramos a una mujer asesinada y la policía diga que estaba relacionada con las drogas o con las Maras y otra cuestión es que cuando se presenta el requerimiento fiscal se logre demostrar eso.
“De cada 100 mujeres que matan en Honduras, apenas 10 o 15 casos se logran judicializar”. Ramón Barrios - Ex Juez de Sentencia Juzgado de lo Penal de San Pedro Sula, Honduras
A pesar de que los operadores de justicia reconocen la impunidad que continúa generando las debilidades del sistema, los jefes policiales insisten en que existe una vinculación directa de las mujeres en hechos criminales, según el ex Jefe de Investigación criminal en la zona norte.
“Hay mujeres jóvenes que son parte de los grupos juveniles, de Maras o Pandillas o de alguna banda criminal dedicada tanto al robo, a homicidios, al sicariato mismo, al robo de vehículos. Vemos que la mujer se ha ido involucrando de a poco en actividades que antes eran exclusivas de los hombres y ahora las bandas están integradas también por mujeres que participan en éstos hechos criminales”, dijo Orlin Cerrato, subcomisionado de Policía.
Según un reportaje publicado por el diario hondureño La Prensa en septiembre de 2013, la Fiscalía Especial de la Mujer vincula el 50% de las muertes violentas de mujeres al crimen organizado; el 30% al involucramiento de la víctima en pandillas; el 20% a la violencia intrafamiliar y el 10% restante a diversos móviles.
El Ministerio Público en los últimos meses adoptó una política de secretividad en casos de muertes violentas por amenazas que han recibido fiscales, esas amenazas cobraron la vida de dos mujeres fiscales en noviembre anterior, entre ellas la coordinadora de la Fiscalía de Delitos contra la Vida.
ASESINATOS POR CONEXIÓN O POR PINTARSE DE RUBIAS
Las cifras oficiales contrastan con las que publicó el Observatorio de la Violencia y otras 14 organizaciones de derechos humanos en 2012, las cuales concluyeron que sólo tres de las 606 mujeres asesinadas en ese año (el 0.5%) estaban involucradas en el crimen organizado.
El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) construye sus estadísticas a partir de las cifras publicadas por la Dirección General de Medicina Forense, la Policía y los medios de comunicación.
“Hay muchos femicidios que son por conexión y por mandar un mensaje a su esposo, compañero de hogar o miembro de su familia le dan muerte violenta a una mujer , porque es el blanco fácil y piensan que le dan donde más le duele”, recalcó Migdonia Ayestas, Coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
En éste mes de mayo 2015, una nueva amenaza surge contra las mujeres, grupos organizados en pandillas han “prohibido” que las mujeres que circulan o trabajan en los mercados se pinten el cabello de rubio, ni que utilicen pantalones ceñidos al cuerpo , ni ropa “tigriada”.
En Tegucigalpa dos mujeres con el pelo teñido de rubio fueron apuñaladas, aunque sus familiares aseguran que fueron asaltos comunes. Las autoridades policiales advierten a la población que son formas de control que pretenden las pandillas y no deben obedecerse, aunque reconocen que son reales las amenazas. Las pandillas han circulado escritos que amenazan que; en los mercados capitalinos solamente las mujeres de los mareros pueden andar pintado el pelo, vestir licras y usar tenis de una marca específica.
Las damas que se atrevan a desafiar esa “ordenanza” del bajo mundo corren el riesgo de perder la vida. Cierto o falso, ha generado mayor paranoia en las hondureñas y vemos como hasta periodistas presentadoras de televisión a retornado a su cabello negro y en las salas de belleza se agotan los tintes oscuros.
Para María Luisa Regalado, de La Colectiva de Mujeres Hondureñas, se debe de tratar con mayor seriedad. Las autoridades deben investigar esa situación y los medios de comunicación deben actuar con más seriedad, porque de la forma que lo están abordando ponen a las mujeres en mayor riesgo, “además pienso que le han hecho demasiada publicidad, hoy a cualquier psicópata se le pude ocurrir agredir a las mujeres”., sostuvo María Luisa Regalado.
En Honduras para las autoridades policiales sobran los “móviles” que buscan justificar la violencia en contra de las mujeres, “por celos”, “porque se negó a una relación amorosa”, “porque no pagó la droga que le dieron para vender”, “por venganzas familiares”, “porque estaba en el lugar incorrecto en la hora incorrecta”, “por daño colateral”, “porque la confundieron”, “porque se negó al asalto”, etc. La verdad es que no existen investigaciones concluyentes en el 98% de las muertes violentas, por tanto es irresponsable acusar a las mujeres cuando aún no se ha enfriado el cuerpo, es una de las causas principales de la impunidad.
FOTO PORTADA TOMADA DE LA TRIBUNA
INFORME ESPECIAL
A UN AÑO DE AYOTZINAPA
Por Yamiri Rodríguez Madrid
Integrante HUMANOS
México
@YamiriRodriguez
Ha pasado un año desde el lamentable suceso en Ayotzinapa, en el estado mexicano de Guerrero.
Desde el 26 de septiembre del 2014, muchas cosas han cambiado en el país, aunque, a la fecha, no se ha podido esclarecer el crimen de los 43 normalistas.
Entre esos cambios está la salida del Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien después de que públicamente reconociera que ya estaba cansado, fue removido de su cargo y enviado como titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en el gabinete federal.
El ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, siguen reclusos en un penal, señalados como autores intelectuales de la masacre y hoy, hasta su partido, el de la Revolución Democrática (PRD) les ha dado la espalda, diciendo que fue un candidato impuesto por los cárteles del narcotráfico.
Peor aún es que la violencia no ha cesado. En Guerrero, entidad enclavada en el Océano Pacífico y colindante con Michoacán, Morelos y Oaxaca, los desmanes se han presentado prácticamente a diario, con quemas en oficinas públicas, bloqueo de autopistas y, por supuesto, ajustes de cuentas que a diario arrojan saldo rojo.
En el México de los normalistas, recién iniciaba el mes de mayo y un helicóptero del Ejército Nacional era derribado a plena luz del día en una de sus metrópolis más grandes: Guadalajara.
Ese mismo día, se incendiaron en diversos puntos de la región del bajío más de 10 autobuses y vehículos, además de gasolineras.
La violencia desatada en el país, ha sido un impedimento más para la nueva procuradora, Areli Gómez, quien dejó el Senado para emprender una de las posiciones más complejas del gabinete. Así, seguimos sin respuestas.
Los avances son a cuenta gota. El pasado 9 de mayo, la PGR consignó ante un juez federal al subdirector Operativo de la Policía Municipal de Iguala, Francisco Salgado Valladares, por su presunta participación en los hechos contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos. Es uno más del centenar de detenidos.
El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong ya adelantó que no se permitirá queintegrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hablen directamente con los soldados del 27 batallón de infantería con sede en Iguala.
El proceso electoral en el cual se habrá de renovar la Cámara de Diputados está próximo: este domingo 7 de junio. El partido en el poder, el Revolucionario Institucional, teme el rechazo social en las urnas.
Y los expertos debaten la tesis de la PGR en el sentido de que los cuerpos fueron calcinados en el basurero de Cocula, por lo que la investigación para seguir buscándolos podría reabrirse.
Así, mientras el país convulsa, junto con las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa, muchas otras más están en pena por tampoco saber qué fue de sus hijos, nietos, hermanos, esposos. Ayotzinapa ya son 43, sino gran parte de México.
A UN AÑO DE AYOTZINAPA
Por Yamiri Rodríguez Madrid
Integrante HUMANOS
México
@YamiriRodriguez
Ha pasado un año desde el lamentable suceso en Ayotzinapa, en el estado mexicano de Guerrero.
Desde el 26 de septiembre del 2014, muchas cosas han cambiado en el país, aunque, a la fecha, no se ha podido esclarecer el crimen de los 43 normalistas.
Entre esos cambios está la salida del Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien después de que públicamente reconociera que ya estaba cansado, fue removido de su cargo y enviado como titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en el gabinete federal.
El ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, siguen reclusos en un penal, señalados como autores intelectuales de la masacre y hoy, hasta su partido, el de la Revolución Democrática (PRD) les ha dado la espalda, diciendo que fue un candidato impuesto por los cárteles del narcotráfico.
Peor aún es que la violencia no ha cesado. En Guerrero, entidad enclavada en el Océano Pacífico y colindante con Michoacán, Morelos y Oaxaca, los desmanes se han presentado prácticamente a diario, con quemas en oficinas públicas, bloqueo de autopistas y, por supuesto, ajustes de cuentas que a diario arrojan saldo rojo.
En el México de los normalistas, recién iniciaba el mes de mayo y un helicóptero del Ejército Nacional era derribado a plena luz del día en una de sus metrópolis más grandes: Guadalajara.
Ese mismo día, se incendiaron en diversos puntos de la región del bajío más de 10 autobuses y vehículos, además de gasolineras.
La violencia desatada en el país, ha sido un impedimento más para la nueva procuradora, Areli Gómez, quien dejó el Senado para emprender una de las posiciones más complejas del gabinete. Así, seguimos sin respuestas.
Los avances son a cuenta gota. El pasado 9 de mayo, la PGR consignó ante un juez federal al subdirector Operativo de la Policía Municipal de Iguala, Francisco Salgado Valladares, por su presunta participación en los hechos contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos. Es uno más del centenar de detenidos.
El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong ya adelantó que no se permitirá queintegrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hablen directamente con los soldados del 27 batallón de infantería con sede en Iguala.
El proceso electoral en el cual se habrá de renovar la Cámara de Diputados está próximo: este domingo 7 de junio. El partido en el poder, el Revolucionario Institucional, teme el rechazo social en las urnas.
Y los expertos debaten la tesis de la PGR en el sentido de que los cuerpos fueron calcinados en el basurero de Cocula, por lo que la investigación para seguir buscándolos podría reabrirse.
Así, mientras el país convulsa, junto con las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa, muchas otras más están en pena por tampoco saber qué fue de sus hijos, nietos, hermanos, esposos. Ayotzinapa ya son 43, sino gran parte de México.
INFORME ESPECIAL
AYOTZINAPA, TAN CERCA Y TAN LEJOS DE MÉXICO
Por Yamiri Rodríguez Madrid
Integrante HUMANOS
México
El estado de Guerrero, enclavado en el centro de la República Mexicana ha sido pieza clave en la historia de este país. Durante la Independencia fue cuna de los héroes que dieron patria.
Nuestra historia narra que en el año de 1811, José María Morelos y Pavón fue comisionado por el cura Miguel Hidalgo para levantar en armas el Sur, consciente de la importancia que tenía para la causa Insurgente el Puerto de Acapulco. Morelos entró a tierras surianas siguiendo la ruta de la Costa Grande, donde integró inmediatamente un contingente de ayuda a José María Izazaga, de Coahuayutla, los hermanos Galeana de Técpan y Juan N. Álvarez, de Atoyac.
A la lucha, se le incorporaron la familia Bravo de Chichihualco, el matrimonio Catan de Chilpancingo y Vicente Guerrero en Tixtla.
Después de nombrar como General del Ejército Insurgente a Morelos, éste dio lectura a los famosos documentos conocido como los “Sentimientos de la Nación”, donde se hacen declaraciones Generales de Gobierno y se proclama solemnemente la total Independencia de México.
Después de la muerte de Morelos, Vicente Guerrero tomó en sus manos la bandera de la insurrección en un periodo de resistencia, en donde la guerrilla permitió mantener vivo el deseo de la libertad e independencia y recobrar la iniciativa militar en varios frentes.
El 14 de febrero suscribieron el Plan de Iguala, que contenía 24 artículos, entre los que destacan, el que señala la Independencia de la Nueva España, el establecimiento de un Gobierno Monárquico moderado y la formación de un ejército protector denominado de las Tres Garantías.
La pobreza guerrerense que lastima
La historia de Guerrero la traigo a colación porque en el pasado se sustenta el presente. Y es que por años esta entidad ha sido considerada como un polvorín político y social, junto con vecino Michoacán, en donde dieron origen las guardias comunitarias.
Guerrero es también, uno de los estados más pobres del país, con mayores índices de desnutrición y de violencia en todo México.
Hace apenas unos días el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), dio a conocer que en 2012 el porcentaje de población en situación de pobreza fue de 69.7 por ciento, que equivale a 2 millones 442 mil 903 personas en esta condición. Esto representa un ligero aumento en términos porcentuales con respecto a 2010 (67.6 por ciento), así como un aumento de 112 mil 942 personas.
En 2012 disminuyó el porcentaje de la población en pobreza extrema, la cual pasó de 31.8 por ciento en 2010 a 31.7 por ciento en 2012, sin embargo, la población en pobreza extrema presenta un ligero aumento de 1 millón 97 mil 556 personas en 2010 a 1 millón111 mil 510 personas en 2012.
De 2010 a 2012 hubo una reducción tanto en el número de personas como en el porcentaje de población con las carencias de rezago educativo, carencia por acceso a los servicios de salud, carencia por calidad y espacios en la vivienda.
Tixtla, municipio donde está ubicada la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, es un lugar histórico por las batallas de Independencia que ahí se gestaron.
El recuerdo de Lucio Cabañas
Salvo el puerto de Acapulco, destino internacional paradisiaco y la capital, Chilpancingo, cada una de las regiones de Guerrero sufren de pobreza, los lastima la violencia.
Hoy, una vez más Guerrero vuelve a ser noticia por esta última causa, al atraer los reflectores mundiales la desaparición de 43 estudiantes, aspirantes a profesores, de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
Empero, Ayotzinapa tiene ya una historia. Fue en la década de los 70, cuando por primera convulsionaron a México. El nombre de Lucio Cabañas lo dice todo. Sigue siendo modelo de inspiración para muchos de los normalistas guerrerenses, para aquellos que han intentado levantarse en armas como parte de un movimiento social.
Lucio Cabañas Barrientos fue un maestro rural, egresado de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, líder estudiantil y jefe del grupo armado Partido de los Pobres en la sierra de Guerrero.
La historia cuenta que uno de sus tíos, Pablo Cabañas, combatió junto con otros guerrilleros como Silvestre Mariscal, Prisciliano Padilla, Baldomero Vidales, Amadeo Vidales y Abacuc Román Godínez así como con Jacobo Gamiz, hermano del dirigente magisterial y campesino, Arturo Gamiz, quien comandó el asalto al cuartel de Madera.
A principios de abril de 1967, Lucio y algunos profesores de la escuela Juan Álvarez, con otros miembros de la Confederación Campesina Independiente y de las colonias populares, fundan el llamado Frente de Defensa de los Intereses de la Escuela Juan Álvarez. Lucio Cabañas convoca a una manifestación pacífica en el municipio de Atoyac, en el año de 1967, Con el fin de desalojar la Plaza Cívica intervino la policía judicial del estado, dándose inicio así a una balacera general, cuyo principal blanco era el propio Lucio Cabañas.
De la mano viene la historia de Genaro Vázquez,también maestro normalista egresado de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, formó parte de la disidencia magisterial que dominó las secciones del sindicato de profesores de México en Guerrero, Oaxaca, Chihuahua hacia la década de 1960.
Así, de Ayotzinapa surgió el Movimiento Revolucionario que lleva su nombre, considerada como una de las guerrillas que operó en el país en aquella década.
Y Ayotzinapa…
Fundada en el año de 1926, la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, mejor conocida comoEscuela Normal Rural de Ayotzinapa, es una institución educativa de nivel superior que se encuentra en la población del mismo nombre, perteneciente al municipio de Tixtla.
Esta forma parte del sistema de escuelas normales rurales concebidas como parte de un ambicioso plan de masificación educativa implementado por el estado mexicano a partir de la década de 1920.
El proyecto de las normales rurales tuvo un fuerte componente de transformación social, aunque hoy muchos en México debaten sobre su futuro.
Ayotzinapa tiene en promedio poco más de 500 estudiantes, atendidos por 39 profesores y 6 trabajadores de apoyo. Sus estudiantes son principalmente hijos de familias pobres de La Montaña, la Costa Chica y el centro del estado de Guerrero, zonas donde se encuentran algunas de localidades con más bajos índices de desarrollo humano en México y con una elevada tasa de analfabetismo. Los 43 alumnos desaparecidos no son la excepción.
Cada año, los estudiantes de Ayotzinapa se trasladan a la capital guerrerense, Chilpancingo para solicitar, mediante manifestaciones y bloqueos viales, la atención a su pliego petitorio. Entre otras cosas, se pide la renovación de las instalaciones y la revisión del monto asignado a la dieta de los estudiantes internados (que en 2011 era de 35 pesos, alrededor de 2.5 dólares al tipo de cambio vigente).
Hace 3 años, los estudiantes de la escuela bloquearon una autopista guerrerense. En el desalojo de la vía federal, dos de los manifestantes incendiaron las bombas de gasolina de una estación cercana lo que culminó en la muerte de uno de los empleados de la estación y dos de los estudiantes.
La historia más reciente ya la conocen: el pasado 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes tomó camiones para viajar a la capital mexicana y ser partícipes de la manifestación que cada 2 de octubre se realiza con motivo de la matanza del 68.
Señalan a José Luis Abarca Velázquez, alcalde Iguala, otra ciudad guerrerense, de haber ordenado su represión violenta. Hasta el cierre de este texto, los 43 estudiantes siguen desaparecidos.
Sólo unos días después del hecho, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), reapareció para anunciar la creación de la Brigada de Ajusticiamiento 26 de septiembre, declarando la guerra a un supuesto grupo delincuencial.
En el inter, Ángel Heladio Aguirre se vio forzado a solicitar licencia en el encargo de Gobernador de Guerrero, en su lugar fue nombrado el académico Rogelio Ortega Martínez, a quien diversas versiones periodísticas señalan por tener supuestos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC.
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha comentado que seguirá impulsando el Plan de Acción Nuevo Guerrero, lo cual afirma permitirá darle un rostro de modernidad, justicia y progreso al Estado. Pero además, recibirá a los padres de los jóvenes en la Residencia Oficial de Los Pinos.
Mientras tanto en el resto del país, todas las escuelas normales se han ido a paro de labores, han realizado cadenas humanas, han mandado apoyo en alimentos y donaciones al resto de los jóvenes que continúan estudiando en Ayotzinapa.
Foto: www.animalpolitico.com
AYOTZINAPA, TAN CERCA Y TAN LEJOS DE MÉXICO
Por Yamiri Rodríguez Madrid
Integrante HUMANOS
México
El estado de Guerrero, enclavado en el centro de la República Mexicana ha sido pieza clave en la historia de este país. Durante la Independencia fue cuna de los héroes que dieron patria.
Nuestra historia narra que en el año de 1811, José María Morelos y Pavón fue comisionado por el cura Miguel Hidalgo para levantar en armas el Sur, consciente de la importancia que tenía para la causa Insurgente el Puerto de Acapulco. Morelos entró a tierras surianas siguiendo la ruta de la Costa Grande, donde integró inmediatamente un contingente de ayuda a José María Izazaga, de Coahuayutla, los hermanos Galeana de Técpan y Juan N. Álvarez, de Atoyac.
A la lucha, se le incorporaron la familia Bravo de Chichihualco, el matrimonio Catan de Chilpancingo y Vicente Guerrero en Tixtla.
Después de nombrar como General del Ejército Insurgente a Morelos, éste dio lectura a los famosos documentos conocido como los “Sentimientos de la Nación”, donde se hacen declaraciones Generales de Gobierno y se proclama solemnemente la total Independencia de México.
Después de la muerte de Morelos, Vicente Guerrero tomó en sus manos la bandera de la insurrección en un periodo de resistencia, en donde la guerrilla permitió mantener vivo el deseo de la libertad e independencia y recobrar la iniciativa militar en varios frentes.
El 14 de febrero suscribieron el Plan de Iguala, que contenía 24 artículos, entre los que destacan, el que señala la Independencia de la Nueva España, el establecimiento de un Gobierno Monárquico moderado y la formación de un ejército protector denominado de las Tres Garantías.
La pobreza guerrerense que lastima
La historia de Guerrero la traigo a colación porque en el pasado se sustenta el presente. Y es que por años esta entidad ha sido considerada como un polvorín político y social, junto con vecino Michoacán, en donde dieron origen las guardias comunitarias.
Guerrero es también, uno de los estados más pobres del país, con mayores índices de desnutrición y de violencia en todo México.
Hace apenas unos días el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), dio a conocer que en 2012 el porcentaje de población en situación de pobreza fue de 69.7 por ciento, que equivale a 2 millones 442 mil 903 personas en esta condición. Esto representa un ligero aumento en términos porcentuales con respecto a 2010 (67.6 por ciento), así como un aumento de 112 mil 942 personas.
En 2012 disminuyó el porcentaje de la población en pobreza extrema, la cual pasó de 31.8 por ciento en 2010 a 31.7 por ciento en 2012, sin embargo, la población en pobreza extrema presenta un ligero aumento de 1 millón 97 mil 556 personas en 2010 a 1 millón111 mil 510 personas en 2012.
De 2010 a 2012 hubo una reducción tanto en el número de personas como en el porcentaje de población con las carencias de rezago educativo, carencia por acceso a los servicios de salud, carencia por calidad y espacios en la vivienda.
Tixtla, municipio donde está ubicada la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, es un lugar histórico por las batallas de Independencia que ahí se gestaron.
El recuerdo de Lucio Cabañas
Salvo el puerto de Acapulco, destino internacional paradisiaco y la capital, Chilpancingo, cada una de las regiones de Guerrero sufren de pobreza, los lastima la violencia.
Hoy, una vez más Guerrero vuelve a ser noticia por esta última causa, al atraer los reflectores mundiales la desaparición de 43 estudiantes, aspirantes a profesores, de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
Empero, Ayotzinapa tiene ya una historia. Fue en la década de los 70, cuando por primera convulsionaron a México. El nombre de Lucio Cabañas lo dice todo. Sigue siendo modelo de inspiración para muchos de los normalistas guerrerenses, para aquellos que han intentado levantarse en armas como parte de un movimiento social.
Lucio Cabañas Barrientos fue un maestro rural, egresado de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, líder estudiantil y jefe del grupo armado Partido de los Pobres en la sierra de Guerrero.
La historia cuenta que uno de sus tíos, Pablo Cabañas, combatió junto con otros guerrilleros como Silvestre Mariscal, Prisciliano Padilla, Baldomero Vidales, Amadeo Vidales y Abacuc Román Godínez así como con Jacobo Gamiz, hermano del dirigente magisterial y campesino, Arturo Gamiz, quien comandó el asalto al cuartel de Madera.
A principios de abril de 1967, Lucio y algunos profesores de la escuela Juan Álvarez, con otros miembros de la Confederación Campesina Independiente y de las colonias populares, fundan el llamado Frente de Defensa de los Intereses de la Escuela Juan Álvarez. Lucio Cabañas convoca a una manifestación pacífica en el municipio de Atoyac, en el año de 1967, Con el fin de desalojar la Plaza Cívica intervino la policía judicial del estado, dándose inicio así a una balacera general, cuyo principal blanco era el propio Lucio Cabañas.
De la mano viene la historia de Genaro Vázquez,también maestro normalista egresado de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, formó parte de la disidencia magisterial que dominó las secciones del sindicato de profesores de México en Guerrero, Oaxaca, Chihuahua hacia la década de 1960.
Así, de Ayotzinapa surgió el Movimiento Revolucionario que lleva su nombre, considerada como una de las guerrillas que operó en el país en aquella década.
Y Ayotzinapa…
Fundada en el año de 1926, la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, mejor conocida comoEscuela Normal Rural de Ayotzinapa, es una institución educativa de nivel superior que se encuentra en la población del mismo nombre, perteneciente al municipio de Tixtla.
Esta forma parte del sistema de escuelas normales rurales concebidas como parte de un ambicioso plan de masificación educativa implementado por el estado mexicano a partir de la década de 1920.
El proyecto de las normales rurales tuvo un fuerte componente de transformación social, aunque hoy muchos en México debaten sobre su futuro.
Ayotzinapa tiene en promedio poco más de 500 estudiantes, atendidos por 39 profesores y 6 trabajadores de apoyo. Sus estudiantes son principalmente hijos de familias pobres de La Montaña, la Costa Chica y el centro del estado de Guerrero, zonas donde se encuentran algunas de localidades con más bajos índices de desarrollo humano en México y con una elevada tasa de analfabetismo. Los 43 alumnos desaparecidos no son la excepción.
Cada año, los estudiantes de Ayotzinapa se trasladan a la capital guerrerense, Chilpancingo para solicitar, mediante manifestaciones y bloqueos viales, la atención a su pliego petitorio. Entre otras cosas, se pide la renovación de las instalaciones y la revisión del monto asignado a la dieta de los estudiantes internados (que en 2011 era de 35 pesos, alrededor de 2.5 dólares al tipo de cambio vigente).
Hace 3 años, los estudiantes de la escuela bloquearon una autopista guerrerense. En el desalojo de la vía federal, dos de los manifestantes incendiaron las bombas de gasolina de una estación cercana lo que culminó en la muerte de uno de los empleados de la estación y dos de los estudiantes.
La historia más reciente ya la conocen: el pasado 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes tomó camiones para viajar a la capital mexicana y ser partícipes de la manifestación que cada 2 de octubre se realiza con motivo de la matanza del 68.
Señalan a José Luis Abarca Velázquez, alcalde Iguala, otra ciudad guerrerense, de haber ordenado su represión violenta. Hasta el cierre de este texto, los 43 estudiantes siguen desaparecidos.
Sólo unos días después del hecho, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), reapareció para anunciar la creación de la Brigada de Ajusticiamiento 26 de septiembre, declarando la guerra a un supuesto grupo delincuencial.
En el inter, Ángel Heladio Aguirre se vio forzado a solicitar licencia en el encargo de Gobernador de Guerrero, en su lugar fue nombrado el académico Rogelio Ortega Martínez, a quien diversas versiones periodísticas señalan por tener supuestos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC.
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha comentado que seguirá impulsando el Plan de Acción Nuevo Guerrero, lo cual afirma permitirá darle un rostro de modernidad, justicia y progreso al Estado. Pero además, recibirá a los padres de los jóvenes en la Residencia Oficial de Los Pinos.
Mientras tanto en el resto del país, todas las escuelas normales se han ido a paro de labores, han realizado cadenas humanas, han mandado apoyo en alimentos y donaciones al resto de los jóvenes que continúan estudiando en Ayotzinapa.
Foto: www.animalpolitico.com
ESTACIONES MIGRATORIAS: CASTIGO SIN DELITO
Por Henia Prado Hernández
Integrante HUMANOS
México
La estación migratoria de Acayucan es un lugar ambivalente. Para la mayoría de extranjeros indocumentados es una prisión y para los menos, un refugio.
María Cenia, nació en Honduras y tiene 19 años de edad. Cruzó territorio mexicano hasta Nuevo Laredo, a unos pasos de Estados Unidos, ante el peligro del crimen organizado y el recuerdo de su hija de 18 meses que quedó en su país, decidió regresar a Centroamérica.
En Veracruz se topó con una familia que le brindó hospedaje y trabajo de empleada doméstica, entonces se entregó a las autoridades migratorias para lograr la deportación en condición segura y gratuita para luego regresar a México acompañada de la bebé.
Otro caso es el de Dairel, un chef cubano de 38 años de edad quien escapó de la isla, llegó a Guyana británica, luego subió por Centroamérica a nuestro país donde sorteó varios retenes hasta que fue detectado por agentes, lleva más de un mes detenido en la estación. Está frustrado, enojado y harto del encierro.
En ambos casos la estadía entre rejas y cámaras de seguridad resulta en incertidumbre nunca saben cuando saldrán, desconocen sus derechos y no tienen certeza sobre el procedimiento migratorio, por tanto, son víctimas de la improvisación de las autoridades.
Cuando un indocumentado es detenido por el Instituto Nacional de Migración (INM) en Veracruz, se le canaliza a la estación de Acayucan, donde por ley además de informarles sobre su condición migratoria y el proceso para la repatriación, las autoridades tienen la responsabilidad identificar sus necesidades y los casos especiales, como aquellos que fueron víctimas de delito.
Si en general los migrantes que hablan español o inglés -que son el 90 por ciento- tienen severos problemas para conocer los pasos de su deportación por que la información es escasa y poco clara, las posibilidades se reducen cuando no hablan estos idiomas pues no hay traductores.
"Tenemos ecuatoriano, colombiano, haitiano, cubano, dominicano, africano, pero gracias a Dios todo hablan inglés, el chino más de uno habla inglés y ese es el que le traduce en su idioma a ellos, ese es el que se entrevista con nosotros y ya sabemos que quieren, que necesitan.
"No todos hablamos inglés pero alcanzamos a hablar un poco, pero ya nos damos a entender y ya sabemos la jugada y le agarramos el hilo. Cuando definitivamente no hablan inglés, entonces tenemos que ir con el de la comida china de aquí, que hay restaurantes, nos hace el favor de venir si no está ocupado", comenta un agente del INM.
-¿Se le paga a la persona que los apoya?, se le cuestionó al agente.
"No, nos hace el paro y pues ya sabe que habla mandarín o cantonés, le agradecemos de antemano que nos ayude, pero aquí en un mes cualquiera empieza a hablar español, se lo juro, ya sea para decir "comida", "papel", "teléfono", lo básico de ellos, aprenden", agregó.
REFORMA conversó con dos ciudadanos de India quienes llevaban 15 días encerrados en Acayucan, ninguno sabía si sus consulados estaban enterados de su detención, qué les iba pasar cuando quedaran libres y a dónde los llevarían.
Los jóvenes no hablan español y sólo entienden algunas palabras en inglés.
La estación tiene capacidad para 800 personas y el pasado miércoles había 184 hombres y 83 mujeres, divididos por sexo y nacionalidad.
A entrar al inmueble se les entrega un kit de limpieza que consta de un pequeño frasco de shampoo, desodorante, jabón, pasta dental y cepillo de dientes.
El reglamento establece que de 7:00 a 8:30 horas deben asear su persona y dormitorio, de 8:30 a 10:00 desayunar; de 10:00 a 14:00 horas recibir visitas, realizar llamadas, hacer ejercicio o actividades recreativas y culturales; de 14 a 16:00 horas la comida; de 16:00 horas a 18:30 nuevamente esparcimiento y de las 18:00 a las 20:30 horas, la cena, luego al dormitorio.
No obstante, la realidad es opuesta. Algunas camas lucen destendidas, no hay visitas, tampoco actividades de ningún tipo y pese a que en el inmueble existe un área de cocina, los alimentos ya preparados se compran externamente, de manera que cada día camionetas suministran comida.
"Si no tienes tarjeta no hay llamadas, hice una cuando entré, a veces dan chance pero hay que formarse temprano y la fila es de 20 o 30 personas y sólo dejan llamar a las primeras y es muy poco el tiempo",dijo una hondureña.
Aunado a la tardanza en los procedimientos del INM, se suman las carencias de los consulados, en consecuencia la estancia mínima dura dos semanas.
"No los podemos regresar porque tenemos un acuerdo con los países entonces es un rollo, viene el consulado, levantan los datos, les hacen una entrevista personal, mandan pedir los datos a sus provincias y hasta que los identifican hacemos el trámite de regreso.
"El Salvador tiene en este momento problemas de identificación, hace más de un año que no está expidiendo cartillas de identidad porque el presidente de aquel país se peleó con la empresa que daba las identificaciones, Honduras y Guatemala no tienen personal, el consulado de Honduras no tiene mas que una computadora, no tienen
Por Henia Prado Hernández
Integrante HUMANOS
México
La estación migratoria de Acayucan es un lugar ambivalente. Para la mayoría de extranjeros indocumentados es una prisión y para los menos, un refugio.
María Cenia, nació en Honduras y tiene 19 años de edad. Cruzó territorio mexicano hasta Nuevo Laredo, a unos pasos de Estados Unidos, ante el peligro del crimen organizado y el recuerdo de su hija de 18 meses que quedó en su país, decidió regresar a Centroamérica.
En Veracruz se topó con una familia que le brindó hospedaje y trabajo de empleada doméstica, entonces se entregó a las autoridades migratorias para lograr la deportación en condición segura y gratuita para luego regresar a México acompañada de la bebé.
Otro caso es el de Dairel, un chef cubano de 38 años de edad quien escapó de la isla, llegó a Guyana británica, luego subió por Centroamérica a nuestro país donde sorteó varios retenes hasta que fue detectado por agentes, lleva más de un mes detenido en la estación. Está frustrado, enojado y harto del encierro.
En ambos casos la estadía entre rejas y cámaras de seguridad resulta en incertidumbre nunca saben cuando saldrán, desconocen sus derechos y no tienen certeza sobre el procedimiento migratorio, por tanto, son víctimas de la improvisación de las autoridades.
Cuando un indocumentado es detenido por el Instituto Nacional de Migración (INM) en Veracruz, se le canaliza a la estación de Acayucan, donde por ley además de informarles sobre su condición migratoria y el proceso para la repatriación, las autoridades tienen la responsabilidad identificar sus necesidades y los casos especiales, como aquellos que fueron víctimas de delito.
Si en general los migrantes que hablan español o inglés -que son el 90 por ciento- tienen severos problemas para conocer los pasos de su deportación por que la información es escasa y poco clara, las posibilidades se reducen cuando no hablan estos idiomas pues no hay traductores.
"Tenemos ecuatoriano, colombiano, haitiano, cubano, dominicano, africano, pero gracias a Dios todo hablan inglés, el chino más de uno habla inglés y ese es el que le traduce en su idioma a ellos, ese es el que se entrevista con nosotros y ya sabemos que quieren, que necesitan.
"No todos hablamos inglés pero alcanzamos a hablar un poco, pero ya nos damos a entender y ya sabemos la jugada y le agarramos el hilo. Cuando definitivamente no hablan inglés, entonces tenemos que ir con el de la comida china de aquí, que hay restaurantes, nos hace el favor de venir si no está ocupado", comenta un agente del INM.
-¿Se le paga a la persona que los apoya?, se le cuestionó al agente.
"No, nos hace el paro y pues ya sabe que habla mandarín o cantonés, le agradecemos de antemano que nos ayude, pero aquí en un mes cualquiera empieza a hablar español, se lo juro, ya sea para decir "comida", "papel", "teléfono", lo básico de ellos, aprenden", agregó.
REFORMA conversó con dos ciudadanos de India quienes llevaban 15 días encerrados en Acayucan, ninguno sabía si sus consulados estaban enterados de su detención, qué les iba pasar cuando quedaran libres y a dónde los llevarían.
Los jóvenes no hablan español y sólo entienden algunas palabras en inglés.
La estación tiene capacidad para 800 personas y el pasado miércoles había 184 hombres y 83 mujeres, divididos por sexo y nacionalidad.
A entrar al inmueble se les entrega un kit de limpieza que consta de un pequeño frasco de shampoo, desodorante, jabón, pasta dental y cepillo de dientes.
El reglamento establece que de 7:00 a 8:30 horas deben asear su persona y dormitorio, de 8:30 a 10:00 desayunar; de 10:00 a 14:00 horas recibir visitas, realizar llamadas, hacer ejercicio o actividades recreativas y culturales; de 14 a 16:00 horas la comida; de 16:00 horas a 18:30 nuevamente esparcimiento y de las 18:00 a las 20:30 horas, la cena, luego al dormitorio.
No obstante, la realidad es opuesta. Algunas camas lucen destendidas, no hay visitas, tampoco actividades de ningún tipo y pese a que en el inmueble existe un área de cocina, los alimentos ya preparados se compran externamente, de manera que cada día camionetas suministran comida.
"Si no tienes tarjeta no hay llamadas, hice una cuando entré, a veces dan chance pero hay que formarse temprano y la fila es de 20 o 30 personas y sólo dejan llamar a las primeras y es muy poco el tiempo",dijo una hondureña.
Aunado a la tardanza en los procedimientos del INM, se suman las carencias de los consulados, en consecuencia la estancia mínima dura dos semanas.
"No los podemos regresar porque tenemos un acuerdo con los países entonces es un rollo, viene el consulado, levantan los datos, les hacen una entrevista personal, mandan pedir los datos a sus provincias y hasta que los identifican hacemos el trámite de regreso.
"El Salvador tiene en este momento problemas de identificación, hace más de un año que no está expidiendo cartillas de identidad porque el presidente de aquel país se peleó con la empresa que daba las identificaciones, Honduras y Guatemala no tienen personal, el consulado de Honduras no tiene mas que una computadora, no tienen
INFORME ESPECIAL
A raíz del huracán registrado en el Puerto de Acapulco, sitio emblemático del turismo en México, la mayoría de las noticias se enfocó a los estragos , sin embargo, se olvidaron de la región de la montaña, que es considerada la más pobre a nivel nacional donde vive gran parte de ciudadanos indígenas.
Ante esto HENIA PRADO, integrante de HUMANOS hizo una cobertura especial para reflejar el olvido hacia estas poblaciones tras el paso del huracán, abandono que ocurre pese a que varias de ellas quedaron sepultadas bajo los cerros y perdieron la cosecha de maíz, su principal fuente de subsistencia. Con los textos intentó reflejar las vivencias que tienen implícito abandono y violaciones a sus derechos humanos.
A raíz del huracán registrado en el Puerto de Acapulco, sitio emblemático del turismo en México, la mayoría de las noticias se enfocó a los estragos , sin embargo, se olvidaron de la región de la montaña, que es considerada la más pobre a nivel nacional donde vive gran parte de ciudadanos indígenas.
Ante esto HENIA PRADO, integrante de HUMANOS hizo una cobertura especial para reflejar el olvido hacia estas poblaciones tras el paso del huracán, abandono que ocurre pese a que varias de ellas quedaron sepultadas bajo los cerros y perdieron la cosecha de maíz, su principal fuente de subsistencia. Con los textos intentó reflejar las vivencias que tienen implícito abandono y violaciones a sus derechos humanos.
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VIEJO PASO DE LA MISERIA A LA SEPULTURA - PARTE I
Por Henia Prado Hernández
Integrante HUMANOS
México
Esta comunidad de La Montaña de Guerrero, que forma parte del municipio más pobre del país, está incomunicada, además de que reporta más de 300 desplazados y 70 viviendas desaparecidas.
A 20 días del paso de la tormenta tropical "Manuel", los habitantes de San Miguel Amoltepec Viejo luchan por rescatar sus tradiciones y lo poco que la naturaleza les dejó, al tiempo que suplican la ayuda del Estado.
Antes de la tormenta, registrada el pasado 15 de septiembre, de Tlapa a San Miguel Amoltepec Viejo eran tres horas de recorrido; actualmente, el trayecto se duplicó.
Sobre la carretera de Tlapa-Igualita la tierra se desmorona y las piedras aumentan el riesgo de que automovilistas pierdan el control; sin embargo, los caminos de terracería que suben a La Montaña son en extremo peligrosos.
Sólo las camionetas 4x4 son capaces de pasar por encima del lodo que les llegan a mitad de las llantas; el acelerador se quema y los vehículos se patinan a pocos centímetros de los acantilados.
En algunas zonas el camino desapareció, por lo que fue necesario hacer una vía alterna.
Hasta ayer ninguna autoridad había visitado San Miguel, pues a partir de Tierra Blanquita todo el camino es a pie.
Desde ese lugar se puede observar lo que queda del poblado de San Miguel Amoltepec, localizado a un kilómetro, pero al que se llega caminando entre entre brechas, maleza y riachuelos durante dos horas.
La noche del 15 de septiembre, las copiosas lluvias reblandecieron los cerros deforestados del Yuku Ñuún y Yuku Ka'iik.
La tierra crujió y un enorme alud sepultó dos edificios de la primaria, el aula de profesores, dos casas de salud, más de 40 viviendas, así como 15 hectáreas de maíz y 2 hectáreas de árboles frutales que ayudaban para la subsistencia del pueblo.
Los postes de luz se cayeron y en las calles se pueden observar enormes grietas que miden aproximadamente 20 metros de ancho y 10 de profundidad, con caudales de agua.
Los pobladores alcanzaron a escapar sólo con la ropa que traían puesta; unos, se refugiaron en la comisaría y otros, migraron a localidades aledañas con sus familiares.
"Vino un geólogo y dijo que después de La Pintada, esta es la comunidad con mayores afectaciones", indicó Celso Antonio, secretario Municipal.
Hasta la fecha, los cerros continúan desgajándose y las zanjas cada día a día se expanden. Los jóvenes saben que el peligro es latente; los ancianos se aferran a su pueblo, pero en esta región la experiencia doblega a la juventud.
En la marginación
San Miguel Amoltepec Viejo está acostumbrado al olvido y a la miseria. "Manuel" sólo agravó ambas condiciones.
La gente ha talado el bosque para sembrar milpas. Echa la semilla en mayo y cosecha en enero o febrero. Las familias sólo comen frijol, tortillas, algunas hierbas y frutas.
La comunidad pertenece a Cochoapa el Grande que, contrario a su nombre, es considerado el Municipio más pobre y marginado a nivel nacional desde 2006.
Con una antigüedad de 500 a 600 años, según sus habitantes, San Miguel Amoltepec Viejo ha sido el origen de una docena de comunidades como San Miguel Amoltepec Nuevo, Amate Amarillo, Tierra Blanquita, Llano de Laguna, Llano de Piedras, San Cristobalito, San Martín, así como Yucunduta.
Quienes habitan en las casas de adobe, block, teja y madera son indígenas Na'savi, que tienen
como lengua el tauunsavi y han aprendido el español como segundo idioma.
Sobreviven con el cultivo de la tierra, la elaboración de sombreros de palma -que venden a 40 pesos la docena- y la venta de productos en algunas misceláneas.
En esta tierra enclavada en los cerros, los pobladores subsisten con lo que tienen, pero la tormenta vulneró su ánimo.
"Ese día rescatamos a un anciano, de 80 años, estaba atrapado en su casa. Es la herencia de nuestros antepasados, hace los gabanes de la comunidad, nos representa, le damos gracias a Dios porque logró salvarse.
"Los principales no quieren irse de aquí, ellos son los sabios y se aferran a las raíces. Estamos tristes porque ahora sí no tenemos nada", expresó Celso, parado en el campanario de la iglesia desde donde se aprecian los techos de las casas enterradas.
La comunidad de San Miguel Amoltepec Viejo está situada en el Municipio de Cochoapa el Grande, en Guerrero. Tiene 230 habitantes, 2,200 metros de altitud y 700 casas desaparecidas
SOBREVIVEN EN LA MONTAÑA
Henia Padro
SAN MIGUEL AMOLTEPEC VIEJO
Leonor tiene ocho meses de edad y duerme en un espacio de tierra húmeda. A veces estornuda y tiene calentura, pues una cobija no es suficiente para cubrirla a ella, a sus cinco hermanos y a sus padres que habitan bajo un techo de lona.
Desde hace tres semanas, ésta familia como otras 15 viven al lado del panteón de San Miguel Amoltepec Viejo, luego de que su casa quedó sepultada por el deslave de un cerro. Hasta el momento, de los gobiernos municipal, estatal y federal no saben nada.
Leonor; Adelina, de 3 años; Nelida, de 6; Irineo, de 8; Elia, 10 y Marcelina, de 12, no tienen zapatos y aunque sólo traen un pedazo de chayote en el estómago, los niños sonríen todo el tiempo mientras corren por el campo.
Al asomarse bajo las lonas que antes eran toldos de camionetas, la miseria salta a la vista. Sus únicos bienes son ollas despostilladas, bolsas de plástico, cubetas, unas sillas viejas y ropa raída, así como un perro flaco, una gallina y sus pollitos.
"Están tristes porque no tienen dónde dormir, porque pasan frío y hambre", traduce José a Catarina, madre de los niños, quien habla la lengua na'savi.
Aunque el Ejército ha llevado despensas, las latas de atún, sardina, frijol y arroz no son suficientes para alimentar a niños y adultos que padecen desnutrición crónica y la cual se refleja en su rostro con manchas blancas.
Junto a la vivienda improvisada de Catarina está la de Lasnieve Sánchez, una viuda de 70 años, quien teje sombreros de palma para subsistir, pero ahora con el paso de la tormenta "Manuel" se quedó sin fuente de empleo y tampoco ha recibido los 800 pesos bimestrales del programa "70 y más".
"El agua se llevó todo. Mi molina de nixtamal, mis pollitos, chivos, guajolotes, unos sarapes. Quiero que me devuelvan mi casa, que nos apoyen para reubicarnos", expresó.
En el campamento las mujeres se dedican a amamantar a los bebés, los niños juegan entre el lodo y la maleza y los hombres salen temprano para gestionar algún tipo de ayuda para su comunidad.
Hasta ahora, sólo han conseguido que les den despensas, pero no las suficientes.
No hay luz y tampoco agua potable. La ropa se lava en los riachuelos, pero no alcanza a secarse y como es la única muda que tienen sólo la exprimen y se la ponen nuevamente.
"Quieren maíz, comida, quieren un techo", refiere Mercedes, una estudiante de origen indígena que ha denunciado el olvido de las comunidades.
Por Henia Prado Hernández
Integrante HUMANOS
México
Esta comunidad de La Montaña de Guerrero, que forma parte del municipio más pobre del país, está incomunicada, además de que reporta más de 300 desplazados y 70 viviendas desaparecidas.
A 20 días del paso de la tormenta tropical "Manuel", los habitantes de San Miguel Amoltepec Viejo luchan por rescatar sus tradiciones y lo poco que la naturaleza les dejó, al tiempo que suplican la ayuda del Estado.
Antes de la tormenta, registrada el pasado 15 de septiembre, de Tlapa a San Miguel Amoltepec Viejo eran tres horas de recorrido; actualmente, el trayecto se duplicó.
Sobre la carretera de Tlapa-Igualita la tierra se desmorona y las piedras aumentan el riesgo de que automovilistas pierdan el control; sin embargo, los caminos de terracería que suben a La Montaña son en extremo peligrosos.
Sólo las camionetas 4x4 son capaces de pasar por encima del lodo que les llegan a mitad de las llantas; el acelerador se quema y los vehículos se patinan a pocos centímetros de los acantilados.
En algunas zonas el camino desapareció, por lo que fue necesario hacer una vía alterna.
Hasta ayer ninguna autoridad había visitado San Miguel, pues a partir de Tierra Blanquita todo el camino es a pie.
Desde ese lugar se puede observar lo que queda del poblado de San Miguel Amoltepec, localizado a un kilómetro, pero al que se llega caminando entre entre brechas, maleza y riachuelos durante dos horas.
La noche del 15 de septiembre, las copiosas lluvias reblandecieron los cerros deforestados del Yuku Ñuún y Yuku Ka'iik.
La tierra crujió y un enorme alud sepultó dos edificios de la primaria, el aula de profesores, dos casas de salud, más de 40 viviendas, así como 15 hectáreas de maíz y 2 hectáreas de árboles frutales que ayudaban para la subsistencia del pueblo.
Los postes de luz se cayeron y en las calles se pueden observar enormes grietas que miden aproximadamente 20 metros de ancho y 10 de profundidad, con caudales de agua.
Los pobladores alcanzaron a escapar sólo con la ropa que traían puesta; unos, se refugiaron en la comisaría y otros, migraron a localidades aledañas con sus familiares.
"Vino un geólogo y dijo que después de La Pintada, esta es la comunidad con mayores afectaciones", indicó Celso Antonio, secretario Municipal.
Hasta la fecha, los cerros continúan desgajándose y las zanjas cada día a día se expanden. Los jóvenes saben que el peligro es latente; los ancianos se aferran a su pueblo, pero en esta región la experiencia doblega a la juventud.
En la marginación
San Miguel Amoltepec Viejo está acostumbrado al olvido y a la miseria. "Manuel" sólo agravó ambas condiciones.
La gente ha talado el bosque para sembrar milpas. Echa la semilla en mayo y cosecha en enero o febrero. Las familias sólo comen frijol, tortillas, algunas hierbas y frutas.
La comunidad pertenece a Cochoapa el Grande que, contrario a su nombre, es considerado el Municipio más pobre y marginado a nivel nacional desde 2006.
Con una antigüedad de 500 a 600 años, según sus habitantes, San Miguel Amoltepec Viejo ha sido el origen de una docena de comunidades como San Miguel Amoltepec Nuevo, Amate Amarillo, Tierra Blanquita, Llano de Laguna, Llano de Piedras, San Cristobalito, San Martín, así como Yucunduta.
Quienes habitan en las casas de adobe, block, teja y madera son indígenas Na'savi, que tienen
como lengua el tauunsavi y han aprendido el español como segundo idioma.
Sobreviven con el cultivo de la tierra, la elaboración de sombreros de palma -que venden a 40 pesos la docena- y la venta de productos en algunas misceláneas.
En esta tierra enclavada en los cerros, los pobladores subsisten con lo que tienen, pero la tormenta vulneró su ánimo.
"Ese día rescatamos a un anciano, de 80 años, estaba atrapado en su casa. Es la herencia de nuestros antepasados, hace los gabanes de la comunidad, nos representa, le damos gracias a Dios porque logró salvarse.
"Los principales no quieren irse de aquí, ellos son los sabios y se aferran a las raíces. Estamos tristes porque ahora sí no tenemos nada", expresó Celso, parado en el campanario de la iglesia desde donde se aprecian los techos de las casas enterradas.
La comunidad de San Miguel Amoltepec Viejo está situada en el Municipio de Cochoapa el Grande, en Guerrero. Tiene 230 habitantes, 2,200 metros de altitud y 700 casas desaparecidas
SOBREVIVEN EN LA MONTAÑA
Henia Padro
SAN MIGUEL AMOLTEPEC VIEJO
Leonor tiene ocho meses de edad y duerme en un espacio de tierra húmeda. A veces estornuda y tiene calentura, pues una cobija no es suficiente para cubrirla a ella, a sus cinco hermanos y a sus padres que habitan bajo un techo de lona.
Desde hace tres semanas, ésta familia como otras 15 viven al lado del panteón de San Miguel Amoltepec Viejo, luego de que su casa quedó sepultada por el deslave de un cerro. Hasta el momento, de los gobiernos municipal, estatal y federal no saben nada.
Leonor; Adelina, de 3 años; Nelida, de 6; Irineo, de 8; Elia, 10 y Marcelina, de 12, no tienen zapatos y aunque sólo traen un pedazo de chayote en el estómago, los niños sonríen todo el tiempo mientras corren por el campo.
Al asomarse bajo las lonas que antes eran toldos de camionetas, la miseria salta a la vista. Sus únicos bienes son ollas despostilladas, bolsas de plástico, cubetas, unas sillas viejas y ropa raída, así como un perro flaco, una gallina y sus pollitos.
"Están tristes porque no tienen dónde dormir, porque pasan frío y hambre", traduce José a Catarina, madre de los niños, quien habla la lengua na'savi.
Aunque el Ejército ha llevado despensas, las latas de atún, sardina, frijol y arroz no son suficientes para alimentar a niños y adultos que padecen desnutrición crónica y la cual se refleja en su rostro con manchas blancas.
Junto a la vivienda improvisada de Catarina está la de Lasnieve Sánchez, una viuda de 70 años, quien teje sombreros de palma para subsistir, pero ahora con el paso de la tormenta "Manuel" se quedó sin fuente de empleo y tampoco ha recibido los 800 pesos bimestrales del programa "70 y más".
"El agua se llevó todo. Mi molina de nixtamal, mis pollitos, chivos, guajolotes, unos sarapes. Quiero que me devuelvan mi casa, que nos apoyen para reubicarnos", expresó.
En el campamento las mujeres se dedican a amamantar a los bebés, los niños juegan entre el lodo y la maleza y los hombres salen temprano para gestionar algún tipo de ayuda para su comunidad.
Hasta ahora, sólo han conseguido que les den despensas, pero no las suficientes.
No hay luz y tampoco agua potable. La ropa se lava en los riachuelos, pero no alcanza a secarse y como es la única muda que tienen sólo la exprimen y se la ponen nuevamente.
"Quieren maíz, comida, quieren un techo", refiere Mercedes, una estudiante de origen indígena que ha denunciado el olvido de las comunidades.
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EMERGEN DE LA TRAGEDIA - PARTE II
Por Henia Prado Hernández
Integrante HUMANOS
ENVIADA
ACATEPEC, Gro.- La mañana del 15 de septiembre, Luis dormía cuando estrepitosamente sintió toneladas de lodo sobre el cuerpo y comenzó a hundirse.
El joven, de 18 años de edad, se ahogaba y su desesperación iba en aumento, pues la cobija que antes le resguardaba del frío en la región de la Montaña, en Guerrero, ahora le cubría el rostro. Con el fango hasta el cuello, Luis movía las extremidades con rapidez intentando salir para poder respirar.
Llegó el momento en que sus fuerzas se agotaron y cuando estaba dispuesto a dejarse morir, escuchó los quejidos de sus padres que se encontraban en la misma situación.
La familia García Alfonso, conformada por ocho integrantes, vivía en la comunidad Plan Ojo de Agua, en el Municipio de Acatepec, al pie de los cerros. Las lluvias de la tormenta "Manuel", que no cesaron durante tres días, reblandecieron la tierra y un enorme alud cayó sobre su casa de adobe.
En el interior, y en la misma cama, dormían Fidel, de 39 años de edad; Otilia, de 35; Luis, de 18; Claudio, de 16; Andrea, de 12; Josefina, de 10; Sandra, de 5 y Martina, de 4. Todos quedaron sepultados, cuando el lodo les echó encima una de las paredes y los cubrió.
Los lamentos de sus padres dieron a Luis fuerzas sobrenaturales, pues además de gritar pidiendo auxilio, logró emerger de la tierra chiclosa. Segundos después, llegó uno de sus tíos y entre los dos rescataron a los adultos y a tres niños.
A las 5 de la mañana, y con una lluvia constante, el riesgo de otro derrumbe era inminente por lo que suspendieron la búsqueda y decidieron resguardarse en el pueblo.
"Estaba gritando de la desesperación porque no podía zafarse. La cobija lo ahogaba, pero el quejido de sus padres le dio fuerzas para salir", contó Adrián, quien tradujo al español las palabras del joven me'phaa.
Por la tarde, familiares de las víctimas llegaron procedentes de Barrancamina -un poblado contiguo- para excavar en el lodo y recuperar los cuerpos de Josefina y Sandra. Los ataúdes de madera fueron tallados por sus propios tíos y primos, y tres días después, fueron sepultadas.
Aunque no llora, la tristeza de Luis se refleja en su rostro pálido y sus ojos hundidos que miran como si estuvieran a punto de estallar en lágrimas, casi no habla. Salvó a la mayor parte de su familia, pero siente frustración por no haber hecho lo mismo con sus hermanitas.
"Dicen que tiene tristeza, pero le quedó el miedo de que vuelva a suceder", refirió Adrián, el traductor.
El desprendimiento del cerro dejó a los García Alfonso sin pertenencias, sin casa, sin nada. Actualmente, habitan en una vivienda prestada y no han recibido ni siquiera una despensa.
Una brigada médica que recorría la zona llegó a Plan Ojo de Agua y los atendió. Fidel resultó con una fuerte lesión en la pierna y Martina tiene un raspón en el pómulo derecho.
En Plan Ojo de Agua, donde habitan más de 300 personas, una docena de casas quedó bajo la tierra, no hay luz y las mangueras de distribución de agua están inservibles.
En la comunidad también habita doña Guadalupe, quien armó su casa en el patio de su vecina. A la intemperie se observan una mesa, sillas y algunos trastes. Mientras ella hace tortillas que pone sobre un comal, uno de sus bebés duerme en una hamaca atada a dos barrotes.
Hasta ayer, docenas de hombres con pala y pico despejaban el camino para reanudar la comunicación terrestre entre Plan Ojo de Agua y el municipio.
El reporte sobre los trabajos de reconstrucción en la región de la Montaña, tras la tormenta "Manuel" es que hay 700 comunidades indígenas en la zona. 250 poblados incomunicados, en un 60% es el avance de la vía Tlapa-Marquelia y 19 cabeceras municipales tienen conectividad
Crece la marginación en la Montaña
Los niños de la Montaña de Guerrero experimentan con mayor intensidad los estragos causados por el ciclón "Manuel". La tormenta ahondó su desnutrición y analfabetismo.
Pedro tiene 2 años de edad y su estómago es tan grande que parece un balón. Tiene lombrices y no hay médico que lo pueda atender.
Irineo de 8 años, camina más de una hora para llegar a la punta del cerro donde entregan las despensas y trae los productos de regreso.
Silvia de 9, tiene la estatura de una niña de 6 años y desde hace tres semanas sólo come una vez al día.
Alessandra, de 7 años, no puede ir a la primaria porque un derrumbe cubrió el edificio, y Adrián, de 5, perdió ropa y zapatos cuando su familia salió huyendo de la casa para no ser sepultados por un alud.
Sandra, de cinco y Josefina, de 10 años, murieron cuando el cerro se desgajó sobre el cuarto en el que dormían.
"Es el derrumbamiento de las nuevas generaciones. En la Montaña los niños están enfermos, desnutridos y en condiciones insalubres, y los padres, después de esta tragedia de las lluvias, están desesperados buscando hacerse de alimentos, y los niños quedan desamparados, sin atención", expresó Abel Barrera, de la organización Tlachinollan.
La Montaña ocupa el primer lugar en mortalidad materna y en desnutrición infantil. Ahora, sin energía eléctrica, agua potable ni cultivos, la supervivencia tiene un costo mayor.
Los técnicos en emergencias que acudían una vez por semana a las poblaciones dejaron de ir porque los caminos están arruinados. Entonces, no hay remedio para enfermedades; y los maestros no tiene a qué ir, pues las escuelas están dañadas.
CRUZAN CERROS POR APOYO
Henia Prado
Enviada
COCHOAPA EL GRANDE, Gro.-
En la Montaña de Guerrero no hay distinción entre los damnificados de la tormenta "Manuel" y quienes lo han sido desde siempre a causa de la miseria que azota la región.
Todos están en las mismas condiciones: no tienen nada. Por eso, cuando los militares bajan a los poblados a avisar que la ayuda está en el cerro de enfrente, la gente no lo piensa dos veces: deja sus quehaceres del campo y la crianza de los hijos para iniciar la caminata.
Una leche en polvo o unos frijoles en lata son productos que no pueden desperdiciarse.
Los indígenas se arremolinan alrededor de tres carros del Ejército que traen despensas al poblado de Tierra Blanquita, en este Municipio, el más pobre del País.
Algunos ancianos, niños y mujeres han caminado más de cuatro horas atravesando cerros entre terracería, arroyos y maleza para obtener una despensa.
Los militares tratan de organizar a la multitud. Mientras unos cuidan las despensas, otros ordenan hacer una fila que en pocos segundos alcanza más de 100 personas, aparte de las más de 500 que observan.
Pero, además, por el borde de la montaña se ven puntitos multicolores avanzando. Se trata de más personas que se aproximan hacia los carros.
"Aquí sólo quiero al comisario para que me diga quién sí es de la comunidad y no se metan otros. ¡A ver los de San Miguel!", grita un soldado, cuyas palabras tienen que ser traducidas a la lengua na´savi para que la multitud entienda.
La ayuda no es desinteresada: tiene varios remitentes.
Ya hay algunos diciendo que el Alcalde envió las despensas, otros, que vienen del Ayuntamiento de Tlapa; unos más, que las manda el señor Gobernador, así que un hombre exige a los soldados que aclaren el punto.
"Las despensas las manda el Gobierno federal", dice el mando.
Lo cierto es que se trata de donaciones de ciudadanos comunes cuyos productos fueron empaquetados por la Policía Federal -colocaron el logotipo en las bolsas- y que llegaron a la Montaña con apoyo del Ejército.
Incomunicados
Ninguna despensa llega directo a las comunidades afectadas. La accidentada orografía de la región hace impenetrables ciertas poblaciones. No hay caminos, sólo veredas que deben recorrerse a paso constante de ocho horas "a paso na'savi o me'phaa", pues una persona de ciudad hace el doble de tiempo.
A la cotidiana incomunicación se suman los derrumbes provocados por "Manuel"; por tanto, hay que rodear y las rutas son más largas.
Si no es vía aérea, los militares y organizaciones civiles deben coordinar su presencia con anticipación: se avisa a los comisarios y ellos por radio anuncian la llegada de los convoyes en vehículos todoterreno.
Natalia es una de las beneficiadas. Echa el paquete en su rebozo y lo envuelve como si fuera un bebé. Otros lo cargan con la cabeza en un costal, a veces pesa 10 kilos, pero otras 15.
Hay mujeres embarazadas y con bebé en brazos que también transportan las despensas.
Sopa, leche, papel, toallas sanitarias, arroz y masa son los productos más comunes, pero hay otros que causan extrañeza: se les da limpiadores de piso cuando muchos de ellos viven en chozas con pisos de tierra.
"Les traen atún y cosas enlatadas. Ellos no saben consumirlas, ni prepararlas. Por ejemplo, el chícharo y la zanahoria en botes, dicen: ¿qué es esto? No lo sé comer, a algunos niños les hace daño", explicó Mercedes Ortiz, una indígena na´savi.
Son casi las 6 de la tarde, y para esa hora la neblina ya ha copado la sierra y empieza a llover, los militares se dan prisa.
Las 500 despensas no alcanzan ni siquiera para la mitad de la gente. Deberán esperar otra semana, otro mes u otra tormenta antes de que alguien se acuerde de que existen.
Las cifras
Inundadas: 18. 000 familias que tendrán apoyo de 10 mil pesos para enseres. Casas dañadas o reconstrucción: 3.637 casas. Los desplazados son 2. 500 familias en la zona de la Montaña. Los daños al campo son 215 mil hectáreas siniestradas, 103 mil son de maíz y 112 mil de otros cultivos. Los hospitales afectados suman 38 y 7 inhabilitados y que habrá que reconstruir. Las escuelas afectadas son 854 afectadas, 44 necesitan ser reubicadas y 14 sustituidas.
LEVANTAN PRIMERO... LA ESCUELA
Henia Prado
Enviada
MALINALTEPEC, Gro.-
En la primaria Adolfo López Mateos la materia más importante es Geografía, en particular lo que se refiere al cuidado de la tierra.
La lección llegó no sólo en libros, sino de manera abrupta y cruda hace tres semanas, cuando por las fuertes lluvias de la tormenta "Manuel" los pobladores tuvieron que salir huyendo de la comunidad Unión de las Peras para resguardarse en una loma.
Desde entonces, 120 familias -un total de 456 personas, de las cuales una tercera parte son niños- habitan bajo lonas, plásticos y cajas de cartón que armaron como refugio temporal; los menos, se mudaron a Tlapa con sus familiares.
Más que los daños materiales, lo que dolió en las comunidades tras el paso de "Manuel" fue la tristeza de los niños.
"De repente su vida se quedó debajo de la tierra. Los encontramos sentaditos, sin ganas de jugar, sólo sentados. Ellos no encontraban la explicación de lo que pasó", explicó el profesor Misael Bruno.
"Sólo veían a sus papás preocupados por la lluvia, porque no paró en tres días, pero nadie les decía nada. Se veían tristes en sus actitudes y sentíamos feo, por eso teníamos que enseñarles, darles una respuesta, distraerlos".
La comunidad realizó una asamblea de emergencia en la que los principales determinaron que aún sin infraestructura -pues un alud amenaza con caerle encima a la escuela- el ciclo escolar debía reactivarse.
De inmediato, los hombres iniciaron la obra. Colocaron cuatro postes de madera en un espacio de 20 por 5 metros, la mitad del terreno para los niños de tercero y cuarto; la otra para los de quinto y sexto. La única división entre ambos "salones" es una lona azul.
Para los niños más pequeños se acondicionó un cuartito aparte rodeado de hule negro que reduce notoriamente la entrada de luz.
En grupos, regresaron a Unión de las Peras para sacar de la escuela las bancas, escritorios y pizarrones. Las clases iniciaron el lunes.
"Tratando de darles una explicación, los señores grandes les dijeron que era un castigo de Dios.
Nosotros les hemos dicho: 'dense cuenta lo que ha hecho el hombre a la naturaleza. Dense cuenta que donde ocurrieron los deslaves hay brechas, cultivos y carreteras, porque los bosques son parte del planeta y hay que cuidarlos'", contó el profesor.
- ¿Y los niños entendieron?- se le cuestionó.
-¡Sí! Tenemos niños muy activos. Dijeron: 'sí, maestro, yo a veces veo que tiramos basura o que mi papá va a sacar mucha leña o mi mamá lava en la barranca con jabón y eso mata a los pececitos- respondió.
En el refugio la clase empieza a las 9:00 horas, cuando los niños abandonan sus cobertizos. No hay uniforme, a veces ni zapatos. El desayuno es un poco de sopa o arroz que el Ejército prepara en las cocinas comunitarias.
La jornada escolar
Los niños abren los cuadernos que se salvaron de las inundaciones y comienza la lección.
Para los más grandes, el profesor anota cinco preguntas en el pizarrón. "¿La división que delimita las regiones naturales es útil para el estudio de los..?".
Los intermedios iluminan mapas con la división política del Estado de Guerrero y los pequeños aprenden a sumar cantidades de tres cifras. En total son 33 alumnos.
"Aquí se ríen, se sienten más tranquilos. Sólo que se distraen mucho, mire", dijo la maestra Yuribel señalando a un alumno que se asomaba por debajo del plástico para ver a sus otros compañeros que brincaban.
Son las 12:30 horas, en el salón de quinto y sexto José, Rommel, Sergio, Tikiva, Yolotzin, Floribel, Lizeth, Uziel, Jesús, Moisés y Francisco están concentrados en sus apuntes, cuando el maestro les dice que llegó la hora de la clase de educación física.
En ese momento, un estallido de gritos emocionados se escucha en la montaña y los estudiantes abandonan sus mesabancos aprisa para ir al patio, que es afuera de la lona.
"Yo no tengo pans", dijo un niño, inmediatamente otro de sus compañeros lo jala de la mano para llevarlo a jugar.
"A ver, vamos a estirar. Levanten las manos alcanzando el mecate. Ahora, como palomita, al suelo", instruyó el profesor.
Para distraer a los pequeños, el maestro Bruno días antes compró unas pelotas, aros y cuerdas. Cuando él les dice que los tomen, todos corren y empiezan a brincar.
Treinta minutos después, la jornada escolar termina. Mientras los niños descansan, los padres siguen ocupados en gestionar ante las autoridades apoyos de comida, cobertores y láminas.
Malinaltepec es uno de los 19 municipios que conforman la región de la Montaña y uno de los ocho más golpeados por la tormenta "Manuel" además de Metlatónoc, Cochoapa El Grande, Atlamajalcingo del Monte, Tlacoapa, Acatepec, Copanatoyac y Atlixtac.
Se contabilizan 13 mil 280 desplazados y 49 refugios, pero sólo en pocos albergues está la presencia del Ejército para brindar comida y atención médica. Más del 60 por ciento, ubicados en zonas inaccesibles, están en el abandono.
"Hasta ahorita sólo han sido palabras, nos dicen que nos van a reubicar, pero no dicen cuándo", se quejó el comisario Noé Bruno.
ALERTAN ÉXODO DE JORNALEROS
Henia Prado
Enviada
TLAPA
La pérdida de más de 15 mil hectáreas de milpas en la zona de la Montaña tras el paso del ciclón "Manuel" provocará el éxodo 7masivo de jornaleros, alertó la organización Tlachinollan.
"La Montaña vive del maíz. Entonces, cómo entender la vida de los pueblos de los campos si no van a cosechar. La gente todavía celebró el 29 de septiembre el día de San Miguel, el santo de la fertilidad, porque se supone que en esa fecha se acaba el hambre y empieza la relativa abundancia, es decir, los frutos nuevos, el elote tierno, dulce", explicó Abel Barrera, director de la organización Tlachinollan.
"Ahora que no hay maíz es el caos. Se rompió el ciclo agrícola, la naturaleza se enojó, se ha vuelto sobre nosotros. Se ha roto la hermandad comunitaria y ellos entienden que son los gobiernos los que han violentado todo esto porque han prostituido a la madre naturaleza".
La región de la Montaña se caracteriza por la movilidad de personas que se trasladan al norte del país para trabajar en la colecta de frutas y verduras; sin embargo, se prevé que la migración aumente porque no tienen motivo para quedarse, pues los cultivos se dañaron con las lluvias.
Entre 2006 y 2012, Tlachinollan tiene documentada la migración de 40 mil jornaleros provenientes de 362 comunidades de la Montaña. Tan solo de septiembre del año pasado a enero se reportaron 8 mil 400, de los cuales el 57 por ciento son hombres y 47 por ciento, mujeres.
Los meses de migración son noviembre y diciembre, le siguen septiembre, octubre y enero.
En tanto, Sinaloa es el Estado que concentra el 67 por ciento de la movilidad de jornaleros; le sigue Sonora, con el 13 y Chihuahua, con el 5, el resto se reparte en otras entidades
"¿Qué va a pasar? Va a ser un éxodo masivo para buscar trabajo, pero Sinaloa también está en crisis, los dos polos de expulsión y recepción de jornaleros no van a poderle dar respuesta a estas familias, se avecina una crisis mayor de la que ahorita se está sintiendo.
"Ahora el éxodo va a ser muy disperso, muy desesperado. Se van a tener que ir a la ciudad y se va a diversificar en busca de trabajo, de dinero, de comida", advirtió Barrera.
''No hay vacantes''
Lázaro y su cuñado pasaron tres días buscando trabajo en la Ciudad de Tlapa. Fueron a tortillerías, al mercando, tiendas, zapaterías y la respuesta fue la misma: no hay vacantes.
Los jóvenes son de la comunidad de Buenavista, Municipio de Acatepec, uno de los más afectados por las lluvias.
Aunque su casa no fue dañada, la crisis familiar se agravó porque la media hectárea de milpa que sembraron hace más de cuatro meses quedó sepultada cuando el cerro se desgajó.
"No pues, ahora no tenemos que comer. Estuve viniendo pero no hay trabajo, ni en la construcción y ya no me puedo quedar más tiempo porque tengo que pagar un cuartito en las noches y no hay dinero. El pasaje sale en 70 pesos", refirió el hombre de 24 años, quien apenas acaba de casarse.
Para llegar a Buenavista hay que viajar dos horas en vehículo y otras dos a pie, pues la carretera quedó arruinada.
"No me quería ir y dejar a mi familia, pero sin tierra no tenemos a qué quedarnos. La siguiente semana salen los camiones que van a Morelos", comentó el joven de 24 años.
La región de la Montaña se caracteriza por la movilidad de personas para la colecta de frutas y verduras en el norte del país. 8.400 jornaleros migraron de septiembre a enero, 40.000 dejaron la Montaña en seis años y 19 municipios de la zona con declaratoria de desastre
Por Henia Prado Hernández
Integrante HUMANOS
ENVIADA
ACATEPEC, Gro.- La mañana del 15 de septiembre, Luis dormía cuando estrepitosamente sintió toneladas de lodo sobre el cuerpo y comenzó a hundirse.
El joven, de 18 años de edad, se ahogaba y su desesperación iba en aumento, pues la cobija que antes le resguardaba del frío en la región de la Montaña, en Guerrero, ahora le cubría el rostro. Con el fango hasta el cuello, Luis movía las extremidades con rapidez intentando salir para poder respirar.
Llegó el momento en que sus fuerzas se agotaron y cuando estaba dispuesto a dejarse morir, escuchó los quejidos de sus padres que se encontraban en la misma situación.
La familia García Alfonso, conformada por ocho integrantes, vivía en la comunidad Plan Ojo de Agua, en el Municipio de Acatepec, al pie de los cerros. Las lluvias de la tormenta "Manuel", que no cesaron durante tres días, reblandecieron la tierra y un enorme alud cayó sobre su casa de adobe.
En el interior, y en la misma cama, dormían Fidel, de 39 años de edad; Otilia, de 35; Luis, de 18; Claudio, de 16; Andrea, de 12; Josefina, de 10; Sandra, de 5 y Martina, de 4. Todos quedaron sepultados, cuando el lodo les echó encima una de las paredes y los cubrió.
Los lamentos de sus padres dieron a Luis fuerzas sobrenaturales, pues además de gritar pidiendo auxilio, logró emerger de la tierra chiclosa. Segundos después, llegó uno de sus tíos y entre los dos rescataron a los adultos y a tres niños.
A las 5 de la mañana, y con una lluvia constante, el riesgo de otro derrumbe era inminente por lo que suspendieron la búsqueda y decidieron resguardarse en el pueblo.
"Estaba gritando de la desesperación porque no podía zafarse. La cobija lo ahogaba, pero el quejido de sus padres le dio fuerzas para salir", contó Adrián, quien tradujo al español las palabras del joven me'phaa.
Por la tarde, familiares de las víctimas llegaron procedentes de Barrancamina -un poblado contiguo- para excavar en el lodo y recuperar los cuerpos de Josefina y Sandra. Los ataúdes de madera fueron tallados por sus propios tíos y primos, y tres días después, fueron sepultadas.
Aunque no llora, la tristeza de Luis se refleja en su rostro pálido y sus ojos hundidos que miran como si estuvieran a punto de estallar en lágrimas, casi no habla. Salvó a la mayor parte de su familia, pero siente frustración por no haber hecho lo mismo con sus hermanitas.
"Dicen que tiene tristeza, pero le quedó el miedo de que vuelva a suceder", refirió Adrián, el traductor.
El desprendimiento del cerro dejó a los García Alfonso sin pertenencias, sin casa, sin nada. Actualmente, habitan en una vivienda prestada y no han recibido ni siquiera una despensa.
Una brigada médica que recorría la zona llegó a Plan Ojo de Agua y los atendió. Fidel resultó con una fuerte lesión en la pierna y Martina tiene un raspón en el pómulo derecho.
En Plan Ojo de Agua, donde habitan más de 300 personas, una docena de casas quedó bajo la tierra, no hay luz y las mangueras de distribución de agua están inservibles.
En la comunidad también habita doña Guadalupe, quien armó su casa en el patio de su vecina. A la intemperie se observan una mesa, sillas y algunos trastes. Mientras ella hace tortillas que pone sobre un comal, uno de sus bebés duerme en una hamaca atada a dos barrotes.
Hasta ayer, docenas de hombres con pala y pico despejaban el camino para reanudar la comunicación terrestre entre Plan Ojo de Agua y el municipio.
El reporte sobre los trabajos de reconstrucción en la región de la Montaña, tras la tormenta "Manuel" es que hay 700 comunidades indígenas en la zona. 250 poblados incomunicados, en un 60% es el avance de la vía Tlapa-Marquelia y 19 cabeceras municipales tienen conectividad
Crece la marginación en la Montaña
Los niños de la Montaña de Guerrero experimentan con mayor intensidad los estragos causados por el ciclón "Manuel". La tormenta ahondó su desnutrición y analfabetismo.
Pedro tiene 2 años de edad y su estómago es tan grande que parece un balón. Tiene lombrices y no hay médico que lo pueda atender.
Irineo de 8 años, camina más de una hora para llegar a la punta del cerro donde entregan las despensas y trae los productos de regreso.
Silvia de 9, tiene la estatura de una niña de 6 años y desde hace tres semanas sólo come una vez al día.
Alessandra, de 7 años, no puede ir a la primaria porque un derrumbe cubrió el edificio, y Adrián, de 5, perdió ropa y zapatos cuando su familia salió huyendo de la casa para no ser sepultados por un alud.
Sandra, de cinco y Josefina, de 10 años, murieron cuando el cerro se desgajó sobre el cuarto en el que dormían.
"Es el derrumbamiento de las nuevas generaciones. En la Montaña los niños están enfermos, desnutridos y en condiciones insalubres, y los padres, después de esta tragedia de las lluvias, están desesperados buscando hacerse de alimentos, y los niños quedan desamparados, sin atención", expresó Abel Barrera, de la organización Tlachinollan.
La Montaña ocupa el primer lugar en mortalidad materna y en desnutrición infantil. Ahora, sin energía eléctrica, agua potable ni cultivos, la supervivencia tiene un costo mayor.
Los técnicos en emergencias que acudían una vez por semana a las poblaciones dejaron de ir porque los caminos están arruinados. Entonces, no hay remedio para enfermedades; y los maestros no tiene a qué ir, pues las escuelas están dañadas.
CRUZAN CERROS POR APOYO
Henia Prado
Enviada
COCHOAPA EL GRANDE, Gro.-
En la Montaña de Guerrero no hay distinción entre los damnificados de la tormenta "Manuel" y quienes lo han sido desde siempre a causa de la miseria que azota la región.
Todos están en las mismas condiciones: no tienen nada. Por eso, cuando los militares bajan a los poblados a avisar que la ayuda está en el cerro de enfrente, la gente no lo piensa dos veces: deja sus quehaceres del campo y la crianza de los hijos para iniciar la caminata.
Una leche en polvo o unos frijoles en lata son productos que no pueden desperdiciarse.
Los indígenas se arremolinan alrededor de tres carros del Ejército que traen despensas al poblado de Tierra Blanquita, en este Municipio, el más pobre del País.
Algunos ancianos, niños y mujeres han caminado más de cuatro horas atravesando cerros entre terracería, arroyos y maleza para obtener una despensa.
Los militares tratan de organizar a la multitud. Mientras unos cuidan las despensas, otros ordenan hacer una fila que en pocos segundos alcanza más de 100 personas, aparte de las más de 500 que observan.
Pero, además, por el borde de la montaña se ven puntitos multicolores avanzando. Se trata de más personas que se aproximan hacia los carros.
"Aquí sólo quiero al comisario para que me diga quién sí es de la comunidad y no se metan otros. ¡A ver los de San Miguel!", grita un soldado, cuyas palabras tienen que ser traducidas a la lengua na´savi para que la multitud entienda.
La ayuda no es desinteresada: tiene varios remitentes.
Ya hay algunos diciendo que el Alcalde envió las despensas, otros, que vienen del Ayuntamiento de Tlapa; unos más, que las manda el señor Gobernador, así que un hombre exige a los soldados que aclaren el punto.
"Las despensas las manda el Gobierno federal", dice el mando.
Lo cierto es que se trata de donaciones de ciudadanos comunes cuyos productos fueron empaquetados por la Policía Federal -colocaron el logotipo en las bolsas- y que llegaron a la Montaña con apoyo del Ejército.
Incomunicados
Ninguna despensa llega directo a las comunidades afectadas. La accidentada orografía de la región hace impenetrables ciertas poblaciones. No hay caminos, sólo veredas que deben recorrerse a paso constante de ocho horas "a paso na'savi o me'phaa", pues una persona de ciudad hace el doble de tiempo.
A la cotidiana incomunicación se suman los derrumbes provocados por "Manuel"; por tanto, hay que rodear y las rutas son más largas.
Si no es vía aérea, los militares y organizaciones civiles deben coordinar su presencia con anticipación: se avisa a los comisarios y ellos por radio anuncian la llegada de los convoyes en vehículos todoterreno.
Natalia es una de las beneficiadas. Echa el paquete en su rebozo y lo envuelve como si fuera un bebé. Otros lo cargan con la cabeza en un costal, a veces pesa 10 kilos, pero otras 15.
Hay mujeres embarazadas y con bebé en brazos que también transportan las despensas.
Sopa, leche, papel, toallas sanitarias, arroz y masa son los productos más comunes, pero hay otros que causan extrañeza: se les da limpiadores de piso cuando muchos de ellos viven en chozas con pisos de tierra.
"Les traen atún y cosas enlatadas. Ellos no saben consumirlas, ni prepararlas. Por ejemplo, el chícharo y la zanahoria en botes, dicen: ¿qué es esto? No lo sé comer, a algunos niños les hace daño", explicó Mercedes Ortiz, una indígena na´savi.
Son casi las 6 de la tarde, y para esa hora la neblina ya ha copado la sierra y empieza a llover, los militares se dan prisa.
Las 500 despensas no alcanzan ni siquiera para la mitad de la gente. Deberán esperar otra semana, otro mes u otra tormenta antes de que alguien se acuerde de que existen.
Las cifras
Inundadas: 18. 000 familias que tendrán apoyo de 10 mil pesos para enseres. Casas dañadas o reconstrucción: 3.637 casas. Los desplazados son 2. 500 familias en la zona de la Montaña. Los daños al campo son 215 mil hectáreas siniestradas, 103 mil son de maíz y 112 mil de otros cultivos. Los hospitales afectados suman 38 y 7 inhabilitados y que habrá que reconstruir. Las escuelas afectadas son 854 afectadas, 44 necesitan ser reubicadas y 14 sustituidas.
LEVANTAN PRIMERO... LA ESCUELA
Henia Prado
Enviada
MALINALTEPEC, Gro.-
En la primaria Adolfo López Mateos la materia más importante es Geografía, en particular lo que se refiere al cuidado de la tierra.
La lección llegó no sólo en libros, sino de manera abrupta y cruda hace tres semanas, cuando por las fuertes lluvias de la tormenta "Manuel" los pobladores tuvieron que salir huyendo de la comunidad Unión de las Peras para resguardarse en una loma.
Desde entonces, 120 familias -un total de 456 personas, de las cuales una tercera parte son niños- habitan bajo lonas, plásticos y cajas de cartón que armaron como refugio temporal; los menos, se mudaron a Tlapa con sus familiares.
Más que los daños materiales, lo que dolió en las comunidades tras el paso de "Manuel" fue la tristeza de los niños.
"De repente su vida se quedó debajo de la tierra. Los encontramos sentaditos, sin ganas de jugar, sólo sentados. Ellos no encontraban la explicación de lo que pasó", explicó el profesor Misael Bruno.
"Sólo veían a sus papás preocupados por la lluvia, porque no paró en tres días, pero nadie les decía nada. Se veían tristes en sus actitudes y sentíamos feo, por eso teníamos que enseñarles, darles una respuesta, distraerlos".
La comunidad realizó una asamblea de emergencia en la que los principales determinaron que aún sin infraestructura -pues un alud amenaza con caerle encima a la escuela- el ciclo escolar debía reactivarse.
De inmediato, los hombres iniciaron la obra. Colocaron cuatro postes de madera en un espacio de 20 por 5 metros, la mitad del terreno para los niños de tercero y cuarto; la otra para los de quinto y sexto. La única división entre ambos "salones" es una lona azul.
Para los niños más pequeños se acondicionó un cuartito aparte rodeado de hule negro que reduce notoriamente la entrada de luz.
En grupos, regresaron a Unión de las Peras para sacar de la escuela las bancas, escritorios y pizarrones. Las clases iniciaron el lunes.
"Tratando de darles una explicación, los señores grandes les dijeron que era un castigo de Dios.
Nosotros les hemos dicho: 'dense cuenta lo que ha hecho el hombre a la naturaleza. Dense cuenta que donde ocurrieron los deslaves hay brechas, cultivos y carreteras, porque los bosques son parte del planeta y hay que cuidarlos'", contó el profesor.
- ¿Y los niños entendieron?- se le cuestionó.
-¡Sí! Tenemos niños muy activos. Dijeron: 'sí, maestro, yo a veces veo que tiramos basura o que mi papá va a sacar mucha leña o mi mamá lava en la barranca con jabón y eso mata a los pececitos- respondió.
En el refugio la clase empieza a las 9:00 horas, cuando los niños abandonan sus cobertizos. No hay uniforme, a veces ni zapatos. El desayuno es un poco de sopa o arroz que el Ejército prepara en las cocinas comunitarias.
La jornada escolar
Los niños abren los cuadernos que se salvaron de las inundaciones y comienza la lección.
Para los más grandes, el profesor anota cinco preguntas en el pizarrón. "¿La división que delimita las regiones naturales es útil para el estudio de los..?".
Los intermedios iluminan mapas con la división política del Estado de Guerrero y los pequeños aprenden a sumar cantidades de tres cifras. En total son 33 alumnos.
"Aquí se ríen, se sienten más tranquilos. Sólo que se distraen mucho, mire", dijo la maestra Yuribel señalando a un alumno que se asomaba por debajo del plástico para ver a sus otros compañeros que brincaban.
Son las 12:30 horas, en el salón de quinto y sexto José, Rommel, Sergio, Tikiva, Yolotzin, Floribel, Lizeth, Uziel, Jesús, Moisés y Francisco están concentrados en sus apuntes, cuando el maestro les dice que llegó la hora de la clase de educación física.
En ese momento, un estallido de gritos emocionados se escucha en la montaña y los estudiantes abandonan sus mesabancos aprisa para ir al patio, que es afuera de la lona.
"Yo no tengo pans", dijo un niño, inmediatamente otro de sus compañeros lo jala de la mano para llevarlo a jugar.
"A ver, vamos a estirar. Levanten las manos alcanzando el mecate. Ahora, como palomita, al suelo", instruyó el profesor.
Para distraer a los pequeños, el maestro Bruno días antes compró unas pelotas, aros y cuerdas. Cuando él les dice que los tomen, todos corren y empiezan a brincar.
Treinta minutos después, la jornada escolar termina. Mientras los niños descansan, los padres siguen ocupados en gestionar ante las autoridades apoyos de comida, cobertores y láminas.
Malinaltepec es uno de los 19 municipios que conforman la región de la Montaña y uno de los ocho más golpeados por la tormenta "Manuel" además de Metlatónoc, Cochoapa El Grande, Atlamajalcingo del Monte, Tlacoapa, Acatepec, Copanatoyac y Atlixtac.
Se contabilizan 13 mil 280 desplazados y 49 refugios, pero sólo en pocos albergues está la presencia del Ejército para brindar comida y atención médica. Más del 60 por ciento, ubicados en zonas inaccesibles, están en el abandono.
"Hasta ahorita sólo han sido palabras, nos dicen que nos van a reubicar, pero no dicen cuándo", se quejó el comisario Noé Bruno.
ALERTAN ÉXODO DE JORNALEROS
Henia Prado
Enviada
TLAPA
La pérdida de más de 15 mil hectáreas de milpas en la zona de la Montaña tras el paso del ciclón "Manuel" provocará el éxodo 7masivo de jornaleros, alertó la organización Tlachinollan.
"La Montaña vive del maíz. Entonces, cómo entender la vida de los pueblos de los campos si no van a cosechar. La gente todavía celebró el 29 de septiembre el día de San Miguel, el santo de la fertilidad, porque se supone que en esa fecha se acaba el hambre y empieza la relativa abundancia, es decir, los frutos nuevos, el elote tierno, dulce", explicó Abel Barrera, director de la organización Tlachinollan.
"Ahora que no hay maíz es el caos. Se rompió el ciclo agrícola, la naturaleza se enojó, se ha vuelto sobre nosotros. Se ha roto la hermandad comunitaria y ellos entienden que son los gobiernos los que han violentado todo esto porque han prostituido a la madre naturaleza".
La región de la Montaña se caracteriza por la movilidad de personas que se trasladan al norte del país para trabajar en la colecta de frutas y verduras; sin embargo, se prevé que la migración aumente porque no tienen motivo para quedarse, pues los cultivos se dañaron con las lluvias.
Entre 2006 y 2012, Tlachinollan tiene documentada la migración de 40 mil jornaleros provenientes de 362 comunidades de la Montaña. Tan solo de septiembre del año pasado a enero se reportaron 8 mil 400, de los cuales el 57 por ciento son hombres y 47 por ciento, mujeres.
Los meses de migración son noviembre y diciembre, le siguen septiembre, octubre y enero.
En tanto, Sinaloa es el Estado que concentra el 67 por ciento de la movilidad de jornaleros; le sigue Sonora, con el 13 y Chihuahua, con el 5, el resto se reparte en otras entidades
"¿Qué va a pasar? Va a ser un éxodo masivo para buscar trabajo, pero Sinaloa también está en crisis, los dos polos de expulsión y recepción de jornaleros no van a poderle dar respuesta a estas familias, se avecina una crisis mayor de la que ahorita se está sintiendo.
"Ahora el éxodo va a ser muy disperso, muy desesperado. Se van a tener que ir a la ciudad y se va a diversificar en busca de trabajo, de dinero, de comida", advirtió Barrera.
''No hay vacantes''
Lázaro y su cuñado pasaron tres días buscando trabajo en la Ciudad de Tlapa. Fueron a tortillerías, al mercando, tiendas, zapaterías y la respuesta fue la misma: no hay vacantes.
Los jóvenes son de la comunidad de Buenavista, Municipio de Acatepec, uno de los más afectados por las lluvias.
Aunque su casa no fue dañada, la crisis familiar se agravó porque la media hectárea de milpa que sembraron hace más de cuatro meses quedó sepultada cuando el cerro se desgajó.
"No pues, ahora no tenemos que comer. Estuve viniendo pero no hay trabajo, ni en la construcción y ya no me puedo quedar más tiempo porque tengo que pagar un cuartito en las noches y no hay dinero. El pasaje sale en 70 pesos", refirió el hombre de 24 años, quien apenas acaba de casarse.
Para llegar a Buenavista hay que viajar dos horas en vehículo y otras dos a pie, pues la carretera quedó arruinada.
"No me quería ir y dejar a mi familia, pero sin tierra no tenemos a qué quedarnos. La siguiente semana salen los camiones que van a Morelos", comentó el joven de 24 años.
La región de la Montaña se caracteriza por la movilidad de personas para la colecta de frutas y verduras en el norte del país. 8.400 jornaleros migraron de septiembre a enero, 40.000 dejaron la Montaña en seis años y 19 municipios de la zona con declaratoria de desastre
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