MÉXICO
LAS SOMBRAS DE POSIBLES FINANCIACIONES DE NARCOS que
empañan las campañas políticas en México
Redacción HUMANOS
México
El presunto financiamiento de los cárteles del narcotráfico a campañas de políticos mexicanos ha puesto el tema en la palestra nacional, dado que el principal señalamiento es hacia el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien se encuentra ya en su último año de gobierno.
El pasado 30 de enero se publicaron tres reportajes en medios internacionales, de Tim Golden en ProPublica; el de Anabel Hernández, en Deutsche Welle; y el de Steven Dudley en InSight Crime, en los que señalan que supuestamente el Cartel de Sinaloa financió la campaña de AMLO en 2006, siendo la fuente de todos la agencia del gobierno estadounidense Drug Enforcement Administration (DEA).
Semanas después, una investigación exclusiva en el medio mexicano Latinus presentó la declaración de un líder delincuencial en el que señalaba que “Los Zetas”, uno de los grupos criminales más sanguinarios en el país, dieron dinero a la campaña presidencial de López Obrador y “hasta lo apoyaron electoralmente”.
El próximo domingo 2 de junio, en México se celebrarán las elecciones más grandes en su historia, pues se elegirán 20.367 cargos, entre estos, la Presidencia de la República, así como a quienes integrarán el Congreso de la Unión (128 senadores y 500 diputados federales), además de la concurrencia de los 32 estados donde se hará lo propio con ocho gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Congresos Locales, Ayuntamientos, Juntas Municipales y Alcaldías.
Ante la violencia que se ha desatado contra aspirantes y precandidatos a un cargo de elección popular, en diversas partes del país, los especialistas anticipan que 2024 se posicionará como el año más violento, debido al número de cargos en disputa a nivel local, la proliferación de organizaciones criminales, y la diversificación de los mercados ilícitos.
México
El presunto financiamiento de los cárteles del narcotráfico a campañas de políticos mexicanos ha puesto el tema en la palestra nacional, dado que el principal señalamiento es hacia el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien se encuentra ya en su último año de gobierno.
El pasado 30 de enero se publicaron tres reportajes en medios internacionales, de Tim Golden en ProPublica; el de Anabel Hernández, en Deutsche Welle; y el de Steven Dudley en InSight Crime, en los que señalan que supuestamente el Cartel de Sinaloa financió la campaña de AMLO en 2006, siendo la fuente de todos la agencia del gobierno estadounidense Drug Enforcement Administration (DEA).
Semanas después, una investigación exclusiva en el medio mexicano Latinus presentó la declaración de un líder delincuencial en el que señalaba que “Los Zetas”, uno de los grupos criminales más sanguinarios en el país, dieron dinero a la campaña presidencial de López Obrador y “hasta lo apoyaron electoralmente”.
El próximo domingo 2 de junio, en México se celebrarán las elecciones más grandes en su historia, pues se elegirán 20.367 cargos, entre estos, la Presidencia de la República, así como a quienes integrarán el Congreso de la Unión (128 senadores y 500 diputados federales), además de la concurrencia de los 32 estados donde se hará lo propio con ocho gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Congresos Locales, Ayuntamientos, Juntas Municipales y Alcaldías.
Ante la violencia que se ha desatado contra aspirantes y precandidatos a un cargo de elección popular, en diversas partes del país, los especialistas anticipan que 2024 se posicionará como el año más violento, debido al número de cargos en disputa a nivel local, la proliferación de organizaciones criminales, y la diversificación de los mercados ilícitos.
El presidente de la República de México, Andrés Manuel López Obrador
¿GUERRA SUCIA?
La Presidencia de la República calificó como falsos los reportajes sobre el supuesto financiamiento del narco a la campaña presidencial de AMLO en 2006.
En su argumentación, expuso que dichos reportajes solo están basados en entrevistas anónimas y no presentaron afirmaciones contundentes, sino el relato de los agentes cuya investigación fue suspendida por su propia agencia.
Otro de sus puntos de aclaración fue que omitieron mencionar que la DEA realizó la investigación en colaboración con el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos, y que la principal fuente de investigación de la DEA es Roberto López, abogado de los Beltrán Leyva, -uno de los principales cárteles mexicanos-, conocido como ‘Jennifer’, quien desde de 2010 fue testigo protegido.
Elizabeth García Vilchis, directora de Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y vocera de Quién es Quien, en las Mentiras en la conferencia matutina presidencial, apuntó que ninguna de las supuestas revelaciones aporta pruebas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Es más, Mike Vigil, exjefe de operaciones de la DEA, hizo un carrusel de medios y declaró en entrevistas, en estas entrevistas, que cuando leyó el artículo de Tim Golden para ProPublica se dio cuenta (de) que no había ninguna evidencia de lo que estaban tratando de decir, que no había ni una sola prueba. Es evidente que se trata de una campaña, lo cual evidencia el nado sincronizado. Pero este no solamente apareció desde el 30 de enero pasado, sigue hasta el día de hoy, no pararon. Casi todos los medios…”, declaró.
Asimismo, la funcionaria federal acusó a periodistas de “inflar” la tendencia #Narcopresidente, y acotó que menos de la mitad de las cuentas que usaban esta etiqueta, o sea, el 42 por ciento que impulsaron esta tendencia hasta el número uno en México, residen en el país; el resto, es decir, el 58 por ciento, son cuentas del extranjero, lo que significa el uso de bots o robots para mantener la tendencia durante varios días.
En ese sentido -dijo-, destacó por el volumen de tuits Argentina con el 29 por ciento y España con el 14 por ciento, seguidos de Colombia, Estados Unidos y Holanda.
Por su parte, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó que el “PRIAN” ha creado una mafia digital en redes sociales para afectar al movimiento, ya que ambos partidos de oposición habrían orquestado una campaña coordinada desde la red social X (antes Twitter), la cual coincidió con la visita de Xóchitl Gálvez a Estados Unidos, para tratar de vincular al movimiento de transformación con actividades ilícitas.
“Están empeñados en tratar de vincularnos a actividades ilícitas sin pruebas. Tenemos una investigación muy sólida de lo que ocurrió en estos últimos días con una campaña coordinada en Twitter, en la red digital X, que va directamente enfocada a atacar a nuestro presidente y a nuestra candidata”, expuso Delgado.
Según su versión, esta campaña digital se ha orquestado con más de 161 mil cuentas falsas y bots provenientes de más de 50 países (tales como Estados Unidos, Filipinas, India, Japón o China), además de otras 147 mil cuentas vinculadas directamente con el PRI y el PAN. En promedio, 53% del total de ataques en contra del movimiento forman parte de una conversación falsa.
“Sabemos ya perfectamente quiénes son los que inician con los hashtags, con las ideas de ataque. De ahí ellos lanzan y todas las cuentas bots y empiezan a actuar, empiezan a interactuar para generar tendencias. […] Se monitoreó hasta el 10 de febrero y, en promedio, tenemos que más de la mitad de la conversación es falsa. La otra mitad es impulsada por cuentas que forman parte de la mafia digital que han integrado el PRI y el PAN”, agregó.
Mario Delgado aseguró que el financiamiento a estas cuentas falsas ha costado, aproximadamente, un millón de dólares semanales. “Esto no es una acción voluntaria, por ejemplo, de que en Japón convenzan a algunas personas de que se sumen a estas tendencias, o que le hablen a gente de esos 50 países. No, esto cuesta dinero y en la estimación que tenemos es que están invirtiendo ya un millón de dólares a la semana en financiar estas cuentas falsas, en financiar esta guerra sucia para tratar de afectarnos”.
Por último, el presidente de Morena aseveró que en el gobierno de la transformación se combate al narcotráfico y se ha eliminado la corrupción.
En su argumentación, expuso que dichos reportajes solo están basados en entrevistas anónimas y no presentaron afirmaciones contundentes, sino el relato de los agentes cuya investigación fue suspendida por su propia agencia.
Otro de sus puntos de aclaración fue que omitieron mencionar que la DEA realizó la investigación en colaboración con el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos, y que la principal fuente de investigación de la DEA es Roberto López, abogado de los Beltrán Leyva, -uno de los principales cárteles mexicanos-, conocido como ‘Jennifer’, quien desde de 2010 fue testigo protegido.
Elizabeth García Vilchis, directora de Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y vocera de Quién es Quien, en las Mentiras en la conferencia matutina presidencial, apuntó que ninguna de las supuestas revelaciones aporta pruebas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Es más, Mike Vigil, exjefe de operaciones de la DEA, hizo un carrusel de medios y declaró en entrevistas, en estas entrevistas, que cuando leyó el artículo de Tim Golden para ProPublica se dio cuenta (de) que no había ninguna evidencia de lo que estaban tratando de decir, que no había ni una sola prueba. Es evidente que se trata de una campaña, lo cual evidencia el nado sincronizado. Pero este no solamente apareció desde el 30 de enero pasado, sigue hasta el día de hoy, no pararon. Casi todos los medios…”, declaró.
Asimismo, la funcionaria federal acusó a periodistas de “inflar” la tendencia #Narcopresidente, y acotó que menos de la mitad de las cuentas que usaban esta etiqueta, o sea, el 42 por ciento que impulsaron esta tendencia hasta el número uno en México, residen en el país; el resto, es decir, el 58 por ciento, son cuentas del extranjero, lo que significa el uso de bots o robots para mantener la tendencia durante varios días.
En ese sentido -dijo-, destacó por el volumen de tuits Argentina con el 29 por ciento y España con el 14 por ciento, seguidos de Colombia, Estados Unidos y Holanda.
Por su parte, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó que el “PRIAN” ha creado una mafia digital en redes sociales para afectar al movimiento, ya que ambos partidos de oposición habrían orquestado una campaña coordinada desde la red social X (antes Twitter), la cual coincidió con la visita de Xóchitl Gálvez a Estados Unidos, para tratar de vincular al movimiento de transformación con actividades ilícitas.
“Están empeñados en tratar de vincularnos a actividades ilícitas sin pruebas. Tenemos una investigación muy sólida de lo que ocurrió en estos últimos días con una campaña coordinada en Twitter, en la red digital X, que va directamente enfocada a atacar a nuestro presidente y a nuestra candidata”, expuso Delgado.
Según su versión, esta campaña digital se ha orquestado con más de 161 mil cuentas falsas y bots provenientes de más de 50 países (tales como Estados Unidos, Filipinas, India, Japón o China), además de otras 147 mil cuentas vinculadas directamente con el PRI y el PAN. En promedio, 53% del total de ataques en contra del movimiento forman parte de una conversación falsa.
“Sabemos ya perfectamente quiénes son los que inician con los hashtags, con las ideas de ataque. De ahí ellos lanzan y todas las cuentas bots y empiezan a actuar, empiezan a interactuar para generar tendencias. […] Se monitoreó hasta el 10 de febrero y, en promedio, tenemos que más de la mitad de la conversación es falsa. La otra mitad es impulsada por cuentas que forman parte de la mafia digital que han integrado el PRI y el PAN”, agregó.
Mario Delgado aseguró que el financiamiento a estas cuentas falsas ha costado, aproximadamente, un millón de dólares semanales. “Esto no es una acción voluntaria, por ejemplo, de que en Japón convenzan a algunas personas de que se sumen a estas tendencias, o que le hablen a gente de esos 50 países. No, esto cuesta dinero y en la estimación que tenemos es que están invirtiendo ya un millón de dólares a la semana en financiar estas cuentas falsas, en financiar esta guerra sucia para tratar de afectarnos”.
Por último, el presidente de Morena aseveró que en el gobierno de la transformación se combate al narcotráfico y se ha eliminado la corrupción.
LOS ARGUMENTOS PRESIDENCIALES
Por su parte, el presidente López Obrador consideró que la acusación en su contra se suscitó luego de que diera a conocer que hubo un segundo tirador en el asesinato del candidato presidencial priista, Luis Donaldo Colosio Murrieta, perpetrado en 1994 y que el sujeto trabajaba en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
“¿Por qué se enojaron tanto? Yo he andado buscando la explicación del porqué del ataque de un asunto que supuestamente se presenta en la elección del 2006 y que lo desechan desde hace muchos años. ¿Por qué lo sacan? Además, a mí me gustaría que me aclarara el periodista, porque él podría ayudar mucho. Además, es premio mundial de periodismo dos veces. Que me diga quién lo contrató o cómo lo llamaron, porque estaba, parece, en Israel y lo trajeron”, señaló públicamente.
Incluso fue más allá al señalar que el periodista estadounidense, autor de uno de los artículos, tenía vínculos con políticos de oposición.
“Yo no sabía, me llegó un reporte de que este periodista corría con Salinas, o sea, era corresponsal del New York Times. Sí. Y salía a correr con Salinas, muy amigo del Calderón (…) No de Calderón, de Otto Granados, de Carreño Carlón, seguramente de Castañeda, o sea, de todo este grupo. Pero por eso nos ayudaría mucho que él como periodista nos hiciera un relato, cuándo supo del caso, con quién habló, quién lo invitó a venir a México a tratar el caso, cuándo llegó, cuánto tiempo estuvo y, como diría el finado Chico Che, ‘quién pompó’”, comentó.
Y sobre las acusaciones que en entrevista dio Celso Ortega, hoy líder del grupo criminal Los Ardillos, en el sentido de que Los Zetas habían financiado y apoyado a López Obrador, el presidente afirmó que se trató de un montaje.
“Loret ahora fue a entrevistar a un jefe de una banda que le dijo que yo había recibido o me habían entregado recursos, o habían aportado a la campaña en el 2006. Y todo un gran despliegue informativo. Pruebas. ¿Dónde están las pruebas? ¿Y para qué ese montaje? De manera ridícula, un encapuchado. Pero, además, que tiene que atravesar sierras —me dicen, ¿no?— para poder llegar a donde está el campamento de este grupo y el jefe del grupo. Yo creo que eso lo hizo ahí donde tiene su hacienda, aquí en Valle de Bravo debe de tener ahí como los, ¿Cómo se llaman?, los sets. Es sets, ¿no?, de televisión de ahí de Televisa”, espetó.
“¿Por qué se enojaron tanto? Yo he andado buscando la explicación del porqué del ataque de un asunto que supuestamente se presenta en la elección del 2006 y que lo desechan desde hace muchos años. ¿Por qué lo sacan? Además, a mí me gustaría que me aclarara el periodista, porque él podría ayudar mucho. Además, es premio mundial de periodismo dos veces. Que me diga quién lo contrató o cómo lo llamaron, porque estaba, parece, en Israel y lo trajeron”, señaló públicamente.
Incluso fue más allá al señalar que el periodista estadounidense, autor de uno de los artículos, tenía vínculos con políticos de oposición.
“Yo no sabía, me llegó un reporte de que este periodista corría con Salinas, o sea, era corresponsal del New York Times. Sí. Y salía a correr con Salinas, muy amigo del Calderón (…) No de Calderón, de Otto Granados, de Carreño Carlón, seguramente de Castañeda, o sea, de todo este grupo. Pero por eso nos ayudaría mucho que él como periodista nos hiciera un relato, cuándo supo del caso, con quién habló, quién lo invitó a venir a México a tratar el caso, cuándo llegó, cuánto tiempo estuvo y, como diría el finado Chico Che, ‘quién pompó’”, comentó.
Y sobre las acusaciones que en entrevista dio Celso Ortega, hoy líder del grupo criminal Los Ardillos, en el sentido de que Los Zetas habían financiado y apoyado a López Obrador, el presidente afirmó que se trató de un montaje.
“Loret ahora fue a entrevistar a un jefe de una banda que le dijo que yo había recibido o me habían entregado recursos, o habían aportado a la campaña en el 2006. Y todo un gran despliegue informativo. Pruebas. ¿Dónde están las pruebas? ¿Y para qué ese montaje? De manera ridícula, un encapuchado. Pero, además, que tiene que atravesar sierras —me dicen, ¿no?— para poder llegar a donde está el campamento de este grupo y el jefe del grupo. Yo creo que eso lo hizo ahí donde tiene su hacienda, aquí en Valle de Bravo debe de tener ahí como los, ¿Cómo se llaman?, los sets. Es sets, ¿no?, de televisión de ahí de Televisa”, espetó.
Andrés Manuel López Obrador
LA VOZ DE LOS OPOSITORES
Al respecto, el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, advirtió que durante las elecciones que se celebrarán en México el próximo 2 de junio, la coalición opositora (partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática) enfrentará una “elección de Estado y una crisis de inseguridad en manos del crimen organizado”.
Asimismo, insistió que la seguridad de una elección federal, la más grande de la historia de México, es responsabilidad fundamental del Gobierno Federal, por lo que exigió que no eluda su responsabilidad.
"Hoy no hay garantías suficientes para estos comicios, no basta con que a unos y unas candidatas se le asigne un escolta o custodia”, aseveró.
El líder partidista hizo hincapié sobre la situación de inseguridad que enfrenta el país y expuso que "nos estamos ahogando en sangre y en Palacio Nacional están encerrados en una burbuja, no ven, no escuchan, ni toman en cuenta lo que está verdaderamente pasando".
"Quiere que nos olvidemos de las gravísimas acusaciones sobre sus nexos con el crimen organizado, que lo colocan como un narco gobernante, quiere que nos olvidemos de esto, pero no vamos a quitar el dedo del renglón sobre esas acusaciones", aseveró.
Por su parte, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, opinó que más allá de si recibió o no dinero del narcotráfico para su campaña presidencial del 2006, los hechos demuestran, sin sombra de duda, que Andrés Manuel López Obrador convirtió a los cárteles del narcotráfico en los protegidos predilectos de su régimen.
“En un país bañado en sangre, con casi 180 mil muertos, los cárteles del narco se expandieron, se hicieron más grandes, fuertes e impunes al amparo de la política de abrazos, no balazos”, dijo.
Asimismo, recordó que en lo que va de este gobierno han ocurrido 120 mil homicidios dolosos más que los registrados en el gobierno de Vicente Fox Quesada; 60 mil más que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y 24 mil más que en la administración de Enrique Peña Nieto.
Cortés Mendoza explicó que, con la complacencia del gobierno, pagada o no por el dinero del narco, los cárteles comparten el poder político pues en muchas regiones del país los habitantes recurren a los jefes locales para pedir paz en una fiesta o para obtener permisos para comerciar.
“En muchas entidades del país los jefes del narco son más poderosos que López Obrador y, por si esto fuera poco, hoy sabemos que en su momento la DEA investigó la entrega de dos millones de dólares del Cartel de Sinaloa al chofer de López Obrador para la campaña presidencial del 2006. También sabemos que el secretario de la Defensa Nacional advirtió al titular de la Fiscalía General de la República en 2019 sobre el nombramiento de un guardaespaldas de López Obrador en un alto cargo de la SEIDO, a pesar de estar ligado al Cártel de los Beltrán Leyva”, denunció Cortés.
A la par, consideró que con la “complicidad” del gobierno, pagada o no, los narcos despojan de sus tierras y ganado a comunidades enteras, fijan el precio y comercializan los productos básicos, cobran derecho de piso, imponen terror disparando a inocentes en la calle, entran a las cárceles a sacar prisioneros, imponen retenes en carreteras e incluso dan permiso a las madres de desaparecidos para buscar o no en los territorios bajo su dominio.
“El imperio de los cárteles ha provocado un éxodo tan grande en muchos estados, especialmente en Guerrero, Chiapas, Michoacán, Tamaulipas y Zacatecas que, en este sexenio, según investigación de la prensa, más de 300 mil mexicanos desplazados han solicitado asilo en Estados Unidos y cerca de 28 mil en Canadá, por lo que López Obrador, por todas su acciones y omisiones, se ha ganado a pulso la etiqueta #NarcoPresidente”, remató.
En tanto, el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería del Puerto, dijo que el presidente debe limpiar su nombre y el de México por las acusaciones en su contra; y adelantó que propondrá un exhorto para que el presidente de México presente una demanda por las acusaciones sobre un presunto financiamiento del narcotráfico a su campaña en 2006.
Rementería del Puerto puntualizó que, aunque el propio Ejecutivo diga que el caso ya está cerrado, él no ha hecho una demanda por las acusaciones y mucho menos hay un pronunciamiento de las autoridades en los Estados Unidos sobre dicho asunto.
“Es importante que, si el presidente no tiene nada que ver, como lo ha dicho, presente la denuncia correspondiente. No podemos permitir que se siga mancillando el nombre de nuestro país por permitir que una conversación de una investigación que él dice que no es cierta, que ha sido concluida desde hace años, según él menciona, y según la propia canciller ayer lo mencionó, bueno pues lo tiene que aclarar, que se presente la denuncia correspondiente para que haya simplemente una situación en la que ya deje fuera de cualquier duda el prestigio de México y desde luego el prestigio del nombre del Presidente”, añadió.
El representante en la Cámara Alta agregó que hay temas importantes que son de mayor interés para los mexicanos, como la seguridad y la salud.
“Debemos poner atención a los temas que están sucediendo en nuestro país. Y la violencia es uno de ellos. No disminuye, no ha disminuido y francamente no podemos seguir esperando que eso se componga, y temas como este, porque todavía no sabemos que alguna autoridad en los Estados Unidos haya dicho que eso haya concluido, que eso haya investigado y haya sido favorable. No hay nada. Y eso involucra a todos y cada uno de los mexicanos, o quizá como reza el dicho popular, y hay que recordar que los refranes populares son sabios, que el que calla, otorga”, finalizó.
El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, manifestó que, desde antes de las campañas presidenciales de 2006, el dinero del crimen organizado ha estado vinculado con Morena, por lo que consideró lamentable que parezca que el Estado mexicano tiene un apoyo tácito con la delincuencia organizada.
“Lo que queremos nosotros es que verdaderamente asuman las denuncias que tienen. Ha estado documentado por muchas compañeras y compañeros de ustedes, en distintos lugares que, desde el proceso del 2006, antes de las campañas presidenciales, ha estado vinculado el dinero del crimen organizado con Morena. Eso es muy peligroso, muy complicado y no puede darse en nuestro país. Y tiene que haber señalamientos claros, y tiene que haber responsabilidades muy puntuales”, comentó.
Expuso que el dirigente de Morena, Mario Delgado, ha sido señalado en investigaciones de tener vínculos con el crimen organizado, lo cual debe ser aclarado. Destacó que “cuando gana Morena en algún municipio o en algún estado, inmediatamente se asienta el crimen organizado”.
“Lo hemos señalado, ocurrió en el 2021, en el 2022, en el 2023, es lamentable que el Estado mexicano no haga nada, que haga caso omiso, que parezca que tiene un apoyo claro, tácito con la delincuencia organizada. Es una responsabilidad del Estado mexicano, de los tres órdenes de gobierno, garantizar paz, armonía y tranquilidad”, consideró.
Incluso, el candidato presidencial del Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez expuso que “la relación entre política y crimen organizado es así: Las campañas en México se han vuelto prohibitivas en términos de costos. Para las gubernaturas ya son cientos y hasta miles de millones de pesos. Y el crimen ha obtenido, a cambio de financiarlas, control territorial”.
Asimismo, insistió que la seguridad de una elección federal, la más grande de la historia de México, es responsabilidad fundamental del Gobierno Federal, por lo que exigió que no eluda su responsabilidad.
"Hoy no hay garantías suficientes para estos comicios, no basta con que a unos y unas candidatas se le asigne un escolta o custodia”, aseveró.
El líder partidista hizo hincapié sobre la situación de inseguridad que enfrenta el país y expuso que "nos estamos ahogando en sangre y en Palacio Nacional están encerrados en una burbuja, no ven, no escuchan, ni toman en cuenta lo que está verdaderamente pasando".
"Quiere que nos olvidemos de las gravísimas acusaciones sobre sus nexos con el crimen organizado, que lo colocan como un narco gobernante, quiere que nos olvidemos de esto, pero no vamos a quitar el dedo del renglón sobre esas acusaciones", aseveró.
Por su parte, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, opinó que más allá de si recibió o no dinero del narcotráfico para su campaña presidencial del 2006, los hechos demuestran, sin sombra de duda, que Andrés Manuel López Obrador convirtió a los cárteles del narcotráfico en los protegidos predilectos de su régimen.
“En un país bañado en sangre, con casi 180 mil muertos, los cárteles del narco se expandieron, se hicieron más grandes, fuertes e impunes al amparo de la política de abrazos, no balazos”, dijo.
Asimismo, recordó que en lo que va de este gobierno han ocurrido 120 mil homicidios dolosos más que los registrados en el gobierno de Vicente Fox Quesada; 60 mil más que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y 24 mil más que en la administración de Enrique Peña Nieto.
Cortés Mendoza explicó que, con la complacencia del gobierno, pagada o no por el dinero del narco, los cárteles comparten el poder político pues en muchas regiones del país los habitantes recurren a los jefes locales para pedir paz en una fiesta o para obtener permisos para comerciar.
“En muchas entidades del país los jefes del narco son más poderosos que López Obrador y, por si esto fuera poco, hoy sabemos que en su momento la DEA investigó la entrega de dos millones de dólares del Cartel de Sinaloa al chofer de López Obrador para la campaña presidencial del 2006. También sabemos que el secretario de la Defensa Nacional advirtió al titular de la Fiscalía General de la República en 2019 sobre el nombramiento de un guardaespaldas de López Obrador en un alto cargo de la SEIDO, a pesar de estar ligado al Cártel de los Beltrán Leyva”, denunció Cortés.
A la par, consideró que con la “complicidad” del gobierno, pagada o no, los narcos despojan de sus tierras y ganado a comunidades enteras, fijan el precio y comercializan los productos básicos, cobran derecho de piso, imponen terror disparando a inocentes en la calle, entran a las cárceles a sacar prisioneros, imponen retenes en carreteras e incluso dan permiso a las madres de desaparecidos para buscar o no en los territorios bajo su dominio.
“El imperio de los cárteles ha provocado un éxodo tan grande en muchos estados, especialmente en Guerrero, Chiapas, Michoacán, Tamaulipas y Zacatecas que, en este sexenio, según investigación de la prensa, más de 300 mil mexicanos desplazados han solicitado asilo en Estados Unidos y cerca de 28 mil en Canadá, por lo que López Obrador, por todas su acciones y omisiones, se ha ganado a pulso la etiqueta #NarcoPresidente”, remató.
En tanto, el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería del Puerto, dijo que el presidente debe limpiar su nombre y el de México por las acusaciones en su contra; y adelantó que propondrá un exhorto para que el presidente de México presente una demanda por las acusaciones sobre un presunto financiamiento del narcotráfico a su campaña en 2006.
Rementería del Puerto puntualizó que, aunque el propio Ejecutivo diga que el caso ya está cerrado, él no ha hecho una demanda por las acusaciones y mucho menos hay un pronunciamiento de las autoridades en los Estados Unidos sobre dicho asunto.
“Es importante que, si el presidente no tiene nada que ver, como lo ha dicho, presente la denuncia correspondiente. No podemos permitir que se siga mancillando el nombre de nuestro país por permitir que una conversación de una investigación que él dice que no es cierta, que ha sido concluida desde hace años, según él menciona, y según la propia canciller ayer lo mencionó, bueno pues lo tiene que aclarar, que se presente la denuncia correspondiente para que haya simplemente una situación en la que ya deje fuera de cualquier duda el prestigio de México y desde luego el prestigio del nombre del Presidente”, añadió.
El representante en la Cámara Alta agregó que hay temas importantes que son de mayor interés para los mexicanos, como la seguridad y la salud.
“Debemos poner atención a los temas que están sucediendo en nuestro país. Y la violencia es uno de ellos. No disminuye, no ha disminuido y francamente no podemos seguir esperando que eso se componga, y temas como este, porque todavía no sabemos que alguna autoridad en los Estados Unidos haya dicho que eso haya concluido, que eso haya investigado y haya sido favorable. No hay nada. Y eso involucra a todos y cada uno de los mexicanos, o quizá como reza el dicho popular, y hay que recordar que los refranes populares son sabios, que el que calla, otorga”, finalizó.
El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, manifestó que, desde antes de las campañas presidenciales de 2006, el dinero del crimen organizado ha estado vinculado con Morena, por lo que consideró lamentable que parezca que el Estado mexicano tiene un apoyo tácito con la delincuencia organizada.
“Lo que queremos nosotros es que verdaderamente asuman las denuncias que tienen. Ha estado documentado por muchas compañeras y compañeros de ustedes, en distintos lugares que, desde el proceso del 2006, antes de las campañas presidenciales, ha estado vinculado el dinero del crimen organizado con Morena. Eso es muy peligroso, muy complicado y no puede darse en nuestro país. Y tiene que haber señalamientos claros, y tiene que haber responsabilidades muy puntuales”, comentó.
Expuso que el dirigente de Morena, Mario Delgado, ha sido señalado en investigaciones de tener vínculos con el crimen organizado, lo cual debe ser aclarado. Destacó que “cuando gana Morena en algún municipio o en algún estado, inmediatamente se asienta el crimen organizado”.
“Lo hemos señalado, ocurrió en el 2021, en el 2022, en el 2023, es lamentable que el Estado mexicano no haga nada, que haga caso omiso, que parezca que tiene un apoyo claro, tácito con la delincuencia organizada. Es una responsabilidad del Estado mexicano, de los tres órdenes de gobierno, garantizar paz, armonía y tranquilidad”, consideró.
Incluso, el candidato presidencial del Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez expuso que “la relación entre política y crimen organizado es así: Las campañas en México se han vuelto prohibitivas en términos de costos. Para las gubernaturas ya son cientos y hasta miles de millones de pesos. Y el crimen ha obtenido, a cambio de financiarlas, control territorial”.
Coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería
¿LEYES REBASADAS?
A nivel nacional, hay diversas leyes que sancionan el financiamiento ilícito en las campañas políticas. La Ley General de Partidos Políticos, por ejemplo, establece que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través de su Unidad Técnica, podrá solicitar a la unidad administrativa competente en materia de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informes de operaciones financieras ante la presunción sobre el origen ilícito de los recursos aportados a los partidos políticos.
Por su parte, la Ley General en Materia de Delitos Electorales consigna que impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley. La pena prevista en el párrafo anterior se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral l( ).
Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) advirtió, en conferencia de prensa, que el crimen organizado puede provocar la nulidad de una elección.
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó que del 1º de diciembre de 2018 a la fecha, la UIF ha presentado 540 denuncias ante el Ministerio Público y ha presentado denuncias en forma reactiva, o sea, a petición de la autoridad ministerial, en 205 casos.
En 2023 hubo 96 denuncias proactivas; es decir, decididas por la propia unidad, y 70 por petición de la Fiscalía General de la República (FGR), que, entre otras cosas, le solicita a la UIF pronunciamientos.
De ese conjunto, son tres mil 115 personas las que están en las denuncias y dos mil 87 empresas o personas morales en general.
“La colaboración que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera es completa, no solamente con los demás instrumentos de inteligencia del país que pertenecen al gobierno, hay una acción conjunta cuando es indispensable con la Fiscalía General de la República, pero también con las fiscalías de los estados, a ellas también se les entrega información, hay una colaboración, incluso por escrito, pactada en sus reglas, en sus bases y, con el Instituto Nacional Electoral (INE) se ha firmado un nuevo convenio de colaboración que garantiza que tanto la información de la UIF hacia la autoridad electoral, como de la autoridad electoral hacia la UIF, corra sin ningún obstáculo y sin ningún problema. Hay un acuerdo completo sobre temas, procedimientos, mecanismos a través de los cuales vamos a fortalecer esa colaboración”, finalizó.
Por su parte, la Ley General en Materia de Delitos Electorales consigna que impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley. La pena prevista en el párrafo anterior se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral l( ).
Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) advirtió, en conferencia de prensa, que el crimen organizado puede provocar la nulidad de una elección.
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó que del 1º de diciembre de 2018 a la fecha, la UIF ha presentado 540 denuncias ante el Ministerio Público y ha presentado denuncias en forma reactiva, o sea, a petición de la autoridad ministerial, en 205 casos.
En 2023 hubo 96 denuncias proactivas; es decir, decididas por la propia unidad, y 70 por petición de la Fiscalía General de la República (FGR), que, entre otras cosas, le solicita a la UIF pronunciamientos.
De ese conjunto, son tres mil 115 personas las que están en las denuncias y dos mil 87 empresas o personas morales en general.
“La colaboración que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera es completa, no solamente con los demás instrumentos de inteligencia del país que pertenecen al gobierno, hay una acción conjunta cuando es indispensable con la Fiscalía General de la República, pero también con las fiscalías de los estados, a ellas también se les entrega información, hay una colaboración, incluso por escrito, pactada en sus reglas, en sus bases y, con el Instituto Nacional Electoral (INE) se ha firmado un nuevo convenio de colaboración que garantiza que tanto la información de la UIF hacia la autoridad electoral, como de la autoridad electoral hacia la UIF, corra sin ningún obstáculo y sin ningún problema. Hay un acuerdo completo sobre temas, procedimientos, mecanismos a través de los cuales vamos a fortalecer esa colaboración”, finalizó.
RIESGO EN ELECCIONES
De acuerdo con Data Cívica, una asociación civil feminista que realiza análisis de datos, las víctimas de violencia político electoral aumentaron 235.7% de 2018 a 2023 ().
En lo que va de 2024, Integralia Consultores contabiliza 35 víctimas, de las cuales 10 son aspirantes asesinados. El caso más reciente fue el 16 de febrero, cuando fue hallado muerto un regidor y aspirante a presidente municipal del Partido del Trabajo (PT) en el estado de Guerrero, en el Pacífico mexicano.
En su Primer reporte de violencia política – Integralia, señala que son seis las entidades con mayor riesgo de intervención del crimen organizado en las elecciones locales: Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos, así como nueve entidades con un riesgo alto: Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tabasco y Veracruz.
Estos estados, explica, cuentan con acumulación de mercados ilícitos, grupos criminales en conflicto armado, un Estado de derecho débil, celebración de elecciones municipales, y municipios clave para el crimen, altamente competitivos.
Los mismos analistas de Integralia advirtieron como uno de los diez riesgos para México, en este 2024, que los grupos criminales aprovechen la coyuntura electoral para ampliar su control sobre los gobiernos y los mercados locales.
A corto plazo, esto aumenta la violencia política; a mediano plazo, fortalece su autoridad a nivel territorial, dejando vulnerables a las comunidades y organizaciones frente a delitos como extorsiones, cobro de piso o robos.
“Las organizaciones criminales capturan a los gobiernos locales para disponer de recursos clave, como datos personales, dinero público, policías y otros funcionarios a su servicio, entre otros para operar con impunidad, consolidar o diversificar sus áreas de negocios y neutralizar a organizaciones rivales. Aunque dicha captura puede ocurrir en cualquier momento, los grupos criminales aprovechan las coyunturas electorales para mantener o extender su control sobre gobiernos locales”, explicó.
Asimismo, detalló que este fenómeno incrementa los incidentes de violencia político-electoral, es decir, las agresiones físicas o amenazas a personas candidatas y funcionarias públicas o sus círculos cercanos para obligarlas a cooperar con grupos criminales o retirarlas de la contienda electoral, a fin de favorecer a candidatos afines a los intereses de las organizaciones delictivas.
“La incidencia de los grupos delictivos en las elecciones contribuirá a consolidar a los grupos criminales como la principal autoridad a nivel territorial en varias regiones del país, como ya ocurre en algunas entidades que celebrarán elecciones estatales en 2024. La ampliación del dominio territorial del crimen organizado tiene las siguientes implicaciones para el entorno de negocios y la gobernabilidad en las regiones controladas por las organizaciones delictivas: la población se comporta conforme a las reglas de los grupos criminales. De este modo, cualquier ley o garantía individual queda neutralizada en la práctica y sólo sobrevive quien cumpla con las expectativas y las directrices criminales”, agregó.
El magistrado Felipe Mata, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en sesión pública celebrada el pasado 8 de febrero, advirtió también sobre la posible intromisión del crimen organizado en el proceso electoral de 2024: “¿si se puede anular una elección por eventos relacionados con el crimen organizado? La respuesta es: sin duda. El marco normativo, particularmente la ley adjetiva correspondiente, establece supuestos en los cuales se puede anular una elección, ya sea por violación a los principios generales de la elección o por violencia generalizada, tienen que tomarse las decisiones necesarias para que de alguna manera para que esos eventos no sucedan”, expuso.
Al cierre de esta edición, no hay un posicionamiento oficial del gobierno estadounidense sobre si se investiga o no al presidente mexicano; mientras eso sucede, el tema se ha convertido en un escándalo mediático y en bandera política de la oposición en este proceso electoral.
En lo que va de 2024, Integralia Consultores contabiliza 35 víctimas, de las cuales 10 son aspirantes asesinados. El caso más reciente fue el 16 de febrero, cuando fue hallado muerto un regidor y aspirante a presidente municipal del Partido del Trabajo (PT) en el estado de Guerrero, en el Pacífico mexicano.
En su Primer reporte de violencia política – Integralia, señala que son seis las entidades con mayor riesgo de intervención del crimen organizado en las elecciones locales: Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos, así como nueve entidades con un riesgo alto: Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tabasco y Veracruz.
Estos estados, explica, cuentan con acumulación de mercados ilícitos, grupos criminales en conflicto armado, un Estado de derecho débil, celebración de elecciones municipales, y municipios clave para el crimen, altamente competitivos.
Los mismos analistas de Integralia advirtieron como uno de los diez riesgos para México, en este 2024, que los grupos criminales aprovechen la coyuntura electoral para ampliar su control sobre los gobiernos y los mercados locales.
A corto plazo, esto aumenta la violencia política; a mediano plazo, fortalece su autoridad a nivel territorial, dejando vulnerables a las comunidades y organizaciones frente a delitos como extorsiones, cobro de piso o robos.
“Las organizaciones criminales capturan a los gobiernos locales para disponer de recursos clave, como datos personales, dinero público, policías y otros funcionarios a su servicio, entre otros para operar con impunidad, consolidar o diversificar sus áreas de negocios y neutralizar a organizaciones rivales. Aunque dicha captura puede ocurrir en cualquier momento, los grupos criminales aprovechan las coyunturas electorales para mantener o extender su control sobre gobiernos locales”, explicó.
Asimismo, detalló que este fenómeno incrementa los incidentes de violencia político-electoral, es decir, las agresiones físicas o amenazas a personas candidatas y funcionarias públicas o sus círculos cercanos para obligarlas a cooperar con grupos criminales o retirarlas de la contienda electoral, a fin de favorecer a candidatos afines a los intereses de las organizaciones delictivas.
“La incidencia de los grupos delictivos en las elecciones contribuirá a consolidar a los grupos criminales como la principal autoridad a nivel territorial en varias regiones del país, como ya ocurre en algunas entidades que celebrarán elecciones estatales en 2024. La ampliación del dominio territorial del crimen organizado tiene las siguientes implicaciones para el entorno de negocios y la gobernabilidad en las regiones controladas por las organizaciones delictivas: la población se comporta conforme a las reglas de los grupos criminales. De este modo, cualquier ley o garantía individual queda neutralizada en la práctica y sólo sobrevive quien cumpla con las expectativas y las directrices criminales”, agregó.
El magistrado Felipe Mata, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en sesión pública celebrada el pasado 8 de febrero, advirtió también sobre la posible intromisión del crimen organizado en el proceso electoral de 2024: “¿si se puede anular una elección por eventos relacionados con el crimen organizado? La respuesta es: sin duda. El marco normativo, particularmente la ley adjetiva correspondiente, establece supuestos en los cuales se puede anular una elección, ya sea por violación a los principios generales de la elección o por violencia generalizada, tienen que tomarse las decisiones necesarias para que de alguna manera para que esos eventos no sucedan”, expuso.
Al cierre de esta edición, no hay un posicionamiento oficial del gobierno estadounidense sobre si se investiga o no al presidente mexicano; mientras eso sucede, el tema se ha convertido en un escándalo mediático y en bandera política de la oposición en este proceso electoral.
EL DATO
Colima lidera por segundo año consecutivo, con 140.32 homicidios por cada 100,000 habitantes, el 'Ranking 2023 de las 50 ciudades más violentas del mundo', que presentó el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
La segunda urbe más violenta del mundo es Ciudad Obregón, en Sonora, con 117.83 asesinatos por cada 100,000 habitantes.
De las 50 ciudades de la lista, 16 se ubican en México; en Brasil, 10; en Estados Unidos de América, 6; en Colombia, 8; en Sudáfrica, 4; en Honduras, dos, y una de Trinidad y Tobago, Haití, Ecuador y Jamaica.
Tomado de NMás
La segunda urbe más violenta del mundo es Ciudad Obregón, en Sonora, con 117.83 asesinatos por cada 100,000 habitantes.
De las 50 ciudades de la lista, 16 se ubican en México; en Brasil, 10; en Estados Unidos de América, 6; en Colombia, 8; en Sudáfrica, 4; en Honduras, dos, y una de Trinidad y Tobago, Haití, Ecuador y Jamaica.
Tomado de NMás