MÉXICO
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Veracruz, un estado riesgoso para las mujeres Las cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelaron que en 2022 se perpetraron 947 feminicidios en todo el país. Pero la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México reveló que la cifra diaria de asesinatos de mujeres por cuestiones de género pasó de un promedio de nueve a 11, en los últimos dos años.
Al respecto, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Raúl Sapién Santos, expuso que, en los últimos años, se ha visto la necesidad de que todos los asesinatos de mujeres se investiguen bajo el protocolo de feminicidio. “Urge que a nivel nacional se indague la muerte de mujeres como feminicidio, esto implicaría por supuesto, aplicar los protocolos de perspectiva de género y sanciones penales que son superiores al delito de homicidio”, señaló Sapién Santos. |
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Asimismo, recordó que las entidades con más víctimas de feminicidio fueron el Estado de México Nuevo León, Veracruz, Ciudad de México y Oaxaca y, con menos feminicidios, Tlaxcala y Nayarit, Yucatán, Baja California Sur, Aguascalientes, así como Querétaro y Guerrero.
“El problema que tenemos en el país es que los asesinatos de mujeres en México son tipificados por los ministerios públicos, en su mayoría, como homicidios dolosos y son contabilizados de manera separada. No podemos estar seguros de cuántos feminicidios hemos dejado de visibilizar. Y es que, por qué esperar a que un caso sea mediático para atenderlo y llevar una investigación adecuada; urge la implementación de protocolos para que todas las fiscalías colaboren en la prevención y erradicación de este delito a través de las herramientas institucionales de procuración de justicia”, afirmó.
Precisamente Veracruz, estado enclavado en el Golfo de México, es uno de los más peligrosos para niñas, jóvenes y mujeres. Las mismas cifras del gobierno revelan que de los casi mil feminicidios del año pasado, 68 fueron en ahí.
Entre estos casos están los de Rosa Isela, de solo 20 años y 8 meses de embarazo, cuyo cuerpo fue encontrado en un terreno baldío en el Puerto de Veracruz después de días reportada como desaparecida. Al detener a una pareja, estos llevaban consigo a una recién nacida. Yesenia, una niña de secundaria de 13 años. que solo fue a comprar a la tienda unas papas, también fue encontrada muerta en Coatzacoalcos.
“El problema que tenemos en el país es que los asesinatos de mujeres en México son tipificados por los ministerios públicos, en su mayoría, como homicidios dolosos y son contabilizados de manera separada. No podemos estar seguros de cuántos feminicidios hemos dejado de visibilizar. Y es que, por qué esperar a que un caso sea mediático para atenderlo y llevar una investigación adecuada; urge la implementación de protocolos para que todas las fiscalías colaboren en la prevención y erradicación de este delito a través de las herramientas institucionales de procuración de justicia”, afirmó.
Precisamente Veracruz, estado enclavado en el Golfo de México, es uno de los más peligrosos para niñas, jóvenes y mujeres. Las mismas cifras del gobierno revelan que de los casi mil feminicidios del año pasado, 68 fueron en ahí.
Entre estos casos están los de Rosa Isela, de solo 20 años y 8 meses de embarazo, cuyo cuerpo fue encontrado en un terreno baldío en el Puerto de Veracruz después de días reportada como desaparecida. Al detener a una pareja, estos llevaban consigo a una recién nacida. Yesenia, una niña de secundaria de 13 años. que solo fue a comprar a la tienda unas papas, también fue encontrada muerta en Coatzacoalcos.
Tercera Alerta de Género
Por la peligrosidad de Veracruz, la activista Myriam Lagunes Marín indicó que existe un grupo de trabajo que analiza la posibilidad de decretar una tercera alerta de género contra las mujeres por desaparición en el estado de Veracruz.
Desde hace tiempo, estas mujeres buscan acciones de infraestructura y capacitación de personal, así como la ampliación de los presupuestos encaminados a suprimir la desigualdad de género y prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género.
Lagunes Marín opinó que pese a que existen dos alertas de violencia de género no se han destinado recursos públicos para dichas acciones.
“Nada que tenga que ver a destinar recursos a este rubro ha sido cumplido, lo cual nos indica que la atención a esta problemática es meramente un discurso. Tampoco hemos visto materializado el objetivo de transversalizar la perspectiva de género en la administración pública”, agregó.
En ese sentido, señaló que miles de víctimas se acercan a las diversas dependencias estatales en búsqueda de apoyo y se topan con un proceso revictimizante y falto de atención.
En marzo del año pasado, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, un grupo de xalapeñas sembró diez árboles en el Cerro de la Galaxia en memoria de las víctimas de feminicidio en el estado y en el país. Las feministas colocaron hojas de papel con los nombres y unas palabras dirigidas a las mujeres que han sido asesinadas y cuyos casos han sido polémicos a nivel nacional.
Las mujeres plantaron árboles endémicos en dicha área natural protegida, ubicada en la zona norte de la capital veracruzana.
De acuerdo con la titular de la organización no gubernamental “Toda Vida Vale”, Alma Carmona Ortega, Veracruz continúa siendo uno de los estados de la República Mexicana más peligrosos para las mujeres.
“Lo que estamos haciendo el día de hoy es una reforestación conmemorativa por nuestras hermanas víctimas de feminicidio, tanto en México como en el estado de Veracruz”, enfatizó y expuso que con estas acciones se busca sensibilizar a las autoridades y a la sociedad sobre esta problemática que ha golpeado fuertemente a la entidad.
“La problemática es la violencia contra la mujer, la inseguridad para las infancias, para nosotras que día a día batallamos con diversos tipos de violencia y que hoy queremos recordar a aquellas hermanas que han sido asesinadas, que son víctimas de la corrupción, de la violencia, de la injusticia, que hay en nuestro país”, añadió Carmona Ortega.
La activista destacó la importancia de recordar a las víctimas a través de un árbol sembrado en su nombre, mismos que simbolizan el crecimiento y la vida que ellas pudieron haber tenido.
“Le vamos a poner una dedicatoria a cada arbolito con el nombre de cada víctima, de las que han sonado más en México, pero también hay muchas que no tienen nombre, que no tuvieron voz para hacerse público, también por ellas, por todas las que no se hicieron públicos sus casos”, destacó.
Lentitud en las investigaciones
Integrantes de la Colectiva de Sobrevivientes de Feminicidio han protestado afuera de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas para denunciar que la Fiscalía General del Estado (FGE) modifica el delito de tentativa de feminicidio por lesiones, acoso, violencia familiar o hasta robo de ganado para evitar que se visibilicen las estadísticas.
“¡Aquí me cambiaron el delito de tentativa de feminicidio a violencia familiar!”, se lee en algunos de los mensajes.
La feminista Ana Valderrama, mencionó que en ninguno de esta treintena de casos se ha dictado una sentencia contra las presuntos responsables del delito de tentativa de feminicidio.
“Que entiendan que la clasificación errónea de este delito puede tener efectos letales para las víctimas. La diferencia sustancial, radica en que, en el caso del tipo penal de grado de tentativa, el hecho se persigue de oficio, lo que significa la prisión preventiva inmediata”, enfatizaron.
También demandaron al órgano interno de control de esta fiscalía la destitución inmediata de fiscales, peritos y cualquier servidor público “corrupto”, que incumpla los protocolos, que favorezca a los agresores, que cuestione el dicho de las mujeres víctimas y ejerza otros tipos de violencia institucional.
“Omisión, ineficacia, mal manejo o manipulación de pruebas, o cualquier acto que obstruya el acceso a la justicia y ponga en peligro la vida de las mujeres. ¡No queremos que los transfieran a las diferentes fiscalías!, exigimos la destitución de sus cargos y la inhabilitación inmediata!, que sean juzgados conforme a la Ley, por los actos corruptos de los que se les acuse”, exclamaron.
Violencia desde el Gobierno
Pero la violencia contra las veracruzanas se ejerce de diferentes maneras, incluso desde el propio gobierno. El titular de la Secretaría de Gobierno en Veracruz, Eric Cisneros Burgos, informó que el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) actualmente investiga 104 expedientes contra servidores públicos por acoso, aunque hay que hacer mención que el IVM tiene cuatro años trabajando sin una titular, con una encargada de despacho.
Un ejemplo reciente de los casos de acoso lo dio la diputada local priista Arianna Angeles Aguirre, quien expuso casos de hostigamiento laboral, sexual, violencia institucional y laboral en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), donde se han presentado denuncias ante el Órgano Interno de Control, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Fiscalía General del Estado (FGE).
Durante la comparecencia del titular de esa dependencia, entregó documentación al secretario Guillermo Fernández Sánchez, con denuncias relacionadas a los casos que suceden al interior de esa dependencia, pidiéndole se cumpla con la estrategia de coordinación estatal de “cero tolerancia” a la violencia contra mujeres y niñas que puso en marcha el Gobernador el 25 de enero de 2019.
“¿Considera usted que un servidor público que violenta a las mujeres debe continuar al frente de una responsabilidad pública? Porque es evidente que en su dependencia no se acata el protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual. Ante este recinto, le pido que cumpla con su deber ético y profesional como servidor público y que no exista ninguna represalia laboral contra quienes valientemente denunciaron lo que viven en la dependencia que usted encabeza”, dijo.
Por último, la también secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI recalcó que es indignante que se siga tolerando la violencia contra las mujeres desde el poder. Las Diputadas y los Diputados de todas las fuerzas políticas han rechazado y condenado toda forma de violencia de género contra las mujeres y niñas en Veracruz más allá de colores y logotipos.
El 28 de noviembre de 2019, la Fiscalía General del Estado obtuvo la procedencia de vinculación a proceso en contra de Rafael “N” por su presunta responsabilidad en los delitos de hostigamiento sexual y violencia de género en su modalidad de psicológica, en agravio de una víctima de identidad resguardada. Era el secretario particular de la entonces titular, María del Rocío Pérez Pérez.
Previamente, la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas integró la Carpeta de Investigación y obtuvo de un Juez de Control la respectiva orden de aprehensión que fue cumplimentada por agentes ministeriales.
Los hechos ocurrieron en el mes de diciembre del año 2018, marzo y mayo de 2019 en las oficinas de la Secretaría del Medio Ambiente, en donde Rafael “N” presuntamente aprovechó de la relación de jerarquía que existía hacia la víctima para hostigarla de manera continua y acosarla sexualmente.
Dentro del Proceso Penal 398/2019 le fueron imputados los delitos de hostigamiento sexual y violencia de género en su modalidad de psicológica y en continuación de audiencia inicial se le dictó auto de vinculación a Proceso, quedando establecido el plazo de dos meses para la investigación complementaria.
En la misma instancia le fueron confirmadas las medidas cautelares consistentes en presentación periódica ante el Juez, la prohibición de acercarse a la víctima y la suspensión temporal del cargo de servidor público, por el tiempo que dure el procedimiento jurídico en su contra.
Al comparecer hace unos días el nuevo titular, Juan Carlos Contreras Bautista ante el Congreso Local, un grupo de extrabajadores se manifestó a las afueras de dicho poder para denunciar, entre otras cosas, los presuntos casos de acoso sexual y laboral que persisten en la dependencia.
“¡Exigimos respeto! Somos mujeres, no objetos. ¡Podrás amedrentarnos y amenazarnos, pero alzaremos la voz. No más represiones contra las mujeres de la Sedema!”, se leía en sus pancartas.
Otro caso de violencia desde el gobierno se dio contra dos alumnas del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa (ITSX), quienes denunciaron ser víctimas de acoso sexual mientras realizaban su servicio social en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). Fue el propio director del Tecnológico, Walter Luis Saiz González, quien señaló el hecho.
El académico subrayó que no habrá tolerancia a la violencia de género contra las alumnas de dicha institución de educación superior y detalló que las jóvenes fueron acosadas sexualmente por su jefe directo en Sefiplan, por lo que ambas recibieron asesoría y acompañamiento en la Unidad de Género del Tecnológico de Xalapa.
“Tenemos el caso de dos alumnas que fueron a hacer su servicio a Tesorería. El jefe inmediato, superior de ellas, las empezó a acosar. Son alumnas, son niñas, yo así les digo", expresó.
Por lo anterior, las estudiantes presentaron la denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE), donde, después de meses, no hay avances en las investigaciones.
Saiz González consideró que muchas veces las víctimas prefieren no presentar las denuncias por la dilación en cada uno de los casos.
"Ayúdenos a transmitir la información y que las jóvenes denuncien. No quieren porque tienen temor: primero de que se enteren, luego de que no vaya a haber represalias o que les suspendan el servicio social”, insistió el director del Tecnológico, quien añadió que en el ITSX no encubrirá a los acosadores de las alumnas, aunque se trata de funcionarios del gobierno estatal.
“Nosotros aquí no encubrimos, aunque sean integrantes del mismo gobierno, funcionarios públicos, porque iríamos en contra de lo que estamos tratando de enseñar aquí. Han pasado cerca de dos meses y no ha habido acciones”, destacó.
Unos meses antes, el 29 de julio, José Manuel Pozos del Ángel, presentaba su renuncia como el subsecretario de Planeación. Aunque fue señalado de presunta violación en grado de tentativa, su salida se explicó fue para proseguir nuevos proyectos.
Sin embargo, la víctima, Nancy Sánchez Pulido, publicó en sus redes sociales por qué lo denunció ante la Fiscalía.
“Lo anterior a consecuencia de acciones inmorales que ejecutó en contra de mi persona violentando mi dignidad. En ese contexto, aclaro, que contrario a los comentarios que circulan en redes sociales, no se trata de una violación per se, por no haberlo permitido, pero si de una tentativa de.
Esto en razón de que fui privada de mi libertad, y ejercitó contacto físico forzado y no consentido hacia mi persona, aprovechándose de sus ventajas físicas como hombre, así como uso de su posición como servidor público en una relación de supra-subordinación laboral”, detalló. Hasta el cierre de esta edición, no hay sanción contra el funcionario.
Incluso, el año pasado, al comparecer el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos ante el Congreso Local, con motivo del Tercer Informe de Labores, la presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, Anilú Ingram Vallines, le hizo entrega de una tarjeta informativa con casos de presunto acoso sexual y laboral al interior de la Segob que han llegado a dicha comisión.
Durante su intervención, la también Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (GLPRI) subrayó que, en una entidad como Veracruz, segunda en el país con el mayor número de feminicidios, la erradicación de la violencia de género debe ser una prioridad.
“¿Está usted enterado de denuncias de este tipo contra colaboradores suyos y de ser así ¿qué medidas están tomando, tanto para frenar este tipo de acciones reproblables, como castigar a los responsables y, sobre todo, proteger a las víctimas?”, cuestionó.
Asimismo, Ingram Vallines expuso que los funcionarios públicos y representantes populares deben tener dos premisas: creerle a la víctima, además de romper el pacto patriarcal.
“Veracruz necesita de todos y de que cada uno de nosotros cumpla con su deber, por lo que le solicito atentamente nos mantuvieran informados en la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables para lograr una verdadera cero tolerancia a la violencia contra las mujeres en este Gobierno”, finalizó la diputada local para posteriormente hacerle la entrega pública de la ficha informativa.
Unos meses después, el funcionario señalado dejó de ser Director General de Gobernación, aunque la Segob no dio a conocer los motivos de su salida.
Para la titular de la Contraloría General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, es importante que en las oficinas públicas se trabaje para frenar las agresiones y, en general, la violencia y la discriminación contra las mujeres. Como ejemplo citó que, en los primeros tres años, cinco servidores públicos fueron despedidos por acoso.
Pero además afirmó que en este año la Contraloría dio seguimiento a 80 recursos interpuestos por mujeres que se desempeñan en el servicio público; y aclaró que ningún secretario del gabinete había sido investigado por acciones de esta naturaleza.
Según lo expuso, las dependencias veracruzanas que más concentran casos de acoso son Seguridad Pública, Educación y Salud.
La funcionaria estatal sostuvo que las acciones que atenten contra las mujeres en el servicio público deben sancionarse; y que en la Contraloría se ha sancionado, inhabilitado y e incluso solicitado la remoción de algunos funcionarios, presuntos responsables de acciones relacionadas con la violencia de género. Sin embargo, no aportó nombres por cuestiones obvias.
En cuanto a la capacitación de los funcionarios, la Contralora expuso que los ciudadanos exigen a los servidores públicos no sólo la correcta aplicación de los recursos, sino la responsabilidad en el desempeño de sus funciones.
Pese al número de denuncias que existen por acoso sexual y laboral dentro de la estructura de gobierno, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, no ha hecho pronunciamiento alguno al respecto. En la reciente entrega de su informe ante el Congreso Local, en ninguno de los cuatro apartados en los que se suponen vienen datos e información relativa a las obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos humanos, se habla de esta problemática que enfrentan las trabajadoras veracruzanas.
A eso sumemos que, aunque la Fiscalía General del Estado cuenta con una Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas, tampoco ha emitido información alguna sobre los casos al interior de la estructura gubernamental.
De acuerdo con datos de la propia Contraloría del Estado, de los casi 200 casos de acoso y hostigamiento sexual que en 2022 tuvo conocimiento por escrito, apenas han concluido una veintena de estos pues el proceso demora “de cuatro hasta tres años” y muchos se cierran debido a que víctima desiste de seguir el proceso.
Violencia política de género
Desde la creación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, hay un total de 293 registros y 260 personas sancionadas en todo México. Veracruz se mantiene, hasta este 2023, en el segundo lugar nacional, con un 12 por ciento del total de los casos, solo antecedido por Oaxaca, con 36 sanciones.
Hace unos días, la síndica del Ayuntamiento de Coatzintla, Eunice García García, presentó una denuncia contra el presidente municipal, el ahora morenista César Ulises García Vázquez, el secretario del Ayuntamiento, la tesorera, la contralora y el director de Obras Públicas, por presunta violencia política en razón de género. La funcionaria municipal vino a la capital veracruzana para dar detalle de que el munícipe incluso la ha acosado sexualmente por lo que podría también presentar una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado (FGE).
Según lo expuso, el hostigamiento de sus compañeros de trabajo y correligionarios inició por su negativa a firmar los estados financieros del Ayuntamiento por presuntas anomalías en el manejo de los recursos públicos.
Las cifras del INE revelan que, del universo de registros de agresiones, 72 por ciento provienen de autoridades municipales, como en este caso; y aunque aún no aparece en el registro, podría sumarse a Ixhuatlán de Madero, Tlapacoyan, Nautla, Altotonga, Perote, Lerdo de Tejada, Alto Lucero, Coetzala, Córdoba, Pánuco, Acayucan, Chinampa de Gorostiza, Atzalan, Cazones de Herrera, La Antigua, Tlaltetela y el Puerto, que ya han están ahí por violencia simbólica, psicológica, económica, patrimonial, verbal y/o sexual.
Los anteriores, son solo algunos ejemplos de cómo se ejerce la violencia contra niñas, jóvenes y mujeres en uno de los países más violentos del continente; en uno de los estados más peligrosos.
