Nicaragua sin la bendición de Dios:
la Iglesia Católica ora desde el exilio
la Iglesia Católica ora desde el exilio
El Vaticano acogió 19 sacerdotes tras su excarcelación por parte de la dictadura de Daniel Ortega. Estos prelados, se suma a los más de doscientos opositores excarcelados y desterrados hace casi un año. El gobierno de Nicaragua ha calificado a la Iglesia Católica como “una mafia” y a los obispos como “demonios con sotana”
Redacción HUMANOS
Desde hace más de dos meses en el Vaticano, en Roma, al obispo Rolando Álvarez y otros 18 religiosos, oran por su país, Nicaragua desde la Santa Sede, tras ser desterrados por la dictadura de Daniel Ortega.
Los “huéspedes de la Santa Sede” excarcelados y desterrados de Nicaragua, incluye dos obispos, quince sacerdotes y dos seminaristas, que lograron ser trasladados al Vaticano, gracias a las discretas coordinaciones realizadas por el propio papa Francisco y la secretaría de Estado de la Santa Sede en Roma.
Estos prelados se suman ahora a los 222 opositores desterrados hace casi un año por el gobierno de Daniel Ortega.
El prelado Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, al norte del país, opositor a Daniel Ortega y su vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, se le retiró la nacionalidad nicaragüense y fue condenado a 26 años de prisión por conspiración, propagar noticias falsas, obstrucción de la justicia y desacato a la autoridad, tras negarse a ser deportado a Estados Unidos junto a los 222 opositores excarcelados hace casi un año. Previamente estuvo privado de libertad desde agosto de 2022, cuando la policía estableció un cerco en torno a su Diócesis de Matagalpa, a unos 130 kilómetros al norte de Managua.
Como “una mafia” y a los obispos como “demonios con sotana”, había calificado a la iglesia católica el gobierno de Nicaragua después de acusarlos de haber apoyado la rebelión social de 2018.
La lista de los expulsados de Nicaragua incluye al obispo de Siuna (noreste), a monseñor Isidoro Mora y a varios sacerdotes que son autoridades en la Arquidiócesis de Managua, como los vicarios Silvio Fonseca, Miguel Mántica y Carlos Avilés.
Los demás religiosos desterrados fueron identificados como Óscar José Escoto, Jader Danilo Guido, Pablo Villafranca, Héctor Treminio, Marcos Díaz, Fernando Calero, Mykel Monterrey, Raúl Zamora, Gerardo Rodríguez, Ismael Serrano, Jader Hernández y José Gustavo Sandino, así como los seminaristas Alester Sáenz y Tony Palacios.
Esta es la segunda expulsión de sacerdotes que estaban encarcelados en Nicaragua. El 18 de octubre de 2023, el gobierno de Daniel Ortega desterró a 12 curas tras una negociación con el Vaticano.
A inicios de 2024, el papa Francisco expresó su inquietud por la “preocupante situación de Nicaragua” y por la “crisis que se prolonga desde hace tiempo con dolorosas consecuencias para toda la sociedad nicaragüense, en particular para la Iglesia católica”. También hizo un llamado a “un diálogo diplomático respetuoso”.
Desde hace más de dos meses en el Vaticano, en Roma, al obispo Rolando Álvarez y otros 18 religiosos, oran por su país, Nicaragua desde la Santa Sede, tras ser desterrados por la dictadura de Daniel Ortega.
Los “huéspedes de la Santa Sede” excarcelados y desterrados de Nicaragua, incluye dos obispos, quince sacerdotes y dos seminaristas, que lograron ser trasladados al Vaticano, gracias a las discretas coordinaciones realizadas por el propio papa Francisco y la secretaría de Estado de la Santa Sede en Roma.
Estos prelados se suman ahora a los 222 opositores desterrados hace casi un año por el gobierno de Daniel Ortega.
El prelado Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, al norte del país, opositor a Daniel Ortega y su vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, se le retiró la nacionalidad nicaragüense y fue condenado a 26 años de prisión por conspiración, propagar noticias falsas, obstrucción de la justicia y desacato a la autoridad, tras negarse a ser deportado a Estados Unidos junto a los 222 opositores excarcelados hace casi un año. Previamente estuvo privado de libertad desde agosto de 2022, cuando la policía estableció un cerco en torno a su Diócesis de Matagalpa, a unos 130 kilómetros al norte de Managua.
Como “una mafia” y a los obispos como “demonios con sotana”, había calificado a la iglesia católica el gobierno de Nicaragua después de acusarlos de haber apoyado la rebelión social de 2018.
La lista de los expulsados de Nicaragua incluye al obispo de Siuna (noreste), a monseñor Isidoro Mora y a varios sacerdotes que son autoridades en la Arquidiócesis de Managua, como los vicarios Silvio Fonseca, Miguel Mántica y Carlos Avilés.
Los demás religiosos desterrados fueron identificados como Óscar José Escoto, Jader Danilo Guido, Pablo Villafranca, Héctor Treminio, Marcos Díaz, Fernando Calero, Mykel Monterrey, Raúl Zamora, Gerardo Rodríguez, Ismael Serrano, Jader Hernández y José Gustavo Sandino, así como los seminaristas Alester Sáenz y Tony Palacios.
Esta es la segunda expulsión de sacerdotes que estaban encarcelados en Nicaragua. El 18 de octubre de 2023, el gobierno de Daniel Ortega desterró a 12 curas tras una negociación con el Vaticano.
A inicios de 2024, el papa Francisco expresó su inquietud por la “preocupante situación de Nicaragua” y por la “crisis que se prolonga desde hace tiempo con dolorosas consecuencias para toda la sociedad nicaragüense, en particular para la Iglesia católica”. También hizo un llamado a “un diálogo diplomático respetuoso”.
EL OBISPO OPOSITOR
El obispo de la Diócesis de Matagalpa y Administrador Apostólico de la Diócesis de Estelí, monseñor Rolando José Álvarez, permanecía en arresto desde agosto de 2022 y se había negó a ser desterrado de su país, por lo cual fue sentenciado por las autoridades nicaragüenses por supuesta “conspiración” a 26 años de prisión y cuatro meses de prisión.
Los cargos que se le imputaron fueron delitos de conspiración, propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones agravadas y desacato a las autoridades.
El Obispo Álvarez estaba detenido por las autoridades desde el pasado 19 de agosto de 2022 en arresto domiciliario, y desde el 9 de febrero en la cárcel La Modelo de Tipitapa, luego de negarse a abordar el avión junto a otros presos políticos que fueron deportados a los Estados Unidos.
Álvarez pidió reunirse junto a los demás Obispos antes de viajar, y después se negó subir al avión. Luego, en un juicio anticipado al día siguiente, la justicia nicaragüense le privó plenamente de la libertad.
En 2018 monseñor Rolando Álvarez había formado parte de la comisión de diálogo de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que buscaba mediar entre el gobierno y los opositores a las políticas ejercidas en Nicaragua.
En 2022, el gobierno de Nicaragua también expulsó del país al Nuncio Apostólico y a 18 religiosas de la Orden de las Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta. Además, cerró diversos medios de comunicación católicos. Y el pasado 8 de febrero de 2024 quitó la ciudadanía y desterró a seis sacerdotes. Aún, marzo de 2024, permanecen encarcelados otros dos presbíteros.
A través de una carta, el presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de Europa, Comece, cardenal Jean-Claude Cardenal Hollerich, expresó su preocupación por la situación de la Iglesia en Nicaragua “y la persecución a la que está siendo sometida la Iglesia y algunos de sus miembros en Nicaragua en los últimos tiempos”.
“Nos unimos a la voz que clama por la injusticia a la que están siendo sometidos nuestros hermanos en Nicaragua y exigimos su inmediata liberación”, pidieron los obispos de la Unión Europea a través de la Comece.
A su tiempo, el Papa Francisco manifestó su cariño por monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión, acusado de traición a la Patria, así como por los ciudadanos nicaragüenses recientemente deportados por el gobierno de Daniel Ortega a Estados Unidos.
“Las noticias que llegan de Nicaragua me han entristecido mucho, y no puedo dejar de recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, a quien quiero tanto, condenado a 26 años de cárcel, y también a las personas que han sido deportadas a los Estados Unidos”, dijo en su momento el Santo Padre.
Igualmente, el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, Celam, la Conferencia Episcopal Chilena y la Conferencia Episcopal Española, alzaron su voz denunciando las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y repudiando la expulsión del país centroamericano de los opositores políticos al gobierno.
Los cargos que se le imputaron fueron delitos de conspiración, propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones agravadas y desacato a las autoridades.
El Obispo Álvarez estaba detenido por las autoridades desde el pasado 19 de agosto de 2022 en arresto domiciliario, y desde el 9 de febrero en la cárcel La Modelo de Tipitapa, luego de negarse a abordar el avión junto a otros presos políticos que fueron deportados a los Estados Unidos.
Álvarez pidió reunirse junto a los demás Obispos antes de viajar, y después se negó subir al avión. Luego, en un juicio anticipado al día siguiente, la justicia nicaragüense le privó plenamente de la libertad.
En 2018 monseñor Rolando Álvarez había formado parte de la comisión de diálogo de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que buscaba mediar entre el gobierno y los opositores a las políticas ejercidas en Nicaragua.
En 2022, el gobierno de Nicaragua también expulsó del país al Nuncio Apostólico y a 18 religiosas de la Orden de las Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta. Además, cerró diversos medios de comunicación católicos. Y el pasado 8 de febrero de 2024 quitó la ciudadanía y desterró a seis sacerdotes. Aún, marzo de 2024, permanecen encarcelados otros dos presbíteros.
A través de una carta, el presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de Europa, Comece, cardenal Jean-Claude Cardenal Hollerich, expresó su preocupación por la situación de la Iglesia en Nicaragua “y la persecución a la que está siendo sometida la Iglesia y algunos de sus miembros en Nicaragua en los últimos tiempos”.
“Nos unimos a la voz que clama por la injusticia a la que están siendo sometidos nuestros hermanos en Nicaragua y exigimos su inmediata liberación”, pidieron los obispos de la Unión Europea a través de la Comece.
A su tiempo, el Papa Francisco manifestó su cariño por monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión, acusado de traición a la Patria, así como por los ciudadanos nicaragüenses recientemente deportados por el gobierno de Daniel Ortega a Estados Unidos.
“Las noticias que llegan de Nicaragua me han entristecido mucho, y no puedo dejar de recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, a quien quiero tanto, condenado a 26 años de cárcel, y también a las personas que han sido deportadas a los Estados Unidos”, dijo en su momento el Santo Padre.
Igualmente, el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, Celam, la Conferencia Episcopal Chilena y la Conferencia Episcopal Española, alzaron su voz denunciando las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y repudiando la expulsión del país centroamericano de los opositores políticos al gobierno.
OTROS DOCE SACERDOTES "PROCESADOS"
El 18 de octubre de 2023, tras un acuerdo con el Vaticano, fueron enviados a Roma doce sacerdotes "procesados" en Nicaragua por distintos cargos, detenidos o bajo arresto domiciliario y varios de ellos abiertamente críticos al gobierno de Daniel Ortega.
Aunque a la fecha, marzo de 2024, no se ha detallado los cargos bajo los que estaban procesados los sacerdotes ni aclaró cuántos estaban encarcelados o en prisión domiciliaria, las relaciones entre la Iglesia Católica y el gobierno se deterioraron en medio de las fuertes protestas de 2018 contra Daniel Ortega, que se extendieron por al menos tres meses con bloqueos de carreteras y choques entre opositores y oficialistas, y dejaron más de 300 muertos, según la ONU.
El gobierno consideró las protestas como un intento de golpe de Estado promovido por Washington, mientras que Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, así como organismos internacionales, lo acusaron de reprimir a la oposición.
Ante el elevado número de religiosos que han sido conminados a abandonar el país o han sido acusados en tribunales, las relaciones diplomáticas de Managua con el Vaticano están al borde de la ruptura.
El papa Francisco tachó el gobierno de Ortega de "dictadura grosera", y la cancillería nicaragüense sostuvo que se planteó "una suspensión de las relaciones diplomáticas" con la Santa Sede.
Cabe anotar, que el encargado de negocios del Vaticano en Nicaragua, Marcel Diouf, abandonó el país en marzo. El año pasado, Daniel Ortega expulsó el nuncio, Waldemar Stanislaw Sommertag. Nicaragua canceló en agosto de 2023 la personalidad jurídica a la Compañía de Jesús y confiscó la universidad jesuita de Managua por acusaciones de "terrorismo", así como una residencia para sacerdotes aledaña al campus.
Aunque a la fecha, marzo de 2024, no se ha detallado los cargos bajo los que estaban procesados los sacerdotes ni aclaró cuántos estaban encarcelados o en prisión domiciliaria, las relaciones entre la Iglesia Católica y el gobierno se deterioraron en medio de las fuertes protestas de 2018 contra Daniel Ortega, que se extendieron por al menos tres meses con bloqueos de carreteras y choques entre opositores y oficialistas, y dejaron más de 300 muertos, según la ONU.
El gobierno consideró las protestas como un intento de golpe de Estado promovido por Washington, mientras que Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, así como organismos internacionales, lo acusaron de reprimir a la oposición.
Ante el elevado número de religiosos que han sido conminados a abandonar el país o han sido acusados en tribunales, las relaciones diplomáticas de Managua con el Vaticano están al borde de la ruptura.
El papa Francisco tachó el gobierno de Ortega de "dictadura grosera", y la cancillería nicaragüense sostuvo que se planteó "una suspensión de las relaciones diplomáticas" con la Santa Sede.
Cabe anotar, que el encargado de negocios del Vaticano en Nicaragua, Marcel Diouf, abandonó el país en marzo. El año pasado, Daniel Ortega expulsó el nuncio, Waldemar Stanislaw Sommertag. Nicaragua canceló en agosto de 2023 la personalidad jurídica a la Compañía de Jesús y confiscó la universidad jesuita de Managua por acusaciones de "terrorismo", así como una residencia para sacerdotes aledaña al campus.