CHILE
Del modelo de seguridad, al auge de la violencia
Por: Francisca López (*) y Yasnarie López
Integrante HUMANOS
Es martes 21 de marzo del 2024 y en una localidad de Viña del Mar, que está llena de grandes casonas y árboles, se encuentra Margot sentada en un piso de plástico afuera de una casa que tiene una ventana trizada, una vivienda en donde las cortinas no dejan entrever lo que hay dentro, una morada en donde la pintura blanca se ve opaca por el paso de los años. Ahí, en medio de un patio grande con mucha maleza, está ella. La joven psicóloga que viste con una polera negra, pantalones rojos y unas botas negras, tiene 30 años y un hijo de 16.
Desde su infancia, su madre le infligía castigos físicos, repitiendo incesantemente: "Ojalá te marcharas de aquí". En una tarde del año 2005, cuando apenas tenía once años, se cruzó, vía Fotolog, con un hombre de veinticuatro años residente en Temuco. En su desesperada búsqueda de una vía de escape, lo percibió como la opción más factible para liberarse del entorno familiar opresivo.
A los tres meses de conocerlo, Margot quedó embarazada. “En mi mente de niña pensé, ya que no tengo a mi familia, entonces voy hacer la mía propia”, recuerda. A los 15 años, luego de diversos abusos físicos y sexuales, decidió demandarlo. La joven volvió a casa de su madre. Desde esa edad hasta los 20 años tuvo otra relación, con una persona once años mayor, quien también la abusaba. La psicóloga, a sus 30 años, vivió tres relaciones complejas. En ninguna, según comenta, tuvo justicia.
Según un informe del Ministerio de la Mujer del 2018, la prevalencia de la Violencia Contra la Mujer (VCM) en Chile se ha mantenido estable en los últimos años. Según datos, el 38% de las mujeres en el país (de entre 15 y 65 años) ha experimentado algún tipo de violencia en algún momento de sus vidas. Es importante destacar que una de cada tres mujeres declara haber sido víctima de violencia por parte de su pareja o expareja, lo que representa aproximadamente 3 millones de mujeres en Chile.
En cuanto a la naturaleza de la violencia sufrida, el 36% de las mujeres ha reportado haber sido objeto de violencia psicológica, el 16% ha sufrido violencia física, y el 7% ha experimentado violencia sexual en algún momento de sus vidas.
Sin embargo, a pesar de la magnitud del problema, solo el 30% de las mujeres que han sufrido violencia denunciaron dicho delito. Es relevante mencionar que una considerable parte de estas denuncias no han sido ratificadas, con un porcentaje que oscila entre el 40% y el 67%. Del total de casos de Violencia Intrafamiliar (VIF) denunciados, únicamente el 9% culminó en condena.
Según el estudio de Ipsos, “Chile es el cuarto país del ranking con el porcentaje más alto ante la consigna ‘La violencia contra las mujeres suele ser provocadas por la víctima’, con un 21% que dice estar de acuerdo. Esta opinión se eleva a 25% entre los hombres consultados en el país”.
A pesar de los esfuerzos por visibilizar y combatir este problema, una gran proporción de casos no son denunciados o no culminan en condena, lo que perpetúa un clima de impunidad y desamparo para las víctimas.
Además, las actitudes arraigadas en la sociedad respecto a la violencia contra las mujeres también contribuyen a esta crisis de seguridad. El estudio de Ipsos revela que una parte significativa de la población, incluyendo un porcentaje considerable de hombres, responsabiliza a las propias víctimas de la violencia que sufren.
Por otro lado, la encuesta Ipsos revela datos preocupantes sobre las actitudes sociales hacia la violencia contra las mujeres en Chile, específicamente en lo que respecta a la responsabilidad atribuida a las propias víctimas. El hecho de que un porcentaje significativo de la población, incluyendo a un número considerable de hombres, crea que la violencia contra las mujeres es provocada por las propias víctimas refleja una persistencia de estereotipos de género y una falta de comprensión sobre las dinámicas de poder y control que subyacen a la violencia de género.
En ese sentido, Ariel Erazo abogado y académico de Derecho Procesal de la Universidad Santo Tomás señala que: “La reforma procesal penal puede influir en la manera en que se investigan y juzgan los casos de violencia contra las mujeres. Sin embargo, antes de la reforma Procesal Penal, existía un nivel inquisitivo en la persecución por los delitos. En ese instante se tenía una idea de que se perseguían y se lograban mayores condenas de las que existe hoy en día”. Asimismo, indica que “con la reforma y con el intento de equiparar la legislación chilena a una idea mucho más internacional, se intentó equilibrar un poco la balanza, con el imputado y la defensa. Así es como se creó la figura del Ministerio Público”.
De esta manera, señala Erazo se pasó de un sistema inquisitivo a uno acusatorio. “Ahora, quien tiene el propósito, de investigar, perseguir, acusar y formalizar, es el Ministerio Público. Antes era el juez, el tribunal. Por otra parte, está la defensa, un choque de fuerzas”.
Asimismo, sostiene que la Fiscalía tiene mucha carga de trabajo y el estándar de percusión, tiene que ser tan detallada, tan perfecta posible, para que la defensa no le haga caer la tesis al Ministerio Público. De esta manera, el Tribunal de Garantía, tiene como deber, velar por los derechos del imputado. Por tanto, con este choque de fuerzas, la balanza se equilibró, ya no hay tantas sentencias condenatorias, lo cual hace que no haya tantos éxitos como antes.
A mediados del 2017, Chile destacaba como uno de los países más estables de Latinoamérica. De esta manera, el índice Global de Paz de ese mismo año, el país ostentaba el puesto número 24 en la lista de los países más seguros del mundo, posicionándose como el líder en términos de seguridad. Le seguían Costa Rica en el lugar 34 y Uruguay en el 35. Por otro lado, Argentina se ubicaba en el puesto 55, seguido por Perú en el 71. En contraste, México figuraba en el lugar 142, seguido de Venezuela en el 143 y Colombia en el 146, destacándose como los países más peligrosos de la región, según el índice mencionado.
En Chile, durante el año 2017, la tasa de victimización en hogares por delitos de mayor connotación social alcanzó el 28%. La percepción de las personas sobre el aumento de la delincuencia en sus barrios se situó en un 45,2%, mientras que la percepción del aumento de la delincuencia a nivel nacional fue del 80,8%.
Además, la tasa de victimización personal por delitos de mayor connotación social se ubicó en el 10,4%, incluyendo a aquellos que fueron víctimas de robo con violencia e intimidación, robo por sorpresa, hurto y lesiones. Según el Servicio Nacional de Estadísticas, el número de mujeres víctimas de violencia de género con órdenes de protección o medidas cautelares inscritas en el Registro fue de 29,008.
En Argentina, según la Encuesta Nacional de Victimización, el 2017 la tasa de inseguridad fue de un 85,1%, mientras que el 19,9% de las personas de 18 años y más, fue víctima de al menos un delito de este tipo en 2016. El 7,5% de las personas fue víctima del delito de mayor prevalencia: el hurto personal. Asimismo, en cuanto a los asesinatos a nivel global ocupó el puesto 118 con 2.317. En cuanto a la violencia de género se presentaron 86.700 denuncias.
En relación con México, según Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) en el mismo año, se calculó que el 75.9% de la población de 18 años en adelante percibió que vivir en su ciudad era inseguro.
Durante los últimos tres meses de 2017, a nivel nacional, el 62.9% de los habitantes dejaron de llevar consigo objetos de valor; el 55.9% restringió la salida de menores de su vivienda; el 53.1% evitó caminar por la noche en los alrededores de su hogar; y el 35.9% decidió no visitar a familiares. El 66.1% de las mujeres mayores de 15 años sufrieron algún incidente de violencia por parte de cualquier agresor. De estas agresiones, el 43.9% provino de su pareja (ya sea esposo, pareja actual o anterior, o novio) durante su última relación.
Integrante HUMANOS
Es martes 21 de marzo del 2024 y en una localidad de Viña del Mar, que está llena de grandes casonas y árboles, se encuentra Margot sentada en un piso de plástico afuera de una casa que tiene una ventana trizada, una vivienda en donde las cortinas no dejan entrever lo que hay dentro, una morada en donde la pintura blanca se ve opaca por el paso de los años. Ahí, en medio de un patio grande con mucha maleza, está ella. La joven psicóloga que viste con una polera negra, pantalones rojos y unas botas negras, tiene 30 años y un hijo de 16.
Desde su infancia, su madre le infligía castigos físicos, repitiendo incesantemente: "Ojalá te marcharas de aquí". En una tarde del año 2005, cuando apenas tenía once años, se cruzó, vía Fotolog, con un hombre de veinticuatro años residente en Temuco. En su desesperada búsqueda de una vía de escape, lo percibió como la opción más factible para liberarse del entorno familiar opresivo.
A los tres meses de conocerlo, Margot quedó embarazada. “En mi mente de niña pensé, ya que no tengo a mi familia, entonces voy hacer la mía propia”, recuerda. A los 15 años, luego de diversos abusos físicos y sexuales, decidió demandarlo. La joven volvió a casa de su madre. Desde esa edad hasta los 20 años tuvo otra relación, con una persona once años mayor, quien también la abusaba. La psicóloga, a sus 30 años, vivió tres relaciones complejas. En ninguna, según comenta, tuvo justicia.
Según un informe del Ministerio de la Mujer del 2018, la prevalencia de la Violencia Contra la Mujer (VCM) en Chile se ha mantenido estable en los últimos años. Según datos, el 38% de las mujeres en el país (de entre 15 y 65 años) ha experimentado algún tipo de violencia en algún momento de sus vidas. Es importante destacar que una de cada tres mujeres declara haber sido víctima de violencia por parte de su pareja o expareja, lo que representa aproximadamente 3 millones de mujeres en Chile.
En cuanto a la naturaleza de la violencia sufrida, el 36% de las mujeres ha reportado haber sido objeto de violencia psicológica, el 16% ha sufrido violencia física, y el 7% ha experimentado violencia sexual en algún momento de sus vidas.
Sin embargo, a pesar de la magnitud del problema, solo el 30% de las mujeres que han sufrido violencia denunciaron dicho delito. Es relevante mencionar que una considerable parte de estas denuncias no han sido ratificadas, con un porcentaje que oscila entre el 40% y el 67%. Del total de casos de Violencia Intrafamiliar (VIF) denunciados, únicamente el 9% culminó en condena.
Según el estudio de Ipsos, “Chile es el cuarto país del ranking con el porcentaje más alto ante la consigna ‘La violencia contra las mujeres suele ser provocadas por la víctima’, con un 21% que dice estar de acuerdo. Esta opinión se eleva a 25% entre los hombres consultados en el país”.
A pesar de los esfuerzos por visibilizar y combatir este problema, una gran proporción de casos no son denunciados o no culminan en condena, lo que perpetúa un clima de impunidad y desamparo para las víctimas.
Además, las actitudes arraigadas en la sociedad respecto a la violencia contra las mujeres también contribuyen a esta crisis de seguridad. El estudio de Ipsos revela que una parte significativa de la población, incluyendo un porcentaje considerable de hombres, responsabiliza a las propias víctimas de la violencia que sufren.
Por otro lado, la encuesta Ipsos revela datos preocupantes sobre las actitudes sociales hacia la violencia contra las mujeres en Chile, específicamente en lo que respecta a la responsabilidad atribuida a las propias víctimas. El hecho de que un porcentaje significativo de la población, incluyendo a un número considerable de hombres, crea que la violencia contra las mujeres es provocada por las propias víctimas refleja una persistencia de estereotipos de género y una falta de comprensión sobre las dinámicas de poder y control que subyacen a la violencia de género.
En ese sentido, Ariel Erazo abogado y académico de Derecho Procesal de la Universidad Santo Tomás señala que: “La reforma procesal penal puede influir en la manera en que se investigan y juzgan los casos de violencia contra las mujeres. Sin embargo, antes de la reforma Procesal Penal, existía un nivel inquisitivo en la persecución por los delitos. En ese instante se tenía una idea de que se perseguían y se lograban mayores condenas de las que existe hoy en día”. Asimismo, indica que “con la reforma y con el intento de equiparar la legislación chilena a una idea mucho más internacional, se intentó equilibrar un poco la balanza, con el imputado y la defensa. Así es como se creó la figura del Ministerio Público”.
De esta manera, señala Erazo se pasó de un sistema inquisitivo a uno acusatorio. “Ahora, quien tiene el propósito, de investigar, perseguir, acusar y formalizar, es el Ministerio Público. Antes era el juez, el tribunal. Por otra parte, está la defensa, un choque de fuerzas”.
Asimismo, sostiene que la Fiscalía tiene mucha carga de trabajo y el estándar de percusión, tiene que ser tan detallada, tan perfecta posible, para que la defensa no le haga caer la tesis al Ministerio Público. De esta manera, el Tribunal de Garantía, tiene como deber, velar por los derechos del imputado. Por tanto, con este choque de fuerzas, la balanza se equilibró, ya no hay tantas sentencias condenatorias, lo cual hace que no haya tantos éxitos como antes.
A mediados del 2017, Chile destacaba como uno de los países más estables de Latinoamérica. De esta manera, el índice Global de Paz de ese mismo año, el país ostentaba el puesto número 24 en la lista de los países más seguros del mundo, posicionándose como el líder en términos de seguridad. Le seguían Costa Rica en el lugar 34 y Uruguay en el 35. Por otro lado, Argentina se ubicaba en el puesto 55, seguido por Perú en el 71. En contraste, México figuraba en el lugar 142, seguido de Venezuela en el 143 y Colombia en el 146, destacándose como los países más peligrosos de la región, según el índice mencionado.
En Chile, durante el año 2017, la tasa de victimización en hogares por delitos de mayor connotación social alcanzó el 28%. La percepción de las personas sobre el aumento de la delincuencia en sus barrios se situó en un 45,2%, mientras que la percepción del aumento de la delincuencia a nivel nacional fue del 80,8%.
Además, la tasa de victimización personal por delitos de mayor connotación social se ubicó en el 10,4%, incluyendo a aquellos que fueron víctimas de robo con violencia e intimidación, robo por sorpresa, hurto y lesiones. Según el Servicio Nacional de Estadísticas, el número de mujeres víctimas de violencia de género con órdenes de protección o medidas cautelares inscritas en el Registro fue de 29,008.
En Argentina, según la Encuesta Nacional de Victimización, el 2017 la tasa de inseguridad fue de un 85,1%, mientras que el 19,9% de las personas de 18 años y más, fue víctima de al menos un delito de este tipo en 2016. El 7,5% de las personas fue víctima del delito de mayor prevalencia: el hurto personal. Asimismo, en cuanto a los asesinatos a nivel global ocupó el puesto 118 con 2.317. En cuanto a la violencia de género se presentaron 86.700 denuncias.
En relación con México, según Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) en el mismo año, se calculó que el 75.9% de la población de 18 años en adelante percibió que vivir en su ciudad era inseguro.
Durante los últimos tres meses de 2017, a nivel nacional, el 62.9% de los habitantes dejaron de llevar consigo objetos de valor; el 55.9% restringió la salida de menores de su vivienda; el 53.1% evitó caminar por la noche en los alrededores de su hogar; y el 35.9% decidió no visitar a familiares. El 66.1% de las mujeres mayores de 15 años sufrieron algún incidente de violencia por parte de cualquier agresor. De estas agresiones, el 43.9% provino de su pareja (ya sea esposo, pareja actual o anterior, o novio) durante su última relación.
¿QUÉ HA OCURRIDO EN ESTOS AÑOS EN CHILE?
En el escenario político chileno actual, la seguridad se ha erigido como un tema persistente en la agenda legislativa del Gobierno de Chile. A pesar de los esfuerzos por abordar esta preocupación, los resultados parecen no ser los esperados. A medida que se destinan mayores recursos financieros y se promulgan un número significativo de leyes de seguridad, los índices de inseguridad y el miedo entre la población continúan en aumento.
Según el Índice Global de Paz 2023, Chile escaló al puesto 58 en el ranking mundial de seguridad, un incremento de 34 lugares en un lapso de siete años. Al mismo tiempo, a pesar de que la percepción de inseguridad en Chile se sitúa en el 78 a nivel global.
A pesar de que el presupuesto destinado a la seguridad pública para el año 2024 se ha incrementado en un 5,7%, junto con un aumento sustancial en los ingresos de Carabineros. Sin embargo, estos esfuerzos no han logrado disminuir la percepción de inseguridad, que ha alcanzado un máximo histórico del 90,6% según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) de 2022. Pese a ello, Chile aún se encuentra entre los países más seguros de latinoamérica, específicamente en el cuarto lugar luego de Costa Rica, Uruguay y Argentina.
Según Emilio Olguín, psicólogo del programa de consumo de drogas para Adolescentes con Infracción de Ley, uno de los principales factores que contribuyen al comportamiento violento o delictivo de los individuos son las experiencias traumáticas de la infancia. Esto se debe a que el cerebro humano no completa su desarrollo, especialmente la corteza prefrontal, que está muy involucrada en las habilidades prosociales y en la adecuada interacción social, hasta pasados los 20 años. En este sentido, las experiencias, especialmente las tempranas, tienden a moldear gran parte de nuestro funcionamiento diario, incluyendo nuestra respuesta emocional a los estímulos y cómo afrontamos las experiencias cotidianas.
Para el psicólogo, vivir una experiencia traumática afecta el desarrollo emocional de manera significativa, lo que puede llevar a un funcionamiento disfuncional en todos los aspectos de la vida. Una mente traumatizada verá comprometida su capacidad de funcionamiento, lo que puede manifestarse en comportamientos delictivos, violentos y en el consumo de sustancias. Por lo tanto, es crucial entender cómo influye el entorno social en la generación de la violencia y los delitos. Observando los historiales de mis usuarios, se evidencia que en todos, sin excepción, se encuentran instancias repetidas de violencia, ya sea en el ámbito familiar, entre compañeros o en los barrios.
Esto indica que cuando un ciudadano aprende a funcionar en un contexto violento, esa se convierte en la única posibilidad de existencia conocida. No se conocen otras formas de relacionarse más allá de la violencia, y muchos no están familiarizados ni siquiera con el concepto de compasión.
De hecho, para aquellos que han vivido experiencias traumáticas, la compasión puede percibirse como amenazante, ya que el cerebro la procesa como un estímulo amenazante. Esto hace que trabajar con estos perfiles sea bastante difícil, ya que no reconocen lo que es un entorno seguro o una relación segura; están habituados a la violencia.
Para Ariel Erazo, la inseguridad y la delincuencia se ven influidas por tres factores principales: la educación, la planificación urbana y la falta de confianza en las fuerzas policiales.
En los últimos años en Chile, los datos de victimización han mostrado una tendencia menos alarmante. Tan solo el 21,8% de los hogares reportan haber sido víctimas de delitos, una cifra que marca el punto más bajo en una década. Sin embargo, este aparente alivio contrasta drásticamente con el panorama del miedo al delito. Según el Índice 2023 de la Fundación Paz Ciudadana, este ha experimentado un aumento vertiginoso, triplicándose en los últimos cinco años y alcanzando un preocupante 30,5%.
Es por ello, que el presidente de Chile, Gabriel Boric, reconoció el 30 de enero el aumento de la delincuencia, calificando la situación como una "crisis de seguridad", que ha sumido al país en una profunda preocupación por el bienestar ciudadano. Este reconocimiento marcó un punto de inflexión en el debate sobre seguridad en Chile, generando llamados urgentes a la acción para abordar el problema y restaurar la confianza en la sociedad.
En ese contexto, es que en abril de 2023, el Gobierno chileno promulgó la Ley Nain-Retamal, la cual otorga mayor protección a los policías, permitiéndoles hacer uso de sus armas de servicio si se sienten amenazados, y aumenta las penas para los delitos de secuestro y porte de armas. El surgimiento de esta ley responde al significativo aumento de la delincuencia experimentado en Chile durante el año 2022, así como a las presiones ejercidas sobre el Gobierno y el Congreso tras el asesinato de tres carabineros en menos de un mes.
Específicamente, la infracción a la ley de armas fue el delito que más creció en el país entre 2021 y 2022, registrando un aumento cercano al 70%. Además, los delitos de receptación y robo frustrado también aumentaron en más de un 50%.
La preocupación pública por la delincuencia, los asaltos y los robos se refleja claramente en la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), que revela que más de la mitad de los encuestados consideran que este debería ser el principal foco de atención del gobierno.
De acuerdo con Olguín, en Chile, la desigualdad es un rasgo muy marcado, lo que hace que la violencia se vuelva más común en las interacciones sociales, especialmente entre aquellos que son más marginados y vulnerables. Esto se ve exacerbado por factores culturales derivados, en muchos casos, de la falta de educación formal. Por lo tanto, en estratos más vulnerables es más probable que se experimente y se observe violencia.
“Muchas veces encontramos familias donde el delito y el consumo de sustancias se transmiten de una generación a otra. Son historias que se repiten una y otra vez, perpetuando un ciclo intergeneracional de problemas” afirmó.
Según datos extraídos de la Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) correspondiente al período 2022-2023, seis de cada diez mujeres chilenas mayores de 18 años han experimentado uno o más episodios de acoso callejero. Este número alarmante supera el promedio de la población, fijado en un 52%. Por su parte, el 11,6% ha sufrido abuso sexual en su vida (7,0% hombres; 15,9% mujeres). En ese contexto, durante 2022 se registraron 56 mujeres asesinadas por femicidios mientras que en el 2023 hubo 48. En cuanto a este año, hasta la fecha (marzo, 2024) hay 11 femicidios.
La violencia de género representa una flagrante violación de los derechos humanos de las mujeres. Según la ONU Mujeres, se define la violencia contra mujeres y niñas (VCM) como "todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada". Esta forma de violencia tiene repercusiones significativas en la salud física, sexual y mental de las mujeres, tanto a corto como a largo plazo, llegando incluso en su forma más extrema a causar la muerte.
El "Informe Estadístico de Homicidios con Perspectiva de Género: Femicidios y Parricidios 2022", elaborado por la Unidad Especializada de Género en colaboración con la División de Estudios del organismo, arrojó reveladoras cifras. Durante el período comprendido entre los años 2020 y 2022, se registraron un total de 154 femicidios. Destaca el año 2021 como el de mayor incidencia, con 55 casos reportados.
En lo que respecta a los imputados, la mayoría son chilenos, representando entre el 79% (en 2022) y el 84% (en 2021) del total. Sin embargo, el año 2022 mostró un aumento de dos puntos porcentuales en el grupo de imputados extranjeros en comparación con el año anterior, pasando del 15% al 17%.
En cuanto al vínculo entre las víctimas y los imputados, el análisis del año 2022 revela que el más frecuente es el de conviviente, abarcando el 52% de los casos, seguido por aquellos sin ningún vínculo, que representan el 17% del total.
En los últimos días un clamor ha resonado en los pasillos del poder y en las calles de la Región Metropolitana: ¿es la intervención de las Fuerzas Armadas la respuesta a la creciente ola de violencia y delincuencia que asola nuestras comunidades?
Desde diversos sectores, especialmente entre los alcaldes de la Región Metropolitana, se ha elevado una solicitud urgente al Poder Ejecutivo: poner a disposición de las autoridades locales el poderío militar para enfrentar lo que llaman "la lucha contra la delincuencia". Este llamado podría traducirse en un despliegue de las Fuerzas Armadas para resguardar infraestructuras críticas o ejercer labores preventivas en las calles.
Uno de los primeros en levantar la voz fue el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, figura prominente dentro del oficialismo. En una reunión con la ministra del Interior, Vodanovic expresó la necesidad imperiosa de contar con apoyo militar para garantizar la seguridad en su comuna, argumentando la escasez de efectivos policiales y la crisis de seguridad que enfrenta. Su petición recibió respaldo de diversos sectores políticos.
Sobre esta posibilidad de desplegar a los militares en labores de apoyo a la Policía. "Coincidimos en la necesidad de tramitar el proyecto de infraestructura crítica enviado por el Gobierno", expresó la ministra, insinuando la posibilidad de desplegar las Fuerzas Armadas en apoyo a estrategias de seguridad urbanas, con una presencia disuasiva en puntos críticos de infraestructura.
Según el Índice Global de Paz 2023, Chile escaló al puesto 58 en el ranking mundial de seguridad, un incremento de 34 lugares en un lapso de siete años. Al mismo tiempo, a pesar de que la percepción de inseguridad en Chile se sitúa en el 78 a nivel global.
A pesar de que el presupuesto destinado a la seguridad pública para el año 2024 se ha incrementado en un 5,7%, junto con un aumento sustancial en los ingresos de Carabineros. Sin embargo, estos esfuerzos no han logrado disminuir la percepción de inseguridad, que ha alcanzado un máximo histórico del 90,6% según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) de 2022. Pese a ello, Chile aún se encuentra entre los países más seguros de latinoamérica, específicamente en el cuarto lugar luego de Costa Rica, Uruguay y Argentina.
Según Emilio Olguín, psicólogo del programa de consumo de drogas para Adolescentes con Infracción de Ley, uno de los principales factores que contribuyen al comportamiento violento o delictivo de los individuos son las experiencias traumáticas de la infancia. Esto se debe a que el cerebro humano no completa su desarrollo, especialmente la corteza prefrontal, que está muy involucrada en las habilidades prosociales y en la adecuada interacción social, hasta pasados los 20 años. En este sentido, las experiencias, especialmente las tempranas, tienden a moldear gran parte de nuestro funcionamiento diario, incluyendo nuestra respuesta emocional a los estímulos y cómo afrontamos las experiencias cotidianas.
Para el psicólogo, vivir una experiencia traumática afecta el desarrollo emocional de manera significativa, lo que puede llevar a un funcionamiento disfuncional en todos los aspectos de la vida. Una mente traumatizada verá comprometida su capacidad de funcionamiento, lo que puede manifestarse en comportamientos delictivos, violentos y en el consumo de sustancias. Por lo tanto, es crucial entender cómo influye el entorno social en la generación de la violencia y los delitos. Observando los historiales de mis usuarios, se evidencia que en todos, sin excepción, se encuentran instancias repetidas de violencia, ya sea en el ámbito familiar, entre compañeros o en los barrios.
Esto indica que cuando un ciudadano aprende a funcionar en un contexto violento, esa se convierte en la única posibilidad de existencia conocida. No se conocen otras formas de relacionarse más allá de la violencia, y muchos no están familiarizados ni siquiera con el concepto de compasión.
De hecho, para aquellos que han vivido experiencias traumáticas, la compasión puede percibirse como amenazante, ya que el cerebro la procesa como un estímulo amenazante. Esto hace que trabajar con estos perfiles sea bastante difícil, ya que no reconocen lo que es un entorno seguro o una relación segura; están habituados a la violencia.
Para Ariel Erazo, la inseguridad y la delincuencia se ven influidas por tres factores principales: la educación, la planificación urbana y la falta de confianza en las fuerzas policiales.
En los últimos años en Chile, los datos de victimización han mostrado una tendencia menos alarmante. Tan solo el 21,8% de los hogares reportan haber sido víctimas de delitos, una cifra que marca el punto más bajo en una década. Sin embargo, este aparente alivio contrasta drásticamente con el panorama del miedo al delito. Según el Índice 2023 de la Fundación Paz Ciudadana, este ha experimentado un aumento vertiginoso, triplicándose en los últimos cinco años y alcanzando un preocupante 30,5%.
Es por ello, que el presidente de Chile, Gabriel Boric, reconoció el 30 de enero el aumento de la delincuencia, calificando la situación como una "crisis de seguridad", que ha sumido al país en una profunda preocupación por el bienestar ciudadano. Este reconocimiento marcó un punto de inflexión en el debate sobre seguridad en Chile, generando llamados urgentes a la acción para abordar el problema y restaurar la confianza en la sociedad.
En ese contexto, es que en abril de 2023, el Gobierno chileno promulgó la Ley Nain-Retamal, la cual otorga mayor protección a los policías, permitiéndoles hacer uso de sus armas de servicio si se sienten amenazados, y aumenta las penas para los delitos de secuestro y porte de armas. El surgimiento de esta ley responde al significativo aumento de la delincuencia experimentado en Chile durante el año 2022, así como a las presiones ejercidas sobre el Gobierno y el Congreso tras el asesinato de tres carabineros en menos de un mes.
Específicamente, la infracción a la ley de armas fue el delito que más creció en el país entre 2021 y 2022, registrando un aumento cercano al 70%. Además, los delitos de receptación y robo frustrado también aumentaron en más de un 50%.
La preocupación pública por la delincuencia, los asaltos y los robos se refleja claramente en la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), que revela que más de la mitad de los encuestados consideran que este debería ser el principal foco de atención del gobierno.
De acuerdo con Olguín, en Chile, la desigualdad es un rasgo muy marcado, lo que hace que la violencia se vuelva más común en las interacciones sociales, especialmente entre aquellos que son más marginados y vulnerables. Esto se ve exacerbado por factores culturales derivados, en muchos casos, de la falta de educación formal. Por lo tanto, en estratos más vulnerables es más probable que se experimente y se observe violencia.
“Muchas veces encontramos familias donde el delito y el consumo de sustancias se transmiten de una generación a otra. Son historias que se repiten una y otra vez, perpetuando un ciclo intergeneracional de problemas” afirmó.
Según datos extraídos de la Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) correspondiente al período 2022-2023, seis de cada diez mujeres chilenas mayores de 18 años han experimentado uno o más episodios de acoso callejero. Este número alarmante supera el promedio de la población, fijado en un 52%. Por su parte, el 11,6% ha sufrido abuso sexual en su vida (7,0% hombres; 15,9% mujeres). En ese contexto, durante 2022 se registraron 56 mujeres asesinadas por femicidios mientras que en el 2023 hubo 48. En cuanto a este año, hasta la fecha (marzo, 2024) hay 11 femicidios.
La violencia de género representa una flagrante violación de los derechos humanos de las mujeres. Según la ONU Mujeres, se define la violencia contra mujeres y niñas (VCM) como "todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada". Esta forma de violencia tiene repercusiones significativas en la salud física, sexual y mental de las mujeres, tanto a corto como a largo plazo, llegando incluso en su forma más extrema a causar la muerte.
El "Informe Estadístico de Homicidios con Perspectiva de Género: Femicidios y Parricidios 2022", elaborado por la Unidad Especializada de Género en colaboración con la División de Estudios del organismo, arrojó reveladoras cifras. Durante el período comprendido entre los años 2020 y 2022, se registraron un total de 154 femicidios. Destaca el año 2021 como el de mayor incidencia, con 55 casos reportados.
En lo que respecta a los imputados, la mayoría son chilenos, representando entre el 79% (en 2022) y el 84% (en 2021) del total. Sin embargo, el año 2022 mostró un aumento de dos puntos porcentuales en el grupo de imputados extranjeros en comparación con el año anterior, pasando del 15% al 17%.
En cuanto al vínculo entre las víctimas y los imputados, el análisis del año 2022 revela que el más frecuente es el de conviviente, abarcando el 52% de los casos, seguido por aquellos sin ningún vínculo, que representan el 17% del total.
En los últimos días un clamor ha resonado en los pasillos del poder y en las calles de la Región Metropolitana: ¿es la intervención de las Fuerzas Armadas la respuesta a la creciente ola de violencia y delincuencia que asola nuestras comunidades?
Desde diversos sectores, especialmente entre los alcaldes de la Región Metropolitana, se ha elevado una solicitud urgente al Poder Ejecutivo: poner a disposición de las autoridades locales el poderío militar para enfrentar lo que llaman "la lucha contra la delincuencia". Este llamado podría traducirse en un despliegue de las Fuerzas Armadas para resguardar infraestructuras críticas o ejercer labores preventivas en las calles.
Uno de los primeros en levantar la voz fue el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, figura prominente dentro del oficialismo. En una reunión con la ministra del Interior, Vodanovic expresó la necesidad imperiosa de contar con apoyo militar para garantizar la seguridad en su comuna, argumentando la escasez de efectivos policiales y la crisis de seguridad que enfrenta. Su petición recibió respaldo de diversos sectores políticos.
Sobre esta posibilidad de desplegar a los militares en labores de apoyo a la Policía. "Coincidimos en la necesidad de tramitar el proyecto de infraestructura crítica enviado por el Gobierno", expresó la ministra, insinuando la posibilidad de desplegar las Fuerzas Armadas en apoyo a estrategias de seguridad urbanas, con una presencia disuasiva en puntos críticos de infraestructura.
VIOLENCIA INFANTIL Y CICLOS DE ABUSO EN LA VIDA DE MARGOT
En el tranquilo barrio residencial donde Margot pasó su infancia, las apariencias engañaban. Detrás de las puertas cerradas de su hogar en el barrio alto de Viña del Mar, reinaba una atmósfera cargada de tensión y miedo. Margot, criada como hija única, en el seno de un hogar donde el alcoholismo de su padre y el abuso físico y psicológico de su madre eran la norma desde sus primeras memorias. Falta de amor que marcaría su vida en un embarazo con tan solo 11 y en el maltrato de sus tres parejas que casi la llevan a la muerte, todo por la búsqueda de una familia feliz.
“Mis primeros recuerdos respecto al tema fue el manoseo/abuso de amigos de mi papá. Él me llevaba a los pools a jugar. Yo tenía como 5 años y sus amigos me tocaban, luego a los 9 años me intentó violar el papá de mi mejor amiga. Tenía muchos problemas en casa (…) Nunca me creyeron a todo esto esos episodios”.
Fue así hasta los once años, cuando, a través de Fotolog, una plataforma en línea, conoció a un hombre de veinticuatro años que residía en la ciudad de Temuco. Con la esperanza de formar su propio hogar y tener una familia feliz, Margot tomó la decisión de mudarse al sur para vivir con este hombre que le duplicaba la edad, y que eventualmente se convertiría en su primera pareja. En cuanto a su madre, y en palabras de Margot “No le importó, me dijo que por fin me iría de la casa y estaba feliz por no volverme a ver la cara, ella estaba contenta”. Con apenas 12 años quedó embarazada.
El hombre en cuestión no la dejaba estudiar, iba en séptimo año básico y con un bebé que cuidar, la encerraba con llave en casa para que no pudiera salir. Debido a que él no trabajaba, ella debía saltar un muro para buscar sustento económico, estudiar y cuidar de su hijo. “Era una situación nefasta, donde la pasaba realmente mal”.
En medio de una situación desesperada, Margot se vio abandonada por las autoridades y su entorno escolar cuando quedó embarazada. A pesar de que una profesora tuvo conocimiento de su situación, optó por guardar silencio para evitar manchar la reputación de la escuela. El hospital presentó una denuncia, pero la presión de su madre y suegra la llevó a mentir para proteger al hombre involucrado.
Ante la violencia constante, Margot decidió huir con su bebé de regreso a Viña del Mar, solo para encontrarse con la negativa de su madre para recibirlos. Desesperada, buscó ayuda en una Oficina de Protección de Derechos Infantiles, lo que desencadenó una nueva denuncia por vulneración de derechos. Posteriormente, en una audiencia en el Juzgado de Familia, se obligó a su madre a acogerla de vuelta con su hijo, considerando su minoría de edad, 14 años, y la de su hijo que estaba en sus primeros años de vida.
Debido al anhelo de formar una familia feliz, a los quince años, Margot se encontró nuevamente en una relación con un hombre mayor, esta vez de 26 años. Permaneció con este individuo hasta los veinte años. Se trataba de un hombre machista y violento, llegando incluso al extremo de causar lesiones que requerían atención hospitalaria debido a los golpes. “Casi me mató”, recuerda. Fue detenido y enfrentó una audiencia legal, pero la justicia determinó que una orden de alejamiento era una medida suficiente.
El ciclo de abuso persistía “Era la única forma de amor que conocía” comenta. En su tercera relación, una vez más, la violencia de género se hizo presente. El individuo padecía trastorno narcisista y ejercía violencia psicológica y física, lo que llevó a Margot a denunciar por violencia intrafamiliar. Sin embargo, la respuesta fue repetitiva: el Juzgado de Familia y la Fiscalía impusieron una orden de alejamiento, y el individuo ni siquiera fue declarado culpable.
Margot relata su experiencia al intentar obtener ayuda: "Fui dos veces a denunciar a Carabineros. Me decían que resolviera los problemas en casa o simplemente tomaban la declaración y no hacían más. Cuando opté por denunciar a través del Juzgado, me dijeron que no había abogados disponibles y que debía contratar uno de manera privada, exponiendo así que el sistema estaba colapsado. Además, al intentar obtener ayuda del Servicio Nacional de la Mujer, me informaron que no había cupos para atención. Al final, sin apoyo del estado ni de la justicia, tuve que ser mi propia representante."
A pesar de todo lo vivido, Margot decidió comenzar de nuevo. "Fue difícil, me sentía sumergida en un pozo oscuro, básicamente me sentí morir para poder reconstruirme. Fue mi hijo quien me salvó y me impulsó a buscar ayuda de una psicóloga privada. En el consultorio, tenía sesión con la psicóloga una vez al mes durante media hora, pero no me resultaba útil".
Margot señala que la violencia de género siempre ha existido, aunque ahora se visibiliza más. Sin embargo, a pesar de esto, aquellos perpetradores saben que es poco probable que enfrenten consecuencias. Conscientes de la falta de justicia y del colapso del sistema, se aprovechan de la situación y actúan con impunidad.
Para Margot, “lamentablemente para encontrar la paz en este país hay que entender que no hay justicia y no va a haber yo por lo menos por lo menos en un futuro cercano. Yo creo que entendiendo eso, logré estar tranquila y tratar de ver como sobrevivir o sobrellevar las cosas”. finalizó.
“Mis primeros recuerdos respecto al tema fue el manoseo/abuso de amigos de mi papá. Él me llevaba a los pools a jugar. Yo tenía como 5 años y sus amigos me tocaban, luego a los 9 años me intentó violar el papá de mi mejor amiga. Tenía muchos problemas en casa (…) Nunca me creyeron a todo esto esos episodios”.
Fue así hasta los once años, cuando, a través de Fotolog, una plataforma en línea, conoció a un hombre de veinticuatro años que residía en la ciudad de Temuco. Con la esperanza de formar su propio hogar y tener una familia feliz, Margot tomó la decisión de mudarse al sur para vivir con este hombre que le duplicaba la edad, y que eventualmente se convertiría en su primera pareja. En cuanto a su madre, y en palabras de Margot “No le importó, me dijo que por fin me iría de la casa y estaba feliz por no volverme a ver la cara, ella estaba contenta”. Con apenas 12 años quedó embarazada.
El hombre en cuestión no la dejaba estudiar, iba en séptimo año básico y con un bebé que cuidar, la encerraba con llave en casa para que no pudiera salir. Debido a que él no trabajaba, ella debía saltar un muro para buscar sustento económico, estudiar y cuidar de su hijo. “Era una situación nefasta, donde la pasaba realmente mal”.
En medio de una situación desesperada, Margot se vio abandonada por las autoridades y su entorno escolar cuando quedó embarazada. A pesar de que una profesora tuvo conocimiento de su situación, optó por guardar silencio para evitar manchar la reputación de la escuela. El hospital presentó una denuncia, pero la presión de su madre y suegra la llevó a mentir para proteger al hombre involucrado.
Ante la violencia constante, Margot decidió huir con su bebé de regreso a Viña del Mar, solo para encontrarse con la negativa de su madre para recibirlos. Desesperada, buscó ayuda en una Oficina de Protección de Derechos Infantiles, lo que desencadenó una nueva denuncia por vulneración de derechos. Posteriormente, en una audiencia en el Juzgado de Familia, se obligó a su madre a acogerla de vuelta con su hijo, considerando su minoría de edad, 14 años, y la de su hijo que estaba en sus primeros años de vida.
Debido al anhelo de formar una familia feliz, a los quince años, Margot se encontró nuevamente en una relación con un hombre mayor, esta vez de 26 años. Permaneció con este individuo hasta los veinte años. Se trataba de un hombre machista y violento, llegando incluso al extremo de causar lesiones que requerían atención hospitalaria debido a los golpes. “Casi me mató”, recuerda. Fue detenido y enfrentó una audiencia legal, pero la justicia determinó que una orden de alejamiento era una medida suficiente.
El ciclo de abuso persistía “Era la única forma de amor que conocía” comenta. En su tercera relación, una vez más, la violencia de género se hizo presente. El individuo padecía trastorno narcisista y ejercía violencia psicológica y física, lo que llevó a Margot a denunciar por violencia intrafamiliar. Sin embargo, la respuesta fue repetitiva: el Juzgado de Familia y la Fiscalía impusieron una orden de alejamiento, y el individuo ni siquiera fue declarado culpable.
Margot relata su experiencia al intentar obtener ayuda: "Fui dos veces a denunciar a Carabineros. Me decían que resolviera los problemas en casa o simplemente tomaban la declaración y no hacían más. Cuando opté por denunciar a través del Juzgado, me dijeron que no había abogados disponibles y que debía contratar uno de manera privada, exponiendo así que el sistema estaba colapsado. Además, al intentar obtener ayuda del Servicio Nacional de la Mujer, me informaron que no había cupos para atención. Al final, sin apoyo del estado ni de la justicia, tuve que ser mi propia representante."
A pesar de todo lo vivido, Margot decidió comenzar de nuevo. "Fue difícil, me sentía sumergida en un pozo oscuro, básicamente me sentí morir para poder reconstruirme. Fue mi hijo quien me salvó y me impulsó a buscar ayuda de una psicóloga privada. En el consultorio, tenía sesión con la psicóloga una vez al mes durante media hora, pero no me resultaba útil".
Margot señala que la violencia de género siempre ha existido, aunque ahora se visibiliza más. Sin embargo, a pesar de esto, aquellos perpetradores saben que es poco probable que enfrenten consecuencias. Conscientes de la falta de justicia y del colapso del sistema, se aprovechan de la situación y actúan con impunidad.
Para Margot, “lamentablemente para encontrar la paz en este país hay que entender que no hay justicia y no va a haber yo por lo menos por lo menos en un futuro cercano. Yo creo que entendiendo eso, logré estar tranquila y tratar de ver como sobrevivir o sobrellevar las cosas”. finalizó.