EL SALVADOR
MUJERES CON ABORTOS EXPONTÁNEOS
SON PROCESADAS POR HOMICIDIO AGRAVADO
MUJERES CON ABORTOS EXPONTÁNEOS
SON PROCESADAS POR HOMICIDIO AGRAVADO
Según registros de organizaciones feministas, 190 mujeres han sido procesadas por aborto y homicidio agrabado, de estas 16 han sido condenadas por aborto, pero se ha logrado el indulto. El delito contempla penas de hasta 50 años de cárcel.
Por Nancy Hernández
Integrante HUMANOS [email protected] Son significativos los casos representativos de criminalización y condenas por aborto en El Salvador, cada uno con una maraña de injusticias, denigraciones y revictimizaciones contra las mujeres que los han protagonizado, afirmó en una entrevista para este medio, Edith Elizondo, de la Asociación de Mujeres Ixchel. En el país centroamericano hay mujeres criminalizadas, condenadas o que están siendo procesadas por emergencias obstréticas, abortos espontáneos, pero bajo la tipificación de homicidio agravado, delito que faculta al Estado para condenar a 30 o 50 años de prisión a las mujeres, cuando el Código Penal establece que el delito por aborto, cuando fuera provocado por la mujer, tendrá una condena de 2 a 8 años de prisión. Al respecto, Elizondo lo tacha como una tortura de parte del Estado y un claro ejemplo del retrocesos en materia de derechos. |
“Lo que hemos estado viendo es un retroceso, que hayamos tenido el año pasado una condena de 50 años de cárcel a una mujer cuando no la habíamos tenido, fue una condena por aborto, pero después por nuestra misma Constitución fue tipificado el delito por homicidio agravado. Tenemos una condena de una mujer joven a 50 años de cárcel, esa es tortura, es una violencia por parte del Estado”, dijo.
Explico que a nivel juridico no hay mujeres que estén procesadas y condenadas por aborto, pero este es el resultado de la configuración del delito a la hora de ejecutar el proceso legal, basando el argumento en el principio de la Constitución salvadoreña que establece el derecho a la vida desde desde el momento de la fecundación.
Según datos de la Oficina de Información y Respuesta (OIR) de la Policía Nacional Civil (PNC), entre 2012 y 2022, en El Salvador hubo un total de 35 mujeres detenidas por aborto. Sin embargo, Herrera, quien lleva 13 años trabajando en la defensa de mujeres criminalizadas por emergencias obstetricas y abortos espontáneos, asegura que las cifras son mayores a las registradas por la Policía.
Detalló que según los registros de la agrupación, 190 mujeres han sido procesadas por aborto y homicidio agrabado, de estas 16 han sido condenadas por aborto, pero se ha logrado el indulto. Desde 2010 la organización ha acompañado el proceso de mujeres que han sido acusadas bajo estas tipificaciones y han logrado evitar que la justicia salvadoreña condene a 70 mujeres.
“Las mujeres procesadas son sospechosas de haberse provocado un aborto, el proceso inicia bajo esta tipificación y después se cambia a homicidio agravado, por eso tenemos condenas extremas de 30 hasta 50 años, cuando el delito de aborto tiene una condena máxima de ocho años”, detalló.
Explico que a nivel juridico no hay mujeres que estén procesadas y condenadas por aborto, pero este es el resultado de la configuración del delito a la hora de ejecutar el proceso legal, basando el argumento en el principio de la Constitución salvadoreña que establece el derecho a la vida desde desde el momento de la fecundación.
Según datos de la Oficina de Información y Respuesta (OIR) de la Policía Nacional Civil (PNC), entre 2012 y 2022, en El Salvador hubo un total de 35 mujeres detenidas por aborto. Sin embargo, Herrera, quien lleva 13 años trabajando en la defensa de mujeres criminalizadas por emergencias obstetricas y abortos espontáneos, asegura que las cifras son mayores a las registradas por la Policía.
Detalló que según los registros de la agrupación, 190 mujeres han sido procesadas por aborto y homicidio agrabado, de estas 16 han sido condenadas por aborto, pero se ha logrado el indulto. Desde 2010 la organización ha acompañado el proceso de mujeres que han sido acusadas bajo estas tipificaciones y han logrado evitar que la justicia salvadoreña condene a 70 mujeres.
“Las mujeres procesadas son sospechosas de haberse provocado un aborto, el proceso inicia bajo esta tipificación y después se cambia a homicidio agravado, por eso tenemos condenas extremas de 30 hasta 50 años, cuando el delito de aborto tiene una condena máxima de ocho años”, detalló.
Las 17+
Una sentencia contra el Estado podría marcar un punto de inflexión en la legislación y ya sería la segunda acusación por crimen de lesa humanidad en esta área cometido en la historia del país centroamericano. El primero fue el de caso Manuela, otra de las historias que son la punta de lanza de movimientos feministas y de derechos humanos. Manuela, fue condenada por homicidio agravado a 30 años de prisión, pero solamente cumplió dos, porque dos años después de su condena murió por cáncer linfático, esposada en la cama de un hospital. En noviembre de 2021, luego de una revisión de dos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que el Estado era culpable de violar la libertad personal, la igualdad ante la ley, el derecho a la vida y la personalidad; y violar la integridad, la privacidad y la salud de Manuela. Por primera vez, el Estado es condenado por un tribunal internacional por violar los derechos humanos a través de la rígida ley del aborto. El segundo caso fue el de Beatriz, una joven de 20 años, quien en 2013 pidió la interrupción de su embarazo por el riesgo que implicaba para su salud, pues padecía de lupus eritematoso sistémico, una enfermedad en la que el sistema inmunitario ataca los tejidos sanos del cuerpo, su salud estaba deteriorada y los médicos diagnosticaron inviabilidad del feto fuera de la vida intrauterina, debido a un cuadro de anencefalia. Sin embargo, el Estado salvadoreño no emitió resolución a favor de Beatriz y ella permaneció 81 días hospitalizada hasta que le fue practicada una cesárea, el feto anencefálico falleció cinco horas después. |
La joven murió en 2017, tras adquirir una bacteria en un hospital al cual fue ingresada debido a lesiones en un accidente de tránsito. La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador ha señalado en más de una vez que debido al embarazo el estado de salud de Beatriz quedó aún más deteriorado, factor que facilitó complicaciones en ese momento.
Ahora, su nombre sigue resonando dentro y fuera del país más pequeño de Centroamérica, cuya sociedad y actores políticos se rigen por el conservadurismo, religiosidad y machismo, aspectos que pasan factura a niñas y mujeres que son revictimizadas y a quienes se les vulneran derechos tan esenciales como la vida, educación, acceso a métodos anticonceptivos o educación integral.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, este 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), llevó a cabo el 22 y 23 de marzo la audiencia sobre “Beatriz y otros vs. el Estado de El Salvador”, relacionada a la prohibición absoluta del aborto que impera en la actualidad en el país centroamericano.
En los alegatos presentados a la Corte, las organizaciones solicitaron que se ordene al Estado salvadoreño que repare integralmente a la familia de Beatriz por las violaciones sufridas, que genere las condiciones jurídicas para asegurar el acceso a los servicios de aborto seguro, de conformidad con las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que la penalización del aborto no tenga efectos jurídicos, al menos cuando sean casos que arriesgan la vida de la mujer gestante, entendiendo que el aborto sea permitido y garantizado.
También solicitaron mandar al Estado a adoptar leyes y políticas públicas integrales para garantizar que el acceso al aborto sea efectivo en la práctica, de acuerdo con las directrices de la OMS y finalmente, que se elaboren Guías de Práctica Clínica que aseguren el acceso a los métodos de diagnóstico y tratamiento en los casos que se requiera practicar un aborto.
En la audiencia pública de la IDH, las organizaciones colitigantes del caso presentaron testimonios, peritajes médicos y prueba documental que expusieron cómo se agravó la situación de riesgo para la vida, la salud física y mental de Beatriz al no haberse practicado la interrupción cuando el personal médico que la atendió, lo recomendó y cómo está situación constituyó una forma de tortura para la joven.
Además de estos casos, también se conocen otros de mujeres que han sido procesadas y condenadas por emergencias obstétricas, la iniciativa es conocida como “Las 17+”, este movimiento busca liberar a las mujeres que han sido condenadas por complicaciones obstétricas y vulneradas desde varias perspectivas. Algunos de los derechos que se les han violentado son: presunción de inocencia y una defensa efectiva.
La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, es una de las instituciones que está tras la lucha de estas mujeres que han sido criminalizadas, denigradas y expuestas al rechazo social.
LA FRASE
“Las mujeres procesadas son sospechosas de haberse provocado un aborto, el proceso inicia bajo esta tipificación y después se cambia a homicidio agravado, por eso tenemos condenas extremas de 30 hasta 50 años, cuando el delito de aborto tiene una condena máxima de ocho años”, Elizabeth Elizondo.
“Las mujeres procesadas son sospechosas de haberse provocado un aborto, el proceso inicia bajo esta tipificación y después se cambia a homicidio agravado, por eso tenemos condenas extremas de 30 hasta 50 años, cuando el delito de aborto tiene una condena máxima de ocho años”, Elizabeth Elizondo.
Esta es una investigación colaborativa realizada por Stanley Luna desde Argentina, Lourdes Ramírez y Daisy Bonilla de En Alta Voz, Honduras, Nancy Hernández, de Gato Encerrado, El Salvador; Mariela Castañón de Nuestras Historias, Guatemala.
Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte del Programa de Salud Reproductiva, Derechos Reproductivos y Justicia en las Américas IWMF.ORG
Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte del Programa de Salud Reproductiva, Derechos Reproductivos y Justicia en las Américas IWMF.ORG