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ESCLAVITUD INFANTIL
EN HONDURAS
Diez menores en condiciones deplorables fueron encontrados durante un allanamiento al Hogar de Niños San Rafael de Villanueva, en Cortés, en septiembre de 2023. Las autoridades judiciales y policiales intervinieron este refugio de niños, a partir de denuncias de supuestos abusos y negligencias. Nueve meses después, una segunda acción con la detención de seis empleados confirmó la explotación de los niños en condiciones de esclavitud.
Aunque la Iglesia Católica asegura que colabora con las investigaciones no informa el estado actual de los menores que fueron reintegrados a sus familias, de las que supuestamente fueron separados por problemas en el hogar. Tampoco la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) garantiza con evidencias que los menores se encuentren en condiciones seguras. Este caso del San Rafael abre interrogantes sobre la vigilancia de los hogares infantiles de Honduras.
Aunque la Iglesia Católica asegura que colabora con las investigaciones no informa el estado actual de los menores que fueron reintegrados a sus familias, de las que supuestamente fueron separados por problemas en el hogar. Tampoco la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) garantiza con evidencias que los menores se encuentren en condiciones seguras. Este caso del San Rafael abre interrogantes sobre la vigilancia de los hogares infantiles de Honduras.
Equipo de Investigación En Voz Alta
“Si yo fuera padre preferiría morir de hambre, pero no dejaría a mis hijos en un hogar como ese”. Rodolfo, cuyo nombre ha sido cambiado por seguridad, recuerda con amargura los seis años que estuvo internado junto a dos de sus hermanos en el Hogar de Niños San Rafael de Villanueva, Cortés, en Honduras, debido a problemas familiares en casa. Desde el primer momento, se dio cuenta de que las condiciones en el refugio para menores eran muy distintas a lo que le habían prometido: “el ambiente era terrible”, rememora.
Rodolfo también se acuerda de algunos nombres. El hogar era dirigido por una señora llamada Altagracia Cruz junto al subdirector Yobany Rivera Baca, además de Leticia López y otra persona cuyo nombre no le viene a la memoria. Bajo su administración, el hogar que debía ser un refugio para niños desprotegidos, se convirtió en un espacio de sufrimiento, donde los días se hacían cada vez más largos para quienes, por desgracia, estaban internados ahí.
“En ese hogar, uno sufre bastante, muchas veces, de comer solo nos daban un plato con frijoles contados y una tortilla”.
Rodolfo con disgusto recuerda los castigos que recibía de parte de los administradores y las maneras en que lo hacía: “El subdirector Yobany Baca nos castigaba a cada rato, incluso con esas cadenas con las que amarran los perros, con esas nos castigaba".
Pero los abusos no solo provenían de los administradores, sino también de los muchachos mayores que estaban internados en el hogar. “Nosotros fuimos abusados sexualmente por los otros compañeros del hogar, lo dijimos a los administradores, pero ellos no hicieron nada”, describe Rodolfo.
Rodolfo relató como todos los menores internos del Hogar San Rafael eran amenazados para que no revelaran lo que realmente sucedía dentro del lugar, especialmente cuando llegaban visitantes.
Cuando cumplió los 11 años de edad, Rodolfo decidió escapar. Un tiempo después, con la ayuda de un hermano mayor, lograron recuperar a uno de sus hermanos que aún permanecía en el Hogar San Rafael.
El equipo de investigación intentó contactar a Yobany Baca para conocer su versión de los hechos, pero no se obtuvieron respuestas. Se consultó al representante de la Iglesia Católica por su relación directa con el hogar y afirmó que los empleados del lugar no podían dar declaraciones pues estaban bajo una investigación de la misma iglesia.
Refugio o desamparo
El Hogar San Rafael es un proyecto que acoge a niños sin hogar, operando bajo la personería jurídica de la Iglesia Católica. Según su sitio web, disponible en español, inglés y alemán, el hogar ofrece un ambiente protegido que permite a los menores desarrollarse y que tienen “la posibilidad de volver de nuevo a una vida normal y prepararse para un futuro independiente en Honduras”.
Muestran fotografías de niños disfrutando de diversas actividades que promueven el aprendizaje y la convivencia. En las imágenes, los menores participan en juegos al aire libre y tareas educativas y comparten momentos junto a sus compañeros y cuidadores. Son escenas de un ambiente lleno de inclusión y apoyo comunitario, donde las sonrisas reflejan el bienestar emocional dentro de este entorno “seguro y acogedor”.
“Se ofrece alimentación, vivienda, vestuario, salud, acceso a un centro educativo y convivencia social”, dice su carta de presentación en la web el hogar que es atendido por un sacerdote, una psicóloga, promotores sociales y otro recurso humano capacitado para atender a los menores.
“Si yo fuera padre preferiría morir de hambre, pero no dejaría a mis hijos en un hogar como ese”. Rodolfo, cuyo nombre ha sido cambiado por seguridad, recuerda con amargura los seis años que estuvo internado junto a dos de sus hermanos en el Hogar de Niños San Rafael de Villanueva, Cortés, en Honduras, debido a problemas familiares en casa. Desde el primer momento, se dio cuenta de que las condiciones en el refugio para menores eran muy distintas a lo que le habían prometido: “el ambiente era terrible”, rememora.
Rodolfo también se acuerda de algunos nombres. El hogar era dirigido por una señora llamada Altagracia Cruz junto al subdirector Yobany Rivera Baca, además de Leticia López y otra persona cuyo nombre no le viene a la memoria. Bajo su administración, el hogar que debía ser un refugio para niños desprotegidos, se convirtió en un espacio de sufrimiento, donde los días se hacían cada vez más largos para quienes, por desgracia, estaban internados ahí.
“En ese hogar, uno sufre bastante, muchas veces, de comer solo nos daban un plato con frijoles contados y una tortilla”.
Rodolfo con disgusto recuerda los castigos que recibía de parte de los administradores y las maneras en que lo hacía: “El subdirector Yobany Baca nos castigaba a cada rato, incluso con esas cadenas con las que amarran los perros, con esas nos castigaba".
Pero los abusos no solo provenían de los administradores, sino también de los muchachos mayores que estaban internados en el hogar. “Nosotros fuimos abusados sexualmente por los otros compañeros del hogar, lo dijimos a los administradores, pero ellos no hicieron nada”, describe Rodolfo.
Rodolfo relató como todos los menores internos del Hogar San Rafael eran amenazados para que no revelaran lo que realmente sucedía dentro del lugar, especialmente cuando llegaban visitantes.
Cuando cumplió los 11 años de edad, Rodolfo decidió escapar. Un tiempo después, con la ayuda de un hermano mayor, lograron recuperar a uno de sus hermanos que aún permanecía en el Hogar San Rafael.
El equipo de investigación intentó contactar a Yobany Baca para conocer su versión de los hechos, pero no se obtuvieron respuestas. Se consultó al representante de la Iglesia Católica por su relación directa con el hogar y afirmó que los empleados del lugar no podían dar declaraciones pues estaban bajo una investigación de la misma iglesia.
Refugio o desamparo
El Hogar San Rafael es un proyecto que acoge a niños sin hogar, operando bajo la personería jurídica de la Iglesia Católica. Según su sitio web, disponible en español, inglés y alemán, el hogar ofrece un ambiente protegido que permite a los menores desarrollarse y que tienen “la posibilidad de volver de nuevo a una vida normal y prepararse para un futuro independiente en Honduras”.
Muestran fotografías de niños disfrutando de diversas actividades que promueven el aprendizaje y la convivencia. En las imágenes, los menores participan en juegos al aire libre y tareas educativas y comparten momentos junto a sus compañeros y cuidadores. Son escenas de un ambiente lleno de inclusión y apoyo comunitario, donde las sonrisas reflejan el bienestar emocional dentro de este entorno “seguro y acogedor”.
“Se ofrece alimentación, vivienda, vestuario, salud, acceso a un centro educativo y convivencia social”, dice su carta de presentación en la web el hogar que es atendido por un sacerdote, una psicóloga, promotores sociales y otro recurso humano capacitado para atender a los menores.
Entrada principal al Hogar San Rafael. (Foto: Equipo de investigación)
Pero el lugar donde se encuentra el Hogar San Rafael contradice la alegría que pretende reflejar la web. Así lo constató el equipo de investigación al trasladarse hasta el refugio ubicado a 15 kilómetros del municipio de Villanueva, en dirección a la aldea El Venado, una comunidad de unas 440 viviendas, de las cuales algunas son de bahareque. Son 40 minutos de caminos sin pavimentar en una zona montañosa sin conexión a internet.
Edificios del Hogar San Rafael (Foto: Equipo de investigación)
El Hogar San Rafael se encuentra a un kilómetro antes de la aldea El Venado. Desde la carretera, se pueden ver las instalaciones delimitadas por palos y alambre de púas. Las puertas del recinto se encuentran cerradas, y las instalaciones completamente vacías y deterioradas. La maleza, árboles y vegetación espesa dominan el terreno
(Foto: quipo de investigación)
Intervención oficial
En septiembre de 2023, después de denuncias anónimas, el Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) intervinieron el Hogar San Rafael. Las autoridades se limitaron a declarar que las investigaciones se llevaban a cabo y había que esperar los resultados de medicina forense.
En septiembre de 2023, después de denuncias anónimas, el Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) intervinieron el Hogar San Rafael. Las autoridades se limitaron a declarar que las investigaciones se llevaban a cabo y había que esperar los resultados de medicina forense.
(Foto: Ministerio Público)
Lizeth Coello, directora de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), confirmó al equipo investigativo de En Alta Voz que encontraron aproximadamente diez niños, todos varones, en condiciones deplorables y que al momento de la intervención llevaban más de 24 horas sin comer.
Elvis Guzmán, vocero del Ministerio Público dijo que todos los niños serían evaluados por Medicina Forense para confirmar si hubo o no abuso sexual. Pero los resultados de estos informes hasta la fecha no han sido ventilados.
El equipo de investigación realizó varias solicitudes de acceso a la información pública sobre el caso de los menores del Hogar San Rafael al Ministerio Público, la SENAF, la ATIC, Municipalidad de Villanueva, y la Secretaría de Derechos Humanos, sin embargo, la mayoría de solicitudes fueron negadas. Las contadas que respondieron solo mencionan que todo lo relacionado con este caso debía mantenerse en secreto.
Nueve meses después de la intervención por parte de la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas (UTESCP), el Hogar San Rafael fue allanado nuevamente con el objetivo de incautar documentación sobre los menores albergados.
El Ministerio Público presentó requerimientos fiscales contra Altagracia Cruz Velásquez directora del Hogar San Rafael; Deisy Leticia López a cargo de la administración del centro, José Yobany Rivera Baca, subdirector; Ana María Borjas Dubón quien prestaba servicios como dentista en el refugio y los colaboradores del hogar Marco Antonio Villanueva y Cristhian Joel Muñoz. Los seis fueron señalados de explotación en condición de esclavitud o servidumbre en perjuicio de varios menores de edad.
La investigación de la ATIC documentó diversas formas de maltrato, incluyendo negligencia en la alimentación y educación de los menores, uso de alimentos y medicamentos vencidos, castigos físicos y explotación laboral en actividades de ganadería. Además, se sospecha que las donaciones recibidas eran desviadas para uso personal de la directora del hogar, Altagracia Cruz Velásquez.
La Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia concluyó que el Hogar San Rafael no contaba con las condiciones alimentarias y de salubridad necesarias.
La situación en el Hogar de Niños San Rafael, junto con casos como el de la casa hogar Corazón a Corazón en Omoa, Cortés, donde la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) denunció los malos tratos, trabajos forzados e incluso abuso sexual infantil que recibieron los niños por parte de su director Óscar Bernardo Serrano Barahona, revela las graves vulneraciones que sufre la niñez en Honduras. Estos hechos ponen de manifiesto la insuficiencia de medidas efectivas por parte del Estado para mejorar las condiciones de protección infantil y crear leyes que garanticen el respeto pleno a los derechos humanos de los menores. A pesar de los compromisos internacionales asumidos, las acciones locales siguen siendo limitadas, dejando a la infancia en situaciones vulnerables y expuestas a múltiples abusos.
Abuso y explotación en San Rafael
El Hogar San Rafael, que prometía ser un refugio de cuidado y protección, se convirtió en un entorno de abuso y negligencia durante la última década de funcionamiento. Christian, cuyo nombre ha sido modificado para proteger su identidad, relata las duras condiciones que enfrentó: castigos extremos, falta de alimentos y poca vigilancia, que facilitaba los atropellos por parte de las autoridades, así como de otros residentes.
Este testimonio fue obtenido por el equipo de investigación a través de llamadas telefónicas realizadas de manera meticulosa. Durante estas conversaciones, las fuentes proporcionaron información detallada y relevante para el desarrollo de la investigación, lo que permitió obtener una visión más profunda y precisa de los hechos.
Christian pasó una década en el refugio para menores. Al principio, la vida en el hogar parecía normal, pero todo cambió con la llegada de la pandemia en 2020. “Con el Covid-19 obviamente todo era más restringido, pero después fueron tomando otras medidas de seguridad. Incrementaron el abuso de autoridad”.
Christian recordó cómo los amarraban, los golpeaban con lazos y los encerraban. Desde los 11 años, le tocó trabajar cuidando y alimentando al ganado que pastaba en el hogar. Después de la pandemia, los niños tenían que estudiar incluso los fines de semana y por la falta de trabajadores, los encargados del hogar forzaban a los propios jóvenes a asumir esas responsabilidades.
“Mis castigos fueron casi hasta el final del tiempo que estuve ahí. Tenía que chapear (cortar la hierba) potreros, arreando y cuidando el ganado, pero sin los materiales adecuados. A veces íbamos a chapear, así, descalzos, sin calzado ni nada”, cuenta Christian.
Elvis Guzmán, vocero del Ministerio Público dijo que todos los niños serían evaluados por Medicina Forense para confirmar si hubo o no abuso sexual. Pero los resultados de estos informes hasta la fecha no han sido ventilados.
El equipo de investigación realizó varias solicitudes de acceso a la información pública sobre el caso de los menores del Hogar San Rafael al Ministerio Público, la SENAF, la ATIC, Municipalidad de Villanueva, y la Secretaría de Derechos Humanos, sin embargo, la mayoría de solicitudes fueron negadas. Las contadas que respondieron solo mencionan que todo lo relacionado con este caso debía mantenerse en secreto.
Nueve meses después de la intervención por parte de la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas (UTESCP), el Hogar San Rafael fue allanado nuevamente con el objetivo de incautar documentación sobre los menores albergados.
El Ministerio Público presentó requerimientos fiscales contra Altagracia Cruz Velásquez directora del Hogar San Rafael; Deisy Leticia López a cargo de la administración del centro, José Yobany Rivera Baca, subdirector; Ana María Borjas Dubón quien prestaba servicios como dentista en el refugio y los colaboradores del hogar Marco Antonio Villanueva y Cristhian Joel Muñoz. Los seis fueron señalados de explotación en condición de esclavitud o servidumbre en perjuicio de varios menores de edad.
La investigación de la ATIC documentó diversas formas de maltrato, incluyendo negligencia en la alimentación y educación de los menores, uso de alimentos y medicamentos vencidos, castigos físicos y explotación laboral en actividades de ganadería. Además, se sospecha que las donaciones recibidas eran desviadas para uso personal de la directora del hogar, Altagracia Cruz Velásquez.
La Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia concluyó que el Hogar San Rafael no contaba con las condiciones alimentarias y de salubridad necesarias.
La situación en el Hogar de Niños San Rafael, junto con casos como el de la casa hogar Corazón a Corazón en Omoa, Cortés, donde la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) denunció los malos tratos, trabajos forzados e incluso abuso sexual infantil que recibieron los niños por parte de su director Óscar Bernardo Serrano Barahona, revela las graves vulneraciones que sufre la niñez en Honduras. Estos hechos ponen de manifiesto la insuficiencia de medidas efectivas por parte del Estado para mejorar las condiciones de protección infantil y crear leyes que garanticen el respeto pleno a los derechos humanos de los menores. A pesar de los compromisos internacionales asumidos, las acciones locales siguen siendo limitadas, dejando a la infancia en situaciones vulnerables y expuestas a múltiples abusos.
Abuso y explotación en San Rafael
El Hogar San Rafael, que prometía ser un refugio de cuidado y protección, se convirtió en un entorno de abuso y negligencia durante la última década de funcionamiento. Christian, cuyo nombre ha sido modificado para proteger su identidad, relata las duras condiciones que enfrentó: castigos extremos, falta de alimentos y poca vigilancia, que facilitaba los atropellos por parte de las autoridades, así como de otros residentes.
Este testimonio fue obtenido por el equipo de investigación a través de llamadas telefónicas realizadas de manera meticulosa. Durante estas conversaciones, las fuentes proporcionaron información detallada y relevante para el desarrollo de la investigación, lo que permitió obtener una visión más profunda y precisa de los hechos.
Christian pasó una década en el refugio para menores. Al principio, la vida en el hogar parecía normal, pero todo cambió con la llegada de la pandemia en 2020. “Con el Covid-19 obviamente todo era más restringido, pero después fueron tomando otras medidas de seguridad. Incrementaron el abuso de autoridad”.
Christian recordó cómo los amarraban, los golpeaban con lazos y los encerraban. Desde los 11 años, le tocó trabajar cuidando y alimentando al ganado que pastaba en el hogar. Después de la pandemia, los niños tenían que estudiar incluso los fines de semana y por la falta de trabajadores, los encargados del hogar forzaban a los propios jóvenes a asumir esas responsabilidades.
“Mis castigos fueron casi hasta el final del tiempo que estuve ahí. Tenía que chapear (cortar la hierba) potreros, arreando y cuidando el ganado, pero sin los materiales adecuados. A veces íbamos a chapear, así, descalzos, sin calzado ni nada”, cuenta Christian.
En los terrenos del Hogar San Rafael se observaron unas vacas pastando.
(Foto: quipo de investigación)
(Foto: quipo de investigación)
El joven recuerda como el subdirector Yobany Rivera Baca, en ocasiones parecía amable, pero su lado autoritario siempre prevalecía. Obligaba a los niños a trabajar largas jornadas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde y esto provocaría que la relación entre ellos se complicara.
Además de los abusos físicos, Christian sufrió por la deficiente atención médica en el Hogar San Rafael. Pasó dos meses en cama con dengue, recibiendo solo agua de coco y medicamentos vencidos. Le llegaron a realizar exámenes médicos cuando ya prácticamente había sanado. A todo esto, se sumaban las humillaciones públicas que debía soportar. Hasta que, finalmente, llegó el día en que lo obligaron a firmar un documento que lo responsabilizaba por cualquier cosa que le ocurriera fuera del hogar. Cuando cumplió 18 años, Christian dejó el hogar para siempre.
“Yo firmé una hoja que decía que todo lo que me pasara fuera del hogar iba contra mí. Allí puse la fecha de cuando me iba a ir y cuando llegó ese día, tipo 6 de la tarde, me fui”.
Un sacro silencio
La parroquia de la Arquidiócesis de San Pedro Sula tomó el control del funcionamiento del Hogar San Rafael después de las intervenciones del Ministerio Público junto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en septiembre de 2023.
Además de los abusos físicos, Christian sufrió por la deficiente atención médica en el Hogar San Rafael. Pasó dos meses en cama con dengue, recibiendo solo agua de coco y medicamentos vencidos. Le llegaron a realizar exámenes médicos cuando ya prácticamente había sanado. A todo esto, se sumaban las humillaciones públicas que debía soportar. Hasta que, finalmente, llegó el día en que lo obligaron a firmar un documento que lo responsabilizaba por cualquier cosa que le ocurriera fuera del hogar. Cuando cumplió 18 años, Christian dejó el hogar para siempre.
“Yo firmé una hoja que decía que todo lo que me pasara fuera del hogar iba contra mí. Allí puse la fecha de cuando me iba a ir y cuando llegó ese día, tipo 6 de la tarde, me fui”.
Un sacro silencio
La parroquia de la Arquidiócesis de San Pedro Sula tomó el control del funcionamiento del Hogar San Rafael después de las intervenciones del Ministerio Público junto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en septiembre de 2023.
(Foto: Suyapa Medios)
El equipo de investigación hizo varios intentos de contactar a las autoridades de la Iglesia Católica durante los últimos meses de 2023, pero no hubo respuesta. El actual obispo de la arquidiócesis no contestó los mensajes ni llamadas, hasta que el 21 de mayo de 2024, el párroco encargado de prensa de la iglesia aceptó una entrevista para abordar el tema del Hogar San Rafael.
El sacerdote, quien solicitó que su nombre no fuera citado en esta investigación, afirmó que estaban colaborando con la investigación que desarrollaban las autoridades del Estado hondureño.
“No queremos ser parte de algo que no es correcto. Estamos tratando de legalizar varias cosas a nivel de proyecto: Irregularidades detectadas, están evaluando al personal y cómo se han comportado”, expresó el párroco entrevistado.
También mencionó que han llevado a cabo varias acciones mediante procesos de investigación basados en el Código de Derecho Canónico, un reglamento interno de la Iglesia Católica que permite tomar medidas contra aquellos que sean encontrados responsables de algún delito.
Sin embargo, este código sólo plantea la suspensión de las actividades religiosas de los individuos implicados y no su procesamiento ante algún tipo de autoridad judicial.
Durante la entrevista, el párroco dejó en claro que el proyecto de San Rafael no estaba directamente vinculado con la Iglesia Católica de Honduras. En realidad, se trata de una iniciativa del sacerdote alemán Thomas Reikert, quien ya no reside en Honduras, ya que fue trasladado de vuelta a Alemania. Sin embargo, en la página web se mantiene que el Hogar San Rafael pertenece a la Diócesis de San Pedro Sula.
Desde que el arzobispado de la iglesia tomó el control de la administración del Hogar San Rafael, dejó de funcionar como albergue infantil, es decir ya no se permitía la estancia de menores de edad sin hogar. Únicamente quedó funcionando una escuela instalada dentro de los predios del hogar y que fue cerrada después de la segunda intervención de las autoridades en junio de 2024.
Según el vocero de la iglesia, muchas cosas que se mencionaron en prensa después de la intervención al Hogar San Rafael “son cosas que la gente dice y no sostiene”.
La iglesia menciona que están evaluando la posibilidad de reactivar el proyecto, que, según ellos, ha ayudado a muchos menores sin hogar y familias de escasos recursos.
Durante la entrevista, el vocero religioso no mencionó que había menores internados en el Hogar San Rafael porque no tenían quien se hiciera responsable por ellos. Solo dijeron que el proyecto daba la oportunidad para que niños que viajaban de aldeas muy retiradas se quedarán hospedados los días de la semana que estudiaban en la escuela, contradiciendo así lo que cita su página web.
“Abuso físico, pero no sexual”
La ministra del SENAF, Lizeth Coello, aseguró que seis de los diez niños del Hogar San Rafael fueron reintegrados a sus familias y se les dictaron medidas de protección inmediatas. Tras conocer a sus entornos familiares e investigar de dónde provenían, concluyeron que no había razones válidas para que estuvieran refugiados en ese centro y menos en las condiciones en las que se encontraban.
Los otros 4 niños aún permanecen en Instituciones Residenciales de Cuidado Alternativo (IRCA).
"Tenemos los expedientes y un sistema de monitoreo y evaluación que confirma la situación de los niños”, dijo Coello sin mostrar evidencias contundentes al equipo reporteril.
La titular de la SENAF aclaró que, "el informe médico forense señaló que hubo abuso físico (golpes), pero no sexual".
Ante el cuestionamiento sobre la falta de filtros al momento de aprobar el funcionamiento de uno de estos centros, Coello respondió: "No es cuestión de filtros, sino de cumplir estándares de protección" aseguró la ministra al referirse a los controles en estos hogares que no pertenecen al Estado, aunque tengan custodia de menores. Destacó que se requieren instalaciones en buenas condiciones, personal calificado, servicios adecuados, alimentos apropiados y balanceados, acceso a educación y asistencia médica.
Aseguró que están trabajando en un mapeo nacional sobre cuántas instituciones existen, cuántos niños hay y en qué condiciones se encuentran, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Secretaría de Gobernación.
Coello informó que, según datos de años anteriores como 2017 y 2019, "aproximadamente 8000 niños y niñas estaban en instituciones residenciales de cuidados alternativos".
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó un estudio sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes vulnerables en Honduras, específicamente aquellos que están bajo el cuidado de casas hogares y centros de abrigo temporal, que deberían ser monitoreados por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).
El estudio revela que, en 2018, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia identificó 354 centros de cuidado residencial que albergaban a 7.612 menores. El Hogar San Rafael es uno de ellos.
Respecto a la cantidad de niños en situación de vulnerabilidad a nivel general en el país, mencionó que el dato es complejo, pero en lo que va del año han recibido "6000 denuncias de distintos riesgos sociales, como expósitos, abandono en hospitales, violencias físicas, abusos sexuales, privación alimentaria y niños en condición de desnutrición".
La ministra desmintió las intenciones de reabrir el hogar San Rafael tal como adelantó el vocero de la Iglesia católica al equipo reporteril. "El hogar está cerrado y no podemos asegurar su reapertura si no existen las condiciones físicas, el perfil del personal adecuado y la calidad de los servicios en este o en otros hogares”.
Coello se comprometió a rendir un informe con toda la información relevante, pero la información recibida con fotografías de supuestas visitas no representan una garantía de que esas imágenes corresponden a los menores del San Rafael. Mientras, persiste la expectativa sobre la situación real de los menores en el Hogar San Rafael. Subrayó que "estamos haciendo el mejor esfuerzo para que el Estado asuma su responsabilidad y asegure garantías de derecho para los menores".
La SENAF cuenta con aproximadamente 300 colaboradores, distribuidos entre contratos permanentes, temporales y de cooperación externa, con un presupuesto anual de 234 millones de lempiras (aproximadamente 9.5 millones de dólares).
El silencio de la montaña rodea al Hogar San Rafael, las instalaciones están vacías y el paso del tiempo hace que las paredes comiencen a mostrar signos de deterioro. En su momento, estos espacios fueron testigos silenciosos de las múltiples violencias sufridas por los niños, y el eventual desgaste de las instalaciones será un recordatorio de las experiencias dolorosas que allí se vivieron.
El sacerdote, quien solicitó que su nombre no fuera citado en esta investigación, afirmó que estaban colaborando con la investigación que desarrollaban las autoridades del Estado hondureño.
“No queremos ser parte de algo que no es correcto. Estamos tratando de legalizar varias cosas a nivel de proyecto: Irregularidades detectadas, están evaluando al personal y cómo se han comportado”, expresó el párroco entrevistado.
También mencionó que han llevado a cabo varias acciones mediante procesos de investigación basados en el Código de Derecho Canónico, un reglamento interno de la Iglesia Católica que permite tomar medidas contra aquellos que sean encontrados responsables de algún delito.
Sin embargo, este código sólo plantea la suspensión de las actividades religiosas de los individuos implicados y no su procesamiento ante algún tipo de autoridad judicial.
Durante la entrevista, el párroco dejó en claro que el proyecto de San Rafael no estaba directamente vinculado con la Iglesia Católica de Honduras. En realidad, se trata de una iniciativa del sacerdote alemán Thomas Reikert, quien ya no reside en Honduras, ya que fue trasladado de vuelta a Alemania. Sin embargo, en la página web se mantiene que el Hogar San Rafael pertenece a la Diócesis de San Pedro Sula.
Desde que el arzobispado de la iglesia tomó el control de la administración del Hogar San Rafael, dejó de funcionar como albergue infantil, es decir ya no se permitía la estancia de menores de edad sin hogar. Únicamente quedó funcionando una escuela instalada dentro de los predios del hogar y que fue cerrada después de la segunda intervención de las autoridades en junio de 2024.
Según el vocero de la iglesia, muchas cosas que se mencionaron en prensa después de la intervención al Hogar San Rafael “son cosas que la gente dice y no sostiene”.
La iglesia menciona que están evaluando la posibilidad de reactivar el proyecto, que, según ellos, ha ayudado a muchos menores sin hogar y familias de escasos recursos.
Durante la entrevista, el vocero religioso no mencionó que había menores internados en el Hogar San Rafael porque no tenían quien se hiciera responsable por ellos. Solo dijeron que el proyecto daba la oportunidad para que niños que viajaban de aldeas muy retiradas se quedarán hospedados los días de la semana que estudiaban en la escuela, contradiciendo así lo que cita su página web.
“Abuso físico, pero no sexual”
La ministra del SENAF, Lizeth Coello, aseguró que seis de los diez niños del Hogar San Rafael fueron reintegrados a sus familias y se les dictaron medidas de protección inmediatas. Tras conocer a sus entornos familiares e investigar de dónde provenían, concluyeron que no había razones válidas para que estuvieran refugiados en ese centro y menos en las condiciones en las que se encontraban.
Los otros 4 niños aún permanecen en Instituciones Residenciales de Cuidado Alternativo (IRCA).
"Tenemos los expedientes y un sistema de monitoreo y evaluación que confirma la situación de los niños”, dijo Coello sin mostrar evidencias contundentes al equipo reporteril.
La titular de la SENAF aclaró que, "el informe médico forense señaló que hubo abuso físico (golpes), pero no sexual".
Ante el cuestionamiento sobre la falta de filtros al momento de aprobar el funcionamiento de uno de estos centros, Coello respondió: "No es cuestión de filtros, sino de cumplir estándares de protección" aseguró la ministra al referirse a los controles en estos hogares que no pertenecen al Estado, aunque tengan custodia de menores. Destacó que se requieren instalaciones en buenas condiciones, personal calificado, servicios adecuados, alimentos apropiados y balanceados, acceso a educación y asistencia médica.
Aseguró que están trabajando en un mapeo nacional sobre cuántas instituciones existen, cuántos niños hay y en qué condiciones se encuentran, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Secretaría de Gobernación.
Coello informó que, según datos de años anteriores como 2017 y 2019, "aproximadamente 8000 niños y niñas estaban en instituciones residenciales de cuidados alternativos".
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó un estudio sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes vulnerables en Honduras, específicamente aquellos que están bajo el cuidado de casas hogares y centros de abrigo temporal, que deberían ser monitoreados por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).
El estudio revela que, en 2018, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia identificó 354 centros de cuidado residencial que albergaban a 7.612 menores. El Hogar San Rafael es uno de ellos.
Respecto a la cantidad de niños en situación de vulnerabilidad a nivel general en el país, mencionó que el dato es complejo, pero en lo que va del año han recibido "6000 denuncias de distintos riesgos sociales, como expósitos, abandono en hospitales, violencias físicas, abusos sexuales, privación alimentaria y niños en condición de desnutrición".
La ministra desmintió las intenciones de reabrir el hogar San Rafael tal como adelantó el vocero de la Iglesia católica al equipo reporteril. "El hogar está cerrado y no podemos asegurar su reapertura si no existen las condiciones físicas, el perfil del personal adecuado y la calidad de los servicios en este o en otros hogares”.
Coello se comprometió a rendir un informe con toda la información relevante, pero la información recibida con fotografías de supuestas visitas no representan una garantía de que esas imágenes corresponden a los menores del San Rafael. Mientras, persiste la expectativa sobre la situación real de los menores en el Hogar San Rafael. Subrayó que "estamos haciendo el mejor esfuerzo para que el Estado asuma su responsabilidad y asegure garantías de derecho para los menores".
La SENAF cuenta con aproximadamente 300 colaboradores, distribuidos entre contratos permanentes, temporales y de cooperación externa, con un presupuesto anual de 234 millones de lempiras (aproximadamente 9.5 millones de dólares).
El silencio de la montaña rodea al Hogar San Rafael, las instalaciones están vacías y el paso del tiempo hace que las paredes comiencen a mostrar signos de deterioro. En su momento, estos espacios fueron testigos silenciosos de las múltiples violencias sufridas por los niños, y el eventual desgaste de las instalaciones será un recordatorio de las experiencias dolorosas que allí se vivieron.
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Esta investigación fue realizada por el equipo de investigación del diario digital En Alta Voz
con el respaldo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (Capir),
un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (Iwpr)
con el respaldo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (Capir),
un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (Iwpr)