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SOCIO ESTRATÉGICO
MasterPeace Cali es una organización que tiene como objetivo promover la construcción de paz y tejido social en comunidades vulnerables a través del uso de metodologías híbridas participativas creadas a partir de la mezcla de las siguientes técnicas: teatro, narrativas y atmósferas sonoras, convivencia y alfabetización de emociones, construcción de cartografías sociales y mapas de empatías.
Nuestros proyectos están enmarcados en los ODS 4 “Educación de calidad”, ODS 5, “Igualdad de género” y ODS 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas”, por lo que todos tienen un fuerte componente educativo vinculado a los derechos humanos, con el propósito de propiciar procesos de sensibilización que decanten en acciones encaminadas a la transformación social de entornos violentos y en consecuencia a la promoción de una cultura de paz para todas y todos.
MasterPeace Cali es una organización que tiene como objetivo promover la construcción de paz y tejido social en comunidades vulnerables a través del uso de metodologías híbridas participativas creadas a partir de la mezcla de las siguientes técnicas: teatro, narrativas y atmósferas sonoras, convivencia y alfabetización de emociones, construcción de cartografías sociales y mapas de empatías.
Nuestros proyectos están enmarcados en los ODS 4 “Educación de calidad”, ODS 5, “Igualdad de género” y ODS 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas”, por lo que todos tienen un fuerte componente educativo vinculado a los derechos humanos, con el propósito de propiciar procesos de sensibilización que decanten en acciones encaminadas a la transformación social de entornos violentos y en consecuencia a la promoción de una cultura de paz para todas y todos.
COLOMBIA
PLANEAN ASESINAR A CUATRO PERIODISTAS
QUE REVELARON CORRUPCION
QUE REVELARON CORRUPCION
HUMANOS se une a la denuncia de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia. La seguridad de los cuatro periodistas colombianos que destaparon la Ñeñepolítica y del tuitero Beto Coral están en riesgo.
Se conoció un audio en el que se revela que grupos criminales planean asesinarlos.
Los periodistas han manifestado su desconfianza en la imparcialidad de la Fiscalía para adelantar investigaciones sobre las amenazas, seguimientos y, ahora, un plan de asesinato en su contra.
LEER MÁS flip.org.co
Se conoció un audio en el que se revela que grupos criminales planean asesinarlos.
Los periodistas han manifestado su desconfianza en la imparcialidad de la Fiscalía para adelantar investigaciones sobre las amenazas, seguimientos y, ahora, un plan de asesinato en su contra.
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DESPIDOS DE PERIODISTAS CAUSAN MIEDO
Y SILENCIO EN MEDIOS COLOMBIANOS
Y SILENCIO EN MEDIOS COLOMBIANOS
Para ser más rentables y fortalecer sus plataformas digitales, los dueños de El Tiempo Televisión, Televisa y Semana hicieron despidos masivos en los últimos meses. En sus redacciones algunos hablan ahora de silencio, desmotivación y miedo.
“No se habla públicamente de esto en los medios. Hablar asusta, porque el que hable se va. O no vuelve a conseguir trabajo”, dice una periodista.
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“No se habla públicamente de esto en los medios. Hablar asusta, porque el que hable se va. O no vuelve a conseguir trabajo”, dice una periodista.
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INFORME ANUAL: PRENSA ACORRALADA EN COLOMBIA
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En 2018 la violencia contra la prensa recrudeció.
Desde que la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, en Colombia, lleva un registro amplio de los ataques a la prensa, nunca se había llegado a un número tan alto de agresiones contra periodistas. El fenómeno de violencia ha cambiado y aunque cada vez es menos letal, los ataques van en aumento, este año fueron 477, incluidos tres asesinatos. IR AL INFORME. |
COLOMBIA
ARREMETIDA CONTRA LA PRENSA
El origen de la violencia contra periodistas en Colombia, que antes podía ubicarse claramente en la acción de los grupos armados ilegales y estructuras del narcotráfico, hoy resulta difuso.
En cierta forma se ha transitado entre la mordaza de las armas y la de las decisiones judiciales, las amenazas en redes sociales, el acoso judicial, las campañas de estigmatización y otros métodos, que aunque no siempre están relacionados directamente con la dinámica del conflicto armado logran restringir el ejercicio periodístico.
A propósito de que este cuatro de agosto se celebra en Colombia por Ley el Día del Periodista, la Federación Colombiana de Periodistas, Fecolper, alerta sobre cuatro graves problemáticas que se han disparado este año, se plantean desafíos para el nuevo gobierno y se solicita investigar dos crímenes contra trabajadores de medios de comunicación.
1. Incremento de vulneraciones y afectaciones
¿Amenazas virtuales o reales?
Desde 2015, la Fecolper ha documentado el aumento progresivo de las amenazas contra periodistas como principal forma de agresión contra la libertad de prensa en el país. En lo corrido de este año se ha registrado un número alarmante de amenazas desde la red, que no puede ser reducido a la existencia de “reacciones agresivas de inconformes” frente a las temáticas que se informan o investigan, sino que obligan al Estado a revisar con seriedad las motivaciones, medios y responsables detrás de los mensajes amenazantes.
La intimidación, el acoso y las amenazas a través de redes sociales se han convertido en un modus operandi que no sólo busca amedrentar al periodista, sino que constituye el “aviso” de agresiones directas contra su vida e integridad que tienen capacidad de materializarse. La Fecolper ha conocido casos en los que las amenazas por redes han escalado a seguimientos, intimidaciones físicas e incluso el exilio de periodistas, sin que la Unidad Nacional de Protección – UNP y la Fiscalía General de la Nación haya siempre iniciado medidas efectivas para investigar los hechos y proteger a las víctimas.
Urge que el Estado desarrolle acciones de investigación oportunas, calificadas y efectivas que impidan que la impunidad allane el camino para la continuidad de este método de intimidación a los periodistas. La inoperancia de la Fiscalía General de la Nación frente a las amenazas virtuales deja en evidencia que no se cuenta con las herramientas técnicas e informáticas necesarias para identificar a los responsables de las amenazas virtuales. Así lo ha reconocido la propia entidad.
En lo corrido de este año, a través de redes sociales como Twitter o Facebook han sido amenazados periodistas de diversos medios en el país
¿Temas vetados?
Un termómetro para medir la democracia de un país es apreciar la calidad de su prensa. Cuando se anula el periodismo como forma de fiscalizar el poder, cuando se vetan temas o se impide el acceso a la información a quienes ejercen la actividad periodística, la democracia desaparece o por lo menos se agrieta. Aunque no existan vetos explícitos, es posible identificar en el país temas sobre los cuales operan restricciones especialmente relacionadas con presiones e intereses de estructuras de poder y control territorial de grupos armados, cuyo cubrimiento generalmente representa un riesgo para la vida de los periodistas.
En muchas de estas restricciones o formas de censura intervienen de forma directa funcionarios públicos, especialmente quienes ejercen cargos políticos o de elección popular, y la Fuerza Pública.
Cada vez que se impide a un periodista el cubrimiento de una audiencia judicial, se restringe el acceso a la información sobre asuntos de interés nacional como el manejo de los dineros públicos, se le intimida por el ejercicio de su oficio buscando que se retire información publicada o se prohíbe investigar temas relacionados con la administración pública, se estrecha la libertad de prensa y por ende la democracia.
En 2018 ha quedado en evidencia que el cubrimiento de temas judiciales, de medio ambiente, corrupción, economías ilegales (micro-tráfico, narcotráfico, minería), control territorial de estructuras armadas ilegales y los posibles vínculos de estas con elites de poder local y regional todavía representa riesgos a los periodistas en el país, especialmente para quienes ejercen su labor en los territorios y regiones.
Además de los temas “vetados” o de riesgoso cubrimiento, Fecolper también ha conocido que en algunas regiones de los departamentos de Caquetá y Norte de Santander se está restringiendo el acceso de los periodistas al territorio, al tiempo que se prohíbe a sus pobladores la entrega de información, lo que constituye una censura programada y generalizada que impide informar a la sociedad sobre asuntos de su interés.
¿Búsqueda de justicia o acoso judicial?
El uso de mecanismos o acciones judiciales como estrategia para censurar la actividad periodística se enmarca en la reconfiguración de las formas de violencia contra la Libertad de Prensa en el país que ha tenido lugar en los últimos años y que registra un aumento sostenido de casos en los que particulares, políticos y funcionarios públicos abusan del derecho a la rectificación con el fin de censurar el libre ejercicio periodístico.
Uno de los casos más recientes se registró al cierre del primer semestre del año con el fallo del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Medellín que obligaba a Noticias Uno a un imposible: la rectificación de una noticia cierta y su retiro de la página web. Esta decisión va en contravía del propósito de la rectificación, que no procede cuando la información publicada es veraz. Así también se han documentado casos contra medios de comunicación en Santander y Huila.
Para Fecolper es grave el desconocimiento de los fiscales y jueces de los estándares internacionales y constitucionales de protección a la libertad de prensa en el tratamiento de este tipo de casos.
Para que se configure el acoso judicial no es necesario llegar a una condena, sino que basta con someter al periodista a un proceso judicial desgastante y engorroso que no sólo afecta la credibilidad, sino que además genera costos emocionales, de orden económicos y laborales que afectan el ejercicio del oficio.
2. Protección riesgosa
Fecolper alertó desde 2015 sobre las fallas en el modelo de protección a periodistas en situación de riesgo a cargo de la Unidad Nacional de Protección – UNP, referidas al déficit presupuestal de la entidad, limitaciones en la evaluación de los riesgos específicos de la actividad periodística, morosidad en los trámites y la toma de decisiones sobre esquemas de protección, y los retrasos injustificados en la implementación de los mismos.
También se alertó sobre los riesgos de la tercerización de los servicios de seguridad con empresas privadas o uniones temporales sin que la UNP cuente con mecanismos de seguimiento que permitan asegurar la idoneidad de los escoltas y la eficacia de la protección. Este vacío se conecta con denuncias e informes periodísticos sobre infiltración de personas como escoltas en los esquemas de protección, que podrían estar relacionadas con investigaciones sensibles de periodistas en riesgo en Colombia, comprometiendo la responsabilidad directa de la UNP en el aumento de la situación de inseguridad y en vulneración a la libertad de prensa de quienes debido a graves amenazas contra sus vidas se ven obligados a recurrir a la protección del Estado.
Finalmente, es importante insistir en la necesidad de que la Fiscalía General de la Nación acelere los procesos de investigación sobre agresiones a la libertad de prensa como medida para enfrentar los altos niveles de impunidad, que se traduce en un estímulo para la continuidad de la violencia contra los periodistas.
Las reformas, ajustes institucionales y creación de nuevas estrategias de protección en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz deben considerar de forma diferenciada los riesgos y necesidades de protección de los periodistas locales y regionales.
3. Condiciones Laborales. Precariedad en el empleo periodístico
¿De qué manera influyen las condiciones laborales de los periodistas en la calidad e independencia de la información que producen? Las malas condiciones laborales de los periodistas en Colombia es uno de los factores que afecta la Libertad de Prensa e incide en la decisión de muchos periodistas de abandonar la profesión o cambiar de oficio.
En Colombia, los periodistas generalmente no cuentan con estabilidad laboral, ni garantías de seguridad social: se ven sometidos a la rotación permanente de personal en los medios, extensas jornadas laborales sin reconocimiento de horas extras, despidos masivos y, en muchos casos, a la venta de pauta publicitaria como forma de asegurar sus ingresos. Sumado a esto, las mujeres periodistas enfrentan condiciones laborales más difíciles que las de sus pares, muchas se ven obligadas a dejar de trabajar en cuanto forman una familia, sus ingresos en ocasiones son más bajos y están expuestas al acoso laboral e incluso sexual por parte de sus compañeros, jefes de trabajo y de hombres asignados a sus esquemas de protección.
En los últimos años se han conocido varios casos de despidos sin justa causa aparente o despidos masivos de periodistas en distintos medios de comunicación, sin que haya sido posible hacer una verificación del debido proceso.
Esta realidad se refleja en restricciones a la independencia periodística, especialmente en las regiones del país. Las presiones de anunciantes, de la misma empresa periodística y de diversos factores económicos, permiten afirmar que no están dadas las condiciones necesarias para un pleno desarrollo de la calidad informativa. Si bien la mayoría de los periodistas desarrollan su labor más por vocación que por cualquier otra motivación, es fundamental asegurar su estabilidad a través de un contrato laboral digno, que reconozca derechos a la seguridad social y demás prestaciones de ley.
La inexistencia de bases de datos oficiales sobre el gremio periodístico y el subregistro de denuncias sobre afectaciones laborales hace dificil el seguimiento a este tipo de casos. Se ha naturalizado esta “forma de funcionamiento” del oficio, tanto así que en muchos casos los periodistas optan por no denunciar o impulsar procesos legales para la protección de sus derechos por miedo a ser vetados en otros medios o empresas periodísticas.
Fecolper insiste en el impulso de una Mesa de Concertación con participación del Ministerio del Trabajo, las empresas periodísticas, los medios de comunicación y organizaciones gremiales de base que permita dialogar y construir consensos sobre la garantía y protección de los derechos laborales de los y las periodistas, que redunde en un ejercicio periodístico más libre.
4. Política Pública para la Libertad de Prensa. Incumplimiento y necesidad de reactivación
El Gobierno de Juan Manuel Santos cerró su periodo con promesas incumplidas al gremio periodístico del país: la formulación de la “Política pública para garantizar el derecho a la libertad de expresión de las personas que ejercen la actividad periodística en Colombia” a cargo del Ministerio del Interior; y el Proceso de Reparación Colectiva a Periodistas a cargo de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas.
Desde FECOLPER hacemos un llamado a dar continuidad a estos procesos de concertación y construcción interinstituicional iniciados en 2012. Es central para el gremio culminar de forma exitosa estos procesos, en los cuales se han focalizado esfuerzos, propuestas y recursos por parte de las distintas organizaciones de la sociedad civil, universidades y organizaciones gremiales que han participado durante más de 4 años.
Proponemos retomar la propuesta de decreto socializada por el Ministerio del Interior que desarrolla la política pública para la libertad de expresión de quienes ejercen la actividad periodística con el fin de lograr su ajuste y pronta expedición. En el mismo sentido, sobre el proceso de reparación colectiva a periodistas, es fundamental que se finalice la fase de diagnóstico del daño para avanzar en la formulación del Plan Integral de Reparación Colectiva con claridades sobre el alcance efectivo de las medidas que se consignen. No puede perderse el camino andado, ni lo construido por los distintos actores que han participado de estos procesos.
Es fundamental que se asegure la participación de las entidades del sector, las organizaciones gremiales de periodistas, la academia y demás organizaciones de la sociedad civil en los procesos de diseño de políticas públicas y propuestas normativas que de cualquier forma afecten o se relacionen con la libertad de prensa y el ejercicio periodístico en el país.
***
Para hacer frente a estas problemáticas que limitan la Libertad de Prensa, la Federación Colombiana de Periodistas, Fecolper, invita al nuevo gobierno de Iván Duque Márquez y su gabinete a entablar un proceso de diálogo abierto con el gremio periodístico que permita concertar una agenda trabajo, construir alternativas de solución y consolidar sinergias para su efectiva implementación. Insistimos en la importancia de que el nuevo gobierno escuche las voces del periodismo local y regional, que es el más afectado por las presiones, restricciones y agresiones contra la prensa en el país.
Al cierre de este informe sobre la situación de la Libertad de Prensa se ha informado del asesinato de 2 trabajadores de medios de comunicación en el suroccidente colombiano el 2 de agosto. Se trata del locutor Valentín Rúa Tezada, colaborador de la Emisora Salvajina Estéreo, en el municipio de Suárez (Cauca), y del periodista Jairo Alberto Calderón, director del Periódico Comercial Contactos, en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca). Registramos con preocupación estos hechos y hacemos un llamado a que se inicie una investigación pronta que permita esclarecer las motivaciones detrás de estos crímenes.
Fecolper: La Federación Colombiana de Periodistas, Fecolper, es una organización de base social que agrupa a 31 organizaciones locales de periodistas y a 1200 trabajadores de los medios en Colombia, promueve la libertad de prensa y el derecho a la información en Colombia.
En cierta forma se ha transitado entre la mordaza de las armas y la de las decisiones judiciales, las amenazas en redes sociales, el acoso judicial, las campañas de estigmatización y otros métodos, que aunque no siempre están relacionados directamente con la dinámica del conflicto armado logran restringir el ejercicio periodístico.
A propósito de que este cuatro de agosto se celebra en Colombia por Ley el Día del Periodista, la Federación Colombiana de Periodistas, Fecolper, alerta sobre cuatro graves problemáticas que se han disparado este año, se plantean desafíos para el nuevo gobierno y se solicita investigar dos crímenes contra trabajadores de medios de comunicación.
1. Incremento de vulneraciones y afectaciones
¿Amenazas virtuales o reales?
Desde 2015, la Fecolper ha documentado el aumento progresivo de las amenazas contra periodistas como principal forma de agresión contra la libertad de prensa en el país. En lo corrido de este año se ha registrado un número alarmante de amenazas desde la red, que no puede ser reducido a la existencia de “reacciones agresivas de inconformes” frente a las temáticas que se informan o investigan, sino que obligan al Estado a revisar con seriedad las motivaciones, medios y responsables detrás de los mensajes amenazantes.
La intimidación, el acoso y las amenazas a través de redes sociales se han convertido en un modus operandi que no sólo busca amedrentar al periodista, sino que constituye el “aviso” de agresiones directas contra su vida e integridad que tienen capacidad de materializarse. La Fecolper ha conocido casos en los que las amenazas por redes han escalado a seguimientos, intimidaciones físicas e incluso el exilio de periodistas, sin que la Unidad Nacional de Protección – UNP y la Fiscalía General de la Nación haya siempre iniciado medidas efectivas para investigar los hechos y proteger a las víctimas.
Urge que el Estado desarrolle acciones de investigación oportunas, calificadas y efectivas que impidan que la impunidad allane el camino para la continuidad de este método de intimidación a los periodistas. La inoperancia de la Fiscalía General de la Nación frente a las amenazas virtuales deja en evidencia que no se cuenta con las herramientas técnicas e informáticas necesarias para identificar a los responsables de las amenazas virtuales. Así lo ha reconocido la propia entidad.
En lo corrido de este año, a través de redes sociales como Twitter o Facebook han sido amenazados periodistas de diversos medios en el país
¿Temas vetados?
Un termómetro para medir la democracia de un país es apreciar la calidad de su prensa. Cuando se anula el periodismo como forma de fiscalizar el poder, cuando se vetan temas o se impide el acceso a la información a quienes ejercen la actividad periodística, la democracia desaparece o por lo menos se agrieta. Aunque no existan vetos explícitos, es posible identificar en el país temas sobre los cuales operan restricciones especialmente relacionadas con presiones e intereses de estructuras de poder y control territorial de grupos armados, cuyo cubrimiento generalmente representa un riesgo para la vida de los periodistas.
En muchas de estas restricciones o formas de censura intervienen de forma directa funcionarios públicos, especialmente quienes ejercen cargos políticos o de elección popular, y la Fuerza Pública.
Cada vez que se impide a un periodista el cubrimiento de una audiencia judicial, se restringe el acceso a la información sobre asuntos de interés nacional como el manejo de los dineros públicos, se le intimida por el ejercicio de su oficio buscando que se retire información publicada o se prohíbe investigar temas relacionados con la administración pública, se estrecha la libertad de prensa y por ende la democracia.
En 2018 ha quedado en evidencia que el cubrimiento de temas judiciales, de medio ambiente, corrupción, economías ilegales (micro-tráfico, narcotráfico, minería), control territorial de estructuras armadas ilegales y los posibles vínculos de estas con elites de poder local y regional todavía representa riesgos a los periodistas en el país, especialmente para quienes ejercen su labor en los territorios y regiones.
Además de los temas “vetados” o de riesgoso cubrimiento, Fecolper también ha conocido que en algunas regiones de los departamentos de Caquetá y Norte de Santander se está restringiendo el acceso de los periodistas al territorio, al tiempo que se prohíbe a sus pobladores la entrega de información, lo que constituye una censura programada y generalizada que impide informar a la sociedad sobre asuntos de su interés.
¿Búsqueda de justicia o acoso judicial?
El uso de mecanismos o acciones judiciales como estrategia para censurar la actividad periodística se enmarca en la reconfiguración de las formas de violencia contra la Libertad de Prensa en el país que ha tenido lugar en los últimos años y que registra un aumento sostenido de casos en los que particulares, políticos y funcionarios públicos abusan del derecho a la rectificación con el fin de censurar el libre ejercicio periodístico.
Uno de los casos más recientes se registró al cierre del primer semestre del año con el fallo del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Medellín que obligaba a Noticias Uno a un imposible: la rectificación de una noticia cierta y su retiro de la página web. Esta decisión va en contravía del propósito de la rectificación, que no procede cuando la información publicada es veraz. Así también se han documentado casos contra medios de comunicación en Santander y Huila.
Para Fecolper es grave el desconocimiento de los fiscales y jueces de los estándares internacionales y constitucionales de protección a la libertad de prensa en el tratamiento de este tipo de casos.
Para que se configure el acoso judicial no es necesario llegar a una condena, sino que basta con someter al periodista a un proceso judicial desgastante y engorroso que no sólo afecta la credibilidad, sino que además genera costos emocionales, de orden económicos y laborales que afectan el ejercicio del oficio.
2. Protección riesgosa
Fecolper alertó desde 2015 sobre las fallas en el modelo de protección a periodistas en situación de riesgo a cargo de la Unidad Nacional de Protección – UNP, referidas al déficit presupuestal de la entidad, limitaciones en la evaluación de los riesgos específicos de la actividad periodística, morosidad en los trámites y la toma de decisiones sobre esquemas de protección, y los retrasos injustificados en la implementación de los mismos.
También se alertó sobre los riesgos de la tercerización de los servicios de seguridad con empresas privadas o uniones temporales sin que la UNP cuente con mecanismos de seguimiento que permitan asegurar la idoneidad de los escoltas y la eficacia de la protección. Este vacío se conecta con denuncias e informes periodísticos sobre infiltración de personas como escoltas en los esquemas de protección, que podrían estar relacionadas con investigaciones sensibles de periodistas en riesgo en Colombia, comprometiendo la responsabilidad directa de la UNP en el aumento de la situación de inseguridad y en vulneración a la libertad de prensa de quienes debido a graves amenazas contra sus vidas se ven obligados a recurrir a la protección del Estado.
Finalmente, es importante insistir en la necesidad de que la Fiscalía General de la Nación acelere los procesos de investigación sobre agresiones a la libertad de prensa como medida para enfrentar los altos niveles de impunidad, que se traduce en un estímulo para la continuidad de la violencia contra los periodistas.
Las reformas, ajustes institucionales y creación de nuevas estrategias de protección en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz deben considerar de forma diferenciada los riesgos y necesidades de protección de los periodistas locales y regionales.
3. Condiciones Laborales. Precariedad en el empleo periodístico
¿De qué manera influyen las condiciones laborales de los periodistas en la calidad e independencia de la información que producen? Las malas condiciones laborales de los periodistas en Colombia es uno de los factores que afecta la Libertad de Prensa e incide en la decisión de muchos periodistas de abandonar la profesión o cambiar de oficio.
En Colombia, los periodistas generalmente no cuentan con estabilidad laboral, ni garantías de seguridad social: se ven sometidos a la rotación permanente de personal en los medios, extensas jornadas laborales sin reconocimiento de horas extras, despidos masivos y, en muchos casos, a la venta de pauta publicitaria como forma de asegurar sus ingresos. Sumado a esto, las mujeres periodistas enfrentan condiciones laborales más difíciles que las de sus pares, muchas se ven obligadas a dejar de trabajar en cuanto forman una familia, sus ingresos en ocasiones son más bajos y están expuestas al acoso laboral e incluso sexual por parte de sus compañeros, jefes de trabajo y de hombres asignados a sus esquemas de protección.
En los últimos años se han conocido varios casos de despidos sin justa causa aparente o despidos masivos de periodistas en distintos medios de comunicación, sin que haya sido posible hacer una verificación del debido proceso.
Esta realidad se refleja en restricciones a la independencia periodística, especialmente en las regiones del país. Las presiones de anunciantes, de la misma empresa periodística y de diversos factores económicos, permiten afirmar que no están dadas las condiciones necesarias para un pleno desarrollo de la calidad informativa. Si bien la mayoría de los periodistas desarrollan su labor más por vocación que por cualquier otra motivación, es fundamental asegurar su estabilidad a través de un contrato laboral digno, que reconozca derechos a la seguridad social y demás prestaciones de ley.
La inexistencia de bases de datos oficiales sobre el gremio periodístico y el subregistro de denuncias sobre afectaciones laborales hace dificil el seguimiento a este tipo de casos. Se ha naturalizado esta “forma de funcionamiento” del oficio, tanto así que en muchos casos los periodistas optan por no denunciar o impulsar procesos legales para la protección de sus derechos por miedo a ser vetados en otros medios o empresas periodísticas.
Fecolper insiste en el impulso de una Mesa de Concertación con participación del Ministerio del Trabajo, las empresas periodísticas, los medios de comunicación y organizaciones gremiales de base que permita dialogar y construir consensos sobre la garantía y protección de los derechos laborales de los y las periodistas, que redunde en un ejercicio periodístico más libre.
4. Política Pública para la Libertad de Prensa. Incumplimiento y necesidad de reactivación
El Gobierno de Juan Manuel Santos cerró su periodo con promesas incumplidas al gremio periodístico del país: la formulación de la “Política pública para garantizar el derecho a la libertad de expresión de las personas que ejercen la actividad periodística en Colombia” a cargo del Ministerio del Interior; y el Proceso de Reparación Colectiva a Periodistas a cargo de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas.
Desde FECOLPER hacemos un llamado a dar continuidad a estos procesos de concertación y construcción interinstituicional iniciados en 2012. Es central para el gremio culminar de forma exitosa estos procesos, en los cuales se han focalizado esfuerzos, propuestas y recursos por parte de las distintas organizaciones de la sociedad civil, universidades y organizaciones gremiales que han participado durante más de 4 años.
Proponemos retomar la propuesta de decreto socializada por el Ministerio del Interior que desarrolla la política pública para la libertad de expresión de quienes ejercen la actividad periodística con el fin de lograr su ajuste y pronta expedición. En el mismo sentido, sobre el proceso de reparación colectiva a periodistas, es fundamental que se finalice la fase de diagnóstico del daño para avanzar en la formulación del Plan Integral de Reparación Colectiva con claridades sobre el alcance efectivo de las medidas que se consignen. No puede perderse el camino andado, ni lo construido por los distintos actores que han participado de estos procesos.
Es fundamental que se asegure la participación de las entidades del sector, las organizaciones gremiales de periodistas, la academia y demás organizaciones de la sociedad civil en los procesos de diseño de políticas públicas y propuestas normativas que de cualquier forma afecten o se relacionen con la libertad de prensa y el ejercicio periodístico en el país.
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Para hacer frente a estas problemáticas que limitan la Libertad de Prensa, la Federación Colombiana de Periodistas, Fecolper, invita al nuevo gobierno de Iván Duque Márquez y su gabinete a entablar un proceso de diálogo abierto con el gremio periodístico que permita concertar una agenda trabajo, construir alternativas de solución y consolidar sinergias para su efectiva implementación. Insistimos en la importancia de que el nuevo gobierno escuche las voces del periodismo local y regional, que es el más afectado por las presiones, restricciones y agresiones contra la prensa en el país.
Al cierre de este informe sobre la situación de la Libertad de Prensa se ha informado del asesinato de 2 trabajadores de medios de comunicación en el suroccidente colombiano el 2 de agosto. Se trata del locutor Valentín Rúa Tezada, colaborador de la Emisora Salvajina Estéreo, en el municipio de Suárez (Cauca), y del periodista Jairo Alberto Calderón, director del Periódico Comercial Contactos, en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca). Registramos con preocupación estos hechos y hacemos un llamado a que se inicie una investigación pronta que permita esclarecer las motivaciones detrás de estos crímenes.
Fecolper: La Federación Colombiana de Periodistas, Fecolper, es una organización de base social que agrupa a 31 organizaciones locales de periodistas y a 1200 trabajadores de los medios en Colombia, promueve la libertad de prensa y el derecho a la información en Colombia.
DÍA INTERNACIONAL PARA PONER FIN A LA IMPUNIDAD
DE LOS CRÍMENES CONTRA PERIODISTAS
DE LOS CRÍMENES CONTRA PERIODISTAS
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 2 de noviembre como el ‘Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas’ (IDEI, por sus siglas en inglés). La ONU insta a los Estados Miembros a implementar medidas firmes para luchar contra la actual tendencia a la impunidad. La fecha se escogió en conmemoración del asesinato de dos periodistas franceses en Mali, el 2 de noviembre de 2013. LEER MÁS.
GUIA: PRIVACIDAD EN INTERNET PARA PERIODISTAS
Muchos periodistas veteranos, pero no solo ellos, seguramente notaron que repentinamente nos vemos otra vez bombardeados desde todas partes del mundo con menciones del Watergate. Libros como 1984 de George Orwell están exhibidos en las librerías y un aire de peligro para la libertad de expresión y libertad de prensa se expande lentamente como una nube negra sobre el hemisferio occidental, elevando antiguos temores.
Cuando un presidente estadounidense al mando acusa a un ex presidente de vigilancia; cuando evita que los medios de comunicación centrales de los Estados Unidos tengan acceso –que hasta ahora siempre se había otorgado, y dado por hecho—a las conferencias de prensa que él realiza; y cuando incesantemente golpea y acusa a los medios de ser el enemigo número uno del país, no resulta sorprendente que surjan recuerdos del presidente Nixon con cada tweet autocompasivo sobre SNL, y que incluso los senadores republicanos como John McCain expresen temor por el futuro de la democracia. IR A LA GUIA
Cuando un presidente estadounidense al mando acusa a un ex presidente de vigilancia; cuando evita que los medios de comunicación centrales de los Estados Unidos tengan acceso –que hasta ahora siempre se había otorgado, y dado por hecho—a las conferencias de prensa que él realiza; y cuando incesantemente golpea y acusa a los medios de ser el enemigo número uno del país, no resulta sorprendente que surjan recuerdos del presidente Nixon con cada tweet autocompasivo sobre SNL, y que incluso los senadores republicanos como John McCain expresen temor por el futuro de la democracia. IR A LA GUIA
OEA: RELATORIA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
REGIONES DE ALTA PELIGROSIDAD PARA EJERCER LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
El asesinato de periodistas y comunicadores sociales por motivos relacionados con su trabajo periodístico constituye la más grave violación del derecho a la libertad de expresión. Los actos de violencia cometidos contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación no solo vulneran en forma grave su derecho a la vida, sino que apuntan a suprimir en forma radical su derecho a expresarse libremente y generan un efecto de autocensura entre los demás trabajadores de los medios de comunicación social. IR A DOCUMENTOS PARA ESTE APARTE DE LA RELATORIA.
ATAQUES DIGITALES: NUEVO DESAFIO PARA
PERIODISTAS COLOMBIANOS
Tomado de Ijnet.org
Colombia solía ser el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, con decenas de reporteros asesinados y amenazados durante cuatro décadas de conflicto armado entre el gobierno y fuerzas rebeldes y paramilitares. LEER MÁS
PERFIL JORGE LUIS SIERRA
PERIODISTAS COLOMBIANOS
Tomado de Ijnet.org
Colombia solía ser el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, con decenas de reporteros asesinados y amenazados durante cuatro décadas de conflicto armado entre el gobierno y fuerzas rebeldes y paramilitares. LEER MÁS
PERFIL JORGE LUIS SIERRA
EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
HAN SIDO ASESINADOS 720 PERIODISTAS
HAN SIDO ASESINADOS 720 PERIODISTAS
Aparte del ligero descenso del número de periodistas asesinados en relación con su trabajo, el Balance 2014 de Reporteros Sin Fronteras destaca una evolución en la naturaleza de la violencia contra los periodistas y las formas que toman, incluidas las amenazas y decapitaciones cuidadosamente escenificadas, que se están utilizando con propósitos muy evidentes.
Los asesinatos se están volviendo cada vez más salvajes y el número de secuestros está aumentando rápidamente; quienes los perpetran tienen el objetivo de impedir la cobertura de noticias independiente y de disuadir a los observadores del mundo exterior.
Expuestos a tan diversas formas de intimidación, este año huyeron hacia el exilio el doble de periodistas que en 2013.
Reporteros Sin Fronteras publica desde 1995 su Balance Anual de seguimiento de la violencia y los abusos contra periodistas. Este dossier se basa en datos precisos que RSF reúne su labor de seguimiento. Incluye cifras tanto de periodistas profesionales como de periodistas ciudadanos muertos en relación con sus informaciones. RSF continúa investigando los casos en los que aún no se ha reunido suficiente información como para llegar a una conclusión clara.'
Publicado a finales de cada año, el Balance Anual es uno de los grandes documentos informativos sobre la profesión periodística de Reporteros Sin Fronteras. La organización elabora y publica, además, una Clasificación Mundial por países (en febrero), o el informe Enemigos de Internet (en marzo). A principios de febrero, la Sección Española de RSF publicará además el Informe Anual, un profundo análisis sobre la evolución de la libertad de información en todo el mundo.
LEER EN DOCUMENTOS EL BALANCE ANUAL Y LA CLASIFICACIÓN MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA
Los asesinatos se están volviendo cada vez más salvajes y el número de secuestros está aumentando rápidamente; quienes los perpetran tienen el objetivo de impedir la cobertura de noticias independiente y de disuadir a los observadores del mundo exterior.
Expuestos a tan diversas formas de intimidación, este año huyeron hacia el exilio el doble de periodistas que en 2013.
Reporteros Sin Fronteras publica desde 1995 su Balance Anual de seguimiento de la violencia y los abusos contra periodistas. Este dossier se basa en datos precisos que RSF reúne su labor de seguimiento. Incluye cifras tanto de periodistas profesionales como de periodistas ciudadanos muertos en relación con sus informaciones. RSF continúa investigando los casos en los que aún no se ha reunido suficiente información como para llegar a una conclusión clara.'
Publicado a finales de cada año, el Balance Anual es uno de los grandes documentos informativos sobre la profesión periodística de Reporteros Sin Fronteras. La organización elabora y publica, además, una Clasificación Mundial por países (en febrero), o el informe Enemigos de Internet (en marzo). A principios de febrero, la Sección Española de RSF publicará además el Informe Anual, un profundo análisis sobre la evolución de la libertad de información en todo el mundo.
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COLOMBIA
BALANCE LIBERTAD DE PRENSA EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014
Durante los meses de octubre y noviembre la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) registró 11 ataques y 14 periodistas víctimas. A falta de un mes para terminar el año en curso, la FLIP ha documentado 122 casos de restricciones a la libertad de prensa. En este último periodo, el principal agresor contra la prensa son nuevamente funcionarios públicos: agentes de la Policía, personal administrativo y alcaldes.
Preocupa especialmente la crisis de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que lejos de encontrar soluciones, ni estrategias para el 2015, se ha profundizado, dejando en evidencia la ruptura que existe entre distintas instituciones, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y la propia UNP.
La FLIP reitera que los esquemas de protección asignados a periodistas no están funcionando a plenitud y esta crisis repercute de manera directa en el ejercicio diario de los periodistas protegidos por el Estado. La UNP está incumplimiento la obligación que tiene el Estado de proteger a los comunicadores. La FLIP interpuso acciones judiciales que no han podido ser resueltas a causa del paro judicial.
Panfletos amenazan a Reporteros Sin Fronteras, Canal Capital y Telesur
En los últimos 3 días se conocieron dos panfletos firmados por el grupo de origen paramilitar Águilas Negras, amenazando de muerte a periodistas de la agencia local Reporteros Sin Fronteras, la cadena venezolana Telesur y a Canal Capital, la televisión pública de Bogotá. El panfleto define a estos medios como “sapos hijueputas (sic)” y les anuncia que "tienen el tiempo contado".
"No crean que pueden ir enlodando con sus basuras de investigaciones a los héroes de la patria, a los colombianos que quieren ver libre del terrorismo al continente latinoamericano". Esta mención está relacionada al cubrimiento que han realizado estos medios sobre el proceso de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, y al reciente secuestro contra el general Rubén Darío Alzate.
En el caso de los periodistas de la agencia Reporteros Sin Fronteras, les aseguran que saben "quiénes son y dónde están" y les dan "treinta días para desaparecer o no respondemos por sus vidas".
El director de esta agencia, José Luis Mayorga, dijo a la FLIP que las amenazas pueden estar relacionadas con el trabajo que vienen adelantando en Ciudad Bolívar y las jornadas de trabajo con los medios comunitarios.
´Reporteros sin Fronteras´ también es una organización internacional y aliada de la FLIP, que desde hace varios años trabaja en Colombia en defensa de la libertad de prensa. Frente a esta amenaza y a partir de la documentación realizada por la FLIP, es importante que las entidades estatales a cargo de la protección a periodistas y de la administración de justicia, tengan en cuenta a esta organización y a su representante en Colombia como uno de los posibles destinatarios del panfleto además del periodista José Luis Mayorga.
La FLIP expresa su preocupación frente a los reincidentes hechos de ataque, estigmatización y amenazas contra Canal Capital y sus periodistas, los hechos registrados durante el año marcan una atmósfera adversa para el ejercicio periodístico desde este canal, su agenda informativa, los espacios de opinión y su línea editorial.
Alcalde de Puerto Berrío reincide en irresponsables descalificaciones contra periodistas
El jueves, 13 de noviembre, el alcalde Robinson Baena, del municipio de Puerto Berrío, Antioquia, señaló públicamente al periodista Benjamín Pelayo, corresponsal del canal de televisión Teleantioquia.
El periodista realizó una nota señalando los problemas que tiene la ejecución de una obra pública en el municipio, reportaje que fue atacado por el alcalde de manera pública. Baena aseguró en un programa local de televisión que “el corresponsal de Teleantioquia lo único que hace es desinformar a Antioquia. Sabe que eso que hizo es atentar contra Puerto Berrío, no contra Robinson Baena”. También señaló al periodista de “morboso” y añadió que “lo único que quieren es desinformar, lo único que quiere es crear morbo”.
El corresponsal de Teleantioquia advirtió que después de las declaraciones del alcalde, él y su esposa fueron seguidos por un desconocido cuando se dirigían del centro del municipio a su casa.
Las declaraciones de Baena son irresponsables, no corresponden a los deberes de los funcionarios públicos frente a las garantías a la deliberación pública y ponen en mayor riesgo la vida y la integridad personal de los periodistas de Puerto Berrío, esto además genera un efecto amedrentador y de autocensura. Es importante recordar las agresivas declaraciones que también hiciera Baena contra el periodista Edinson Molina, asesinado el 11 de septiembre de 2013. Edinson fue víctima de persecución, estigmatización, acoso, amenazas y ofensas por parte de anónimos y de funcionarios de la administración municipal antes de ser asesinado.
De forma despectiva, el alcalde, Robinson Baena, apodaba a Edinson como “El enano” y a su movimiento político como “Los enanos”, haciendo alusión a su baja estatura. Incluso, el alcalde llegó a afirmar en los medios de comunicación que dicho grupo “debía ser eliminado”.
La FLIP hace un llamado a la Procuraduría para que inicie acciones disciplinarias con el fin de garantizar la libertad de expresión en este municipio.
La crisis de la UNP
El pasado 6 de noviembre de 2014, se hicieron explícitas las dificultades del Gobierno para encontrar una solución a la crisis presupuestal del sistema de protección. Ese día, y a través de las redes sociales, el director de la UNP, solicitó de manera desesperada al Ministerio de Hacienda que le girara una adhesión presupuestal, porque de lo contrario los beneficiarios del programa dejarían de tener sus esquemas.
A pesar de que el episodio tuvo solución aparente, esto fue temporal y la crisis de la UNP continúa. Las recientes políticas de la UNP, dirigidas a negar la autorización de viáticos y de desplazamientos de los esquemas de seguridad afectan de manera directa el ejercicio de los periodistas, además de vulnerar el derecho a la protección que tienen los beneficiarios.
La FLIP presentó la impugnación ante el fallo del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá a la tutela presentada, pero lamentablemente la operación tortuga derivada del paro judicial ha retrasado conocer la decisión del Consejo Superior de la Judicatura.
Asesinan a abogada y periodista de Bucaramanga
La FLIP envía un mensaje de solidaridad a los familiares y colegas de la periodista Mónica Andrea del Pilar Rocha, cuyo cuerpo fue hallado con un golpe en el rostro, en los alrededores de una ladrillera del barrio Porvenir de la ciudad de Bucaramanga, Santander.
Mónica trabajó en el canal local de televisión TVC de Bucaramanga, durante el año 2000 y el 2004, como productora y reportera para diferentes programas. Desde hace varios años había dejado de ejercer el periodismo y trabajaba como abogada litigante. La FLIP conoció que no había presentado antecedentes de amenazas.
Restricciones al acceso a la información en audiencias públicas
La FLIP ha notado con preocupación las constantes restricciones para el acceso o el registro de audiencias públicas por parte de funcionarios públicos sin el pleno cumplimiento de los requisitos legales. En este sentido, la FLIP tuvo conocimiento de que un grupo de periodistas de Caucasia, Antioquia, tuvo dificultades para el cubrimiento de una audiencia de legalización de captura el 29 de octubre de 2014 por parte del Juzgado Segundo Promiscuo del Municipio de Caucasia.
Además de esto, la FLIP registró que durante el desarrollo de una audiencia de imputación de cargos el 4 de noviembre en la ciudad de Cartagena, uno de los periodistas del diario El Heraldo fue obligado por el Fiscal especializado de antinarcóticos a retirarse de la sala, pese a que el Juez de Garantías había autorizado al comunicador para que tomara notas. Además, el Fiscal exigió al periodista identificarse con nombre, documento de identidad, dirección y demás datos personales.
Para la FLIP es preocupante que este tipo de situaciones se presenten, especialmente cuando se trata de audiencias públicas. Asimismo, recuerda que cualquier restricción al acceso a la información a este tipo de eventos debe estar fundamentada en los diferentes requisitos establecidos en la ley 1712 de 2014 y en el artículo 18 de la ley 906 que establece que estas restricciones solo aplican en los casos que “la publicidad de los procedimientos pone en peligro a las víctimas, jurados, testigos, peritos y demás intervinientes; se afecte la seguridad nacional; se exponga a un daño psicológico a los menores de edad que deban intervenir; se menoscabe el derecho del acusado a un juicio justo; o se comprometa seriamente el éxito de la investigación”.
La FLIP invita al Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación a que incorporar criterios y prácticas de apertura informativa, y transparencia en sus procedimientos con el fin de garantizar el cubrimiento de las audiencias públicas por parte de los periodistas.
No olvide descargar el archivo adjunto, donde encontrará información sobre los casos de restricción a la libertad de prensa que se presentaron en estos dos meses.
Preocupa especialmente la crisis de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que lejos de encontrar soluciones, ni estrategias para el 2015, se ha profundizado, dejando en evidencia la ruptura que existe entre distintas instituciones, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y la propia UNP.
La FLIP reitera que los esquemas de protección asignados a periodistas no están funcionando a plenitud y esta crisis repercute de manera directa en el ejercicio diario de los periodistas protegidos por el Estado. La UNP está incumplimiento la obligación que tiene el Estado de proteger a los comunicadores. La FLIP interpuso acciones judiciales que no han podido ser resueltas a causa del paro judicial.
Panfletos amenazan a Reporteros Sin Fronteras, Canal Capital y Telesur
En los últimos 3 días se conocieron dos panfletos firmados por el grupo de origen paramilitar Águilas Negras, amenazando de muerte a periodistas de la agencia local Reporteros Sin Fronteras, la cadena venezolana Telesur y a Canal Capital, la televisión pública de Bogotá. El panfleto define a estos medios como “sapos hijueputas (sic)” y les anuncia que "tienen el tiempo contado".
"No crean que pueden ir enlodando con sus basuras de investigaciones a los héroes de la patria, a los colombianos que quieren ver libre del terrorismo al continente latinoamericano". Esta mención está relacionada al cubrimiento que han realizado estos medios sobre el proceso de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, y al reciente secuestro contra el general Rubén Darío Alzate.
En el caso de los periodistas de la agencia Reporteros Sin Fronteras, les aseguran que saben "quiénes son y dónde están" y les dan "treinta días para desaparecer o no respondemos por sus vidas".
El director de esta agencia, José Luis Mayorga, dijo a la FLIP que las amenazas pueden estar relacionadas con el trabajo que vienen adelantando en Ciudad Bolívar y las jornadas de trabajo con los medios comunitarios.
´Reporteros sin Fronteras´ también es una organización internacional y aliada de la FLIP, que desde hace varios años trabaja en Colombia en defensa de la libertad de prensa. Frente a esta amenaza y a partir de la documentación realizada por la FLIP, es importante que las entidades estatales a cargo de la protección a periodistas y de la administración de justicia, tengan en cuenta a esta organización y a su representante en Colombia como uno de los posibles destinatarios del panfleto además del periodista José Luis Mayorga.
La FLIP expresa su preocupación frente a los reincidentes hechos de ataque, estigmatización y amenazas contra Canal Capital y sus periodistas, los hechos registrados durante el año marcan una atmósfera adversa para el ejercicio periodístico desde este canal, su agenda informativa, los espacios de opinión y su línea editorial.
Alcalde de Puerto Berrío reincide en irresponsables descalificaciones contra periodistas
El jueves, 13 de noviembre, el alcalde Robinson Baena, del municipio de Puerto Berrío, Antioquia, señaló públicamente al periodista Benjamín Pelayo, corresponsal del canal de televisión Teleantioquia.
El periodista realizó una nota señalando los problemas que tiene la ejecución de una obra pública en el municipio, reportaje que fue atacado por el alcalde de manera pública. Baena aseguró en un programa local de televisión que “el corresponsal de Teleantioquia lo único que hace es desinformar a Antioquia. Sabe que eso que hizo es atentar contra Puerto Berrío, no contra Robinson Baena”. También señaló al periodista de “morboso” y añadió que “lo único que quieren es desinformar, lo único que quiere es crear morbo”.
El corresponsal de Teleantioquia advirtió que después de las declaraciones del alcalde, él y su esposa fueron seguidos por un desconocido cuando se dirigían del centro del municipio a su casa.
Las declaraciones de Baena son irresponsables, no corresponden a los deberes de los funcionarios públicos frente a las garantías a la deliberación pública y ponen en mayor riesgo la vida y la integridad personal de los periodistas de Puerto Berrío, esto además genera un efecto amedrentador y de autocensura. Es importante recordar las agresivas declaraciones que también hiciera Baena contra el periodista Edinson Molina, asesinado el 11 de septiembre de 2013. Edinson fue víctima de persecución, estigmatización, acoso, amenazas y ofensas por parte de anónimos y de funcionarios de la administración municipal antes de ser asesinado.
De forma despectiva, el alcalde, Robinson Baena, apodaba a Edinson como “El enano” y a su movimiento político como “Los enanos”, haciendo alusión a su baja estatura. Incluso, el alcalde llegó a afirmar en los medios de comunicación que dicho grupo “debía ser eliminado”.
La FLIP hace un llamado a la Procuraduría para que inicie acciones disciplinarias con el fin de garantizar la libertad de expresión en este municipio.
La crisis de la UNP
El pasado 6 de noviembre de 2014, se hicieron explícitas las dificultades del Gobierno para encontrar una solución a la crisis presupuestal del sistema de protección. Ese día, y a través de las redes sociales, el director de la UNP, solicitó de manera desesperada al Ministerio de Hacienda que le girara una adhesión presupuestal, porque de lo contrario los beneficiarios del programa dejarían de tener sus esquemas.
A pesar de que el episodio tuvo solución aparente, esto fue temporal y la crisis de la UNP continúa. Las recientes políticas de la UNP, dirigidas a negar la autorización de viáticos y de desplazamientos de los esquemas de seguridad afectan de manera directa el ejercicio de los periodistas, además de vulnerar el derecho a la protección que tienen los beneficiarios.
La FLIP presentó la impugnación ante el fallo del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá a la tutela presentada, pero lamentablemente la operación tortuga derivada del paro judicial ha retrasado conocer la decisión del Consejo Superior de la Judicatura.
Asesinan a abogada y periodista de Bucaramanga
La FLIP envía un mensaje de solidaridad a los familiares y colegas de la periodista Mónica Andrea del Pilar Rocha, cuyo cuerpo fue hallado con un golpe en el rostro, en los alrededores de una ladrillera del barrio Porvenir de la ciudad de Bucaramanga, Santander.
Mónica trabajó en el canal local de televisión TVC de Bucaramanga, durante el año 2000 y el 2004, como productora y reportera para diferentes programas. Desde hace varios años había dejado de ejercer el periodismo y trabajaba como abogada litigante. La FLIP conoció que no había presentado antecedentes de amenazas.
Restricciones al acceso a la información en audiencias públicas
La FLIP ha notado con preocupación las constantes restricciones para el acceso o el registro de audiencias públicas por parte de funcionarios públicos sin el pleno cumplimiento de los requisitos legales. En este sentido, la FLIP tuvo conocimiento de que un grupo de periodistas de Caucasia, Antioquia, tuvo dificultades para el cubrimiento de una audiencia de legalización de captura el 29 de octubre de 2014 por parte del Juzgado Segundo Promiscuo del Municipio de Caucasia.
Además de esto, la FLIP registró que durante el desarrollo de una audiencia de imputación de cargos el 4 de noviembre en la ciudad de Cartagena, uno de los periodistas del diario El Heraldo fue obligado por el Fiscal especializado de antinarcóticos a retirarse de la sala, pese a que el Juez de Garantías había autorizado al comunicador para que tomara notas. Además, el Fiscal exigió al periodista identificarse con nombre, documento de identidad, dirección y demás datos personales.
Para la FLIP es preocupante que este tipo de situaciones se presenten, especialmente cuando se trata de audiencias públicas. Asimismo, recuerda que cualquier restricción al acceso a la información a este tipo de eventos debe estar fundamentada en los diferentes requisitos establecidos en la ley 1712 de 2014 y en el artículo 18 de la ley 906 que establece que estas restricciones solo aplican en los casos que “la publicidad de los procedimientos pone en peligro a las víctimas, jurados, testigos, peritos y demás intervinientes; se afecte la seguridad nacional; se exponga a un daño psicológico a los menores de edad que deban intervenir; se menoscabe el derecho del acusado a un juicio justo; o se comprometa seriamente el éxito de la investigación”.
La FLIP invita al Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación a que incorporar criterios y prácticas de apertura informativa, y transparencia en sus procedimientos con el fin de garantizar el cubrimiento de las audiencias públicas por parte de los periodistas.
No olvide descargar el archivo adjunto, donde encontrará información sobre los casos de restricción a la libertad de prensa que se presentaron en estos dos meses.
PERÚ
ASESINADO PERIODISTA QUE INVESTIGABA A SICARIOS
El IPYS realiza seguimiento de las investigaciones sobre el móvil del asesinato del periodista Fernando Raymondi acribillado por delincuentes la noche del 9 de noviembre de 2014.
Raymondi, que estudiaba el último año de la carrera en una universidad de Lima, trabajaba desde hace ocho meses para la unidad de investigación de la revista Caretas.
El periodista, de 22 años, estaba en la tienda de abarrotes de su padre cuando un grupo de delincuentes entró aparentemente a robar. Tras reconocer a uno de ellos, éste le disparó dos veces en el pecho ocasionando su muerte. Los criminales huyeron, sin llevarse nada.
Américo Zambrano, jefe de la unidad de investigación de Caretas, señaló que Raymondi se encontraba investigando una red de sicarios en Cañete. Indicó que ese podría ser el móvil del crimen.
Las investigaciones para reconocer a los implicados están a cargo de un equipo especial de la Dirección de Investigación Criminal de Lima, que viajó el pasado lunes a Cañete para asumir el caso.
El IPYS realiza seguimiento de las investigaciones sobre el móvil del asesinato del periodista Fernando Raymondi acribillado por delincuentes la noche del 9 de noviembre de 2014.
Raymondi, que estudiaba el último año de la carrera en una universidad de Lima, trabajaba desde hace ocho meses para la unidad de investigación de la revista Caretas.
El periodista, de 22 años, estaba en la tienda de abarrotes de su padre cuando un grupo de delincuentes entró aparentemente a robar. Tras reconocer a uno de ellos, éste le disparó dos veces en el pecho ocasionando su muerte. Los criminales huyeron, sin llevarse nada.
Américo Zambrano, jefe de la unidad de investigación de Caretas, señaló que Raymondi se encontraba investigando una red de sicarios en Cañete. Indicó que ese podría ser el móvil del crimen.
Las investigaciones para reconocer a los implicados están a cargo de un equipo especial de la Dirección de Investigación Criminal de Lima, que viajó el pasado lunes a Cañete para asumir el caso.
DÍA MUNDIAL PARA PONER FIN A LA IMPUNIDAD
DE LOS CRÍMENES CONTRA PERIODISTAS
DE LOS CRÍMENES CONTRA PERIODISTAS
EN EL ÚLTIMO DECENIO HAN SIDO ASESINADOS
700 PERIODISTAS EN EJERCICIO DE SU LABOR
700 PERIODISTAS EN EJERCICIO DE SU LABOR
Las Naciones Unidas proclamaron en 2013 el 2 de noviembre como el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. LEER MÁS.
COLOMBIA: AMENAZADOS OCHO PERIODISTAS EN EL VALLE
A través de un "panfleto", la banda criminal de "Los Urabeños", grupo sucesor de los grupos paramilitares, amenazo de muerte a ocho periodistas de la ciudad de Cali (Capital del Valle) y el municipio de Buenaventura, sobre la costa pacífica.
Se trata de Gildardo Arango, director del Noticiero del Canal Regional Telepacífico: Más Pacifico; Yesid Toro del periódico El País y Q'hubo; Darío Gómez, de Caracol Radio; Álvaro Miguel Mina, de Q'hubo Radio; Henry Ramírez, de Noticias Uno; Christian Mauricio Abadía, de Red + Noticias; Oscar Gutiérrez, de Radio Buenaventura y Julio Cesar Bonilla, de la emisora Comunitaria Voces del Pacífico.
A raíz de estas amenazas, el director de la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, Pedro Vaca, solicitó a las autoridades de protección del Estado, así como a la Policía, medidas de emergencia, además de las preventivas, para proteger la integridad de los ocho periodistas del Valle del Cauca.
Para el director de la Flip las amenazas hay que tomarlas en serio, ya que están relacionadas con el trabajo que han venido realizando la última semana.
Por su parte, un acompañamiento permanente por parte de agentes de la Policía, le fue asignado a cada uno de los ocho periodistas de Cali y el municipio deBuenaventura, amenazados de muerte por la banda criminal de "Los Urabeños".
El comandante de la Policía del departamento del Valle del Cauca, coronel Fernando Murillo, aseguró que luego de dialogar con cada uno de los periodistas, se les brindó protección permanente para preservar su integridad.
A través de un "panfleto", la banda criminal de "Los Urabeños", grupo sucesor de los grupos paramilitares, amenazo de muerte a ocho periodistas de la ciudad de Cali (Capital del Valle) y el municipio de Buenaventura, sobre la costa pacífica.
Se trata de Gildardo Arango, director del Noticiero del Canal Regional Telepacífico: Más Pacifico; Yesid Toro del periódico El País y Q'hubo; Darío Gómez, de Caracol Radio; Álvaro Miguel Mina, de Q'hubo Radio; Henry Ramírez, de Noticias Uno; Christian Mauricio Abadía, de Red + Noticias; Oscar Gutiérrez, de Radio Buenaventura y Julio Cesar Bonilla, de la emisora Comunitaria Voces del Pacífico.
A raíz de estas amenazas, el director de la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, Pedro Vaca, solicitó a las autoridades de protección del Estado, así como a la Policía, medidas de emergencia, además de las preventivas, para proteger la integridad de los ocho periodistas del Valle del Cauca.
Para el director de la Flip las amenazas hay que tomarlas en serio, ya que están relacionadas con el trabajo que han venido realizando la última semana.
Por su parte, un acompañamiento permanente por parte de agentes de la Policía, le fue asignado a cada uno de los ocho periodistas de Cali y el municipio deBuenaventura, amenazados de muerte por la banda criminal de "Los Urabeños".
El comandante de la Policía del departamento del Valle del Cauca, coronel Fernando Murillo, aseguró que luego de dialogar con cada uno de los periodistas, se les brindó protección permanente para preservar su integridad.
COLOMBIA: CIDH PIDE ESCLARECER CRÍMEN DE PERIODISTA
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, condenó el asesinato del periodista Luis Carlos Cervantes, el cual ocurrió el pasado 12 de agosto en el municipio de Tarazá, departamento de Antioquia, Colombia.
“La Relatoría Especial manifiesta su preocupación e insta a las autoridades colombianas a actuar de manera pronta y oportuna para esclarecer los motivos del crimen y poner en práctica todos los instrumentos jurídicos con los que cuenta para identificar y sancionar a los responsables”.
Sobre la controversia suscitada por los mecanismos de protección que habían aplicado para el periodista a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP), además de los motivos del homicidio, la Relatoría consideró que “es fundamental que el Estado esclarezca la causa de este crimen, identifique, procese y sancione a los responsables, y adopte medidas de reparación justas para los familiares de la víctima.
“La Relatoría Especial insiste en la necesidad de crear cuerpos y protocolos especiales de investigación, así como fortalecer los importantes mecanismos de protección existentes, destinados a garantizar la integridad de quienes se encuentran amenazados por su actividad periodística”, agregó.
Según Oscar Morales, vocero de la Asociación de Periodistas del departamento de Antioquia, son unos 14 comunicadores amenazados, ocho del Bajo Cauca y el resto del Nordeste y Urabá.
CERCA DE 100 PERIODISTAS AMENAZADOS EN COLOMBIA
El defensor del Pueblo en Colombia, Jorge Armando Otálora, reveló que en Colombia hay 93 periodistas amenazados. El año 2013 se estudiaron solo 42 casos de comunicadores que informaron haber sido intimidados.
Según el funcionario 56 han sido catalogados como extraordinarios y 37 como ordinarios.
Los casos se han reportado en Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia y Arauca.
ONU-DDHH CONDENA ASESINATO DE PERIODISTA
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó y expresó su preocupación por el asesinato del periodista Luis Carlos Cervantes, director de la emisora local de radio de Tarazá, Antioquia, Morena FM. La Oficina seguía el caso del periodista desde 2011, por las amenazas en su contra luego de publicar información sobre un carrusel de corrupción en contratos públicos.
Según información recogida por la Oficina, Cervantes investigaba y hacía noticias de orden público y luego de las amenazas, el periodista decidió también hacer notas sobre temas variados y poner música en la emisora.
En múltiples ocasiones la Oficina se reunió con Cervantes. La última vez fue en Medellín, el pasado 24 de julio, donde el periodista entregó copia de la denuncia que interpuso ante el CTI en Caucasia por las amenazas que recibió el 21 y 22 de julio, en las cuales le daban dos horas para salir de Tarazá.
Cervantes informó a la Oficina telefónicamente desde el 22 de julio sobre su temor por las nuevas amenazas. El 23 de julio, por intermedio de la Oficina, el periodista fue recibido por la Procuraduría Regional de Antioquia, que de forma inmediata envió un oficio, radicado con el No. DH-1405, al director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, solicitando la valoración de los nuevos hechos de seguridad que afectaban al periodista.
El 24 de julio, el mismo día en que se levanta el esquema de seguridad de la UNP, la Oficina informó a la Gobernación de Antioquia sobre la situación de riesgo del periodista.
El 25 de julio, la Oficina solicitó a la UNP en Antioquia, vía telefónica, que le garantizara la seguridad a Cervantes mientras se valoraban las nuevas amenazas.
La respuesta que recibió la Oficina fue que el periodista debía iniciar una nueva solicitud de protección. La Oficina recomendó al periodista que esta solicitud la hiciera por trámite de emergencia. El periodista informó a la Oficina el 31 de julio que días antes había enviado la solicitud por trámite de emergencia.
El periodista hizo todas las denuncias correspondientes sobre su caso ante las instituciones del Estado, llamó a sus colegas en Medellín y recurrió a todas las instituciones y organizaciones pidiendo protección. No obstante, fue asesinado el 12 de agosto.
La Oficina urge a la Unidad de Nacional de Protección a darle mayor atención y credibilidad a las amenazas que reciben las personas en riesgo.
La Oficina invita a la Unidad Nacional de Protección a revisar de forma rápida y eficiente las amenazas nuevas que reciben las personas protegidas antes de retirar los esquemas de protección.
La Oficina hace un llamado a todas las autoridades departamentales y locales a asumir su deber de proteger los derechos humanos de todas las personas y, en ese sentido, a implementar acciones oportunas que tengan ese objetivo.
La Oficina insta a la Fiscalía a darle prioridad a la investigación y sanción por las amenazas, atentados y asesinatos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, ya que la impunidad es el principal motivo para que este tipo de ataques continúen. La Oficina espera que el asesinato del periodista Cervantes sea esclarecido y los responsables sancionados.
Finalmente, la Oficina se solidariza y ofrece sus condolencias a la familia del periodista Cervantes, y a sus amigos, y colegas.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, condenó el asesinato del periodista Luis Carlos Cervantes, el cual ocurrió el pasado 12 de agosto en el municipio de Tarazá, departamento de Antioquia, Colombia.
“La Relatoría Especial manifiesta su preocupación e insta a las autoridades colombianas a actuar de manera pronta y oportuna para esclarecer los motivos del crimen y poner en práctica todos los instrumentos jurídicos con los que cuenta para identificar y sancionar a los responsables”.
Sobre la controversia suscitada por los mecanismos de protección que habían aplicado para el periodista a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP), además de los motivos del homicidio, la Relatoría consideró que “es fundamental que el Estado esclarezca la causa de este crimen, identifique, procese y sancione a los responsables, y adopte medidas de reparación justas para los familiares de la víctima.
“La Relatoría Especial insiste en la necesidad de crear cuerpos y protocolos especiales de investigación, así como fortalecer los importantes mecanismos de protección existentes, destinados a garantizar la integridad de quienes se encuentran amenazados por su actividad periodística”, agregó.
Según Oscar Morales, vocero de la Asociación de Periodistas del departamento de Antioquia, son unos 14 comunicadores amenazados, ocho del Bajo Cauca y el resto del Nordeste y Urabá.
CERCA DE 100 PERIODISTAS AMENAZADOS EN COLOMBIA
El defensor del Pueblo en Colombia, Jorge Armando Otálora, reveló que en Colombia hay 93 periodistas amenazados. El año 2013 se estudiaron solo 42 casos de comunicadores que informaron haber sido intimidados.
Según el funcionario 56 han sido catalogados como extraordinarios y 37 como ordinarios.
Los casos se han reportado en Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia y Arauca.
ONU-DDHH CONDENA ASESINATO DE PERIODISTA
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó y expresó su preocupación por el asesinato del periodista Luis Carlos Cervantes, director de la emisora local de radio de Tarazá, Antioquia, Morena FM. La Oficina seguía el caso del periodista desde 2011, por las amenazas en su contra luego de publicar información sobre un carrusel de corrupción en contratos públicos.
Según información recogida por la Oficina, Cervantes investigaba y hacía noticias de orden público y luego de las amenazas, el periodista decidió también hacer notas sobre temas variados y poner música en la emisora.
En múltiples ocasiones la Oficina se reunió con Cervantes. La última vez fue en Medellín, el pasado 24 de julio, donde el periodista entregó copia de la denuncia que interpuso ante el CTI en Caucasia por las amenazas que recibió el 21 y 22 de julio, en las cuales le daban dos horas para salir de Tarazá.
Cervantes informó a la Oficina telefónicamente desde el 22 de julio sobre su temor por las nuevas amenazas. El 23 de julio, por intermedio de la Oficina, el periodista fue recibido por la Procuraduría Regional de Antioquia, que de forma inmediata envió un oficio, radicado con el No. DH-1405, al director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, solicitando la valoración de los nuevos hechos de seguridad que afectaban al periodista.
El 24 de julio, el mismo día en que se levanta el esquema de seguridad de la UNP, la Oficina informó a la Gobernación de Antioquia sobre la situación de riesgo del periodista.
El 25 de julio, la Oficina solicitó a la UNP en Antioquia, vía telefónica, que le garantizara la seguridad a Cervantes mientras se valoraban las nuevas amenazas.
La respuesta que recibió la Oficina fue que el periodista debía iniciar una nueva solicitud de protección. La Oficina recomendó al periodista que esta solicitud la hiciera por trámite de emergencia. El periodista informó a la Oficina el 31 de julio que días antes había enviado la solicitud por trámite de emergencia.
El periodista hizo todas las denuncias correspondientes sobre su caso ante las instituciones del Estado, llamó a sus colegas en Medellín y recurrió a todas las instituciones y organizaciones pidiendo protección. No obstante, fue asesinado el 12 de agosto.
La Oficina urge a la Unidad de Nacional de Protección a darle mayor atención y credibilidad a las amenazas que reciben las personas en riesgo.
La Oficina invita a la Unidad Nacional de Protección a revisar de forma rápida y eficiente las amenazas nuevas que reciben las personas protegidas antes de retirar los esquemas de protección.
La Oficina hace un llamado a todas las autoridades departamentales y locales a asumir su deber de proteger los derechos humanos de todas las personas y, en ese sentido, a implementar acciones oportunas que tengan ese objetivo.
La Oficina insta a la Fiscalía a darle prioridad a la investigación y sanción por las amenazas, atentados y asesinatos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, ya que la impunidad es el principal motivo para que este tipo de ataques continúen. La Oficina espera que el asesinato del periodista Cervantes sea esclarecido y los responsables sancionados.
Finalmente, la Oficina se solidariza y ofrece sus condolencias a la familia del periodista Cervantes, y a sus amigos, y colegas.
BRASIL: UNA "PRIMAVERA" EMPLOMADA
Según el índice anual del estado de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, La fuerte represión policíaca que padeció Brasil en 2013 también afectó a los actores de la información.
En el mes de junio estallaron importantes protestas por el anuncio de un aumento del precio del transporte público en São Paulo. La agitación se extendió por todo el país.
La población tampoco aceptaba los gastos faraónicos hechos por el gobierno con miras a la Copa Mundial de Fútbol que se llevará a cabo en 2014 y los Juegos Olímpicos, que realizarán en 2016.
Esta “primavera brasileña” también dio lugar a un fuerte cuestionamiento del modelo mediático dominante. Finalmente, puso de manifiesto las siniestras costumbres que conservan las policías militares de los Estados desde la época de la dictadura. Una centena de periodistas padeció la violencia durante las manifestaciones; más de dos tercios de estas agresiones se atribuyen a las fuerzas del orden.
Según el índice anual del estado de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, La fuerte represión policíaca que padeció Brasil en 2013 también afectó a los actores de la información.
En el mes de junio estallaron importantes protestas por el anuncio de un aumento del precio del transporte público en São Paulo. La agitación se extendió por todo el país.
La población tampoco aceptaba los gastos faraónicos hechos por el gobierno con miras a la Copa Mundial de Fútbol que se llevará a cabo en 2014 y los Juegos Olímpicos, que realizarán en 2016.
Esta “primavera brasileña” también dio lugar a un fuerte cuestionamiento del modelo mediático dominante. Finalmente, puso de manifiesto las siniestras costumbres que conservan las policías militares de los Estados desde la época de la dictadura. Una centena de periodistas padeció la violencia durante las manifestaciones; más de dos tercios de estas agresiones se atribuyen a las fuerzas del orden.
Por Edilma Prada Céspedes
Integrande HUMANOS
Cauca, Colombia
La iniciativa www.plataformadeperiodismo.com coordinada por Consejo de Redacción, CdR, se creó para formar a los periodistas de Colombia, sus regiones y fronteras, en el cubrimiento responsable de temas sensibles al conflicto.
Mientras Colombia está en búsqueda de una solución pacífica de los conflictos, los periodistas siguen enfrentados a serias amenazas tras cumplir con su misión de informar. La iniciativa Plataforma de Periodismo les ofrece una herramienta para superar esas dificultades.
Cifras de la Fundación para Libertad de Prensa, FLIP, advierten que en Colombia los reporteros siguen siendo blanco de amenazas, persecuciones y asesinatos.
Entre 1977 y 2013, 142 periodistas han muerto, por diferentes causas, entre ellas el conflicto, hechos de corrupción y la violencia armada.
En la actualidad, la situación aparentemente es más tranquila, sin embargo todavía hay reporteros que tienen que abandonar la región debido a presiones y amenazas de diferentes actores.
A esto se suman factores como la autocensura, debido a la pauta publicitaria y a las regulares condiciones laborales.
Al mismo tiempo, las nuevas dinámicas sociales y políticas del país le significan nuevos retos para el periodista. Su obligación es informar al público de una manera crítica y responsable.
Los diálogos de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, diversos conflictos sociales que han llevado a protestas, y las contiendas políticas, son temas que dominan el debate nacional.
Cubrir estos temas aún implica un riesgo para los periodistas colombianos.
Por ello surge la Plataforma de Periodismo, un proyecto que se propone en primer lugar, acompañar el desarrollo de piezas periodísticas con profundidad y análisis, y ofrecer un espacio de comunicación y apoyo mutuo a este gremio.
La iniciativa es coordinada por la organización Consejo de Redacción, CdR, y cuenta el apoyo de la Cooperación Alemana, a través de la DW Akademie y GIZ – Cercapaz.
La Plataforma para periodistas
www.plataformadeperiodismo.com, -en línea desde el pasado 15 de noviembre- es considerada como una estrategia pedagógica y tiene cuatro componentes: Recursos, producción, formación y red.
Desde este centro digital se pueden ampliar conocimientos en temas de conflicto, paz y convivencia; explorar nuevas herramientas digitales; mejorar las prácticas en el ejercicio del periodismo y tener a la mano guías para construir reportajes, notas o informes periodísticos con profundidad, rigurosidad y alto nivel investigativo.
La Plataforma de Periodismo también servirá como un espacio de formación.
A partir del año 2014 se generarán procesos permanentes de capacitación tanto virtual como presencial, para alcanzar el objetivo del proyecto que es la construcción de contenidos de calidad.
Con los aliados del proyecto se está desarrollando una agenda de formación en técnicas de seguridad digital y personal, periodismo de investigación, construcción de historias de paz, orientaciones en nuevos formatos multimediales, y temas que contribuyan a fortalecer el periodismo desde la regiones y fronteras de Colombia.
¿Para quién va dirigida la Plataforma?
www.plataformadeperiodismo.com va dirigida a periodistas, comunicadores sociales, emprendedores de medios informativos, blogueros, docentes, y todas aquellas personas interesadas en las temáticas que aborda este proyecto.
Así mismo se busca fortalecer los medios regionales e independientes (radio, prensa, televisión o internet), grandes medios de comunicación, y espacios periodísticos comunitarios e indígenas que estén en funcionamiento o en construcción.
¿Qué ofrece?
• Una Comunidad de periodistas dispuesta a compartir conocimientos, experiencias y lecciones aprendidas en torno al cubrimiento del conflicto y el posconflicto.
• Materiales didácticos para la construcción de historias periodísticas.
• Aplicaciones útiles para el desarrollo de historias con narrativas propias de internet y las nuevas tecnologías.
• Una agenda de eventos, capacitaciones y oportunidades para periodistas.
• Una red de aliados nacionales e internacionales comprometidos en brindar asesorías, apoyo y capacitaciones a los periodistas de Colombia, sus regiones y fronteras.
Aliados nacionales e internacionales
Plataforma de Periodismo, en una primera etapa recibe acompañamiento de cooperación alemana, a través de la DW Akademie y GIZ Cercapaz.
La DW Akademie es el Centro Internacional de la Deutsche Welle para el desarrollo de medios, asesoría de medios y capacitación periodística.
GIZ Cercapaz, es un Programa de Cooperación entre Estado y Sociedad Civil para el Desarrollo de la Paz, ejecutado en Colombia por la GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - Agencia Alemana para la Cooperación Internacional), por encargo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ).
Así mismo cuenta con aportes de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA) de la Organización de Estados Americanos.
Además tiene el respaldo de diversas organizaciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia (PNUD), Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, el Proyecto Antonio Nariño (PAN), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), el Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (CINEP), el Centro Ático, la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, y Hangouts de Periodismo.
Enlaces de interés:
· Tutorial de registro a la Plataforma de Periodismo:
http://prezi.com/o2c2vdzyclvu/tutorial-de-registro-a-la-comunidad/
· Reglas para hacer parte de la Comunidad de Plataforma de Periodismo:
http://www.plataformadeperiodismo.com/reglas-usuario
· Comité Editorial que integra la Plataforma de Periodismo:
http://www.plataformadeperiodismo.com/comite-editorial
Integrande HUMANOS
Cauca, Colombia
La iniciativa www.plataformadeperiodismo.com coordinada por Consejo de Redacción, CdR, se creó para formar a los periodistas de Colombia, sus regiones y fronteras, en el cubrimiento responsable de temas sensibles al conflicto.
Mientras Colombia está en búsqueda de una solución pacífica de los conflictos, los periodistas siguen enfrentados a serias amenazas tras cumplir con su misión de informar. La iniciativa Plataforma de Periodismo les ofrece una herramienta para superar esas dificultades.
Cifras de la Fundación para Libertad de Prensa, FLIP, advierten que en Colombia los reporteros siguen siendo blanco de amenazas, persecuciones y asesinatos.
Entre 1977 y 2013, 142 periodistas han muerto, por diferentes causas, entre ellas el conflicto, hechos de corrupción y la violencia armada.
En la actualidad, la situación aparentemente es más tranquila, sin embargo todavía hay reporteros que tienen que abandonar la región debido a presiones y amenazas de diferentes actores.
A esto se suman factores como la autocensura, debido a la pauta publicitaria y a las regulares condiciones laborales.
Al mismo tiempo, las nuevas dinámicas sociales y políticas del país le significan nuevos retos para el periodista. Su obligación es informar al público de una manera crítica y responsable.
Los diálogos de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, diversos conflictos sociales que han llevado a protestas, y las contiendas políticas, son temas que dominan el debate nacional.
Cubrir estos temas aún implica un riesgo para los periodistas colombianos.
Por ello surge la Plataforma de Periodismo, un proyecto que se propone en primer lugar, acompañar el desarrollo de piezas periodísticas con profundidad y análisis, y ofrecer un espacio de comunicación y apoyo mutuo a este gremio.
La iniciativa es coordinada por la organización Consejo de Redacción, CdR, y cuenta el apoyo de la Cooperación Alemana, a través de la DW Akademie y GIZ – Cercapaz.
La Plataforma para periodistas
www.plataformadeperiodismo.com, -en línea desde el pasado 15 de noviembre- es considerada como una estrategia pedagógica y tiene cuatro componentes: Recursos, producción, formación y red.
Desde este centro digital se pueden ampliar conocimientos en temas de conflicto, paz y convivencia; explorar nuevas herramientas digitales; mejorar las prácticas en el ejercicio del periodismo y tener a la mano guías para construir reportajes, notas o informes periodísticos con profundidad, rigurosidad y alto nivel investigativo.
La Plataforma de Periodismo también servirá como un espacio de formación.
A partir del año 2014 se generarán procesos permanentes de capacitación tanto virtual como presencial, para alcanzar el objetivo del proyecto que es la construcción de contenidos de calidad.
Con los aliados del proyecto se está desarrollando una agenda de formación en técnicas de seguridad digital y personal, periodismo de investigación, construcción de historias de paz, orientaciones en nuevos formatos multimediales, y temas que contribuyan a fortalecer el periodismo desde la regiones y fronteras de Colombia.
¿Para quién va dirigida la Plataforma?
www.plataformadeperiodismo.com va dirigida a periodistas, comunicadores sociales, emprendedores de medios informativos, blogueros, docentes, y todas aquellas personas interesadas en las temáticas que aborda este proyecto.
Así mismo se busca fortalecer los medios regionales e independientes (radio, prensa, televisión o internet), grandes medios de comunicación, y espacios periodísticos comunitarios e indígenas que estén en funcionamiento o en construcción.
¿Qué ofrece?
• Una Comunidad de periodistas dispuesta a compartir conocimientos, experiencias y lecciones aprendidas en torno al cubrimiento del conflicto y el posconflicto.
• Materiales didácticos para la construcción de historias periodísticas.
• Aplicaciones útiles para el desarrollo de historias con narrativas propias de internet y las nuevas tecnologías.
• Una agenda de eventos, capacitaciones y oportunidades para periodistas.
• Una red de aliados nacionales e internacionales comprometidos en brindar asesorías, apoyo y capacitaciones a los periodistas de Colombia, sus regiones y fronteras.
Aliados nacionales e internacionales
Plataforma de Periodismo, en una primera etapa recibe acompañamiento de cooperación alemana, a través de la DW Akademie y GIZ Cercapaz.
La DW Akademie es el Centro Internacional de la Deutsche Welle para el desarrollo de medios, asesoría de medios y capacitación periodística.
GIZ Cercapaz, es un Programa de Cooperación entre Estado y Sociedad Civil para el Desarrollo de la Paz, ejecutado en Colombia por la GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - Agencia Alemana para la Cooperación Internacional), por encargo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ).
Así mismo cuenta con aportes de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA) de la Organización de Estados Americanos.
Además tiene el respaldo de diversas organizaciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia (PNUD), Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, el Proyecto Antonio Nariño (PAN), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), el Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (CINEP), el Centro Ático, la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, y Hangouts de Periodismo.
Enlaces de interés:
· Tutorial de registro a la Plataforma de Periodismo:
http://prezi.com/o2c2vdzyclvu/tutorial-de-registro-a-la-comunidad/
· Reglas para hacer parte de la Comunidad de Plataforma de Periodismo:
http://www.plataformadeperiodismo.com/reglas-usuario
· Comité Editorial que integra la Plataforma de Periodismo:
http://www.plataformadeperiodismo.com/comite-editorial
LA SIP SE REÚNE EN BARBADOS EN ABRIL
Los preparativos se desarrollan bajo la coordinación de un Comité Anfitrión presidido por Vivian-Anne Gittens de The Nations News, y la reunión tendrá como sede el Hilton Barbados Resort, que se encuentra ubicado a cinco minutos de Bridgetown y a corta distancia, 20 minutos del aeropuerto internacional Sir Grantley Adams.
Por ahora y debido a la demanda hotelera que siempre presenta el Caribe, es esencial que hagan sus reservas lo antes posible, ya que el hotel no podrá recibir inscripciones después del 28 de febrero.
El programa está delineado con paneles, seminarios y presentaciones especiales, donde destacan figuras hemisféricas, líderes del periodismo norteamericano, como también enfoques sobre el Caribe, donde los medios enfrentan similitud de agresiones por parte de los gobiernos, con dificultades para acceder a las fuentes oficiales y se observa un manifiesto de aumento de leyes de difamación e insulto. La Comisión de Libertad de Prensa por su parte llevará a cabo un día de evaluaciones con los problemas más relevantes que afectan el periodismo del hemisferio, e incluirá varios paneles con temas regionales que afectan a la prensa y a la mancomunidad del Reino Unido.
Programa
Cuatro paneles con atención a las diferentes problemáticas que suceden en el continente serán el plato de fondo del programa de Barbados. Estos analizarán la propiedad de los medios, tanto privados como públicos, y las diferentes situaciones que se observan a raíz de los mismos. Otro grupo de especialistas discutirá la economía del Caribe y los medios de comunicación, como también habrá una mesa redonda para observar el trabajo de medios y géneros. Especial atención se ha reservado para conmemorar los 20 años de la Declaración de Chapultepec, redactada el 11 de marzo de 1994 en el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México. La Comisión de Chapultepec analizará el impacto que ha tenido esta Declaración en los 20 años de vida y destacará los grandes logros en la defensa de la libertad de expresión. Junto a lo anterior, el programa, incluirá la ceremonia de apertura oficial, donde ya ha comprometido su asistencia el primer ministro de Barbados, Freundel J. Stuart.
La Comisión de Libertad de Prensa está preparando varios paneles, uno de estos tratará sobre el impacto de las regulaciones a la prensa en el Reino Unido conocida como Carta Real, y sus posibles efectos sobre la prensa de la mancomunidad británica.
Otro panel tendrá que ver con la evolución de la libertad de prensa en el hemisferio. Se ha invitado sobre el asunto a la Relatora especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Catalina Botero, para hacer un análisis detallado.
Los problemas de libertad de prensa en Estados Unidos, con persistentes acusaciones por espionaje y arremetidas gubernamentales contra los medios de comunicación, también será centro de los debates sobre la prensa.
Los seminarios del Instituto de Prensa se enfocarán en los periódicos medianos y pequeños que realzan la cultura periodística. Los temas de estos seminarios se enfocarán en el desarrollo digital y las audiencias en línea; otros analizarán la forma más eficaz de utilizar las noticias en los medios oficiales; la discusión de la publicidad digital y su diversa utilidad en promoción de programas deportivos, y por último el desarrollo de las aplicaciones móviles y su utilidad en la promoción de programas turísticos y de empresas medianas y pequeñas del medio local.
También se prepara una conferencia sobre el desarrollo del lenguaje en el Caribe, en el cual participarán expertos universitarios que ofrecerán una explicación sobre uno de los desarrollos culturales más importantes de esta región caribeña.
Los preparativos se desarrollan bajo la coordinación de un Comité Anfitrión presidido por Vivian-Anne Gittens de The Nations News, y la reunión tendrá como sede el Hilton Barbados Resort, que se encuentra ubicado a cinco minutos de Bridgetown y a corta distancia, 20 minutos del aeropuerto internacional Sir Grantley Adams.
Por ahora y debido a la demanda hotelera que siempre presenta el Caribe, es esencial que hagan sus reservas lo antes posible, ya que el hotel no podrá recibir inscripciones después del 28 de febrero.
El programa está delineado con paneles, seminarios y presentaciones especiales, donde destacan figuras hemisféricas, líderes del periodismo norteamericano, como también enfoques sobre el Caribe, donde los medios enfrentan similitud de agresiones por parte de los gobiernos, con dificultades para acceder a las fuentes oficiales y se observa un manifiesto de aumento de leyes de difamación e insulto. La Comisión de Libertad de Prensa por su parte llevará a cabo un día de evaluaciones con los problemas más relevantes que afectan el periodismo del hemisferio, e incluirá varios paneles con temas regionales que afectan a la prensa y a la mancomunidad del Reino Unido.
Programa
Cuatro paneles con atención a las diferentes problemáticas que suceden en el continente serán el plato de fondo del programa de Barbados. Estos analizarán la propiedad de los medios, tanto privados como públicos, y las diferentes situaciones que se observan a raíz de los mismos. Otro grupo de especialistas discutirá la economía del Caribe y los medios de comunicación, como también habrá una mesa redonda para observar el trabajo de medios y géneros. Especial atención se ha reservado para conmemorar los 20 años de la Declaración de Chapultepec, redactada el 11 de marzo de 1994 en el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México. La Comisión de Chapultepec analizará el impacto que ha tenido esta Declaración en los 20 años de vida y destacará los grandes logros en la defensa de la libertad de expresión. Junto a lo anterior, el programa, incluirá la ceremonia de apertura oficial, donde ya ha comprometido su asistencia el primer ministro de Barbados, Freundel J. Stuart.
La Comisión de Libertad de Prensa está preparando varios paneles, uno de estos tratará sobre el impacto de las regulaciones a la prensa en el Reino Unido conocida como Carta Real, y sus posibles efectos sobre la prensa de la mancomunidad británica.
Otro panel tendrá que ver con la evolución de la libertad de prensa en el hemisferio. Se ha invitado sobre el asunto a la Relatora especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Catalina Botero, para hacer un análisis detallado.
Los problemas de libertad de prensa en Estados Unidos, con persistentes acusaciones por espionaje y arremetidas gubernamentales contra los medios de comunicación, también será centro de los debates sobre la prensa.
Los seminarios del Instituto de Prensa se enfocarán en los periódicos medianos y pequeños que realzan la cultura periodística. Los temas de estos seminarios se enfocarán en el desarrollo digital y las audiencias en línea; otros analizarán la forma más eficaz de utilizar las noticias en los medios oficiales; la discusión de la publicidad digital y su diversa utilidad en promoción de programas deportivos, y por último el desarrollo de las aplicaciones móviles y su utilidad en la promoción de programas turísticos y de empresas medianas y pequeñas del medio local.
También se prepara una conferencia sobre el desarrollo del lenguaje en el Caribe, en el cual participarán expertos universitarios que ofrecerán una explicación sobre uno de los desarrollos culturales más importantes de esta región caribeña.
DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD
Fundación para la Libertad de Prensa, Flip Colombia
El 23 de noviembre se conmemora el día mundial de la lucha contra la impunidad. “Este día marca el aniversario de la masacre de Ampatuan en el 2009, cuando 58 personas - incluidos 32 periodistas y trabajadores de los medios - fueron asesinados en Filipinas”.
Como en años anteriores, la FLIP se une a esta iniciativa de la red por el Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión, IFEX. Por esto, durante todo el mes, la FLIP hará difusión de mensajes, cifras e información en general sobre el estado de la impunidad en casos de agresiones a periodistas en Colombia.
En Colombia, 63 de 142 asesinatos de periodistas han prescrito. Esto significa que, después de cumplidos 20 años desde la fecha de los hechos, el Estado no tiene posibilidades legales de condenar a los responsables. Durante el 2013, prescribieron cuatro casos y queda uno que posiblemente tendrá ese destino el 26 de diciembre. Por otro lado, el caso de Eustorgio Colmenares Baptista fue declarado crimen de lesa humanidad y por lo tanto, no prescribe. Sin embargo, el caso de Guillermo Cano, que ostenta la misma condición jurídica, ha sido una muestra de que aun con esta figura las investigaciones judiciales no avanzan.
El común denominador de la mayoría de casos prescritos y próximos a prescribir es la falta de avances en la investigación previa y la identificación de posibles responsables por parte de la Fiscalía. Esto va de lado con una precaria gestión de la información de las autoridades judiciales: según el último informe anual de la FLIP, hay 42 expedientes de asesinatos que no tienen paradero conocido por parte de la Fiscalía, no se sabe qué pasó con ellos y no hay autoridad judicial que se haga responsable.
En algunos casos en los que parece haber esperanza en la justicia, es cuestionable la lentitud en el trámite de los procesos. Después de seis meses de finalizado el juicio contra Ferney Tapasco y otros por el asesinato de Orlando Sierra todavía no existe sentencia, y el juicio contra José Miguel Narváez, por el asesinato de Jaime Garzón, inició pero no reporta mayores avances.
Preocupa también la falta de justicia en otras agresiones contra la prensa. Un ejemplo es la sorprendente decisión de la Corte Suprema de Justicia en la que declaró prescritos algunos delitos por los que se acusaba a Jorge Noguera, ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por interceptaciones ilegales contra periodistas. Además, durante el 2012 y lo corrido de este año se han reportado 125 amenazas contra periodistas, de las cuales no se conoce ninguna condena a la par que el Estado gasta alrededor de 7 millones de dólares anuales en la protección de periodistas.
La FLIP considera que es necesaria una concientización social sobre las graves consecuencias de la impunidad en las agresiones contra periodistas. Por esta razón, invitamos a hacer difusión de la información que se dará a conocer en redes sociales y página Web de la FLIP durante el mes de noviembre.
Fundación para la Libertad de Prensa, Flip Colombia
El 23 de noviembre se conmemora el día mundial de la lucha contra la impunidad. “Este día marca el aniversario de la masacre de Ampatuan en el 2009, cuando 58 personas - incluidos 32 periodistas y trabajadores de los medios - fueron asesinados en Filipinas”.
Como en años anteriores, la FLIP se une a esta iniciativa de la red por el Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión, IFEX. Por esto, durante todo el mes, la FLIP hará difusión de mensajes, cifras e información en general sobre el estado de la impunidad en casos de agresiones a periodistas en Colombia.
En Colombia, 63 de 142 asesinatos de periodistas han prescrito. Esto significa que, después de cumplidos 20 años desde la fecha de los hechos, el Estado no tiene posibilidades legales de condenar a los responsables. Durante el 2013, prescribieron cuatro casos y queda uno que posiblemente tendrá ese destino el 26 de diciembre. Por otro lado, el caso de Eustorgio Colmenares Baptista fue declarado crimen de lesa humanidad y por lo tanto, no prescribe. Sin embargo, el caso de Guillermo Cano, que ostenta la misma condición jurídica, ha sido una muestra de que aun con esta figura las investigaciones judiciales no avanzan.
El común denominador de la mayoría de casos prescritos y próximos a prescribir es la falta de avances en la investigación previa y la identificación de posibles responsables por parte de la Fiscalía. Esto va de lado con una precaria gestión de la información de las autoridades judiciales: según el último informe anual de la FLIP, hay 42 expedientes de asesinatos que no tienen paradero conocido por parte de la Fiscalía, no se sabe qué pasó con ellos y no hay autoridad judicial que se haga responsable.
En algunos casos en los que parece haber esperanza en la justicia, es cuestionable la lentitud en el trámite de los procesos. Después de seis meses de finalizado el juicio contra Ferney Tapasco y otros por el asesinato de Orlando Sierra todavía no existe sentencia, y el juicio contra José Miguel Narváez, por el asesinato de Jaime Garzón, inició pero no reporta mayores avances.
Preocupa también la falta de justicia en otras agresiones contra la prensa. Un ejemplo es la sorprendente decisión de la Corte Suprema de Justicia en la que declaró prescritos algunos delitos por los que se acusaba a Jorge Noguera, ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por interceptaciones ilegales contra periodistas. Además, durante el 2012 y lo corrido de este año se han reportado 125 amenazas contra periodistas, de las cuales no se conoce ninguna condena a la par que el Estado gasta alrededor de 7 millones de dólares anuales en la protección de periodistas.
La FLIP considera que es necesaria una concientización social sobre las graves consecuencias de la impunidad en las agresiones contra periodistas. Por esta razón, invitamos a hacer difusión de la información que se dará a conocer en redes sociales y página Web de la FLIP durante el mes de noviembre.
RELATORÍA ESPECIAL DE LA CIDH CONDENÓ ASESINATO
DE ABOGADO Y COMUNICADOR EN COLOMBIA
Washington D.C.– La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del abogado y comunicador Édison Alberto Molina, ocurrido el 11 de septiembre en el municipio de Puerto Berrío, departamento de Antioquia, Colombia. La Relatoría manifiesta su preocupación e insta a las autoridades colombianas a actuar de manera pronta y oportuna para esclarecer los motivos del crimen y poner en práctica todos los instrumentos jurídicos con los que cuenta para identificar y sancionar a los responsables.
Molina, de 40 años, era abogado y político, y conducía un programa denominado ‘Consultorio Jurídico’ en la radio comunitaria Puerto Berrío Stereo. De acuerdo con la información recibida, el miércoles 11 de septiembre, luego de terminar su programa radial, Molina se dirigía a su domicilio en una motocicleta junto a su esposa cuando habría sido abordado por desconocidos, que le habrían disparado cuatro veces en el rostro. Molina falleció camino al hospital. Su esposa habría sufrido heridas leves.
En el programa radial, que conducía todos los miércoles, Molina recibía consultas de oyentes sobre temas legales y frecuentemente realizaba denuncias sobre casos de corrupción en el gobierno local. Según lo reportado, en varias ocasiones había recibido amenazas en presunta relación con las denuncias que realizaba. Molina había participado en la política local como concejal y secretario de Tránsito y de Deportes del municipio de Puerto Berrío.
Las autoridades colombianas condenaron los hechos y la Fiscalía General de la Nación inició una investigación al respecto. Asimismo, las autoridades ofrecieron una recompensa de 20 millones de pesos colombianos (unos US $10.400) a quien proporcione información que contribuya con la captura de los responsables.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH señala: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
DE ABOGADO Y COMUNICADOR EN COLOMBIA
Washington D.C.– La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del abogado y comunicador Édison Alberto Molina, ocurrido el 11 de septiembre en el municipio de Puerto Berrío, departamento de Antioquia, Colombia. La Relatoría manifiesta su preocupación e insta a las autoridades colombianas a actuar de manera pronta y oportuna para esclarecer los motivos del crimen y poner en práctica todos los instrumentos jurídicos con los que cuenta para identificar y sancionar a los responsables.
Molina, de 40 años, era abogado y político, y conducía un programa denominado ‘Consultorio Jurídico’ en la radio comunitaria Puerto Berrío Stereo. De acuerdo con la información recibida, el miércoles 11 de septiembre, luego de terminar su programa radial, Molina se dirigía a su domicilio en una motocicleta junto a su esposa cuando habría sido abordado por desconocidos, que le habrían disparado cuatro veces en el rostro. Molina falleció camino al hospital. Su esposa habría sufrido heridas leves.
En el programa radial, que conducía todos los miércoles, Molina recibía consultas de oyentes sobre temas legales y frecuentemente realizaba denuncias sobre casos de corrupción en el gobierno local. Según lo reportado, en varias ocasiones había recibido amenazas en presunta relación con las denuncias que realizaba. Molina había participado en la política local como concejal y secretario de Tránsito y de Deportes del municipio de Puerto Berrío.
Las autoridades colombianas condenaron los hechos y la Fiscalía General de la Nación inició una investigación al respecto. Asimismo, las autoridades ofrecieron una recompensa de 20 millones de pesos colombianos (unos US $10.400) a quien proporcione información que contribuya con la captura de los responsables.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH señala: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.